Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 291124 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1660 en: 30 de Enero de 2017, 08:04:29 am »
Bronca en pleno juzgado entre el magistrado y el fiscal por la 'guerra de comisarios'

El fiscal del 'caso Nicolay' denuncia en un escrito que el pasado 9 de enero el juez Zamarriego ordenó "verbalmente" en su presencia a los funcionarios de su juzgado que no le permitieran "el acceso a las actuaciones" sino presentaba de manera previa un escrito. El incidente se produce tras meses de enfrentamientos entre ambos por la actuación de los dos policías que investigan la pieza del sumario en la que está imputado el polémico comisario José Villarejo.

Óscar López-Fonseca

30.01.2017 - 04:00

Algo más que un nuevo roce de togados. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, y el fiscal Alfonso San Román, encargado del llamado 'caso Nicolay' en el que se investigan las andanzas del Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'Pequeño Nicolás', protagonizaron el pasado 9 de enero un altercado en las dependencias del juzgados, según se desprende de un escrito que este último redactó cuatro días después y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho documento, el representante del Ministerio Público asegura que aquel día el magistrado ordenó "verbalmente" en su presencia a los funcionarios de su juzgado que no le permitieran el acceso a las "actuaciones" si antes éste no presentaba un escrito "en que así lo solicitara". El magistrado reconocía implícitamente días después en una providencia que lleva tres meses sin facilitar al fiscal copia de los escritos e informes que llegan a la causa.

    El fiscal asegura que el 9 de enero el juez dio a los funcionarios en su presencia la orden de no permitirle el acceso a las actuaciones si no lo solicitaba por escrito

Es la última pugna conocida entre ambos togados en la pieza separada del sumario del 'caso Nicolay' en el que se investiga la grabación ilegal que sufrieron los policías que investigaban al joven estafador en una reunión que mantuvieron con agentes del CNI y que ha desembocado en la denominada 'guerra de comisarios' entre el responsable de las pesquisas, el alto mando policial Marcelino Martín-Blas, y su compañero e imputado en la misma José Villarejo. En los últimos meses, el fiscal ha presentado numerosos escritos para pedir que se aparte de la investigación al primero al considerar que no es imparcial y que ello puede provocar la nulidad de toda la causa. El juez Zamarriego insiste en mantener a dicho policía al frente de las pesquisas.
"En la sede del juzgado"

El escrito del fiscal San Roman está fechado el pasado 13 de enero e hizo entrada en el juzgado ese mismo día. Con sólo dos párrafos de extensión, el representante del Ministerio Público denuncia en el mismo que "en fecha 9 de enero de 2017" y "en la sede de la oficina del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid", el titular del mismo "en presencia del representante del Ministerio Fiscal y de la Letrada de la Administración de Justicia [denominación actual de la figura del secretario judicial] ordenó verbalmente a los funcionarios del juzgado que no permitieran el acceso" al fiscal a las actuaciones "sino presentaba previamente escrito en que así lo solicitara". En el segundo párrafo del escrito, Alfonso San Román hace precisamente esto y solicita que "se le de traslado" de las actuaciones que se hayan incorporado a dicha pieza separada para poder elaborar los pertinentes "informes".

    En una reciente providencia, el juez admite que desde el pasado 13 de octubre no facilita al fiscal ninguno de los escritos que se presentan en la causa

En concreto, solicita que le faciliten los recursos de apelación presentados por dos de los imputados, el propio Francisco Nicolás Gómez Iglesias, y el periodista Carlos Mier. En el breve escrito, el fiscal deja ver que la imposibilidad de acceder a la causa no le permiten saber si, por ejemplo, este último investigado había presentado uno o dos recursos. La respuesta del juez Zamarriego llegaba en forma de providencia tres días después. En ella, el magistrado ordenaba que se hiciera entrega al Fiscal de las actuaciones de la pieza sobre la grabación ilegal "desde la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 hasta el día de la fecha, toda vez que las actuaciones anteriores a dicha fecha fueron entregadas" en su día junto a un tomo de la causa. Un dato que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, son un reconocimiento por parte del juez de que llevaba tres meses sin informar al Ministerio Público.
Duros escritos

No es la primera vez que el fiscal se queja de que el magistrado no le da traslado de documentos que considera importantes para la causa. Así lo hizo el 22 de septiembre en un escrito de apenas diez líneas en el que aseguraba que había tenido "conocimiento de la existencia" de dos documentos presentados por sendos mandos policiales salpicados en el caso de los que no le había informado. Fuentes jurídicas destacan que tanto éste como el episodio del pasado 9 de enero son fruto de un enfrentamiento el magistrado y el fiscal que viene de lejos, pero que se enconó a partir del pasado mes de julio, cuando el último  presentó los primeros escritos solicitando "la disolución de la llamada comisión judicial de Policía Nacional por actuar sin apariencia razonable de imparcialidad y por ser los funcionarios que la dirigen [el comisario Martín Blas y uno de sus subordinados, el inspector Rubén López] perjudicados por el mismo delito que investigan", en referencia a la grabación ilegal.

    Desde julio, el fiscal ha presentado escritos para apartar de la causa a los dos policías que investigan, algo a lo que se ha negado en rotundo el magistrado

En uno de esos escritos, fechado el 28 de septiembre, el fiscal llegaba a poner en duda "la adecuada instrucción de la causa" y "el respeto de los derechos fundamentales en juego". Concluía aquel duro escrito advirtiendo al juez Zamarriego "de la posible nulidad de las actuaciones" y exigía al magistrado que diera respuesta a todos los escritos que tanto él como algunos de los acusados habían planteado. La respuesta del magistrado fue entonces otra providencia, en este caso para 'comunicar' al Ministerio Público que ya decidiría más adelante sobre las cuestiones que le planteaba. Finalmente, tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que se pronuncie tras presentar el fiscal un recurso de apelación a la decisión del magistrado de mantener al comisario Martín-Blas al frente de las pesquisas. No será la primera vez que lo haga. En las dos anteriores, dio la razón al juez Zamarriego. La guerra de togas en los Juzgados de Plaza Castilla ya hace casi tanto ruido como la de comisarios.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1661 en: 06 de Febrero de 2017, 15:19:46 pm »
Manuel Villarejo.

EXCLUSIVA LAS CLOACAS DE INTERIOR


La Fiscalía de Madrid y el comisario Pino ocultan desde abril un informe policial sobre el "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo


El informe, al que ha tenido acceso 'Público' en exclusiva, fue entregado a Anticorrupción en abril de 2016 y ésta lo remitió a la Fiscalía de Madrid para que abriera diligencias, al haber indicios suficientes de que los 25 millones de euros y las casi 100 propiedades del entonces comisario le sirven para ocultar dinero y también realizar operaciones de blanqueo de capitales.

05.02.2017 23:34actualizado: 14h 56min
POLÍTICA/ PATRICIA LÓPEZ
Todos los indicios apuntan a que se está produciendo una operación interna de encubrimiento de delitos cometidos en el entorno de la anterior cúpula policial.

Desde que, en mayo de 2016, la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás presentara su informe sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos y pidiera la imputación de la cúpula policial que encabezaba el comisario Eugenio Pino, ese ex número dos del cuerpo ha entregado un largo escrito al juez Arturo Zamarriego para que declarase la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso, Alfonso San Román, ha intentado una y otra vez anular todo el procedimiento.


Algo sospechoso, puesto que un mes antes, en abril, tanto Pino como el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, tenían en su poder un exhaustivo informe --al que ha tenido acceso Público en exclusiva--, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en el que se denuncia el presunto "origen ilícito" el patrimonio del comisario José Manuel Villarejo, el investigado más polémico en este caso.

Además ese informe subraya a la Fiscalía "la necesidad de adoptar nuevas medidas de investigación tendentes a esclarecer los hechos; en concreto, si la estructura societaria analizada pudiera estar sirviendo de base para introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito." Y advierte al fiscal Polo de que "de ser así resultaría de especial gravedad tanto desde el punto de vista de las penas con que tales actividades resultan sancionadas en la ley penal, como desde el punto de vista de la alarma y repercusión social en cuanto cometidos, presuntamente, por quienes forman parte de un Cuerpo Policial".


Portada del informe de la Unidad de Asuntos Internos con fecha de entrada en Fiscalía Anticorrupción en abril de 2016.
Aunque el discurso de la anterior cúpula policial --incluido el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz-- en defensa del comisario Villarejo es que el caso del pequeño Nicolás estaba contaminado porque el jefe de las pesquisas, el comisario Marcelino Martín-Blas, es "enemigo" del investigado, este informe de Asuntos Internos (que irá desglosando Público  en los próximos días) echa por tierra esa argumentación.

El informe fue encargado en febrero de 2016 al comisario Francisco Miguelañez, quien sustituyó a Marcelino Martín-Blas al frente de la Unidad de Asuntos Internos en abril de 2015. La decisión de cesar al que hasta entonces llevaba la investigación interna del caso Nicolás la tomó el propio director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dependían tanto Villarejo como Martín-Blas, apelando precisamente a esta "enemistad manifiesta".

Sin embargo, la tormenta decisiva se desencadenó cuando las pesquisas apuntaron claramente a que el comisario Villarejo y sus empresas estaban detrás, al menos, de la difusión de esa grabación ilegal. De hecho, ya están imputados en el procedimiento el propio Villarejo y su esposa, Gema Alcalá, entre otros.



Propuesta de la Unidad de Asuntos Internos para esclarecer si el patrimonio de José  Villarejo tiene un origen ilítcito.
Dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción

Asuntos Internos inició la investigación a petición de la Dirección Adjunta Operativa, como explica el informe, con informaciones "facilitadas por la Comisaría General de Policía Judicial en el mes de febrero del año en curso [2016], tras acometer un análisis de inteligencia financiera de carácter preliminar sobre el funcionario investigado que, entre sus recomendaciones, citaba el inicio de una investigación por Blanqueo de Capitales y la consiguiente judicialización del asunto".

En concreto, "dichas informaciones aluden al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, D. José Manuel Villarejo Pérez, y en particular a su estrecha vinculación con una estructura societaria que pudiera estar sirviendo para introducir en el mercado legal fondos de origen desconocido". El informe asegura que el patrimonio del comisario asciende a 25 millones de euros y casi 100 propiedades, y sostiene que esa fortuna se construye a partir de dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción. 


Introducción al informe sobre un posible delito de Blanqueo de Capitales del comisario José Manuel Villarejo y familia.
Según el informe, esta estructura societaria del comisario Villarejo comienza a hacerse visible después de que El País la desvelara en marzo de 2015 y le atribuyera "el control de numerosas sociedades con más de 16 millones de euros". También señala que se ha vinculado al comisario Villarejo "con la filtración continuada de información sensible a la prensa y le relacionan con la Asociación Transparencia y Justicia, personada en casos muy mediáticos relacionados con asuntos de corrupción". 


Precisamente un mes después de estas publicaciones se cesó al comisario Marcelino Martín Blas, quien había informado a su jefe Eugenio Pino y reflejado en los informes presentados a finales de 2014 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid la relación entre el comisario Villarejo y el medio digital propiedad de él, su mujer y su socio, Rafael Redondo. Desde ese medio se produjeron todas las filtraciones del caso: la detención de Francisco Nicolás, la grabación ilegal asegurando que el CNI y Asuntos Internos estaban manipulando pruebas y la constante petición de cese de los investigadores. 

También consta en el sumario del caso Nicolás que la Asociación Transparencia y Justicia, de la que es secretario general el socio del comisario, está personada como acusación popular en el procedimiento y que el abogado que la representa, David Macías, es abogado personal de Villarejo en otras causas. Macías también es empleado del entramado societario investigado por blanqueo de capitales y administrador de la sociedad que edita el medio digital donde se han publicado las revelaciones antes mencionadas. Lo sorprendente es que la Fiscalía nunca haya reparado en que se podría estar cometiendo un fraude de ley con esta actuación, según diferentes expertos en derecho consultados por Público.


Extracto del informe donde se explica que las primeras informaciones son de 2015, pero no se investigan hasta 2016.
La publicación de las sociedades de Villarejo motivó en 2015 que el ministro del Interior encargara a la Policía un informe sobre la compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo, que Eugenio Pino le encomendó a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Este último concluyó que el entramado societario se correspondía con inversiones familiares del policía y que no eran actividades incompatibles, a pesar de que existen despachos de abogados, agencias de detectives, consultoras y medios de comunicación. Pero lo más irregular de todo, según las fuentes consultadas, es que Fuentes Gago admitía que el comisario no tenía concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas la compatibilidad para esas actividades, un requisito indispensable para cualquier funcionario sea del ministerio que sea, como ya había desvelado Público.


Este otro informe, que se mantuvo en secreto hasta que fue incluido en el sumario del pequeño Nicolás que instruye el juez Arturo Zamarriego, llevó a Fernández Díaz a alabar las hazañas del "agente encubierto" que tan "buenos servicios" había dado a España.

Meses después, a finales de 2015, tanto Eugenio Pino como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago tuvieron que ir a declarar ante Zamarriego y fueron preguntados por los asuntos empresariales del Villarejo. El primero aseguró no saber de las empresas de su "agente encubierto" nada más que por lo que le contaba Martín-Blas, aunque el propio Villarejo reconoce en una nota informativa que sus empresas habían sido empleadas en la Operación Cataluña que Pino ejecutó a través de su brigada política.

El segundo entró en contradicción con su propio informe de incompatibilidad, ya que reconoció que no había mirado las actividades de las empresas del comisario y que sólo se fijó en los cargos que este ocupaba en los consejos de administración. Según la ley de compatibilidades de funcionarios de la Administración Pública, incluso para ocupar estos cargos tendría que haber tenido concedida la compatibilidad.

El DAO Eugenio Pino dio presuntamente falso testimonio ante el juez cuando aún era número 2 de la Policía

No es hasta febrero de 2016 que el ex número dos de la Policía, sin que nadie se lo ordene, insta a que se investigue a quien era uno de sus hombres de confianza; y no para saber si son compatibles sus actividades, sino que lo hace para saber si son legales.

Pero el resultado de las pesquisas nunca fue remitido al juzgado que le había preguntado unos meses antes sobre estas relaciones empresariales. Lo envió a la Fiscalía, que desde hace diez meses lo tiene guardado en un cajón y no cesa de pedir la nulidad de las actuaciones.

Que Eugenio Pino sólo enviase el informe al fiscal de Madrid y no se lo hiciese llegar al magistrado que investiga el caso Nicolás es una prueba más de que el jefe de la brigada política  de Fernández Díaz hace uso de la información necesaria para la investigación judicial en función de sus intereses personales. Algo que también queda demostrado en la conversación que el ex DAO mantiene con el comisario Enrique García Castaño, en la que asegura que se ha reunido con un coronel del CNI para advertirle de que si le llaman a declarar otra vez en ese caso tendrá que desvelar información que no contó al juez cuando fue llamado como testigo, con obligación de decir la verdad y como número dos de la Policía en activo en ese momento.

Pocas cosas pueden ser más graves que eso para un altísimo funcionario público.

...CONTINUARÁ

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1662 en: 07 de Febrero de 2017, 09:26:22 am »
El Gobierno obvia que contrató al comisario Figón después del presunto crimen de su mujer en Brasil

Evita referirse en una respuesta parlamentaria al fichaje como asesor en la Embajada de Jesús Figón cuando se jubiló de la Policía, como reveló eldiario.es

El Ejecutivo desvela en su escrito que el policía alegó primero "legítima defensa" y después "autolesión" de la víctima

El comisario es amigo del anterior número dos de la Policía, Eugenio Pino, y le defiende gratis su también amigo Baltasar Garzón
Pedro Águeda
06/02/2017 - 20:35h

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La contratación como asesor de la Embajada del comisario de Policía español que mató a su mujer en Brasil no existe en las explicaciones oficiales sobre el caso que ofrece el Gobierno español. El PSOE aguarda aún que el Ejecutivo responda a la batería de preguntas que presentó en el Congreso justo después de que eldiario.es revelara, en abril de 2016, la contratación de Jesús Figón una vez se jubiló de la Policía.

El Grupo Mixto ha tenido más suerte y el pasado 15 de diciembre, el Gobierno respondió a la pregunta que la diputada Marta Sorlí había hecho en octubre, pero en ningún momento alude en la misma al puesto de asesor con el que resultó agraciado Figón meses después del crimen.

Jesús Figón era el agregado de Interior en la Embajada española en Brasil y lo siguió siendo después de matar a su esposa, Rosemary Justino Lopes, el 12 de mayo de 2015 en la ciudad de Vitoria, en el Estado de Espirito Santo.

El 23 de enero de 2016, el comisario cumplió 65 años y se jubiló obligatoriamente. El Ministerio del Interior buscó entonces con el de Exteriores una solución para que Figón conservara un trabajo en Brasil, a la espera de juicio, y siguiera manteniendo la inmunidad de ejecución, esto es, la que le permitirá cumplir una eventual condena en España. A la inmunidad de jurisdicción ya había renunciado el Ejecutivo español, por lo que Figón sería investigado y juzgado en el país donde se cometió el crimen y cuya nacionalidad tenía la víctima. 

La solución del Gobierno fue elegir un nuevo agregado de Interior y que Figón pudiera acudir con normalidad a diario a su puesto de trabajo en los últimos años, como asesor de su sucesor. En la respuesta a la diputada Sorlí, el Gobierno incide en que “el señor Figón está siendo procesado por los tribunales brasileños con plena normalidad, como cualquier otro ciudadano”.

El Ejecutivo también aprovecha su respuesta parlamentaria para “precisar” que “hasta donde se conoce, el señor Figón en ningún momento se ha declarado confeso del asesinato de una persona”, como recogía la pregunta de la diputada de Compromís. Al desmentir a la diputada, el Gobierno revela que el comisario cambió de versión en pocas horas. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recoge la respuesta parlamentaria. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato’”.

Figón es defendido de forma gratuita por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, con el que el policía mantiene una amistad desde hace años. En su respuesta, el Gobierno ilustra también sobre la relación que mantiene con los abogados del presunto homicida de su mujer. “Se han elaborado varias notas informativas sobre el desarrollo de las diversas reuniones informales que han tenido lugar en el citado Ministerio con los abogados del señor Figón, bajo la presidencia del sr. Subsecretario (de Exteriores)”, afirma.

Figón pertenece al círculo de amistades del antiguo director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, hoy cuestionado como artífice de una policía política en el seno del Cuerpo, pero que hasta su jubilación en junio pasado dirigió la institución con puño de hierro. El comisario Figón fue jefe de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid), la localidad donde reside Pino. Al poco de ser nombrado número dos de la Policía, Eugenio Pino envió a Figón a pasar sus últimos años en el Cuerpo a Brasil, de donde procedía su esposa, con la que mantenía una relación desde hacía 30 años. 
Agente diplomático

El 15 de octubre de 2015, las autoridades brasileñas dictaron una medida cautelar por la que se prohíbe a Figón abandonar Brasil para “asegurar su presencia durante el desarrollo de las diligencias judiciales”, añade la respuesta parlamentaria. Lo que no explica el Gobierno es que la contratación de Figón le permite mantener su figura de “agente diplomático” y que, según el artículo 29 del Convenio de Viena, esa figura es “inviolable”. El mismo artículo añade que los agentes diplomáticos no pueden ser objeto “de ninguna forma detención o arresto”.

Por este motivo, Figón nunca ha estado detenido por la acusación de haber matado a su mujer. Al no perder su cargo de consejero de Interior primero y ser nombrado consejero asesor tras su jubilación, un juez no puede dictar prisión provisional contra el comisario. Fuentes de su defensa aseguran que no hay novedades en la investigación ni fecha sobre la celebración de juicio en Brasil.

Los abogados de Figón aseguran que la Fiscalía brasileña acusa al comisario de un delito de homicidio simple ante una “agresión ilegítima” de la mujer, quien habría atacado con un cuchillo al policía cuando éste la encontró durmiendo en el sofá de una casa que compartían, según esta versión. La misma fuente afirma que la mujer había consumido alcohol antes de dormirse y que su muerte se produjo mientras el policía se defendía.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1663 en: 07 de Febrero de 2017, 15:18:24 pm »
Parece que hoy no te has levantado muy católico . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1664 en: 08 de Febrero de 2017, 08:14:29 am »
responsable de los seguimientos y escuchas
Zoido cesa al comisario García Castaño por las 'guerras policiales' de Fernández Díaz
El nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Florentino Villabona, ha comunicado esta misma mañana la destitución a García Castaño, que llevaba más de una década al frente de la UCAO

José María Olmo

07.02.2017 – 19:41 H. - Actualizado: 10 H.

El nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Florentino Villabona, nombrado hace solo una semana, ha acordado este martes el cese del comisario Enrique García Castaño, hasta ahora jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la sección del cuerpo encargada de los seguimientos y escuchas en operaciones de información. El propio Villabona ha comunicado esta mañana la decisión a García Castaño en su despacho de la Dirección General de la Policía. Sin embargo, el relevo tiene derivadas que implican a otros despachos del Ministerio del Interior.

Oficialmente, la destitución está relacionada con unos comentarios privados de García Castaño que fueron grabados y difundidos por el diario 'Público', en los que el comisario hablaba de supuestos "chantajes" de un sector de la Policía Nacional al rey Juan Carlos, y se refería en tono despectivo a un superior, el comisario general de Información, Enrique Barón. La noticia provocó la apertura de una información reservada que este martes habría terminado desembocando en su relevo como máximo responsable de la UCAO, cargo que ocupaba desde hacía más de una década, tanto con gobiernos del PP como del PSOE.

Pero las verdaderas razones del relevo tienen que ver con el intento de iniciar una nueva etapa. Según fuentes policiales de la máxima solvencia consultadas por El Confidencial, el cese de García Castaño es un movimiento expeditivo del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para tratar de apagar la guerra de comisarios que le explotó a su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, durante el último tramo de su mandato y que alcanzó su cenit durante la ausencia de Gobierno por el bloqueo electoral. Zoido implicaba a García Castaño en esa batalla, que tiene como principales actores al excomisario principal de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y al comisario y agente encubierto José Manuel Villarejo, aunque también afecta al anterior DAO, Eugenio Pino, y salpica al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Zoido coloca al frente de la Policía Nacional al hombre que pacificó la calle tras el 15-M
J. M. Olmo
Destaca su participación en los años ochenta en operativos policiales que consiguieron la detención en Madrid y Navarra de más de una treintena de miembros de ETA

Zoido nombró DAO a Villabona precisamente con el encargo de que acabara con los conflictos en la cúpula policial, y el nuevo máximo responsable del cuerpo solo ha tardado unos días en tomar la primera medida. La gota que supuestamente habría terminado acelerando la destitución de García Castaño es la implicación de este en las grabaciones de los dos encuentros que Fernández Díaz mantuvo en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso, difundidas también por 'Público' días antes de las elecciones generales del pasado junio.

'El Independiente' apuntó esta semana que García Castaño y Pino serían los autores de esas grabaciones, pero Zoido tenía desde que llegó a Interior el pasado 3 de noviembre un informe de la Policía Judicial que, como ya desveló este verano El Confidencial, señalaba desde el principio que las grabaciones habían sido efectuadas por personal del propio ministerio. Según ha podido saber este diario, los audios tenían como objetivo registrar el contenido de las conversaciones para evitar filtraciones interesadas de De Alfonso, conocido precisamente por su afición a grabar a sus interlocutores. Fernández Díaz estaba al corriente de ese dispositivo y lo dejó en manos de la policía. Sin embargo, las cintas, que fueron luego entregadas a la Unidad de Asuntos Internos, desaparecieron de esta sección después de que Pino acordara el cese de su máximo responsable, Marcelino Martín Blas, por el enfrentamiento que este mantenía con el comisario Villarejo y su gestión de las pesquisas sobre el pequeño Nicolás. En ese momento, Interior perdió el control sobre los audios. El escándalo acabó estallándole a Fernández Díaz en plena campaña electoral.

La Policía apunta a que Fernández Díaz tuvo que ser grabado por personal de Interior
José María Olmo
Las conclusiones de la investigación obligan a descartar que los audios difundidos fueron captados por el antiguo jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso

En concreto, en el informe de la Policía Judicial sobre las grabaciones al ministro, desvelado por El Confidencial, los investigadores señalaron que De Alfonso recibió tratamiento vip en las dos visitas que realizó al ministerio —el 2 y el 16 de octubre de 2014— para abordar con Fernández Díaz los diferentes casos de corrupción que afectaban a políticos catalanes e intentar coordinarse para impulsarlos. Ni De Alfonso ni sus pertenencias pasaron por los controles de metales que hay en la entrada del recinto, ni tampoco fue sometido a ningún tipo de inspección visual. De hecho, su nombre ni siquiera consta en el registro de visitas de ese departamento.

La investigación policial determinó, con la colaboración de agentes encuadrados en la Jefatura de Sistemas Especiales, la sección del Cuerpo encargada de facilitar los medios técnicos para escuchas y seguimientos, que era imposible que los audios se captaran desde el exterior del ministerio. Ningún instrumento habría podido penetrar en el despacho de Fernández Díaz para conseguir un sonido tan nítido como el de las grabaciones desveladas por 'Público'.

Contemplando ya únicamente que las escuchas se realizaron desde dentro del edificio, efectivos de Policía Científica resolvieron que las voces de Fernández Díaz y De Alfonso fueron captadas mediante una grabadora convencional. A su juicio, había que desechar que se empleara un teléfono móvil porque habrían quedado marcas características en el sonido que no fueron detectadas en ninguno de los cortes analizados. Es decir, que el responsable de la filtración, necesariamente, fue capaz de colocar en la estancia del máximo responsable de Interior un dispositivo que no fuera detectado por los interlocutores. Y si uno de ellos fue el autor, que no llamara la atención del otro.

Cuatro horas de grabaciones en su despacho amenazan aún al ministro Fernández Díaz
A. Fernández. Barcelona
El final de campaña va a ser un quebradero de cabeza para el ministro del Interior a costa del espionaje en su mismo despacho y las conversaciones que aún quedan por salir

Con todo, el hallazgo que aporta más pistas sobre la autoría tiene que ver con el lugar en el que supuestamente se encontraba la grabadora. Las fuentes consultadas por El Confidencial revelaron que la policía había dictaminado que el micrófono estaba en una posición elevada, probablemente a la misma altura en la que se estaba produciendo la conversación, y además a una distancia similar de Fernández Díaz y De Alfonso. Los cortes ofrecidos por 'Público' (los únicos que han podido ser analizados por los investigadores) permiten concluir, asimismo, que el micrófono no se habría movido de sitio durante el tiempo que duraron las reuniones. Se aprecia claramente cómo la grabadora registra sonidos antes y después de que el ministro y el exjefe de la OAC entren y salgan de la habitación. Al final de una de las reuniones, se escucha a los interlocutores alejarse del punto de grabación mientras hablan. El micrófono estaba en un lugar fijo.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1665 en: 09 de Febrero de 2017, 08:37:11 am »
Manuel Villarejo.

EXCLUSIVA LAS CLOACAS DE INTERIOR


....

...CONTINUARÁ

Eugenio Pino, ex número dos de la Policía: "Encargué un informe que aclara las nebulosas del 11-M"


Pide a Interior que lo difunda, junto a otro de Marta del Castillo y del 'caso Faisán'

"Podemos se financió con dinero de Irán y Venezuela", afirma

Primera parte de la entrevista: "Pedí detener a los Pujol, pero los jueces son muy garantistas"

El juez De la Mata cita a Eugenio Pino para que acredite las pruebas del 'caso Pujol'

    ESTEBAN URREIZTIETAMadrid
    @eurreiztieta

09/02/2017 03:33

El ex jefe operativo de la Policía desvela a EL MUNDO en la segunda parte de esta entrevista exclusiva que ordenó volver a investigar en secreto los atentados de Atocha, el crimen de Marta del Castillo y el caso Faisán. «Lo hice porque la verdad tiene varias caras», dice.

El ex director operativo de la Policía durante los últimos años desvela en esta segunda parte de su entrevista exclusiva con EL MUNDO que dio la orden de volver a investigar tres grandes casos que, pese a haber sido juzgados y sentenciados, considera que no se han resuelto correctamente. Eugenio Pino (Oropesa, Toledo, 1951), asegura que encargó a una unidad específica compuesta por «doce o trece personas» averiguar qué había pasado en el 11M, el Faisán y en el crimen de Marta del Castillo. El resultado son tres voluminosos informes que la Policía mantiene en secreto y que Pino pide que sean «desclasificados» porque cuestionan algunos de los pilares de las respectivas sentencias. «La verdad tiene muchas caras», advierte.

¿Sabe ya usted quién organizó el atentado del 11-M?

    Yo encargué a la Brigada de Resolución de Casos que hiciera un informe y ahí está. Le encargué lo del Faisán, y ahí está. Encargué lo de Marta del Castillo, porque no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta. Hay que hacer todo lo posible y poner todos los medios. Y si unos no pueden, que vengan otros con otra perspectiva. En medicina siempre se pide la segunda opinión: «Oiga, yo tengo un problema y vamos a ver si tiene razón».

¿Puede desvelar algo de esos tres informes?

    Ahí están y como son causa juzgada, deberían ser públicos. He leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La Policía puede hacerlo perfectamente con aquello que está juzgado y que pueda tener una marcha atrás. Yo no tendría ningún inconveniente, pero como ya no estoy ahí... Se trata de un método de trabajo distinto, no se trata de cuestionar el trabajo anterior, es un atisbo de modernidad.

¿El informe del 11-M contradice la resolución judicial?

    No contradice la resolución judicial, pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa.
Entonces pone en cuestión algunos pilares de las sentencias...

    Algunas cosas, igual que la del Faisán. En este último caso se aclaran algunas responsabilidades. Se ha hecho un trabajo magnífico, yo me he quedado alucinado. Viendo las redes, la conexiones, con un programa que es maravilloso. Lo de Marta del Castillo, pues la Policía sabe quién mató pero no hemos recuperado el cadáver. Es un fracaso. Ese padre se despertará todos los días exigiendo el cadáver, con toda la razón del mundo, porque el Estado tiene que entregárselo. Hasta que este señor de la cárcel diga dónde lo puso... Yo sería partidario de usar el detector de mentiras y esas cosas que usan otros países y no sé por qué no hacemos.

Durante su mandato la Policía también elaboró varios informes en los que se denunciaba que Podemos se ha financiado irregularmente. Si tienen ustedes las pruebas que lo acreditan, ¿por qué este asunto no ha prosperado judicialmente?

    Ha habido gente de todos los lugares y de todos los sitios que nos ha contado cosas. Hay un país que se llama Venezuela donde la información es a chorros. No se puede comprobar porque hay que ir para allá, pero hay ministros e incluso algún testigo protegido. Mucha gente ha venido a contarnos cosas y nos ha dado hasta fotos de todo lo que está ocurriendo en Venezuela.
¿Mantiene entonces que Podemos se ha financiado ilegalmente con dinero procedente de Irán y de Venezuela?

    Yo, a título particular, creo que sí, pero no lo puedo demostrar.

Con respecto a su líder, Pablo Iglesias, sus informes apuntaban a que tiene cuentas en paraísos fiscales. ¿También lo mantiene?

    Hay una información que nos viene de Venezuela en ese sentido y nosotros evidentemente la metemos en la unidad de investigación. Luego no se continúa o está en proceso de investigación. Ya se verá. Pero nuestros informes no debían ser muy falsos cuando nuestros confidentes están recibiendo amenazas.

¿Considera entonces que esa información es buena, al igual que afirma con la cuenta suiza del ex alcalde de Barcelona Xavier Trias?

    Es una información, no puede decirse si es buena o mala. Cuando tienes el papel y te lo reconoce el banco, como es el caso de la banca andorrana de la familia Pujol, evidentemente [es buena].

Precisamente se está investigando en Andorra cómo obtuvieron ustedes la información bancaria de la familia Pujol. Una de las entidades financieras, la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que fue coaccionada por ustedes. ¿Eso es cierto?

    Para nada.

¿Utilizaron fondos reservados para obtener esa información?

    Para nada. Vamos a ver, ellos pidieron un apoyo con respecto a un servicio extranjero muy poderoso para que habláramos bien de ellos. A cambio de eso, nos dieron esto.

¿Cómo explica que los Cierco, propietarios de la BPA, estén utilizando en estos momentos contra la Policía notas informativas del comisario José Manuel Villarejo que apuntan a posibles irregularidades?

    Habrá que preguntarle al señor Villarejo.

¿Se ha cambiado de equipo este comisario? ¿El mismo que investigaba a la familia Pujol ahora trabaja para anular la causa?

    Villarejo no ha investigado nunca la corrupción en Cataluña. Se limitó a traer a Javier de la Rosa para que se le tomara declaración. Que me conste no ha vuelto a investigar nada en Cataluña. Él se ha dedicado a otras cosas. Si investigar la corrupción en Cataluña es irse a Argentina a ver a Gustavo Shanahan [testaferro del clan catalán], pues sí. Pero ha hecho otras cosas de terrorismo.
Cuando Jorge Fernández Díaz dijo en sede parlamentaria que Villarejo ha prestado «grandes servicios al Estado», ¿a qué se refería?

    Se refería a una relación internacional sobre el terrorismo árabe.

Con respecto a la amenaza terrorista en nuestro país, ¿cuál es la situación en estos momentos?
    Es mejor no decir absolutamente nada. Y si me permite la expresión castiza, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Tenemos riesgo de atentado como en toda Europa y en todo el mundo. Sobre eso no me quiero pronunciar porque cualquier triunfalismo... Las cosas se están haciendo bien. Se podrían hacer mejor pero también se podrían hacer peor. Ser ahora victoriosos es muy complicado.

La Policía practicó recientemente la detención de una supuesta célula yihadista que se anunció que iba a atentar en la Puerta del Sol de Madrid. El juez ha dejado a todos los integrantes de este comando en libertad. ¿Se exageró la operación?

    Sobre el terrorismo árabe, como ocurre con la corrupción, la Policía es bombardeada muchas veces con muchas informaciones. Hay que tener mucha capacidad de análisis para ver cuál es buena y cuál es mala. Siempre hay informaciones interesadas. Luego hay gente que quiere perjudicar o ganarse apoyos y dice cosas que son verdades a medias.

La Policía también se ha visto envuelta en polémica los últimos años por los escándalos de corrupción del PP. Usted no vivió el caso Gürtel pero sí vivió el de Bárcenas. ¿La Policía puso en marcha un dispositivo para averiguar qué material tiene todavía el ex tesorero del PP?

    Estuvimos investigando las noticias que decían que había dinero en una serie de paraísos y una serie de cuentas. Esa fue la participación que hemos tenido nosotros. Hemos tenido alguna operación sobre gente que salía de la cárcel con algún mandato del señor Bárcenas.

Como por ejemplo acceder a una nube informática que guardaba documentos del ex tesorero...
    Exactamente. Pero eso quedó en nada, en agua de borrajas. Así trabaja la Policía. De cien casos te sale una. Era un estafador, ¿eh?

¿Cree que Bárcenas tiene realmente pruebas sensibles contra el PP o cree que cuando lo ha dicho estaba jugando de farol?

    Vaya usted a saber porque todo el mundo graba a todo el mundo en este país. Cuéntemelo a mí...

La última víctima de la guerra policial ha sido el comisario García Castaño, relevado como responsable de las escuchas policiales.

    Ha sido un gran profesional que ha prestado grandes servicios al Estado en materia de terrorismo. La Policía necesita gente como él.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1666 en: 09 de Febrero de 2017, 08:54:46 am »
La verdad que buen dia no llevo...pero vamos que hay que hacer limpieza en la Escala Superior, primera categoría lo tengo muy claro.


El dueño de Método 3 denuncia a Eugenio Pino y otros mandos por implicarle en el caso Pujol

Francisco Marco niega estar detrás de la filtración de datos sobre Jordi Pujol Ferrusola que investiga el juez De la Mata.

Alejandro Requeijo @Alex_Requeijo
Daniel Montero @monteroblog
09.02.2017 03:24 h.

    Caso Pujol Audiencia Nacional Policía Nacional

El dueño de la empresa de detectives Método 3, Francisco Marco, ha remitido una denuncia a la Audiencia Nacional en la que pide investigar al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y a los dos últimos responsables de la UDEF por implicarle en el caso Pujol. Concretamente en las pesquisas que sigue el juez José De la Mata para determinar el origen desconocido de una serie de documentos sobre el primogénito del clan Pujol que la Policía aportó al Juzgado.

Por estos hechos, De la Mata ha citado a declarar a Pino para que explique la procedencia de la documentación, que ha sido sido puesta en cuarentena al sospechar el juez que el origen pudiera ser irregular. También ha citado al ex responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, enfrentado a Pino y a la última cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y responsable de la brigada de Inteligencia adscrita al DAO.
"Pretenden blanquear otra información"
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En su escrito al juez, Francisco Marco, quien acusa a la Policía: “Pretenden blanquear otra información que han obtenido ilegalmente para hacer pasar como realizada por Método 3”.  Se basa en las explicaciones -muchas veces contradictorias- que en los últimos meses han ofrecido al juez los mandos a los que incluye en su denuncia. Marco desmiente cualquier relación de su empresa de detectives con la documentación sobre Jordi Pujol Ferrusola. En la denuncia, el detective también se refiere a los dos últimos responsables de la UDEF, Manuel Vázquez y García Catalán, así como otro de los mandos de la máxima confianza de Pino, Bonifacio Díaz, entre otros.

La UDEF de la Policía señala que la información analizada proviene de “archivos informáticos que han sido facilitados a esta instrucción policial mediante mecanismo de cooperación policial”. Concretamente, se hace referencia a que la información se había obtenido del registro en la sede de la agencia de detectives Método 3, tras una investigación -ya archivada- por un Juzgado de Barcelona.

Pero a la vez, el mismo informe habla de que las informaciones brutas provienen de la “inteligencia policial”. Para De la Mata, es “inadmisible” la explicación sobre de dónde proviene tal información porque por un lado se dice que la documentación se la han hecho llegar a la instrucción policial mientras que por otro lado se dice que estaba en las bases de datos policiales, cuando de ser así “se deberían haber puesto inmediatamente a disposición del Juzgado”. Lo cierto es que tras preguntar en el Juzgado de Barcelona que investigó el asunto de Método 3, confirmó que no hay ninguna documentación relativa a los Pujol.
El origen real de los datos

En realidad y según informó EL ESPAÑOL, los datos proceden de un robo de datos realizado en 2001 al ordenador del primogénito del clan Pujol en el que se incluyen correos personales en los que habla de sus negocios en el extranjero. A la hora de explicar el modo en el que esos datos habían llegado a manos de la Policía, varios mandos apuntaron a Método 3. Por ello Marco les acusa ahora de un “rosario de delitos”: Falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, cesión de datos con fines lucrativos y malversación de fondos.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que dos ex empleados de su empresa le robaron correos personales y que colaboraban con la Policía Nacional a cambio del cobro de dinero de los fondos reservados. “Habían instalado un sistema espía para controlar mi correo electrónico”, dice en relación a sus ex empleados. Consultados ambos por este periódico, los detectives señalados niegan de forma rotunda haber facilitado ese tipo de información-ni los correos personales de Marco ni el contenido que afectaría a Jordi Pujol Ferrusola- a la Policía.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1667 en: 09 de Febrero de 2017, 16:17:43 pm »
Patinazo de Zoido: un juez manda al banquillo por 'mobbing' a un comisario al que acaba de ascender

Un magistrado de Guadalajara inicia los trámite para juzgar al comisario Félix Antolín, al que el ministro acaba de nombrar jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha. Está acusado de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por el supuesto acoso al que sometió a un subordinado cuando era el máximo responsable del GEO.


El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado el pasado martes. EFE
 ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

09.02.2017 - 09:33
Otra polémica decisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, ha dictado un auto por el que da el primer paso para enviar a juicio al recién nombrado jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, el comisario principal Félix Antolín de Diego, a cuya toma de posesión asistió precisamente este miércoles el propio Zoido. El alto mando policial, que incluso figuraba hace unos días en la lista de candidatos a convertirse en el máximo responsable policial, está acusado de un presunto delito contra la integridad moral por el "trato degradante" dispensado a uno de sus subordinados cuando era el máximo responsable del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Junto a él también se sentará en el banquillo su 'número 2" en esta unidad de élite, el inspector jefe Andrés C.  El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo y que ha dado cobertura jurídica a la víctima, ha denunciado ahora el ascenso del alto mando imputado.

El nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha está acusado de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por acosar a un subordinado cuando era jefe del GEO


El caso que pone contra las cuerdas al nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha se inició en marzo de 2015, cuando el subinspector J.B.G., que entonces acababa de ser cesado de su puesto en el GEO, denunció las condiciones laborales a las que había sometido por los dos máximos responsables de esta unidad de élite. La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en julio de 2016 un fallo que obligó a la Dirección general de la Policía a readmitir al agente de los 'geos', mientras en paralelo continuaba la querella en la vía penal por acoso laboral en el Juzgado de Guadalajara, que es la localidad donde este grupo policial tiene su sede. Son a estas pesquisas a las que el nuevo auto da el impuso definitivo para mandar a juicio el caso. Éste, al que ha tenido acceso Vozpópuli, está fechado el pasado 1 de febrero, el mismo día que se hacía oficial el nombramiento del comisario Antolín a jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha.

De hecho, el escrito del magistrado destaca que "existen indicios de criminalidad" de que este alto mando y su 'número 2' en el GEO realizaron desde mayo de 2014 "actos de contenido vejatorio prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica" que tenían sobre el subinspector que los denunció. En concreto, el escrito del juez De la Fuente recalca que el objetivo de todo ello era quebrar "su resistencia e integridad moral y su propia estimación" para "forzar su salida de los GEOS". En concreto, destaca que, pese a ser jefe de un subgrupo de esta unidad de élite desde febrero de 2014, la víctima fue aislada de sus compañeros "dejándole a entrenar sólo" y le relevaron de "cualquier función". Además, el magistrado destaca que en 2015 le abrieron un expediente disciplinario por hechos acaecidos en 2013 y que finalmente fue archivado. Pese a ello, fue cesado de su puesto en enero de 2015 por orden del entonces director general de la Policía, el hoy senador  Ignacio Cosidó, en una decisión que año y medio después fue anulada por la Justicia.

"Ningún puesto de mando"
En su escrito, el juez De la Fuente destaca como "dato de relevancia" de dichos hechos la propia declaración  que el hoy jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Félix Antolín, prestó ante él y en la que reconoció que fue él quien ordenó que a dicho policía no se le adjudicase "ningún puesto de mando en las tareas de la unidad". El alto mando policial negó que considerase aquello "acoso", aunque admitió que tomó dicha decisión porque el agente "le pidió tiempo para reorganizarse [...] y en vez de irse se hizo representante sindical". El auto también destaca que el comisario Antolín también aseguró que cuando finalmente el agente fue relevado "es como si no tuviera funciones, es como si se le vejara ya que se tendría que dedicar, por ejemplo, a lavar coches".

El alto mando policial y su 'número 2' en el GEO admitieron ante el juez que apartaron a la víctima de sus funciones en la unidad

El alto mando también admitió que la víctima no había tenido ninguna actuación irregular, salvo la de 2013 por la que se le abrió expediente dos años más tarde que posteriormente fue archivado. Por su parte, el inspector jefe imputado también admitió que se quitaron las funciones a dicho policía en una decisión que justificó en "falta de confianza porque se había posicionado en un movimiento asambleario". Sin embargo, aseguró que el subinspector "aceptó la situación de ser arrinconado y que [no] se le llamara para nada". En este punto, el juez destaca que "de estas manifestaciones se revela la situación que aislamiento que sufrió el querellante" y que "es un hecho incontestable" que la víctima no la aceptaba pese a la manifestación de sus superiores.

"Era un cadáver"
En este sentido, el juez recoge las declaraciones de cuatro testigos que "vienen a confirmar y reconocer la etiología laboral del padecimiento del querellante". Así, uno de ellos aseguró que el subinspector "estaba solo, entrenaba solo" y que desde mayo de 2014 no le dejaron participar en ninguna operación aunque "siempre ha sido muy profesional". Otro compañero aseguró que el comisario le reconoció en una reunión que el policía "era un cadáver" y mostró su convencimiento de que "en alguna ocasión" fue apartado de las operaciones "por motivos personales". Un tercer testigo incidió en esto último y destacó que pese a que "siempre desarrollaba perfectamente sus funciones" y "fue ejemplar", los mandos "le estaban forzando a marcharse". La última declaración que destaca el auto también resalta que a la víctima "le dejaban solo" y que "el comisario le dijo que era un cadáver".

Cuatro integrantes del GEO corroboraron que los dos mandos policiales dejaban participar a su compañero en las operaciones de la unidad "por motivos personales"

A todo ello, el juez de Guadalajara añade las conclusiones del informe del médico forense que corroboran que el policía sufre "un estado psíquico acorde con hechos de la naturaleza de los imputados. El forense -continúa el escrito- afirma que el querellante padece una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo que es compatible con hechos denunciados". Por todo ello, considera constatado "la existencia de indicios de una actuación continuada y reiterada de humillación y vejación" y decide continuar la diligencias previas como procedimiento abreviado, paso previo para celebrar un jucio por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. Todo ello con el principal acusado recién nombrado por el ministro Juan Ignacio Zoido jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1668 en: 09 de Febrero de 2017, 17:27:42 pm »
Parece que las aguas bajan revueltas por el MIR . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1669 en: 10 de Febrero de 2017, 08:05:03 am »
La orden por la que Interior abrió en 2015 "nuevas líneas de investigación" sobre el 11-M

El ex director adjunto Operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, ha admitido en una entrevista que una brigada bajo su control revisó en secreto las pesquisas sobre el mayor atentado de la historia de España y sacó a la luz datos que ponían en cuestión "algunas cosas" de la sentencia. Un documento interno revela que en mayo de 2015 se creó un "protocolo de actuación" para dicho grupo policial en el que se que fijó entre sus objetivos buscar "nuevas líneas de investigación" incluso para casos ya juzgados.

Óscar López-Fonseca

10.02.2017 - 04:00

Casi siete años después de que el Tribunal Supremo hiciera firme en mayo de 2008 la sentencia sobre los atentados del 11-M, el Ministerio del Interior que entonces encabezaba Jorge Fernández Díaz decidió dotar de un "protocolo de actuación" a un grupo especial de la Policía que se había creado solo unos años antes ya con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa. El objetivo de dicho documento era permitir que esa unidad, denominada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), pudiera realizar investigaciones "secretas" sobre "actuaciones policiales concluidas" e, incluso, con resolución judicial, pese a que cuando se creó formó grupo su objetivo era únicamente 'desatascar' pesquisas que no avanzaban o se habían dado por conclusas sin poderse resolver. Con aquel documento de 2015, la BARC amplió sus "funciones y objetivos generales", y le permitió ampliar las investigaciones sobre las que podrá intervenir. Entre ellas, según ha revelado este jueves en una entrevista en el diario El Mundo el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino, se incluyeron las pesquisas de la mayor masacre terrorista de nuestro país.

    En 2015, Interior decidió ampliar las competencias de la BARC para que, además de casos 'atascados', también investigara otros con sentencia firme como el de los atentados de 2004

Este alto mando policial, ahora jubilado y salpicado en varios escándalos relacionados con la llamada 'guerra de comisarios', ha asegurado que fue él quien encargó a dicho grupo policial investigar aquellos trágicos sucesos de marzo de 2004 y que el resultado de dichas pesquisas, aunque no contradice la resolución judicial, "da por sentado [...] algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa" llegaba a afirmar. Vozpópuli ha tenido acceso a ese documento interno de la Policía en el que se detallaba el "protocolo de actuación" de esta Brigada. Esta, según destacó el comisario Pino en la entrevista, redactó voluminosos informes sobre otros casos célebres ya sentenciados, como el 'chivatazo' a ETA del Bar Faisán y el asesinato de la joven Marta del Castillo, cuyo contenido también permanece secreto.

De hecho, este último término era utilizado expresamente en dicho documento, de poco más de dos folios de extensión y fechado el 19 de mayo de 2015. En el mismo también se destacaba que su actividad estaría directamente bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del director Adjunto Operativo, entonces el comisario Pino, y que estaría integrada orgánicamente en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), dedicada a investigar la supuesta comisión de delitos por parte de policías pero que durante la presencia de Fernández Díaz al frente de Interior también ha participado en pesquisas sobre el independentismo en Cataluña o las andanzas del 'Pequeño Nicolás'. Cuando se emitió dicho documento, al frente de la UAI ya no estaba el también comisario Marcelino Martín-Blas, sino un experto en la lucha contra el narcotráfico, el comisario Francisco Migueláñez.
"Absoluta reserva"

El protocolo de actuación de la BARC fijaba en cinco apartados la "naturaleza y dependencia", las "funciones y objetivos generales", las "instrucciones", las "colaboraciones" y el "marco normativo" en el que desarrollaría su actividad la misma. Así, detallaba que la brigada actuaría "como unidad de inteligencia operativa especializada en la revisión o análisis de las actuaciones o investigaciones de las distintas unidades policiales". Todo ello, destacaba,"con imparcialidad y absoluta reserva". De hecho,sus actuaciones e investigaciones se catalogaron a partir de aquel momento "como secretas", al igual que todas las que realiza la Unidad de Asuntos Internos de la que pasaba a depender. El documento también detallaba que su actuación se centraría tanto en investigaciones en curso o "activas" como en aquellas ya concluidas, que denominaba "pasivas". En este último caso se inscribirían, precisamente, el 11-M, el 'caso Faisán' y la muerte de Marta del Castillo.

    Entre los objetivos generales de la brigada, el 'protocolo de actuación' fijaba la "mejora de la eficacia policial" pero también la "búsqueda de nuevas líneas de investigación"

En el caso de estas investigaciones "pasivas", el documento destacaba que la actuación de la BARC podría ser "por propia iniciativa". En este caso se resaltaba que se producirá "como última ratio de investigación de casos sin resolver o policialmente concluidos". Entre los objetivos "generales" de dicha actuación, el protocolo especificaba que eran tres. En primer lugar, la "mejora de la eficacia policial". En segundo, el "retorno de conocimiento al sistema de formación del Cuerpo Nacional de Policía". Y en último lugar, la "búsqueda de nuevas líneas de investigación", en este caso con la aclaración de que esto sería así "cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan".
"Obligación de colaboración"

El documento destacaba que en este caso sería, precisamente, el director Adjunto Operativo quien determinase las "directrices" que permitirían "garantizar la coordinación orgánica y operativa [de esta brigada] con las diferentes unidades". Así, en primer lugar fijaba la "obligación de colaboración" de los grupos policiales a los que se dirigiera la BARC. Para ello, establecía que dicha comunicación se realizaría por "conducto directo" una vez establecido el primer contacto "a través de la Unidad de Asuntos Internos". Las comunicaciones entre la brigada y la "unidad afectada" por la actuación de la primera sería tras ese primer contacto "sin comunicaciones a órganos intermediarios". Además, destacaba que los grupos deberían atender "todas las cuestiones planteadas" por los integrantes del la brigada, a la que debían aportan "la documentación necesaria".

    El documento fijaba la "obligación de colaboración" de todos los grupos policiales a los que se dirigiese la brigada policial "sin comunicaciones a órganos intermediarios"

El protocolo elaborado en 2015 también determinaba que "las actuaciones en curso de análisis por las BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades" y, en el caso de que surgieran "nuevos indicios o noticias que pudieran afectar" al caso que estaba revisando la brigada, "los investigadores lo comunicarán inmediatamente de manera que quede constancia de ello y se estará a lo dispuesto por el DAO [director adjunto Operativo] a efectos de coordinación y desarrollo de esas nuevas diligencias de investigación". Además, el nuevo grupo podría "requerir [...] colaboraciones de miembros del CNP adscritos a otras plantillas". Todo ello, como se destacaba en las últimas líneas del documento, bajo "el seguimiento y control de los resultados" del director Adjunto Operativo, que cuando se analizó él 11-M era el comisario Pino.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1670 en: 10 de Febrero de 2017, 08:22:23 am »
el ministro ordena recuperar la base de datos
Zoido disuelve la brigada 'especial' de Fernández Díaz pero custodiará sus datos
Todos los funcionarios que componían el grupo policial quedan ahora a disposición de la Subdirección de Personal y del propio director adjunto operativo, Florentino Villabona

Roberto R. Ballesteros
José María Olmo
10.02.2017 – 05:00 H.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenó la semana pasada disolver la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional, creada por el anterior director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Eugenio Pino, al amparo del ex responsable del ministerio Jorge Fernández Díaz. El grupo policial, que según las últimas declaraciones públicas de Pino se dedicó a revisar asuntos como el 11-M, el caso Faisán o la desaparición de Marta del Castillo, también habría colaborado en investigaciones sobre dirigentes independentistas catalanes descubiertas gracias a las grabaciones realizadas en el despacho del exministro y a la declaración del comisario José Manuel Villarejo en el marco del caso Nicolás ante el Juzgado número 2 de Madrid.

Según ha podido saber El Confidencial, los agentes que conformaban la polémica unidad policial han sido puestos ahora a disposición de la Subdirección de Personal de la Dirección General de la Policía, que deberá decidir su destino. La BARC fue creada en 2012 y se integraba en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), cuyo máximo responsable era entonces el comisario principal Marcelino Martín Blas. Sin embargo, toda la actividad de este grupo era controlada directamente por Pino, que fijaba las líneas de trabajo y recibía el resultado de las pesquisas. Aunque la función inicial de la BARC fue revisar casos policiales ya abiertos, e incluso juzgados, para tratar de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, esta sección habría terminado realizando sus propias indagaciones y prestando apoyo a otros grupos del cuerpo.

La disolución de esta brigada 'especial' fue oficializada la semana pasada por el nuevo DAO de la Policía Nacional, Florentino Villabona, tan solo unas horas después de ser elegido por Zoido para el cargo. El desmantelamiento del grupo conllevaba inicialmente la desaparición de todos los recursos materiales que habían utilizado los integrantes de esta sección, como la base de datos que utilizaron durante los últimos cinco años para organizar toda la información que recopilaban. El registro, de hecho, fue inmediatamente desactivado en cumplimiento del mandato de Villabona.

Sin embargo, esta semana, la Subdirección de Logística de la Dirección General de la Policía ha remitido una orden para que vuelva a ponerse en marcha la base de datos y sea conectada otra vez a los servidores de la corporación. Esto permitirá a la nueva cúpula policial dirigida por Villabona acceder a toda la información archivada por los miembros de la BARC a lo largo de los últimos años. Fuentes del cuerpo consultadas argumentan que se trata de datos sensibles por los temas que tocan y, por lo tanto, deben ser conservados.

Fuentes oficiales de Interior insisten en que la disolución de la BARC ha sido adoptada exclusivamente por el DAO, “que tiene libertad para tomar sus propias decisiones”, y subrayan que el ministro se ha mantenido completamente al margen de la orden. Con todo, la medida se enmarca en el giro que ha decidido emprender Zoido para tratar de eliminar cuanto antes el polémico rastro que Fernández Díaz dejó en el ministerio y marcar distancias con su gestión. La brigada de revisión de casos era uno de esos frentes heredados por el nuevo responsable de la cartera, y ha terminado con él antes de cumplir los 100 días en el cargo.

Una de las primeras misiones que Pino asignó a la BARC fue revisar la investigación de los atentados del 11-M, para tratar de aclarar supuestas lagunas del caso, como ha reconocido el propio comisario principal en una entrevista concedida a 'El Mundo'. Fuentes conocedoras de las conclusiones de ese informe aclaran que la brigada no llegó a ninguna conclusión relevante. Sus agentes comenzaron igualmente a revisar en 2014 el asesinato de tres miembros de una misma familia —un matrimonio y su hijo menor de 11 años— que tuvo lugar en Burgos una década antes. El autor del crimen nunca ha sido localizado. Se sospechó de un vecino y del hijo mayor de la familia. La BARC revisó el caso sin encontrar resultados concluyentes. Y en enero de 2016, tras una reunión con el padre de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla en 2009, Pino ordenó a la brigada que supervisara las diligencias realizadas hasta ese momento para tratar de encontrar nuevas pistas que permitieran localizar el cuerpo de la chica. Las gestiones de la BARC tampoco arrojaron ningún avance sustancial en el caso.

Otras policías occidentales tienen unidades similares para tratar de corregir errores y aportar nuevos enfoques a investigaciones bloqueadas. La controversia sobre esta brigada 'especial' radica en la implicación de sus máximos responsables, Martín Blas y Pino, en otras investigaciones con intensas derivadas políticas, entre ellas, las pesquisas sobre la presunta trama corrupta de los Pujol, el patrimonio de políticos independentistas catalanes e incluso la financiación de Podemos con fondos de Irán y Venezuela. La BARC habría terminado participando también en esos casos.

Pino confió la BARC a Martín Blas por la estrecha relación que les unía, pero la amistad se rompió en 2015 por desavenencias en el marco de la investigación sobre el pequeño Nicolás. Desde entonces, el antiguo comisario de Asuntos Internos y responsable directo de la BARC está enfrentado a Pino y también al comisario José Manuel Villarejo. Martín Blas está considerado el principal sospechoso de haber filtrado las grabaciones de las reuniones que mantuvo Fernández Díaz en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso.

En agosto de 2015, el diputado socialista Julio Villarubia reprochó en el Congreso al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que hubiera tolerado la creación de la BARC y que esta dependiera de Asuntos Internos, que tiene como única función investigar a funcionarios de la corporación. Cosidó defendió la existencia de esa sección. “Me pregunta por esta brigada de revisión de casos que hemos puesto en marcha en asuntos internos. ¿Sabe a qué se dedica esta brigada? Entre sus principales cometidos, tiene la revisión de los más de 400 asesinatos que están sin esclarecer y que todavía no han prescrito en nuestro país en demarcación de la Policía Nacional. A eso es a lo que se dedica esa brigada”, respondió Cosidó. El nuevo DAO del cuerpo ha tardado una semana en disolverla.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1671 en: 10 de Febrero de 2017, 09:00:05 am »
La Policía encuentra en un cajón pruebas 'perdidas' contra los Pujol

La Policía presenta por sorpresa ante De la Mata otro 'pendrive' sobre el clan catalán encontrado "ordenando el despacho"Un agente de Método 3 citado por el juez alerta de un plan para "contaminar el procedimiento" aprovechando la guerra policialAntonio Tamarit dice que no ha investigado a los Pujol, pero sí ha hecho trabajos "que están aún en un cajón"

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/10/589cebf0e2704e06388b4601.html

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1672 en: 15 de Febrero de 2017, 09:02:34 am »
El ministro del Interior no encuentra los informes sobre Marta del Castillo, el 11-M y el 'caso Faisán'

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"He pedido que me traigan los informes. No me han mandado ninguno. Y les he dicho que sigan buscando. La Policía tiene órdenes concretas de que busquen esos informes y me los traigan si existen. Quiero despejar cualquier duda. Quiero mirar hacia adelante, pero resolviendo el pasado. No me han traído nada a pesar de que los he solicitado en reiteradas ocasiones", ha sentenciado el ministro.
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http://www.elmundo.es/espana/2017/02/14/58a2f26522601d39688b4585.html
"quotquotSon mis principios; si no le gustan, tengo otros"quotquot

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1673 en: 15 de Febrero de 2017, 09:28:29 am »

Zoido pone en el punto de mira la gestión de su antecesor: pondrá orden en la Policía

    El ministro de Interior pide que se "imponga" el Estado de Derecho para que no haya más 'pendrives' sin custodia ni se hable de informes que no aparecen

infoLibre Publicada 14/02/2017 a las 20:07 Actualizada 14/02/2017 a las 20:57
 
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este martes que tomará medidas para que miembros de la Policía no vuelvan a mencionar informes que luego, cuando los solicita el ministro, no aparecen. También quiere poner remedio para evitar cualquier duda sobre la cadena de custodia cuando se aporten pruebas como el pendrive del caso Pujol.

Zoido se ha mostrado "sorprendido" por la entrevista en El Mundo de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, en la que pidió que se hicieran públicos sendos informes sobre el 11M, el chivatazo del caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo.

"Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", ha comentado el ministro. Lo que quiere, ha dicho, es que "no se mencionen más informes que luego no aparecen o pendrives sin el refrendo de quien lo custodie".

Zoido ha pedido los informes a los que se refería Pino en la entrevista pero, hasta la fecha, esos documentos no han aparecido, según le ha comunicado la Dirección General de la Policía.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1674 en: 15 de Febrero de 2017, 09:32:04 am »

La verdad sobre los informes del CNP
La brigada 'secreta' de Pino investigó y dio por culpables a guardias civiles absueltos

Los hombres del exdirector adjunto auditaron también el trabajo de los Mossos d'Escuadra contra a la corrupción en Cataluña.

Daniel Montero @monteroblog
Alejandro Requeijo @Alex_Requeijo
15.02.2017 02:59 h.

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), el grupo creado por el ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino que actuaba de forma confidencial no solo se centró en casos ya cerrados como el 11M o el caso Faisán, sino que también investigó a la Guardia Civil y a otros cuerpos como los Mossos d'Escuadra. Según refleja el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes bajo el mando directo de Pino investigaron a varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y les acusaron de dos delitos para entorpecer la investigación. Y todo pese a que los agentes habían sido ya declarados inocentes por un tribunal con anterioridad.

El informe consultado por este diario desmiente además otra de las versiones aportadas por la anterior cúpula policial sobre el trabajo de esta brigada. Tras el reconocimiento público de Eugenio Pino sobre los encargos al BARC, publicado por El Mundo el pasado 8 de febrero, el entorno del ex director adjunto ha restado importancia a sus trabajos asegurando que sólo analizan los protocolos policiales con el objetivo de mejorarlos, y no el contenido de los casos. Sencillamente, no es verdad.
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Basta analizar el informe que aquí se reproduce -que se ha mantenido secreto hasta el pasado 6 de febrero- para confirmar que este equipo de confianza del número dos de la Policía analizaba en profundidad en contenido de los procedimientos, las declaraciones judiciales, los análisis informáticos y todas las fuentes abiertas al alcance de la Policía, pese a que las investigaciones tuvieran ya una decisión judicial firme."Se considera que el teniente P. y el sargento J. podrían ser presuntos autores de los supuestos delitos de Falsificación de Documento y obstrucción a la Justicia. Hay que recordar que el teniente y el sargento fueron absueltos en enero de 2015", refleja el propio documento.
Extracto de las conclusiones del informe.

Extracto de las conclusiones del informe.
Caso Macedonia

El informe reproducido hoy por EL ESPAÑOL fue encargado en febrero de 2015 por el juez Joaquín Aguirre. El magistrado investigaba desde hacía siete años una supuesta trama de corrupción policial vinculada con una red de narcotráfico que afectaba sobre el papel a cuatro cuerpos policiales distintos (CNP, Guardia Civil, Mossos d'Escuadra y Policía Local de Barcelona). Pero tras las primeras alertas, el caso Macedonia se fue desinflando, tanto por el tiempo como por las decisiones judiciales.

Desde 2009 Aguirre imputó en total a 18 agentes (la mayoría guardias civiles) y decretó entradas y registros en dependencias del instituto armado en Cataluña. Siete años después, de todo aquello quedaba más bien nada, ya que la Audiencia Provincial había decretado el archivo sobre la mayoría de los investigados y los tribunales absolvieron a los dos mandos juzgados. El fiscal apostaba incluso por no acusar a los tres mandos de los Mossos también procesados.

Fue en ese momento cuando Aguirre, siete años después de abrir el caso, recurrió desde su Juzgado de Barcelona a los hombres del DAO. La elección no parece casual, primero porque la brigada de revisión de casos no era un recurso muy común entre los jueces. Y segundo porque uno de los principales investigados, Manuel Gutiérrez Carbajo, era un confidente de otros cuerpos policiales que interesaba a los hombres del DAO involucrados en la llamada Operación Cataluña.

En un escrito de abril de 2014, una nota informativa realizada para consumo interno, el comisario José Villarejo, también adscrito al DAO, afeó a su compañero Marcelino Martín Blás la falta de control y pesquisas sobre Gutiérrez Carbajo, a quien se le presumían importantes contactos entre los círculos de poder catalanes, tanto políticos como judiciales.
Fragmento sobre los guardias civiles absuelos.

Fragmento sobre los guardias civiles absuelos.

Un año después de ese escrito policial interno, es el juez Aguirre quien llama con su petición formal a la puerta del equipo controlado por el comisario Martín Blás, responsable entonces de la Unidad de Asuntos Internos y jefe directo de la brigada de revisión de casos creada por Pino. Se crea con este auto una pieza judicial que ha permanecido secreta durante dos años y que se hizo pública dos días antes de que saltara la polémica tras los trabajos realizados por esta brigada. Trabajos en algunos casos que, como adelantó este periódico, la Policía dice que no sabe dónde están.   
Ni fecha, ni firma, ni sello

El documento elaborado por la BARC para la operación Macedonia -de 151 páginas, sin membrete policial ni fecha y sin la firma de funcionario alguno- concluye que el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Cataluña cometió "numerosas irregularidades en su actuación ante la detención de Juan Miguel Bono Hernández (uno de los presuntos narcos investigados). Ello no tuvo efectos penales para sus miembros y se desconoce si tuvo consecuencias disciplinarias", refleja el documento.

El escrito enviado al juez asevera además que "los mandos de la Guardia Civil" desarrollaron un "importante despliegue" para defender a sus imputados, "acudiendo al senador Jordi Casas de CiU, según consta en los informes de su Serviciode Asuntos Internos (SAI)". Y señala tanto a los Mossos por actuar de forma negligente en sus gestiones sobre Gutiérrez Carbajo como a los miembros de Comisión Judicial (también de la policía autonómica) por ocultar información al propio juez.

Este martes, fue el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien se refirió a los trabajos de esta brigada, cansado de polémicas. Reconoció ante la prensa que su cartera no encuentra dos de los informes más sensibles elaborados por este grupo, desarticulado tras la jubilación del exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino. Ni el del chivazato del bar Faisán ni el de los atentados del 11-M. Por ello ha afirmado que va a "tomar medidas". "Voy a procurar que no sucedan estas cosas porque no cabe la menor duda de que me he visto sorprendido por esa entrevista y me parece que si se ha tomado la decisión de formar un grupo tiene que quedar su constancia", reconoció ante los periodistas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1675 en: 15 de Febrero de 2017, 09:36:37 am »
Articulo de prensa con ventilador.  :Burla
"quotquotSon mis principios; si no le gustan, tengo otros"quotquot

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1676 en: 15 de Febrero de 2017, 09:40:32 am »

Investigan a un comisario por contrabando de bolsos de serpiente protegida desde Senegal


Nicolás Meca es consejero de Interior en la embajada española en Senegal e introducía presuntamente la mercancía del país africano para un negocio de su mujer en Madrid

Las pesquisas apuntan a que el comisario, hermano de un alto cargo en el Ministerio del Interior, utilizaba como correos a sus subordinados cuando éstos viajaban a España de permiso

En diciembre fue sorprendido cuando intentaba introducir por Barajas ocho bolsos de piel de serpiente entre 35 bolsos, carteras y fundas por la zona de "nada que declarar"
Pedro Águeda
14/02/2017 - 20:29h

La Agencia Tributaria investiga al comisario de Policía Nicolás Meca Rodríguez de Rivera por introducir bolsos y carteras en España sin declarar, confeccionados en parte con piel de una serpiente considerada especie protegida. El policía introducía por Barajas la mercancía procedente de Senegal, el país donde está destinado como máximo responsable del Ministerio del Interior en la Embajada española, revelaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.

El 10 de diciembre, la Aduana del Aeropuerto de Barajas levantó un acta por “infracción de contrabando” que puede derivar en un delito de la misma naturaleza y en otro de falsedad documental del comisario de Policía. Ocurrió después de que Meca intentara abandonar la sala de llegadas de la Terminal 4 por el denominado “circuito verde”, opción para los viajeros que no tienen “nada que declarar”. Fue entonces cuando agentes de la Guardia Civil le requirieron para que pasara sus maletas por el escáner.
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El comisario Meca ha ofrecido su versión a eldiario.es, según la cual un sargento de la Guardia Civil obligó a "una gran parte" del pasaje a pasar su equipaje por el escáner. En una diligencia de constancia de hechos de la Agencia Tributaria, que lleva su propia firma, se precisa que Meca utilizó el circuito de "nada que declarar".

El comisario no sabía que le estaban esperando. La Guardia Civil ya había interceptado el 24 de noviembre a uno de los “correos” que Meca Rodríguez de Rivera había enviado a España con anterioridad, policías a sus órdenes que regresaban de permiso, según apunta la investigación.

En el interior de las maletas del comisario, los agentes contabilizaron la madrugada del 10 de diciembre 35 efectos, entre bolsos, carteras y fundas. El consejero de Interior viajaba a España, procedente de Dakar, para pasar las vacaciones de Navidad y argumentó que se trataba de regalos para su familia. "Tengo la suerte de tener cinco hermanos y cinco hermanas", ha dicho a eldiario.es.

El funcionario de la Agencia Tributaria consideró que se trataba de una "expedición comercial" y todos los productos quedaron requisados. El comisario Meca asegura que ya ha presentado documentación y facturas que le han permitido recuperar todos los "regalos", a excepción de ocho bolsos de piel de serpiente que espera volver a tener en su poder en breve.

Una funcionaria de la Secretaría de Estado de Comercio levantó allí mismo un acta en el que asegura que diez de los bolsos están manufacturados con piel de Pyton Sebae o pitón de Seba, una especie protegida por el convenio CITES, al que se adhirió España en 1986. Este acuerdo internacional sobre especies amenazadas de fauna y flora silvestre prohíbe el comercio de especies en peligro de extinción y regula el comercio de especies amenazadas o en riesgo de estarlo, caso de esta pitón, que también está regulado por el Reglamento 338/97 del Consejo de Europa.

Los investigadores tienen informaciones que apuntan a que el comisario ha introducido bolsos de este tipo una vez al mes desde hace tiempo. Para ello aprovechaba los relevos de policías en la Embajada española en Dakar. Nicolás Meca les entregaba una maleta, les recomendaba tranquilidad en la aduana y, si no era suficiente la placa para evitar ser registrado, debían telefonear a su mujer, quien esperaría en el aeropuerto con una supuesta documentación acreditativa de la legalidad del negocio, según testimonios recabados por los agentes. 
Confesión de un policía

El 24 de noviembre, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía fue interceptado por la Guardia Civil de Barajas con 14 bolsos, dos de ellos de piel de serpiente, y dos carteras del mismo material. Ante los agentes, el policía explicó que los bolsos se los había entregado el consejero de Interior de la Embajada en Dakar y que la mujer de éste le esperaba fuera. Los agentes le dejaron marchar con la mercancía, a la espera de poder interceptar al comisario, lo que ocurrió finalmente el 10 de diciembre.

El comisario Nicolás Meca niega haber entregado mercancía de ningún tipo a algún funcionario y añade que desconoce si su mujer ha pedido a alguno de ellos que le lleven productos para regalar. Meca admite que su esposa y la hermana de ésta se han dado de alta en la Seguridad Social hace "unos tres meses" para vender complementos y que ya lo han hecho en lugares como el rastrillo Nuevo Futuro de Majadahonda con toda la documentación en regla.

El comisario Nicolás Meca presentó también una documentación sobre los bolsos de piel de serpiente que ha sido rechazada. Según su versión, las autoridades de Senegal cometieron un error con las fechas que será subsanado. Las fuentes consultadas aseguran que la documentación que aportó Meca se presentó de forma extemporánea y no recoge los requisitos previstos en el CITES.
Los bolsos incautados al comisario Meca en el aeropuerto de Barajas

Bolsos incautados al comisario Meca en el aeropuerto de Barajas

Si se confirma que el comisario ha estado introduciendo los fondos con asiduidad, la infracción de contrabando se puede convertir en una acusación por un delito recogido en el Código Penal en su modalidad de continuidad. Los investigadores también estudian la documentación que intentó aportar con posterioridad el policía, por si éste hubiera incurrido igualmente en un presunto delito de falsedad documental. 

De otro lado, la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena prohíbe en su artículo 42 que alguien que goce de la condición de “agente diplomático” pueda realizar cualquier actividad que implique la obtención de lucro. Aunque personal diplomático, Nicolás Meca depende orgánicamente del Ministerio del Interior, donde un hermano suyo, Carlos, ostenta el cargo de jefe del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1677 en: 16 de Febrero de 2017, 06:46:29 am »


Ha puesto en marcha una limpia en Interior

16/02/2017

Así está desmontando el ministro Zoido las cloacas policiales

Al cese de García Castaño y la disolución de la brigada de casos pendientes seguirá el relevo del jefe de la UDEF y la destitución de los colaboradores de Eugenio Pino. Martín Blas será desactivado


Juan Ignacio Zoido ha dicho basta. El ministro se ha hartado de los escándalos policiales y ha asegurado públicamente que aboga por que “estas cosas pasen a la historia” y “se imponga el Estado de Derecho”. Para ello, ha puesto en marcha un plan para desmantelar la camarilla policial formada en torno a Eugenio Pino.
 

Según explican a El Confidencial Digital altos cargos policiales y de Interior, Zoido tiene decidido apartar de la cúpula del Cuerpo a todos los comisarios y mandos intermedios que formaron parte del “equipo en la sombra” del anterior director adjunto operativo.

El ministro ha asumido, aún más tras la entrevista de Pino concedida a El Mundo, que la Policía Nacional necesita una profunda y urgente reestructuración, que va a llevar a cabo, precisamente, el nuevo DAO, Florentino Villabona.

El ex comisario de Seguridad Ciudadana, cuya jubilación está prevista para noviembre, tiene, por tanto, “seis meses para hacer una limpia a fondo”. Esa va a ser su principal misión en el cargo. Correrá con el desgaste de este ofensiva y dejará libre de este lastre al próximo DAO.

Aviso con las marchas de Castaño y Mazo

El plan, de hecho, ya está en marcha y se ha cobrado a las primeras ‘víctimas’: los comisarios Enrique García Castaño y Nuria Mazo.

El primero ha sido apartado de su puesto en la Comisaría General de Información, mientras que la segunda ha visto cómo la unidad que dirigía, la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos, que entre otros investigaba el 11-M, el ‘caso Faisán’ y la desaparición de Marta del Castillo, haya quedado desmantelada.

Dos ceses que, según las fuentes consultados, son “todo un aviso a navegantes”. La conclusión que se ha sacado a nivel interno es que “ya nadie está blindado”.

Hasta ahora no había sido así. Desde el Ministerio recuerdan que Castaño había “sobrevivido” a casi todo: el 11-M, el ‘caso Ignacio González’, varias grabaciones personales filtradas a la prensa… Nuria Mazo también parecía “intocable” y ya ha caído.

El jefe de la UDEF, el próximo en caer

El siguiente paso, aún más relevante, será cesar a todos los cargos policiales que colaboraron con el anterior DAO, el citado Eugenio Pino. Se les acusa de montar una “Policía paralela”, cuyos movimientos en la sombra, ahora desvelados, están haciendo aflorar las llamadas “cloacas del Estado”.

En este grupo de comisarios y mandos intermedios, destaca por encima de todos José Manuel García Catalán. El actual jefe de la UDEF, que accedió a la dirección de la unidad hace diez meses, no será ratificado en ese puesto: Interior ha decidido aprovechar que estaba en él de forma interina para relevarle.

Las fuentes consultadas destacan que García Catalán, entre otras cosas, poseía un pendrive con 686 archivos relacionados con la investigación en la sombra a la familia Pujol, dirigida por Pino. El comisario, de hecho, es el que entregó el citado dispositivo al juez De la Mata, que instruye el caso contra el ex president, confirmando así esas pesquisas no oficiales de la Policía.

En Interior se habla también del relevo del actual número dos de la Comisaría General de Extranjería, David Agorreta. Este comisario, marido de la ya citada Nuria Mazo, era integrante también de la “camarilla policial” de Pino y, por tanto, otro de los mandos del Cuerpo que quiere cesar Zoido.

Los premiados por Pino, en peligro

La limpia que está llevando a cabo Zoido contra los colaboradores de Pino puede alcanzar, incluso, a aquellos que en los meses previos a la remodelación del Gobierno y la salida de Jorge Fernández Díaz fueron premiados por el anterior DAO.

Las fuentes consultadas citan como ejemplo a José Ángel Fuentes Gago: “Es íntimo de Pino, Agorreta y Mazo y ha estado en las investigaciones realizadas a la sombra durante los últimos 5 años”. En junio de 2015 fue destinado a la embajada de los Países Bajos, pero en Interior no descartan su retorno y posterior cese.

Una situación similar es la de Bonifacio Díaz. Considerado uno de los mandos de la “Policía política”, fue enviado a la embajada de México el pasado mes de julio. A pesar de la lejanía y del poco tiempo que lleva en su nuevo cargo, tampoco se da por segura su continuidad.

Martín Blas, desactivado

Un dato más. Juan Ignacio Zoido también tiene en el punto de mira a Marcelino Martín Blas. Responsable de Asuntos Internos y protagonista de la guerra de comisarios junto a José Manuel Villarejo, su relación con la cúpula policial, tanto la actual como la anterior, se ha deteriorado.

A ello ha influido su mala gestión del ‘caso Nicolás’ y las sospechas crecientes en Interior sobre su implicación en la grabación a Jorge Fernández Díaz. Además, en el Ministerio se da por hecho que un gran número de las filtraciones a la prensa producidas en los últimos tiempos han partido de él.

Por todo ello, y a pesar de que se jubila en abril, Martín Blas va a estar “desactivado” hasta entonces, según las fuentes consultadas: “No va a tener acceso a ningún expediente relevante”, afirman.

“El daño ya está hecho”

Desde la cúpula del Ministerio y del Cuerpo no descartan que haya juego sucio. Estos ceses pueden provocar, entre otras cosas, nuevas filtraciones sobre escándalos policiales. No obstante, las fuentes consultadas afirman que nada de lo que pueda salir ahora “puede ser más grave de lo que ya se ha publicado”.

En ese sentido, añaden que “el daño ya está hecho” y que, ahora, todo lo que se difunda “va a afectar a cargos que ya no están en puestos relevantes” de la Policía Nacional, por lo que aseguran estar tranquilos.

El objetivo último de esta ofensiva, una vez consumada la limpia en el Cuerpo, “es restituir, poco a poco, la imagen de la Policía, después del daño sufrido”.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1678 en: 16 de Febrero de 2017, 09:56:00 am »
 :pen: . . .  pues que tenga cuidado Zoido porque cuando se limpian las  cloacas la mierda salpica . . . y no hay nada peor en política que el fuego amigo . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1679 en: 18 de Febrero de 2017, 07:48:53 am »
Estos días las aguas del alcantarillado del Esado andan revueltas...




elaborado por orden del anterior dao, eugenio pino

Interior encuentra el informe 'paralelo' perdido del 11-M y lo manda a la Fiscalía
El Ministerio del Interior encuentra, una semana después, el informe que realizó la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional sobre los atentados de Atocha

J. M. Olmo

17.02.2017 – 14:20 H.

El Ministerio del Interior ha localizado el informe sobre los atentados del 11-M que elaboró la controvertida Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional y cuya existencia fue desvelada por el anterior director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Eugenio Pino. El propio ministro, Juan Ignacio Zoido, aseguró esta semana que su departamento estaba intentando localizar el documento para ponerlo en manos de la Justicia, pero no había conseguido encontrarlo. Finalmente, la antigua responsable de la BARC ha terminado entregando una copia del informe al actual DAO, Florentino Villabona.

Zoido desmonta la herencia de Fernández Díaz: guerras, escuchas y escándalos
José María Olmo
El nuevo ministro del Interior está tratando de marcar distancias con su antecesor en el cargo y ha pedido al nuevo DAO de la Policía Nacional que promueva reformas durante los próximos meses

Según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional, el documento ha sido trasladado a la Fiscalía General del Estado, que deberá pronunciarse sobre la relevancia del contenido y, también, sobre la legalidad de que se encargara un informe policial sobre el 11-M cuando ya existía una sentencia del Tribunal Supremo sobre los atentados.

Con todo, la Dirección General de la Policía asegura que, tras un primer análisis, sus técnicos han llegado a la conclusión de que el trabajo realizado por la BARC y que había permanecido en secreto "se limita a hacer única y exclusivamente una somera auditoría a los protocolos de actuación de la Policía Nacional, sin que incluya referencia alguna a otro asunto que no sea una mera revisión de las actuaciones policiales".

Por ese motivo, la Policía descarta que el informe de la BARC permita abrir "ninguna nueva línea de investigación a realizar". Apunta, además, que sus supuestos hallazgos tampoco tendrían "trascendencia en el ámbito policial". Pino declaró, en cambio, que el trabajo realizado sobre los atentados por esa polémica brigada, ya disuelta por orden del nuevo DAO, "aclaraba algunas cosas que estaban en una nebulosa". El cuerpo contradice ahora al que fue su máximo responsable hasta el pasado junio y niega que el informe tenga la más mínima importancia.

La controversia aún no ha concluido. Pino también aseguró en la entrevista que concedió a 'El Mundo' que la BARC realizó otro informe 'paralelo' sobre el chivatazo a ETA del caso Faisán, que se produjo en mayo de 2006, en plenas negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista. Como informó este diario, ese documento señala que, además de los dos policías que terminaron siendo condenados por el Tribunal Supremo como autores materiales del soplo, también habrían participado en ese episodio responsables políticos del Ejecutivo socialista.

Zoido reconoció que su equipo también ha estado intentando localizar, sin éxito, este otro documento secreto. Según el ministro, ha podido confirmar que el informe fue efectivamente realizado por la BARC y que se entregaron dos copias a la Dirección General, pero ninguno de los trabajos ha aparecido por ahora. En cualquier caso, Interior ya ha avanzado que también lo enviará a la Fiscalía en cuanto lo localice.