De los mandos policiales

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Interior cesa por la charla de ética de Juan Cotino en la sede de la Policía a un subdirector que se jubila en cuatro dias


 Cotino, procesado por delitos de corrupción, participó este martes en la presentación del libro 'Ética policial y ciudadanía', invitado por la Policía

 El cesado es el subdirector del Gabinete Técnico, comisario José Manuel Pérez, quien se jubila el próximo 21 de octubre, dentro de cuatro días

 El director de la Policía, Francisco Pardo, justifica el cese en que las invitaciones se cursaron en su nombre sin que él tuviera conocimiento de ello

 La Policía invita a presentar un libro de ética a su exdirector procesado por corrupción Juan Cotino


Juan Cotino, el primero por la derecha, en la presentación del libro 'Ética policial y ciudadanía.'
Por Pedro Águeda
17 oct 201812:40

La Dirección General de la Policía ha destituido este miércoles al subdirector general del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez, por la presentación del libro  Ética policial y ciudadanía a la que se invitó a Juan Cotino, procesado por varios delitos de corrupción. El comisario principal José Manuel Pérez se jubilará dentro de cuatro días, el próximo 21 de octubre.

Cotino fue director general de la Policía entre 1996 y 2002 antes de desplazarse a la Comunidad Valenciana, donde ocupó la vicepresidencia del Gobierno de Francisco Camps y el cargo de presidente del Parlamento valenciano. Ahora, Anticorrupción pide para él 11 años de prisión por malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada.

A pesar de ello, Cotino fue invitado a la presentación del libro  Ética policial y ciudadanía, que ha sido escrito por un antiguo colaborador suyo en su etapa de director general. El acto tuvo lugar en la sala de prensa de Canillas, perteneciente a la Subdirección de Logística e Innovación. El exdirector general de la Policía se sentó en el estrado junto a la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Pilar Allúe, y al subdirector general del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez, ahora destituido. Todos son miembros de la Junta de Gobierno que ha nombrado el actual Gobierno socialista.

En parte de las invitaciones cursadas, las que se hacían a título personal, aparecía el nombre del director general de la Policía, Francisco Pardo. En la nota en la que se ha difundido el cese del comisario Pérez se dice que Pardo desconocía esas invitaciones y que se enviaron "sin su consentimiento". Además, responsabiliza de ello al subdirector cesado. Ha sido el propio Pardo el que ha propuesto el cese "por pérdida de confianza" en Pérez, que ha aceptado el ministro Grande-Marlaska, añade la nota.

"La Dirección General de la Policía considera que la presencia de Juan Cotino en el acto de ayer perjudica la imagen, el buen nombre y la trayectoria del Cuerpo Nacional de Policía", añade la nota de prensa.

Consultada por eldiario.es, la Dirección General de la Policía había asegurado el martes por la tarde que el acto había estado organizado por la Fundación Policía Española, con personalidad jurídica propia, y que Cotino ha sido invitado en su condición de patrono de la misma, como el resto de los que han sido directores generales.

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CASO TÁNDEM

La Fiscalía acusa a Villarejo de pagar a personal de banca para acceder a las cuentas de sus enemigos


El ministerio público sostiene que comisario jubilado utilizaba "técnicas de investigación carentes de la preceptiva habilitación legal", a través de personal de una entidad bancaria

El excomisario Villarejo
El excomisario Villarejo EFE
 TONO CALLEJA
PERFILEMAILTWITTER ALEJANDRO REQUEIJO
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18.10.2018 - 05:15
Los fiscales del 'caso Tándem', Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que investigan el "clan policial mafioso" encabezado presuntamente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, consideran que esta organización criminal recurrió a personal de banca, "al que pagarían dinero" para obtener los movimientos bancarios de las personas que investigaban para sus clientes, según consta en un escrito de 2 de octubre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que reclaman al juez Diego de Egea que vuelva a imputar a cuatro directivos del bufete Herrero y Asociados.


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El ministerio público denunció que Villarejo simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de 'inteligencia' para clientes: "Aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial".

Los representantes del ministerio público, que aluden en su escrito de 2 de octubre a nuevos audios interceptados en la casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, que salió de la cárcel tras abonar una fianza de 100.000 euros, creen que los directivos del bufete Herrero y Asociados, que contrataron los servicios de Villarejo para investigar a antiguos empleados del despacho, sabían que la trama policial utilizaba "técnicas de investigación carentes de la preceptiva habilitación legal, a través de personal de la entidad bancaria".

Datos reservados
Una grabación aportada por la Fiscalía constata que en la reunión grabada el 16 de enero de 2014, Villarejo y Redondo, representantes de la empresa de la trama Cenyt, "aportan a sus clientes múltiples datos bancarios de los socios de Balderip Law, que por su naturaleza son estrictamente reservados", completan los fiscales en el mencionado escrito.

En el mismo sentido, el Ministerio Fiscal resalta que los directivos del despacho de abogados, cuya imputación fue archivada por el juez De Egea, "son abogados en ejercicio", y que Villarejo y su socio "les exponen de forma expresa que esos datos deben permanecer ocultos, y que deben actuar como si nunca se los hubieran facilitado", como medida de seguridad.

Ignacio Stampa y Miguel Serrano no especifican en sus alegaciones dirigidas al juzgado la identidad del empleado que habría colaborado con el clan de Villarejo, y tampoco en qué banco trabaja. Sin embargo, en las transcripciones de la conversación se constata que el excomisario califica como "sorprendente" que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) no hubiera alertado de los movimientos bancarios de las personas que espiaba.

Villarejo aseguró, en concreto, sobre los movimientos bancarios de sus enemigos: "Hemos mirado en el Sepblac y eso no está, no está... ¿eh? Pues, o le han untado al director de ese banco o tiene una complicidad, o es más raro que le leche".

"La fase de dar caña"
Al ser preguntados en la conversación por "Ángeles", en referencia a una de las querelladas por la Fiscalía Anticorrupción que contrató a la trama, Villarejo y su socio destacan que las personas a las que querían investigar tenían sus cuentas en el BBVA "de la Calle de Alcalá" en Madrid.

"Hemos hablado a BBV y tenemos una relación muy tal con el BBV, y claro, tampoco queremos... eh, hasta que no estemos en la fase segunda que es de dar caña, puedes dotar a las cosas que obviamente se le puede incordiar y se le va a incordiar por la vía además...", dijo Villarejo, que después anunció sus intenciones: "Aquí hay denuncia penal, denuncia civil, denuncia en el mercantil, denuncia al Sepblac, se puede... una vez que, o sea el grado de tensión ya lo iréis marcando vosotros".

Y en ese momento del audio, el socio de Villarejo aportó más información de su forma de actuar presuntamente irregular a sus clientes: "La primera fase es la de captación de información. Termina en estas fechas. Estábamos esperando que hubiese terminado quizás en el mes de octubre... Hemos llegado hasta aquí, pero bueno, lo consideramos asumible. Ahora viene la fase dos que es rentabilidad, que empieza con la denuncia y continúa con todas las demás acciones".

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Aquí mando yo

La llegada de un nuevo capitán de la Guardia Civil sume al cuartel de Las Rozas en peticiones de traslado y bajas médicas
F. Javier Barroso
Madrid 21 OCT 2018 - 00:10 CEST   

El cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas, el más importante de la región, pasa por uno de sus peores momentos. Una veintena de agentes se encuentra de baja y la mitad de la plantilla ha pedido el traslado. El ambiente que se respira en este puesto (con unos 150 guardias) ha cambiado en los últimos meses, justo con la llegada del nuevo capitán adjunto a la compañía de Majadahonda, José Manuel Núñez. Este oficial ha implantado una disciplina militar que ha chocado con otros mandos y con los agentes, además de tener enfrentamientos abiertos con las policías locales.


La mala fama de Núñez le precede, sobre todo, desde que estuvo al frente del puesto de Daganzo y después de la compañía del Escorial. En ambos destinos, su forma de actuar siempre ha sido “muy autoritaria” y denigraba con frecuencia a sus subordinados. Estos se quejaron de que los patrullajes pasaran de siete horas y media a seis. En la práctica supone que los agentes trabajan seis días a la semana en lugar de cinco, según recuerdan dos asociaciones de la Guardia Civil. Eso supuso pérdida de tiempo libre y un mayor gasto en transporte para los afectados, con el consiguiente enfado.

La llegada de este capitán a la compañía de Majadahonda —que también incluye Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Brunete y Villanueva de la Cañada— se ha visto marcada por enfrentamientos con los guardias. A uno de Las Rozas le reprendió en público por un simple descuido al tutearle durante una conversación informal. También ha obligado a trabajar de madrugada haciendo identificaciones y cacheos a una guardia de más de 50 años destinada a las oficinas del puesto durante las fiestas patronales de Las Rozas. Sus detractores le acusan además de ser especialmente duro con las mujeres.

“Se va a producir una desbandada de agentes como alguien no ponga fin a esta forma tan dictatorial de mandar. No basta llegar con el ordeno y mando. La Guardia Civil no es como hace 30 años cuando valía todo”, afirman algunos agentes del puesto. “No se está trabajando en seguridad ciudadana. Muchas noches solo sale un coche patrulla para todo Las Rozas, lo que es prácticamente nada al tratarse de un municipio con tanta extensión”, añaden otros. La falta de personal es tal que a veces los guardias que están en la oficina de atención al ciudadano tienen que salir a patrullar. Regresan cuando un vecino acude al puesto a denunciar, tras ser avisado por el agente de puerta.

El enfrentamiento también ha llegado con las policías locales, a las que Núñez ha intentado quitar parte del trabajo que realizaban hasta ahora. Los mandos de la Guardia Civil han llegado a plantear que los agentes municipales no citen a los acusados de hurtos para los juicios rápidos en los juzgados de Majadahonda. “Al darse cuenta de que tenían que destinar varias patrullas para ese trabajo, sobre todo los fines de semana cuando les falta más personal, lo desestimaron”, recuerdan fuentes policiales.

En las fiestas de Las Rozas y Majadahonda, el capitán prohibió de malos modos que los policías municipales trabajaran de paisano, con el consiguiente enfrentamiento entre ambos cuerpos. El robo de teléfonos móviles se multiplicó por cinco en solo una noche. Hubo colas para denunciar estos hurtos. El pinchadiscos tuvo incluso que parar en más de una ocasión su actuación por los altercados que se registraron. El jefe de la Policía Local de Las Rozas, Manuel López, remitió sendos escritos de queja a la Delegación del Gobierno y a la Comandancia de la Guardia Civil por esta actuación.

Los mandos de la Guardia Civil niegan que se esté produciendo ese malestar entre el capitán, sus subordinados y las policías locales. Aseguran que el número de bajas en el puesto de Las Rozas no es tan alto —las cifran en 11— y que algunas se arrastran desde antes de la llegada de Núñez. Mantienen que su trabajo ha consistido en reconducir “algunas disfunciones” que se venían haciendo mal en los últimos años, entre ellos el patrullaje de paisano de la Policía Local. “Sólo pueden hacerlo para control de espectáculos, de botellón y de consumo de drogas y desde luego nunca para evitar el robo de teléfonos móviles en unas fiestas patronales”, asegura el comandante jefe accidental de la compañía de Majadahonda. “Núñez está cumpliendo las directrices marcadas desde la Comandancia de Madrid”, concluye este mando, que reconoce que se está estudiando cómo aumentar el número de agentes de servicio.
Este detenido es mío

El último enfrentamiento fuerte entre la Guardia Civil y la Policía Local de Las Rozas se vivió el primer fin de semana de octubre, cuando los agentes municipales habían detenido a un supuesto autor de un delito de violencia machista. Los guardias que estaban de servicio y que también acudieron al lugar de los hechos exigieron llevarse al arrestado, pese a que ya lo habían esposado los otros agentes. Argumentaron que habían recibido una orden de sus superiores en ese sentido y que lo iban a trasladar a sus dependencias. Se inició un rifirrafe entre ambos, con las correspondientes llamadas a sus respectivos mandos.

Según algunos testigos, se vivieron momentos de tensión porque los policías locales mantenían que debían realizar ellos el atestado en su sede y después pasar al detenido al puesto de la Guardia Civil. Los agentes del instituto armado se impusieron y se llevaron al supuesto autor.

Todos apuntan al capitán José Manuel Núñez en esta nueva forma de actuar. “Este se cree que está mandando la legión y trata a las personas como si fueran sus esclavos, en lugar de funcionarios con unos derechos”, afirman guardias de Las Rozas.

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Vaya...por 3000 la "básica" te lo hace que te cagas .


AUDIO | Villarejo y otro comisario planearon que policías rasos echaran a “hostias” a unos okupas por 3.000 euros


 Los comisarios querían ayudar a un empresario "amiguete" al que unos "piojosetes" habían ocupado una propiedad en el barrio madrileño de Vallecas

 "Un coleguilla de esos guarros sí lo hace... (policías) básicos, básicos…; Les dices que se llevan 3.000 euros y lo hacen que te cagas”, dice García Castaño

 La Fiscalía considera a Villarejo y El Gordo una banda criminal en la cúpula policial y la grabación revela ahora que se servían de policías de escala básica


Conversación grabada por Villarejo con el también comisario Enrique García Castaño
Por Pedro Águeda
23 oct 201823:10

Una conversación en 2005 entre los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos mandos de unidades especiales de la Policía en ese momento, extiende la sospecha de las presuntas actividades criminales en el seno del Cuerpo a agentes de la escala básica, de los que tienen encomendado el trato directo con los ciudadanos. En la grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los dos comisarios –imputados hoy por graves delitos– planean que agentes de la comisaría de Vallecas cobren 3.000 euros por desalojar con violencia el solar de un empresario amigo suyo.

El encuentro entre ambos comisarios se produjo el 19 de mayo de 2005 en el coche de Villarejo. En ese momento, Villarejo es agente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, una suerte de liberado al servicio de la cúpula del Cuerpo. García Castaño era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía pero que facilita medios de escucha y seguimiento, así como captación de información en fuentes, a otros agentes antiterroristas y también a otros dedicados a combatir el crimen organizado o la corrupción.

En un momento de la charla, Villarejo le recuerda a García Castaño algo que, según apunta la conversación incorporada al sumario de la Operación Tándem, ya le había avanzado con anterioridad. Un constructor amigo suyo tenía una propiedad en Vallecas que unas personas habían ocupado. El jefe de la UCAO le propone decírselo a policías conocidos que trabajan en Vallecas y darles 3.000 euros por que echen a los okupas a “hostias”.  García Castaño recomienda que lo hagan agentes “básicos”, en alusión a policías de la escala básica. A Villarejo le parece una buena idea. Él quería tener “un detalle” con los policías que agredieran a los okupas, pero el empresario, un tal “Felisón”, estaba empeñado en pagar.

Otra grabación de cinco meses después, concretamente del 12 de octubre de 2005, revela que los planes siguieron adelante. En ese audio, García Castaño asegura que su conductor Pedro, al que refiere como Pedrito, ha estado en el solar y que "ve muy fácil hacer una perrería". Y añade que "no hay ningún problema con montar una bronca" y que "lo ve chupao". Ambos comisarios acuerdan que el día que los policías vayan a sacar por la fuerza a los okupas tiene que haber máquinas cerca para derribar la casa y dos vigilantes jurado preparados para custodiar la demolición.

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La grabación, cuya transcripción fue adelantada por El Español, está incorporada a la causa que se sigue contra García Castaño por revelación de secretos, cohecho, blanqueo y pertenencia a organización criminal, y que el juez Diego de Egea desgajó del caso en el que Villarejo es el principal imputado. De momento, los comentarios referidos no son objeto de investigación, según han confirmado fuentes jurídicas. Los posibles delitos que se podrían haber llegado a producir estarían, en cualquier caso, prescritos, añaden.

Los desalojados iban a ser “tres o cuatro okupas”, unos “piojosetes”, según la descripción que hace Villarejo, quien lleva once meses en prisión provisional imputado por organización criminal, cohecho, blanqueo y revelación de secretos, entre otros delitos. Entre esa charla y su detención pasan doce años, tiempo en el que Villarejo fue condecorado por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy con sendas medallas pensionadas.

Villarejo explica a García Castaño que el empresario quiere deshacerse de los okupas sin esperar a una sentencia judicial, que puede demorarse “tres o cuatro años”. “Son jovencitos, deben ser españoles, se han metido y no hay manera”, explica el primero. Enrique García Castaño, conocido como ‘El Gordo’ en la Policía, cree que hay quien puede hacerlo: “Un coleguilla de esos guarros sí lo hace, básicos, básicos…”, en referencia a miembros de la escala básica, esto es, policías y oficiales. Un agente que tiene asignado como conductor, un tal Pedro, vive en Vallecas y puede conocer a los policías que se encargarían, cuenta. “Les dices que se llevan 3.000 euros y lo hacen que te cagas”.

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La Fiscalía Anticorrupción cree que ha dado en la Operación Tándem con un “clan policial mafioso” en cuya cúpula estaría el comisario José Manuel Villarejo Pérez, jubilado en agosto de 2016 tras 33 años en la Policía. Villarejo habría utilizado su condición de funcionario público para montar una estructura empresarial paralela desde la que ofrecía todo tipo de servicios a personas acaudaladas, desde dosieres para desacreditar a adversarios, extorsiones, chantajes… García Castaño está acusado de suminitrar información confidencial y reservada a Villarejo para que él elaborara los dosieres que luego vendía a la élite empresarial a precios desorbitados. Todas las piezas abiertas por la Operación Tándem salpican a empresarios.

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Los audios

https://m.eldiario.es/politica/AUDIO-Villarejo-comisario-planearon-Vallecas_0_828018313.html

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De los fondos reservados hasta Villarejo: así se financian las 'cloacas' del Estado

CNI, Policía, Guardia Civil, Defensa y Exteriores tienen 27,8 millones para sus trabajos más delicados.  El comisario llegó a tener decenas de firmas.
Fernando H. Valls
domingo, 30 septiembre 2018, 04:30
      

Cloaca, según la RAE: "Conducto por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones". En términos policiales son prácticas que emplean todos los gobiernos del mundo, "actuaciones necesarias -según un miembro de los servicios de Información- para que el Estado siga funcionando". Pero para esas "actuaciones necesarias" hace falta financiación y es ahí donde entra en juego los llamados "fondos de réptiles", una expresión acuñada por Otto von Bismarck tras ganar la Guerra Austro-prusiana en 1866. Ahora se llaman "fondos reservados".

Para seguir la pista a los "fondos reservados" hay que echar mano de los Presupuestos Generales. En las cuentas públicas de 2018 actualmente en vigor se puede observar cómo el Gobierno de Rajoy decidió aumentar esta controvertida partida en un millón de euros (3,7%) hasta alcanzar los 27,8 millones. Reciben fondos reservados cuatro organismos: el Centro Nacional de Inteligencia, que acumula el 71% de los mismos con 19,8 millones; el Ministerio del Interior (Policía Nacional y Guardia Civil) con 7,3 millones; Defensa, que recibe 500.000 euros; y Exteriores, con 186.310 euros. En los PGE se acaba la fiscalización de estas cuantías y entra en juego la libre disposición de los responsables de cada departamento.

Pero, ¿para qué se emplean realmente estos "fondos reservados"? Habla un agente de la Policía Nacional: "Se trata de una reminiscencia de la lucha contra el terrorismo de ETA y no existe ninguna publicidad de lo que se hace con ellos". Se remite a la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados en la que se establece que la fiscalización se realizará a través de "un control parlamentario directo" a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Es decir, "toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto, de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos oficiales". Es imposible, por tanto, conocer en qué se gastan los responsables políticos y los funcionarios estos 27,8 millones ya que todo lo que se trata en dicha Comisión está prohibido divulgarlo.
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Este secretismo (casi) absoluto ha provocado sonoros escándalos en los que el Estado se ha visto envuelto, como el caso Roldán. "El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas" es una frase que se atribuye a Felipe González y que demuestra que los diferentes gobiernos han tenido sus cloacas y han usado discrecionalmente los fondos reservados. De los GAL, al chivatazo a ETA en el bar Faisán pasando por los seguimientos y escuchas a políticos, jueces y empresarios. Ahora Pedro Sánchez quiere acabar con estas "cloacas del Estado", según ha desvelado Pablo Iglesias que le transmitió el presidente del Gobierno en una conversación privada.
Villarejo y los problemas con los comisarios de la Policía

Aparte de estos opacos fondos reservados, el Estado también ha recurrido a empresas privadas para, en ocasiones, realizar algunos trabajos que se encuentran en esa delgada línea que bordea la legalidad. Unas firmas que han sido las solucionadoras de algunos problemas. Método 3 e Interligere son los nombres de dos firmas que han trabajo codo con codo con los servicios de Información y de Inteligencia estatales. Y es, precisamente, en este ámbito de la seguridad privada  donde ha desarrollado su actividad el famoso comisario José Manuel Villarejo, un laureado agente de la Policía Nacional que en 1983 pidió una excedencia de diez años para dedicarse a sus negocios.
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Lo explica un agente de policía, ya jubilado, cercano al excomisario: "Villarejo montó varios negocios [llegó a tener decenas de sociedades] que le fueron muy bien: un parque temático en Córdoba, una consultoría, una clínica dental, una agencia de modelos... Y desde esas empresas colaboró con la Policía, que incluso le pidió hacer uso de alguno de sus negocios; así se ahorraban montar empresas a propósito". Quizá esto explique por qué se le permitió compatibilizar su labor en la Policía con dicho entramado empresarial. "Villarejo hacía esto porque le gustaba y a veces perdía dinero", añade su "amigo".

¿En qué grandes operaciones ha estado implicado el comisario de moda por los audios con la ministra Delgado? Villarejo volvió a la Policía Nacional en 1993. "Él siempre habla de la antigua operación de [detención] del traficante Al Kasar, de cuando convenció a De la Rosa para que testificara en contra de Pujol o de Vicky Álvarez [expareja de Jordi Pujol Ferrusola]". El "amigo" de Villarejo descarta otras operaciones con las que se le ha vinculado.
Cómo acabar con las cloacas del Estado

CNI, Policía Nacional y Guardia Civil utilizan fondos reservados pero la amplia mayoría de los escándalos mediáticos afectan a los agentes de azul. Un mando policial ofrece la siguiente explicación: "Los clanes más polémicos son comisarios que vienen del antiguo Cuerpo Superior de Policía, los antiguos 'chapas'; tenían unos métodos controvertidos y, mientras la sociedad se transformó, ellos siguieron haciendo las cosas a su manera". Por eso en los últimos años la palabra "chantaje" ha aparecido relacionada con este grupo de mandos policiales.

Los audios de Villarejo son para los policías consultados "un chantaje clarísimo". La solución para acabar con estas prácticas pasaría por un mayor control de esos "fondos de reptiles". "Tiene que regularse y haber una fiscalización, pero ningún Gobierno ha querido hacerlo". ¿Será Sánchez el presidente que acabe con esta opacidad?

   
 

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Las grabaciones del comisario
Villarejo amenazó a la Policía con destapar sus trabajos "atípicos"

El mando trató de evitar su cese de la Comisaría de Información con un escrito en el que hablaba de una “importante deuda nunca abonada”

Alejandro Requeijo

Tono Calleja

30.10.2018 - 05:15

El polémico policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, amenazó por carta a los responsables de la Policía ya en 1995 con revelar una serie de trabajos que había hecho durante el tiempo que estaba en excedencia y posteriormente en lo que describe como una “situación atípica” tras su reincorporación al Cuerpo. De este modo trató de evitar que le cesaran de su puesto en la Comisaría General de Información en la que prestaba servicios. 

“Que la persecución de la que me siento objeto me parece ‘kafkiana’ y por supuesto intolerable, que dado mi grado de responsabilidad no deseo, en principio, dar cuenta, ni publicidad de todos y cada uno de los trabajos que antes excedente y después en la situación atípica en activo he realizado para el Ministerio del Interior”, decía en ese documento al que ha tenido acceso 'Vozpópuli' y que lleva la fecha del 16 de enero de 1995.

Según esa carta, esos trabajos tenían una “naturaleza reservada y delicada”. Este periódico desvela este martes una conversación que mantuvo diez años después en la que aseguraba haber pactado 80 millones de pesetas de los fondos reservados a cambio de realizar labores como el espionaje sobre el editor y director de Vozpópuli, Jesús Cacho, y el entonces director del diario 'El Mundo' y actualmente en 'El Español', Pedro J. Ramírez.

En la carta explicaba que, estando en excedencia, se le informó de un proyecto para crear una Brigada Central de Inteligencia encargada de la "captación y análisis de información pura", en la que se le ofreció participar porque se necesitaba personal "de confianza" que realizara actividades "aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas, negocios dedicados a las más diversas actividades".

Villarejo permaneció diez años en excedencia (1983-1993) donde fundó un entramado de empresas. En la misiva precisaba que con la oferta de que volviese a la Policía lo que pretendían era "compensarle, en parte, una importante deuda nunca abonada". Finalmente fue destituido, pero se negó a firmar su cese, razón por la que se le abrió un expediente disciplinario. Villarejo recurrió ante la Justicia ordinaria, que cuatro años después le dio la razón.

[47ronin]

Vaya montón de mierda que está saliendo....



LAS GRABACIONES DE VILLAREJO
EEl Gordo' insiste en pedir permiso al Gobierno para hablar del uso de fondos reservados de Villarejo


El comisario Enrique García Castaño reclama al juez que pregunte al Consejo de Ministros si puede hablar de la utilización del dinero del Ministerio del Interior para pagar por la entrega de Luis Roldán

José Manuel Villarejo
José Manuel Villarejo
 TONO CALLEJA
PERFILEMAILTWITTER ALEJANDRO REQUEIJO
PERFILEMAILTWITTER
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31.10.2018 - 10:58
La publicación de los audios grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y que están incluidos en la Audiencia Nacional, generan "indefensión" al socio de este, el también comisario Enrique García Castaño, según consta en un escrito dirigido al magistrado Diego de Egea por el abogado que defiende al agente conocido como 'el Gordo'.


MÁS INFO

El excomisario José Manuel Villarejo.Villarejo se jactó de haber llevado a Paesa la recompensa por entregar a Roldán
Villarejo se jactó de haber llevado a Paesa la recompensa por entregar a Roldán
En concreto, 'el Gordo' alude a la información sobre el presunto pago de fondos reservados para la entrega del entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán: "Es necesario indicar que esta conversación igualmente estaría enmarcada en el contexto de una operación policial de seguridad nacional y de Estado, cuyas particularidades, en principio, no podrían ser reveladas por la citada prohibición que pesa sobre mi representado, el comisario García Castaño", destaca el documento.

El letrado asegura que en el caso del pago de Roldán, publicado por 'Vozpópuli' y por el diario Público, en la conversación se alude de forma expresa y clara al uso de fondos reservados: "Por lo que el señor García Castaño nuevamente queda impedido de ejercer plenamente su derecho a la defensa al no haberse acordado el necesario permiso para declarar al respecto del uso y destino de fondos reservados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gastos Reservados de 1995".

[47ronin]

Más....


https://www.vozpopuli.com/politica/Villarejo-audios-Cospedal-cobraba-PP-PSOE_0_1186382640.html

[Der Kaiser]

Y la Cospe seguirá ahí chupando del bote como si nada, a ver que dice Pablito Casado.

Villarejo tiene bien jodida a la vieja casta, es decir, PPSOE.

[47ronin]

UN INSPECTOR DE POLICÍA NACIONAL INTIMIDA AL COORDINADOR GENERAL DE ARP EXHIBIENDO UN REVÓLVER


Se trata de un inspector que el Comisario Provincial de Alicante, Alfonso Cid Alguacil, designó como unos de los policías que la Generalitat Valenciana, con ocasión del Día de la Policía Autonómica, el pasado mes de septiembre, condecorara a propuesta suya. Al respecto se hizo eco, en noticia con fotografía publicada, un medio de comunicación local. En dicha noticia aparecían comisario e inspector en un posado junto al Ministro del Interior. Dicha noticia, que también cubrió otro medio de comunicación, pero diferentemente siendo crítico con una de las concesiones de medalla (precisamente no con la del inspector aludido) sino con la del responsable del gabinete de comunicación provincial, y de la que se hizo eco la Agrupación Reformista de Policías en las redes sociales, en su legítimo derecho a expresar libremente decisiones que nazcan o afecten a la nefasta labor policial al frente de la Comisaría Provincial del Comisario Cid, fue utilizada como excusa para atacar al coordinador general de ARP. El polémico inspector parece ser que de manera “extrañamente” equivocada se dio por aludido respecto a las críticas que desde el medio de comunicación se hacían a otra persona. También es sospechoso que todo esto ocurra en el preciso momento en el que desde la Agrupación Reformista de Policías se ha encabezado la denuncia, de la que tienen conocimiento Administración, Ciudadanía, Policías, Políticos y Prensa, sobre la realidad del ambiente existente entre los funcionarios y los sindicatos policiales en la plantilla alicantina, que cabe recordar, ha provocado la solicitud del cese del comisario Cid por parte de la mayoría de sindicatos policiales, al Ministro del Interior, y al menos por escrito, por la Agrupación Reformista de Policías.


El inspector referido, el pasado día 19/9/2018, irrumpió en actitud agresiva y vociferando en en unos de los despachos de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, concretamente en el Grupo de Homicidios, donde desarrolla su labor profesional, el Coordinador General de la Agrupación Reformista de Policías, Luis Miguel Lorente Moreno, dirigiéndose al mismo mientras se encontraba desempeñando su labor en su puesto de trabajo, exhibiendo un revólver, arma no reglamentaria del cuerpo, dando un fuerte golpe con dicho revólver en una mesa de trabajo a escaso un metro del coordinador, en presencia de varios testigos, con total desprecio en tono y formas, buscando amedrentar y buscando la confrontación que, evidentemente no consiguió. Haciendo gala de extemporáneas “exigencias personales”, en defensa de interesadas y nada extrañas posiciones a favor del Comisario CID.


Este Inspector defendió la gestión del Comisario CID, como así reconoció el día de los hechos, gestión que es conocida por el resto de la plantilla policial y que sin lugar a dudas está creando indignación y repulsa entre los policías de a pie que a diario se encuentran en unas condiciones laborales de máximo riesgo por la falta de efectivos en dotaciones esenciales para la prevención de la seguridad ciudadana, como es el 091 ( Grupos de Atención Al ciudadano ) mermados y discriminados profesionalmente por la gestión y reformas del servicio por parte del citado Comisario que como se sabe, está siendo tratada por partidos políticos, asociaciones de vecinos y colectivos como CC.OO y UGT, relacionados con el sector de la seguridad en la ciudad de Alicante.


La Agrupación Reformista de Policías, ha presentado Recurso de Alzada a la decisión del Comisario Cid por ordenar, ante la obligada puesta en conocimiento de estos graves hechos por parte de nuestro coordinador general, la incoación de un expediente sancionador, además de a la persona denunciada, injustamente al denunciante legítimo de la execrable situación vivida. ARP considera que la decisión del Sr. CID es contraria a derecho, toda vez que de la descripción de los hechos pudieran considerarse los mismos como constitutivos de varias infracciones graves desde el punto de vista disciplinario, reservándonos las acciones que sean necesarias en otras instancias. La resolución del Comisario Cid, es nula de pleno Derecho, y por tanto, consideramos subsidiariamente su anulabilidad.


La visión evidente y decidida de utilizar cualquier acción que pueda ser perjudicial contra el Coordinador General de ARP, llevada a la práctica por determinados mandos en la Comisaría Provincial alicantina, puede extraerse del discurso empleado por el Comisario CID, el pasado día 2 de Octubre con ocasión del Día de la Policía, donde en su arenga pública manifestó “defendiendo” su difícil situación profesional y política que, había policías, buenos y policías malos en la Comisaría Provincial que estaban creando mal ambiente, todo ello referido con la intención de poder dividir a la plantilla policial y a los sindicatos policiales solicitantes de su cese, justificando de esa manera el expediente vergonzosa e injustamente abierto al Coordinador General de ARP.


No vamos a consentir que en este caso, el Inspector causante de estos hechos, quiera hacer de manera instrumental e interesada uso en su defensa, involucrando a su sindicato, en este caso en su condición de delegado del SUP, para que el Consejo de Policía y su organización le ampare ante un eventual proceso disciplinario, para intentar salir indemne profesionalmente de una acción repudiable a todos los efectos.


La Subdelegada del Gobierno de Alicante, Doña Araceli Poblador, con anterioridad a estos hechos fue advertida por la Agrupación Reformista de Policías, entre otros asuntos, sin que hasta la fecha haya dado respuesta a la reunión solicitada por este sindicato. Nos gustaría saber su opinión política al respecto como cargo progresista en una Administración que entendemos solidaria con los trabajadores más desfavorecidos, en este caso un sindicato nacido y perjudicado por varias acciones puntuales de este tipo de mandos policiales designados políticamente por la anterior administración, entre ellas, la retirada de los tablones informativos en dependencias policiales para que no se pueda conocer el trabajo de ARP, y sustentando la grave situación de deterioro institucional que existe en la Comisaría Provincial de Alicante, que da lugar a que un Inspector de Policía Nacional pueda permitirse intimidar al legítimo Coordinador General Nacional de un sindicato Policial, en su horario y puesto de trabajo profesional.


En Alicante, a 03 de noviembre de 2018


El Órgano Coordinador
http://www.arpol.es/actividad/comunicados/un-inspector-de-polica-nacional-intimida-al-coordinador-general-de-arp-exhibiendo-un-revolver

[47ronin]

HOY....UN POQUITO MÁS.

RAJOY DIJO SI


https://www.vozpopuli.com/politica/Rajoy-acuerdo-encargos-Villarejo-Cospedal_0_1188182562.html

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Las grabaciones del comisario
Las cinco preguntas y respuestas sobre Villarejo que todo el mundo se hace

Ha provocado dolores de cabeza a más de un político, empresario y policía. Pero, ¿quién es este comisario? ¿Por qué se habla tanto de sus audios? ¿Quiénes han sido salpicados por sus grabaciones? Aquí, una lista con las principales preguntas y respuestas
Liliana Ochoa


08.11.2018 - 05:15

José Manuel Villarejo. Lleva un año protagonizando titulares. Sus audios han provocado dolores de cabeza a más de un político, empresario y policía. En el último año, hasta al rey Juan Carlos I se ha visto involucrado en la historia. Y esta semana la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dimitió a su cargo en el partido y a su escaño en el Congreso de los Diputados. En Vozpópuli hemos preparado una lista con las preguntas y respuestas sobre Villarejo que todo el mundo se hace.


¿Quién es?


José Manuel Villarejo Pérez. Nacido el 3 de agosto de 1951. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, al que ingresó en 1972, salió en 1983 y se reincorporó en 1993. Empresario. En prisión desde noviembre de 2017; precisamente, por estar acusado de mezclar -durante sus 10 años de excedencia- su carrera policial con la de detective privado. Según la Fiscalía Anticorrupción, el cabecilla de un “clan policial mafioso” que “infectó” el CNP.

En palabras del propio Villarejo, en un audio del 13 de noviembre de 2005 al que ha tenido acceso Vozpópuli, es un policía que “nunca” pensó en dedicarse a la investigación; que pidió la excedencia porque estaba “hasta los huevos de todo”. “Terminé de secretario general, peleado con todos. Tenía un piso, que lo vendí, y con el dinero que me dieron me fui de alquiler y monté mi empresa”, señala en la conversación con el también comisario Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’.

Diez años más tarde, Villarejo alardea de sus negocios en un audio en el que se le escucha hablar con Corinna zu Zayn-Wittgenstein -la examiga del rey emérito Juan Carlos I-. “Algo habrás intuido que no soy tan tonto como aparento. Yo el tema no tengo muy resuelto, muy bien estructurado. Entonces has visto que El País me ha atacado, el diario El País, una semana, ¡las sociedades!, ¡las cuentas!... Ni el 10% han descubierto, son muy tontos, afortunadamente”, apunta el comisario.
¿Por qué se habla tanto de sus audios?

Varias conversaciones grabadas por Villarejo han sido publicadas por distintos medios de comunicación en los últimos meses, incluido Vozpópuli. Las acusaciones de diferentes políticos de que el comisario realizó las grabaciones de forma ilícita no restan interés público e informativo a su contenido; siempre y cuando se ofrezcan en el contexto adecuado y explicando al lector el origen de cada uno de los audios.
¿De qué se le acusa?

Villarejo fue detenido en noviembre de 2017, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Tándem, llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Estremera.

El caso Tándem cuenta -hasta ahora- con seis piezas a cargo del juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6, Diego de Egea. La primera lleva por nombre Guineanos; sobre trabajos de espionaje contratados por el presidente de Guinea. La segunda es Iron, que investiga la contratación de Villarejo para espiar a un bufete de abogados.

Villarejo alardeó con Cospedal de que al PP no le cobraba y al PSOE sí
Villarejo alardeó con Cospedal de que al PP no le cobraba y al PSOE sí

Le siguen la pieza Land -en la que Susana Cereceda, dueña de La Finca de Pozuelo, pagó para espiar a su hermana- y la pieza Pit, sobre los intentos del comisario de frenar la extradición de un empresario a Guatemala. Las dos últimas piezas son: Carol, sobre los audios en los que se habla del rey Juan Carlos I y sus cuentas en Suiza; y Pintor, que involucra, entre otros, a Juan Muñoz, esposo de Ana Rosa Quintana.

Adicionalmente, el juez investiga una pieza independiente sobre el comisario García Castaño, en la que también está imputado Villarejo.
¿Quiénes han sido salpicados por sus grabaciones?

El comisario ha amenazado en diferentes ocasiones con publicar información vinculada a diferentes cúpulas de poder, tanto empresariales como sociales y políticas e, incluso, al propio Cuerpo Nacional de Policía. "Si yo hablo caen todos", decía Villarejo. Hasta ahora, los nombres que destacan en la lista de 'salpicados' por sus grabaciones son:

El rey Juan Carlos I.
El rey Juan Carlos I. GTRES

    Corinna zu Sayn-Wittgenstein: se difundieron varias grabaciones en las que se escucha a la empresaria; en unas, asegura que el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza para blanquear su patrimonio; y en otras, recurre a Villarejo para salvar la carrera de un dirigente de británico cercano a David Cameron que tenía problemas con Hacienda.
    Don Juan Carlos I: ha sido salpicado por las afirmaciones de su examiga; sin embargo, el juez De Egea archivó la pieza tras la petición del Ministerio Público, que apelaba a la inviolabilidad del rey emérito.
    Dolores Delgado: la ministra de Justicia aparece en varias de las grabaciones; en concreto, en las que corresponden a la comida que el 23 de octubre de 2009 tuvo con el comisario y el juez Baltasar Garzón. Delgado fue reprobada por el Senado y el Congreso de los Diputados por su vinculación con el alto mando.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado. Efe

    Baltasar Garzón: el magistrado asistió a la mencionada comida con Villarejo y, según el propio comunicado del Ministerio de Justicia, fue él quien le insistió a Delgado que acudiera a la reunión.
    María Dolores de Cospedal: es una de las últimas afectadas. La 'popular' ha renunciado a su cargo dentro de la dirección del PP y a su escaño en el Congreso de los Diputados tras la publicación de los audios que la involucran a ella y a su marido, Ignacio López del Hierro, en reuniones con el comisario para tratar de minimizar los daños de latrama Gürtel en el partido, así como para investigar al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cospedal y su marido ordenaron a Villarejo investigar al hermano de Rubalcaba
Cospedal y su marido ordenaron a Villarejo investigar al hermano de Rubalcaba VP

    Inditex: alguien de Zara (Inditex) se había puesto en contacto con García Castaño, socio de Villarejo, para conocer 'trapos sucios' de Pablo Islaantes de su nombramiento como consejero delegado de la compañía.
    BBVA: Villarejo hurgó en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián para la entidad bancaria.
    Antonio Ruiz-Gallardón: según el sumario al que ha tenido acceso este diario, el comisario aseguró que el exalcalde y expresidente madrileño tenía la intención de formar un partido político con el constructor Luis García Cereceda.
    Susana García Cereceda: fue clienta de Villarejo y protagoniza Land, una de las piezas del caso Tándem.

    Si yo hablo caen todos", decía Villarejo

    Juan Muñoz, esposo de Ana Rosa Quintana: fue detenido y dejado en libertad por presuntamente haber contratado al comisario para cobrar una supuesta deuda a Mateo Martín Navarro.
    Carlos Salamanca: excomisario del aeropuerto de Barajas y amigo de Villarejo. Anticorrupción pidió la reapertura de la pieza en la que está involucrado; el juez decidió archivarla.
    Enrique García Castaño, alias 'El Gordo': es quien acompaña a Villarejo en gran parte de los audios judicializados por la Audiencia Nacional. Fue comisario de policía y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Detenido en el marco del caso Tándem.

¿Cuánto dinero hizo Villarejo con sus empresas?

La cifra exacta aún es incierta. Al menos hasta 2015 el mando policial contaba con unas 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros, según publicó El País. Este último año se han ido añadiendo montos a la cuenta: desde bufetes de abogados con pagos de 300.000 euros hasta al menos 5 millones facturados por el BBVA, de acuerdo a información difundida por El independiente.

En un escrito de la Fiscalía del 14 de agosto de este año, el magistrado del caso mandó a buscar en siete países la fortuna oculta de Villarejo. En el documento se cifra en unos 5,5 millones de euros la facturación de las sociedades creadas por Rafael Redondo, socio del comisario. El pasado 5 de noviembre, el juez ratificó la decisión de embargar las propiedades y mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Villarejo.

[47ronin]

Cada vez huele peor....



Las grabaciones del comisario

Villarejo incluyó entre sus trabajos con fondos reservados la compra de una casa para Felipe González

Un portavoz del expresidente del Gobierno socialista rechaza explicar los hechos a este diario: "No vamos a hablar de Villarejo", aseguró a preguntas de Vozpópuli

Tono Calleja

Alejandro Requeijo

12.11.2018 - 05:15

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de un año, aseguró a su socio Enrique García Castaño el 25 de octubre de 2005 que entre los trabajos que llevó a cabo a cargo de los fondos reservados del Ministerio del Interior estuvo la compra de una vivienda para el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, según consta en la grabación de la misma fecha a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esa fue "una de las miles de cosas" que según se puede oír en la grabación de Villarejo hizo este policía a cargo de los fondos públicos: "No sé cuántos pagos del PSOE, o sea pagos de la casa al presidente del Gobierno de la época, [Felipe González], corrupciones, una lista", explicó el agente a su socio García Castaño, conocido con el sobrenombre de 'el Gordo'.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con un portavoz del expresidente del Gobierno socialista (1982-1996), Felipe González, que ha rechazado hacer algún comentario sobre el supuesto pago de fondos reservados al comisario jubilado José Manuel Villarejo: "No vamos a hablar de Villarejo", sentenció el portavoz.
Julio Feo y fondos reservados

En el mismo sentido, el experto en márketing Alfredo Fraile Lameyer revela en su libro 'Secretos confesables' (Península) que él mismo y los empresarios conocidos como 'los Albertos' (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) utilizaban al también empresario Quique Sarasola para que intercediese ante Felipe González por Javier de la Rosa: "Un día, Felipe González quería dimitir y Sarasola nos propuso comprarle un piso que luego se quedó Julio Feo. Nos citó en el Hotel Villamagna. Allí estaban los Albertos, Álvaro Álvarez, socio y vecino de Sarasola, y Javier de la Rosa", según especificó el conocido mánager de Julio Iglesias y asesor de Adolfo Suárez en una entrevista concedida a los periódicos de la Editorial Prensa Ibérica.

En sus memorias tituladas 'Déjame que te cuente', Julio Feo, que fue secretario general de Presidencia en La Moncloa entre 1982 y 1987, asegura que Felipe González autorizó y consintió el pago de sobresueldos a altos cargos socialistas con cargo a los fondos reservados del Estado. El propio Feo reconoce que él mismo cobró de los fondos reservados con la expresa autorización de González, según consta en una entrevista concedida a El Confidencial.

En la grabación, Villarejo también habla de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) con los que "un director general" se habría quedado: "Y dijo: si me echáis doy la lista, porque además los tíos firmaban un recibo de la pasta, el Sukarno y el otro, entonces, o tener una María en su casa", completó el comisario jubilado. El dictador de Indonesia Ahmed Sukarno falleció en 1970, y le sucedió Haji Suharto.

En su narración, Villarejo explica también que los agentes que trabajaron con él rechazaron hacer el trabajo vinculado al mencionado director general. "Yo tuve una reunión. [Inaudible] Cecilio tú vas a hacer (inaudible) pero como te cacen a ti y a tu gente es tu responsabilidad. Le metí la María, la saqué y tal.. entonces, operaciones de esas, con la diferencia de que tú siempre contabas con el apoyo del (inaudible) y yo estaba en la clandestinidad pura y dura", completó Villarejo a García Castaño.

Villarejo incluye entre los trabajos que habría realizado a cargo de los fondos reservados el del banco Ibercorp, que saltó en 1992 con el descubrimiento de una cuenta opaca de 130 millones de pesetas (780.000 euros) a nombre del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio y la concesión de una línea de crédito del Banco de España de 5.400 millones de pesetas (32,4 millones de euros) al Banco Ibercorp, cuyo presidente era Manuel de la Concha.
Juan de Justo

Ibercorp fue un entramado de sociedades que escondieron 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) por lo que posibilitaron entre 1985 y 1994, actividades especulativas de Bolsa que generaban importantes plusvalías a los asociados de De la Concha, que por su cargo, disponía de información privilegiada.

En la grabación, 'el Gordo' también alude al pago de fondos reservados a los policías: "Agustín [Linares] cobraba un doble sueldo, José Luis Martínez cobraba de sobre lo mismo que cobraba de sueldo, a mí me lo contó Juan de Justo, que era el secretario de [Rafael] Vera", completó Garcia Castaño.

El Tribunal Supremo confirmó en 2009 la condena de la Audiencia Provincial de Madrid de un año y medio al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, y redujo a seis meses la de su secretario Juan de Justo por un delito de malversación de caudales públicos en el conocido como 'caso de los maletines', vinculado al pago de fondos reservados a las mujeres de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por los GAL.

[47ronin]

Cese en la Guardia Civil de Laguna por "bajo rendimiento"


D.V. - lunes, 12 de noviembre de 2018
AUGC denuncia la decisión de la Comandancia de destituir al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Laguna de Duero
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado públicamente el cese este lunes del equipo de policía judicial de Laguna de Duero, que hasta ahora se hacía cargo del servicio en el partido judicial de Valladolid capital y de la mitad del partido judicial de Medina de Rioseco, justificado por razones de falta de rendimiento policial.

Responsables de la AUGC, en declaraciones a Europa Press, han expresado su rechazo a la medida adoptada por el teniente coronel y jefe de Operaciones de la Comandancia, quien habría justificado la misma, según las mismas fuentes, en la inexistencia desde 2016 de investigaciones u operaciones en curso por parte de los integrantes del equipo de policía judicial.

La medida afecta directamente a los tres agentes titulados y uno sin titulación específica que prestaban hasta este lunes dicho servicio de policía judicial--el catálogo del equipo está integrado por cinco puestos, de ellos uno vacante sin cubrir, otro en excedencia y otro de baja por enfermedad--en tareas de inspecciones técnicas oculares, levantamiento de cadáveres, comisiones judiciales, reseñas de detenidos, custodia de muestras...etc. Se trata de profesionales titulados con más de 35 años de experiencia que con su criticado cese, del que se ha librado la jefa de la unidad, una cabo en excedencia, "pierden su destino y se convierten en desterrados", critica la AUGC, pues tendrán que optar a otras plazas vacantes en la provincia, para las que contarán con prioridad, pero que no podrán ocupar hasta que las mismas sean convocadas.



RECURRIRÁN. Los afectados ya han anunciado su intención de recurrir por vía interna y, en caso de respuesta negativa, acudir a la vía de lo contencioso-administrativa para reclamar sus puestos de trabajo, reivindicación en la que se encuentran apoyados por la AUGC, cuyos responsables advierten de que si la verdadera razón es la ausencia de investigaciones u operaciones en curso desde 2016, quien tendría que ser cesado es el capitán de la policía judicial. Y es que recuerdan que el Plan de Actuación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial establece que, dentro de las funciones de los equipos, las investigaciones las encomienda el capitán de la unidad orgánica. "Si es así, a quien hay que cesar entonces es al capitán", insisten, al tiempo que alertan de que el cese del equipo de policía judicial de Laguna supone de facto que en estos momentos "no hay equipo para realizar inspecciones oculares ante hechos delictivos contra el patrimonio y la vida en el alfoz de Valladolid".

Al mismo tiempo, desde la AUGC se expresa su preocupación ante la "deriva" de la Comandancia de Valladolid como consecuencia de esta última decisión y las anteriores, como el anunciado cierre durante cuatro de los cinco días laborables de la semana del Servicio de Atención al público en el cuartel de la Guardia Civil de Boecillo.

[47ronin]

La grabaciones del comisario
‘El Gordo’ reveló a Villarejo quién cobraba sobresueldos en la Policía de Felipe González

El exsecretario de Estado Rafael Vera admite el pago de "gratificaciones" a directivos del Cuerpo y a efectivos policiales implicados en la lucha contra ETA: "Probablemente García Castaño también cobró".

Alejandro Requeijo

Tono Calleja


14.11.2018 - 05:15

El comisario Enrique García Castaño, conocido como ‘el Gordo’ en la Policía, le reveló a su compañero José Manuel Villarejo que altos directivos del Cuerpo habían cobrado sobresueldos en B durante el Gobierno de Felipe de González. Así se escucha en un audio al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ en el que García Castaño llega a decir el nombre de algún mando que cobraba en sobres la misma cantidad que su sueldo oficial, entre ellos el exsubdirector operativo de la Policía, Agustín Linares.

La charla mantenida en 2005 y grabada -como todas- por el propio Villarejo abordaba los primeros años del polémico policía en el Cuerpo tras su regreso de una larga excedencia. Contaba Villarejo que a mediados de los noventa sufrió una persecución interna ante la que tuvo que “enseñar los dientes” para defenderse.

En ese contexto, Villarejo citó al entonces subdirector operativo de la Policía Agustín Linares, una vez más como su persona de confianza y la única que sabía que nunca iba a “derrotar”. Con esa expresión se refería a hacer públicos todos los encargos que había realizado por orden de sus superiores. “Si yo hablo, los meto a todos presos”, dijo Villarejo.   

Es en ese momento cuando García Castaño le hace un apunte a Villarejo acerca de Linares y otros altos mandos policiales de la época. “Agustín (Linares) no se puede quejar (...) Agustín cobraba en B dos sueldos eh, él y Jesús Martínez. Él era de los que más cobraba, él y Jesús Martínez y después la Junta de Gobierno. Cobraba de sobres lo mismo que cobraba de sueldo. A mí me lo contó Juan de Justo, que era el secretario de [Rafael] Vera", completó Garcia Castaño.
Linares: "Eso es mentira"

Jesús Martínez Torre fue comisario General de Información y la Junta de Gobierno de la Policía es el máximo órgano operativo del Cuerpo, integrado por los responsables de todas las comisaría centrales. Este periódico se ha puesto en contacto con varios de los aludidos por García Castaño, entre ellos Agustín Linares. “Eso es mentira”, asevera el exmando policial, que hace semanas firmó un texto en defensa de Villarejo que fue remitido al juez que le investiga en la Audiencia Nacional, Diego De Egea.   

"Enrique García Castaño no tiene ni idea porque en esa época solo era un inspector”, declara Linares a ‘Vozpópuli’. No obstante, admite una información publicada en su día por El País, según la cual, cobró seis millones de pesetas (36.000 euros). Lo admitió el propio Linares en calidad de imputado ante el juez que investigaba el uso de fondos reservados en la época socialista.

Linares explicó que ese dinero se lo había entregado Vera, pero lo enmarcó en una recompensa por su dedicación en “cuerpo y alma” a la Policía. El exmando policial pone ahora en valor que nunca llegó a ser siquiera juzgado por estos hechos.
Vera: herencia de UCD

‘Vozpópuli’ también ha hablado con el propio Vera, quién no tiene ningún reparo en reconocer la existencia de pagos paralelos al propio sueldo de funcionario, una práctica que -dice- se heredó de los tiempos de Gobierno de UCD. A su entender “no es nada nuevo y ya se investigó”. El que fuera secretario de Estado de Seguridad prefiere hablar de “gratificaciones” por el tiempo de dedicación y los riesgos en la época más dura del terrorismo de ETA.

Vera confirma que ese dinero se pagaba tanto a los mandos en Madrid como a los operativos en primera línea antiterrorista en el País Vasco. “Probablemente García Castaño -al que Vera se refiere como ‘Blasillo’- también cobró”, apunta al tiempo que recuerda que por aquellas prácticas el único condenado fue él.

En realidad, el año 2002 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vera junto a otros cuatro altos cargos del Ministerio del Interior a penas de entre diez meses y siete años de cárcel por sustraer 775 millones de pesetas (465.000 euros) procedentes de los fondos reservados. La sentencia consideraba probado que “una pluralidad de funcionarios” de las fuerzas de seguridad del Estado se habían beneficiado de gratificaciones y retribuciones, si bien esta parte no fue objeto de acusación durante el juicio.

[47ronin]

Poli malo poli bueno
Por
Luis Miguel Lorente Moreno -
11/10/2018 0


El primer título barajado para este artículo se denominaba “el mal de altura”, y con ello quería referir, según se bucea en internet, a “la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud. Un trastorno cuya gravedad está en relación directa con la velocidad del ascenso y la altitud alcanzada”.

Expresión utilizada como “recurso literario” para comparar con aquellas personas con las cuales a lo largo de nuestras vidas nos topamos, y que ya sea por sus rápidos ascensos, llevar demasiado tiempo en sus cargos o por simple incompetencia tenemos la desgracia de sufrirles.

Ya sea en el trabajo o en la política, es difícil no cruzarse con estos especímenes en los que se puede fácilmente observar los efectos perniciosos de la llegada o permanencia en zonas elevadas.

Inmediatamente se les localiza por lo conflictivo de sus caracteres, generadores de polémica o crisis allí donde se encuentren si no se salen con la suya o por salirse con ella, manipuladores, de actitudes vengativas y que parapetados en sus torres de marfil víctimas de una especie de síndrome de la Moncloa a pequeña escala, provocan el descontento generalizado entre sus subordinados por su gestión.

Desde el estatus que les supone su elevada posición disponen de las vidas de los demás como si en vez de tratarse de personas estuvieran tratando con simples peones, todo ello en un ejercicio diario de falta de empatía.

Hay un perfil dentro de la Policía de mandos autoritarios, de rancio abolengo militarista, que no casa con la concepción de una Policía civil y moderna, de una Policía acorde con la nueva época que vivimos.

Entre este grupo de jefes nos encontramos con los mandos cortijeros, que dirigen los designios de su competencia, siempre rodeados de aquellos tiralevitas que nunca les cuestionan, ya sea para poder recoger los insanos frutos de su “prostituida” dignidad o para poder campar a sus anchas bajo el ala protectora del mal jefe.

Siempre se aprovechan y alimentan estos mandos de la dejadez de aquellos “cómplices indirectos” que miran para otro lado pero que a la hora del café echan pestes sobre su incompetente gestión.

Presionan a aquellos que les hacen frente ya sea a través de sus terminales, de campañas de desprestigio interno, de repugnantes listas negras y de falsedades camufladas en el odio que les despierta el no saberse intocables cuando la verdad y los hechos contrastados les ponen en la palestra de su propia ignonimia.

Presionan a través de la utilización del miedo porque no tienen la capacidad de seducir con su liderazgo más allá del poder que les dan sus propios cargos, los cuales les vienen grandes.

Se hacen investir de la aureola de defensores de las esencias de la función policial cuando son el mayor ejemplo de lo que hay que cambiar y prescindir para realmente ofrecer un servicio a la ciudadanía de auténtica calidad. Forman junto a sus acomodados “correlegionarios” una especie de “dictadura de los clanes afectos”, proselitista de un corporativismo mal entendido que pretende solucionar los problemas internos de la Policía a través de la ley del silencio y que acusan de “cáncer del Cuerpo” a los que ponen luz y taquígrafos como terapia sanadora de las críticas situaciones que provocan.

Son de ese tipo de mandos que desarrollando una actitud pueril y reduccionista dividen a los policías en buenos y malos, incardinándose ellos por eliminación en el sector benévolo, y a sus detractores dejándoles en el peor lugar que les permita falsariamente, continuar creyéndose su propia mentira.

La ceguera que provoca “el mal de altura” y la falta de capacidad de autocrítica permite que mandos de esta índole no entiendan que no es de polis malos o polis buenos, el denunciar la mala gestión de cargos públicos, sino que es una obligación que nace del compromiso social y de una verdadera gestión reivindicativa desde la más pura y genuina acción sindical.

En la Policía, la solución de los problemas, según el libro de estilo de los mandos retrógrados, se realiza de manera interna. Pero lo que hacen es tapar y continuar como si nada hubiese pasado para que todo siga igual y no avancemos.

Desde la óptica de una auténtica lucha de mantenimiento y consecución de derechos profesionales, como la que realizamos diariamente en la Agrupación Reformista de Policías (ARP), en íntima relación y sintonía con una adecuada prestación del servicio a una Ciudadanía a la que nos debemos como policías, la gestión se debe efectuar con máxima transparencia, haciendo partícipes a policías, políticos, medios de comunicación y ciudadanos, para que realmente todo el tejido social sea consciente, identificando a los funcionarios y mandos incompetentes para que sean sustituidos por aquellos que puedan desempeñar impecablemente su trabajo.

Ha llegado el momento en el que los y las policías de España debemos ser conscientes que hay que acabar con los privilegios de esos clanes que en determinadas comisarías, por estar afectos y solidarios a mandos incompetentes o de otras épocas a olvidar, y por intereses espurios o simplemente egoístas tienen a su alcance todas las bendiciones profesionales (puestos de trabajo golosos, concesión de medallas, etc), mientras que hay una mayoría silenciosa que sufre la “dictadura” que va corroyendo la ilusión con la que entraron en esta digna profesión de servicio a los demás.

Tenemos que empezar a abrir las ventanas de la Policía, y así lo anunciamos en ARP ya desde su fundación a finales del año 2016, para que a través de denunciar todas las conductas perniciosas, las decisiones arbitrarias, los privilegios auto-atribuidos, las injusticias enquistadas y los vicios del pasado, acabemos con este pesado lastre que nos impide prosperar a una nueva sociedad de futuro.

La Ciudadanía española se merece que entre aire fresco en nuestra querida Institución, y que alejados de las manipulaciones de mandos incompetentes, infantiles y maniqueos, nos esforcemos en conseguir una Policía repleta de policías capaces de poder pelear en sus centros de trabajo por sus propios y legítimos intereses, superando la tiranía del miedo y que por extensión, puedan ofrecer la mejor protección de los derechos de todas las personas integrantes de la sociedad que les ampara.


 

[47ronin]

Acoso a un policía por opinar en Diario16

El coordinador de la Agrupación Independiente de Policías, Luismi Lorente Moreno, se ve sometido a una expediente por un artículo de opinión publicado en nuestro medio digital
Por
María José Pintor Sánchez-Ocaña -
12/11/2018 2


El oficial de Policía, Luismi L. Moreno.

El coordinador general de la Agrupación Reformista de Policía, Luismi Lorente Moreno, se enfrenta por parte de su comisario en Alicante a un segundo expediente sancionar. En esta ocasión, por publicar este artículo en Diario16:

El comisario, jefe del oficial de policía Luismi Lorente Moreno, que a su vez es el coordinador general de la Agrupación Reformista de Policías, alega en el expediente que el oficial “repartió en horario de servicio, una tarde de octubre, el artículo impreso publicado en Diario16, dejando su puesto de trabajo y alegando que era el único agente que estaba en ese grupo de servicio”.

También se le acusa de molestar a compañeros de otros servicios de la Policía al entregar su artículo para darle difusión.

El oficial Moreno por su parte, que reconoce que repartió entre varios compañeros su artículo de opinión de Diario16, asegura que “es falso que sólo estaba yo de servicio, había otros compañeros. Además, utilicé mi momento de descanso y no alteré a ningún grupo de servicio”.

Ese artículo, por el que se pretende sancionar al oficial Moreno es crítico con determinado tipo de liderazgo dentro de la Policía Nacional. De hecho, en la opinión publicada en nuestro medio digital, el coordinador de ARP denuncia que “Hay un perfil dentro de la Policía de mandos autoritarios, de rancio abolengo militarista, que no casa con la concepción de una Policía civil y moderna, de una Policía acorde con la nueva época que vivimos”.
El comisario

El comisario que ha abierto el expediente a Moreno es Alfonso Cid Alguacil. El oficial de Policía recuerda a Diario16 que las cosas han sido complicadas con él “desde que en noviembre del 17, que ya salimos ARP y otros sindicatos a la puerta de la Comisaría, y nos concentramos por su mala gestión y forma autoritaria”.

Este sindicato de Policía, y otros, han denunciado en varias ocasiones falta de comunicación y de diálogo de este comisario. “Si no entras en su frecuencia, eres su enemigo y ya estás en la lista negra”, afirma el coordinador de ARP.


 

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Una jueza procesa al comisario Villarejo, su mujer y un periodista por la grabación de una reunión entre Policía y CNI


 El policía habría logrado instalar un sistema de grabación en el teléfono del jefe de Asuntos Internos que el periodista activó llamando a ese número

 Considera que hay indicios de revelación de secretos por la difusión del encuentro en el que se trataba la investigación al Pequeño Nicolás

 La reunión fue desvelada por informacionsensible.com, web dirigida por la esposa del comisario, y en la que trabajaba el periodista investigado



El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino
Por Pedro Águeda
27 nov 201814:24

La magistrada María Pilar Martínez Gamo ha concluido la investigación contra el comisario José Manuel Villarejo; su esposa, Gemma Alcalá; y el periodista que trabajaba en el medio de ésta Carlos Mier, por la grabación y difusión de una reunión entre tres agentes de Asuntos Internos y dos del CNI en la que abordaban la investigación al Pequeño Nicolás.


La magistrada considera que hay indicios contra los tres por revelación de secretos y ordena transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.


Los investigadores creen que Villarejo introdujo un sistema de grabación que se activaba a distancia en el móvil del comisario jefe de Asuntos Internos cuando ocurrieron los hechos, el 20 de octubre de 2014, y que así se grabó la reunión, que luego fue revelada por informacionsensible.com, la web que dirige la mujer del comisario. El contenido del audio fue difundido posteriormente en su integridad por infolibre.com.

El auto de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid considera "indiciariamente acreditado" que el 20 de octubre, el periodista Carlos Mier telefoneó desde su móvil al comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y que a través de esa llamada "se efectuó la grabación de la conversación que en ese momento se estaba manteniendo en las dependencias policiales".

"Grabación que se capturó y transmitió por canal telefónico desde el lugar de la reunión objeto de grabación a otro terminal receptor, siendo el registro definitivo por vía aérea", añade la resolución razonada de la jueza. La llamada del periodista al jefe de Asuntos Internos dura 13 minutos y 9 segundos. Cuando Mier cuelga llama inmediatamente a Villarejo. El comisario Martín Blas negó en sede judicial haber recibido esa llamada.


Dos días después, relata la jueza, Información Sensible publica una información en la que se refiere a la reunión, de carácter secreto, y en la que incluye un señuelo: "Un miembro del CNI que desde el principio se opuso a la intervención telefónica de los móviles de Nicolás, ha hecho llegar de manera anónima al entorno del joven un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín Blas y unos espías...".

Los medios que difundieron la grabación señalaban que de su contenido se deducía que el CNI y Asuntos Internos habían infringido la ley para mantener la intervención telefónica al Pequeño Nicolas, lo que la investigación judicial descartó posteriormente.

El auto de la jueza complica aún más la situación de la cúpula de Interior en tiempos de Fernández Díaz. La magistrada afirma que si Villarejo supo de la celebración de la reunión con anterioridad fue por su "vinculación" con el entonces director adjunto operativo, comisario Eugenio Pino, número dos de la Policía y artífice de la brigada política.

La imputación de Gema Isabel Alcalá, la mujer de Villarejo, viene dada por el hecho de dirigir el medio en el que Mier trabajaba "por libre" y, por tanto, de su "necesario conocimiento del encargo llevado a cabo" por su marido, así como por la llamada que el periodista la realizó "pocas horas antes" de que se llevara a cabo la grabación. La jueza 'procesa' a Villarejo y al periodista por revelación de secretos y a Alcalá como cooperadora necesaria.

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La unidad policial que desenmascaró a Villarejo


Los investigadores del 'caso Nicolás' afloraron las actividades ilícitas del excomisario entre amenazas de sus jefes, que les degradaron

MATEO BALÍN Madrid
Sábado, 1 diciembre 2018, 22:42

En la historia reciente de la Policía Judicial solo se contabilizan cuatro casos en los que un juez ha creado una comisión especial para evitar filtraciones en investigaciones sensibles. Casos con implicación de políticos y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ocurrió en los GAL («guerra sucia» contra ETA), el 'caso Faisán' ('chivatazo' a la red de extorsión etarra), el 'caso Malaya' (corrupción urbanística en Málaga) y el 'caso Nicolás'.

Este último procedimiento, que estalló con la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias el 14 de octubre de 2014, se ha configurado con el paso tiempo como el principio del fin del excomisario José Manuel Villarejo, desde hace un año en prisión preventiva. Sobre todo porque los investigadores del 'caso Nicolás' permitieron desenmascarar en distintos informes su 'modus operandi' como «agente encubierto» asignado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Un entramado privado erigido entorno a redes policiales, judiciales y mediáticas que pervivió durante años hasta que se cruzó por el camino un joven de 20 años con aires «megalomaníacos», 'el pequeño Nicolás'.

En este contexto hubo varios momentos estelares, pero en perspectiva destaca uno: la decisión del juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso en los juzgados ordinarios de Madrid, de blindar el grupo de siete agentes de la unidad de Asuntos Internos que llevaron las pesquisas.

En una providencia de 21 de abril de 2015, el magistrado ordenó que el inspector jefe Rubén Eladio López y su equipo, denominado Grupo IX, comunicaran «directa y exclusivamente» a su juzgado el resultado de las actuaciones que practicasen, «sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos».

La decisión del juez tuvo un efecto balsámico para el grupo del inspector López, que en los seis meses transcurridos desde el arresto de Nicolás sufrieron en sus carnes –según recogen sus informes remitidos al juzgado– presiones, amenazas y coacciones de sus superiores, sobre todo en el caso del oficial, conforme avanzaban las pesquisas y asomaba por vez primera la pata de Villarejo.

El instructor conoció de primera mano todas estos obstáculos, que comenzaron desde el registro en la casa del 'pequeño Nicolás' en Madrid, donde aparecieron señaladas «un gran número de personas de cierta relevancia empresarial, política y policial». El cruce de llamadas entre algunos señalados atestiguó la preocupación que generó la detención del joven y su declaración. Fue el caso de Villarejo, su «tronco» el empresario Adrián de la Joya (172 llamadas entre ambos), el DAO Eugenio Pino, el también comisario José Luis Olivera, el empresario Manuel Delgado, el presidente de La Razón Mauricio Casals o el número dos de Interior Francisco Martínez.

Ante la deriva de las revelaciones del 'pequeño Nicolás' y el análisis de los registros se activó una estrategia mediática de desprestigio contra el equipo investigador, cuyo momento culminante tuvo lugar la tarde del 20 de octubre de 2014: la grabación ilegal de la reunión mantenida entre tres agentes de Asuntos Internos, entre ellos el inspector López, y dos miembros del CNI, interesados en la suplantación del joven impostor como «colaborador» de los servicios de espionaje.

Tal y como ha concluido esta semana la juez Pilar Martínez Gamo, sustituta de Zamarriego al frente del juzgado, los procesados Villarejo, su mujer Gema Alcalá y el periodista Carlos Mier se confabularon para activar a distancia una aplicación instalada de forma subrepcticia en el móvil del jefe de Asuntos Internos, que permitió activar el micrófono y escuchar la conversación.

El objetivo era distribuir entre varios periodistas afines la grabación, previamente editada para incriminar a los presentes, y tratar de conseguir el archivo y anular la causa. La propia defensa de Nicolás usó estas informaciones para pedir el sobreseimiento, pero fue rechazado.

Acosado
A partir de ahí comenzó un acoso implacable contra el inspector López, al que la DAO le ofreció una salida (medalla roja con 10% de sueldo y una embajada) si sacaba a Villarejo del caso. Pero éste no cedió y le llegaron a amenazar con echarle del Cuerpo. Quien sí sería cesado el 22 de diciembre siguiente fue Martín-Blas y entre enero y febrero de 2015 Villarejo se personó varias veces en el juzgado para denunciar supuestas irregularidades del grupo investigador. También pasó el 'número dos' de Pino, el comisario José Manuel Fuentes Gago, para ofrecer al juez un cambio de agentes. Incluso Villarejo declaró como testigo a petición de la defensa de Nicolás el 16 de abril siguiente, cinco días antes de que Zamarriego creara la comisión judicial.

Pese a la inoperancia del fiscal del caso Alfonso San Román, el grupo de López se mantuvo activo con el respaldo incluso de la Audiencia de Madrid. Pero la llegada de la juez Martínez Gamo supuso la disolución de la comisión en julio de 2017. El remate fue en octubre siguiente, cuando ésta imputó a los agentes por supuesto retardo en la administración de justicia en la entrega del último informe. Y pocos días después la anterior cúpula policial los degradó a puestos inferiores, donde siguen hoy, mientras que a sus sustitutos -los investigadores ahora de la 'operación Tándem'- les dieron la medalla roja.