De los mandos policiales

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España OPERACIÓN TÁNDEM
Villarejo investigó a Greenpeace, Ecologistas en Acción, CCOO, UGT y Stop Desahucios

    Realizó informes sobre sus movimientos en redes sociales para valorar el riesgo que tenían para el BBVA.
 
21 enero, 2019 01:49

Carmen Lucas-Torres @carmenlucast

Sindicatos, asociaciones ecologistas, plataformas contra los desahucios e incluso los movimientos de las asociaciones bancarias contra las cláusulas suelo. Todo lo que podía ser perjudicial en redes sociales para los intereses de su cliente, el BBVA, era monitorizado por el excomisario José Villarejo, que elaboraba informes periódicos sobre los movimientos y contactos de redes sociales de estos colectivos.

El motivo de ese control exhaustivo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, era la inminente celebración de la Junta General de accionistas del banco en 2017, el encuentro anual en el que se presentan resultados y las previsiones para el siguiente ejercicio. La junta se celebró en marzo de 2017, y desde un mes antes, las empresas del excomisario comenzaron a elaborar informes sobre distintos grupos y entidades sociales en redes sociales.

Así, el 10 de febrero de 2017, el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, recibe un primer informe en el que se consignan los distintos grupos que serán controlados de cara a la junta general de accionistas. Entre ellos figuran la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Plataforma contra el BBVA -que acusa al banco de realizar "inversiones antisociales" como la financiación de armamento-, Ecologistas en Acción, la Plataforma Stop Desahucios o sindicatos como CCOO y CGT.

Mensajes sobre la cláusula suelo

El pago de la cláusula suelo, declarada ilegal por la Justicia, es uno de los elementos reputacionales que más perocupaba al BBVA en febrero de 2017. En esos días, el Tribunal Supremo debía hacer pública su decisión sobre la legalidad o no de las cláusulas que establecían el tipo de interés de algunas hipotecas. El equipo de seguridad contratado por el banco monitorizó todos los tuits bajo el hastag #ClausulasSuelo para detectar posibles amenazas para el banco.

Pero la investigación se ampliaba a otros campos relacionados con el banco. "El BBVA encabeza la lista de bancos españoles con mayor inversión armamentística. Sin lugar a duda este será uno de los temas centrales de las posibles protestas durante la Junta General de 2017", rezaba uno de los informes elaborados por el equipo del excomisario Villarejo.

"Por el momento no se detecta actividad preparatoria de los actos a realizar en la próxima Junta General. Sin embargo ello no es de extrañar, ya que según su modus operandi, su convocatoria pública de protesta no aparecerá en las páginas web y los medios de difusión hasta tres o cuatro días antes de la JG", se añadía en el dosier.

"Los preparativos de las propuestas se coordinarán a través de Telegram. Esta aplicación móvil es una red segura de comunicación que además permite el envío de archivos, documentos y vídeos. Así como la creación de grupos privados con auto-eliminación de mensajes", explica el documento.
Una de las páginas del informe sobre grupos ecologistas.

Otro de los puntos que preocupaba al banco eran los mensajes en su contra por la financiación de un oleoducto en Dakota (EEUU), aprobado por la Administración de Donald Trump, que atraviesa  tierras de la tribu sioux. El proyecto, según los informes, estaba siendo fuertemente criticado por grupos ecologistas de todo el mundo.
Investigación a los sindicatos

El día 16 de febrero de 2017, el informe remitido al BBVA alerta de que los sindicatos CGT, UGT y CCOO "vienen solicitando a sus asociados y simpatizantes delegaciones de voto de sus acciones para poder intervenir en al Justa General de Accionistas. Según parece, el acuerdo para un discurso sindical unitario estaba bastante avanzado, por lo que posiblemente los sindicatos intervendrán" de forma conjunta, centrando su discurso "en la defensa del empleo". "En todo caso" -alerta el informe- "dicha intervención abordará el asunto de las listas de bajo desempeño con los 22 despidos ya producidos".

En otro de los informes, el equipo de Seguridad alerta sobre la publicación de una manifestación convocada por la CGT frente a la puerta de una sucursal bancaria por el despido de uno de los trabajadores.

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Villarejo deja ya de amagar y escupe...


Villarejo reta a la Justicia a destapar todo sobre el 11M en su espionaje para el BBVA

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Villarejo llama "tonto" a otro comisario en una grabación por no chantajear con la documentación robada a Barcenas


 Le reprocha a Enrique García Castaño, 'El Gordo', no haber utilizado el material cuando fue destituido en febrero de 2017

 El audio fue incautado a Villarejo e incorporado a la causa judicial; ha sido reproducido en las declaraciones de los comisarios en la Audiencia Nacional

 El comisario Villarejo reprocha a García Castaño que no le hubiera dado una copia del material que Interior les ordenó retirar de la circulación

 El espionaje a Bárcenas revela que la brigada política contra la oposición maniobró para proteger a Rajoy



El comisario Villarejo atesoraba un archivo gigantesco de sus grabaciones DAVID VELASCO
Por Pedro Águeda
21 ene 201922:10

Un audio incautado al comisario Villarejo en el marco de la Operación Tándem muestra al policía refiriéndose a la documentación robada a Bárcenas como material susceptible de ser utilizado para chantajear al Gobierno, un destino muy distinto al que él y otros mandos han defendido que tenía cuando han comparecido en la Audiencia Nacional, el de descubrir el dinero y los testaferros del extesorero en el marco de la investigación de la caja B del PP.


En la grabación, de 2017, Villarejo reprocha a otro de los comisarios imputados, Enrique García Castaño, que se haya quedado con la documentación sustraída en la operación Kitchen y no le haya facilitado una copia, informan a eldiario.es fuentes del caso. En el transcurso de la grabación, añaden, se pone de manifiesto que  el objetivo de la Operación Kitchen era retirar de la circulación la documentación “comprometedora” para Mariano Rajoy, según el término utilizado por Villarejo ante el juez del caso, pero que los comisarios imputados no tuvieron suficiente y la guardaron para darle un posible segundo uso.


Villarejo le dice en el audio a García Castaño que es “tonto” por no haber utilizado esa documentación cuando fue destituido como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en febrero de 2017. El comisario, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, dirigió la UCAO entre 1994 y 2017, con una interrupción de un año. La UCAO es la unidad que se encarga de colocar los sistemas de escucha y rastreo, de las vigilancia y seguimientos, y de captar fuentes de información y de pagarlas, entre otros cometidos.

García Castaño fue destituido después de que publico.es difundiera el audio de una conversación de ese medio con el comisario, que no sabía que estaba siendo grabado, en la que policía aludía a un supuesto chantaje al CNI y al rey emérito, y de paso se mofaba de su inmediato superior.


La información fue publicada durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, quien había recibido de Moncloa la instrucción de poner fin a los escándalos de la época de Jorge Fernández Díaz en Interior. Para ello, Zoido nombró al comisario Florentino Villabona, al que restaba un año para jubilarse, como el sustituto de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa. Una vez fue publicada la grabación a García Castaño, Villabona le comunicó el cese alegando que hablaba mucho con periodistas. Fue de  las pocas destituciones que se atrevió a ordenar Villabona.

En el audio que se ha incorporado a la pieza 7 del caso Villarejo, éste muestra su incredulidad por cómo García Castaño no ha utilizado la documentación para presionar y que Villabona no pudiera destituirlo. La grabación fue reproducida en las declaraciones como investigados de Villarejo y García Castaño de la semana pasada en la Audiencia Nacional. Tras escucharla, 'El Gordo' negó que se quedara con la documentación obtenida en el transcurso de la Operación Kitchen.

Los dos mandos policiales que aparecen en el audio; otro comisario de Policía, Andrés Gómez Gordo; y el máximo responsable operativo del Cuerpo en esa época, Eugenio Pino, están imputados  por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. Estas imputaciones se traducen en que son sospechosos de haber organizado un plan para obtener cualquier información o documento en poder de Bárcenas o su entorno que pudiera perjudicar al Partido Popular o, como aseguró el comisario Villarejo el viernes en la Audiencia Nacional, directamente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Villarejo le dijo al juez que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le encargó recuperar la información "comprometedora" de Rajoy y que eso era un objetivo prioritario.

El jefe Pino, ante el juez
Este martes comparece ante el juez Manuel García-Castellón el último de ellos en declarar,  Eugenio Pino. Se trata del artífice de la brigada política de la Policía y ya tiene un juicio pendiente por intentar introducir información robada en la causa de los Pujol. La información que sus subordinados obtuvieron en la Operación Kitchen nunca llegó a la Audiencia Nacional, que investiga la financiación irregular del PP durante al menos veinte años.


Por encima de Pino solo estaban en el Ministerio, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro, Jorge Fernández Díaz. Los tres son parlamentarios y, por tanto, están aforados ante el Tribunal Supremo. Cosidó y Fernández Díaz, además, son miembros de la Ejecutiva de Pablo Casado en el Partido Popular.

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Anticorrupción pide al juez del caso Villarejo que prohíba salir del país al jefe operativo de la Policía con el PP

Vigilancia del poder

Los fiscales solicitan la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales para el comisario Eugenio Pino por el espionaje a Bárcenas

Pino, artífice de la brigada política, declara durante más de cuatro horas en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por la operación extrajudicial

Asegura que se trató de una investigación encubierta que no pretendía distraer la documentación; el comisario evita señalar a sus superiores en el Ministerio
Pedro Águeda
22/01/2019 - 20:04h

 
  La Fscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que ordene la prohibición de salir del país al comisario jubilado Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy. Anticorrupción solicita esta medida, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado por la presunta participación de Pino en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, informan fuentes jurídicas.

Pino ha declarado durante cuatro horas en la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Tres de esas horas han correspondido a las preguntas de los fiscales. Eugenio Pino está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen.

Pino, al igual que Villarejo o García Castaño, ha defendido que los seguimientos a Bárcenas supusieron una investigación encubierta que, en ningún caso, buscaba sustraer documentación para que no llegara al juez que investigaba la caja B del PP. Según fuentes jurídicas, Pino ha evitado señalar a sus superiores en el Ministerio, esto es rl director general del Cuerpo,  Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad,  Francisco Martínez, y el titular de la cartera,  Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de  la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.

Junto a Pino están imputados sus subordinados José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo. También el entonces chófer de la familia, Sergio Ríos. Está previsto que el juez García-Castellón resuelva sobre la petición de cautelares para Pino mañana miércoles.

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Caso Tándem
'El Gordo' cambia su versión sobre la grabación a Ignacio González tras pelearse con Villarejo

Enrique García Castaño declaró como testigo en febrero de 2016 que la conversación al expresidente madrileño tenía "interés policial", pero en julio de 2018, tras romper con Villarejo y ser arrestado, aseguró como imputado que había sido "una chorizada" de su compañero

Tono Calleja


Publicado 25.01.2019 - 05:15

La detención el verano pasado del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño y la permanencia en prisión desde noviembre de 2017 del presunto cabecilla de la organización, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, han logrado que el primero, conocido con el alias de 'El Gordo', cambie su versión sobre la grabación de la conversación que él y el propio Villarejo mantuvieron el 29 de noviembre de 2011 con el expresidente madrileño Ignacio González sobre el 'caso del ático' de Estepona (Málaga).

García Castaño había declarado como testigo, el 2 de febrero de 2016, que la grabación del encuentro con  el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía "interés policial", y que había sido encargada en noviembre de 2011 por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico, que falleció pocos meses después.

Sin embargo, en julio de 2018, tras ser arrestado por el 'caso Tándem', 'El Gordo' calificó la grabación de la reunión como "una chorizada" de Villarejo, a quién acusó de manipular la conversación de González.

Enrique García Castaño
Enrique García Castaño Javier Martínez

En su primer testimonio, el de 2016, García Castaño reconoce a la juez Isabel Conejo -que investiga en Estepona si el exmilitante del Partido Popular recibió un dúplex de lujo como mordida- que él había puesto en contacto a González y a su compañero Villarejo, al mismo tiempo que sus superiores estaban informados de la reunión.
"Cumpliendo órdenes"

Al ser preguntado por uno de los abogados, 'El Gordo' destaca que a la reunión, que fue grabada por Villarejo, había ido "cumpliendo órdenes", y que era una de las habituales, ya que fueron a hablar sobre el ático que González alquilaba a un precio por debajo del mercado en la costa andaluza.

Pero en julio de 2018, tras romper con Villarejo, quien había grabado sus conversaciones durante años sin su conocimiento, García Castaño cambia su versión de aquel encuentro celebrado en un local de la madrileña Puerta del Sol. Y entonces, como imputado, asegura que la grabación y su posterior difusión había sido "una chorizada" de su compañero y, según anticorrupción, "socio" en negocios turbios.

El excomisario José Manuel Villarejo.
El excomisario José Manuel Villarejo. VP.

"Cuando se monta la movida de Ignacio González, que él filtra la conversación y va a hablar con Ignacio González, él es el que le provoca: lo que dice es provocado por él", asegura García Castaño, que se sintió traicionado: "Yo he sido el que te ha llevado a la reunión, tú eres el que me ha grabado a mí sin conocimiento mío ni conocimiento de nadie, esto es una chorizada", declaró.

En su testimonio como imputado en 2018, 'El Gordo' llegó a decir al juez que Villarejo "se metía una grabadora en el bolsillo, adornaba el asunto, iba provocando a uno y a otro, y no sé con qué fines, chantajear o...".
Presuntos "mafiosos"

El 'caso Tándem' ha acabado con una relación de años de amistad y de pingües negocios entre estos dos presuntos "mafiosos", tal y como los define el ministerio público, que considera que en 2005 fundaron "un consorcio criminal que, guiados exclusivamente por su ánimo de lucro" trataron de "poner en marcha un plan para hacerse ricos".

Ese supuesto plan, que ha desmontado la intervención conjunta de la Fiscalía anticorrupción y de los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, pasaba porque García Castaño facilitara a Villarejo los números de teléfono de los espiados, y también sus tráficos de llamadas.

Con estos datos de carácter privado, obtenidos al margen de la ley, la organización criminal hacía informes a personas del "ambiente bancario, despachos abogados, de la alta sociedad del país y grupos empresariales", según reconoció en su declaración el propio García Castaño al anterior instructor del 'caso Tándem', Diego de Egea.

Pero en el caso de Ignacio González, 'El Gordo' fue el encargado de poner en contacto al presunto cabecilla de la red de corrupción destapada con la operación 'Lezo' y al comisario Villarejo, que grabó una conversación en la que el político.



 

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Las actividades de Villarejo
La Audiencia Nacional investiga años de descontrol en la custodia de datos policiales

La Fiscalía cuenta con indicios en casi todas las piezas del 'caso Tandem' que apuntan al tráfico de miles de datos privados con fines lucrativoS durante casi una década

Alejandro Requeijo
Tono Calleja

Publicado 26.01.2019 - 05:15


“Los rastreos y los datos los saco yo”, “que le pidiera los teléfonos de los concejales”, “¿te acuerdas que no me podías dar la ubicación de una cabina? Se la pedí a él y me la dio”, “me ha dicho que lo que quiera”... estas son solo algunas de las frases que intercambiaban el polémico excomisario José Manuel Villarejo y sus policías afines. Parecen una interlocución propia de agentes investigando y la seguridad de los ciudadanos como telón de fondo, pero en realidad representan el descontrol de años en la Policía a la hora de gestionar miles de datos privados.

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Los investigadores consideran acreditado que el polémico mando creó una organización “parapolicial” que le suministraba datos confidenciales. Luego las usaban para impulsar informes privados que las empresas de Villarejo vendía a clientes adinerados. La información salía del ámbito policial al privado sin una orden judicial, sin que quedase recogido en una investigación oficial del Cuerpo y sin incluir lo averiguado en la base de datos GATI de la Dirección General de la Policía Nacional.

La Audiencia Nacional tiene encima de la mesa pruebas repartidas por diferentes piezas separadas que indican que esta práctica se remonta al menos desde 2005 y se extendió durante cerca de una década. Para entender las motivaciones de los implicados en el ‘caso Tándem’, basta otra de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y uno de sus principales colaboradores, Enrique García Castaño, ‘el Gordo’ en julio de 2005 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

    "Tenemos unos añitos para arañar un poco de pasta"

“Tenemos que ponerle un poco de orden a nuestra colaboración, tenemos unos añitos para arañar un poquito de pasta”, le dijo Villarejo a ‘el Gordo’ en una reunión entre ambos. No hablan de mejorar la seguridad o evitar delitos, sino de cuestiones personales. Acto seguido Villarejo le ofrece una cantidad a su colega: “por cierto lo prometido es deuda, 1.200 euros”. Al menos en aquella ocasión, García Castaño no aceptó el dinero. Según se le escucha decir en la grabación, ese mes iba bien.

La Fiscalía destaca en uno de sus informes del caso los “serios indicios existentes” contra el comisario principal García Castaño “en el sentido de que podría haber sido la persona que, apodada como ’BIG’, habría facilitado a José Manuel Villarejo los tráficos de llamadas de las víctimas” de las piezas de Iron y Land, en las que se investiga el espionaje a un despacho de abogados y a familiares de los propietarios de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, enfrentados por la herencia.

Estos trabajos se realizaron entre 2013 y 2014, casi diez años después de aquella conversación en la que Villarejo le ofrecía a ‘El Gordo’ “arañar un poquito de pasta”. Las pesquisas de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción calculan que por uno de estos trabajos pactó percibir 600.000 euros y 425.000 euros por otro.

Al menos otros 100.000 euros cobró la empresa de Villarejo años antes gracias a su exjefe el ‘número dos’ de la Policía durante los Gobiernos de Aznar Enrique Díaz Pintado, según los datos recogidos por este periódico. En el marco de esos trabajos hay grabaciones en las que se les escucha a Villarejo y García Castaño muy preocupados porque les habían robado un papel en el que se apreciaba que habían rastreado un teléfono sin autorización. Ellos mismos asumían de que en caso de que trascendiese podrían ir a la cárcel.

En otro momento de la lucrativa sociedad, Villarejo le pidió a 'el Gordo' datos de decenas de miles de ciudadanos rumanos porque, según dice, se lo había pedido su exjefe entre 1993 y 1994, Agustín Linares. 

Las leyes que lo regulan

La Orden del Ministerio del Interior 1202/2011 establece que “las comunicaciones de datos previstas tienen como destinatario las fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos jurisdiccionales y el ministerio fiscal”. Una resolución de la Dirección General de la Policía limita el acceso a la información de los ficheros de carácter personal sólo para actividades profesionales. Esto no se ha cumplido siempre a rajatabla tal y como reconocen diversas fuentes policiales consultadas por Vozpópuli, si bien establecen la diferencia entre consultar algún dato sin ánimo de difundirlo o para acelerar alguna investigación y hacerlo para impulsar pesquisas privadas con fines lucrativos.

Villarejo y ‘el Gordo’ no actuaban solos. La Fiscalía habla de un “clan policial mafioso” que “infectó” el Cuerpo. Hay media docena de funcionarios policiales imputados, varios de ellos por filtrar datos confidenciales. Uno de ellos reconoció los hechos y dibujó el recorrido de la circulación hasta llegar a las empresas de Villarejo. Lo enmarcó en cuestiones de lealtad con sus exsuperiores. Cuando el juez y los fiscales le preguntaron sobre las leyes que impiden ese procedimiento, el investigado dijo que las desconocía.
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Vídeo: Los rastreos los saco yo

El ‘caso Tándem’ ha llevado a las autoridades a preguntar a las compañías telefónicas quiénes eran los trabajadores que se avenían a facilitar datos a la Policía saltándose el protocolo establecido. La respuesta recibida es que el 'clan Villarejo' no dejó rastro o se ha borrado con el paso de los años.  En una de las grabaciones se escucha a ‘el Gordo’ presumir de tener “amiguetes” que le facilita esa información. “Si son gente que les invitas a comer y ya está”, decía.

Vozpópuli informó esta semana de que la Policía premia habitualmente con medallas al mérito a los responsables de seguridad de la compañías telefónicas, una decena sólo en los últimos cuatro años. Se daba por hecho que había funcionarios que se relacionaban directamente con empleados de telefónicas a los que pedían favores para obtener datos urgentes en el marco de investigaciones, sobre todo en materia antiterrorista. Se asumía ese atajo con el objetivo de salvar vidas. No es precisamente eso lo que tienen encima de la mesa los investigadores del 'caso Villarejo'.

   

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El jefe de la policía local de Cambados, investigado por prevaricación

El caso tiene su origen en un conflicto entre vecinos por la ocupación de un vial en Vilariño

MARTINA MISER
Cambados
La Voz 28/01/2019 15:55 h



El jefe interino de la Policía Local de Cambados, Adolfo Suárez, vuelve a estar en el centro de la polémica, en esta ocasión en relación a un supuesto delito de prevaricación. La Guardia Civil de Cambados investiga si la policía pudo haberse extralimitado en sus funciones a la hora de poner una multa por mal aparcamiento fuera del casco urbano. El caso tiene su origen en un conflicto entre vecinos por la ocupación de una servidumbre de paso en Vilariño, que propició que una de las afectadas acudiese al cuartel para denunciar que los agentes habían actuado fuera de sus competencias. Adolfo Suárez, por su parte, sostiene que la actuación policial fue correcta en todo momento, dado que se habría producido en una vía municipal.

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El comisario socio de Villarejo, contra las cuerdas al encontrar la Policía 600.000 euros que no puede justificar

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la Comisaría General de Información Enrique García Castaño tenía ese dinero en sus cuentas y trató de acreditarlo con los regalos que recibió de su boda

Tono Calleja
Alejandro Requeijo

Publicado 01.02.2019 - 05:15


El excomisario principal de la Comisaría General de Información Enrique García Castaño tenía más de 600.000 euros en sus cuentas, una cantidad desorbitada para un policía, según creen los investigadores del 'caso Tándem'. Fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli sostienen la tesis de que acumuló este dinero después de años de trabajo conjunto con el polémico mando José Manuel Villarejo en actividades paralelas a su función policial y a escondidas de sus compañeros.

García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, está investigado como uno de los principales colaboradores de Villarejo, concretamente a la hora de suministrarle información confidencial de bases policiales que luego usaban para reforzar investigaciones privadas por las que cobraban altas cantidades de dinero a clientes adinerados.

Hasta ahora, a García Castaño se le conocía un patrimonio que incluye varias casas y coches de alta gama, pero los investigadores creen que estos 600.000 euros son la pieza del puzzle que confirma esta sociedad parapolicial con fines lucrativos.

Las mismas fuentes consultadas precisan que se trata de dinero en metálico que estaba en sus cuentas bancarias y que García Castaño ha tratado de justificar su origen en los regalos que recibió por su boda. No obstante, siempre según las mismas fuentes, tan sólo ha sido capaz de acreditar cerca de 100.000 euros aportados por sus amigos y allegados. Queda por tanto medio millón de euros por justificar su origen.
"Ilícitos pagos"

Según un escrito de la Fiscalía anticorrupcción, "en las grabaciones se refleja el establecimiento de pactos de carácter remuneratorio de esos ilícitos servicios que estaba en condiciones de facilitar Enrique García Castaño". Los investigadores añaden que llegó a "planificar el oscurecimiento de esos ilícitos pagos" mediante la compra de una casa que puso a nombre de su hija, también investigada en esta causa.

El sumario del 'caso Tándem' -que se basa en gran parte en las grabaciones que hacía el propio Villarejo de sus conversaciones- data el inicio de esta relación entre ambos en el año 2005. "Hemos perdido diez años de haber ganado un poco de amor, tendremos que recuperarlo", "tenemos que ponerle un poco de orden a nuestra colaboración, tenemos unos añitos para arañar un poquito de pasta, por cierto, lo prometido es deuda, 1.200 euros", le decía Villarejo a su colega entonces.

El Gordo ocupaba el cargo de responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la Comisaría General de Información. Se trata de un puesto especialmente sensible que presta apoyo logístico (micrófonos, balizas, cámaras de vigilancia…) a las unidades investigadoras. Además trataba con confidentes o gestionaba la relación con los servicios de información extranjeros o las compañías telefónicas. En el marco de esos trabajos hacía funciones policiales y otras privadas.
Negocios privados

Vozpópuli ha venido detallando todos los negocios privados de ambos bajo el foco de la investigación. Hay un espionaje a un despacho de abogados, a los propietarios de la exclusiva urbanización de La Finca, se plantearon ejercer de conseguidores inmobiliarios para los bancos a cambio de comisión, vender datos reservados a magnates rusos, usar los datos de decenas de miles de ciudadanos rumanos, rastrearon teléfonos sin autorización para un exresponsable suyo que se pasó a la empresa privada.

Los 600.000 euros encontrados superan con creces los ahorros de un policía, incluso el de un comisario principal como García Castaño, cuyo último sueldo rondaría los 60.000 euros anuales, según informan fuentes policiales.

Además, la Unidad de Asuntos Internos realizó una investigación patrimonial sobre El Gordo el pasado mes de junio que, a juicio de la Fiscalía, acredita la titularidad de bienes y activos cuyo origen "no puede ser justificado con su sueldo".
Boadilla del Monte

A su nombre tiene una casa en Pozuelo de Alarcón al 50 por ciento y un Volkswagen Touareg. A nombre de su hija consta un piso en Boadilla del Monte adquirido en 2005 por más de 300.000 euros y que terminó de pagar en 2017. También una casa en Cáceres comprada en 2012 por un precio declarado de 6.000 euros a la que luego hicieron una reforma valorada en 58.000 euros.

A la familia están vinculados otros tres coches, un Volkswagen Golf, un Volvo V30 y un BMW 320. El titular real de este último vehículo es Villarejo, según la investigación. El Gordo empezó a usarlo en 2006 después de que pagase por él 39.300 euros una de las empresas del polémico mando, en prisión desde noviembre de 2017.

La mujer de García Castaño, también policía e investigada en 'Tándem', aparece en ese informe vinculada como conductora habitual y tomadora del seguro de un BMW Z4 Cabrio adquirido en 2008 por 31.368 euros. Según la factura de venta del coche, fue adquirido por una sociedad cuya titular era la mujer de Villarejo.


 

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La baja médica del jefe de la Policía recrudece la crisis y aviva la lucha por el control del Rubín

El comisario José Manuel López, cesado tras la "operación Enredadera", protagoniza un altercado con el nuevo responsable: "Tú no me mandas"
félix vallina 02.02.2019 | 01:30

Lo que iba a ser una reunión ordinaria entre los mandos de la Policía Local, un encuentro para organizar el trabajo diario, acabó el jueves como el rosario de la Aurora. José Manuel López -el exjefe del cuerpo que fue destituido por su supuesta implicación en la red corrupta de la "Operación Enredadera"- y el actual mando en funciones, el intendente Manuel Secades, acabaron "elevándose la voz" y enzarzados en una discusión en la que también se vieron implicados otros cargos policiales.

Era el primer día de Secades al frente de la Policía Local -ocupa el puesto de forma provisional por la baja médica del comisario Luis Manuel García Pena- y José Manuel López se mostró abiertamente en contra de una de sus decisiones, un hecho que destapó la caja de los truenos. "López tiene la categoría de comisario principal y ahora le obligan a acatar las órdenes de una persona de menor rango. Lo tiene denunciado en los tribunales y hasta ahora se había mantenido a la espera, pero en ese momento explotó", aseguran fuentes conocedoras de lo ocurrido. "Uno decía que ahora era el jefe y el otro que a él no le mandaba porque por ley es su superior", añaden las mismas fuentes.

El lío comenzó cuando Manuel Secades comentó en la reunión que había emitido una orden interna que permite a los integrantes de la plantilla optar a los puestos que van a dejar vacantes los 41 policías que se han beneficiado del plan de jubilaciones anticipadas. José Manuel López y algunos de los mandos "de su cuerda", como el intendente Francisco Goilón, interpretan que esa decisión esconde intenciones oscuras y se lo reprocharon a Secades. "Por un lado está hecho para colocar a los suyos en los puestos buenos y por otro para tumbar el turno conocido como 7x7, que se puso en marcha en el 2015 con José Manuel López como comisario jefe tras una negociación con el Ayuntamiento", señala un integrante de la plantilla que comparte la postura de López.

El turno 7x7 -siete días de trabajo y otros tantos de descanso- "se pondría en cuestión si se sacan agentes de la calle para meterlos en las oficinas". No en vano, "se empezaría a decir que falta personal y se le restaría valor a un turno que está obteniendo muy buenos resultados", añaden las mismas fuentes.

La tensión aumentó cuando Manuel Secades, ejerciendo como jefe, le ordenó a Francisco Goilón que abandonase la reunión, es decir, echándole de la sala. Según explicaron fuentes conocedoras de los hechos, le amenazó "con dar parte por desobediencia grave" si no le hacía caso. Goilón, ante todos los mandos que estaban el jueves de servicio, acabó marchándose "por no montar más lío". José Manuel López se fue con él.

Desde que estalló el "caso Enredadera" el excomisario jefe se encuentra "apartado". Oficialmente ocupa el puesto de jefe de unidades operativas, "pero no le dan trabajos ni le llaman a las reuniones, tratan de ningunearlo", señalan otras fuentes del cuerpo. De hecho, según ha podido saber este diario, durante la polémica reunión del jueves salieron a la luz algunas evidencias de esa situación: el intendente Manuel Secades le dijo a José Manuel López que tenía orden directa de Luis Manuel García Pena para no convocarlo a ninguna reunión de las que celebran habitualmente los mandos de la Policía Local en el cuartel del Rubín.

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El juez acorrala a 'El Gordo' antes de decidir si lo envía a prisión por el 'caso Villarejo'

El magistrado Manuel García-Castellón constata "un incremento de los indicios existentes contra Enrique García Castaño, en cuanto integrante de la organización criminal" del excomisario

Tono Calleja

Alejandro Requeijo


Publicado 05.02.2019 - 05:15

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que en los próximos días tendrá que decidir si envía a prisión al comisario jubilado Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', ha constatado "un incremento de los indicios existentes" de que este agente era uno de los integrantes de la "organización criminal" encabezada por el también excomisario José Manuel Villarejo, según consta en un auto de 1 de febrero.

En la resolución, el instructor accede a la petición de la Fiscalía anticorrupción, que le había reclamado que acumulara la investigación que se seguía de forma independiente contra El Gordo en la Audiencia Nacional en la principal del caso Tándem o Villarejo.

De esta forma, García-Castellón acorrala a García Castaño antes de que en los próximos días tenga que decidir sobre la petición de la acusación popular, que ejerce Podemos, de que se celebre la denominada 'vistilla' o comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el instructor deberá decidir sobre si acuerda el ingreso en prisión de El Gordo
, que ha reclamado la formación magenta.
Evitar la indefensión

García-Castellón suspendió el pasado 18 de enero la declaración de García Castaño, cuyo abogado había reclamado más días para poder conocer los indicios presuntamente delictivos que constan en el sumario contra su defendido. Una petición a la que accedió el instructor, que justificó su decisión para evitar una posible "indefensión" de El Gordo.

Sin embargo, Podemos ya había solicitado al juez la convocatoria de la 'vistilla', en la que tenía intención de reclamar cárcel para García Castaño. La Fiscalía anticorrupción apoyó la convocatoria de la misma, aunque no adelantó su posición sobre la petición de la acusación popular.

No obstante, la Fiscalía ya había reclamado el pasado 13 de julio al entonces magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, la prisión incondicional y sin fianza para García Castaño.

De Egea, que abandonó la Audiencia Nacional el pasado 31 de diciembre, y por tanto, la instrucción del 'caso Tándem', rechazó la petición del ministerio público.
Limitaciones para De Egea

Pero en el auto del pasado 1 de febrero, García-Castellón destaca las limitaciones que tuvo el juez De Egea en el conocimiento de la actividad presuntamente delictiva de 'El Gordo': "Se entendió entonces que la relación que pudieran tener las actividades desarrolladas fundamentalmente por el comisario García Castaño, eran de carácter ocasional y que no incidían en el objeto fundamental de la organización de José Manuel Villarejo", en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Pero la investigación desarrollada desde entonces, recuerda el auto de 1 de febrero, ha mostrado que la colaboración desarrollada por El Gordo con el entramado de Cenyt, la matriz de las empresas de Villarejo, "presentó no sólo una asiduidad mayor", [...] sino que presentaba vínculos personales y materiales, con distribución de funciones entre unos y otros, y sobre todo con una permanencia en el tiempo que no sería explicable sino dentro de un marco colaborativo entre ambos investigados", indica el juez, en referencia a García Castaño y Villarejo.

La relación entre ambos, prosigue el auto de García-Castellón, es "incuestionable" en la pieza separada número siete del 'caso Tándem', denominada por los investigadores como 'Kitchen', en la que Villarejo habría espiado presuntamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, a quién habría robado pruebas de la caja B de la formación política conservadora.
Sin control judicial

En concreto, el instructor destaca la relación "directa" de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva y el comisario Andrés Gómez Gordo: "Ambos reconocen haber intentado contactar con Sergio Ríos por diversos medios, ambos se involucran en el operativo, se interesan en el resultado del operativo y gestionan una información que nunca llegaría a ser judicializada", concluye García-Castellón.

"La colaboración prestada por García Castaño", prosigue el juez, "no cabe concretarla en hechos tangenciales a la causa principal". Y desde que el juez De Egea rechazó en agosto pasado incorporar la investigación sobre García Castaño al 'caso Villarejo', "el número de colaboraciones presuntamente ilegales detectadas por la investigación entre ambos comisarios se ha incrementado cuantitativa y cualitativamente", destaca el juez.

"La colaboración se presenta mucho más intensa de lo que se apreció en su día, reconociéndose una comunidad de objetivos, y un modus operandi muy semejante. De este modo, si la actividad desplegada en las piezas de Land y Iron, se referían a un apoyo logístico a la organización, en el caso del llamado proyecto 'Kitchen' esta colaboración por si sola presenta una coordinación en el tiempo que le sitúan muy próximos a la organización delictiva, pero que en todo caso cualquiera que sea su denominación determina necesariamente una investigación conjunta", concluye en el auto el magistrado.

El auto del instructor de la causa se conoce después de que los investigadores hayan detectado que Enrique García Castaño ha ingresado más de 600.000 euros en metálico en sus cuentas, una cantidad desorbitada para un policía, según explican fuentes del caso Tándem.

[47ronin]

Villarejo fue trasladado en ambulancia a la Audiencia Nacional para declarar
Los presos suelen viajar en furgones de la Guardia Civil, pero el ex comisario alegó problemas de salud para eludirlo
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Fecha
07/02/19access_time 1:02


El ex comisario Villarejo declaró el pasado 21 de enero ante el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la operación Kitchen.

Se trata del caso sobre el presunto robo de documentos a Luis Bárcenas por parte de altos mandos policiales bajo el conocimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP de Rajoy.

Villarejo habría formado parte de la trama que sustrajo documentos sensibles sobre la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP al ex tesorero valiéndose de su chófer.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, Villarejo acudió a declarar a la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera, donde permanece en calidad de prisión provisional, pero en lugar de hacerlo en un furgón policial, lo hizo en una ambulancia.
Ambulancia en vez de furgón

El traslado de presos a centros penitenciarios, médicos o a las sedes judiciales es competencia de la Guardia Civil, que cuenta con furgones y autobuses habilitados para tal fin.

Estos vehículos cuentan con capacidad para varias personas, ya que se suelen aprovechar los viajes para trasladar a varios presos a la vez.

Las fuentes consultadas por ECD aseguran que Villarejo solicitó viajar de Estremera a la Audiencia Nacional en ambulancia con el objetivo de evitar relacionarse con el resto de presos.

Este confidencial se ha puesto en contacto con la defensa del ex comisario, que asegura que fue el personal del servicio médico quien aconsejó el traslado en ambulancia debido a sus problemas de salud lumbares y cardiovasculares.
Denuncia de amenazas

En diciembre, Villarejo envió una carta al juzgado central de instrucción número 6 asegurando “temer” por su vida mientras se encontrara en la prisión de Estremera.

Su abogado pidió al juez “medidas de protección de la integridad física y moral” para el ex agente, ya que “ha sufrido determinados comportamientos de palabra u obra que rebajan y envilecen su situación de reclusión, siendo despreciado y atropellado el fundamental valor de su dignidad personal, y consecuentemente viéndose seriamente lesionada su integridad moral”.

[47ronin]

"Estar en todos los saraos"

Definición

https://www.google.com/amp/s/www.moncloa.com/windsor-villarejo-francisco-gonzalez/amp/

[47ronin]

El PSOE se persona en el 'caso Villarejo' para investigar los espionajes de Cospedal

El partido socialista contradice al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ejercerá de acusación popular en 'Kitchen', pieza separada del 'caso Tándem'

Liliana Ochoa

Tono Calleja

Publicado 19.02.2019 - 05:15
ActualizadoHace 40 minutos

El PSOE se ha personado como acusación popular en una de las piezas del 'caso Villarejo'. Lo ha hecho en 'Kitchen', donde se investiga el presunto uso irregular de fondos reservados para armar una operación que buscaba sustraer documentación comprometedora al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas; y en la que está imputado el comisario de la Policía Nacional Andrés Gómez Gordo, antiguo alto cargo de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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La acción popular permite a un ciudadano personarse en un proceso judicial sin necesidad de ser uno de los afectados por un delito. La decisión del PSOE de usar esta figura se da a conocer en la misma semana en la que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostrara a favor de reformarla para que los partidos no utilicen esta posibilidad para sacar rédito político.

Preguntado en Los Desayunos deRTVE por el papel de Vox en el juicio a los líderes del procés, el ministro señaló que cuando un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular
habría que reformarlas para evitar que bajo intereses públicos se escondan realmente intereses particulares.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo lo propio la semana pasada. Aseguró en la Cadena Ser que era necesario reformar la norma de las acusaciones populares ejercidas por partidos políticos, ya que, a su juicio, un procedimiento en el que se enjuician hechos no puede convertirse en "altavoz" de ideas partidistas.
15.000 euros

Este diario ha podido saber que el PSOE ha hecho caso omiso a las recomendaciones de sus dos ministros yha pagado una caución de 15.000 por ejercer de acusación popular en el conocido como el 'caso Villarejo'.

Dada la relevancia política que ha cobrado la pieza, ya son tres los partidos -PSOE, Podemos e IU- que han intentado personarse en la pieza al alegar que se usó dinero público para satisfacer intereses particulares del PP. Hasta ahora, solo había logrado ejercer como acusación popular la formación de Pablo Iglesias tras abonar una fianza de 30.000 euros.

Incluso el mismo Bárcenas intentó -sin éxito- acceder al sumario como acusación particular el pasado diciembre, alegando que había sido perjudicado en el operativo en el que se habría pagado hasta 2.000 euros al mes al exchófer del extesorero para sustraer la documentación.
Los investigados

El partido socialista llega a la causa un año y medio después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional iniciara las investigaciones sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo; y un par de meses después de que se abriera la pieza número siete, vinculada a la 'operación Kitchen'.

Dicha operación habría sido dirigida en 2013 por el propio Villarejo, que en ese momento estaba adscrito al director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Este último ex alto mando fue citado en el marco de la causa, al igual que el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

A la lista de investigados se suma el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Y en calidad de testigos han acudido a declarar el propio Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.

Hasta ahora, sin embargo, el magistrado a cargo de la investigación, Manuel García-Castellón, solo ha acordado la retirada del pasaporte para Pino y Ríos.
Vínculos con la Gürtel

En paralelo a la investigación de García-Castellón, otro magistrado se ha interesado por la operación. Se trata del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que inspecciona el presunto sistema de financiación ilegal del PP, en el que también se encuentra personado el PSOE.

De la Mata solicitó al Ministerio de Interior un informe sobre la 'Operación Kitchen' sobre los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, así como las identidades de todas las personas que participaron en la misma, incluyendo entre ellos a "sus últimos responsables".

[47ronin]

El juez del caso Villarejo imputa a todos los jefes de la policía política del PP por el espionaje a Bárcenas

Suma a la lista de mandos investigados el nombre de Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos implicada en la Operación Catalunya

Los lugartenientes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano pasan a estar imputados al igual que su jefe absoluto en la brigada política, Eugenio Pino

Todos ellos destacan en las maniobras policiales contra la oposición junto a Villarejo; Enrique García Castaño, 'El Gordo'; y Gómez Gordo, exasesor de Cospedal

La Audiencia Nacional investiga Kitchen como una operación "parapolicial" organizada por el Ministerio del Interior en favor de "dirigentes del Partido Popular"
Pedro Águeda
21/02/2019 - 05:57h

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos "parapoliciales", Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones". Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.
Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.
El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

[47ronin]

Villarejo y su clan presumían de que Garzón favoreció a un narco vinculado al excomisario

Una grabación capta la conversación del polémico mando sobre cómo el juez les avanzaba sus decisiones sobre un condenado en Francia llamado José María Clemente Marcet


Villarejo y su clan presumían de que Garzón favoreció a un narco que tenía negocios con el excomisario Teresa García/ EFE/ Interviú
Tono Calleja


Alejandro Requeij

La estrecha relación del exjuez Baltasar Garzón con el clan Villarejo le llevó a filtrarles alguna decisión sobre sus investigaciones como magistrado de la Audiencia Nacional. Al menos eso sucedió con la causa de un presunto narcotraficante buscado en EEUU y Francia. Garzón les avanzó que iba a adoptar una decisión favorable a este sospechoso por el que los colaboradores de Villarejo estaban muy interesados. Ese interés se debía a que este fugitivo hacía negocios Villarejo y sus empresas.

Este empresario se llama José María Clemente Marcet, buscado internacionalmente por narcotráfico y blanqueo de capitales. Villarejo y sus policías afines le llamaban con el mote de Bambi o Scorpy, según consta en la investigación del caso Tándem por la que el excomisario lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional hay dos grabaciones en las que Villarejo y uno de sus principales colaboradores Enrique García Castaño, hablan sobre la filtración de su amigo "Balta" [Garzón] acerca de este empresario y los negocios que el excomisario tiene con él.

Además, el nombre de Clemente Marcet aparece en un informe policial sobre la matriz de las empresas de Villarejo llamada Cenyt. Según dice, en 2008 le concedió a Bambi un crédito de 1,2 millones de euros a nombre de la sociedad Mombasa Inversiones SL. El beneficiado de aquella operación de crédito acabó siendo la firma Cenyt Parking SL, representada por Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo en la actividad empresarial que desarrolló en paralelo a la Policía.
Dos causas con Garzón

La revista Interviú publicó en 2005 que Garzón investigaba a este presunto narcotraficante en dos causas (diligencias previas 23/2003 y 14/2004). La primera guarda relación con un alijo de droga descubierto en el avión del príncipe saudí Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan; y la segunda, con el gallego José Rodríguez Dean.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con Baltasar Garzón, pero ha rechazado contestar a las preguntas sobre las decisiones del exmagistrado sobre Clemente Marcet. Se ampara en que las preguntas enviadas por este diario se refieren a "supuestos de información de carácter confidencial sobre la que pesa el más absoluto deber de secreto".

En cambio, en una grabación de 13 de febrero de 2005 en poder de los investigadores del caso Tándem se constata que Villarejo preguntó a García Castaño, alias El Gordo, por las intenciones de Garzón respecto a Clemente Marcet. En concreto dice: "¿Oye, qué pasa al final con El Bambi? ¿Lo pone, le levanta el secreto al final?".

Y entonces García Castaño contesta: "Le levanta al final, a finales de mes, a primeros de marzo, porque se queda el Marlaska, que me ha dicho que confíe en él, no te preocupes, que es un tío cojonudo, que es un tío legal". En la segunda grabación, la de 31 de julio de 2005, Villarejo reconoce que tiene intereses con El Bambi, en concreto "en unas urbanizaciones".
Informaciones del 'Bambi'

Precisamente, en esa segunda grabación despeja las dudas sobre quién se esconde tras el alias de El Bambi. Villarejo explica a García Castaño que había mantenido una conversación con un comisario, a quien identifica con el diminutivo de "El Oli". Según creen los investigadores, se trata de José Luis Olivera, experimentado mando en la lucha contra el narcotráfico. En el audio se escucha a Villarejo contarle a García Castaño que ha hablado con este comisario a raíz de que en la revista Interviú hubieran aparecido informaciones sobre "El Bambi".

"Enrique, yo estuve el otro día con El Oli. Una comida de puta madre, me dijo lo que quieras, es más, hasta le dije que por cierto, macho, lo de Interviú vaya bronca que le habéis dado al Bambi, ¿has visto no? Una bronca de la hostia, por un lado, […]". Hasta el punto que digo: yo tengo, este tío tenía terrenos en varios sitios y yo me dedico a eso: No, no, tú haz lo que te salga de la polla", dice Villarejo en la grabación.

En el audio, Villarejo también alude a un segundo artículo de Interviú sobre Clemente Marcet y sus vínculos con el narcotráfico, que estaban siendo investigados por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Sobre el origen de la información publicada en la revista, Villarejo alude al agente "Pepe Matas" de la Guardia Civil: "El pico ha hablado, y dice que [El Bambi] es un confidente de ellos".

Vozpópuli ha confirmado que en las dos publicaciones de la revista de 18 y el 25 de julio de 2005 se alude a Clemente Marcet, al mismo tiempo que en el segundo artículo, el del 25 de julio de 2005, el excoronel de la Guardia Civil José Matas [Pepe Matas], se refiere a Clemente Marcet como "colaborador" de la Policía.
Curso a EEUU

La información publicada por Interviú y otros diarios, como El Mundo y El País pone de manifiesto que el exjuez Garzón, que se iba a impartir un curso a Estados Unidos durante un año, estaba investigando al menos dos causas sobre los vínculos de Clemente Marcet con el blanqueo de capitales del narcotráfico.

La justicia de Estados Unidos y de Francia ha condenado a todos los narcos que utilizaron el avión del príncipe saudí Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan para transportar unos 2.000 kilos de droga de Caracas a París. Según la colombiana W Radio, Clemente Marcet fue condenado el 9 de mayo de 2007 a 5 años de cárcel.

La cronología de los hechos de 2005 coinciden con las fechas de la grabación, habida cuenta de que Garzón abandonó en ese año durante unos meses el juzgado, que quedó en manos de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior del Gobierno del PSOE. Ahora, el despacho de abogados que este exjuez creó tras su expulsión de la carrera judicial defiende a varios de los investigados por su relación con Villarejo en el caso Tándem.
Las preguntas sin respuesta de Garzón

¿Fue usted el instructor de dos causas en la Audiencia Nacional en las que el señor José María Clemente Marcet fue investigado o imputado?

¿Recuerda cómo acabaron las dos causas?

¿Participó usted en la petición de extradición por parte de Estados Unidos o Francia a España de José María Clemente Marcet?

En caso de respuesta afirmativa a la anterior: ¿Usted apoyó o rechazó esta extradición?

¿Sabe si el señor Grande-Marlaska tomó alguna decisión sobre Clemente Marcet durante su paso en 2005 y 2006 por el Juzgado Central de Instrucción número 5?

¿Recuerda si al final se llevó a cabo la extradición de Clemente Marcet?

¿Sabía que en esa época, en la que Clemente Marcet estaba imputado por usted, el comisario José Manuel Villarejo era socio de José María Clemente Marcet?¿Lo supo después?

¿Tuvo o ha tenido conocimiento de que Villarejo (o sus empresas) cobró en 2008 al menos 1,2 millones de euros de Clemente Marcet?

¿El comisario Enrique García Castaño le preguntó en alguna ocasión sobre la situación de José María Clemente Marcet?

En una grabación de febrero de 2005, Villarejo le pregunta a García Castaño sobre si usted le iba a “levantar” algo, sin especificar qué a 'El Bambi'. Él dice que sí, en marzo, y que confiara en Marlaska ¿A qué se refiere con levantar? ¿Quién es 'El Bambi'?

¿Usted sabía que en 2018 José María Clemente Marcet viajó a Arabia Saudí junto a García Castaño y a Villarejo?

¿Usted tomó la decisión de permitir que Clemente Marcet recuperara el pasaporte para viajar a Arabia Saudí?

   

[47ronin]

Las grabaciones del excomisario
Podemos pide examinar una investigación de Garzón sobre un narco socio de Villarejo

La acusación popular que ejerce la formación morada reclama al magistrado Manuel García-Castellón que inicie una investigación tras publicar 'Vozpópuli' una grabación en la que se muestra que el clan policial conocía una decisión que iba a adoptar el exjuez sobre un narco que hizo negocios con el excomisario

Tono Calleja
Alejandro Requeijo

Publicado 26.02.2019 - 05:15

La acusación popular que ejerce Podemos en el 'caso Villarejo'ha reclamado al magistrado Manuel García-Castellón que examine los dos sumarios que instruyó Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional sobre el narco José María Clemente Marcet, según el escrito presentado este lunes, y que se conoce tras publicar Vozpópuli que el comisario jubilado José Manuel Villarejo alardeó de que conocía una decisión que el exjuez iba a adoptar poco después sobre este banquero acusado de blanquear dinero del narcotráfico.

En concreto, y según consta en un escrito dirigido a García-Castellón, al que ha tenido acceso este diario, Podemos solicita al juez que pida al Decanato de la Audiencia Nacional que aporte una copia completa de las diligencias previas 23/2003 y 14/2004 que se abrieron sobre el narcotraficante en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón era su titular.

En ambas causas de la Audiencia Nacional se investigaba al banquero y empresario José María Clemente Marcet en relación al presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico, según la información publicada en 2005 por la revista Interviú y los diarios El País y El Mundo.
También extradiciones

Asimismo, Podemos reclama al juez del caso Villarejo que pida a la Audiencia Nacional que aporte toda la relación de los procedimientos judiciales en los que haya figurado como investigado Clemente Marcet, incluidas las extradiciones y órdenes de detención reclamadas por las autoridades de Estados Unidos y Francia, países en los que se siguieron causas penales contra este banquero.

La acusación popular del 'caso Villarejo' hace estas reclamaciones al juez García-Castellón al hilo de las grabaciones publicadas este lunes por Vozpópuli, en virtud de las cuales la formación morada concluye que uno de los integrantes del presunto clan policial mafioso, en concreto Enrique García Castaño, alias El Gordo, tuvo conocimiento por parte de Garzón de una decisión que favorecía a un socio de Villarejo: "Pese al secreto de sumario", según especifica el escrito de la formación dirigida por Pablo Iglesias.

En cuanto a los vínculos del supuesto narcotraficante Clemente Marcet y Villarejo, Podemos concluye que ambos podrían haber mantenido "una relación comercial estable y fluida entre 2005 y 2015" en la que también podría haber participado otro "de los líderes de la organización criminal aquí investigada", en alusión a El Gordo.
"Vaciamiento patrimonial"

También sospecha el partido de Pablo Iglesias que la red presuntamente corrupta de Villarejo podría haber diseñado una operación de "vaciamiento patrimonial" con Clemente Marcet, y todo ello mientras este banquero estaba inmerso en al menos dos procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional "y otras tantas solicitudes de extradición y/o órdenes europeas de detención y entrega".

Podemos alude, en este sentido, a otra información adelantada por Vozpópuli sobre una supuesta operación de blanqueo de capitales de la red corrupta en la República Dominicana: "Disfrazada como compraventa de terrenos entre José Manuel Villarejo y José María Clemente Marcet", especifica el escrito dirigido al juez.

En el documento, la acusación popular hace otras peticiones al instructor. Como por ejemplo que se busquen, entre la documentación intervenida por la Policía a Villarejo, más referencias sobre Clemente Marcet: "Tanto por sus datos personales verdaderos como sus identidades ficticias: José María Stuart o sus apodos Bambi, Escorpión, El Escorpión o Scorpy", completa Podemos.
Inmuebles en España

También reclama Podemos que la Policía Judicial elabore un informe sobre Clemente Marcet en el que se deberían detallar sus actividades económicas en España, sus propiedades muebles, bancarias y financieras incluidas, e inmuebles: "Tanto de titularidad directa como de titularidad indirecta a través de empresas interpuestas, tanto presentes como pasadas, así como otras posibles identidades que haya utilizado en España", indica el documento.

La Policía, según especifica el escrito de Podemos, debería comprobar si Villarejo ha recibido personalmente o a través de cualquiera de las empresas o sus testaferros algún pago realizado por el presunto narcotraficante.

En este sentido, un informe policial que obra en la causa del caso del Pequeño Nicolás informa de que una de las empresas del excomisario resultó beneficiario en 2008 de un crédito de Clemente Marcet por un valor de 1.200.000 euros.

El exjuez Baltasar Garzón es uno de los principales promotores de Actúa, la plataforma política promovida junto al diputado de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias Gaspar Llamazares, quién este domingo hizo pública su decisión de presentarse a las elecciones generales de 28 de abril.

[47ronin]

50 "TERAS"

 


La desencriptación del material de Villarejo por parte del CNI sobrecarga de trabajo la Audiencia Nacional

Los funcionarios de tramitación, gestión y auxilio se están viendo desbordados por los 50 Terabytes de documentos que se están incorporando al sumario


27/02/19access_time 1:02


El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consiguió desencriptar la totalidad del material incautado al comisario Villarejo en el marco de la operación Tándem, por la cual permanece encarcelado.

Se trata de una ingente cantidad de documentos, que asciende a 50 Terabytes de información recopilados en varios discos duros. Las fuerzas policiales no lograron descifrar todos los documentos.

Tras lograr desencriptarlo, el CNI ha enviado este material a la Fiscalía anticorrupción para su análisis e investigación por parte de los fiscales encargados, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

A la vez, estos documentos se han enviado al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso.

Según ha sabido Confidencial Digital, se trata de una pequeña “avalancha” para los funcionarios del juzgado, que han visto cómo la carga de trabajo se ha incrementado con la llegada de este material.

En este sentido, los funcionarios de tramitación, gestión y auxilio judicial se encuentran “desbordados” por la cantidad de documentos que fechar y dar traslado, según ha sabido ECD de fuentes cercanas al caso.

Estas mismas fuentes aseguran que la situación no es de colapso, pero sí de “sobrecarga de trabajo”, ya que el volumen de informes “no deja de aumentar”.

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Interior pone escolta al juez del 'caso Villarejo' tras ser allanada su vivienda

Un desconocido irrumpió el martes por la tarde en la casa en ausencia de Manuel García-Castellón, en la que sí había un familiar, que no pudo ver al intruso

Alejandro Requeijo

Tono Calleja
Publicado 13.03.2019 - 23:00


El Ministerio del Interior ha asignado una escolta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, después de que este martes por la tarde un desconocido irrumpiera en su vivienda, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Vozpópuli fuentes judiciales y policiales.


García-Castellón es el instructor de casos de corrupción tan importantes como Tándem o Villarejo, pero también de Lezo y Púnica, entre otros.

El magistrado puso en conocimiento de la Policía Nacional que un individuo sin identificar había irrumpido por sorpresa en su domicilio particular de Madrid a las siete de la tarde mientras un familiar estaba dentro de la casa.
Abrió la puerta sin forzarla

El diario El Mundo, citando fuentes policiales, explica que el asaltante abrió la puerta de la casa sin forzarla y se paseó durante varios minutos por el pasillo y el salón principal. El familiar que se encontraba en una de las habitaciones, con la puerta cerrada creyó que había sido el propio juez el que había llegado y paseaba por el inmueble.

Minutos después el intruso abandonó la vivienda dejando la puerta principal de acceso al inmueble abierta. La Policía no fue alertada hasta que un familiar llegó a la casa y encontró la puerta de acceso al exterior abierta.

El allanamiento se conoce una día antes de que el propio García-Castellón vuelva a interrogar este jueves al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría colaborado en la sustracción de documentos al extesorero del PP actuando como confidente policial.
Cúpula policial

García-Castellón, el titular del Juzgado Central número 6, sustituyó en diciembre al anterior instructor del caso Villarejo, Diego de Egea, que abandonó la Audiencia Nacional. Este cambio ha coincidido con una aceleración de las pesquisas hasta ahora promovidas solo por la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado ha imputado a toda la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos al ex director adjunto operativo Eugenio Pino y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

En febrero pasado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió la querella presentada por el abogado Carlos Domínguez Luis, letrado del empresario Juan Miguel Villar Mir y de Francisco Javier López Madrid, contra García-Castellón, al no apreciar ninguna infracción penal en las intervenciones telefónicas que acordó en unas diligencias penales en las que se grabaron conversaciones del dueño de la constructora OHL con su abogado.

[47ronin]

El jefe de la Policía Local denuncia la filtración de una de sus nóminas

Acudió al juzgado y a la Agencia Española de Protección de Datos por un hecho que considera “muy grave”.


El oficial Adolfo Suárez, en una imagen de archivo | g. salgado

Diario de Arousa
b. y. cambados 16/03/19

El jefe de la Policía Local de Cambados, Adolfo Suárez, ha denunciado en el juzgado y ante la Agencia Española de Protección de Datos la filtración, publicación y difusión de una de sus nóminas, procedente del Ayuntamiento, y conteniendo información personal sensible.

Del suceso se tuvo conocimiento esta semana y, de hecho, el documento ha terminado divulgándose por la localidad. La nómina en cuestión contiene sus datos personales de identificación, domicilio e incluso número de cuenta, salvo los dígitos que, por seguridad, acostumbran a ocultarse bajo asteriscos.

El oficial considera el suceso como “muy grave” e “increíble”, ya que se estaría vulnerando la Ley de Protección de Datos, difundiéndose información confidencial. Además, cree que el o los responsables de la filtración habrían actuado con “dolo”, toda vez que el documento que se hizo público se corresponde a un mes “en concreto” de este año, en que la nómina estaba “inflada”. Este aumento se debe, indicó, al haberse abonado “todo junto” diversos conceptos atrasados, entre ellos, “atrasos de horas extras” de varios meses, así como unas “gratificaciones” y cursos, todo ello pendiente.
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Por ello, por el hecho de haberse filtrado datos de estas características correspondientes a una mensualidad tan específica, sospecha que quien actuó para que se conociese lo hizo para “atentar contra mi imagen”.

De dirimir las reponsabilidades de todo ello, incluidas las de las publicaciones y difusiones del documento por redes sociales y de mensajería, se podrían hacer cargo ahora las investigaciones a realizar tanto por el órgano judicial como por el ente estatal.