Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 233971 veces)

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1980 en: 02 de Octubre de 2019, 10:19:15 am »


Absuelto un coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico porque el delito está prescrito
Aquí no aplican la coletilla que aplicaron con la cabo??

Esa de : A la cabo la condenaron por “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”. Los jueces de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo remarcan en su sentencia que “para que la imagen de la Guardia Civil pueda quedar perjudicada y el tipo disciplinario que contemplamos se colme, resulta necesario que los comportamientos integrantes de la conducta reprochada se proyecten ad extra, es decir, trasciendan a personas ajenas al Instituto de la Guardia Civil, las cuales han de conocer tanto los hechos o el hecho como la condición de miembro del Cuerpo del actor”.

En este sentido, el Supremo remarca que los guardias civiles, de acuerdo con la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, “deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros, siendo reprochables cuantas acciones que, por su trascendencia, afecten al haz de valores y virtudes que caracterizan a la Benemérita
Si tu jodel chino........chino mealse en sopa. !Tu decidil!.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1981 en: 02 de Octubre de 2019, 10:21:24 am »
Y la dignidad? Donde esta la dignidad...
Si tu jodel chino........chino mealse en sopa. !Tu decidil!.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1982 en: 03 de Octubre de 2019, 18:25:45 pm »



El jefe Superior de Policía de Canarias veta la presencia de las dos diputadas de Podemos por Las Palmas en un acto oficial


José María Moreno invitó a diputados y senadores de todos los partidos al acto institucional de entrega de distinciones, pero excluyó expresamente a Victoria Rosell y a Meri PitaEl máximo responsable policial alega que “las invitaciones se cursan a las personas que consideramos”; la Delegación del Gobierno asegura que no participó en la organización ni en el protocoloMoreno era el responsable del mantenimiento de la escolta policial al exministro José Manuel Soria dos años después de que dimitiera por los papeles de Panamá y a pesar de que Interior se la había retirado


Autoridades invitadas al acto institucional del patrono del Cuerpo Nacional de Policía. (ALEJANDRO RAMOS)
Por Canarias Ahora
03 oct 2019 17:06

El jefe superior de Policía de Canarias, el comisario José María Moreno, excluyó expresamente a las diputadas de Podemos por la provincia de Las Palmas de la lista de autoridades invitadas al acto institucional del patrono del cuerpo, celebrado este miércoles en el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha confirmado él mismo en respuesta a las explicaciones que le reclamó la Delegación del Gobierno, indicaron fuentes de la misma a requerimiento de este periódico. “Las invitaciones se cursan a personas, no a partidos políticos, y a nuestros actos vienen las personas que nosotros consideramos” fue la respuesta de Moreno.


Al acto fueron invitados los diputados y senadores de otras fuerzas políticas, incluido el diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez, así como la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, secretaria general de la formación en Canarias. Pero por orden expresa del jefe superior, de la lista se tacharon los nombres de Victoria Rosell y de Meri Pita, han confirmado fuentes conocedoras del proceso seguido en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria. En esa exclusión también intervino la comisaria provincial de Las Palmas, Sagrario de León.


José María Moreno, jefe superior de Policía de Canarias. (ALEJANDRO RAMOS)
“Desconozco los motivos de mi exclusión”, ha dicho Rosell a este periódico; “he asistido en muchas ocasiones como jueza a los actos oficiales organizados por la Policía y me sorprende esta decisión. Me parece muy grave que, en nombre del delegado del Gobierno y en el suyo propio, un mando policial pudiera estar cometiendo una discriminación ideológica y una exclusión de dos representantes de la ciudadanía; creo que el delegado del Gobierno debe dar una explicación”.


Asistentes al acto institucional del Cuerpo Nacional de Policía. (ALEJANDRO RAMOS)
Meri Pita, por su parte, ha resaltado lo que considera “un manifiesto déficit democrático” por parte del jefe superior de Policía, “que no entiende que tiene que respetar lo que dice la ciudadanía canaria sobre quiénes son sus representantes”.

Al acto fueron invitados y acudieron los diputados del Partido Popular por Las Palmas Guillermo Mariscal y María del Carmen Hernández Bento; el diputado de Ciudadanos por la misma provincia Saúl Ramírez, así como la del PSOE Elena Máñez, junto a los senadores socialistas por Gran Canaria Ramón Morales y Saturnina Santana. También se encontraba entre las autoridades la vicepresidenta del Parlamento canario, Esther González, de Nueva Canarias, y la portavoz del PP, Australia Navarro. No asistieron Noemí Santana ni Alberto Rodríguez, de baja paternal, pese a haber sido invitados.


El tarjetón que se envió a los invitados llevaba como encabezamiento de la invitación el siguiente texto: “El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León Ojeda, y el jefe superior de Policía de Canarias, José María Moreno, tienen el honor de invitarle…”


Documento del delegado de Interior, Juan Salvador Ojeda.
Sin embargo, una fuente oficial de la Delegación del Gobierno aseguró a este periódico que nadie de ese organismo participó en la organización del acto de la Policía, ni conoció el listado de personas y autoridades invitadas, “ni por lo tanto la exclusión de nadie”.

El Ángel custodio de Soria
El jefe superior de Policía de Canarias, que se mantiene en el cargo desde que lo nombrara el Gobierno de Aznar, es el responsable local de que se mantuviera la escolta policial al exministro José Manuel Soria más de dos años después de que dimitiera acorralado tras su aparición en los papeles de Panamá.

Mientras la Secretaría de Estado de Seguridad había decidido no continuar prestándosela en sus desplazamientos fuera de Canarias, en el Archipiélago el exministro se desplazaba en coches policiales con escoltas, incluso a sus visitas de negocios una vez montó su consultoría de expansión internacional.


Cuando se le pedían explicaciones al jefe superior por estos extremos, su respuesta era tratar de que el periodista le revelara las fuentes de las que se servía para informar.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1983 en: 08 de Octubre de 2019, 07:38:35 am »
 

Un comisario de la Policía Foral exige a sus agentes flexibilizar las multas en Corella tras una reunión con el alcalde

El jefe de la comisaría de Tudela acordó con el regidor municipal, Gorka García, “criterios de actuación” para la imposición de sanciones sobre el estacionamiento de vehículos.

Navarra.com
06 octubre, 2019 - 12:30

Acuerdo policía foral multas corella aceras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Navarra - Sindicato de Policía Foral (CSIF-SPF) ha denunciado un acuerdo firmado por el jefe de la comisaría de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, tras una reunión con el alcalde de Corella, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente), por el que se flexibiliza la imposición de multas de aparcamiento en la localidad ribera.

Se trata de un documento fechado el pasado 22 de julio, por el que el comisario acuerda, tras la cita con el regidor, que "en las calles secundarias con menor flujo de circulación y anchura limitada de vía, se flexibilizará su control, para que el estacionamiento de los vehículos en la calzada no imposibilite o dificulte la circulación normal de vehículos".

Como se recuerda, el Gobierno de Navarra había suscrito el 12 de abril un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Corella para que la Policía Foral prestara servicios de seguridad pública en la localidad. A esta situación se llegó debido a que la Policía Local no contaba con efectivos suficientes para desempeñar esas funciones, por lo que se decidió que una patrulla del cuerpo policial autonómico, formada por dos agentes, ejecutaría esas labores de seguridad pública durante todo el año, en un turno de trabajo cada día.

El conflicto surgió cuando los vecinos comenzaron a percibir evidentes diferencias en el número de multas entre los turnos de la Policía Municipal de Corella y los de la Policía Foral. Las quejas motivaron incluso la colocación de carteles en algunas calles del municipio, en los que se exponía que siempre se habían aparcado los coches de esa manera y nunca se habían realizado denuncias por ello.

Como los efectivos de la Policía Foral continuaban cumpliendo el reglamento, las protestas acabaron llegando hasta el despacho del alcalde, que se reunió con el comisario de Tudela, que vive en Corella, el 19 de julio para ver cómo se podía corregir la situación. El resultado no fue otro que el citado acuerdo, en el que se pactó que la Policía Foral "flexibilizaría el control" de los estacionamientos.

En ese documento, al que ha tenido acceso NAVARRA.COM, se establecen diversas pautas de actuación sobre los criterios de control del tráfico en Corella. En el referido a la vigilancia de los estacionamientos de vehículos sobre las aceras, se indica que "se permitirán las utilizadas habitualmente en las calles que, por su amplitud, no se generen problemas de seguridad para los peatones; en las calles secundarias con menor flujo de circulación y anchura limitada de la vía, se flexibilizará su control para que el estacionamiento de los vehículos en la calzada no imposibilite o dificulte la circulación normal de vehículos".

REPRIMENDAS VERBALES

Según las protestas de varios agentes de la comisaría tudelana, Escudero, después de la reunión con el alcalde corellano, responsabilizó a sus subordinados de ese incremento de las sanciones, llegando a sugerir incluso que las denuncias estaban mal efectuadas. Más aun, se encargó de iniciar una serie de reprimendas verbales a los agentes que se iban a trasladar hasta el municipio.

La situación no varió, ya que los policías continuaron cumpliendo a rajatabla el control de los estacionamientos. Por ello, el comisario, según las críticas de los agentes, exigió que se impusieran sanciones tan solo cuando se les requiriera para ello, un mandato que, posteriormente, se tradujo en que denunciaran únicamente cuando hubiera una queja expresa y el estacionamiento del vehículo pudiera causar peligro para los peatones.

Según el sindicato, la voluntad de los policías de cumplir el mandato legal encomendado en la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto a la vigilancia del tráfico conllevó que las reprimendas del comisario de Tudela se multiplicaran. El último paso fue la firma de una instrucción con criterios de actuación sobre el control del tráfico de Corella, llevada a cabo después de una reunión con el alcalde, para indicar cuándo y cómo se debía denunciar.

Según se ha podido conocer de fuentes directas de la comisaría afectada, los policías encargados de esas labores en el municipio ribero han estado varias semanas sin poder cumplimentar denuncias, ya que les han retirado los boletines, que han sido guardados bajo llave. Por ello, aun en el caso de detectar una infracción conforme a la legislación vigente en materia de tráfico, no pueden proceder a la sanción.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

CSIF-SPF recuerda que los criterios de actuación firmados por el comisario de Tudela chocan con los principios básicos de la mencionada ley orgánica, en cuyo artículo 53.1B se establece como función específica "la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación". Por ello, alegan que el mandato del jefe de la comisaría de Tudela colisiona de manera frontal con los principios básicos de actuación sobre jerarquía y subordinación.

No es la primera polémica en la que se ve envuelto Miguel Ángel Escudero. Como desveló hace unas semanas NAVARRA.COM, el comisario de la capital ribera aprovechó el pasado mes de abril las atribuciones de su puesto para remitir una información a la Brigada de Régimen Interno, desautorizando a dos de sus policías después de haber recibido una llamada de protesta del entonces alcalde de Murchante, el socialista Tomás Aguado.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1984 en: 09 de Octubre de 2019, 06:41:52 am »
'Caso Villarejo'
'El Gordo' declara que el exjefe de seguridad de Cospedal hizo el informe contra Podemos

Enrique García Castaño ha asegurado al juez Manuel García Castellón que el encargo lo realizó la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del también imputado Eugenio Pino


Cospedal y Gómez Gordo EFE
Tono Calleja


Alejandro Requeijo

Publicado 08.10.2019 - 18:47
ActualizadoHace 9 horas

El comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los imputados en el caso Villarejo conocido con el apodo de El Gordo, declaró este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que el comisario Andrés Gómez Gordo, una exasesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, fue el autor del polémico informe contra Pablo Iglesias, denominado PISA, el acrónimo de "Pablo Iglesias Sociedad Anónima", según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas presentes en la declaración celebrada este martes.

Este informe, que según el testimonio de García Castaño fue encargado por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a Gómez Gordo, fue utilizado por el sindicato Manos Limpias para denunciar en el Tribunal Supremo a Pablo Iglesias y a otros exdirigentes de Podemos, como Íñigo Errejón. La denuncia no fue aceptada a trámite por los magistrados, que argumentaron que el documento, que no estaba firmado, era un mero compendio de "informaciones periodísticas", que no podían justificar sin más la apertura de un procedimiento penal.

Pese a que la denuncia fue archivada por el Tribunal Supremo, y el informe PISA fue desautorizado, el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, a quién la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes una fianza de 50.000 euros, trasladó el trabajo al Tribunal de Cuentas, que no vio ningún problema en la financiación de Podemos.

El secretario general de Podemos ha pedido explicaciones al líder del PP tras conocer esta información. Asimismo, ha manifestado que esto "probaría que el PP estuvo detrás de la fabricación de noticias falsas contra Podemos, dirigiendo las cloacas".

'Operación Kitchen'

El comisario Gómez Gordo está imputado en el caso Villarejo como uno de los presuntos autores del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, un operativo parapolicial bautizado por el comisario José Manuel Villarejo como Operación Kitchen. Gómez Gordo fue nombrado director general de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en realidad se encargaba de la seguridad de la entonces presidenta de la Comunidad manchega, María Dolores de Cospedal.

Y como jefe de seguridad, Gómez Gordo acompañó a Cospedal a las declaraciones como testigo. La primera vez cuando fue llamada por el caso Gürtel, y la segunda tras denunciar esta a Luis Bárcenas en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Toledo por injurias.

Según el relato de fuentes de la causa, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos contactó con Gómez Gordo, cuando este todavía estaba trabajando en el Gobierno de Cospedal. Y fue entonces cuando Gómez Gordo, aprovechando que ambos habían coincidido anteriormente trabajando en la Comunidad de Madrid, le captó para la causa a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO, según informa Europa Press.
Reingreso de Gómez Gordo

Siempre según el relato de los hechos de las fuentes consultadas por Vozpópuli, Eugenio Pino pidió entonces el reingreso en la Policía de Gómez Gordo para que llevase la relación con el nuevo confidente y así acabó involucrado en el operativo de Kitchen o espionaje a Bárcenas, que investiga la Audiencia Nacional.

Durante el tiempo que se mantuvo el operativo parapolicial, Villarejo emitió "notas informativas" sobre los avances del operativo, cuyo destinatario era Eugenio Pino. Fue él, de acuerdo a la declaración de García Castaño, quien bautizó el despliegue, porque le parecía que Sergio Ríos tenía pinta de cocinero y cuando daba parte, se refería siempre al operativo como Operación Kitchen, completa Europa Press.

Parte de esas notas, así como los recibís de los pagos a Sergio Ríos estaban entre la documentación intervenida cuando Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 y figuraban también en los archivos del Ministerio del Interior, que ha aportado la documentación hallada en dos tandas al juzgado y ha instado la desclasificación de su contenido y la venia para que los policías implicados hablen de ello en el Consejo de Ministros.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1985 en: 11 de Octubre de 2019, 07:18:43 am »
Cuántos culos deben andar apretados temiendo lo que pueda escupir este personaje.....


Villarejo: Prisa sobornó a un juez para condenar a Javier Gómez de Liaño por el caso Sogecable
El excomisario denuncia una operación para inhabilitar al entonces juez y asegura tener grabaciones y documentos que lo prueban.
10 octubre, 2019 17:25

 
El excomisario José Manuel Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla en la que documenta que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al juez Enrique Bacigalupo por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable.

Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011 y se le consideraba un juez cercano al PSOE de Felipe González. En la actualidad ejerce de abogado y entre sus clientes más destacados está el jugador del FC Barcelona Leo Messi.

El comisario encarcelado asegura en la denuncia que se organizó una operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño y apartarlo de la causa que instruía contra Sogecable, empresa del grupo de comunicación Prisa.

Además, el polémico excomisario, encarcelado por la 'operación Tándem', describe varios de sus encuentros con los implicados en el asunto: "Me reuní en varias ocasiones con Matías Cortés (abogado), en una de las cuales asistió también Horacio Oliva (abogado) y en dos ocasiones con Antonio Navalón (entonces periodista del Grupo Prisa), sólo para establecer los detalles de los procedimientos de pago".

En el escrito de la denuncia, Villarejo sostiene que "Txiqui Benegas en nombre de Felipe González" y varios empresarios eran "el vínculo con los de Sogecable".

Reuniones "grabadas" y "encargos"

Villarejo advierte que "algunas de estas reuniones" fueron grabadas y que existen también notas que probarían los hechos que ahora denuncia. Asimismo, solicita que el Juzgado de Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional remita las cintas intervenidas en el registro de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid) y todo el material que pueda aportar luz sobre el 'caso Gómez de Liaño'

Villarejo detalla los pormenores de una operación para terminar con la carrera de Gómez de Liaño. En concreto, se habría realizado un primer pago al magistrado Enrique Bacigalupo. "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich".

Otro de los pagos al juez de Supremo que condenó a Gómez de Liaño por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable se realizó a "alguien próximo al magistrado que nunca supe con certeza quién fue" se trataba de unos 170.000 dólares "desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas", según detalla el escrito del excomisario.

Tras las reuniones que mantuvo Villarejo, el ahora excomisario recibió además otro tipo "encargos". Entre ellos, el "control de movimientos de la pareja Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márque de Prado o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales".

Un portavoz del grupo Prisa niega rotundamente las acusaciones del comisario  Villarejo contenidas en este artículo y asegura que son falsas. La compañía no ha tenido aún conocimiento de la denuncia y cuando la tenga hará la valoración pertinente.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1986 en: 13 de Octubre de 2019, 08:09:43 am »

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1987 en: 19 de Octubre de 2019, 13:40:37 pm »

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1988 en: 29 de Octubre de 2019, 07:08:41 am »

   
Un mando de la Policía confiesa haber suministrado datos bajo cuerda a Billy el Niño para protegerlo

Constancio Riaño declara ante el juez que identificó a dueños de coches y números de teléfono porque su "amigo", con una empresa de seguridad, era seguido y vigilado
El inspector jefe jubilado afirma que Billy el Niño no podía acudir a denunciar por el "desprestigio" al que le han sometido los medios de comunicación
La declaración de Riaño como imputado en el caso Villarejo es el último ejemplo del "compañerismo" con el que un sector de la Policía sigue arropando a Billy el Niño
Pedro Águeda
28/10/2019 -

La repulsa que provoca la trayectoria policial de Billy el Niño no parece calar en un sector del Cuerpo al que perteneció y que sigue invitándole a celebraciones oficiales y tratándole como a un "compañero" más. El último ejemplo es el inspector jefe Constancio Riaño, mando de la Comisaría General de Información (CGI) hasta hace tres años, quien ha confesado ante el juez del caso Villarejo que suministró a Billy el Niño datos de los titulares de matrículas y de líneas de teléfono bajo cuerda porque, según él, su "amigo" Antonio González Pacheco se sentía amenazado.

Constancio Riaño Prieto compareció en la Audiencia Nacional el pasado 23 de septiembre para declarar como imputado en el marco de dos piezas del caso Villarejo. Está jubilado desde noviembre de 2016 y la última década en activo fue jefe de Relaciones Institucionales de la CGI, la sección que se dedica a facilitar a otras unidades los datos de ciudadanos que obran en poder de las distintas administraciones o del sector privado.

El inspector jefe Riaño insiste en dos ocasiones durante su declaración en que "no hay ninguna sentencia por torturas" contra Billy el Niño, el argumento legal que ha contribuido a mantener intacto el medallero del presunto torturador pese a los anuncios del Gobierno socialista de que le iba a retirar esas condecoraciones.

"A todas las personas he intentado ayudar yo en mi vida como policía. Y un señor al que le califican de no sé qué, y que todavía no hay ninguna sentencia, le estaban aterrorizando, le estaban amargando la vida, y tiene una hija con cáncer ahora", responde Riaño sobre Billy el Niño a preguntas del abogado de Enrique García Castaño, superior suyo en la CGI y también investigado. Según publico El Mundo, Billy el Niño utilizó ese material en beneficio de una empresa de seguridad que posee desde 1997, Spas Consultores, que presentó cuentas por última vez en 2016, el año de la jubilación del inspector jefe Constancio Riaño.

El letrado pregunta a Riaño por qué González Pacheco, también jubilado, no denunció esas amenazas si era, como dice, "vigilado constantemente, seguido constantemente". "Está demasiado desprestigiado por los medios de comunicación. Necesitaba un amigo", contesta el investigado. "Está enfermo por eso", añade.

Ante la sorpresa del abogado por el trato de favor, Constancio Riaño insiste en su confesión sobre las ayudas a Billy el Niño: "Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tengo la obligación de ayudar a todos los ciudadanos de mi país". En todo caso, el inspector jefe se escuda en que los datos de matrícula que entregó a González Pacheco se pueden conseguir en Tráfico pagando "dos euros y medio".

En cuanto a las titularidades de los teléfonos, el policía no ahonda. "(Billy el Niño decía:) He tenido estas cinco llamadas, igual, a ver si son de un enemigo mío y me quiere matar", dice Riaño recreando las supuestas palabras de su amigo. Fuentes del caso reconocen que podrían deducir testimonio para que un juzgado ordinario investigara las afirmaciones de Riaño, pero creen que las generalidades en que incurrió abocarían al archivo esa denuncia.

Como su inmediato superior, Enrique García Castaño, y varios de sus compañeros, Riaño está acusado de facilitar datos reservados a la organización criminal que presuntamente dirigía José Manuel Villarejo a cambio de dinero o prebendas. Riaño Prieto alega que solo cumplía órdenes de García Castaño, pese a que hay correos electrónicos incorporados a la causa que demuestran su relación directa con Antonio Bonilla, expolicía y presunto miembro de la banda de Villarejo.
La Brigada Antiatracos que liberó a Quini

El inspector jefe Riaño es, como su amigo González Pacheco, un voluntarioso 'runner'. Así queda de manifiesto en las clasificaciones de las carreras que se pueden consultar en Internet. Aunque Constancio Riaño ingresó en la Policía en los años setenta, década de apogeo de Billy el Niño, el inspector jefe jubilado asegura que conoce a González Pacheco de la afición de ambos por correr.

Riaño pertenece a la generación de mandos policiales que se han jubilado en el último lustro y que ingresaron en la Policía en los estertores del franquismo. A diferencia de otros imputados en el caso Villarejo, no estuvo destinado en la lucha antiterrorista hasta el último tramo de su carrera. Riaño integró los Omega, el polémico grupo Antiatracos de Barcelona en la década de los setenta que es conocido por sus métodos expeditivos, éxitos policiales y sospechas de corrupción, en una ciudad donde se podían llegar a producir una decena de asaltos con armas de fuego al día, según relatan policías de la época.

Un grupo de aquellos Omega, dirigidos por Francisco Álvarez y que integró Constancio Riaño, fue el que liberó de su secuestro a la estrella del FC Barcelona Enrique Castro, 'Quini'. Paco Álvarez acabaría años después condenado por terrorismo de Estado en los GAL. Aún hoy sigue dedicado al sector de la investigación privada. Constancio Riaño, por su parte, pasó de la Brigada Antiatracos a jefe de seguridad de La Caixa en Barcelona, donde permaneció dos décadas. Al salir de la entidad activó la puerta giratoria que se prodiga entre mandos de la Policía para regresar al Cuerpo como jefe de Relaciones Institucionales de la UCAO de García Castaño.

En el marco del caso Villarejo, Riaño Prieto asegura que siempre cumplió órdenes del Gordo, incluso cuando las solicitudes de información se producían de un modo informal, escritas en un 'post it'. Alega que pensaba que estaba trabajando "por España" pese a que recabó y trasladó datos, entre otros, de un bufete de abogados de Madrid, enfrentado a otro y que había requerido los servicios de Villarejo. García Castaño asegura que Riaño actuaba por libre y que tenía una intensa relación con Antonio Bonilla, el socio de Villarejo.
Entre palmaditas y cócteles oficiales

5 de diciembre de 2013. El juez Pablo Ruz cita a declarar a Antonio González Pacheco y al capitán Muñecas por la orden de detención cursada por una magistrada argentina contra ambos por delitos de torturas. A la salida, Billy el Niño, con el rostro cubierto por un casco de moto, es acompañado por un veterano agente de la Comisaría General del Poder Judicial que le abre la puerta de un coche camuflado de la Policía y le da una palmada antes de que el presunto torturador se suba al vehículo. La Audiencia Nacional terminó por apreciar un posible delito de torturas en el policía pero rechazó la entrega por estar prescrito.

4 de octubre de 2018. Antonio González Pacheco es fotografiado participando del ágape que ofrece la comisaría del Distrito de Ciudad Lineal, uno de los más grandes de Madrid, con motivo de la festividad del Patrono de la Policía. La difusión de la imagen provoca que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordene el cese inmediato del comisario al mando, Mariscal de Gante. El cese no se lleva a efecto porque se trata de un destino que no es de libre designación.

16 de enero de 2019. El Gobierno reconoce que no puede cumplir su compromiso de retirar las medallas a Billy el Niño, concedidas en virtud de una Ley Orgánica de 1964 porque no puede cambiar la legislación con carácter retroactivo.

21 de marzo de 2019. Eldiario.es publica que la investigación interna que se abrió con motivo de la invitación de Billy el Niño a la comisaría de Ciudad Lineal se cerró de plano al poco tiempo por ausencia de indicios de falta. Aquella información reservada ordenada por Grande-Marlaska ni llegó a transformarse en expediente.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1989 en: 29 de Octubre de 2019, 07:11:49 am »

 

El juez prorroga dos años más la prisión preventiva al comisario Villarejo
El magistrado argumenta que hay un elevado riesgo de fuga, "un evidente riesgo de reiteración delictiva" y un "alto riesgo de destrucción de fuentes de prueba"
Villarejo lleva ya dos años en la cárcel acusado de delitos como organización criminal, blanqueo, cohecho o revelación de secretos
Europa Press
28/10/2019 - 16:18h

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este 3 de noviembre cumple dos años en preventiva, atendiendo a que concurren elevado riesgo de fuga, "un evidente riesgo de reiteración delictiva" así como "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba".

En un auto de 19 páginas notificado este lunes tras la celebración de una vista que se prolongó durante dos horas el pasado jueves, el juez acuerda la prórroga, que puede llegar a ser de otros dos años mientras no medie juicio y sentencia y descarta que las razones de salud que alegó el comisario sean suficientes para ponerle en libertad, dado que no se trata de "graves padecimientos" que no puedan ser atendidos en prisión en los términos que fija la ley.

"La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en eL tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado", dice García Castellón.

El auto detalla los delitos que se imputan al comisario en cada una de las 16 piezas separadas en las que actualmente se articula la macrocausa, nueve de las cuales siguen bajo secreto. En total, acumula imputaciones por varios delitos de organización criminal para la comisión de delitos graves en su condición de jefe, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento y delitos fiscales, es decir, un horizonte de más de 100 años de cárcel.

"El riesgo de fuga es evidente y no sólo por las elevadas penas a las que se enfrenta (*) sino y sobre todo por cuanto a lo largo de la investigación se ha evidenciado la capacidad concreta que presenta de sustraerse a la acción de la justicia", expone el juez, que recuerda uno de los audios de la causa en el que Villarejo dice a otro investigado "que lleva más de 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando por todo el mundo".

El instructor apuntala esta tesis por el alto nivel económico descubierto a Villarejo, que tiene un patrimonio inmobiliario tanto en España como en el extranjero superior a 16 millones de euros y "una estructura financiera" que le permitiría "sustraerse" a la justicia, sumado a que cuando fue detenido se le intervino un pasaporte en blanco y dos DNI con identidades que no le correspondían .
Asegura que tiene copias del material intervenido

Además, se le atribuye un "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba" porque la Audiencia Nacional sigue pendiente de comisiones rogatorias internacionales para determinar el alcance de su organización criminal, y de reiteración delictiva, porque "él mismo afirmó disponer de varias copias" del material incautado y que "podría ser utilizado directamente" por él "para continuar la actividad delictiva por la que se le investiga".

A lo largo del auto, el juez resume el contenido de las actuaciones contra Villarejo desde el momento en que se abrió la causa contra él y salió a la luz "la existencia de un entramado criminal centrado en torno a las empresas del Grupo Cenyt dirigida a la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Así, expone que "la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado, le permitió el tráfico de dicha información con terceros" en una conducta que se reproduce en todos los proyectos investigados, en los que Villarejo "aportaba como valor añadido" de su "pluralidad de sociedades" su "relación directa" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo, además, "sin la previa solicitud de compatibilidad" y obteniendo grandes beneficios.

"Las actividades que ofertaba iban mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, aprovechándose de situaciones extremas de crisis empresarial para intervenir por medios poco ortodoxos en la vida personal de los implicados en aquellos conflictos", expone el auto.
16 piezas separadas separadas

En la actualidad, la causa se articula en las piezas Principal o 'King', que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, 'Pieza 1', que implica al comisario Carlos Salamanca; 'Iron', en relación al espionaje a un bufete de abogados; 'Land', sobre la herencia de los Cerededa; 'Pit', en torno a una extradición a Guatemala; 'Cinco', sobre los audios de Corinna; 'Pintor', por la extorsión a un ex juez; 'Kitchen', que indaga el espionaje al 'popular' Luis Bárcenas y sigue secreta; y 'Marbella', sobre un empresario.

Asimismo, constan como piezas separadas, todas bajo secreto, 'BBVA', que investiga 13 años de trabajos para la entidad; 'Pieza 10', sobre revelación de secretos de Podemos; 'Planeta' en relación a un encargo sobre un arbitraje; una específica sobre delitos fiscales de Villarejo y otras cuatro más en relación a 'proyectos' concretos del comisario.

 

   

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1990 en: 04 de Noviembre de 2019, 07:03:21 am »
   
   
     
   
INICIA UNA DOCENA DE EXPEDIENTES
Rebelión en la comisaría de San Blas: bajas, traslados, colas y un jefe contra todos

El sindicato mayoritario de la Policía denuncia al jefe de las dependencias por su política de cambios de turnos que impide la conciliación y anuncia movilizaciones de los funcionarios

Roberto R. Ballesteros

 
03/11/2019 15:49 - Actualizado: 03/11/2019 15:50

La comisaría de la Policía Nacional en San Blas, en el madrileño barrio del mismo nombre, está dividida. El comisario que la dirige tiene a la práctica totalidad de la plantilla en contra. Desde que se hizo cargo de las dependencias el pasado febrero, el nuevo jefe trató de implementar una serie de cambios en las estructuras y modos de trabajar que no han caído nada bien en el personal, que ha presentado multitud de quejas al respecto.

El máximo responsable, por su parte, también ha elevado casi una docena de escritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para protestar por la actitud de otros tantos funcionarios. De todas esas misivas, siete siguen adelante hoy en régimen, que estudia cada caso por separado. Este intercambio de reclamaciones interpuestas por ambas partes no es, sin embargo, la única muestra del enfrentamiento abierto que mantienen los empleados de la comisaría, liderados por los delegados de Jupol, sindicato mayoritario en el cuerpo desde que en las pasadas elecciones obtuviera más de la mitad de los representantes del Consejo de la Policía, con el comisario de las dependencias.

Los sindicalistas explican que, desde que llegó el nuevo jefe, media docena de funcionarios de la comisaría se han dado de "baja psicológica" porque no soportan la presión a la que les ha sometido el comisario. Así se lo han transmitido, de hecho, en un escrito remitido al Consejo de la Policía, donde califican de "preocupante" este alto número de bajas. "Nunca se había dado esta situación tan potencialmente delicada para la salud emocional de los compañeros", añade el papel, que tilda el ambiente laboral de "insoportable". "Algunos funcionarios han llegado a ser atendidos por el Samur debido a la sobrecarga de trabajo y las presiones diarias", subraya.

Jupol asegura asimismo que "todo" el grupo de policía judicial, el que en cada comisaría se dedica a investigar lo que ordena la judicatura, se desmanteló completamente tras el aterrizaje del nuevo máximo responsable. "Históricamente ha sido una plantilla veterana y con buen ambiente de trabajo", recuerdan en el mismo escrito elevado al Consejo de la Policía. "Ahora los que trabajan ahí son funcionarios recién jurados o que no tienen experiencia en tareas de investigación", critican desde Jupol, que no deja departamento sin valorar.
100 cambios de turnos

En la oficina de denuncias, "el personal es insuficiente", reprochan las mismas fuentes, que aseguran que "muchas jornadas de trabajo" tan solo hay un policía al cargo todas las gestiones de guardia y que los ciudadanos a veces tienen que esperar hasta siete horas para ser atendidos por este funcionario. Pero no es el único sitio en el que faltan funcionarios. Según el sindicato, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), encargado de reaccionar lo más rápido posible ante atracos u otro tipo de delitos callejeros, también está bajo mínimos y sus componentes muchas veces tienen que encargarse de realizar los trámites de detenidos (comparecencias, diligencias, traslado, etc.) que además desconocen, porque no es su función.

"Una persona le ha denunciado por conciliación familiar porque el jefe le ha cambiado de su puesto", explican fuentes del sindicato, que censuran también que el jefe cambie turnos "de repente y sin dar explicaciones". En verano, el máximo responsable de las dependencias llegó a hacer "más de un centenar de cambios sin previo aviso", denuncian desde Jupol, que entienden que esto incide directamente en la vida familiar de los funcionarios. Además, reprueban, el jefe "amedrenta a la plantilla" a través de este arma que son los poderes para modificar los horarios laborales.

El 'viejo' policía de Galán que metió a Villarejo en la comisaría de Iberdrola
Agustín Marco
La continuada contratación del comisario encarcelado se explica por la relación con Antonio Asenjo, el hombre de confianza del presidente de la eléctrica desde hace dos décadas

El comisario no ha querido hacer declaraciones a El Confidencial. Tampoco la Jefatura Superior de Policía. Las fuentes sindicales consultadas, sin embargo, sí critican este malestar y advierten incluso de que, de no tomar medidas la Dirección General, los funcionarios de las dependencias policiales se movilizarán en las puertas de la comisaría durante los próximos días con el objetivo de visibilizar su desacuerdo con la actitud de su jefe.

D. C. B. fue nombrado responsable de la comisaría el pasado febrero, después de pasar apenas unas semanas como jefe operativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Antes, había estado en el Puesto Fronterizo del aeropuerto del Prat. Ascendió a comisario en diciembre de 2017. D. C. B. no es la primera vez que tiene un fuerte enfrentamiento con los sindicatos policiales. Una denuncia de la Unión Federal de Policía, el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía en 2011 provocó que el Juzgado 1 de Don Benito imputara dos años más tarde al ahora comisario por apropiación indebida y abuso de funciones.