Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 246300 veces)

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2000 en: 09 de Diciembre de 2019, 15:33:57 pm »
Siendo comisario es mucho más fácil tener un puesto de mando que no tenerlo.

Lo venden como si fuese un puesto de la hostia, pero para un comisario, ser jefe de un distrito es de lo más bajo que hay.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2001 en: 11 de Diciembre de 2019, 07:13:07 am »



El mensaje a López Madrid del policía que le investigaba por acoso a la doctora Pinto: "Este partido lo vamos a ganar"

La Guardia Civil halla conversaciones del empresario y el mando policial entre el material incautado a Javier López Madrid cuando fue detenido en el caso Lezo
"Queda poco de secreto de sumario y toca tirar de paciencia en esta última vuelta", escribe el entonces inspector jefe de Policía Alberto Carba al yerno de Villar Mir
El informe de Carba motivó el archivo de la causa contra López Madrid y enterró los indicios contra Villarejo, pero la Audiencia reabrió la causa cuestionando su trabajo
Pedro Águeda
10/12/2019 - 21:49h

El caso que reúne las denuncias cruzadas por acoso entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid experimenta un nuevo giro. Unos mensajes incautados al yerno de Juan Miguel Villar Mir cuando fue detenido en el marco del caso Lezo revelan la relación de proximidad que mantenía con el mando policial que supuestamente trataba de esclarecer las acusaciones entre él y la dermatóloga, ambos imputados en distintos juzgados.

En uno de esos mensajes, a los que ha tenido acceso eldiario.es, el entonces inspector jefe Alberto Carba une los intereses de la investigación a los del poderoso empresario y le escribe: "Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar".

El Confidencial publicó una información el pasado lunes acerca del oficio de la Guardia Civil y estos mensajes bajo el título: "La UCO halla correos de López Madrid con el policía que investigó el acoso sexual de Pinto".

La Guardia Civil remitió el pasado 23 de julio un oficio al juez Manuel García-Castellón dando cuenta de los mensajes hallados en su investigación del caso Lezo, la trama que llevó hasta el expresidente madrileño Ignacio González por enriquecerse presuntamente a través de la empresa pública del agua Canal de Isabel II. Esas pesquisas derivaron en el caso de la presunta financiación irregular del PP madrileño y es ahí donde aparece Javier López Madrid, investigado por entregar dinero negro del Grupo Villar Mir a la formación política y quedarse, según las pesquisas, con una parte que se habría repartido con Francisco Granados y David Marjaliza.

El 21 de abril de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a Javier López Madrid y registraron, por orden del juez, su domicilio y sus despachos, incautándose de teléfonos y otros dispositivos móviles. Entre todo ese material aparecieron los mensajes de teléfono y correos electrónicos que llamaron la atención de los investigadores pese a no tener relación con la causa y que "se encontrarían relacionados con una investigación llevada a cabo con motivo de una denuncia presentada por la doctora Elisa Pinto Romero contra Javier López Madrid por un supuesto delito de acoso, agresión y amenazas", traslada la Guardia Civil en el oficio remitido el pasado verano al juzgado y que ha sido incorporado al sumario de Lezo.

El primero de esos mensajes data del 16 de octubre de 2015. Carba se presenta al empresario y le explica su misión en la investigación, casi dos años después de que la doctora acudiera por primera vez a comisaría a denunciar amenazas y agresiones. Un mes después de dirigirse por primera vez al empresario, el 19 de noviembre de 2015, López Madrid escribe al policía: "Alberto de verdad mil gracias por tu amabilidad y cariño, dándome confianza (…) Es uno de los tres iMessage incorporados al oficio de la Guardia Civil y que fueron recuperados de una tablet.

El policía se deshace en atenciones en su trato con el empresario imputado por acoso y delitos de corrupción. Si éste le avisa que llegará tarde a una cita que habían previsto, el mando responde: "Por supuesto javier. No te preocupes. Tenemos toda la mañana". Si López Madrid le llama y no le localiza, después le contesta: "Buenas noches javier. Acabo de aterrizar que venía de profesor en un curso de la Ertzaintza. Querías algo?"

El informe que elaboró a la postre Alberto Carba sirvió para que, a petición de la Fiscalía de Madrid, la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid archivara la investigación contra López Madrid. En esos informes, Carba concluía que la doctora se había inventado el acoso y que ella era la presunta responsable de otros mensajes amenazantes recibidos por el empresario. La defensa de la mujer denunció un montaje policial, recurrió la decisión y la Audiencia de Madrid terminó por corregir a la magistrada Belén Sánchez. La instancia superior ordenó a la jueza reabrir la causa y volver a imputar a López Madrid, en un auto en el que cuestionaba el método seguido por Carba para señalar a la mujer y exculpar a López Madrid.

Elisa Pinto había denunciado en trece ocasiones en la comisaría madrileña de Chamartín dos agresiones con arma blanca, así como amenazas telefónicas, sin que la Policía hiciera nada. La mujer optó por escribir a la Secretaría de Estado de Seguridad pidiendo auxilio. En esa época, Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior; Francisco Martínez, ahora al borde de la imputación por el espionaje a Bárcenas, su secretario de Estado; Ignacio Cosidó, director general de la Policía; y de número dos del Cuerpo estaba Eugenio Pino, artífice de la brigada política y jefe operativo de la Policía.
El comisario Villarejo, también beneficiado

Cuando Alberto Carba recibió la orden de investigar el caso de la doctora Pinto, el caso ya había saltado a los medios y había entrado en una nueva dimensión: la mujer había reconocido fotográficamente al comisario Villarejo como el hombre que la había pinchado en el costado en abril de 2014 mientras le decía: "López Madrid quiere que cierres la boca". La jueza había citado en dos ocasiones a Villarejo para una rueda de reconocimiento  y la Dirección de la Policía le había disculpado asegurando que estaba en misiones en el extranjero.

Antes de que llegara la fecha de la tercera citación, Carba presentó su informe exculpatorio para López Madrid y su compañero Villarejo. El comisario hoy en prisión estaba entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de Pino y guardaba todos los secretos de la guerra sucia contra la oposición que se desarrolló entre 2012 y 2016 y en la que participó activamente. El comisario que organizó el reconocimiento fotográfico de la mujer a Villarejo acabó defenestrado por aquella Dirección de la Policía.

En otro de los mensajes descubiertos por la Guardia Civil, del 23 de noviembre de 2015, el inspector jefe Alberto Carba escribe a López Madrid. El investigador revela al investigado que esa mañana ha estado reunido con la jueza que le mantiene imputado y con la magistrada que hace lo propio con la mujer. Pero ahí no acaban las confidencias del agente, que actúa como "policía judicial". El inspector jefe le adelanta que le queda poco para acabar su "trabajo". “De aquí al próximo lunes, salvo requerimientos”, le precisa. Y añade: "Queda muy poco de secreto de sumario y toca como hemos dicho tirar de paciencia en esta última vuelta". Efectivamente, la jueza dictó el levantamiento del secreto de sumario el 9 de diciembre siguiente, dos semanas después. eldiario.es se ha puesto en contacto con el hoy comisario Carba, quien declinó hacer declaraciones alegando que necesita un permiso expreso de sus superiores.
La "estrecha relación" de López Madrid con policías

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo un volcado del teléfono de López Madrid a requerimiento de la jueza que investiga a la doctora Pinto y extrajo una serie de mensajes, pese al borrado intenso al que unos especialistas habían sometido al terminal antes por requerimiento de su propietario. Algunos de esos mensajes fueron objeto de un informe por parte de la UCO ya que evidenciaban, según los agentes, las "estrechas relaciones" entre el investigado López Madrid y un grupo de mandos policiales.

Entre esos mandos estaba José Manuel Villarejo Pérez, quien asegura que un amigo le puso en contacto con el comisario y que se limitó a aconsejarle que denunciara. López Madrid también trató con el comisario Enrique García Castaño, mando de la lucha antiterrorista ya jubilado e imputado en el caso Villarejo, quien niega gestiones a favor del empresario. López Madrid acabó denunciando el supuesto acoso de la doctora ante el Grupo V de Homicidios, pese a no investigarse ningún crimen. El empresario negó en un principio esas relaciones con mandos policiales ante la jueza, pero ante las evidencias tuvo que desdecirse y reconocerlos. Según afirmó, estaba desesperado ante la injusticia que sufría.

Los especialistas de la Guardia Civil recuperaron otros mensajes que fueron incorporados por la jueza al sumario y que recogían el apoyo de los reyes de España al empresario al poco de conocerse los gastos de las tarjetas black de Caja Madrid, por los que el empresario fue condenado con posterioridad. 
Al frente de la comisaría más grande de Madrid

Alberto Carba González tomó posesión como comisario el 20 de diciembre de 2018. Licenciado en Ciencias Policiales y Derecho, su destino en la Sección de Secuestros y Extorsiones hizo que se prodigara en intervenciones en los medios de comunicación. Apenas ha estado unos meses en su primer destino como comisario, en la localidad valenciana de Alzira.

Bien relacionado con la cúpula policial, la Dirección del Cuerpo hizo uso de un mecanismo extraordinario para que Carba regresara rápidamente a Madrid, nada menos que como  jefe de la comisaría del distrito Centro, la más grande de la capítal. El comisario Carba está al mando de medio millar de agentes desde agosto y es frecuente verle en recepciones de embajadas o rodeado de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como en la copa que se celebró en este último con motivo del Día de la Policía el pasado octubre. 

El policía tuvo que reconocer ante la jueza errores en su investigación del caso Pinto. Carba, por ejemplo, había concluido que no había pruebas de que la doctora estuviera en el lugar de la agresión con arma blanca de abril de 2014, por la que está imputado hoy Villarejo. Unas imágenes de cámaras de seguridad atestiguan lo contrario, según tuvo que reconocer después en sede judicial. Sus conclusiones sobre la supuesta culpabilidad de la doctora Pinto incluyen un informe de la unidad de Análisis de la Conducta de la Policía, que elaboró un retrato de la mujer sin haberla siquiera entrevistado. La autora de ese informe es la esposa de Alberto Carba.


 

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2002 en: 23 de Diciembre de 2019, 21:12:44 pm »


El inspector jefe de Atestados de Oviedo, investigado por «abandono de servicio»


La Policía abre diligencias contra el mando tras un anónimo que lo sitúa viendo «en un partido de fútbol de su hijo» en Grado estando de servicio
A. A.OVIEDO.
Lunes, 23 diciembre 2019, 05:52

La imagen no es del todo alentadora. El inspector jefe de Atestados de la Policía Local de Oviedo está siendo investigado por sus compañeros de la unidad de la Policía Judicial por un posible caso de «abandono del servicio» en el que, según ha podido conocer este diario, el agente habría dejado a un lado sus obligaciones para asistir a un partido de fútbol de su hijo en Grado.


Los hechos se remontan al pasado 22 de septiembre, cuando un anónimo jocoso -al que ha tenido acceso EL COMERCIO- enviado al edificio de Seguridad Ciudadana, denunciaba que el inspector, el mismo que comandaba la fallida investigación del atropello de Rafa García en Muñoz Degraín, había sido visto en el estadio Marqués Vega de Anzo, en Grado, durante su jornada de trabajo. Era domingo, día de plus en el sueldo.

En el escrito anónimo, el autor se presenta irónicamente como un colaborador del programa televisivo de misterios y esoterismo Cuarto Milenio llamado «Ambrosio del Falo Grande» y afirma que el motivo de la carta se debe a una investigación sobre «un posible caso de bilocación en la Policía Local de Oviedo». Sarcasmo a parte, el escrito firmado por el imaginado colaborador televisivo detalla las horas a las que habría sido visto el mando policial en el campo de fútbol del Mosconia ese día de septiembre (entre las 17.30 y las 19.30 horas) y añade un enlace a una fotografía en la que efectivamente se le puede ver en la grada del campo contemplando el partido. En el sobre que contenía la anónima denuncia, también se incluyó un pendrive con un archivo de vídeo en el que el jefe de Atestados vuelve a aparecer saliendo del estadio a eso de las siete y media de la tarde.

Esta denuncia de «Ambrosio del Falo Grande», se ve confirmada en el informe posterior de la Policía Judicial. La investigación interna verifica que «el hijo del inspector» era uno de los jugadores de «la alineación del C. D. Mosconia» aquel día, y explica que el mando «figuraba de servicio» en la hoja del turno de la tarde como jefe de la sección de Atestados «sin que se conozca que tuviese un permiso que justificase su presencia en el municipio de Grado».


El texto prosigue, y además de enumerar los datos contenidos en la irónica carta y el rastro digital para dar con las imágenes en las que aparece el inspector en el campo (a través de una web dedicada al fútbol asturiano), hace énfasis en que, tras realizar averiguaciones «discretas» entre los efectivos de aquel domingo, los agentes preguntados respondieron que el mando «había estado al inicio del servicio y luego se incorporó a última hora, sin que pudieran precisar dónde estuvo en su ausencia».

Por lo pronto, desde el Cuerpo Municipal de Policía no se han tomado medidas disciplinarias contra el inspector y, a falta de una posible depuración de responsabilidades, desde la sección sindical de Sipla (Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias) manifestaron «el derecho del mando a la presunción de inocencia». Además, solicitaron calma a la espera «del resultado de la investigación para poder valorar si cabe sanción disciplinaria por los hechos relatados. Hay que dejar trabajar a los instructores del procedimiento y que, en su caso, se abra», aseveguraron.

Si se abre, porque la Policía Local tiene un curioso e irregular sistema de control horario del personal: no ficha.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2003 en: 24 de Diciembre de 2019, 23:19:10 pm »
Esto huele a venganza . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2004 en: 14 de Enero de 2020, 07:15:33 am »

El exjefe de la Policía dice ser víctima de un tribunal de honor

13/01/2020

El comisario principal denuncia en la demanda contra su cese que se le generó una situación de indefensión. Asegura que los «falsarios» motivos alegados por el Ayuntamiento para justificar su remoción no solo resultan «enfermizos» sino que son «integradores de desviación de poder»

Javier Darriba
@DarribaJavier


El tribunal de honor era una institución castrense que se creó en el siglo XIX para juzgar si un individuo era digno de pertenecer al cuerpo militar. Luego se extendió a la administración civil a principios del siglo XX y aunque fueron abolidos con la II República, Franco los restituyó tras la Guerra Civil. En la actualidad está prohibido por la constitución española. El exjefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, asegura en el escrito de denuncia contra su cese en el cargo, presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de la capital, que el Ayuntamiento le aplicó un tribunal de honor.

«Se violaron sus derechos constitucionales», explica su abogado, Alberto Hawach, «pues fue sometido a un tribunal de honor prohibido por el artículo 26 de la Constitución».

De esta circunstancia acusa también a la jefa de Personal por aceptar el informe del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en el que se justifica el cese, sin haber seguido un procedimiento de remoción reglado. «Prefirió someter a mi patrocinado a un tribunal de honor, proscrito por el artículo 26 de la Constitución, ya que optó torticeramente por forma parte de la farsa del cese, pues el motivo real (el de los informes negativos de la gran cabalgata del carnaval 2019 por total falta de personal y seguridad, y el impago de las horas extra a los policías capitalinos) impedían su volcado en una resolución de cese», prosigue la defensa letrada.

El comisario entiende que el concejal fue puesto en alerta por sus antecesores en este área y, por tanto, el grupo de gobierno actuó con prejuicios para cesarlo. «Nos encontramos ante una autoridad administrativa, el señor concejal de Seguridad, prevenida, contaminada y parcial en sus juicios técnicos (derrapados desde que fue nombrado como concejal hacia juicios de valor subjetivos) sobre el señor Saavedra Brichis», expone el abogado.

Además, se denuncia la información que, sobre el exjefe, le fue traspasada al concejal antes de que iniciara su relación con el Ayuntamiento, tal y como este mismo reconoce en su informe de propuesta de remoción. «¿Cómo es posible que antes del inicio de la relación de este concejal de Seguridad con el Ayuntamiento haya tenido acceso de fraudulenta forma a datos, informaciones y expedientes fantasma (que jamás se han incoado) relativos al señor Saavedra Brichis?», pregunta Alberto Hawach al juez en su escrito de demanda.

Considera el comisario principal que esta transmisión de información, previa a la toma de posesión de la concejalía, vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los Derechos Digitales, pero también el propio Código Penal. «Pues no concurría en él -se refiere alconcejal de Seguridad- el estatus de autoridad pública cuando conoció esas informaciones (...) que además condicionan severamente su informe propuesta de cese», apunta.

Para apuntalar el argumento de la resolución prejuiciosa, el escrito de demanda analiza los treinta días hábiles de relación que mantuvieron el concejal -desde su nombramiento- y el comisario principal de la Policía Local. «Es de una palmaria claridad que 30 días son claramente insuficientes para saber si el señor Saavedra es leal o no es leal, y denotan el mayor peso para el informe destructivo de las informaciones previas que le transmitieron al señor Íñiguez los anteriores responsables políticos (sin expedientes disciplinarios ni informativos incoados al efecto), pues son falsas de toda falsedad tales aseveraciones».


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2005 en: 15 de Enero de 2020, 10:08:40 am »

Avanza la causa contra el coronel Arranz y el capitán García por “abuso de autoridad”

El Juzgado Togado Militar Central instruye una querella por “construir” en dos años ocho expedientes disciplinarios contra Gloria Moreno, que han quedado en nada, con la “voluntad” de “destruirla”


El coronel Ricardo Arranz durante el juicio contra Gloria Moreno del que resultó absuelta. Fotos: Sofía Menéndez.
M.R. 0 COMENTARIOS 13/01/2020 - 20:14

La instrucción contra el coronel Ricardo Arranz, el capitán Germán García y el guardia Miguel Ángel Padial por “abuso de autoridad”, el equivalente en el Código Penal Militar al acoso laboral, contra la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, avanza en el Juzgado Togado Militar Central número dos.

Moreno se ha ratificado en la querella interpuesta, ha pedido que la Guardia Civil certifique que ha quedado libre de los ocho expedientes disciplinarios construidos en su contra en los dos últimos años y pide que declaren como investigados Arranz, García y Padial.

En un escrito dirigido al Juzgado, la representación de la sargento señala que los ocho expedientes incoados a la sargento entre julio de 2017 y julio de 2019 han finalizado sin sanción, “lo que acredita una voluntad de los querellados pertinaz, reiterada y perseverante de, en un corto periodo de tiempo, minarla y hostigarla para destruirla como profesional y como persona” sin ninguna “causa” que lo “justificara”.

En uno de los expedientes originado por un parte disciplinario del capitán Germán García, cuya sanción fue declarada nula, el fiscal del Tribunal Supremo destaca “lo tendencioso de la declaración de hechos probados” de la resolución sancionadora.

A Moreno se le abrió expediente por facilitar a una ciudadana el libro de quejas. Para el fiscal “obró correctamente al ofrecer el libro de quejas” a quien precisamente “venía a quejarse”. “Se supone que para eso está”, ironiza.

Otro expediente se le abre a la sargento por responder a unas quejas planteadas por unas ciudadanas que pusieron en conocimiento del Seprona de Lanzarote la comisión de unos presuntos delitos sin que el destacamento de la Guardia Civil tramitara el atestado.

En aquel momento, Moreno estaba de baja y al frente de la unidad se encontraba Padial. A pesar de ello el coronel y el capitán emprendieron acciones contra la sargento y no contra los responsables en ese momento del Seprona.


El capitán Germán García.

“Distorsión a sabiendas”

En marzo de 2018, el coronel Arranz instó el cese de funciones de Moreno durante tres meses, pero el Tribunal Militar Central anuló el pasado mes de octubre esa medida cautelar. En la sentencia se cuestiona que en el “parte disciplinario” no se decía “nada” que justificase la medida.

Para la representación de la sargento, ejercida por la letrada María Jesús Díaz, “se confirma de esta manera” la “distorsión a sabiendas del principio de legalidad” por parte de los mandos de la sargento “con la exclusiva finalidad de construir expedientes, carentes de cualquier fundamento fáctico y jurídico” contra Gloria Moreno.

La querella se ha dirigido contra el coronel Ricardo Arranz y el capitán Germán García, superiores directos de Moreno, y también contra el guardia Padial, que aunque es subordinado de la sargento se le considera “cooperador necesario”.

“Buena muestra de ello”, señala la letrada Díaz Veiga, es que la causa de la que acaba de ser absuelta Moreno por parte de la Audiencia Provincial se inició por una denuncia de Padial contra ella.

La sargento puso en conocimiento de sus superiores información que le habían trasmitido acerca de presuntos chivatazos a furtivos en Alegranza sobre operativos de la Guardia Civil.
EL MANDO DEL SEPRONA EN LA PROVINCIA

El capitán Germán García, máximo responsable del Seprona en la provincia, se mantiene en ese mismo puesto desde hace 14 años, a pesar de haber logrado dos ascensos durante este tiempo en la Benemérita. Los ascensos conllevan un cambio de destino.

Sin embargo, en dos ocasiones el capitán, que ascendió por última vez en 2018, ha conseguido mantenerse en el mismo puesto gracias a la concesión de una comisión de servicio. El capitán, de origen teldense, ingresó en el Seprona en 2004, después ascendió a alférez y luego a teniente. Se le concedió la última comisión de servicio en julio de 2018.

El gabinete de prensa de la Guardia Civil ha rechazado responder a Diario de Lanzarote acerca de si en el expediente para resolver esa comisión se incluye una propuesta del coronel Arranz que menciona la conveniencia de que se mantenga como jefe, para que no quede como responsable del servicio en la provincia la sargento Gloria Moreno, aunque fuera de forma provisional.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2006 en: 16 de Enero de 2020, 14:25:49 pm »


El juez envía al banquillo al ex jefe de la Policía Local de Calvià por corrupción


Considera que existen indicios de que Navarro y otros cuatro agentes habrían cobrado de negocios de la noche a cambio de trato de favor. Los agentes negaron las acusaciones.


José Antonio Navarro saliendo de la cárcel de Palma en octubre de 2014.
EDUARDO COLOM
16/01/2020 12:52
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El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma da otro paso para enviar a juicio una de las presuntas tramas de corrupción policial investigadas desde hace años en la macrocausa impulsada por la Fiscalía balear.


Se trata para más señas de la parte del sumario que investigó a cinco agentes policiales del municipio de Calvià por presunto cobro de sobornos y otros delitos relacionados con sus funciones, como el de extorsión a determinados locales de ocio nocturno de Magaluf. Entre los investigados, además de dos empresarios de la noche, se encuentran dos agentes que eran mandos policiales en la época de la que datan los hechos investigados, hace ya más de cinco años. Se trata del ex jefe de la Policía municipal calvianera, Jose Antonio Navarro, y del ex agente y luego responsable de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma.

El juez instructor Enrique Morell, a instancias de la Fiscalía, ha dictado un auto donde resume los indicios de delito y centra los cargos por los que considera que deben ser juzgados. Acusaciones que los ex policías han negado y que de momento siguen sin haber sido juzgadas.

En su resolución, el juez instructor concluye que "de lo actuado en la causa, se desprenden muy serios indicios de que existen intereses negociales por parte de policías locales que trabajaban o habían trabajado en Calvià en materias concurrentes con el desempeño de sus funciones y en las que intervenían por razón de su cargo". Es decir, que habrían estado cobrando de negocios de la noche por servicios particulares como seguridad privada o servicios de gestoría, lo que, apunta el juez, "no cabe ninguna duda de que implica 'per se' un acto de intimidación, coacción o en su caso de extorsión". No en vano, "difícilmente un empresario a quien le sugieren la conveniencia u oportunidad de contratar uno u otro, va a poder escoger libremente si acepta o no el mismo cuando se da la circunstancia que el agente ofertante o algunos de sus compañeros son precisamente los que en un futuro pueden someterlo a una inspección, y levantar en su caso un acta sancionadora".


Concretamente, Navarro y Ledesma, señala la resolución judicial dictada hoy, "de forma conjunta intervenían en contrataciones laborales y llevanza de nóminas de los trabajadores de establecimientos" de grupos dedicados a ocio nocturno. "En definitiva, se habrían creado claras conexiones directas entre intereses económico y empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, falseadas, e injustificadas, preaviso de su realización, etc.), en perjuicio de las exigencias de la Ley, de la lucha contra la corrupción, la libertad de mercado, y de la igualdad de los ciudadanos". A cambio "de entregas de dinero periódicas", y siempre presuntamente, recibían un trato de favor en las denuncias y chivatazos en las inspecciones.

El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, cierra de esta forma la fase de investigación judicial y considera que existen indicios para que sean sometidos a juicio por cohecho, prevaricación, extorsión, amenazas, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, y delito contra la salud pública. Todavía falta por conocer los informes acusatorios.

Cabe recordar que Navarro llegó a estar encarcelado de forma preventiva por estos hechos pero su situación fue revocada por la Audiencia Provincial, que ordenó su puesta en libertad mientras no hubiera juicio.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2007 en: 19 de Enero de 2020, 07:51:29 am »

Turno ante el juez para los jefes de Villarejo en la Policía: en defensa del "agente encubierto"

Los tres comisarios al frente del Cuerpo con González, Aznar y Rajoy declaran por las cartas que enviaron al instructor elogiando al policía y la utilidad de sus empresas
El jefe operativo con Aznar describe el trabajo de Villarejo como "eficaz, reiterado y satisfactorio" y dice que sus empresas no cobraron por colaborar en investigaciones
Eugenio Pino, jefe de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy: "El jefe del CNI me pidió en dos ocasiones que cesara a Villarejo"

Pedro Águeda
18/01/2020 - 21:11h

En enero de 2018, dos meses después de su detención, el comisario Villarejo no estaba solo. Tres destacados nombres de la Policía Nacional, máximos responsables operativos del Cuerpo en los Gobiernos de González, Aznar y Rajoy remitieron por separado una carta al entonces juez del caso describiendo al policía encarcelado como un "agente encubierto" que había puesto su entramado empresarial al servicio de importantes servicios contra el terrorismo y la corrupción. Dos años después llega el momento de que los comisarios Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino expliquen ante el juez sus cartas en defensa del comisario Villarejo.

Los tres comisarios principales, jubilados, declaran entre el lunes y el jueves en el marco de cuatro piezas de las 25 que integran por ahora el caso Villarejo. El interés que tenga lo que cuenten será repartido por toda la causa. Esas cuatro piezas que sirven para la citación no están bajo secreto de sumario, así que los comisarios tendrán en frente, además del juez y los dos fiscales Anticorrupción, a los abogados personados en la causa, incluidos los de la acusación popular, que ejerce Podemos.

Linares y Díaz-Pintado tendrán obligación de responder a todos porque comparecen como testigos. Eugenio Pino, sin embargo, se podrá acoger a su derecho a no declarar al figurar como investigado, condición que pesa sobre él en el marco de la pieza 7, el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio del PP y con cargo a los fondos reservados.
Agustín Linares, subdirector operativo 1986-1994

El primer testimonio, previsto para las 16:00 de este lunes, es el de Agustín Linares y permitirá viajar en el tiempo 25 años atrás. Linares fue el jefe de la Policía durante buena parte del "felipismo", entre 1986 y 1994. Villarejo estuvo en excedencia una década, de 1983 a 1993. Es la época en la que él asegura que construyó su fortuna con negocios privados que además ponía al servicio de la Policía como tapadera para investigaciones imposibles de realizar sin aquella cobertura. Se trató, según escribió Linares al juez el 2 de enero de 2018, de "servicios y gestiones informativas de interés policial sin solicitar ni recibir por ello retribución alguna".

El juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Villarejo se sirvió de su condición de funcionario para acceder a información confidencial que luego utilizaba en los trabajos que sus empresas vendían a clientes de la élite empresarial del país a precios millonarios. El 29 de junio de 1993, por tanto, se produjo un hecho que afecta al devenir de la investigación. Ese días se produjo el regreso al servicio activo del entonces inspector jefe José Manuel Villarejo Pérez. Desde ese momento, y según Linares, el policía "siguió realizando actividades policiales de carácter informativo sin que, por razón de la naturaleza de su trabajo, estuviera sometido a control de horarios".

Los tres policías que redactan las cartas dicen hacerlo a petición del abogado que representaba a Villarejo en ese momento, Ernesto Díaz-Bastien, histórico letrado del policía que ya trabajó para él en el caso que juzgó un turbio encargo de la Iglesia de la Cienciología a finales de los ochenta y que a punto estuvo de costarle una condena en firme [en el punto 9 de este artículo está explicado].
Pedro Díaz-Pintado, subdirector operativo 1996-2004

Pedro Díaz-Pintado fue el máximo responsable operativo de la Policía durante los dos gobiernos de José María Aznar, la mayor parte del tiempo a las órdenes de Juan Cotino y los dos últimos años bajo Agustín Díaz de Mera. Es por tanto el comisario al frente de la Policía cuando se produjeron los atentados del 11-M.

En su carta al juez, Díaz-Pintado dice que Villarejo "actuó con toda regularidad y eficacia" durante aquellos ocho años "como agente policial encubierto". Antes de que llegara Díaz-Pintado, Villarejo fue apartado a labores secundarias por su participación en la Operación Veritas, una maniobra para situar al policía Enrique García Castaño -ahora imputado junto a Villarejo en la Audiencia Nacional- en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón [punto 2].

Con Díaz-Pintado, Villarejo fue rehabilitado y realizó "un trabajo eficaz, reiterado y satisfactorio", insiste el antiguo subdirector operativo. El jefe jubilado pone como ejemplo "la localización en el extranjero de un conocido traficante de drogas español que se hallaba fugado del país, lo que permitió su detención, repatriación y puesta a disposición de la justicia española". Pedro Díaz-Pintado se refiere a la detención en Grecia de Laureano Oubiña en el año 2000, una operación facilitada por Villarejo, que tenía como uno de sus principales confidentes al traficante de armas Monzer Al Kassar, quien le entregó al narcotraficante gallego [punto 6].

Díaz-Pintado asegura que casi nadie en la Policía sabía de la labor de Villarejo con el fin de preservar su éxito. "Las empresas de Villarejo nunca recibieron emolumento o cantidad alguna por la DGP sino más bien al contrario sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación por ello", añade el antiguo responsable policial.
Eugenio Pino, director adjunto operativo 2012-2016

Entre los mandatos de Díaz-Pintado y Eugenio Pino está el periodo de Miguel Ángel Fernández Chico, al frente de la Policía durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández Chico falleció en 2012. Mientras fue director adjunto operativo, Villarejo fue ascendido a comisario y condecorado con al menos una medalla pensionada. Villarejo tenía trato directo y continuo con Miguel Ángel Fernández Chico, como atestiguan las grabaciones que constan en el sumario.

Según testimonios de mandos policiales de la época, el comisario Villarejo intervino en las grandes operaciones anticorrupción de la época, colaborando con el jefe de la UDEF José Luis Olivera, su gran apoyo en la Policía, en casos como Gürtel, Astapa o Malaya. Una hija de Fernández Chico trabajaba en las empresas de Villarejo intervenidas en la operación de noviembre de 2017.

En 2012, con el regreso del PP al poder, Eugenio Pino se convirtió en director adjunto operativo, una denominación para el cargo que había estrenado su predecesor. Pino es el artífice de la brigada política que actuó durante su mandato contra la oposición política, ya fuera en Catalunya o Podemos. En su misiva, Pino introduce una cuestión que marcó el declive del comisario Villarejo: su enfrentamiento con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, muy activo en los encargos "políticos" de aquella época, y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pino asegura que Félix Sanz Roldán le pidió su cese "en dos ocasiones".

La pieza principal del caso Villarejo aborda el encargo de unos familiares de Obiang enfrentados a otra parte de la familia. Pino no pierde oportunidad en su carta al juez para introducir este tema y descargar de culpabilidad a Villarejo. En tercera persona, Pino dice de si mismo que "recuerda, vagamente, que le comentó que le había surgido la posibilidad de contactar con el Gobierno de Guinea y que de ello había informado al CNI, lo que le pareció oportuno, por ser materia de su competencia".

Otro de los párrafos introduce el modus operandi de la brigada política que dirigió Pino y que él defiende como algo absolutamente legal y regular: "Que tanto en el ámbito de la corrupción política como del terrorismo, (Villarejo) ha realizado significativos informes de inteligencia que después de judicializarse han permitido destacadas operaciones policiales".

Las investigaciones prospectivas contra los adversarios políticos sin control judicial se blanqueaban después a través de la UDEF para intentar ser judicializadas, si bien la mayoría de ellas solo servían para elaborar informes sin firma ni sello que publicaban determinados medios de comunicación cuando más convenía para dañar al soberanismo catalán o a Podemos.

Pino también asegura que durante su periodo se investigó la actividad empresarial de Villarejo, por orden de Jorge Fernández Díaz, "con ocasión de ser revelada públicamente su identidad y doble condición", y que aquella concluyó "positivamente" para el comisario hoy encarcelado. Pino se refiere a las revelaciones periodísticas sobre los presuntos delitos de Villarejo y a una investigación interna que él encargó a otro destacado miembro de la policía política, José Ángel Fuentes Gago, que por su actividad en aquella época está imputado junto al propio Eugenio Pino y Villarejo en el caso que investiga la Audiencia Nacional.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2008 en: 21 de Enero de 2020, 07:05:25 am »

El jefe de la Policía con Felipe González asegura que Villarejo regresó al Cuerpo con el visto bueno de Corcuera

Agustín Linares, que tacha de hecho "extraordinaria" la reincoporación de Villarejo, se desdice y niega ante el juez que utilizara sus empresas para investigaciones
Villarejo contrató en sus empresas a las hijas de dos de los jefes operativos de la Policía: el de la época de González, que lo ha reconocido hoy, y el de Zapatero

El exnúmero dos de Policía dice que hizo un encargo a Villarejo siendo jefe de seguridad del Central Hispano a través del actual secretario del consejo de Ibedrola, pero fuentes de la eléctrica dicen que éste  ni siquiera conoce a Linares
Pedro Águeda
20/01/2020 - 19:41h


El comisario que dirigió la Policía entre 1987 y 1994 se ha desdicho de sus afirmaciones por carta al juez del caso Villarejo y en su declaración como testigo ha asegurado que el policía encarcelado no prestó sus empresas privadas para investigaciones oficiales, aseguran fuentes presentes en la declaración. Agustín Linares es uno de los tres máximos responsables operativos de la Policía en distintas etapas que se apresuró a auxiliar a Villarejo al poco de ser detenido con una misiva al juez laudatoria con el investigado.

Linares ha declarado durante dos horas y quince minutos en calidad de testigo en el marco del caso Villarejo. La carta que ha traído hasta la Audiencia Nacional a Linares está firmada el 2 de enero de 2018 -Villarejo había sido detenido en noviembre- y dice textualmente: “Las actividades empresariales del, actualmente, comisario Villarejo Pérez, jubilado, eran conocidas por los mandos policiales competen y servía de cobertura para realizar actividades de investigación que otro modo no hubiera podido realizar”.

La relevancia de este testimonio radica en que las empresas de Villarejo son pieza fundamental de la investigación contra él. Con ellas facturaba millones de euros por encargos de la élite empresarial del país para fabricar dosieres en los que utilizaba información confidencial, que solo podía obtener por su condición de funcionario, con la presunta aquiescencia de los mandos policiales de cada época, según la tesis del juez y los fiscales.

Esta tarde, Agustín Linares, el jefe operativo de la Policía durante la mayor parte del Gobierno de Felipe González, ha negado que el entramado empresarial del policía fuera utilizado por el Cuerpo en distintas investigaciones, como sostiene Villarejo. El policía encarcelado siempre ha defendido, en su descargo, que su actividad empresarial era conocida por los jefes policiales de cada época.

El testigo Linares incluso ha dicho que, una vez se reintegró Villarejo a la Policía Villarejo, no tuvieron relación. Agustín Linares era en 1993, fecha de la reincorporación al servicio activo del policía investigado, subdirector general de Operaciones, el número dos de varios directores generales, políticos, que tuvo durante sus siete años en el puesto.

Fuentes de Iberdrola aseguran que Julián Martínez-Simancas no conocía a Agustín Linares ni, por tanto, tuvo relación profesional alguna con él en la época en la que ocupaba el cargo de Director General de Asesoría Jurídica del Banco Central Hispano. Las funciones propias de dicha área jurídica en nada estaban relacionadas con el departamento de seguridad del banco, por lo que difícilmente podrían encargarse servicios o trabajos por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica a dicho departamento de seguridad o a proveedores del banco que desarrollaran actividades de esa naturaleza, añaden las mismas fuentes.
Viaje a Siria pagado por un traficante de armas

Durante la excedencia de Villarejo, sin embargo, reconoció que viajó a Siria en una visita pagada por el traficante de armas Monzer Al Kassar, confidente de Villarejo y que había sido detenido y cuya causa luego fue archivada por el juez Baltasar Garzón, por lo que Linares afirma que no le dio importancia a su pasado. Al Kassar cumple en la actualidad condena en Estados Unidos por tráfico de armas internacional.  Linares ha negado que Villarejo volviera a la Policía como agente encubierto, ha añadido que trajo consigo un valioso confidente, distinto a Al Kassar pero que no ha mencionado, y ha valorado su contribución al Cuerpo por los ambientes que había frecuentado durante su excedencia.

El exsubdirector de Operaciones de la Policía ha admitido que el reingreso de Villarejo a la Policía fue “extraordinario” y que de él supieron todos sus superiores, incluidos los políticos del Ministerio del Interior, y el titular de la cartera en ese momento, José Luis Corcuera. Las fuentes presentes en la declaración aseguran que ésta ha sido caótica y que el testigo se ha desdicho de afirmaciones en varias ocasiones. Linares ha negado que él o Corcuera pidieran al comisario su reingreso al servicio activo y ha dicho que fue por voluntad del policía.

Agustín Linares ha reconocido que una de sus hijas trabajó en una de las empresas de Villarejo “unos meses”. Es la segunda evidencia de que el comisario Villarejo daba empleo a los familiares de sus jefes. En el sumario consta que una hija de Miguel Ángel Fernández Chico, director operativo en la época de Zapatero y fallecido en 2012, seguía trabajando en una empresa de Villarejo cuando éste fue detenido a finales de 2017.

El exjefe policial ha reconocido también que utilizó a Villarejo en su etapa en la empresa privada, concretamente cuando fue jefe de seguridad del Banco Central Hispano. En este sentido ha asegurado, según las fuentes consultadas, que realizó el encargo a través del actual secretario del Consejo de Iberdrola, Julián Martínez-Simancas. La eléctrica española es la protagonista de una de las 25 piezas separadas del caso Villarejo por contratar los servicios del comisario.

El abogado de Villarejo ha intentado, por su parte, que Linares reconociera la participación del policía encarcelado en relevantes servicios al Estado como, por ejemplo, la entrega a sus superiores de ensayo de maleta-bomba indefectible que había creado el terrorista Abu Abbas y que el supuesto “agente encubierto” habría obtenido a través de Monzer Al Kassar. Linares ha negado la participación de Villarejo en los servicios policiales expuestos por su abogado.

Linares es uno de los tres jefes operativo de la Policía citados en la Audiencia Nacional esta semana por haber escrito al primer instructor de la causa en defensa de Villarejo. La carta, en su caso, la redactó el entonces abogado de Villarejo y él le dio el visto bueno, ha declarado. El   director adjunto operativo durante la primera legislatura de Rajoy, Eugenio Pino, que está imputado, debe declarar el miércoles, mientras que su antecesor en la época de Aznar, Pedro Díaz-Pintado, lo hará el próximo jueves.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2009 en: 23 de Enero de 2020, 07:08:46 am »
Investigado, se dice investigado....


Imputado el segundo de Fernández Díaz en Interior por el espionaje a Bárcenas

Ha citado en calidad de investigado al que fuera número dos de Interior Francisco Martínez por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas encargado al comisario jubilado

Europa Press

22/01/2020 22:34 - Actualizado: 23/01/2020 00:19

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado el próximo viernes en calidad de investigado a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad en el ministerio de Jorge Fernández Díaz, por su posible implicación en Kitchen, un operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la Justicia.

Según ha avanzado 'eldiario.es' y ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, Martínez ha sido convocado este viernes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga este asunto en la pieza secreta separada número 7 de la macrocausa Tándem sobre las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Se trata del primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto. Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.

Precisamente, en una de sus últimas comparecencias sobre este asunto, García Castaño aportó a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Luis Bárcenas en el contexto del operativo que él mismo volcó en un ordenador portátil adquirido 'ex profeso' para poder mostrar la información a Francisco Martínez, tal y como informaron fuentes presentes en aquel interrogatorio.

García Castaño jugó además otro papel en aquel despliegue. Él personalmente entró en el despacho de la mujer de Bárcenas para buscar unos discos duros, haciéndose pasar por un cliente que llevaba un crucifijo a restaurar. Según su testimonio, no tuvo suerte. Intuyó que quizás otro de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo, ya se los habría llevado.

Siempre sostuvo que se trataba de un operativo legal para buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la Justicia

Pero la pieza clave fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Fue captado por Gómez Gordo a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados durante los dos años que se mantuvo el operativo. Los recibos de aquellos pagos estaban en poder de Villarejo y tenían reflejo en los archivos del Ministerio del Interior, que tras desclasificar el operativo, remitió los documentos que encontró a la Audiencia Nacional.

El ex UCAO siempre ha sostenido que se trataba de un operativo legal para buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la Justicia. También ha negado, como hizo en su día Eugenio Pino, que tuviese el nombre de Kitchen, el apelativo que habría dado Villarejo al asunto porque decía que Ríos parecía un cocinero.

Hay un factor más, y es que a lo largo de estos meses de pesquisas son varios los implicados que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo, bien directamente por Villarejo, bien siendo informado por Eugenio Pino. El entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, un cargo político intermedio entre la secretaría de Estado y el DAO, no ha sido imputado ni llamado a declarar.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2010 en: 26 de Enero de 2020, 08:16:43 am »

Imputado el exjefe de la Udef por un registro de hace 11 años a la sede de 'Gürtel' y que Pablo Crespo no denunció hasta 2019

    Una jueza de Madrid cita como investigado a Manuel Morocho y a otro agente tras la querella que Pablo Crespo presentó en enero del año pasado, una vez que ya acumulaba dos severas condenas por el caso
    El policía ya declaró como testigo ante el tribunal que juzgó el caso que su trabajo para destapar la trama y sus conexiones con distintas administraciones y políticos del PP le costó "seis o siete" denuncias

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 25/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 24/01/2020 a las 21:07

La titular del juzgado de instrucción 39 de Madrid ha llamado a declarar como imputado al inspector jefe de la Udef que dirigió desde su inicio el trabajo policial en el caso Gürtel. La magistrada cita a Manuel Morocho y a otro agente por un supuesto delito de falsedad documental en un registro practicado hace 11 años en la sede principal de las empresas que conformaban el conglomerado que dirigía Francisco Correa. Fijada para el próximo jueves, 30 de enero, la comparecencia de los dos policías es fruto de la querella presentada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, en enero de 2019. Es decir, una década después del estallido del mayor caso conocido de sobornos a políticos, contratos públicos amañados por administraciones públicas de distinto ámbito, delitos contra Hacienda, ocultación de cantidades millonarias en paraísos fiscales y otras actividades que, según la sentencia, beneficiaron económicamente al PP.

La imputación de los dos policías se produce como consecuencia del auto por el que, como publicó infoLibre, la Audiencia Provincial de Madrid obligó el pasado 25 de octubre a la titular del juzgado 39, Belén Sánchez, a admitir la querella de Crespo. Tras esa resolución, la jueza tuvo que tramitarla de manera forzosa, pero dictó otro auto el 5 de noviembre donde denegaba las diligencias propuestas por Crespo. Entre esas diligencias figuraba la toma de declaración como investigados –o sea, imputados– de Morocho y de un segundo agente. La defensa del lugarteniente de Francisco Correa recurrió. Y la Fiscalía se adhirió a su recurso. Entonces, la magistrada optó por revocar su último auto y dictó el 27 de diciembre uno nuevo donde ya señalaba fecha para la declaración de los dos policías: el 30 de enero a las 09.30 de la mañana. La decisión de fijar ya la comparecencia de Morocho y su compañero fue adelantada este viernes por el digital valenciaplaza.com.

En la querella, Crespo acusa de un delito continuado de falsedad documental a los dos policías. Lo hace con el argumento de que, simultáneamente, firmaron el día en que estalló el caso –6 de febrero de 2009– actas derivadas del registro a la sede principal de Gürtel, la del número 40 de la madrileña calle de Serrano, y otras relacionadas con que habían estado interrogando a una de las detenidas, Isabel Jordán.

Al inicio del primer macrojuicio de Gürtel, el de la llamada Época 1, su defensa esgrimió el dato de la simultaneidad entre el registro a Serrano 40 y el interrogatorio a Jordán en un nuevo intento por lograr la nulidad de las pruebas obtenidas. En la sentencia de mayo de 2018, la Audiencia Nacional tumbó el intento de Crespo, que ya había lanzado otros anteriores. E introdujo un párrafo que cita parcialmente la querella de Crespo pero que el tribunal madrileño no reproduce. Ese párrafo dice lo siguiente: "Hecha tal alegación [la de la falsedad en las actas del registro a la sede principal de la trama] en fase de cuestiones previas, hubiera sido poco prudente que este Tribunal acordara, en ese trámite, la nulidad del propio registro, y mucho más la de todas las demás diligencias, porque, dejando al margen esas irregularidades, calificadas de falsedades documentales, que, de ser tan graves como se dice, lo razonable es que hubieran sido objeto de denuncia". Es esa última parte, la que ahora aparece en negritas, la que cita Crespo en su querella.

El auto de la Audiencia madrileña que forzó la admisión de la querella tuvo como ponente a Ignacio González de Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) desde hace tres años. Y lo que ese auto sostiene es que resulta contraria a la ley "la inadmisión de la querella por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa, como se fundamenta en la resolución recurrida". Esto es, en el auto con que el juzgado 39 había rechazado en marzo de 2019 la apertura de diligencias. La querella, dice también el auto, debe admitirse "solo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan las exigencias de algún tipo penal".

La Audiencia Provincial esgrime igualmente el siguiente argumento: que la "fase de instrucción no tiene como finalidad la plena acreditación de los hechos objeto de imputación, ya que solo se puede declarar probada la comisión de un hecho delictivo tras la práctica de la prueba en el acto plenario [el juicio], excepción hecha de la prueba anticipada o preconstituida".  Y que, por tanto, la querella de Pablo Crespo había de ser admitida.

Otra querella más en la lista

Con su querella, Crespo busca la nulidad de los registros. Y persigue así convencer al Tribunal Supremo de que la demoledora sentencia dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional ha de ser revocada. Esa resolución, la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, sentencia a Crespo a 37 años y medio de prisión. Ese mismo mes, el Supremo había confirmado las condenas de la primera rama del caso juzgada –los contratos valencianos de Fitur–, que en lo que respecta al exdirigente del PP gallego y mano derecha de Francisco Correa alcanzaba la cifra de 13 años y tres meses. Un mes más tarde, en junio de 2018, la Audiencia Nacional le impuso otros cinco años de reclusión por la financiación del PP valenciano. Y ya en noviembre de 2019, la Audiencia Nacional añadió otra condena: tres años de prisión por los contratos de Jerez para Fitur.

Ninguno de los dos policías querellados por Crespo aparece mencionado en el auto por su nombre. Pero las claves que identifican al bregado inspector de la unidad contra delitos económicos de la Policía forman ya parte de los anales del país. Morocho es el "agente número 81.067", como consta en el ejemplar del Diario de Sesiones del Congreso que plasma su testimonio ante la comisión que en 2017 investigó la "presunta financiación ilegal del PP".

Allí, al igual que ya había hecho en junio de aquel año ante el tribunal que juzgaba la principal pieza de Gürtel –recibió "seis o siete" querellas, dijo en la sala–, Morocho confirmó que había sido objeto de varias denuncias de miembros del PP: fue denunciado, respondió en la Cámara Baja, "por Luis Bárcenas, por Jesús Merino, por Alberto López Viejo; quedó en fase inicial de avenencia con el señor Cotino; el señor Cascos también nos puso una denuncia… En fin, diferentes personas". A esa lista añadió a renglón seguido otro nombre: el de Ricardo Costa, que terminó por confesar la financiación ilegal del PP valenciano. Salvo el exministro Francisco Álvarez Cascos y el exdirector general de la Policía Juan Cotino, todos acabaron sentados en el banquillo y condenados. Cotino afronta ahora el riesgo de una condena en otro de los juicios de la larga serie de Gürtel, el de la visita del Papa a Valencia, que comienza el 9 de marzo.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2011 en: 28 de Enero de 2020, 19:35:55 pm »
Uyuyuy....que vuelve M.




El jefe de la brigada política declara que Fernández Díaz intercedió por Villarejo porque se lo había ordenado Rajoy


Eugenio Pino asegura ante el juez que el entonces ministro del Interior le dijo que Villarejo había trasladado al presidente del Gobierno que le trataban mal en la Policía García-Castellón pregunta al imputado si Fernández Díaz ratificaría sus palabras de ser llamado a declarar y el exjefe operativo de la Policía responde afirmativamenteEl jefe de la brigada política se desdice de su defensa de Villarejo, añade que desconocía gran parte de su actividad y el juez le espeta: "¡Pero si usted era dios en el Olimpo!"


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón
Por Pedro Águeda
28 ene 2020 12:40

El director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016, Eugenio Pino, ha asegurado esta mañana ante el juez del caso Villarejo que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, le pidió que dejara de "tratar mal" al comisario ahora encarcelado porque así se lo había indicado a su vez el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.


Según Pino, Villarejo había trasladado a Rajoy, sin detallar si fue en persona o a través de terceros, que estaba siendo maltratado en el seno de la Policía y por eso Fernández Díaz se lo comunicó a él. El magistrado Manuel García-Castellón ha preguntado entonces al imputado si Fernández Díaz ratificaría sus palabras de ser llamado a declarar, momento en el que Pino ha contestado que así debería ocurrir.


Pino ha declarado como imputado en el marco de cuatro piezas del caso Villarejo por la carta que firmó defendiendo a Villarejo, de la que se ha desdicho en gran parte. Su condición de imputado responde a los indicios que hay contra él por el espionaje a Bárcenas, cuestión que no era objeto de su declaración de hoy. Pino es el artífice de la brigada política durante la primera legislatura de Rajoy. Su declaración este martes se ha extendido una hora y media.

El comisario Eugenio Pino ha cambiado sustancialmente este martes su posición respecto Villarejo. El 17 de enero envió una carta al primer juez instructor de la causa en la que defendía el trabajo del comisario durante su mandato. "Que tanto en el ámbito de la corrupción política como del terrorismo ha realizado significativos informes de inteligencia que después de judicializarse han permitido destacadas operaciones policiales", decía en su misiva Pino. Hoy, ante el juez, ha dicho que no conocía una gran parte de los trabajos que hizo Villarejo durante esa época, caso de la reunión con el empresario Javier de la Rosa, que se produjo en el marco de la Operación Catalunya.


En la carta que ha motivado su comparecencia, Eugenio Pino presentaba Villarejo como una víctima del CNI. En la Audiencia Nacional ha deslizado que Villarejo podía trabajar para el CNI. De hecho, en la misiva asegura que el general Félix Sanz Roldán, al frente del servicio de Inteligencia español en esa época, le pidió en dos ocasiones el cese de Villarejo.

Pino, ya jubilado, es el tercer jefe operativo de la Policía que declara en los últimos días ante el juez Manuel García-Castaño por las cartas que remitieron a su antecesor en la instrucción. En los tres casos, el magistrado ha mostrado su malestar por las serias contradicciones entre el contenido de esas cartas y las declaraciones de Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino. En este último caso, cuando Pino ha dicho que desconocía la mayor parte de las investigaciones en las que participaba Villarejo y que quiso cesarle pero no pudo, el juez ha espetado al declarante: "¡Pero si usted era dios en el Olimpo!". Lo hacía en referencia a su cargo de director adjunto operativo de la Policía, mando de absoluta referencia en el día a día de la Policía y que solo tiene por encima al director general.

La misiva fue redactada por el entonces abogado de Villarejo, ha dicho Pino, y él la revisó. La principal motivación de su declaración es la afirmación que hace sobre las empresas del comisario, claves en los delitos de los que se le acusa y de las que Pino hoy se ha desentendido. Si en su carta al juez decía que esas sociedades le servían "de cobertura" en su "actividad policial", hoy Pino ha dicho que la Policía nunca utilizó esas empresas y que él sí sabía que existían, pero que solo intuye que Villarejo las utilizaba para obtener información en unas investigaciones que desconocía en su mayoría.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2012 en: 29 de Enero de 2020, 06:56:35 am »

En su declaración por el caso Villarejo
Pino arremete contra el CNI: "Tenía a la Policía perforada como un queso Gruyer"

Asegura que Sanz Roldán le comunicó que el excomisario trabajó para el centro y que pidió explicaciones de su cita con Pujol a Cosidó.
Gema Huesca
miércoles, 29 enero 2020, 04:30
      
El exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino aportó en su declaración en la Audiencia Nacional nuevos datos sobre los trabajos parapoliciales de José Manuel Villarejo que alcanzarían no solo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, sino también al propio CNI. De este modo, el exjefe policial precisó que recibió instrucciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de no "tratar mal" a Villarejo  y también desveló que el comisario, jubilado desde mediados de 2016, trabajó para el servicio de Inteligencia de España, del que dijo que "tenía a la Policía perforada como un queso Gruyer".

Así lo confirman a este diario fuentes presentes en el interrogatorio practicado al exdirector general adjunto (DAO) de la Policía Nacional por el conocimiento que pudo tener de los encargos de espionaje que Villarejo gestionó desde su entramado empresarial. Pino no ratificó todo el contenido de la carta firmada en enero de 2018 y por la que fue llamado a declarar junto con los también exjefes policiales Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado. De hecho, el máximo jefe policial entre los años 2012 y 2016 dijo que no conocía los pormenores de sus trabajos aunque sí sacó a relucir nuevos nombres y se refirió de manera directa a otro de los protagonistas de este caso, el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

Las fuentes consultadas explican que el magistrado al frente de 'Tándem', Manuel García Castellón, se interesó en saber a quien reportó Villarejo en este tiempo además de a la Policía Nacional. Al respecto, Pino expuso que el excomisario trabajó para el servicio de inteligencia. "¿Cómo lo sabe?", le espetó el instructor, a lo que respondió que él mismo se lo preguntó al general Sanz Roldán y éste se lo confirmó. De este modo hizo alusión al exdirector del CNI, al cual también se refirió en su misiva del 17 de enero de 2018. "Que, durante su mandato, surgió una fuerte polémica con el, por entonces, jefe de la Unidad de Asuntos Internos del CPN así como con el director del CNI. Éste último en dos ocasiones pidió su cese", reza la carta a la que ha tenido acceso este diario.
Eugenio Pino, exnúmero dos de la Policía

De hecho, en la misma carta Pino expuso que recordaba "vagamente" que el agente encubierto le comentó que le había surgido la posibilidad de contactar con el Gobierno de Guinea y que informó de ello al CNI, lo que "le pareció oportuno por ser materia de su competencia". Sin embargo, en su declaración de este martes apuntó que no cumplía con la cadena de mando y que no realizaba un trabajo tan ejemplar como al que hizo alusión en la misiva. De hecho, expuso que pidió su cese en el cuerpo al descubrir que había mantenido una reunión 'secreta' con el expresidente catalán Jordi Pujol y el empresario Javier de la Rosa.

Pese a que el magistrado instructor se sorprendió por el hecho de que desconociera los trabajos parapoliciales gestionados desde el Grupo Cenyt (le llegó a decir que fue 'un Dios en el Olimpo'), Pino insistió en que desconocía muchos aspectos de los trabajos que llevó a cabo hasta poco antes de su detención el 5 de noviembre de 2017. De hecho, detalló que él mismo pidió la salida del cuerpo del comisario jubilado al enterarse de su encuentro 'secreto' con Jordi Pujol. Las fuentes consultadas detallan que Pino relató el episodio a preguntas de los investigadores y dijo que, tras descubrir lo ocurrido preguntó a Villarejo por los pormenores de su cita con el expresidente catalán, a lo que éste le contestó que preguntara a la cúpula policial. 

El DAO se dirigió de este modo al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, el cual no le contestó nada al respecto. Tras ello, pidió el cese de Villarejo pero no solo no se concedió sino que los hechos motivaron la entrada en escena de Jorge Fernández Díaz. El exministro del Interior le pidió que "no tratara mal" al agente encubierto a petición expresa de Mariano Rajoy. De acuerdo con la versión de Pino -el cual está imputado en la pieza relativa al espionaje al extesorero 'popular' Luis Bárcenas- Villarejo habló directamente con el entonces presidente del Gobierno y le trasladó su malestar por el trato que estaba recibiendo dentro del cuerpo policial.

De esta forma, Pino apunta a la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy en lo que respecta al conocimiento que tenían de la doble condición de Villarejo, el cual, por su parte, siempre ha insistido en que los cargos más políticos de la Policía y los últimos gobiernos eran conocedores de sus actividades no solo como agente encubierto sino también las relativas a sus encargos privados. De hecho, el comisario jubilado ha insistido desde su detención hace ahora poco más de dos años, en que detrás de esta operación estaría Sanz Roldán y que desde el mismo CNI se ha manipulado todo el material incautado por los investigadores en los registros de sus domicilios de Madrid y Málaga.

Con todo, la declaración de Pino ha sido la menos polémica de las tres prestadas por los últimos jefes policiales desde el año 1986 (a excepción del fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico) puesto que, en un giro de los acontecimientos, los tres altos mandos se desligaron de Villarejo y, en declaraciones plagadas de contradicciones, evitaron ratificar el contenido de las misivas. En ellas llegaron a apuntar que sus actividades "eran conocidas por los mandos policiales competentes y servían de cobertura para realizar actividades de investigación que, de otro modo, no hubiera podido realizar". De este modo, sus declaraciones han sacado a la luz que las actividades del comisario jubilado no solo eran conocidas por parte de la cúpula policial y el CNI sino que los ministros del Interior desde la etapa de Felipe González sabían de sus labores dentro y fuera del cuerpo.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2013 en: 29 de Enero de 2020, 07:31:39 am »
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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2014 en: 03 de Febrero de 2020, 06:31:31 am »

Momento decisivo para las grandes empresas
El Ibex y Moncloa pasan a la acción para desactivar el cohecho en el caso Villarejo

La declaración del exjefe de la Policía desvelando que el Gobierno del PP contrató al comisario implica que tenía el aval para ejercer de empresario.

Fernando Pastor, Fernando H. Valls
lunes, 03 febrero 2020, 04:30

Momento decisivo en el caso Villarejo, el proceso judicial que está poniendo en jaque a varias de las principales empresas del país en los últimos meses. Los equipos jurídicos de las compañías del Ibex 35 implicadas en el proceso abierto en la Audiencia Nacional han puesto en marcha una nueva vía de defensa de sus clientes con el objetivo de dejar fuera de toda la trama la opción de que hubieran cometido un delito de cohecho activo (compra de favores de un funcionario público) a la hora de contratar al comisario hoy en prisión. La declaración del exjefe de la Policía durante el mandato del PP ha sido clave para aprovechar esta veta e intentar desactivar a partir de ahora la parte más importante del procedimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez también está implicado.

Fuentes de la investigación aseguran que la declaración que la semana pasada hizo el que fuera número uno de la Policía Nacional (Director Adjunto Operativo, DAO) con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, Eugenio Pino, ha provocado un "auténtico terremoto" en el proceso. Pino llegó a inquietar especialmente al juez al admitir que a José Manuel Villarejo se le habían encargado trabajos desde el Estado.

Todo ello avalado por la cúpula del Gobierno del PP y siempre bajo la etiqueta de asesor privado, no como funcionario de policía. Es decir, que desde el Ejecutivo central se dio el visto bueno a la compatibilidad de sus dos trabajos.

Algunos de los que estuvieron dentro de esta declaración en sede judicial confirman que las palabras del juez García Castellón al escuchar esta afirmación fueron que le había puesto "el sumario patas arriba", dado que hasta ahora la mayor parte de las 25 piezas que lleva el caso Tándem se basan en la contratación de Villarejo como funcionario público, no como empresario privado. Las mismas fuentes aseguran que Pino le garantizó al juez que si llamaba a declarar al exministro de Interior, Fernández Díaz, le iba a corroborar esta versión.
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El antiguo DAO también llegó a confirmar algunas informaciones que hasta ahora habían apuntado a que Villarejo estuvo en una misión en Siria trabajando como abogado para el Gobierno (el comisario es licenciado en Derecho) y no en calidad de funcionario de policía. Las fuentes consultadas aluden también a una operación del CNI en África que contó con la participación del excomisario a título particular, no como funcionario de la Policía.
Un nuevo escenario judicial para el Ibex y el Gobierno

Pino admitió en sede judicial que hasta el Gobierno contrató a Villarejo fuera de su actividad profesional como comisario y eso abre un escenario totalmente novedoso. Las empresas del Ibex implicadas en la trama Villarejo quieren aprovechar esta vía que ha puesto encima de la mesa el exalto cargo policial que trabajaba a las órdenes de Fernández Díaz para intentar desactivar el caso. Al menos, para torpedear la mayor acusación que pesa sobre sus cúpulas directivas, indican fuentes conocedoras de la estrategia consultadas por La Información.

Si no hay funcionario, no hay cohecho. Es el nuevo argumento que manejan las defensas. Villarejo sería un empresario más, reconocido y a quien incluso el Estado contrató directamente, cuyos servicios también utilizaron las principales empresas de este país porque se lo podían permitir y les interesaba la mercancía.

Puede haber muchos delitos adyacentes a esas operaciones e incluso algunos que nunca van a decaer, pero la base principal del caso, el cohecho, entraría en vía muerta. Una opción así, por tanto, dejaría a la altura del betún la instrucción del caso, gran parte de las piezas abiertas y, por ende, el trabajo de los fiscales, que ya han recibido su primer varapalo esta misma semana al rechazarles el juez la presunta extorsión en la pieza abierta contra dos medios de comunicación.
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Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, indican fuentes cercanas a Moncloa, está informado de todos estos movimientos sobre la operación de desmontaje de la trama de Villarejo. También tiene su interés en que el juez de un paso atrás.

Y es que la relación entre el Ejecutivo y el Ibex atraviesa un buen momento, por lo que desactivar un caso que afecta a compañías como Iberdrola, BBVA o Repsol, entre otras, contribuiría a mantener la entente cordial en un periodo político de gran inestabilidad.

Fuentes cercanas a las defensas también valoran la posibilidad de que si el delito de cohecho contra las empresas decae también decaería el de revelación de secretos. ¿Qué ocurriría? Que todas las piezas paralelas que afectan a las empresas del Ibex sufrirían un vuelco y se abriría la posibilidad del sobreseimiento.
Ya estaba en el punto de mira

Algunos de los principales bufetes de abogados que están defendiendo a las empresas del Ibex afectadas por el caso Villarejo, porque en alguna ocasión contrataron los servicios de su empresa Cenyt, ya mantenían abierta una estrategia legal similar desde hace tiempo.

Venían trabajando en intentar desarticular la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de cohecho por parte de sus clientes en la contratación del comisario, dado que cuando operaron con él lo hicieron como si de un empresario privado se tratara.

La clave de dicha operación, por tanto, pasa ahora por demostrar que a Villarejo se le podía contratar como tal, sin ningún problema, pese a ser un funcionario público y porque tenía compatibilidad. Todo ello también demuestra la implicación de los altos cargos del Estado con Rajoy en la trama y las declaraciones que sobre ello han hecho algunos miembros de la llamada 'policía patriótica', que trabajaba a sus órdenes.
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Varios abogados de la defensa de las empresas del Ibex y otros expertos jurídicos consultados por este periódico son contundentes a la hora de valorar esta nueva vía jurídica dentro del caso, pues "si a Villarejo se le podía contratar como empresario privado o como abogado, y hasta el Estado lo ha podido hacer en alguna ocasión, el delito de cohecho no ha existido y, sin esa base, va a ser además muy complicado que los fiscales puedan demostrar que hubo delito asociado de revelación de secretos", explica uno de los abogados de los negocios más importantes de este país.

De hecho, en algunas boutiques jurídicas de derecho penal implicadas en el caso ya habían encontrado, hasta ahora, una noticia publicada en el diario El País hace unos diez años, en la que se explica como al comisario Villarejo, entonces en pleno apogeo con su empresa y de vuelta a la Policía, se le consideraba un agente con esas dos vertientes, la pública y la privada, incluso en el Ministerio del Interior de entonces.

Los letrados que defienden al Ibex saben que con una información periodística no se puede argumentar ante un juez de forma consistente, pero ese indicio es el que ahora ha sido corroborado por las declaraciones de Pino. Es más, los abogados alertan de que esta opción, que sería un verdadero vuelco en la macrocausa, puede estar detrás de las últimas citaciones del juez a policías implicados en la guerra de comisarios que surgió cuando se descubrió el caso y, por ende, en la imputación del entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.
Los 'agentes dobles' no existen

Desde el ámbito jurídico, algunos de los principales expertos en derecho procesal penal advierten que la figura del 'agente doble' no existe como tal en la legislación. Sí se han instaurado sendos estatutos jurídicos para la figura del agente encubierto y la del agente provocador de delitos (inevitables), incluso se entra a regular el régimen de los confidentes, pero nada hay que hable de agentes dobles, entendidos como aquellos que tienen un negocio privado y trabajan al mismo tiempo para el sector público, supuestamente en secreto.

Pero si ahora se le reconoce esa cualidad a Villarejo, se derrumba la instrucción llevada a cabo por los fiscales, que siempre contaron con que a Villarejo se le contrataba como funcionario público, no como empresario.

Más allá del lado jurídico, incluso mandos policiales curtidos en las últimas décadas advierten que lo del agente doble, al estilo Villarejo, no lo han conocido nunca. Frente a ello, admiten que sí existe una lista de agentes encubiertos, amparada por mandato judicial y custodiada ahora por la Guardia Civil, al igual que se tienen todas las garantías legales sobre la provocación de delitos que se avienen inevitables.

Pero son siempre funcionarios (policías) y se centran en grandes tramas criminales, no en negocios del Ibex 35. "Siempre ha habido cierto nivel de cloacas en los Estados, para la lucha contra el crimen y los casos más escabrosos, pero pretender con ello que en un país como España las supuestas cloacas se puedan cargar al Ibex35 y el sistema económico, es una falacia desde el principio de este caso", señala un policía veterano conocedor del caso.
Asenjo, de Iberdrola, y el secreto de sumario de BBVA

Mientras en el Ibex 35 y en el Gobierno confían en un giro radical en el caso Villarejo las declaraciones continúan en la Audiencia Nacional. Este lunes está citado el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, tras cuya declaración confían que puedan imputar a otros directivos de Iberdrola por delito de cohecho al contratar al excomisario.

También existen posibilidades de que en las próximas horas se pueda levantar el secreto del sumario de la pieza que afecta a al BBVA, la más avanzada del sumario que afecta a una empresa. Pero ante la situación que ha surgido no se descarta que García Castellón decida una nueva prórroga del mismo.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2015 en: 09 de Febrero de 2020, 07:42:57 am »


Las revelaciones del caso Villarejo proyectan sombras sobre la relación de la Policía con el poder económico

Anticorrupción apunta a que la operación contra la presunta extorsión a los bancos se acordó en una comida del director de la Policía del PP con Francisco González. Una década antes, el comisario jefe con el PSOE habría pedido a Villarejo que le informara desde dentro del intento de OPA de Sacyr al BBVA
Pedro Águeda
08/02/2020 - 21:28h

En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción.

La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.

Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario.

Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro.

Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa.

En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como "un hombre nuestro" que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho "Juan", en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la "camarilla policial" que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano.

Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más paja y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa.

El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.

En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en "un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado". Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.

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« Respuesta #2016 en: 09 de Febrero de 2020, 07:46:26 am »

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« Respuesta #2017 en: 17 de Febrero de 2020, 13:54:49 pm »
https://www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/espana/2020/02/17/5e494152fc6c8362108b46de.html


La Policía de 'Kitchen' espiaba a Luis Bárcenas 24 horas al día


Los agentes monitorizaron el teléfono móvil del ex tesorero del PP sin orden judicial

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« Respuesta #2018 en: 18 de Febrero de 2020, 11:37:22 am »


Cloacas del Estado: caso abierto


La llegada al Gobierno de UP, un partido en la diana del excomisario Villarejo, abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar una trama de corrupción que salpica a todos los estamentos del Estado. Los indicios no son esperanzadores

Gorka Castillo Madrid , 15/02/2020

<p>Fotograma de la entrevista al excomisario Villarejo en el programa 'Salvados'</p>
Fotograma de la entrevista al excomisario Villarejo en el programa 'Salvados'
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“Necesito un hombre con amigos poderosos. Necesito a todos esos políticos que usted carga en el bolsillo como si fueran centavos”. Este requerimiento despachado a quemarropa a Vito Corleone en El Padrino también admite adaptaciones a la realidad. Una de las más claras podría representarla el excomisario José Manuel Villarejo, un sabueso adiestrado en las cloacas del Estado, cuyo ascenso recuerda a los mafiosos que aguardaban pacientemente la desaparición de sus capos para ocupar su puesto. “También él tuvo un padrino: Agustín Linares, subdirector general adjunto operativo de la Policía en tiempos de Felipe González y que acabó de jefe de seguridad en el Banco Central Hispano. Como muchos otros. No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía. Aquel que entraba en ese departamento sabía que su destino era acabar ganando 10 veces más como jefe de seguridad en una compañía”, recuerda la abogada y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, una de las personas que más ha combatido a esta trama, una intrincada madeja con tantas redes corruptas entrelazadas que lo fácil es perder el hilo.

No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía

Nueve piezas judiciales abiertas, dos investigaciones paralelas en curso y 27 personas imputadas jalonan un camino de espinas para una justicia que, pese a los intentos reiterados por sabotear sus pesquisas –renuncias sorprendentes de algún juez instructor, extraños traslados de magistrados perseverantes, disparidad de autos por parte de la Audiencia Nacional, clausuras de comisiones parlamentarias en momentos decisivos–, ha ido escalando peldaños en su intento de acercarse al corazón de esta truculenta historia. “La dificultad es que se trata de un negocio con una estructura de poder que trasciende a Villarejo y que si no se desmonta en su totalidad dejará tocada la democracia. Dará igual a quién se vote o quién gane las elecciones en el futuro”, avisa Pilar L. González de Lara, una experta en asuntos financieros que empezó a cooperar con periodistas como Patricia López y Javier Ayuso en el caso del Pequeño Nicolás, el joven megalomaniaco acusado de múltiples delitos, sin saber que aquel sucio asunto le conduciría a la Operación Tándem, una trama aún más bestial.

Encarcelado desde 2017 en Estremera, José Manuel Villarejo mantiene intacta esa parte visceral de los comisarios franquistas, lo que unido a su red de jefes de seguridad de empresas y a su paranoia por grabar todas las conversaciones que sostenía con sus clientes, le siguen convirtiendo en un enemigo temible. Para unos y para otros. ¿Qué ocurrió con el juez Fernando Andreu, que vio truncado su nombramiento como secretario de Estado de Justicia? ¿Cómo ha transcurrido la vida del magistrado Pablo Ruz desde que decidió hacerse cargo del Caso Gürtel? ¿Quién está destapando las maniobras orquestales en la oscuridad mantenidas durante años por la crema del poder económico español, como el expresidente del BBVA o el de Iberdrola, con un comisario enfangado en negocios exquisitamente arrabaleros? Las sombras de estos interrogantes dibujan intrigas palaciegas en el imaginario ciudadano. La hoguera crece.

La cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, tiene una espina clavada desde su etapa como portavoz del grupo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. “El trabajo que realizamos para desentrañar la trama de corrupción del PP, algo estructural e incalificable, nos deparó muchas sorpresas. Pero, sobre todo, abrió la vía para empezar a visibilizar las conexiones que políticos de ese partido tenían con todos los aparatos ocultos del Estado, las brigadas patrióticas, etc. Precisamente, en una de las últimas comparecencias surgió el escándalo del espionaje realizado a Luis Bárcenas por parte de su chófer que, como ha declarado ante el juez, fue captado por el policía Andrés Gómez Gordo cuando trabajaba para María Dolores de Cospedal. Y en el origen de todo ello, estaba la relación que mantenía su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con Villarejo. Sin embargo, aquella comisión sobre las cloacas no tuvo mucho recorrido porque la liquidaron en tres meses”, recuerda Bescansa desde su puesto en la Universidad Complutense, alejada ya de la política.

Un tipo que provoca miedo incluso en prisión

De nuevo Villarejo aparece aquí como muñidor de una conspiración al más alto nivel, agarrado a su carpeta envenenada y camuflado tras unas gafas con cristales tamizados. “Es un tipo que provoca miedo, incluso en prisión”, afirma un funcionario. Hoy vive en Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios. “Se dirigen a él como una persona distinguida. Don por aquí, Don por allá. ¿Cómo se encuentra hoy, Don? ¿Le falta algo, Don?”, revela uno de ellos. Con la llegada al Gobierno de la coalición PSOE-UP, con ministras y vicepresidentes como Pablo Iglesias convertidos en piezas de caza mayor por la extensa red de estafadores de Villarejo, se abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar ese mecano de corrupción que aún pulula por el subsuelo.

Villarejo vive hoy en la carcel de Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios

Todo indica que no va resultar sencillo. Uno de los letrados más tenaces en la causa contra las cloacas del Estado, Alejandro Gámez Selma, destaca las dificultades para destapar las ramificaciones criminales de una trama cuya envergadura no para de crecer. “El problema es que el sistema español no contempla la desclasificación de documentos secretos, como ocurre en otros países. Ni siquiera un juez puede hacerlo. Sólo el Consejo de Ministros. Esta falta de control judicial, especialmente de la Audiencia Nacional, que es una pieza clave en todo esto, facilita la impunidad y permite que haya agentes que vivan de los secretos de Estado para hacer operaciones que ningún país democrático puede reconocer abiertamente que se practican”, afirma. El abogado reconoce que la posibilidad de acabar con las cloacas de un tajo a lo largo de la actual legislatura también se ha visto mermada por algunos nombramientos inesperados.

El de Dolores Delgado es el más desalentador. Al menos, así lo expresan algunas voces de Unidas Podemos, el objetivo a abatir por el clan policial que engrasó Villarejo desde su fundación como partido. Su designación al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución que puede resultar clave para limpiar con lejía el fondo de la trama, cayó como un jarro de agua fría sobre la euforia que desató la formación de un gobierno progresista decidido a acabar con algunos de los vicios heredados del franquismo. Y este es manifiesto. Sin embargo, hay recuerdos que todavía reverberan. Delgado aparece pringada en la larga lista de personalidades enredadas en la madeja del excomisario. El más llamativo, sin duda, la comida informal que ambos mantuvieron en 2009, junto a Baltasar Garzón y varios policías. Aquello no se borra de un plumazo. Ni siquiera con el tibio capote que le echó Pablo Iglesias en una de sus últimas entrevistas en televisión donde hizo gala de que, a partir del acuerdo suscrito con Pedro Sánchez, tiene asumido que la ropa sucia se limpia en casa.

Para terminar de desdibujar la figura de la fiscal general es inevitable referirse a la estrecha relación que mantiene con Baltasar Garzón, que desde su inhabilitación para ejercer la carrera judicial, dirige el despacho de abogados que hoy defiende a tres de los colaboradores de Villarejo con mayor peso en todas las causas judiciales abiertas: Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía (DAO), Enrique García Castaño El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), y Carlos Salamanca, responsable policial del aeropuerto de Barajas hasta 2015.

Tampoco es que el trabajo de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior concite la confianza que requiere la colosal tarea de embridar los malos hábitos que proliferan en el mundo secreto policial. Pese a su machacona insistencia en que la “brigada patriótica” de Jorge Fernández Díaz “ya no existe”, hay quien aporta pruebas de todo lo contrario. “A Andrés Gómez Gordo, imputado por su relación con la Operación PISA (el informe falso que construyeron para hundir a Iglesias), le han ascendido y hoy dirige una comisaría de Madrid. El inspector José Ángel Fuentes Gago, presunto integrante de aquel grupo y que está imputado por espiar a Luis Bárcenas, también continúa en activo dentro de la policía”, cuenta Patricia López, periodista del diario Público cuyo trabajo de investigación está sirviendo para arrancarle el antifaz a este intrincado clan.

Un eslabón más

Pero lo peor, en su opinión, no es que siga habiendo cuatro o cinco personajes enfangados en puestos relevantes de la Policía, sino que la oleada de causas abiertas en los tribunales empiezan a desvelar detalles sobre los enigmas inconfesables que podrían ocultarse en el corazón de la trama. “Villarejo es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder ante los posibles cambios que pudieran producirse en España. En este sentido, se parece un poco a El Padrino”, añade la periodista que, a pocos meses de cumplirse seis años del escándalo del Pequeño Nicolás, sigue aireando maniobras en la oscuridad con el voluntad de seguir por la senda trazada hasta las últimas consecuencias.

Villarejo, según Patricia López, es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder

Por si hubiera pocas sospechas, el abogado Alejandro Gómez Selma, admite que la red de policías corruptos actuó como “un aparato paralelo al Estado. Cuando no les bastaba con la impunidad, ponían en marcha un mecanismo de control de daños que, en su caso, fue intoxicar procedimientos judiciales y hacer chantajes. A los Pujol, por ejemplo, les ofreció acabar con la causa a cambio de una buena suma de dinero. Y nos tememos que hay un proceso de renovación generacional, de los cargos policiales imputados a sus delfines”, relata. Pero el de los Pujol fue, quizá, el menor de los delitos. En el turbio historial de servicios prestados por esta multidisciplinar trama comienzan a aparecer nombres de presidentes y altos cargos de multinacionales como Iberdrola, Repsol, la Constructora San José, el BBVA y una larga lista de ropa sucia que empieza a resultar inabordable. En uno de los infinitos audios que han salido a la luz, el excomisario llega a decir que Agustín Linares, su padrino en este negocio, le pidió datos privados de 70.000 ciudadanos rumanos residentes en España para una operación inmobiliaria que un amigo quería realizar en Rumanía.

El papel de la prensa

No deja de tener su gracia que el papel desempeñado por los medios de comunicación en el juego de este entramado haya planteado tantos problemas. Y es que, por lo visto, en el camino se han encontrado con personajes que es mejor no mentar, pistas que no conviene regar, investigaciones delicadas que había que cortar por lo sano en cuanto empezaban a dar sus frutos. Algunos se sumaron a la causa para obtener beneficios, o sencillamente para protegerse, cuando sabían que lo que recibían como exclusiva no era oro sino amañados informes sobre la vida de personas condenadas de antemano a hundirse hasta el fondo. “Es evidente que todo esto hubiera sido imposible que se produjera sin la existencia de una cobertura por parte de algunos medios de comunicación”, asegura la diputada de UP, Gloria Elizo. Hay quien apunta directamente a ciertos periódicos y programas de televisión. “Una de las claves de la estrategia de la trama, que unos y otros llevan adelante, se vierte sobre la mesa de Al Rojo Vivo. El relato se ha construido muchas veces en ese plató entre las 12.45 y las 14 horas”, añade un profesor universitario invitado varias veces al programa y que pide mantener su anonimato. O personajes como Eduardo Inda o Esteban Urreiztieta, los polos opuestos al verdadero periodismo de investigación que están realizando Patricia López o Pilar L. González de Lara.

El periodista de El País Javier Ayuso ha reconocido que sufrió amenazas para que pusiera fin a su trabajo de investigación. Lo mismo que la periodista de Público, Patricia López. De la mafia rusa, de algunos policías envilecidos. En una ocasión, la intentaron detener por escribir sobre el siniestro apuñalamiento sufrido por la dermatóloga Elisa Pinto y los favores que su presunto agresor, José Manuel Villarejo, realizaba al exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid, investigado por esta causa. La reportera dice que en el camino ha visto de todo. “Desde aquellos compañeros que ya colaboraban con la trama y que les hubiera resultado muy fácil, desde luego más que a mí, destaparlo, hasta los que tuvieron que escoger bando y eligieron el que pensaban que iba a ganar, el más poderoso, que además te surte de noticias. Cuando te lo ponen así de crudo resulta fácil elegir”, sentencia. Es su manera de despejar la pregunta de si alberga esperanzas de que la verdad se abra paso en este interminable reguero de corrupción, y añade sin evasivas: “Aquí impera el instinto más que la racionalidad. Y, en mi caso, estoy segura de haber tomado las decisiones que tenía que tomar. Soy tan gilipollas que si me volviera a pasar, tomaría el mismo camino”.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2019 en: 25 de Febrero de 2020, 07:16:41 am »
La Guardia Urbana busca nuevo jefe de asuntos internos
La anterior responsable, Begoña Alday, ha sido ascendida a intendente tras superar una polémicas oposiciones

JORDI SUBIRANA
24/02/2020 · 00:00h Actualizado: 23/02/2020 22:41 h.


El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un nuevo organigrama de la Guardia Urbana de Barcelona. El anuncio se ha dado a conocer recientemente. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, presentó la medida de gobierno en la comisión municipal del 19 de febrero. La nueva escala de mando de la Guardia Urbana estará encabezada por el intendente mayor Pedro Velázquez y tendrá como subjefe al también intendente mayor Juan José Vilanova. La nueva estructura también incluye a los nuevos intendentes de los 10 distritos de Barcelona, entre los que únicamente figura una mujer, Begoña Alday.

Alday será la nueva intendenta de Sarrià-Sant Gervasi, según ha anunciado el consistorio barcelonés. El nombramiento de Alday dejará vacía la jefatura de la Unidad de Deantología y Asuntos Internos (UDAI). La persona que ocupará el departamento que se encarga de vigilar las malas praxis dentro de la policía local barcelonesa todavía no ha sido elegida, reconocen fuentes municipales, que subrayan que todavía se están ultimando promociones internas. Alday ha ascendido a intendenta recientemente, tras superar unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Barcelona.
HERMETISMO

Fuentes sindicales han explicado que muy probablemente hasta que se nombre al nuevo responsable, Alday seguirá al mando de la unidad y compatibilizará este cargo con su nuevo destino. La UDAI está formada por una quincena de personas, una cifra muy baja para controlar a una plantilla de 3.000 guardias urbanos. El hermetismo en torno a esta unidad es total y en muy pocas ocasiones se han filtrado casos que estos agentes estén investigando. "Son policías que vigilan a otros policías". En los inicios del crimen de la Guardia Urbana, esta unidad llevó a cabo algunas pesquisas.

En 2016, la Unidad de Régimen Interior pasó a denominarse a UDAI y quedó adscrita a la Gerencia de Seguridad y Prevención para reforzar la eficacia, la transparencia y la transversalidad de sus funciones, tal como ocurre en otros cuerpos policiales. Entonces, la unidad se trasladó al Área de Seguridad y Prevención de la plaza de Carles Pi i Sunyer. La unidad pone el énfasis en la prevención y las buenas prácticas y el ajuste al derecho y a la ética profesional, al tiempo que continua investigando las conductas contrarias al régimen disciplinario o al código deontológico policial en la que puedan verse implicados miembros de la Guardia Urbana de Barcelona, informó el Ayuntamiento.

POLÉMICA EN LAS OPOSICIONES A INTENDENTE

Como avanzó en exclusiva Metrópoli Abierta, la convocatoria de las oposiciones a intendente no ha estado exenta de polémica. Uno de los aspirantes que quedó eliminado ha presentado un recurso contra las oposiciones porque, en su opinión, las pruebas no se habrían llevado a cabo con la limpieza y la transparencia necesarias. La persona pide ver todas las actas de las oposiciones y denuncia que no pudo hacer la revisión de la cuarta prueba en la que quedó eliminado. Al cierre de este artículo, este candidato no había recibido respuesta a su recurso -presentado el 27 de diciembre- por parte del Ayuntamiento. El consistorio tiene tres meses para hacerlo, aunque, muy probablemente, el caso acabará en un contencioso administrativo. El excandidato teme que el recurso se haya desestimado de facto porque el proceso no se paralizó y las plazas se han adjudicado.

Fuentes del consistorio explicaron en enero que había interés del gobierno municipal de dotar la cúpula del cuerpo policial de una mayor cuota femenina. Actualmente, la normativa que rige estas oposiciones no distingue entre hombres y mujeres y la convocatoria “debe garantizar los principios de igualdad, méritos y capacidad, algo que, presuntamente, podría haberse vulnerado”, añaden fuentes de las mismas oposiciones. Al citado proceso selectivo se presentaron solo dos mujeres Aranzazu Bel y Begoña Alday, según el listado de las personas admitidas en la convocatoria. Tras la finalización de las pruebas, seis candidatos, cinco hombres y una mujer, han sido ascendidos a intendente. Se trata de Alday, Diego Calero, Josep Guerrero, David Martínez, José Carlos Oliva y Ángel Sagués.

CURSO EN LA ESCUELA DE POLICÍA DE MOLLET

Los nuevos altos cargos de la Guardia Urbana están estos días haciendo el curso de intendente en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya, según ha podido saber este medio. El pasado 27 de enero, la directora del equipamiento, Montse Royes, dio la bienvenida a los nuevos intendentes, que se presentaron en Mollet del Vallès, donde está la escuela de policía, junto al intendente mayor Velázquez.

GARANTIZAR LA IGUALDAD

Una de las mujeres candidatas suspendió el primer examen de las oposiciones a intendente, que consistió en la resolución de un supuesto práctico relacionado con los principios de actuación y las funciones del cargo de intendente, y fue a revisión, donde aprobó con un 5,06. Presuntamente, a esta persona se la aconsejó que se presentara a la revisión. En el acta, la persona aparece identificada con un parte de su DNI, xxx8165xx y, por tanto, no se puede saber con total certeza de quién se trata. Lo que si que queda claro es que es "una aspirante".

La policía se presentó a la oposición abierta por el consistorio barcelonés el 17 de junio del 2019 y firmada por el secretario municipal, Jordi Cases. El concurso ofrecía seis plazas de intendente, tres en turno libre (se podían presentar todos aquellos que cumplieran los requisitos, aunque no fueran miembros de la Guardia Urbana) y tres de promoción interna (solo para agentes del propio cuerpo). Las dos mujeres que se presentaron optaron por el turno libre y competían con otras 11 personas, todas miembros de la Guardia Urbana a excepción de una de ellas.

SIN EL NOMBRE, EN LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

El resto de pruebas, la aspirante con el DNI xxx8165xx las superó sin problemas. Tanto en el resultado de los exámenes como en la propuesta de nombramiento, todos los candidatos aparecen identificados con una parte del DNI y no con el nombre completo como ha sucedido en anteriores procesos selectivos. Por ejemplo, en las oposiciones a intendente mayor, celebradas el pasado otoño, las dos personas que fueron ascendidas aparecen con su nombre y apellidos, Pedro Velázquez y Benito Granados, como se puede ver en las imágenes que acompañan esta información. La persona titular con el DNI xxx8165xx aparece en el puesto tres de la convocatoria a intendente por turno libre.

Entre los miembros del tribunal figuraban el ahora exjefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez; el intendente mayor, Ricardo Salas; y la intendente de la Guardia Urbana, Marta Pons, ahora en la Generalitat en comisión de servicios como subdirectora general de Coordinación de la Policía de Cataluña. Según ha podido saber este medio, a través de fuentes del Ayuntamiento y del propio cuerpo policial, como mínimo dos personas del tribunal no habrían hecho acto de presencia en alguno de los exámenes para no formar parte de "una pantomima".