Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 291462 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2060 en: 10 de Mayo de 2020, 13:00:59 pm »
Lo mejor es estar de baja toda la crisis como el, ya cuando pase todo vuelve, eso sí sí hay que hacerse la PCR se hace auque quede fuera un agente de servicio.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2061 en: 17 de Mayo de 2020, 16:11:43 pm »

La Guardia Civil multa en Castro a un comisario de la Ertzaintza de baja y en coche oficial



La unidad de Asuntos Internos de la Policía vasca ha abierto una investigación sobre lo ocurrido
David S. Olabarri
DAVID S. OLABARRI
Domingo, 17 mayo 2020, 07:28
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Un comisario de la Ertzaintza fue multado hace un par de semanas por una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Castro Urdiales. Según las fuentes consultadas, al responsable de la Policía autónoma vasca en Sestao le abrieron un expediente de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) por saltarse el confinamiento, ya que no está empadronado en Cantabria. Además, circulaba en un coche oficial del cuerpo durante una baja laboral, algo que «no está permitido». Fuentes oficiales del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se limitaron ayer a señalar que el asunto está siendo investigado por la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza.


El incidente se produjo hace un par de semanas. El comisario circulaba en el coche oficial con su pareja. La patrulla de Tráfico de Laredo les pidió la documentación en la entrada sur del municipio cuando regresaban desde Vizcaya y comprobaron que el mando no está empadronado en Castro. El comisario explicó que vive en la localidad cántabra, aunque en su carné de identidad figure un municipio vasco como lugar de residencia. Según las fuentes consultadas, en ese momento se produjo una discusión entre el ertzaina y los guardias civiles.

Los agentes de la unidad de Tráfico argumentaron que los residentes en un pueblo tienen la obligación de estar empadronados allí. Y, además, le recordaron que, en ese momento del estado de alarma, no estaban permitidos los desplazamientos entre provincias si no era para ir a su domicilio o por motivos excepcionales, como atender a un enfermo o acudir al trabajo. El comisario aseguró a los guardias civiles que estaban cometiendo un error y que la legalidad le amparaba. En todo caso, acabó sancionado -propuesta de multa- por saltarse el confinamiento.

Los mandos policiales no pueden utilizar el coche oficial cuando se encuentran de baja laboral
INVESTIGACIÓN INTERNA

El responsable de la comisaría de Sestao alegó que vive en Cantabria, pero no pudo demostrarlo
DISCUSIÓN


El Gobierno vasco pone vehículos a disposición de los mandos policiales de alto rango (subcomisarios, comisarios e intendentes) para sus desplazamientos laborales y para que puedan ir y volver de casa al trabajo. En principio, se trata de una forma de compensar la permanente disponibilidad de los miembros de la jefatura. En este contexto, según fuentes de la Ertzaintza, los funcionarios no están autorizados a disponer de estos vehículos estando de baja laboral.

El precedente de Jon Sánchez
La multa al comisario se suma a otras muchas sanciones impuestas durante el estado de alarma en el entorno de Castro a vascos que no están empadronados allí. La más llamativa ha sido la de Jon Sánchez, el director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud, que dimitió hace 10 días después de que trascendiese públicamente que semanas antes había sido sancionado. Este alto cargo fue identificado por dos agentes de la Policía Local de Castro Urdiales y multado por desplazarse desde Bilbao a su segunda residencia en pleno confinamiento, cuando las autoridades sanitarias, a las que pertenecía, alertaban del riesgo de colapso hospitalario.


El portavoz del Gobierno vasco aseguró que Sánchez no había dado una «imagen de ejemplaridad». En los últimos días, la Guardia Civil de Cantabria también controla las colas de los supermercados de Castro para sancionar a los no empadronados.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2062 en: 17 de Mayo de 2020, 16:17:57 pm »
La jeta es la jeta

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2063 en: 22 de Mayo de 2020, 07:37:40 am »

En Barcelona
Los 'coronapinchos': denuncian a un comisario por almuerzos de 20 personas

El sindicato policial Jupol ha informado de esta situación a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y critica la actitud de Emilio de la Calle.

La Información
jueves, 21 mayo 2020, 11:55
      

Polémica en la Policía. El sindicato policial Jupol ha denunciado ante la Jefatura Superior de Policía de Cataluña al comisario Emilio de la Calle, de la brigada de Extranjería de Barcelona, por organizar "almuerzos" de veinte personas en la comisaría, saltándose la normativa impuesta por el estado de alarma.

Según ha denunciado el sindicato en una nota de prensa que recoge Efe, el comisario De la Calle ha venido organizando en los últimos días varios almuerzos, a los que se ha dado el nombre entre los agentes de "Coronapinchos". El comunicado de Jupol relata el último de estos almuerzos, ocurrido el pasado 15 de mayo, pero añade que "se tiene conocimiento de que no es la primera vez que se efectúa, sabiendo que se ha realizado en dos ocasiones más".

Respecto al almuerzo del 15 de mayo, según la versión de Jupol, el comisario De la Calle encargó a uno de sus subalternos la compra de la comida necesaria para el almuerzo y luego invitó "de viva voz" a los policías que se encontraban en su misma planta, acudiendo un total de veinte personas -contraviniendo la limitación de reuniones de diez personas establecida por el Gobierno-.

Y añade el relato de este sindicato que el almuerzo se celebró en horario laboral, de 12:30 a 13:30 horas. Según Jupol, las personas que acudieron al almuerzo lo hicieron sin respetar "las medidas de precaución adecuadas", ya que algunos de ellos no llevaban sus Equipos de Protección Individual y los que lo llevaban "no los utilizaron adecuadamente".

Jupol entiende que este comportamiento vulnera la normativa dada por el Gobierno, el artículo 8 del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional -referente a infracciones de riesgos laborales- y el artículo 316 del Código Penal, que tipifica los delitos contra los derechos de los trabajadores.

El texto de Jupol termina informando de que se dará traslado de este comportamiento a las "autoridades sancionadoras de Cataluña", al tiempo que solicita que "termine" esta práctica de los almuerzos y que se "deriven responsabilidades" por los hechos.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2064 en: 25 de Mayo de 2020, 07:10:29 am »

El enigma de la pistola del jefe de Falange y el coronel

La red de un mando de la Guardia Civil proporcionó un arma al líder ultra Manuel Andrino

Joaquín Gil
Madrid - 24 may 2020 - 00:30 CEST

El jefe nacional de Falange, Manuel Andrino, en Madrid en 2016.

El jefe nacional de Falange, Manuel Andrino, tuvo un mal día el 10 de mayo de 2015. Tras sufrir un accidente de moto en Madrid, los agentes de la Policía Nacional descubrieron un cuerpo extraño entre sus malogradas pertenencias: una pistola.

Andrino fue arrestado entonces por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, según un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El líder falangista consiguió su pistola –según los investigadores– a través de la red del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf. Un mando investigado desde 2014 por pertenecer a una trama que suministró armas a la extrema derecha, cobró deudas con violencia y asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España.

Rudolf se enteró del accidente de Andrino en tiempo real a través del sms de un desconocido la misma noche del 10 de mayo. El texto incorporaba el DNI del ultra. La organización del coronel entró en shock. Sanz cruzó mensajes y llamadas con sus colaboradores tras percatarse de la incautación del arma del falangista. Un político de 54 años sin cargo representativo al que la trama del coronel confería tratamiento de autoridad. “Han detenido al jefe”, reportó en un sms el mando de la Guardia Civil a otro miembro de su organización, Francisco Carreras, un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva de 61 años.

A un tercer compinche, Sanz le confesó al día siguiente que le preocupaba el arresto de Andrino por “razones obvias”, según un pinchazo que revela para los investigadores que la trama del mando de la Guardia Civil proporcionó el arma al jefe nacional de Falange.
‘Vaciar’ un piso de pistolas

El coronel pidió a un colaborador que se desplazara al domicilio del dirigente de extrema derecha a “limpiar” su piso. “No estaría de más vaciar lo que hay por ahí”, añadió Rudolf. Una sugerencia que –según la Guardia Civil– alude a eliminar de la casa del falangista otras armas para evitar su incautación ante un eventual registro.

Sanz también reprochó por teléfono a un compinche que el falangista no hubiera intentado deshacerse del arma antes de que llegara la policía. “Claro, claro, claro. Ese era el tema. Haberla tirado [la pistola] a tomar por culo y ya está. No le debió dar tiempo”, respondió el interlocutor del coronel.

La red de Sanz restó importancia a la salud del falangista. Pese a que el mando informó por teléfono de que el líder ultra se fracturó la clavícula y sufrió “un shock de la hostia” tras caerse de su moto, el coronel estimó que el “problema” real era que la Policía Nacional hubiera encontrado la pistola.

Los investigadores apuntan que Andrino “podría tener en su domicilio más armas de fuego”. Defienden esta tesis después de que uno de los colaboradores de Sanz indicara por teléfono que desconocía si la pistola incautada al líder de Falange “era vieja o moderna”.

La Guardia Civil subraya además la “estrecha relación” del ultra con el subteniente Carreras y con el coronel Sanz. Y destaca que estos mandos conocían que el falangista “estaba en posesión de un arma de fuego sin autorización”.

El coronel Sanz mantuvo varios encuentros en 2014 con Andrino, según las pesquisas. Ambos participaron en los actos conmemorativos que la extrema derecha organizó en Madrid el 20-N de ese año en memoria de los fallecimientos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar los testimonios de Andrino y de Sanz. El subteniente Carreras también ha declinado ofrecer su versión. “No hablo con periodistas”, zanja por teléfono este militar. Las pesquisas atribuyen a Carreras la presunta dirección durante 25 años de una red secreta que distribuyó ilegalmente armas a empresarios y policías españoles.

El jefe nacional de Falange figuró entre la veintena de ultras que asaltó en 2013 en Madrid el centro cultural Blanquerna, donde políticos catalanes celebraban la Diada. Entre empujones, gases lacrimógenos y gritos de “No nos engañan, Cataluña es España”, los extremistas zarandearon al entonces diputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

Sanz fue arrestado por sus compañeros de la Guardia Civil en mayo de 2015. Tras pasar más de nueve meses en prisión, el Juzgado número dos de Alcalá de Henares (Madrid) le mantiene como investigado por integrar una supuesta trama dedicada al tráfico de armas. El caso se encuentra en fase de instrucción, según dos fuentes próximas a la causa.

La telaraña jerárquica del coronel se completaba con dos exguardias civiles, dos militares, un funcionario del Ministerio de Defensa y un detective con conexiones neonazis. Jesús G., el Grande, un empresario con antecedentes por amenazas y homicidio, coronaba el esquema.

A sus 60 años, el coronel Sanz acumuló ilegalmente desde 2014 en un edificio del número 199 de la calle Embajadores de Madrid 24 kilos de explosivos de los tipos TNT y PG-2, 12.500 cartuchos y armas de guerra, según reveló este periódico. Su arsenal tenía potencia para detonar un bloque de viviendas y procedía de la Guardia Civil.
La maraña ultra de Rudolf

Los tentáculos de la red del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz, Rudolf, con los ambientes ultraderechistas no se reducen solo al jefe de Falange, Manuel Andrino. La organización del mando del instituto armado estrechó lazos con otro falangista que estuvo en prisión por apuñalar a un joven en Guadalajara. Y vendió presuntamente una ametralladora valorada en 5.000 euros a un candidato de Falange Española Independiente al que se le ofreció un fusil de asalto M-16, grilletes y munición, según reveló EL PAÍS. El grupo de Sanz entregó también en abril de 2015 en Madrid un paquete sospechoso a un miembro de la neofascista Alianza Nacional (AN), una formación que propugna el ius sanguinis. O, lo que es lo mismo, el derecho de sangre para obtener la nacionalidad, en la línea del movimiento húngaro Jobbik o los fascistas griegos de Amanecer Dorado.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2065 en: 25 de Mayo de 2020, 09:14:20 am »
Yo creo que, elementos como este, son anecdóticos en la GC, que es un cuerpo absolutamente democrático y con unos valores muy por encima de lo que representa este buen señor.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2066 en: 26 de Mayo de 2020, 07:25:33 am »


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2067 en: 05 de Junio de 2020, 06:53:17 am »


Eugenio Pino./ Efe

Primer juicio a la 'policía patriótica': el antiguo DAO Eugenio Pino se enfrenta a penas de cárcel

5 junio, 2020 02:03


María Peral @Maria_peral


La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo martes al comisario jubilado Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, y a quien fue su mano derecha, el inspector Bonifacio Díez Sevillano, por su presunta intervención en una operación ilegal llevada a cabo para perjudicar a Jordi Pujol Ferrusola en el seno de la causa judicial que se instruye contra él en la Audiencia Nacional.

La operación consistió en introducir en el procedimiento que tramita el juez José de la Mata un informe policial al que se adjuntó un pendrive con la información que el primogénito de los Pujol almacenaba en sus ordenadores: datos reservados e íntimos de carácter personal y familiar y numerosas referencias a sus sociedades y proyectos empresariales.

Toda esa información había sido robada -se desconoce por quién- mediante un volcado ilegal del sistema informático de Jordi Pujol Ferrusola. Pero cuando el pendrive fue entregado al juez De la Mata por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que estaba a cargo de la investigación sobre la fortuna del clan Pujol) lo que se le dijo es que procedía del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que tramitaba unas diligencias contra la agencia de detectives Método 3.

El origen aparentemente limpio del pendrive era incierto: De la Mata comprobó que en el Juzgado de Barcelona no constaba esa información y la expulsó de sus diligencias para evitar que tiñera de nulidad la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional hizo una cosa más: dio cuenta de lo sucedido a los Juzgados de Madrid, que iniciaron la investigación que ha culminado con el enjuiciamiento de Pino y Sevillano.

Petición de penas de cárcel

Pujol Ferrusola, defendido por el prestigioso abogado Cristóbal Martell, pide para cada uno de ellos dos años y medio de cárcel por un delito de descubrimiento y relevación de secretos.

El partido Podemos ejerce la acusación popular en el primer procedimiento que someterá a juicio a la llamada 'policía patriótica', término con el que se denomina a un grupo de policías que, en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, habrían llevado a cabo operaciones supuestamente en defensa del Estado (la operación Cataluña) o contra dirigentes políticos adversarios del PP (la operación Pisa contra Pablo Iglesias).

Podemos acusa por más delitos y pide penas mucho más graves que Pujol Ferrusola, víctima de la operación. El partido de Iglesias reclama 10 años y medio de cárcel para cada uno de los acusados por presuntos delitos de descubrimiento y relevación de secretos, falso testimonio (por cuanto considera que mintieron a De la Mata cuando éste indagaba sobre el origen del pendrive) y estafa procesal (por la introducción en un procedimiento judicial de información ilícitamente obtenida).
Villarejo, testigo

Para la fase testifical de la vista está prevista la declaración de dos comisarios, ya jubilados, que habrían intervenido en esas operaciones: José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, y Marcelino Martín-Blas, que fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

También están citados dos exjefes de la UDEF, Manuel Vázquez y José Manuel García Catalán, así como el director de Método 3, Francisco Marco, y dos de sus empleados, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit.

El fiscal no ejerce la acusación al considerar que no existen indicios de ningún comportamiento ilegal de Pino ni de Díez Sevillano.

El Ministerio Público considera acreditado que en marzo de 2015 el entonces DAO entregó a Díez Sevillano "una memoria de USB, sin que conste fehacientemente ni su contenido ni cómo la misma había llegado a su poder" para que se la hiciera llegar a Manuel Vázquez, jefe de la UDEF.

Vázquez le dio el pendrive a José Manuel Álvarez, inspector jefe de la UDEF, que a su vez se lo dio al grupo encargado de la investigación a los Pujol, "extraviándose por circunstancias no determinadas".

En febrero de 2017 Álvarez Luna encontró el pendrive fantasma en un cajón y lo entregó a García Catalán, que lo mando al Juzgado de la Audiencia Nacional, "sin que en esta entrega tuvieran participación alguna Pino ni Díez Sevillano".

Será el primer banquillo para el otrora poderoso DAO de la Policía, que también está investigado en la Audiencia Nacional por la llamada operación Kitchen, el espionaje y robo de información comprometedora para el PP al extesorero del partido Luis Bárcenas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2068 en: 11 de Junio de 2020, 06:37:03 am »

La Justicia concede una victoria a Villarejo frente a su gran enemigo en la Policía

Martín Blas acusaba al polémico mando de urdir una campaña periodística en su contra, pero la juez apela a la libertad de expresión y la veracidad de las informaciones para archivar la causa

Alejandro Requeijo

Publicado 11.06.2020 - 04:45La Justicia le ha concedido una victoria al excomisario José Villarejo frente a su gran enemigo interno en la Policía, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha decidido archivar la causa en la que Martín Blas denunciaba al polémico mando y a su superior, el director adjunto operativo Eugenio Pino, de urdir contra él una campaña de injurias y calumnias con la colaboración de varios periodistas.

La juez Susana Trujillano considera que los artículos publicados en la prensa críticos con Martín Blas están “amparados por el derecho a la libertad de expresión”. Esta decisión de archivo ha contado con el visto bueno de la Fiscalía. “Aunque los artículos publicados fueran claramente peyorativos resulta cumplimentado el requisito de veracidad”, añade la resolución. En lo referente a Eugenio Pino, la magistrada dice que “no existen indicios racionales” que apunten a que filtró información a la prensa.

Se trata de un pequeño triunfo si se tiene en cuenta el gran número de causas judiciales que tiene pendiente Villarejo, en prisión provisional desde el año 2017 acusado de delitos que van desde el cohecho a la organización criminal. Solo en la Audiencia Nacional acumula más de una veintena de piezas separadas en investigación, algunas de ellas ya pendientes de juicio.
'Pequeño Nicolás'

La causa ahora archivada en un juzgado de Madrid se remonta a los tiempos en los que el comisario estaba en libertad e inmerso en múltiples guerras personales que saltaron a los medios de comunicación. Una de ellas es la que libró contra Martín Blas, a quien un juez ordenó investigar las actividades de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, detenido en 2014 por falsedad documental y estafa, entre otros motivos.

Villarejo estaba enemistado con Martín Blas, le acusaba de haber falseado un informe policial para implicarle en ese caso. Le ubicó en las inmediaciones del lugar donde el pequeño Nicolás se entrevistó con dos periodistas. El policía que firmó aquel informe se llama Rubén Eladio Pérez. También se sumó a la querella presentada por su ex superior contra Villarejo y el resto. En su declaración judicial admitió haber firmado el documento, pero matizó que fue Martín Blas quien identificó a polémico comisario.

Ante la juez, Villarejo calificó a su enemigo como “un traidor a la Policía” y le acusó de fabricar aquel informe. También declaró que, cuando dejó la Unidad de Asuntos Internos, se llevó cajas con información que luego apareció en la prensa. Tachó a Martín Blas de ser “un pobre hombre” que se había dejado manejar por el Centro Nacional de Investigación (CNI). Villarejo tiene al entonces responsable de los servicios secretos, Félix Sanz Roldán, como otro de sus principales enemigos. 
"Lavar pruebas"

Otra de las informaciones por las que presentó su querella tenía que ver con la grabación de una reunión en la Unidad de Asuntos Internos con miembros del CNI en la que se abordó la investigación del pequeño Nicolás. Esa grabación acabó en la prensa y, según las noticias publicadas, Martín Blas hablaba de “lavar pruebas”. El afectado lo niega, pero la juez dice que “dichos artículos habrían cumplido el requisito de veracidad pues, como explicaron reiteradamente en sus declaraciones los periodistas, tuvieron acceso a un informe pericial de parte en el que se escuchaba a Martín Blas decir ‘lavar pruebas’". 

Por grabar y difundir esa reunión entre Martín Blas y dos agentes del CNI en 2014, otro juzgado de Madrid procesó a finales del año pasado a Villarejo, su mujer y un periodista. El caso se encuentra ya pendiente de juicio. Están acusados de descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal en grado de tentativa, pertenencia o integración en grupo criminal y de injurias y calumnias.

Sobre la acusación de llevarse información de la Unidad de Asuntos Internos, la juez sostiene que “el propio Martín Blas confirmó que se llevaron documentación pero que fue a la comisión judicial” con autorización del juez que investigaba al pequeño Nicolás. Fuentes cercanas a Martín Blas afirman que recurrirá este archivo. Ya en octubre de 2019 amplió los delitos de su acusación y pidió condenar a los mandos policiales y a los periodistas también por coacciones, obstrucción a la Justicia y organización criminal.
Ambos de testigos

Las diferencias entre Villarejo y su enemigo en la Policía se ha manifestado también esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Se celebra el primer juicio contra la llamada policía política que anidó en el Cuerpo entre los años 2012 y 2016, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy y con Eugenio Pino como director adjunto operativo. Villarejo era uno de los integrantes de esa camarilla policial y Marcelino Martín Blas era el jefe de Asuntos Internos, dependiente orgánicamente de Pino.

Lo que se dirime estos días en el juicio es la introducción en la investigación sobre la familia del expresidente catalán Jordi Pujol de un pendrive de origen ilícito que pudo anular todo el caso en la Audiencia Nacional. En el banquillo de los acusados se encuentran Pino y un subordinado. Tanto Villarejo como Martín Blas declararon este miércoles como testigos. El primero ha acusado a su enemigo de ser la persona que obtuvo el citado pendrive. El exresponsable de Asuntos Internos lo ha negado.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2069 en: 18 de Junio de 2020, 07:19:20 am »

Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para Villarejo por el espionaje a un despacho de abogados

    El juez también reclama reclama 52 años para García Castaño por la pieza Iron, la primera que se terminó de instruir del macrosumario
    El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó a los dos policías y a otras 12 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil

ínfoLibre
contacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 17/06/2020 a las 16:42 Actualizada el 17/06/2020 a las 16:43


La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, han confirmado a Europa Press en fuentes fiscales, por diversos delitos investigados en la la pieza número 2 del caso Tándem, denominada Iron, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó a los dos policías y a otras 12 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

La pieza Iron ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.

El proyecto Iron reveló un modus operandi en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el caso Tándem, y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

Cuatro policías y un funcionario de Hacienda

Tras concluir sus pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ve indicios para sentar en el banquillo a Villarejo, su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, su mujer Gemma Alcalá, el abogado David Macías; así como los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño –quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)–, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.

Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.

Según las conclusiones a las que ha llegó el juez, que sustentan el escrito de la Fiscalía, los hechos parten de la "situación de crisis" de Herrero y Asociados por algo que el despacho consideró como una "competencia desleal", y es que antiguos socios y empleados constituyeron en el mismo edificio el bufete Balder IP Law, con similar "finalidad y objeto social".

Sin embargo, la actividad contratada iba mucho más allá de una mera "prestación de servicios de detectives", ya que se ha podido constatar que Villarejo y Redondo ofertaron a Herrero y Asociados "un servicio dirigido a solventar una 'situación de crisis'" que incluía la "obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado", como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2070 en: 22 de Junio de 2020, 07:27:03 am »


Remunerados con hasta 18.000 euros al mes
Codazos entre comisarios de la Policía por los 'puestos VIP' en las embajadas

Interior debe decidir sobre varias vacantes en unos cargos de libre designación. Los diferentes gobiernos colocan en el extranjero a policías de su entorno.

Fernando H. Valls   22.06.2020 - 04:30h

EFE

El Ministerio del Interior ultima el reparto de varios 'puestos VIP' de la Policía Nacional en diferentes embajadas repartidas por el mundo. Se trata de los cargos más codiciados del cuerpo, con una remuneración que puede alcanzar los 18.000 euros -doblándose en los meses de paga extra- y que supera con creces los complementos de las unidades en España. Algunos comisarios se están moviendo para, previa solicitud, conseguir una de estas vacantes que debe repartir el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. La situación no es nueva, pero se vuelve a repetir en este caso con el Ejecutivo de coalición. Y es que los diferentes gobiernos han solido colocar en estos destinos a mandos policiales de su entorno.

Los cargos de consejero del Ministerio del Interior son unos puestos a los que optan los comisarios y comisarios principales y por los que está habiendo 'codazos' en este momento, según indican a La Información fuentes cercanas al ministro Marlaska. Son cargos de libre designación y, por tanto, de máxima confianza de la cúpula policial. Para algunos supone una 'lotería' por el dinero que pueden llegar a acumular en los años de destino en el extranjero. Normalmente son cuatro, pero hay circunstancias especiales que pueden alargar la estancia. Es el caso, por ejemplo, del periodo de Gobierno en funciones que ha retrasado algunas designaciones.

Hay varias plazas importante en juego a día de hoy. Una de ellas es Pekín, en China, remunerada con más de 18.000 euros al mes netos. Lo mismo ocurre con Quito, en Ecuador, o Washington, en Estados Unidas, ambas con idéntico sueldo. Destinos exóticos o con galones, pero no hace falta irse tan lejos para disponer de una nómina aún superior. En Roma el consejero de Interior cobra algo menos, 16.000 euros mensuales. Lo mismo que en Dakar, aunque la embajada de Senegal no tiene nada que ver con la italiana por su peligrosidad. Todos estos destinos están vacantes. Todas estas cifras se multiplican por dos en los meses de junio y diciembre con motivo de la extra.

Especialmente significativo es el caso de Washington, uno de los destinos más demandados tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Las fuentes consultadas apuntan a que esta plaza incrementa la batalla de los comisarios y comisarios principales por conseguir ser destinado a la capital estadounidense.
gráfico empresas villarejo

Un escalón por debajo se encuentran los cargos de agregados de Interior destinados a inspectores jefe de la Policía. También hay en este momento varios en juego: embajada en Atenas, en Grecia; en Nairobi, Kenia; en Tifilis, Georgia; en El Cairo, Egipto; en Yaundé, Camerún; en Bogotá, Colombia; en Tánger, Marruecos; o en Niamey, en Níger. Sueldo: más de 9.000 euros al mes para este segundo rango.

Un ejemplo de cómo los diferentes gobiernos han ido designando para estos cargos a policías afines se produjo con Telesforo Rubio, exjefe de antiterrorismo e implicado en el caso Faisán que, precisamente, investigó el hoy ministro Marlaska durante su carrera como juez en la Audiencia Nacional. Estuvo destinado en la embajada de Moscú.

El Gobierno del PSOE tiene pendiente nombrar dos tandas de este tipo de plazas VIP. La primera fue convocada en febrero de 2019, antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez entrara en funciones, y no pudo adjudicarse. La segunda ha sido sacada a 'concurso' hace unos días. El Ministerio y la cúpula policial aún no han decidido quienes serán los elegidos aunque las mismas fuentes apuntan a que la decisión está cercana. Exactamente el mismo procedimiento existe en la Guardia Civil, con la salvedad de que la cúpula del cuerpo no puede ser destinada en una embajada.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2071 en: 23 de Junio de 2020, 07:08:05 am »

Dos hermanos, al frente de las policías de los limítrofes Poio y Pontevedra
Dicen que su vínculo puede facilitar la coordinación entre concellos colindantes


Serxio Barral, López Penide
redacción 21/06/2020 05:00 h

«En nuestra casa no había ningún antecedente de miembros de la Policía Local, ni de la Guardia Civil, ni de el Ejército... Nadie de uniforme, vamos». Lo explica José Manuel Duarte Solla (Cerponzóns, Pontevedra, 1972), que a principios de este mes asumió la jefatura de la Policía Local de Pontevedra. Su llegada a este cargo —fue el único aspirante que se presentó a una plaza que estaba vacante desde el pasado enero— no tendría por qué trascender más allá del municipio... si no fuera porque el jefe de la Policía Local del vecino concello de Poio es su hermano pequeño, Antonio (1976).

Ambos restan importancia a la coincidencia, pero no niegan que su vínculo familiar puede «facilitar el trabajo coordinado» de las policías locales de Pontevedra y Poio, como valora Antonio. Lo que comenta José Manuel entre risas es que en la comida familiar de los domingos en casa de sus padres no se habla de trabajo.

La vocación de servicio público como agente municipal le llegó primero al hermano pequeño. Antonio tomó la decisión antes de acabar el bachillerato. Su anuncio de presentarse a las oposiciones para ser policía local en Pontevedra causó cierta sorpresa en la familia. En aquel momento José Manuel estaba estudiando Física en Santiago, carrera que dejó cuando le quedaba año y medio tras decidir presentarse a las mismas oposiciones. «Yo fui el primero en adentrarme en el mundo policial y empezar a preparar las oposiciones —rememora el ahora jefe en Poio—. Mi hermano descubrió a través de mis ojos el apasionante mundo policial y decidió convertirlo en su futuro profesional».

José Manuel lo confirma. «Cuando Antonio dijo en casa que quería ser policía local nos quedamos todos flipados. Pero mientras él se preparaba, me empezó a interesar, me gustó y me pareció interesante, asequible». Dejó los estudios de Física y empezó a preparar las oposiciones. Pero no aparcó la vida académica. Se matriculó en Criminología, un título propio de la Universidade de Santiago, y lo compaginó con la preparación del temario de las oposiciones.

José Manuel ganó la plaza de policía local en Pontevedra en 1997 y al poco tiempo obtuvo la diplomatura en Criminología. No frenó ahí sus estudios, pues se matriculó en la Universidad de Alicante, que tiene un título superior en Ciencias Criminológicas que permite hacer a distancia. Lo compaginó con el inicio de su carrera policial.

Antonio aprobó las oposiciones un año y medio después que su hermano. Desde entonces y hasta el 2017, ambos formaron parte de la plantilla de la Policía Local de Pontevedra, con la excepción del 2004 al 2008, cuando José Manuel estuvo en Cambados como sargento jefe interino.

Cuando regresó a su puesto como agente en Pontevedra en el 2008, Antonio hacía sustituciones de oficial aunque aun no tenía tal categoría laboral. Hubo momentos en los que el hermano menor daba órdenes al mayor. Fue por poco tiempo. Un año después salió una plaza de oficial a concurso. Esa vez, José Manuel no se presentó porque no quería competir con su hermano. Pero este no ganó la plaza y a la siguiente convocatoria optaron los dos. José Manuel obtuvo el grado de oficial antes que Antonio, por lo que se cambiaron las tornas y fue el hermano mayor el que paso a dar órdenes al pequeño, que logró el ascenso más tarde.

Ya los dos como oficiales, desarrollaron su carrera en Pontevedra, aunque José Manuel siguió avanzando en el escalafón hasta obtener la categoría de inspector jefe. En el 2017 Antonio asumió el cargo principal en la Policía Local de Poio, y desde hace apenas veinte días los dos se pueden saludar como jefes cuando van a comer a la casa familiar de Cerponzóns. Allí ven a su hermana que, al contrario que ellos, no sintió la llamada policial. Optó por la carrera educativa.«Nunca nos imaginamos estar en esta situación, llevando jefaturas vecinas»

«Nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que con 47 años sería jefe de la Policía Local de Pontevedra. Y menos, que coincidiera siendo mi hermano el jefe en Poio», apunta José Manuel. «No podíamos imaginar que estaríamos en esta situación, llevando jefaturas vecinas», corrobora Antonio. Ambos aseguran que es un «orgullo» tener a su hermano «al otro lado del puente de la Barca», el viaducto sobre el río Lérez que separa a Pontevedra y a Poio, en el que no tuvieron inconveniente en posar para ilustrar este reportaje. La sesión fotográfica fue su primer «trabajo» conjunto, pero ambos están seguros de que habrá otros, ya de carácter policial.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2072 en: 26 de Junio de 2020, 09:21:19 am »

Asuntos Internos concluye que el comisario Villarejo realizó una investigación ilegal a Dina Bousselham

Un informe entregado al juez incluye a la antigua colaboradora de Pablo Iglesias en el listado de 133 personas de las que el comisario obtuvo información en "bases de datos de acceso restringido" para sus trabajos parapoliciales

Pedro Águeda Follow @pedroagueda
26/06/2020 - 06:59h

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, encargada de la investigación al excomisario Villarejo, ha elaborado para el juez del caso un listado con decenas de personas a las que el comisario investigó consultando de forma ilegal "bases de datos de acceso restringido". En esa lista aparecen Dina Bousselham, antigua colaboradora de Pablo Iglesias, y Ricardo Sa Ferreira, su pareja, según el informe policial al que ha tenido acceso eldiario.es.

En noviembre de 2015, Bousselham denunció el robo de su teléfono móvil en unos grandes almacenes. Siete meses después, en el verano de 2016, Okdiario comenzó a publicar información interna de Podemos procedente de ese terminal. En noviembre de 2017, Villarejo fue detenido por Asuntos Internos y entre la ingente información incautada al policía apareció, a principios de 2019, una copia de la tarjeta de Bousselham. Información contenida en la tarjeta telefónica sustraída también fue publicada por El Confidencial y El Mundo, según hizo constar Asuntos Internos en otro informe.

La relevancia de la inclusión de Bousselham y su pareja en ese listado radica en que la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso han concluido que la información publicada por los tres citados medios no tuvo por qué proceder de la copia del teléfono encontrada en el domicilio de Villarejo, ya que la propia Bousselham ha reconocido en sede judicial haber hecho capturas de los chats publicados y que posiblemente se las enviara a terceros.

Este dato sirvió para que Anticorrupción solicitara al juez que retirara la condición de perjudicado a Iglesias de acuerdo al siguiente razonamiento jurídico: si la copia de la tarjeta encontrada a Villarejo no es la única posible fuente de información de los tres medios citados, ya que Bousselham reconoce haber enviado a terceros parte de él, no hay delito de revelación de secretos del que pueda considerarse perjudicado a Iglesias, toda vez que el material pudo ser difundido por la dueña del mismo.

La Fiscalía Anticorrupción añadía en un informe del 22 de mayo pasado que Iglesias recibió una copia o el original de la tarjeta de parte de los responsables de la revista de Interviú en enero de 2016 y que la guardó entre 5 y 36 meses hasta entregarle esa copia u original a Dina Bousselham. Y que cuando lo hizo, ya estaba dañada y no se podía consultar su contenido, según ella dijo al juez en una primera versión que luego ha rectificado. Por tanto, añadían los fiscales, Iglesias podría ser investigado por revelación de secretos y/o daños informáticos siempre que Bousselham se considerara perjudicada por ello, cosa que no se ha producido en el transcurso de la causa.

El juez García-Castellón difiere de la Fiscalía y ha arrancado una investigación acerca de la actuación de Iglesias que incluye una comisión rogatoria internacional a Reino Unido para interrogar a dos técnicos que analizaron la tarjeta, la orden a Bousselham de que abandone a la letrada que comparte con Iglesias, y la negativa a que la excolaboradora ratifique en sede judicial el escrito en el que exculpa al vicepresidente segundo del Gobierno y antiguo colaborador suyo.

La versión del líder de Podemos es que guardó la tarjeta seis meses por la "angustia" que ya sufría Bousselham cuando Interviú le entregó el material a él y que era fruto de haber empezado a aparecer en los medios la información falsa de que ambos mantenían una relación sentimental. Cuando Okdiario comenzó a publicar el contenido del móvil, el ahora vicepresidente consideró que ya no tenía utilidad esconderle la tarjeta y se la entregó en buen estado, según fuentes del partido.
Informe solicitado por el juez

El informe en el que Asuntos Internos incluye a Bousselham y su pareja como investigados por Villarejo a través del "acceso a bases de datos de carácter reservado" se produce en el marco de la pieza 23 de la causa, abierta para investigar la información que pudo salir de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que dirigía el comisario Enrique García Castaño, hacia Villarejo y otros. El juez solicitó el informe a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El resultado del trabajo de Asuntos Internos, adelantado por VozPopuli, es "un listado cerrado de personas físicas y jurídicas, teléfonos, cuentas bancarias, vehículos u otros datos que hubieran sido objeto de solicitud de información a bases de datos de acceso restringido para el desarrollo de proyectos por parte del Grupo Cenyt", la estructura empresarial de Villarejo con la que daba cobertura a sus trabajos parapoliciales que vendía luego en dosieres por elevadas sumas de dinero.

La solicitud del juez afectaba a los afectados en un total de 15 piezas de la causa Tándem, incluida la 10, bautizada periodísticamente como Dina. Esta pieza versa sobre el robo y posterior difusión, hasta su publicación en varios medios, del contenido del móvil de la excolaboradora de Pablo Iglesias, si bien la Fiscalía Anticorrupción primero, y después el juez, han reorientado la causa en los últimos dos meses a investigar el periplo de la tarjeta desde que la recibiera el líder de Podemos de manos de los responsables de Interviú hasta que le entrega esa memoria a Bousselham dañada, según declaró ella en una afirmación ante el juez que luego ha corregido.

En su alusión a Bousselham y la investigación realizada sobre ella por Villarejo se incluye el NIE de ella y el IMEI o número de la tarjeta que se le sustrajo. En el caso de su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, se adjunta el número de pasaporte, el NIE y su número de teléfono móvil.

En el amplio listado, que los policías separan por las piezas del caso en el que aparecen las consultas hay multitud de empresarios, abogados, sociedades, grupos de comunicación y hasta una plataforma ciudadana. Personas físicas se cuentan hasta 133. Algunos de ellos son reconocidos objetivos de Villarejo e incluso esas pesquisas constituyen el objeto de piezas de la causa, como en el caso del empresario Javier Pérez Dolset. Otros han aparecido en el sumario como personas próximas o aliadas con Villarejo, como es el caso de Ignacio López del Hierro, el empresario que junto a su esposa, María Dolores de Cospedal, requirió la colaboración del comisario para intentar sabotear la investigación Gürtel de corrupción en el Partido Popular.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2073 en: 30 de Junio de 2020, 10:14:34 am »
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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2074 en: 01 de Julio de 2020, 06:32:54 am »

UNO DE LOS ASPIRANTES ES QUIEN DECIDE A DEDO
Guerra entre comisarios por la embajada en EEUU... y por el sueldo de 13.000 € al mes

La Dirección General de la Policía mantiene paralizado un concurso de traslados que tenía que haberse resuelto hace más de un año y los sindicatos anuncian que lo denunciarán

Autor
Roberto R. Ballesteros

01/07/2020 05:00

Dos comisarios del más alto nivel dentro de la Policía Nacional libran desde hace meses una batalla soterrada por hacerse con uno de los puestos más jugosos de la corporación,
el de consejero del Ministerio del Interior en la embajada de España en Washington (Estados Unidos). Se trata de una de las plazas más cotizadas, porque permite, por un lado, establecer unos más que relevantes contactos a nivel internacional en la primera potencia económica mundial y porque, por otra parte, lleva aparejados unos emolumentos que superan los 13.000 euros al mes, una cantidad solo al alcance de los bolsillos más privilegiados, sobre todo en la actual crisis.

En concreto, el jefe de la División de Cooperación Internacional de la Policía, Carlos Vázquez Ara, disputa el preciado destino a la comisaria hoy ubicada en Presidencia del Gobierno Piedad Álvarez, que también aspira a la posición, según explican las fuentes consultadas. Ambos tienen una enorme capacidad para influir en la asignación del suculento puesto, aunque cada uno por vía diferente. El primero es, como responsable del mencionado departamento, el hombre que decide precisamente quién va a qué embajada, para desempeñar qué cometido y en qué momento. Él mismo, por lo tanto, es su mejor aval. No son pocos dentro del cuerpo, de hecho, los que critican que sea el propio Vázquez Ara quien se 'recomiende' a sí mismo para ocupar una plaza tan demandada. Decenas de comisarios aspiran al cargo de consejero de Interior en Estados Unidos.

Álvarez, por su parte, es jefa de la Secretaría Técnica del Departamento de Seguridad de Moncloa, la mano derecha de la comisaria con más poder del cuerpo, María Marcos, directora de Seguridad de Presidencia, responsable de garantizar la integridad física del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la vicepresidenta Carmen Calvo, de las familias de ambos y de las instalaciones del Palacio de la Moncloa.

La convocatoria salió en febrero de 2019 y tenía que haber sido resuelta en dos meses, que es el plazo legalmente establecido para despachar estos procedimientos. Sin embargo, la lucha oculta entre ambos candidatos ha provocado que la resolución no se haya producido hasta la actualidad. Casi un año y medio después, según se limitan a explicar desde el Ministerio del Interior, el proceso sigue en marcha. No aventuran desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska cuándo llegará a su fin. Otras fuentes aseguran que la Comisión de Destinos se reunió la semana pasada, pero no alcanzan a explicar qué contenido abordaron sus miembros.

Vázquez Ara ha rechazado hacer declaraciones a El Confidencial y se ha remitido a la Dirección General de la Policía, que tampoco ha dado explicaciones a este diario. Desde el entorno de Álvarez, por su parte, consideran que el responsable de la División de Cooperación Internacional es "juez y parte" y, por lo tanto, debería separarse del procedimiento. El retraso, en cualquier caso, ya ha tenido consecuencias. Según fuentes de la corporación, es muy probable que algunos de los que aspiraban a hacerse con la plaza en ese momento no estén ya interesados, dado que más de un año es mucho tiempo y pueden haber cambiado las situaciones personales de los postulantes. En la misma línea, continúan las citadas fuentes, es lógico que durante este periodo otros muchos hayan modificado sus condiciones y ahora sí tengan interés en viajar a Washington para permanecer allí los próximos cuatro años, que es el tiempo que dura el traslado, según establece la normativa.

Uno de estos comisarios afectados por el retraso en la resolución del concurso es Manuel Pérez Álvarez, destinado hasta ahora en la Comisaría General de Extranjería y marido de María Marcos. Pérez Álvarez no aspiraba a la plaza de la capital norteamericana, pero sí a otra de las dos más que iban en el mismo procedimiento administrativo, que eran las de Ecuador y China. El comisario se había postulado a ambas, pero —en vista de que la cosa se ha ido alargando sin atisbarse luz alguna al final del túnel— ha decidido echar los papeles para otro destino que se dirime en el marco de un proceso diferente.

En concreto, Pérez Álvarez ha pedido ir a la embajada de España en Dakar (Senegal), cuyo concurso acaba de salir junto a la sede diplomática de Roma (Italia), que también queda ahora vacante y debe cubrirse. El comisario, que ya estuvo en esta plaza años atrás y que aspiraba también al consulado español en París, se conforma con Senegal porque sabe francés a la perfección. No saben nada sobre su futuro, sin embargo, el resto de candidatos a las mencionadas embajadas de Washington, Ecuador y China.

El comisario de Repatriaciones y marido de la jefa de Seguridad de Moncloa ha tenido que pedir otro destino por el retraso de la plaza de Washington

En ese paquete iban además otra media docena de plazas destinadas a inspectores jefe de la Policía Nacional, categoría inmediatamente inferior a la de comisario, cuyo destino también está paralizado como consecuencia del estancamiento de los citados traslados. En situación de inmovilización se encuentran igualmente los comisarios e inspectores jefes que deben permanecer en Washington, Ecuador y China porque el concurso sigue activo y aún no tienen sustitutos. Todos ellos han alargado forzosamente ya casi un año y medio su estancia en el extranjero más allá de lo inicialmente establecido, que era cuatro años.

Las fuentes consultadas aseguran que esta situación de parálisis se debe al sistema de nombramientos a dedo que impera en el cuerpo para estos puestos tan golosos. En la Guardia Civil, arguyen las mismas fuentes, no existe tanto este problema, ya que está prohibido que los generales —homólogos al cargo de comisario principal, que es el previsto para ocupar la plaza de consejero— se asignen estos destinos diplomáticos. En la benemérita, continúan, son los coroneles los que pueden aspirar a estos puestos, lo que impide —a juicio de las fuentes citadas— que se puedan materializar intercambios de favores.

La situación en torno a la pelea que 'bajo la mesa' mantienen el comisario jefe de la División de Cooperación Internacional y la comisaria de Moncloa ha llegado también a los sindicatos, que en su mayor parte prefieren no pronunciarse públicamente sobre el tema. La organización mayoritaria del cuerpo, Jupol, sí que ha advertido en declaraciones a El Confidencial de que, en el caso de que la Dirección General de la Policía decidiera resolver la presente convocatoria que tenía que haberse solventado hace más de un año, interpondrá un recurso, ya que el concurso está "fuera de plazo". "Recurriremos todo lo que no se ajuste a derecho y este asunto requiere hacer una convocatoria nueva", sentencian desde el citado sindicato.

No sería la primera vez que Jupol ataca las decisiones supuestamente arbitrarias de la cúpula policial en torno al nombramiento de representantes policiales en sedes consulares. La organización sindical interpuso recientemente una querella contra el anterior jefe de la División de Cooperación Internacional a cuenta de la asignación de cursos de seguridad para policías que vayan a ir destinados a embajadas. Estos cursos son un requisito indispensable para ser enviado como representante diplomático y el mencionado departamento también se encarga de concederlos.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2075 en: 06 de Julio de 2020, 07:10:35 am »

Carballo

El jefe de la Policía Local de Carballo se querella contra el portavoz de TeGa

Roberto Mosquera atribuye a Andrés Eirís supuestas calumnias e injurias
BASILIO BELLO
Toni longueira
Carballo / La Voz 04/07/2020 14:48 h


El jefe de la Policía Local de Carballo, Roberto Mosquera, interpone una querella contra el portavoz de Terra Galega, Andrés Eirís, por «calumnias e injurias».

Según el oficial, el edil envió recientemente a varios medios de comunicación un escrito en el que criticaba el expediente abierto a dos agentes y, según deslizó, todo apunta a que detrás de esta decisión municipal estaría que los uniformados habían desarrollado un programa de gestión policial (XesPol), que podría ser incompatible con sus atribuciones como funcionarios del Concello de Carballo, y con el programa informático con el que trabajan los policías carballeses: Appolo. De hecho, según Roberto Mosquera, el concejal se llegó a cuestionar por qué el jefe de la Policía Local no ha salido en defensa de los dos agentes ahora expedientados.

El responsable de jefatura ha decidido emprender la vía judicial y para ello ha contratado los servicios de un despacho de abogados. Para empezar, Roberto Mosquera solicita una «firme rectificación» del portavoz de Terra Galega, «quien faltando a la verdad ha realizado, cuando menos, insinuaciones insidiosas y falsas que ponen en entredicho el honor» del jefe de Policía, según añadieron del bufete Vargas & De la Cal.

Por su parte, Roberto Mosquera negó de forma categórica «la maliciosa y malintencionada imputación realizada al respecto de los vínculos con la implantación del Appolo [programa con el que trabaja el Concello de Carballo] y que, en consecuencia, ya ha contactado con este despacho de abogados y está valorando el cauce a seguir, incluso, la probable e inmediata interposición de una querella criminal».

Hechos inadmisibles

El jefe de la Policía Local dejó claro que «no es admisible ningún tipo de imputación o insinuación maliciosa y fraudulenta, dejando entrever que no se está actuando en el marco del estado de derecho y según la legislación vigente». Y añadió: «Como jefe de la Policía Local mi reputación es intachable y no voy a permitir ni tolerar ninguna sospecha o conjetura sin base alguna».

El procedimiento judicial empezaría por presentar una demanda de conciliación judicial para que, en caso de que lo considerara oportuno, Andrés Eirís, rectificara, fijándose de forma paralela una indemnización por estos comentarios.
Andrés Eirís (Terra Galega)
Andrés Eirís (Terra Galega) José Manuel Casal

Al no haber una imputación directa de un delito, pero sí una insinuación, según el bufete que lo representa, el jefe de la Policía presentaría una demanda civil reclamando una indemnización por supuestos daños y una presunta vulneración del honor, o bien, la interposición de una querella criminal por calumnias.

También dio su opinión sobre este tema Alfonso Espiñeira, presidente del sector de la administración local del sindicato CSIF: «Ante a gravidade das declaracións do portavoz de TeGa, o señor Andrés Eirís, onde deixa caer a través de preguntas retóricas e difamatorias unha serie de acusacións cara o xefe da Policía e responsable da sección de CSIF dende hai máis de 20 anos, recomendamos ó traballador a denunciar estes feitos no xulgado, para o cal, xunto cas probas que temos, poñemos a asesoría a súa disposición polo danos irreparables» que, a su juicio, reflejarían estos escritos. Y añadió: «Dende o CSIF queremos transmitir a absoluta confianza sobre todos os empregados públicos do Concello de Carballo ante as xa repetidas insidias verquidas por un representante do pobo de Carballo contra persoas cuxo principal labor é defender a legalidade e os intereses dos veciños».

Respuesta del edil

Por su parte, Andrés Eirís, negó la versión que le atribuye el jefe de la Policía Local: «Nin eu a nivel persoal nin Terra Galega como partido político, enviou ningún tipo de comunicado a ningún medio de comunicación. Que analice quen o enviou porque nin eu nin ninguén do partido o fixo».



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2076 en: 07 de Julio de 2020, 07:09:45 am »
El exministro Fernández Díaz, más cerca de declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas

    El levantamiento parcial del secreto en la pieza 'Kitchen' dentro del 'caso Villarejo' facilita que declare Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y allana el camino para que le siga su antiguo jefe
    Uno de los principales imputados, el ex jefe operativo de la Policía Eugenio Pino, señaló en enero al exministro del Interior como quien le transmitió un mensaje de Rajoy para que tratase bien al comisario Villarejo

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 07/07/2020 a las 06:00

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2077 en: 09 de Julio de 2020, 06:54:38 am »
La Audiencia Nacional procesa a un mando de la Policía Nacional por sus vínculos con Gao Ping y la mafia china

    Miguel Ángel Gómez Gordo fue absuelto en 2019 del secuestro de una joven china y antes se libró de otra ramificación de la Operación Emperador. Disfruta de destinos seleccionados y nunca ha sido expedientado


Conversación entre Gómez Gordo y Gao Ping recogida en el escrito de Anticorrupción

Pedro Águeda
8 de julio de 2020 23:02h


El juez de la Audiencia Nacional José Calama ha dictado un auto en el que propone juzgar a 105 personas por su presunta vinculación con la red mafiosa de Gao Ping. Entre esos investigados figura un inspector jefe de la Policía Nacional, Miguel Ángel Gómez Gordo, que en estos momentos disfruta de un destino especial en Melilla al frente de la Brigada de Extranjería. Los hechos por los que el instructor de la Operación Emperador procesa a Gómez Gordo están relacionados con su etapa al frente del grupo dedicado a tratar los problemas de Extranjería de la comunidad china en Madrid.


En aquella época, escribe el juez, Gómez Gordo “facilitaba, agilizaba y realizaba trámites de extranjería a cambio de dádivas y recompensas”. El magistrado Calama menciona tres conversaciones entre julio de 2010 y julio de 2012 con el propio Gao Ping, un gran empresario y presunto líder de una red criminal que defraudaba y blanqueaba cientos de millones de euros anuales. La última conversación telefónica, del 23 de julio de 2012, “evidencia que estuvieron juntos en Pekín”. El magistrado, de acuerdo al escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, también presenta como indicios documentos incautados en el despacho de Gao Ping.

Asimismo, el juez Calama destaca una llamada a la esposa del líder de la red, Lizhen Yang, en el que el policía le avisa de que está en una de sus tiendas para comprar un bolso pero que no están ella ni su hermana. Los investigadores tenían intervenido el teléfono de la mujer y comprobaron cómo ella realiza una llamada a un empleado para advertirle de que no cobre a la pareja que va a visitar la tienda. En otra intervención telefónica, añade el auto, se pone de manifiesto que uno de los miembros de la trama china pide saltarse la espera en comisaría para unos trámites y otro contacto en el que parece desprenderse que Gómez Gordo es invitado a un espectáculo “donde pretenden regalarle dos cajas de vino”.

Gómez Gordo figuró como investigado en una pieza separada de la causa Emperador dirigida contra un grupo de funcionarios policiales. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la causa contra él al considerar que los indicios que Asuntos Internos y Anticorrupción presentaban no eran constitutivos de delito. Esos indicios apuntaban igualmente a presuntas dádivas a miembros de la trama a cambio de favores. Gómez Gordo no llegó a sentarse en el banquillo y todos los policías juzgados resultaron absueltos. El procesamiento de la Sala de lo Penal se produjo con los mismos argumentos que los mismos jueces habían utilizado para procesar a Gómez Gordo.

Anticorrupción argumenta ahora que aquella investigación se ceñía a los vínculos del mando policial con Yongping Wu Liu y que ahora debe ser juzgado por su relación con otros presuntos miembros de la mafia china. El ahora inspector jefe, dicen los fiscales en un escrito del pasado mayo, “mantenía relación personal y directa con Yongping Wu Liu, pero también con otros investigados respecto de los cuales continúa esta causa: Gao Ping, Xianxian Yang, Yongping Xia, Lizhen Yang o Jaime Caballero”. “Dichas relaciones -añaden- eran absolutamente ajenas al desempeño laboral. Gómez, sin embargo, utilizaba su función de Policía para dar trato de favor a dichas personas investigadas (o a terceras designadas por éstas) y recibir dádivas de ellas”.

Gómez Gordo resultó absuelto el pasado año después de ser juzgado junto a tres ciudadanos chinos por el secuestro de una compatriota de éstos. Según el relato de los hechos que hacía la acusación, la mujer fue secuestrada para intentar conseguir tres millones de euros que iban a ser sacados de España por otra banda. Cuando la mujer fue liberada resultó ser detenida en las inmediaciones del lugar de su cautiverio por dos subordinados de Gómez Gordo. La secuestrada acusaba al inspector jefe de estar aliado con la banda de secuestradores y de detenerla para que no pudiera denunciar. La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial resolvió que aunque resultaba “creíble” el relato de la mujer no quedaba probado la participación en el mismo de los acusados.

Pese a sus problemas con la justicia, la Dirección General de la Policía nunca ha actuado disciplinariamente contra Miguel Ángel Gómez Gordo. Antes de que se archivara la primera causa contra él por la mafia china, ascendió a inspector jefe y estuvo destinado en servicios centrales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Le fue asignado un destino en Almería que no llegó a pisar gracias a la fórmula de la comisión de servicio, un mecanismo excepcional que otorga un destino provisional a un policía en función de una supuesta necesidad especial. Es el mismo procedimiento por el que fue destinado a Melilla, a petición propia, hace alrededor de un año.
Hermano del policía asesor de Cospedal imputado en Kitchen

Miguel Ángel es el hermano menor de Andrés Gómez Gordo, el comisario imputado en el caso Villarejo por haber participado en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Otro de los investigados en esa causa, Enrique García Castaño, le ha señalado ante el juez como el autor del informe PISA con el que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz quiso acusar falsamente a Podemos de financiación ilegal.

Andrés Gómez Gordo ha trabajado durante años fuera de la Policía siempre al servicio del PP y, especialmente, de María Dolores de Cospedal mientras ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Regresó a la Policía para gestionar la relación con el chófer de Bárcenas, al que conocía por haber trabajado junto a él para Francisco Granados, y a los seis meses de volver fue condecorado con una medalla pensionada.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2078 en: 11 de Julio de 2020, 06:58:27 am »


Un mando de la Policía Nacional recurre la convocatoria de Interior para repartir las codiciadas embajadas


El inspector jefe, destinado en la UDEF, pide anular el actual procedimiento para incluir los requisitos de cada puesto y eliminar así la "arbitrariedad". Alude al premio que recibieron miembros de la brigada política del PP
— Fernández Díaz convierte a un grupo de policías afines en el 'club de los diezmileuristas'

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (izq.) y el director general de la Policía, Francisco Pardo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (izq.) y el director general de la Policía, Francisco Pardo
Pedro Águeda

10 de julio de 2020 22:08h
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@pedroagueda
Un mando de la Policía Nacional ha denunciado ante la Dirección General la convocatoria por la que se están adjudicando los puestos en la embajadas para los próximos cuatro años, los destinos más codiciados por llevar aparejadas retribuciones que pueden elevar los sueldos hasta situarlos entre los 10.000 y los 25.000 euros brutos mensuales. El inspector jefe Carlos Parro, destinado en el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de la UDEF, alega que no se está respetando la jurisprudencia existente para los puestos de libre designación y que obliga a primar la capacidad, el mérito y la oportunidad.


10.000 euros al mes para el policía que exculpó a Villarejo y otros 10.000 para su mujer

SABER MÁS
"La convocatoria deja sin definir los perfiles, méritos y capacidades que han de ser exigidos a los funcionarios concurrentes para optar a ocupar cada una de las plazas convocadas por separado, dejando un amplio espacio de arbitrariedad para la alteración del resultado del proceso, siempre en beneficio injusto del concurrente favorecido", señala el inspector jefe Carlos Parro en su recurso de reforma, al que ha tenido acceso elDiario.es y con el que pretende anular la convocatoria del pasado 5 de junio, que se está resolviendo estos días, y se convoque una nueva. 


El inspector jefe señala que dicha convocatoria no solo evita exigir una mención del aspirante a su perfil profesional sino que tampoco reclama "unos requisitos generales". El mando explica gráficamente que se elige con la misma indefinición, por ejemplo, al agregado o consejero de la Embajada española en Panamá que al de Libia, cuando las necesidades de un puesto y otro son muy distintas: si el primero debe ser experto en sociedades offshore creadas para esconder fondos procedentes del narcotráfico, el segundo debería acumular experiencia en terrorismo o inmigración ilegal.

"Parece una obviedad pensar que esta indefinición es premeditada, y no sería nada más que un acto preparatorio necesario para propiciar la arbitrariedad en la elección de candidatos", añade Parro en su recurso de reforma ante la Administración.


La convocatoria, por otra parte, colisiona con el Real Decreto de 2006 que regula las funciones de un consejero de Interior y que describe una tarea de máxima cualificación, destaca el demandante. "Es fácil observar que los resultados de la elección de los funcionarios, tradicionalmente, no han atendido nunca a esta superpreparación profesional", añade Parro, quien se detiene en designaciones del pasado con "intereses espurios, ajenos a los de nuetro país y los de la Policía Nacional, como son los casos de colocación de funcionarios incursos en procedimientos judiciales penales, muy conocidos por toda la opinón pública".

La asignación de los puestos de las embajadas por afinidad política o como recompensa alcanzó un estadio superior en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y el comisario Eugenio Pino de director adjunto operativo. Pino envió a las embajadas a varios de sus máximos colaboradores en la brigada política que ahora son investigados junto a él por aquella etapa de persecución a la oposición desde el Ministerio del Interior, caso de Bonifacio Díaz Sevillano o José Ángel Fuentes Gago, entre otros. Se convirtieron en todo un "club de los diezmileuristas" dentro de la Policía y ahora se reparten entre el banquillo de los acusados y la imputación que puede preceder a éste. Con el cambio de Gobierno fueron retirados de esos puestos, que pueden ser ocupados entre dos y cinco años con posibilidad de prórroga acordada por el secretario de Estado.

"La libre designación no es un poder omnímodo de la Administración"
El inspector jefe dedica la mayor parte de su escrito a la jurisprudencia existente sobre la elección de puestos de libre designación, incluyendo del Tribunal Supremo y el Constitucional en el sentido de exigir a la Adminsitración una adecuada motivación de la selección en cada caso concreto. "La libre designación no implica un poder omnímodo para la Adminsitración Pública sino el sometimiento a los principios de la Constitución española", recoge un fallo del tribunal que interpreta la norma fundamental y que data de 1986.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2079 en: 12 de Julio de 2020, 07:16:20 am »

Así manipulaban Maroto y Martín, mandos de la Guardia Civil, los contratos de los uniformes
Detenidos esta misma semana, se enfrentan a ocho delitos por amañar concursos para empresas amigas y cobrar recompensas a cambio.
12 julio, 2020 03:17

Brais Cedeira @BraisCedeira

Organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Son los ocho delitos a los que se enfrentan el coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M.G. y el teniente Alberto M.A.

Ambos eran los jefes del Servicio de Contratación del Cuerpo. Fueron detenidos esta misma semana por la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil como implicados en una trama de amaño de contratos públicos en el seno de la Benemérita.

Los investigadores sospechan que los mandos presuntamente manipularon contratos públicos para beneficiar a empresas amigas a las que adjudicarles la elaboración de los uniformes y suministros de prendas para los agentes.

Los arrestados fueron puestos este viernes a disposición judicial. La investigación está comandada por el juzgado número 50 de instrucción de Madrid, aunque el 51, en función de guardia, acordó prisión preventiva para los dos mandos, eludible bajo fianza de 50.000 euros cada uno. Si la abonan, la magistrada decidió retirarles el pasaporte y obligarles a acudir al tribunal cada 15 días.

La operación en la que fueron detenidas siete personas, entre ellos los dos miembros del Instituto Armado junto a un subteniente también del cuerpo, es la segunda parte de la 'Operación Grapa', organizada y dirigida desde la Fiscalía Anticorrupción.

Esa trama estalló en el año 2017 cuando fueron arrestados 15 funcionarios públicos por un comportamiento y una estructura similar en el seno de la Policía Nacional y en la DGT. Anticorrupción siguió con las pesquisas y la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detectó diversas anomalías que llevaron al arresto de los dos mandos del cuerpo.
El 'modus operandi'

Según la investigación, los empresarios se habrían puesto presuntamente de acuerdo con los funcionarios públicos. Los mandos de la Guardia Civil, durante años, presuntamente amañaron los expedientes relacionados con las prendas y los uniformes de los agentes. Luego, habrían recibido en contrapartida una recompensa económica.

Algunas asociaciones de la Guardia Civil han salido a dar respuesta al escándalo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cree que esta situación lleva a pensar de manera inmediata en la pésima calidad de los uniformes que en los últimos años deben vestir los trabajadores de la Benemérita. Y que ambas circunstancias guardan una relación ineludible. "Unas prendas muy deficientes en sus materiales y confección, de muy rápido deterioro y absolutamente inadecuadas para soportar los rigores invernales y las altas temperaturas del verano", expresan fuentes de la AUGC.

"Hemos denunciado en diversas ocasiones la mala calidad de los uniformes de los guardias civiles, tanto de Tráfico como de Seguridad Ciudadana y otras especialidades, una situación impropia de un cuerpo de seguridad estatal y de una de las instituciones más valoradas por parte de los ciudadanos. A ello se añade, además, la poca disponibilidad de las prendas, ya que en ocasiones pueden transcurrir meses desde que un trabajador solicita durante el invierno un elemento de abrigo que no se le entrega hasta terminada esta estación, con el sinsentido que esto supone".
"Clasismo" de los mandos

El caso se está gestionando y dirigiendo desde el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. Han sido arrestados dos directivos de una de las principales empresas españolas, presuntamente compinchados con los representantes de la Guardia Civil encargados de los uniformes.

"Asistimos a derroches por decisiones respecto a la uniformidad absolutamente innecesarias", dicen desde la AUGC. "Es el caso del cambio en las gorras con distintivos para distinguir a oficiales, suboficiales y cabos, un proyecto que se expuso en una reunión reciente de la comisión preparatoria del Consejo de la Guardia Civil".

Para AUGC, se trata de "un despilfarro motivado simplemente por el afán de presunción de algunos altos mandos y su permanente clasismo a la hora de diferenciarse de los trabajadores de base".