Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 294226 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2100 en: 08 de Septiembre de 2020, 23:59:18 pm »
La Fiscalía dando por culo a los peperos, que cosas...


    El ex número dos de Interior: "Mi error fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal"


En otra conversación, Francisco Martínez, imputado por 'Kitchen', dijo que si él tuviese que declarar ante el juez, también irían Fernández Díaz y el expresidente del Gobierno

Alejandro Requeijo

Publicado 07/09/2020 22:08
Actualizado07/09/2020 22:54

El exnúmero dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez lamentó en una conversación a través de mensajes telefónicos con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ser uno de los investigados en la llamada pieza Kitchen, centrada en el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. "Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), (Mariano) Rajoy o (Maria Dolores de) Cospedal", señala.


La conversación, que tuvo lugar en junio del año pasado, ha sido incluida por la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 56 folios en el que pide que se impute a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Martínez le dice al presidente de la Audiencia Nacional que le han "utilizado vilmente, unos y otros". También añade que lo único que hizo fue "trabajar" con un "enorme coste personal y familiar, y ahora esto".
"Muy difícil de probar"

"Lo sé, lo sé", replica Navarro junto a un emoticono con una cara de preocupación. "Esta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más", añade el ex número dos de Interior, que a día de hoy aún no ha sido citado a declarar.

Añade que su "grandísimo error" en el Ministerio del Interior fue "ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal" y que eso "es muy fácil de probar", aunque sería "lo último" que querría hacer.

"En fin, gracias por todo. No se si un presidente puede seguir siendo amigo de un imputado... queda fatal", concluye Martínez, añadiendo dos caras sonrientes para finalizar la conversación.

En otra conversación mantenida con el que fuera director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, Martínez dijo que si él tiene que ir a declarar ante el juez "también irán JFD (y probablemente MR)". Los investigadores consideran que con JFD se refería a Jorge Fernández Díaz y con MR a Mariano Rajoy.
Papeles que "comprometían" a Rajoy

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, definió la investigación que denominó "Kitchen" como "una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al Presidente", en alusión a Rajoy.

Villarejo hace esta apreciación en una conversación con el excomisario Enrique García Castaño, que días antes había sido destituido de su empleo de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional.

Anticorrupción considera que Villarejo trata de convencer a García Castaño de que debía haber utilizado esa información "a modo de chantaje" contra sus superiores en Interior para no ser cesado.

 

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2101 en: 09 de Septiembre de 2020, 10:08:29 am »

Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP

    La operación Kitchen aflora el recurso del PP a una trama de corrupción policial para reventar el caso de la caja B estando en el Gobierno, pero el partido actuaba en varios frentes desde su época en la oposición. Ningún dirigente se sentará en el banquillo de la caja B pese a la financiación irregular y los indicios de sobresueldos

Pedro Águeda
8 de septiembre de 2020 22:16h
@pedroagueda

Las interferencias para reducir la trama Gürtel a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones comenzó desde practicamente el mismo momento en que estalló el caso en 2009. Algunas de esas maniobras, en el ámbito de la instrucción judicial, son públicas. Otras, caso de las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, si bien los funcionarios policiales y de la Administración de justicia que las padecieron aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue más allá e incluyó la presunta comisión de delitos, ordenados desde el núcleo mismo del Gobierno de Mariano Rajoy con el mismo fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el Partido Popular no dudó en recurrir para ello a las cloacas del Estado, denominación un tanto inconcreta que el sumario del caso Villarejo va ayudando a perfilar. 

Los ataques a los casos Gürtel y caja B no evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy terminara cayendo fruto de una moción de censura, motivada a su vez por la sentencia sobre la “primera época” de la trama de corrupción y sus demoledoras referencias a la financiación irregular del PP. Aun así, los interrogantes que todavía arroja el caso del espionaje a Luis Bárcenas impiden concluir si la “operación parapolicial” fracasó o, por el contrario, evitó que afloraran pruebas más graves de las que se mostrarán en el juicio de la caja B. No en vano, los miembros de la cúpula del partido que aparecían recibiendo sobresueldos en las anotaciones del tesorero han evitado el banquillo, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Tampoco serán juzgados los empresarios que nutrían con dinero negro esos supuestos sobresueldos.

En la Operación Kitchen están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Anticorrupción y el juez del caso Villarejo creen que actuaron de forma partidista para beneficiar a dirigentes del Partido Popular. En otras ocasiones, el sabotaje del caso se tradujo en presionar o directamente deshacerse de policías incómodos para los intereses de la formación en el Gobierno.

El 1 de abril de 2013, elDiario.es desveló que la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado también en Kitchen, acosaba a los investigadores de Gürtel y la caja B por orden de Interior. Todos los miembros del Grupo XXI fueron llamados a declarar como sospechosos de haber filtrado el informe que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. A ese informe habían tenido acceso las decenas de abogados personados en el proceso. Un interrogatorio de Asuntos Internos, la unidad destinada a investigar a agentes que cometen delitos, es una de las experiencias más desagradables para un policía. El jefe de aquel grupo, el entonces inspector Manuel Morocho, fue reiteradamente denunciado por los imputados en las distinas piezas de Gürtel. En la oposición, el PP fue a los juzgados para frenar a la UDEF, como “máquina de fabricar pruebas” contra su partido. Era la época en que Federico Trillo dirigía la estrategia judicial del partido.
"Pepelu" y el doble juego

Uno de aquellos mandos denunciados fue José Luis Olivera, “Oli” o “Pepelu” en las referencias que a él que hacen Villarejo y otros policías en el sumario de la Operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tiene a Olivera en el foco por practicar un posible doble juego, intentando limitar el alcance de la investigación policial contra el PP pese a haberla dirigido en el pasado. Cuando el Ejecutivo cambió de manos, Olivera, lejos de ser destituido, fue ascendido y acabó siendo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno de Rajoy. Era uno de los policías que tenía trato directo con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El máximo responsable policial de la UDEF es el comisario general de Policía Judicial. El PP tuvo tres en el primer año de Gobierno. Al primero lo destituyó por haber sido nombrado por el PSOE; al segundo, por ordenar la investigación del ático de Ignacio González sin haber informado a sus superiores; y al tercero, que ya había integrado la cúpula de la Policía con Aznar, por no frenar las investigaciones de Gürtel cuando el caso arreciaba contra el partido, poco después del informe que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato. Al reputado comisario José García Losada se le incluyó en una reestructuración más amplia anunciada con una nota a las nueve y media de la noche. Poco antes, el ministro del Interior había atribuido en Abc el informe de los regalos de la Gürtel a Ana Mato a “elementos” de la unidad que trabajan directamente para el juez y no a la propia UDEF.

Aquel Grupo XXI de la Policía que sacó adelante el caso Gürtel, en colaboración con el juez Ruz y las fiscales Anticorrupción, fue desguazado poco a poco hasta el día de hoy. Solo continúa rematando informes el ya inspector jefe Morocho, que al ascender ha sido destinado a Canfranc, a dónde ha pedido traslado después de no recibir ninguna oferta para desempeñar sus habilidades en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y con la UDEF al mando del mismo comisario que dejó el PP. Morocho deja atrás una UDEF desmoralizada y sin medios después de haber sido la unidad protagonista en los casos más sonados contra la corrupción.
Ruz no pudo culminar la instrucción

El propio instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Ministerio de Justicia decidió sacar una convocatoria extraordinaria de plazas para acabar, explicó, con la interinidad de esos puestos. Entre ellos se encontraba el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ruz dejó de investigar la causa de la financiación irregular del PP para ponerse al frente de un juzgado de Móstoles, donde continúa a día de hoy. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del Partido Popular tras negarse la formación reiteradamente a entregar la documentación que le requería.

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015. Dos años antes había expulsado al PP de la acusación popular del caso Gürtel con el argumento de que en realidad se dedicaba a defender a Luis Bárcenas. El PP no desistió e intentó igualmente personarse como acusación cuando se abrió el caso de la caja B. El magistrado tuvo que explicar que resultaba “incompatible” aceptar al partido como acusación en una causa que investiga su financiacion irregular. En la jornada inaugural del juicio de Gürtel, el abogado del PP se unió a la petición de nulidad de la causa planteada, entre otros, por Luis Bárcenas.

Aquel día se recordará por la intervención de la fiscal Concha Sabadell [leer aquí La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel) ]. Ella y su compañera Myram Segura habían avalado en 2009 las intervenciones de las comunicaicones de los encarcelados de forma provisional en Gürtel porque tenían indicios de que los acusados estaban moviendo el dinero de la corrupción en colaboración con sus abogados. Aquello se llevó por delante la carrera del juez que acordó los pinchazos, Baltasar Garzón, y a punto estuvo de afectar a las fiscales. El letrado Ignacio Peláez, que defendía a un constructor próximo al PP, José Luis Ulibarri, quiso extender la causa contra Garzón a las fiscales por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, pero el Supremo desestimó la querella.
El abogado Peláez y los contactos con las empresas de Villarejo

El abogado Peláez, ya fallecido, aparece también en el informe de Anticorrupción sobre la Operación Kitchen. Los investigadores han descubierto que realizó gestiones para contratar al conglomerado empresarial de Villarejo “con el fin prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel). Aunque formalmente, Peláez solo defendía a Ulibarri, Villarejo se refiere a él en la documentación incautada como “letrado director” y Anticorrupción asegura que era “un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular” investigados en Gürtel. Los papeles, dice la Fiscalía, “no reflejan una contratación sino unos actos previos para ello”.

Más allá de la operación en el marco de la brigada política, el Partido Popular recurrió a Villarejo individualmente para abortar el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de una reunión entre el policía y la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, junto al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la planta noble de Génova. "¿Tú estarías en disposición de hacer encargos puntuales?", le pregunta el empresario a Villarejo en presencia de la número dos del PP. "No tengo ningún problema", respondió el policía. La reunión se produjo en julio de 2009, el día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo.
Rajoy: "Todo va a cambiar cuando lleguemos a Moncloa"

Con el PP todavía en la oposición se había producido la reunión en la que Bárcenas pidió a Rajoy la cabeza de las fiscales, a las que acusaba de animadversión. Fue en compañía de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su amigo, el que fuera secretario general del PP Javier Arenas, en un despacho de la sede de Génova. Bárcenas recibió aquel día la promesa de Rajoy de que "todo va a cambiar" cuando él llegara a Moncloa. No fue así, al menos para Sabadell, que continuaba en el caso, aunque las presiones se incrementaron. Desde el Gobierno, destacó Jorge Fernández Díaz en las peticiones de explicaciones a la Fiscalía General por el "sectarismo" de las fiscales.

Antes de que Bárcenas dejara de estar aforado, cuando la competencia del caso recayó en el TSJM, el juez Antonio Pedreira llegó a levantar la imputación del tesorero. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado, a quien le fue asignado un ayudante por la Comunidad de Madrid que fue facilitando información de todos los movimeintos que iba a adoptar Pedreira. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que "nadie podrá probar" que Luis Bárcenas no fuera inocente.
La última esperanza del PP, en el Tribunal Supremo

El Partido Popular todavía alberga la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura contra Rajoy. En ese ánimo pesa el éxito de la recusación del juez José Ricardo de Prada, al que los conservadores atribuyen los párrafos que aluden en ella a la caja B del PP. La ajustada decisión de la Sala de lo Penal de apartar a De Prada del tribunal que juzgará el caso del dinero negro -ocho votos contra siete en un pleno de abrumadora mayoría conservadora- asegura que esas menciones a la financiación irregular no eran “absolutamente necesarias” en la sentencia por la Primera Época de Gürtel.

En su investigación de la Operación Kitchden, la Fiscalía Anticorrupción ha destapado el “interés” que el Partido Popular y su secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, tenían en que la brigada política de la Policía recuperara las supuestas pruebas de la caja B que Luis Bárcenas escondía cuando comenzó a tirar de la manta en el verano de 2013, al poco de ser encarcelado. Ese interés, dice Anticorrupción en su informe de la Operación Kitchen, tenía “una doble dirección” en el caso de Cospedal: “directa, como afectada por documentación suspuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros dirigentes del mismo”.

A esto hay que añadir las referencias de los investigados al conocimiento que Mariano Rajoy tenía de la operación, especialmente las del secretario de Estado de Seguridad de su Gobierno. “Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, dejó Francisco Martínez por escrito. El número dos de Interior dice alude en dos de sus mensajes a la presunta participación del CNI en el espionaje a Bárcenas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2102 en: 10 de Septiembre de 2020, 06:59:17 am »
La Fiscalía acusa a mandos policiales de "enriquecerse" con fondos reservados en la era Rajoy

Se basa en los interrogatorios al facultativo encargado de gestionar el dinero, Miguel Ángel Bayo, quien dio cuenta de las “disfunciones e irregularidades” que se cometían en el Cuerpo

Alejandro Requeijo
Tono Calleja

Publicado 10/09/2020 04:45
Actualizado10/09/2020 4:49

La investigación en torno a la operación parapolicial denominada Kitchen va más allá del presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas. La Fiscalía anticorrupción también denuncia que hubo altos mandos policiales que se enriquecieron personalmente con el trasiego de fondos reservados sin justificar durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El último escrito del ministerio público alude a los interrogatorios realizados al encargado de gestionar el dinero: “Sus manifestaciones pusieron de manifiesto disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

Así lo recoge el ministerio público en su petición de imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido. Dedican un apartado a analizar cómo se financió la infiltración en el círculo personal del extesorero popular.
Irregularidades

El facultativo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que gestionaba los fondos es Miguel Ángel Bayo y en dos ocasiones declaró ante los investigadores, la última hace justo un año. A partir de sus explicaciones y otras evidencias que obran en la causa, la Fiscalía refleja que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para solicitar el dinero “no se ajustaba a la normativa legal”, regulada desde 1995.

Bayo era algo así como el guardián de los secretos de aquella cúpula policial ahora bajo sospecha. Es la persona a la que Villarejo entregó los documentos de identidad que usaba en sus misiones como agente encubierto. Tal y como informó este periódico, antes de que se jubilara, el equipo del ministro Juan Ignacio Zoido abortó en julio de 2018 un plan impulsado por un sector de la Policía que consistía en ubicar a Bayo en un puesto de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
Miguel Ángel Bayo en un acto de la Policía
Miguel Ángel Bayo en un acto de la Policía

El escrito de los fiscales censura que los fondos se repartían antes incluso de comprobar para qué los necesitaba la Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino, investigado en la causa. Además, cada mes se destinaba una partida de fondos reservados a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) cuyo responsable era el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, también entre los encausados.

La UCAO es una unidad especialmente sensible dedicada, entre otras cosas, a la gestión de los confidentes. Su responsable ha negado en todo momento que se usase ese dinero para asuntos distintos a la cuestión operativa. Pero la Fiscalía pone el acento en que el trasvase de dinero a esa unidad se hacía directamente sin pasar por la Comisaría General de Información de la que depende orgánicamente.

“Los fondos así entregados al investigado Enrique García Castaño, con periodicidad mensual y con una cuantía fija, no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario”, dice la Fiscalía, que añade que esta “irregular entrega” estaba verbalmente autorizada por Pino.   

Según la regulación de los fondos reservados, es necesario adjuntar una serie de documentos acreditativos  del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior y en esos datos tiene que figurar el nombre de la operación. En Interior no consta ningún operativo con el nombre de Kitchen, si bien todas las fuentes consultadas por Vozpópuli coinciden en que ese era un nombre interno que le adjudicó el comisario Villarejo.
La carpeta 'Chef'

En el marco de la investigación, las autoridades hallaron en casa del polémico comisario una carpeta llamada “Chef” (“cocinero” en inglés) que incluye decenas de documentos sobre los pagos mensuales realizados al chófer, Sergio Ríos. Además, el Ministerio del Interior desclasificó información relativa a estos fondos reservados. Entre julio de 2014 y el 18 de mayo de 2015, García Castaño recibió 50.000 euros.

La Fiscalía recoge la versión de este comisario, según la cual, esos pagos eran para otras operaciones. Pero añade que el mismo mando policial admitió su participación en la operación Kitchen y el pago con fondos reservados de una pistola para el chófer que costó 700 euros y material informático por valor de 1.905 euros. 

Los fiscales dicen que, según la ley que regula el uso de fondos reservados, “las funciones de su control” recaen sobre el ministro del interior “y por delegación” a la Secretaría de Estado de Seguridad. Durante el periodo investigado, al frente de ambas instituciones estaban el ministro Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, respectivamente.

En la entrevista que realizó Vozpópuli al exministro tras la apertura de la pieza Kitchen en el el marco del caso Villarejo, Fernández Díaz se refirió al uso de los fondos reservados: “Yo como ministro no gestionaba los fondos. No cambié nada ni modifiqué nada. Ni yo ni mi antecesor tampoco (Alfredo Pérez Rubalcaba). Tenía confianza en que se gestionaban bien. No tenía preocupación ni el más mínimo interés". En esa misma entrevista dijo estar enterándose por la prensa del presunto espionaje a Bárcenas.

Estas declaraciones provocaron la reacción de su ex número dos, que las vio como un interés del ministro de atribuirle en exclusiva los hechos investigados. Por ello, días después acudió a un notario para dejar constancia de una serie de SMS en los que Fernández Díaz da muestras de conocer el detalle de la operación. Esta ha sido una de las principales evidencias que han llevado a la Fiscalía a solicitar también la imputación de Fernández Díaz. 

La operación costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. Así consta en una resolución del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que permanecía secreta. Este es el magistrado que investiga la caja B del PP y que pidió documentación al saber que un grupo de policías había tratado de boicotear su investigación.

Esa suma se deriva de un total de 25 pagos realizados entre julio de 2013 y mayo de 2015 al chófer del extesorero, Sergio Ríos, y los agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que participaron en la trama. Un total de 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y otros abonos menores que no se concretan (195 euros).


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2103 en: 10 de Septiembre de 2020, 09:30:54 am »
La mierda de las cloacas de los mandos de la policía cada vez huele más...



Documentación en la que se aprecia el seguimiento realizado a Pedro J. Ramírez E. E.

La Policía organizó un seguimiento a Pedro J. mientras investigaba el caso Bárcenas
Pedro J. Ramírez ya denunció sentirse vigilado por el Gobierno de Rajoy en 2013. Siete años después aquellas sospechas quedan acreditadas.
10 septiembre, 2020 03:56

Enrique Lavilla @quiquelavilla

En agosto de 2013 Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL y entonces director del diario El Mundo denunció que estaba siendo "seguido y vigilado" por el Gobierno con motivo de las informaciones que estaba publicando y que comprometían al entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Fue en una entrevista a Las Mañanas de Cuatro donde Ramírez pidió al Gobierno y a su presidente "que haga el favor de desmontar el mecanismo de vigilancia y seguimiento policial que está organizado en torno a mi persona, a mi domicilio, a los restaurantes a los que yo acudo y que está limitando mi capacidad de movimientos y me hace sentir también limitado en el ejercicio de mi derecho a la información".

Aquellas palabras se confirmaron en noviembre de 2015, cuando Esteban Urreiztieta y Daniel Montero publicaron en este periódico la primera entrega de la operación Kitchen. Informaban entonces de las facciones enfrentadas dentro de la Policía Nacional y de la operación urdida para apoderarse de forma ilegal de una serie de documentación que los Bárcenas no habían entregado a la Justicia.

Todo esto queda hoy negro sobre blanco en el procedimiento judicial que investiga los papeles de Bárcenas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él se desgranan las conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y el que era su informante y chófer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, Sergio Javier Ríos Esgueva ('El Cocinero' de la operación Kitchen).

Entre la documentación a la que ha tenido acceso este periódico aparecen registradas cenas que mantuvo Pedro J. Ramírez con Rosalía Iglesias y Guillermo Bárcenas Iglesias, el domicilio del director de EL ESPAÑOL y encuentros que se produjeron en otras residencias.
Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez.

Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez. E. E.

Este diario ha comprobado que en el operativo de vigilancia policial se incluyen datos exactos de la cena que Ramírez mantuvo con la mujer de Luis Bárcenas y su hijo Guillermo, que se produjo en el restaurante Nimú, en la calle Goya de Madrid. También aparece reflejado un supuesto encuentro de un motorista con Guillermo Bárcenas en una gasolinera para facilitarle "una serie de documentos que en la cena podría haber pasado a Pedro J. Ramírez". Y figura claramente identificada la dirección del domicilio anterior de Ramírez en el Paseo de la Castellana, además de residencias de terceras personas.
Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez.

Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez. E. E.

El procedimiento judicial revela que Sergio Javier Ríos Esgueva, exchófer de Bárcenas y actualmente policía ('El Cocinero'), informa a Villarejo (al que se refiere indistintamente como 'Tony' o 'Tomy') acerca de diferentes datos relevantes del extesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias (contactos con periodistas, justificación de ingresos mediante compraventa de cuadros, existencia de documentos y grabaciones comprometedoras para diferentes dirigentes del PP, etc.), advirtiéndose el interés de Villarejo en tratar de conocer el lugar donde pudiera guardar Bárcenas aquellos documentos y grabaciones comprometedoras para altos cargos del PP, entre los que citan a Javier Arenas, María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy.

Según recoge la documentación, Villarejo solicita en varias ocasiones a Sergio que trate de obtener los números de teléfono de ciertos terminales de seguridad que emplearían Bárcenas y su círculo más inmediato. A cambio de la información, el comisario entrega a su informante 2.000 euros que parecen corresponder al pago de una mensualidad y cuya entrega documentan por escrito.
Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez.

Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez. E. E.

Además, los documentos a los que ha tenido acceso este periódico señalan que Ríos Esgueva también actuaría como informador de una tercera persona, el policía Andrés Gómez Gordo, apodado 'Andy', que estaría vinculado a la entonces Secretaria General del PP, María Dolores De Cospedal.

En los extractos de la conversación entre Villarejo y Sergio se hace alusión a la trama Gürtel, a los supuestos movimientos de Bárcenas para blanquear dinero y a las conversaciones que tanto el extesorero como Rosalía Iglesias pudieran mantener con personalidades de su entorno, incluidas llamadas a periodistas como Pedro J. Ramírez, que en julio de 2013 publicó sus famosas Cuatro horas con Bárcenas.

Villarejo insiste en la necesidad de hacerse con los teléfonos que el extesorero del PP y su mujer utilizan para comunicarse. Y su informante le dice lo siguiente: "Nada, de hecho, hay uno que es el del Pedro J. se ha apagado y no sabe el pit (hablan a la vez) y por eso el otro está como un hijo puta y esta dice, "llamaba tanto y ya no es cargo ni nada que, y claro ya me manda un mensaje y...".

El comisario presiona a su informante en varias ocasiones para conocer los movimientos de Bárcenas, incluidas sus conversaciones con Rajoy, a lo que Sergio contesta: "Vale, vale, vale. No, te lo digo porque...para decírtelo en persona, ¿sabes? Lo que han visto éstos ya han mordido y el que yo creo que ha debido escuchar la conversación, o le ha debido decir Don Luis, esto, esto y esto es a Raúl del Pozo, ¡punto! Que es el tercer hombre famoso, porque yo creo que Pedro J. ni ha escuchado la conversación".

En el procedimiento se recoge un momento en el que Villarejo interpela al que fuera Director Adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino, a quien solicita una entrevista para darle cuenta de la información facilitada por 'El Cocinero' en relación a los contactos que viene estableciendo la 'Señora', en alusión a Rosalía Iglesias.
Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez.

Documentación que acredita los seguimientos a Pedro J. Ramírez. E. E.

En su conversación con Pino, Villarejo le confía lo siguiente: "Ah bueno, pues yo mañana me paso y te comento.... Dos cosas que te quería decir, una, que, que me dice 'El Cocinero' que, que la, 'La Señora' lleva varios días reuniéndose con mucha gente ahí... En esto, en el despacho del abogado, ¿sabes? y que y que además ayer, ayer estuvo dos horas con Pedro J. eh, en su casa".

Toda esta documentación vendría a corroborar los seguimientos realizados al director de EL ESPAÑOL que Ramírez ya había denunciado en 2013 y que hoy, siete años después, quedan fehacientemente acreditados.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2104 en: 13 de Septiembre de 2020, 07:18:26 am »

Silverio Nieto: el sacerdote que fue juez, policía y 'confesor' de Fernández Díaz, implicado en la Operación Kitchen

    Este cura, amigo personal del exministro del Interior y máximo responsable de la gestión de la Iglesia en los casos de pederastia, ejerció de intermediario de los involucrados en el escándalo
    — Un informe policial de Asuntos Internos señala que Rajoy tuvo "conocimiento" del espionaje a Bárcenas

Jesús Bastante
en religiondigital.com —
12 de septiembre de 2020 22:54h

19
@BastanteJesus

"Enviada copia a J.F". Un breve SMS vincula a un cura con los protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas. Y no al falso sacerdote que se coló a robar en la casa de del extesorero, sino a un cura de verdad. Silverio Nieto (Almendralejo, 1947) no es un cura cualquiera. Es uno de los más poderosos e influyentes en la reciente historia de la Iglesia española, y ahora se sabe, gracias al sumario que investiga la "operación parapolicial", que fue el intermediario de mensajes entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (J. F.) y el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez. Es el comisario Enrique García Castaño, investigado en la trama, quien entrega al juez y los fiscales el mensaje que escribió el secretario de Estado de Seguridad advirtiendo de que si caía él, lo haría también Fernández Díaz y probablemente Mariano Rajoy.

No es un cura común Silverio Nieto. Ha tenido muchas vidas. Fue marino, policía –trabajó en la Interpol–, espía, juez, magistrado, sacerdote... Por sus manos han pasado todos los secretos de la Iglesia española, y de su cabeza han surgido muchas de las estrategias jurídicas de los obispos en las últimas décadas, especialmente durante el largo mandato del cardenal Rouco Varela, a quien Nieto ha sacado de muchos entuertos.

Amigo personal de Fernández Díaz –el exministro apunta en sus memorias que Nieto fue uno de sus referentes a la hora de su conversión religiosa, y muchos aseguran que el sacerdote acabó por convertirse en su confesor personal, algo que el cura niega–, Silverio Nieto tuvo un papel muy relevante en las relaciones Iglesia-Estado durante los gobiernos de Zapatero y, muy especialmente, de Mariano Rajoy.
El guardián de los secretos de la Iglesia

Como director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal desde comienzos de siglo (puesto que ya no ocupa, aunque se mantiene como tal en la web del Episcopado español), Silverio Nieto, ordenado sacerdote en 1999 en una nunca explicada 'vocacion tardía', tuvo que lidiar con escándalos financieros como los de Gescartera o Cajasur; asumió la actuación común de los obispos en las más que dudosas inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia sucedidas entre 1998 y 2015 (unas 40.000, según el informe del Colegio de Registradores, que todavía no se ha hecho público); y, sobre todo, fue el máximo responsable de la gestión de los casos de pederastia, que, primero a cuentagotas y posteriormente a borbotones, surgieron en la Iglesia española.

A Silverio Nieto se le debe, en buena medida, el redactado del protocolo antiabusos de los obispos de nuestro país –aprobado en 2010, pero que no se dio a conocer hasta que eldiario.es lo publicó en 2015, en pleno 'caso Romanones'– que debió ser reformado hace meses tras las nuevas ordenanzas del Vaticano.

Con la asesoría de Nieto, las diócesis españolas se enfrentaron al escándalo de la pederastia con resultado desigual. De hecho, las víctimas acusan al clérigo de ejercer de "agente doble" en casos como el de los abusos en Granada o el 'caso Gaztelueta', por el que un profesor del Opus Dei fue condenado por abusos en el primer colegio fundado por la Obra en España y del que este medio informó ampliamente
Con García Castaño en su detención

Muy cercano a Rouco Varela, Silverio Nieto tuvo sus momentos de gloria durante el pontificado de Benedicto XVI. Con la llegada de Francisco, algunos eclesiásticos llevaron a Roma sus dudas acerca de la actuación del clérigo y sus fuertes vínculos con estamentos judiciales, políticos y policiales de dudosa reputación. De hecho, cuando en julio de 2018 García Castaño fue detenido por su implicación en el caso Bárcenas, era Silverio Nieto quien se encontraba con el excomisario.

Tras el 'caso Gaztelueta', el cura-juez-policía cayó en desgracia –se paralizó su nombramiento como representante de la Iglesia española en la comisión antiabusos del Vaticano–, y se le ve en contadas ocasiones por Añastro, sede de la Conferencia Episcopal en Madrid). Visiblemente más delgado, aunque manteniendo su perfecto bronceado, el sacerdote continúa ejerciendo su ministerio en la parroquia de la Concepción de Madrid, mientras uno de sus sobrinos ejerce como responsable de los asuntos jurídicos del episcopado. Su teléfono suena mucho menos ahora que antes. Aunque seguramente, en los últimos días, haya recibido más de un SMS. "Enviada copia a J. F".


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2105 en: 13 de Septiembre de 2020, 16:42:53 pm »
Curioso personaje . . . Pérez Reverte ya tiene protagonista para su próxima novela y que, una vez más, la realidad supera a la ficción.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2106 en: 15 de Septiembre de 2020, 07:27:16 am »

El juez tiene “muchos audios que escuchar” antes de decidir si imputa a Fernández Díaz y a Cospedal
García-Castellón no actuará con prisa en tomar decisiones en relación con la pieza ‘Kitchen’ sobre exministros del Gobierno

Fecha
14/09/20access_time 1:03


Irene Dorta Hermoso
El juez de la pieza ‘Kitchen’ no quiere correr. Muchos esperaban que la pasada semana, después de que se revelara el escrito de la Fiscalía pidiendo la imputación de los exministros del PP María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, el juez los citara como investigados. Sin embargo, Manuel García-Castellón no tiene prisa, según fuentes judiciales del caso el juez puede demorarse todavía unos días más.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es consciente de la responsabilidad que tiene ya que, por primera vez, la Justicia previsiblemente imputará a miembros de la cúpula de un Gobierno en España. Primero, García-Castellón quiere volver a escuchar los audios y leer las conversaciones del informe de la Fiscalía y del sumario de la pieza que pertenece a la macrocausa ‘Tándem’ que investiga los espionajes del excomisario José Manuel Villarejo.
Posible imputación

Después de que el pasado martes se hiciera público el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, la imputación de dos ministros del Gobierno de Mariano Rajoy está cerca.

El Ministerio Público vincula directamente a la exsecretaria general del Partido Popular Dolores de Cospedal y a su marido el empresario Ignacio López del Hierro con una “operación parapolicial” que se creó para sustraer documentos al extesorero del partido. Dicha operación, llamada ‘Kitchen’ contó también con el entonces Ministro del Interior Jorge Fernandez Díaz para dirigir a los agentes que espiaban al extesorero del partido Luis Bárcenas.

También la pasada semana el juez José De la Mata, que investiga la 'Caja B del PP', levantó el secreto de sumario, revelando más conversaciones entre empresarios, abogados y políticos que comprometen no solo a Cospedal y a Fernandez Díaz, sino también al propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presuntamente conocía cómo se estaba llevando a cabo el espionaje ilegal de Bárcenas.

La pelota está ahora en el tejado de García-Castellón que es quien puede imputar directamente a estos políticos. Fuentes del caso aseguran que sucederá en las próximas semanas.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2107 en: 16 de Septiembre de 2020, 01:55:35 am »
La jefa de Gabinete de Marlaska deja Interior ocho meses después de su nombramiento

Las citadas fuentes circunscriben a una decisión estrictamente personal y pactada con el titular del Interior esta renuncia adelantada por 'eldiario.es', que relaciona la salida con discrepancias por el modo y el momento en el que se produjo el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-15/jefa-gabinete-marlaska-deja-cargo_2748511/

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2108 en: 18 de Septiembre de 2020, 13:56:22 pm »


El juez imputa a Jorge Fernández Díaz por el espionaje policial a Bárcenas


El magistrado rechaza citar como investigados a Dolores de Cóspedal y su esposo, Ignacio López del Hierro
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una conferencia de prensa en 2015.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una conferencia de prensa en 2015.ALVARO GARCIA /
FERNANDO J. PÉREZ
|
J. J. GÁLVEZ
|
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid - 18 SEP 2020 - 13:49 CEST
El Gobierno y la cúpula del PP durante la etapa de Mariano Rajoy ya se encuentran oficialmente señalados por el caso Kitchen, la trama de espionaje parapolicial creada en el Ministerio del Interior para tapar el escándalo de financiación ilegal del PP y arrebatar a su extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para el partido y sus líderes entre 2013 y 2014. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este viernes citar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, tras examinar la causa ha rechazado citar como investigados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro.


El caso Kitchen, una de las 25 piezas en que se divide el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Villarejo, es, tras la Gürtel y el caso de la caja b del partido, el mayor escándalo de corrupción de cuantos afectan a la formación conservadora. Según la investigación, durante la etapa de Fernández Díaz en Interior se creó una red de policías que se dedicó a seguir los movimientos de Bárcenas y a su familia durante la investigación judicial iniciada después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, los papales de la contabilidad b del partido que el extesorero llevaba en su oficina de la calle Génova 13 de Madrid, sede nacional de la formación conservadora.

Este aparato policial clandestino al servicio del PP estuvo coordinado, en la parte política, por el ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martínez, y en la parte policial, por el antiguo director adjunto operativo, máximo mando uniformado de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ambos imputados junto a Villarejo y otros miembros destacados de la llamada policía patriótica. El entramado contó con decenas de agentes dedicados a seguir los pasos de Bárcenas pensando que colaboraban con la investigación de la caja b, que entonces llevaba juez Pablo Ruz; y los supuestos responsables dispusieron de al menos 53.000 euros de fondos reservados para pagar al principal agente encubierto de la operación, Sergio Ríos, exempleado de seguridad del PP y chófer de Bárcenas. Además del pago en metálico con dinero público, Ríos fue supuestamente enchufado como funcionario en la Policía Nacional con la mediación del entonces poderoso comisario Villarejo.


Ahora, la investigación del caso Kitchen da un salto hacia arriba, quizá no el último, con la imputación de Fernández Díaz. En su escrito, Anticorrupción recordaba que el exministro, además de ser la cabeza del departamento durante todo el tiempo que duró el operativo ilegal, mantuvo con su número dos, Francisco Martínez, "comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo [donde Bárcenas guardaba la supuesta información sensible]. Estas conversaciones coinciden en el tiempo con el momento en que Sergio Ríos obtuvo la información que se buscaba y que almacenó en dispositivos electrónicos que fueron supuestamente entregados a Eugenio Pino.

Los mensajes de teléfono y los archivos intervenidos a Martínez son una de las principales armas de la Fiscalía contra Fernández Díaz. Según el escrito, por ejemplo, el ex secretario de Estado depositó ante notario un SMS que habría recibido del ministro que decía: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo”. La información del móvil refleja también como, a medida que el partido le va dejando de lado tras estallar el escándalo, su enfado aumenta contra sus antiguos superiores. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, le confió a su amigo el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro.


Hasta el momento, Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez García-Castellón, especialmente mientras el sumario se mantuviera bajo secreto. En conversación con este periódico, el ex número dos de Interior ha manifestado que se quedó “atónito” cuando Jorge Fernández Díaz le contó la operación de espionaje a Bárcenas, y ha expresado su voluntad de cooperar con la investigación: “Voy a contarle al juez todo lo que sé”.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2109 en: 18 de Septiembre de 2020, 15:01:15 pm »
Fernández Díaz imputado en la Kitchen,  qué la Santísima le asista.  :santos

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2110 en: 29 de Septiembre de 2020, 07:15:48 am »
Semana negra?


Semana negra | La Policía Local de Binissalem se queda sin jefes

27·09·20 | 01:30 | Actualizado a las 16:26


La Policía Local de Binissalem afronta unos días complicados. Su jefe está de baja médica desde el pasado mes de mayo, y el oficial que ocupa su puesto de forma provisional se ha puesto enfermo esta semana, y tardará varios días en volver al trabajo. Con lo que la jefatura ha tenido que ser asumida por uno de los agentes más veteranos. El cuerpo lleva años sufriendo constantes recortes, al igual que los de otros pueblos de Mallorca. De la plantilla original, formada por un subinspector, dos oficiales, y once policías, actualmente solo quedan seis agentes operativos, y uno haciendo las funciones de jefe. Y todo ello coincidiendo con las fiestas del Vermar, que aunque este año han sido canceladas oficialmente, están siendo sustituidas por celebraciones más reducidas, pero igualmente prohibidas a causa de la pandemia.

Autobús en llamas en medio del campo

El sábado de la semana pasada los efectivos del Ibanat y los Bombers de Mallorca fueron movilizados por un incendio forestal en una zona de monte, junto al Camí des Jardí den Ferrer, en el término municipal de Marratxí. Los equipos de extinción que llegaron al lugar se encontraron con una sorpresa: lo que ardía era un antiguo autobús en medio del bosque, que alguien había acondicionado como vivienda. Algún bombero cinéfilo no pudo evitar relacionarlo con Hacia Rutas Salvajes, la película de Sean Penn en la que un joven se instala a vivir en un vehículo parecido en Alaska. En este caso, el autobús quedó arrasado y por allí no apareció ningún inquilino.

Marihuana en Ruberts

Un guardia civil tiene que echar mano de sus cinco sentidos. Y si no, que se lo digan a los agentes que participaron esta semana en la localización de una gran plantación de marihuana en el llogaret de Ruberts, en Sencelles. Los guardias tenían sospechas de que en la zona estaban cultivando estas plantas, pero ignoraban el paradero exacto. Las patrullas se repartieron por los caminos de la zona hasta que alguno de los agentes detectó el característico tufillo de la cannabis sativa. Y siguiendo el rastro llegaron a una de las mayores plantaciones descubiertas en Mallorca en los últimos años, con más de 700 plantas, algunas de cuatro metros de altura.

Cáñamo en Sencelles

El chasco que se debieron llevar los jóvenes que se llevaron 350 plantas de cáñamo industrial que se cultivaba en una finca de Sencelles. El cáñamo es de la misma familia de la marihuana y aparentemente muy similar, con una pequeña diferencia, apenas tiene el principio activo THC, por lo que al fumarlo no provoca más efectos que el tomillo. Pero no sería porque no lo intentaron. De las 350 plantas robadas solo se recuperaron diez.
Las dificultades de la justicia a distancia

El juicio a una joven por matar a su novia en Eivissa, celebrado esta semana en Palma, fue en buena parte a distancia. Muchos de los testigos declararon a través de videoconferencia, lo que supuso una dificultad añadida. Durante una de las conexiones, una funcionaria se excusó por un contratiempo: “La tecnología es lo que tiene”. La magistrada, con sorna, replicó: “Bueno, la falta de tecnología más bien...”.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2111 en: 04 de Octubre de 2020, 09:04:59 am »



El Gobierno arropa al jefe de la Policía Local, Vega, apabullado por los sindicatos


Desde la Ciudad se insiste en que el Cuerpo municipal está “perfectamente estructurado” y con medios
por Carmen Echarri  02/10/2020
sebastian vega

Javier Guerrero, máximo responsable de la Consejería de Gobernación de Ceuta, ha mostrado públicamente su apoyo a la figura del jefe de la Policía Local, Sebastián Vega, colocado en el punto de mira por los sindicatos. El consejero ha negado que exista una desorganización en el Cuerpo municipal asegurando que se encuentra “perfectamente estructurada” y en cuanto al trabajo de Vega ha aclarado que “tiene mi apoyo aunque no llueve al gusto de todos”.

El responsable político del Cuerpo quiere reunirse con sindicatos y llegar a un consenso para aclarar la situación de tensión que se vive en estos momentos con todos los sindicatos unidos en contra del jefe. En cuanto a los problemas de falta de material, Guerrero ha recalcado que está “en vías de solución” en cuanto al vestuario, los vehículos o problemas surgidos con más medios.

Los sindicatos en bloque han arremetido esta semana contra Sebastián Vega. Y lo han hecho disconformes con su forma de llevar las riendas de la Policía, reclamando que sea apartado de la jefatura como su máximo responsable después de haber sido una elección política del Gobierno.

En estas semanas al margen de las críticas a la forma de llevar la Policía que tiene Vega, se ha cuestionado los criterios de control y aislamiento frente al Covid-19 después de que ya ha habido contagios. Los sindicatos hablan de situaciones inadmisibles y culpan de la misma a Vega. Afirman que están cansados de que se desoigan todas las recomendaciones y advertencias para la mejora del servicio que, “lejos de ser tenidas en cuenta, se han ignorado no obteniendo ninguna respuesta para dar una solución por lo que denunciamos la lamentable situación en la que se encuentra el Cuerpo por la evidente ineficacia del superintendente jefe. La falta de absoluta de previsión y la nefasta gestión de las diferentes unidades del Cuerpo repercute tanto en la ciudadanía como en los propios funcionarios”.


Ponen el ejemplo de que pese a tener una cobertura de plantilla que ningún jefe anteriormente ha tenido, “hay servicios como el Gabinete de Atestados cerrado días enteros, sin atención a la ciudadanía en casos tan graves como accidentes de tráfico”.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2112 en: 05 de Octubre de 2020, 06:21:46 am »


Las declaraciones de la 'Operación Kitchen'
Un inspector declara al juez de 'Kitchen' que la Policía eludió investigar en 2015 a Villarejo

Manuel Morocho informó a Manuel García Castellón de que advirtió a la cúpula policial de las actividades del excomisario, que solo fue detenido tras presentar la Fiscalía anticorrupción su querella en noviembre de 2017

Tono Calleja


Alejandro Requeijo

Publicado 05/10/2020 04:45
Actualizado05/10/2020 4:50

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho aseguró al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Kitchen, Manuel García Castellón, que la cúpula de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy rechazó investigar en marzo de 2015 los indicios descubiertos hasta ese momento de las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. Según este agente, en esa fecha ya se disponía de información sobre que podía estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales con sus empresas, según consta en la declaración del agente, que fue el máximo responsable policial de la investigación policial de los casos Gürtel y Bárcenas.

Morocho, quien declaró como testigo del caso Kitchen el 21 de febrero de 2019, aseguró que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, renunció a estudiar un informe que él había realizado sobre Villarejo, que se basaba en la información facilitada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que alertaba sobre las actividades de las empresas del excomisario.

Este agente elaboró el dosier en marzo de 2015, cuando fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, puesto que compaginó con la jefatura de la investigación del Grupo 21 de la Unidad Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el origen de la fortuna del extesorero del PP Luis Bárcenas.
"Lucha contra ETA"

El que fuera jefe de gabinete y hombre de confianza de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, justificó el rechazo a investigar las sociedades de Villarejo, según el testimonio de Morocho en la Audiencia Nacional, en donde declaró: "Me dijo que era un tema de sociedades que se crearon en una época política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA", destacó el inspector Morocho, quien fuera máximo responsable del Grupo 21 de la UDEF, que se encargó de investigar la financiación irregular del PP.

Fuentes Gago había sido elegido para investigar el patrimonio de Villarejo, que había salido a la luz gracias a una información publicada el 10 de marzo de 2015 en El País, en la que se aseguraba que este excomisario participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros.

Sin embargo, la conclusión del brazo derecho de Eugenio Pino fue que no había que abrir un expediente disciplinario al excomisario. No fue hasta que en noviembre de 2017 la Fiscalía anticorrupción interpuso una querella contra él, que la Audiencia Nacional decretó su ingreso de forma provisional en la prisión de Estremera (Madrid), en la que permanece todavía.

En su declaración de 21 de febrero de 2019, Morocho lamentó que sus superiores no hubieran hecho caso de sus pesquisas: "Me dieron un asunto en relación a la operativa de un comisario de la Policía Nacional, concretamente el señor Villarejo. Un documento del Sepblac desgranaba una serie de circunstancias. Pero no pude explicar lo que había obtenido sobre el mismo", dijo este inspector jefe.
Blanqueo de capitales

"Yo analicé el documento [del Servicio de Prevención del Blanqueo] e hice un esbozo del blanqueo", prosiguió el agente, quien ante la pregunta del fiscal Miguel Serrano sobre si pensaba que Villarejo podía haber cometido blanqueo de capitales contestó: "Si, efectivamente, [...] se producían una serie de elementos indiciarios que apuntaban a que se estaban generando unas estructuras societarias, unas operaciones inmobiliarias y unos flujos de dinero, algunos en efectivo, y se utilizaban territorios que eran considerados no cooperantes en materia de información financiera".

También pudo comprobar, según su declaración, que el excomisario había creado "estructuras empresariales holding en las que se ponían como personas titulares de las acciones a terceros", como si fueran fiduciarios o testaferros.
Villarejo estaba detrás

Morocho, con fama de exhaustivo entre sus compañeros de la Policía, también lo fue al contestar al representante del ministerio público acerca de otros indicios de delito que detectó en las empresas de Villarejo. Y de forma literal, dijo: "Realmente quien estaba detrás de la estructura era una persona, el comisario objeto del informe [Villarejo]".

En conclusión, según explicó este agente, la cúpula policial no quiso investigar a Villarejo, pese a que "existían una serie de elementos que, puestos en común, como por ejemplo transferencias de fondos desde el exterior justificadas en unos préstamos a personas físicas que luego se cancelan con entregas de inmuebles, daban lugar a que desde el punto de vista del blanqueo se pudiera conceptuar como operaciones de riesgo".






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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2113 en: 06 de Octubre de 2020, 09:23:28 am »
El jefe de la brigada política: "Hemos hecho operaciones que pondrían los pelos de punta. Por el interés de España"

    El comisario Pino irritó al juez García-Castellón en su declaración como investigado por el espionaje a Bárcenas al referirse al operativo como "retales". "¡De retales, nada! Afectaba a los que le habían nombrado a usted", le llega a espetar el instructor

 Audios: https://www.eldiario.es/politica/jefe-brigada-politica-hemos-hecho-operaciones-pondrian-pelos-punta-interes-espana_1_6270676.html

Pedro Águeda
5 de octubre de 2020 22:52h

@pedroagueda

La declaración del comisario Eugenio Pino en el marco del caso Kitchen retrata una época en el Ministerio del Interior y la Policía. En un momento de su declaración como investigado por el espionaje a Bárcenas, el director adjunto operativo entre 2012 y 2016 asegura: "Hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta. Por la seguridad ciudadana y por el interés de España". La declaración a la que corresponden los audios se produjo en octubre de 2019. Pino es el artífice de la brigada política de la Policía que actuó presuntamente contra la oposición y a favor del Partido Popular.

Cuando el fiscal Miguel Serrano toma la palabra, advierte a Pino: "Aunque usted no quiera vestirse de DAO (director adjunto operativo), no se preocupe, que el fiscal no va a saltar: reconoce su condición de DAO y aunque parezca que no estamos hablando con el DAO, yo lo tendré que consentir".







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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2114 en: 11 de Octubre de 2020, 06:41:10 am »

Historia de la policía política que ideó la 'Kitchen' (II): la guerra de comisarios

El Ministerio del Interior se vio envuelto en un sinfín de enfrentamientos que alcanzaron al Gobierno. Se dirimieron en la prensa y los tribunales aflorando investigaciones políticas y fabricación de pruebas


La guerra de comisarios enfrentó a bandos en la Policía y en el Gobierno
Alejandro Requeijo


Publicado 11/10/2020 04:45
Actualizado11/10/2020 4:45

Descontrol, excesos y enfrentamientos. Ese es el ambiente en el que se desarrolló la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, entre finales de 2011 y mediados de 2016. Y eso se escenificó especialmente en la cúpula de la Policía Nacional que dirigía operativamente el volcánico comisario principal Eugenio Pino y se trasladó incluso al Consejo de Ministros. Avanzada la legislatura, la situación se desbocó. La operación Kitchen es solo uno de los muchos escenarios donde los mandos del Cuerpo atravesaron terrenos pantanosos. 

“En la entonces cúpula han surgido un sinfín de casos de repercusión mediática fruto de encontronazos y diferencias marcadas entre diversos comisarios”. Esta afirmación viene recogida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el llamado caso del pen drive de los Pujol. El fallo absolvió en julio por falta de pruebas a Pino y a uno de sus hombres de confianza Bonifacio Díez de haber introducido irregularmente datos en la investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Pero los jueces quisieron dejar constancia de lo que habían visto durante el juicio. Reconocían que estos conflictos les habían dificultado su trabajo de esclarecer los hechos. Es difícil saber cuántas cosas seguirían hoy ocultas de aquella época en la Policía de no ser porque muchas veces las rivalidades se libraron en los medios de comunicación. Resulta casi tan complicado como establecer el momento exacto en el que las cosas empezaron a torcerse entre ese grupo de mandos en su día bien avenidos.

La guerra de comisarios es una expresión que rechazan sus protagonistas. Todos niegan haber participado en ninguna contienda. Pero son muchos los frentes en los que chocaron los intereses de unos y otros. La rivalidad más relevante es la que enfrentó al comisario José Villarejo, actualmente en prisión, y el que fuera responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
De Emperador al Pequeño Nicolás

Su departamento comenzó a investigar en 2014 a varios policías en el marco de la trama Emperadorcontra la mafia China de Gao Ping. Uno de ellos era el comisario Carlos Salamanca, muy próximo a Villarejo. Ambos serían detenidos tres años después en el inicio del caso Tándem por cobrar dádivas presuntamente de ciudadanos guineanos a cambio de favores en el aeropuerto de Barajas. En uno de los informes policiales, además, se incluyeron datos sobre el hijo del propio Villarejo, que vio detrás de esas maniobras la mano del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
El comisario Villarej, en una imagen de archivo.
El comisario Villarej, en una imagen de archivo. Efe

De aquel año 2014 también es el caso de un empresario indio acusado de introducir ilegalmente en España un medicamento parecido a la viagra. Villarejo comunicó que miembros de la Policía podrían estar extorsionando a esta persona. Pero Martín Blas acabó sospechando que el polémico comisario había dado un chivatazo al empresario sobre sus vigilancias policiales. El juicio contra este importador de viagra ilegal se aplazó hace semanas. Tanto Villarejo como Martín Blas están citados como testigos.

    El gran frente de batalla entre Villarejo y Martín Blas fue el caso Nicolay tras la detención del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás

El gran frente de batalla entre estos dos mandos fue el caso Nicolay tras la detención del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. Lo asumió Asuntos Internos y Villarejo se encuentra a la espera de juicio por grabar ilegalmente una reunión de Martín Blas con dos agentes del CNI en el marco de estas pesquisas. Por otro lado, uno de los informes policiales identificaba indiciariamente a Villarejo en una reunión entre periodistas y el joven investigado. Se demostró que era un ciudadano sin ninguna relación con los hechos y el polémico mando vio aquello como un intento de Martín Blas de involucrarle.
Cospedal contra Sáenz de Santamaría

Le acusaba de ser la extensión del CNI en la Policía y eso era para Villarejo algo imperdonable. O conmigo o contra mí. Consideraba al entonces responsable de los servicios secretos Felix Sanz Roldán su enemigo número uno y origen de todos sus problemas. En su costumbre de aplicar motes a todo el mundo, el de este general muy próximo al rey emérito era el Troll, según las escuchas del caso en la Audiencia Nacional. Esa es la razón por la que viajó en 2015 con su grabadora hasta Londres para reunirse con Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. Quería captar a la empresaria germano danesa reconociendo las amenazas que presuntamente le había hecho Sanz Roldán. Su grabadora captó eso y mucho más. 

    Villarejo buscaba la bomba definitiva con la que ganar una guerra que se trasladó también al gabinete de ministros de Rajoy y distanció aún más a Sáenz de Santamaría y Cospedal

Villarejo buscaba la bomba definitiva con la que ganar una guerra que se trasladó también al gabinete de ministros de Rajoy. Sirvió para distanciar aún más a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, responsable del CNI, con la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Las grabaciones del caso Villarejo han revelado los contactos que el polémico comisario tuvo con la dirigente popular en su despacho de la sede del partido en la calle Génova. Esa relación se mantuvo durante años con su marido el empresario Ignacio López del Hierro. La Fiscalía ya ha pedido al juez que impute a ambos por su participación en el presunto espionaje a Bárcenas.

    Las grabaciones del caso Villarejo han revelado los contactos que el polémico comisario tuvo con Cospedal en su despacho de la sede del PP

Las tensiones ya eran un hecho también en la zona noble del Ministerio del Interior. Su titular, Jorge Fernández Díaz, libró una guerra fría con su director de la Policía Ignacio Cosidó, quien a su vez se distanció de su número dos, Eugenio Pino, que él mismo había nombrado. Sus despachos estaban casi puerta con puerta en la misma planta de la sede de la calle Miguel Ángel de Madrid. Las fuentes policiales de aquellos años recuerdan a Cosidó como un director casi itinerante, siempre desplazándose por España visitando comisarías en actos con prensa.
La conexión entre Pino y el ministro

Lo atribuyen en parte a una manera de no ser testigo de lo que se producía en su casa. Al mismo tiempo, esa excesiva exposición mediática del director de la Policía no gustaba al ministro, quien encontró en Pino a su interlocutor en el Cuerpo, según las mismas fuentes conocedoras de lo que sucedía en el departamento. Lo cierto es que Cosidó pasa prácticamente desapercibido en las escuchas del caso Kitchen, en el que ya está imputada toda la cúpula del Cuerpo y el Ministerio del Interior menos él.

    Cosidó pasa prácticamente desapercibido en las escuchas del caso Kitchen, en el que ya está imputada toda la cúpula del Cuerpo y el Ministerio del Interior menos él

La sentencia sobre el pen drive de los Pujol también describe lo que empezó a ser una práctica habitual entonces: las diferencias entre “diversos comisarios” empezaron a tener “repercusiones laborales y judiciales”. La batalla se trasladó a los tribunales, no solo en forma de denuncias cruzadas, sino en las declaraciones ante los jueces de las que luego se hacían eco los medios. Villarejo aprovechó su comparecencia ante el juez del caso Nicolay para admitir la existencia de una activa operación policial para encontrar pruebas contra dirigentes independentistas catalanes, la operación Cataluña. Y arrastró en ella a Martín Blas.

    Villarejo aprovechó su comparecencia ante el juez del caso Nicolay para admitir la existencia de una activa operación policial para encontrar pruebas contra dirigentes independentistas catalanes

El polémico mando declaró que el jefe de Asuntos Internos y él trabajaron codo a codo en los inicios de la legislatura. Martín Blas lo niega tajantemente, aunque sí admite la extraña visita que realizó a finales de 2012 a Barcelona para reunirse con los fiscales que investigaban el saqueo del Palau de la Música Catalana. Acudió acompañado del exjefe de la UDEF José Luis Olivera un alto mando afín a Villarejo. Los dos comisarios plantearon sin éxito a los investigadores actuar contra Convergencia. Días después, el Consejo Fiscal emitió una nota en la que manifestaba su "rechazo por la irregular actuación" de los funcionarios de Policía.
Contra el independentismo y Podemos

La presencia en esa reunión de Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, llama la atención si se tiene en cuenta que no había constancia de ningún policía implicado. Él justificó aquel viaje en las órdenes que les daba Eugenio Pino. Como cuando acudió a un hotel de Madrid para reunirse con un directivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) en busca de pruebas sobre la fortuna oculta de los Pujol. Tampoco tenía nada que ver con sus funciones al frente de Asuntos Internos, pero eran las órdenes de su jefe, según su versión. Aquella operación en torno al BPA se investiga todavía en los tribunales andorranos.

    La lista de maniobras cuanto menos dudosas es inabarcable, como informes apócrifos atribuidos a la UDEF que acusaban a Artur Mas de tener dinero en Suiza o el informe PISA sobre la presunta financiación iraní de Pablo Iglesias

La lista de maniobras cuanto menos dudosas es inabarcable. Aparecieron informes apócrifos atribuidos a la UDEF como que el que irrumpió en plena campaña electoral catalana de 2012. Acusaba al candidato de CiU Artur Mas de tener dinero oculto en Suiza. No era cierto. Luego vendrían otros más como el informe PISA sobre una presunta financiación iraní de Pablo Iglesias. El documento sin firma ni sello no mereció siquiera la atención de los tribunales tras su difusión en los medios. Pino envió a policías de confianza a buscar pruebas contra la formación morada a Nueva York. Allí se reunieron con el ex ministro venezolano de Finanzas Rafael Isea.

    Interior le concedió la nacionalidad española a un confidente venezolano llamado Carlos Arias que les aportó información sobre un presunto pago del régimen chavista por 272.000 euros a una cuenta de Pablo Iglesias cuya existencia nunca se ha llegado a demostrar

El exdirigente bolivariano les advirtió de que la información que él tenía sobre presuntos pagos a Podemos de Venezuela tendría que ser contrastada. "Nos da igual si el documento es bueno o malo", le contestó el jefe de gabinete de Pino, José Ángel Fuentes Gago, quien decía contar con otros indicios como el reconocimiento de los implicados.

En otro caso, el Ministerio del Interior le concedió la nacionalidad española a un confidente venezolano llamado Carlos Arias que les aportó información sobre un presunto pago del régimen chavista por 272.000 euros a una cuenta de Pablo Iglesias radicada en una entidad bancaria del paraíso fiscal de Islas Granadinas. Nunca se pudo demostrar su existencia y el banco negó que fuese cierto. Todas estas actividades llevaron a la cúpula de la Policía a un punto de no retorno cuyas consecuencias se dirimen ahora ante la Justicia en múltiples causas a las que no se les atisba un final cercano.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2115 en: 15 de Octubre de 2020, 08:48:59 am »

HAN PERDIDO MÁS DE 15.000 EUROS EN ANUNCIOS


Los jefes de la Guardia Civil, de uñas: seis meses siendo estafados por unos impostores


Los responsables de la Unión de Oficiales presentan pruebas en los tribunales de que unos delincuentes cobraban la publicidad de su revista haciéndose pasar por ellos
Foto: 
ROBERTO R. BALLESTEROS

15/10/2020 05:00

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2116 en: 17 de Octubre de 2020, 10:22:55 am »


Investigan a dos mandos de la Guardia Civil por no aislar a 34 agentes tras hallar positivos entre ellos


A pesar de confirmarse dos casos, estos mandos enviaron a todos al cuartel sin medidas de distanciamiento, lo que produjo una veintena de contagios.
17 octubre, 2020 02:21

 CORONAVIRUS GUARDIA CIVIL MINISTERIO DEL INTERIOR ZARAGOZA (PROVINCIA)
Brais Cedeira  @BraisCedeira
Un juez de Tarragona investiga en estos momentos la denuncia interpuesta contra dos mandos de la Guardia Civil. El magistrado trata ahora de discernir si ambos cometieron un delito contra la salud pública al ordenar a 34 subordinados que regresasen al cuartel en el que estaban destinados en lugar de confinarlos tras haber estado en contacto todos ellos con dos compañeros que habían dado positivo por coronavirus.

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La denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se investiga en el Juzgado de Instrucción de Gandesa (Tarragona). Quienes tratan de llevar a los tribunales a los dos responsables del destacamento creen que su orden provocó, a su regreso, el contagio de 21 miembros del cuartel de Zaragoza. 15 de ellos no habían estado en contacto con los primeros positivos.


Por ello, los agentes piden al juez que se investigue a los mandos responsables de esa decisión por un delito de prevaricación administrativa, por otro de una "infracción de las normas de prevención de riesgos laborales" y por un tercer presunto "delito de lesiones por imprudencia grave" -negligencia sanitaria en pleno desarrollo de la segunda ola de la pandemia-.

Todo ocurrió hace cosa de un mes. Los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) se encontraban protegiendo la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Es una de las tareas a las que se dedican estos grupos desde hace por lo menos 12 meses a lo largo de toda la geografía nacional.


Dos de esos efectivos habían dado positivo el pasado mes de septiembre. En cuanto se conoció el hecho, sus superiores les confinaron en la central nuclear que estaban custodiando.

Al resto de los compañeros, reza la denuncia, se les realizaron pruebas rápidas, los llamados test serológicos de la Covid-19. Todos ellos pertenecían a la unidad ubicada en el cuartel de la Benemérita en Casetas (Zaragoza). Habían estado conviviendo con los agentes contagiados, "en contacto directo".

Tras conocerse este dato, dos de los mandos responsables de la unidad ordenaron a los 32 agentes restantes el traslado de una provincia a otra. Según los abogados de los denunciantes, lo ocurrido "infringe la obligación de estar en cuarentena en la misma planta nuclear y esperar la realización de las pruebas PCR, según se establece en la normativa sanitaria, para cumplir el confinamiento en sus domicilios de Zaragoza".

21 positivos
Los agentes entienden que esa orden pudo conllevar un enorme riesgo, "a pesar de haber dado negativo en el test rápido y sobre todo cuando las autoridades sanitarias exigen a la población afectada que respete dicho confinamiento bajo amenaza de sanción".

Un agente de la Guardia Civil junto a su vehículo.
Un agente de la Guardia Civil junto a su vehículo.

La orden les llegó a todos los miembros de este grupo del Instituto Armado a través de unos audios internos que enviaron los mandos a los suboficiales. Los denunciantes advierten al juez de que constan esas grabaciones y que puede solicitarlas si así lo requiere para comprobar que lo que dicen es cierto.

Días después de regresar al destacamento de Zaragoza, el cuartel se cerró. A los 34 agentes trasladados de vuelta a su puesto se les comenzaron a practicar pruebas PCR. También al resto de integrantes del cuartel. De los 200 dieron positivo 21.

Todos habían seguido conviviendo juntos, denuncian desde Jucil, la asociación del Instituto Armado que ha elevado la denuncia a los juzgados. "Se les mandó a Zaragoza sin ningún tipo de medida de distanciamiento. Entraron en contacto con todos los compañeros de allí".

Respuesta de los mandos
Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que representan a buena parte de los mandos del cuerpo, aclaran "que la propagación del COVID no ha tenido lugar durante ningún acto de prestación de servicio". Indican que tuvo su origen en una comida de despedida celebrada el pasado 12 de septiembre en Zaragoza, a la que asistieron unas 30 personas, entre personal destinado en ese regimiento.

"Uno de los dos grupos de efectivos del GRS que conformaban la unidad de respuesta de la central nuclear inició la comisión de servicio el día 14 de septiembre, dos días después de que hubiese tenido lugar la comida de despedida".

Cinco jornadas después de la comida dos de los agentes presentaron síntomas de coronavirus. "Uno de ellos había asistido a la comida. Posteriormente, tras la realización de prueba PCR se confirmó que los síntomas obedecían a PCR positivo. Ese mismo día 17, otro agente que se encontraba en Zaragoza y que había asistido a la comida, sintió síntomas compatibles, resultando también positivo tras ser sometido a la prueba", aclaran desde la asociación.

"Conocidos los hechos se informó por los cauces reglamentarios a la Consejería de Sanidad de Aragón". Fue entonces cuando se declaró oficialmente un brote de Covid-19 en ese acuartelamiento. La Consejería de Sanidad remitió el 22 de septiembre un escrito en el que recomendaba que los casos confirmados detectados en la central nuclear permanecieran aislados en dichas instalaciones hasta que obtuvieran el alta médica. Cosa que no hicieron.

Dicha recomendación de Sanidad establecía que el resto de contactos fueran trasladados "lo antes posible" a la base de Zaragoza para la realización de la correspondiente prueba PCR. Las pruebas de los trasladados desde la central nuclear, así como de todo el personal de la Unidad que pudo de alguna manera tener contacto con ellos, fueron realizadas en la base del GRS los días 22 y 23 de septiembre.

"Por tanto -indica la Unión de Oficiales-, la decisión de replegar a los guardias civiles fue una decisión de los mandos en cumplimiento de las directrices de la Consejería de Sanidad".

"Esparcimiento incontrolado"
De esos 21 solo seis formaban parte del grupo que vigilaba la central nuclear de Tarragona. Jucil, la asociación que ha presentado la denuncia, cree que los otros 15 contagiados podrían haberse infectado por esa orden de los mandos, quienes obligaron a regresar al destacamento a los guardias civiles.

Tras enviar de vuelta a su cuartel a los miembros de la Benemérita se produjo "un esparcimiento del virus de forma incontrolada".

Los denunciantes creen que el brote ya expandido entre el resto de compañeros del acuartelamiento "podía haber sido evitado si se hubiese respetado la normativa sanitaria por parte del ahora denunciado, y los funcionarios se hubieran quedado en el mismo lugar en el que compartieron espacio con los compañeros infectados por el virus".

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2117 en: 24 de Octubre de 2020, 06:27:42 am »



REDADA JUDICIAL
Detenida la mujer de Villarejo y otras personas de su entorno
La Fiscalía Anticorrupción ordena varios arrestos de personas relacionadas con el excomisario

Efeº
Madrid - Viernes, 23/10/2020 - 22:49

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido a Gemma Alcalá, la mujer del excomisario del cuerpo José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 a raíz de la investigación de los espionajes que supuestamente llevaba a cabo a políticos, empresarios y personalidades de otros ámbitos.

Fuentes de la investigación han indicado este viernes que, además, han sido arrestadas otras personas del entorno del excomisario, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.

Alcalá, periodista de profesión, ha sido detenida en Madrid, en tanto que el resto de los arrestos se han producido fuera de la capital, han precisado las mismas fuentes.

En la investigación sobre las escuchas y actividades ilegales de Villarejo que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro del denominado caso Tándem, aparece en repetidas ocasiones el nombre de la mujer del excomisario, que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2118 en: 31 de Octubre de 2020, 06:52:51 am »
Al final....  ;cag;



 
El PP respira: Fernández Díaz y su número dos desvían a los comisarios el peso de Kitchen

El exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino admitió al juez que fue él quien ordenó poner fin a la operación en 2015 mientras los dos políticos 'salvan' al partido o a sus principales dirigentes

Alejandro Requeijo

Publicado 31/10/2020 04:45
Actualizado31/10/2020 4:45

La semana clave para determinar el recorrido político del caso Kitchen ha terminado con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, apuntando hacia los uniformes y no hacia las corbatas. El PP respira, de momento, tras sus declaraciones como investigados en la Audiencia Nacional. Con matices entre ambos, coincidieron en desvincular al partido o el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los seguimientos a Bárcenas.

El PP de Pablo Casado mira con preocupación el devenir de una investigación que devuelve al partido a las crónicas judiciales. En este caso, les sitúa en el centro del espinoso caso Villarejo y el uso de la Policía Nacional para fines partidistas. La formación manifiesta, al menos en público, su distancia con esta herencia de Rajoy y recuerda que fue la actual dirección la que sacó tanto a Fernández Díaz como a Martínez de los órganos de dirección o las listas electorales.   

La declaración el jueves del que fuera número dos del Ministerio entre 2012 y 2016, Francisco Martínez, estaba envuelta en una gran expectación tras varios aplazamientos. Había comunicado a su círculo interno que si le llamaban a declarar, también irían el ministro “y posiblemente Mariano Rajoy”. Había manifestado que su único error fue mantener “lealtad a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal” y que contaría todo lo que sabe. Él había sido el superior de esa camarilla policial que anidó en la Policía con la presencia del polémico José Villarejo y bajo la dirección del comisario Eugenio Pino.
Abandonado por el partido

En el sumario consta cómo Martínez recurrió al partido para que no le dieran la espalda. Al actual secretario de organización del PP, Teodoro García Egea, le solicitó sin éxito un escaño en la Asamblea de Madrid para mantener el aforamiento. El abandono del que se queja hacía prever que tirase de la manta y permitiese apuntalar la tesis de los investigadores. A su juicio, la operación Kitchen no fue un operativo convencional, sino un encargo “parapolicial” con ramificaciones en los "órganos superiores de la Administración General del Estado".

Según la Fiscalía anticorrupción, el plan era arrebatar a Bárcenas información sensible en su poder sobre el PP. En una idea: salvar al entonces presidente del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, de más escándalos derivados de la corrupción que cercaba a los populares. Todo esto haciendo un uso fraudulento de los fondos reservados y sin dar cuenta al juez que en ese momento ya investigaba la financiación irregular del partido recogida en los llamados ‘papeles de Bárcenas’. 

Sin embargo, al menos las respuestas de Martínez y Fernández Díaz -solo contestaron al juez y a sus abogados- no permitieron avanzar en esa línea que apuntaba de lleno al Gobierno. Esto aleja la posible imputación de María Dolores de Cospedal o su marido, solicitadas por la Fiscalía. El juez las había dejado en el aire hasta escuchar estos testimonios. El que fuera ministro del Interior entre finales de 2011 hasta mediados de 2016 era una de las personas más cercanas a Mariano Rajoy. Desde los tiempos en la oposición, hizo de la fidelidad inquebrantable al presidente del PP su principal aval político.

Después se alineó con Cospedal en el enfrentamiento que se vivió en el seno del Consejo de Ministros frente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ante el juez, Fernández Díaz negó haber recibido ninguna orden o información relacionada con estos hechos: “Ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba”, zanjó el exministro, expedientado por su partido tras conocerse su imputación.
"El Asturiano"

En la causa obra un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el que se dice que la operación de seguimientos al entorno de Bárcenas contó con el conocimiento de una persona a los policías llamaban el Asturiano. En el momento de redactar ese informe, la Policía no había identificado a la persona que se escondía tras ese alias. Tiempo después, y tras escuchar otras conversaciones de las que grababa Villarejo, el ministerio público concluyó que era la forma que empleaban para referirse a Rajoy.

Fernández Díaz insistió en la tesis de que se enteró por la prensa de la operación. Es la versión que sostuvo en la entrevista concedida a Vozpópuli en 2018 y que tanto molestó a su número dos, Francisco Martínez. Al ver que el ministro se ponía de perfil, acudió a un notario para dejar constancia de unos SMS que recibió de su jefe y que apuntaban a su conocimiento del caso.

Estos mensajes ocuparon una parte importante de las declaraciones, tanto que la Fiscalía pidió que se le requisase el teléfono al exministro. Fue una petición del fiscal Ignacio Stampa, quien agota sus últimas semanas en el caso. Fernández Díaz lo entregó y niega haber escrito esos mensajes en los que se usa la K en lugar de la C. Afirma, además, haber cambiado de terminal varias veces desde los hechos investigados. El juez analizó el teléfono que usa actualmente pero luego se lo devolvió a concluir que no había nada en él que sirviese para salir de dudas.
¿Quién ordenó la Kitchen?

El exministro también negó ante el juez haber sido la persona que puso en conocimiento al secretario de Estado de la captación como confidente del chófer de Bárcenas. Es lo que había declarado en la víspera su número dos. Francisco Martínez dijo que se le pidió que llamase al director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, para que ampliase información y coordinasen un cauce de comunicación. El comisario le confirmó que seguían a Bárcenas para investigar sus cuentas o el uso de testaferros.       

Ni las respuestas de Fernández Díaz ni las de Martínez permiten determinar con claridad quién ordenó la operación Kitchen, pero al negar cualquier conocimiento previo de la misma devuelven la responsabilidad sobre los mandos policiales. En todo momento niegan que se le llamase de ese modo al operativo y defiende que todo se hizo de manera legal. Sobre quién era el responsable, Pino declaró que en 2015 ordenó poner fin al operativo ante la escasez de avances. Fue después de que sus comisarios le planteasen seguir al hijo de Bárcenas durante un viaje que iba a realizar a Chile ante las sospechas de que pudiese aprovechar para hacer operaciones financieras para su padre.

El PP toma aire y gana tiempo tras esta semana clave de declaraciones, si bien la investigación sigue su curso. Tanto la Fiscalía como el juez trabajan en la búsqueda de nuevos indicios. Agentes de la Policía Nacional han intervenido recientemente a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, teléfonos móviles y un pendrive en el marco de la investigación. La intervención de este material se llevó a cabo hace unos 15 días y ya obra en poder del juez instructor del caso.



   

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2119 en: 06 de Noviembre de 2020, 07:14:26 am »


El mando del cuerpo y el parte de servicio. Delegación del Gobierno / EL ESPAÑOL

Parte de la Policía Local al comisario jefe de Vigo por ir sin mascarilla y huir del control: "Te estás pasando"
El documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL detalla cómo el mando se negó a identificarse: "Qué coño vamos a dar explicaciones".
5 noviembre, 2020 14:16

Brais Cedeira @BraisCedeira

El comisario, tras escuchar cómo la agente de la Policía Local le decía que se pusiera la mascarilla, y que la ley era igual para todos, se aproximó a la agente y, a menos de medio metro de distancia, le respondió: "Chica, te la estás jugando, te estás pasando de la raya". Minutos después, dice el informe de lo ocurrido esa madrugada, huyó del lugar en su coche tras negarse a ser identificado por la patrulla que la había dado el alto.

Dos agentes municipales propusieron sancionar al comisario jefe de la Policía Nacional de Vigo, Carlos Alfonso Rodríguez Valcárcel por diversos delitos de desobediencia a un agente de la autoridad. Sucedió el pasado verano. A raíz de este episodio surgieron denuncias cruzadas entre ambos cuerpos.

Al regresar aquella noche a la comisaría, la patrulla propuso al comisario jefe para ser sancionado por no llevar mascarilla en la vía pública, negarse a ponerla, por no guardar la distancia de seguridad con personas no convivientes, por falta de consideración a agentes de la autoridad y por su negativa a facilitar su documento de identificación cuando se lo exigieron los efectivos que realizaban el control nocturno en las calles de la ciudad.

Los hechos, que no habían saltado a la luz hasta ahora, están recogidos en el parte de servicio nocturno al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Sucedieron tan solo 20 días después de su nombramiento como comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela. Era la 1:20 de la madrugada de una agradable noche de verano, la del pasado martes 16 de agosto.

Una unidad de la Policía Local patrullaba por las calles de Vigo cuando, en la confluencia de la calle Llorente con la calle Santa Marta, se encontraron con un grupo de 8 personas. Solo dos de ellas llevaban puesta la mascarilla. Los agentes se acercaron para decirles que se la colocaran. Según el atestado policial del suceso. El mayor edad de la pandilla respondió: "Ya lo hacemos ahora amigo".

No bien habían terminado de requerirles que se cubriesen la cara, tal y como ordena la legislación vigente para preservar a la ciudadanía del contagio del virus, cuando uno de ellos se acercó a los policías vigueses: "Tú no sabes con quién estás hablando. Ese es el comisario de PN y yo un subjefe".



Fragmento del parte de servicio de aquella noche. EL ESPAÑOL

"Pasando de la raya"

El agente municipal se excusó: tan solo le habían dicho que se pusieran la mascarilla, una orden que afecta a todos los ciudadanos.

Después el subjefe siguió jactándose, según el parte, de su posición y su cargo. El grupo acababa de cenar en una tapería cercana y el policía advirtió que todos los que estaban allí, los ocho, eran policías nacionales. Según el parte de servicio cuya acta levantaron los policías locales que patrullaban las calles aquella noche, esa persona "presentaba signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas que afectaban al habla y a la reiteración de sus argumentos, o falta de ellos".

El tono fue en aumento. De forma insistente, reiteraba una y otra vez cuál era el cargo que ostentaba. Después de interpelarle en repetidas ocasiones se le pidió su identificación. En ese momento se acercó el más viejo del grupo "manifestando que ya estaba bien, que los dejáramos en paz".

El hombre -vestía bermudas, camiseta blanca, "manchada de lo que parecía ser vino y de hecho olía a alcohol"-
se identificó. Era Carlos Valcárcel Araújo, Comisario Jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela. El comisario le habló entonces a una de las oficiales del cuerpo local de la ciudad olívica.

Ella "se dirigió a él diciéndole que la ley era igual para todos, independientemente del cargo que se ostentara". Fue ahí cuando el comisario le dijo que se estaba "pasando de la raya".

Narra el informe de lo ocurrido aquella noche el modo en que la policía se mantuvo firme, sin dejarse amedrentar, y le indicó que mantuviera la distancia de seguridad. Él se negó, y ella se echó unos pasos hacia atrás y le exigió también al comisario su identificación. Este le exhibió "lo que parecía ser una placa policial sin darle tiempo a anotar la numeración de la misma".

La huida

En ese momento, se le dijo al comisario Valcárcel que por mucho que insistiera en su cargo policial en ese momento "no parecía estar ejerciendo labor policial", motivo por el cual se le siguió pidiendo que se identificara. El informe del atestado afirma que el mando ignoró una vez más esa orden.

A continuación, dirigiéndose al otro componente de la patrulla, exigió que le devolviera "inmediatamente" el DNI a su compañero. Lo hizo "con una total falta de respeto". La agente escribió en el informe que el comisario manifestó "asimismo que nos iba a detener". Debido al cariz que estaba tomando la situación, "y a las continuas amenazas a las que nos estaban sometiendo", los agentes de servicio ya habían solicitado presencia Jefe de Servicio de aquella madrugada.

En ese momento el comisario aumentó su nivel de nerviosismo. Cogió su teléfono y llamó al jefe de los municipales. "Unos policías tuyos impertinentes están impidiendo la realización de un operativo, al día siguiente en el desayuno te lo explico". Luego dijo que no iba a esperar por ningún jefe de Servicio y que se iba. Al colgar el teléfono, reza el parte de servicio, amenazó a los agentes con detenerlos si no les dejaban marchar.

El atestado dice que al colgar el teléfono, el comisario les dijo a sus acompañantes que se marchaban. Se subieron luego a una furgoneta -"consultada DGT no figuran datos, suponiendo que es un vehículo oficial"- con la intención de largarse de allí. La patrulla les dijo que esperasen a que llegara el Jefe de Servicio, que ya estaba en camino.

El jefe de la comisaría de Policía Nacional de Vigo dijo "que no esperaba por nadie" y, dirigiéndose a sus acompañantes, empezó a gritar otra vez: "Qué coño vamos a dar explicaciones a esta gente, vámonos sin explicaciones". La oficial se colocó delante de la furgoneta para obstaculizarles el paso. Tanto ella como su compañero "le escucharon decir que si no se apartaba le pasaban por encima". Al final, no le quedó más remedio que apartarse "para no ser atropellada".