La “Operación Enredadera” o el gran enredo de la UDEF
OPINIÓN
24 marzo, 2022 Redacción 0
El día 3 de julio de 2018 la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) llevó a cabo la denominada “Operación Enredadera”, con registros en numerosos ayuntamientos y la detención de decenas de mandos y jefes de Policía Local de toda España. Entre ellos se encontraban varios miembros y dirigentes de nuestra asociación, como nuestro fundador y expresidente nacional (entonces jefe de la Policía Local de Fuenlabrada), José Fco. Cano; el presidente de Unijepol Aragón (entonces jefe de la Policía Local de Huesca), Alberto Edroso; el entonces jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández; el entonces segundo jefe de la Policía Local de Alcobendas, Julio Villegas; o el jefe de la Policía Local de Oviedo y presidente de Unijepol Asturias, José Manuel López. Según la UDEF, todos ellos estaban supuestamente implicados en prácticas de corrupción, para facilitar contratos a determinadas empresas que suministraban tecnologías a los ayuntamientos.
José Fco. Cano, Alberto Edroso, Santiago Hernández, Julio Villegas y José Manuel López / Imagen: Unijepol
Lógicamente, esta operación nos impactó mucho y tuvo una importante repercusión en la opinión pública a través de los medios de comunicación, tanto por el alto número de mandos policiales implicados, como por sus largas y meritorias trayectorias profesionales. Pero también nos impactó por la forma en que se desarrolló: con la presencia de los medios de comunicación en muchos ayuntamientos afectados, bastante tiempo antes de la presencia del operativo policial y la publicación, en medios digitales de las detenciones y registros en varios ayuntamientos, cuando todavía no se habían producido. No es difícil llegar a la conclusión, por ser muy evidente, que se buscó, antes que cualquier otra cosa, el impacto mediático de la operación, lo que cuestiona muy seriamente la profesionalidad de quienes la llevaron a cabo.
Cuando pudimos conocerlos, también nos sorprendió mucho el contenido del atestado policial, basado casi exclusivamente en las escuchas telefónicas realizadas a los directivos de las empresas y plagado de prejuicios hacia los ayuntamientos y los mandos de la Policías Locales. Como ejemplo, podemos detallar que en la causa se incluyen ayuntamientos que no tenían ningún contrato con las empresas implicadas, o se acusa a profesionales que no tenían ninguna competencia en materia de contratación y, por tanto, resultaba materialmente imposible que hubieran cometido delito alguno.
Lo peor de todo es que muchas de los hechos investigados no necesitaban de averiguaciones complejas y costosas, ya que la información necesaria para corroborarlos o desmentirlos se encontraban en las propias páginas web de los ayuntamientos afectados, concretamente en el denominado “perfil del contratante” donde se detalla toda la información sobre los contratos públicos y los funcionarios responsables de los mismos. Pero los “investigadores” ni siquiera hicieron eso, estableciendo elucubraciones llenas de prejuicios, que han perjudicado gratuitamente y de forma muy grave a muchas personas y, entre ellas, a excelentes profesionales de las Policías Locales.
De otra parte, la instrucción de la causa presenta graves defectos formales, como la falta de acusaciones concretas a los investigados y no tomar declaración a los mismos, lo que ha supuesto una situación de grave indefensión.
El resumen es que, casi cuatro años después de la detención de nuestros compañeros, no se ha producido ni una sola condena: ni contra los directivos de las empresas implicadas, ni contra los alcaldes, concejales, jefes y mandos de Policía Local que fueron investigados. Muy al contrario, desde que el juzgado de Badalona dispersó su macro causa en decenas de juzgados repartidos por toda España, poco a poco, los juzgados de instrucción de León, Oviedo, Teruel, Fuenlabrada, Huesca, etc. han archivado sus respectivas causas, declarando la inexistencia de delitos y proclamando la inocencia de nuestros compañeros.
Cabe destacar el Auto de Archivo dictado recientemente por el juzgado de instrucción nº 6 de Fuenlabrada: en el año 2018 la UDEF acusó al entonces jefe de la Policía Local de Fuenlabrada de participar en la dirección de una “organización criminal” y de cometer todos los delitos contra la Administración Pública que recoge el Código Penal. Ahora, cuatro años después, este auto declara sin ambigüedad la inexistencia de delito alguno, la legalidad de los contratos existentes en el ayuntamiento de Fuenlabrada y, aún más, dice que resultaba imposible que el jefe de Policía Local cometiera delito, ya que carecía de competencias en materia de contratación desde el año 2012, porque así se lo había solicitado el propio afectado al Ayuntamiento. Algo que se hubiera podido comprobar -con un mínimo esfuerzo y diligencia- al inicio de la investigación policial.
A Unijepol, una asociación policial con una larga trayectoria de compromiso con la defensa de la Constitución, los derechos y libertades y los derechos humanos, nos preocupan mucho este tipo de actuaciones policiales, que ponen de manifiesto graves negligencias y deficiencias profesionales, prejuicios ideológicos contra los municipios y las Policías Locales, así como graves faltas de respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la presunción de inocencia.
Y, aún más, nos preocupa que el Ministerio de Interior no establezca procedimientos de control para evaluar objetivamente las actuaciones de unidades de referencia, como la UDEF. Como ocurre en los países avanzados de nuestro entorno, deben ser las resoluciones judiciales -y no el impacto mediático de las intervenciones policiales- las que deben medir la eficacia y el mérito profesional. En el ámbito policial existen fórmulas para reconocer y premiar las buenas prácticas profesionales, también para corregir las malas. Sin embargo, mucho nos tememos que varios de los principales responsables de este enredo hoy luzcan medallas pensionadas (con retribución económica) por poner en marcha este desaguisado que tan gratuitamente ha causado tanto daño a excelentes profesionales de las Policías Locales.
Desgraciadamente, no es la primera vez que la Policía Nacional desarrolla macro-operaciones de este tipo con detenciones de alcaldes, concejales y mandos de las Policías Locales, que acaban sin condenas y en archivo judicial, como fueron el “Caso Coslada” o la “Operación Emperador”. Estamos convencidos de que es necesario y urgente adoptar medidas para evitar la repetición de este tipo de operaciones tan ineficaces y dañinas, y exigir responsabilidades a los verdaderos enredadores.
