Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 294571 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2320 en: 20 de Octubre de 2022, 07:57:30 am »


"Dijeron que eran del CNI": así estafó la red de la 'cloaca' policial a la mano derecha de Chávez


El exjefe de los espías de Venezuela denuncia que la red acusada de estafar a venezolanos le extorsionó prometiéndole inmunidad ante la Justicia a cambio de 2 millones e información de Venezuela y Monedero

GEMA HUESCA
PUBLICADO 20/10/2022 04:45
ACTUALIZADO 20/10/2022 04:50
"Dijeron que eran del CNI y que necesitaban información de Venezuela". Con estas palabras, el que fuera jefe de los espías de Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas, relató en sede judicial la "extorsión" de la que habría sido víctima por parte de una red que le garantizó inmunidad ante la Justicia española, a cambio de dos millones de euros y de información confidencial de los vínculos de su país con el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.


El que fuera secretario privado de Chávez compareció por videoconferencia el pasado 6 de octubre en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que investiga a más de una decena de personas acusadas de extorsionar a exaltos cargos bolivarianos. El denunciante desgranó durante más de una hora a puerta cerrada la operativa de la trama que le vendió contactos al más alto nivel en la Administración española, según se desprende de su declaración íntegra a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Aguilera, que compareció el mismo día que los imputados, relató que todo comenzó cuando le contactó Rafael Isea, exministro y hombre de confianza de Hugo Chávez. Al encuentro no acudió el político, pero sí lo hicieron el lobista Martín Rodil, quien se presentó como colaborador de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y el banquero Ran Benahmu. "Me preguntaron si tenía algún tipo de problema y me manifestaron que sabían de dónde venía mi dinero" explicó ante la juez.

Los miembros de este clan -a quienes se les atribuye presunta organización criminal- le trasladaron que el Sepblac iba tras su rastro en el marco de las las investigaciones abiertas entonces por presunto blanqueo con la millonaria fortuna que amasaba en Andorra. "Entendí que había una forma de presión hacia mi persona", declaró.


Contactos en la Policía y el Sepblac
No pasaron ni quince días de esta primera toma de contacto cuando comenzaron a aparecer informaciones en España que le vinculaban al escándalo del saqueo de la petrolera estatal, PDVSA, del que asegura no saber nada. Ello dio pie a una primera reunión, ya en Madrid, en la que le ofrecieron una gestión reputacional y los servicios del abogado José Aliste, conocido de José Manuel Villarejo y también imputado en la causa.

"Me dijeron que iban a hacer una búsqueda en los organismos de seguridad españoles, desde el Sepblac hasta la Policía, y que iban a evitar cualquier proceso legal hacia mi persona", manifestó. El también exguardaespaldas de Chávez dijo que "alardearon" de proteger a figuras cercanas al exdirigente como la que fuera su enfermera Claudia Patricia Díaz (acusada de blanqueo de capitales) o los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. Este último incluso confirmó los hechos en su cita ante la juez apuntando a reuniones con el exdirector general Adjunto de la Policía, Eugenio Pino.


Poco tiempo después de generar la crisis y ofrecerle sus servicios le reclamaron, a cambio, "información sobre la situación de Venezuela". Aguilera -considerado pieza clave en el gobierno de Chávez- les respondió que su opinión sería "muy humilde" puesto que estos hechos se produce en 2015 y él dejó de dirigir los servicios de inteligencia de Venezuela en 2002. "Me reuní con ellos unas dos o tres veces y, de verdad, solo preguntaban por la situación de Venezuela", apostilló.

Yo sentí una extorsión desde el principio, porque me hablaron de darle solución a mi problema y de que el coste iba a ser de dos millones de euros
Con todo, la red, a la que Anticorrupción atribuye una estafa de 4 millones, también le pidió información de los vínculos de Podemos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Él respondió que no tenía, dado que dejó de integrar el núcleo duro del gobierno hacía años, pero recurrió a Miguel Rodríguez Torres, mayor general del Ejército de Venezuela y también exdirector de la agencia de Inteligencia. "Me dijo que no tenía nada contra Podemos" apostilló.


Podemos y Monedero
La trama se interesó especialmente por Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada a quien 'El Pollo' Carvajal, exjefe de la Inteligencia chavista, señaló por presunta financiación irregular con fondos de PDVSA. "¿Pero (esas cuestiones) eran por una investigación policial en curso?", se interesó uno de los letrados, a lo que Aguilera respondió: "No. No era para nada una investigación formal".

Aguilera confirmó a preguntas de Anticorrupción que se sintió extorsionado y que, pese a que alguno de los imputados se hicieron pasar por miembros del CNI, pronto se dio cuenta de que los servicios que le vendieron "no llegaron a nada". A cambio, sin embargo, pagó 400.000 euros desde una de sus empresas, aunque el coste inicial se estipuló en dos millones. La Policía Judicial sostiene que el principal motivo de estos pagos se debía a su intención por recuperar dinero depositado en la banca portuguesa Espírito Santo.



No obstante, quiso aclarar que los servicios que le ofreció Aliste Martín estaban dentro de la legalidad. Entre ellos se encontraban agilizar la concesión del pasaporte o facilitar la apertura de cuentas en bancos españoles, teniendo en cuenta que tenía los fondos congelados por la investigación vigente en Banco de Madrid por posible blanqueo de capitales.

Los imputados niegan los hechos
Tras Aguilera, comparecieron un total de siete imputados en estas diligencias. Todos ellos desmintieron haber cometido irregularidad alguna y algunos se desligaron por completo de la red como es el caso de Alberto Galán. El exmilitar israelí, que fue el último en comparecer, dijo que conocía a Martín Rodil desde 2007 y que sus encuentros siempre fueron en sedes federales en Estados Unidos.


La UDEF debería tener un Nobel de física por inventar la máquina del tiempo, porque el dinero viaja hacia atrás
Declaración de Alberto Galán
Asimismo, también dijo que no se le puede vincular de ninguna forma con el pago que hizo Nervis Villalobos de seis millones a Martín Rodil porque dicha operación es de 2016 y Rodil le hizo el abono a él un año antes. "O estamos hablando de un delito retroactivo o alguien de la UDEF debería tener un Nobel de física por inventar la máquina del tiempo, porque el dinero viaja hacia atrás", expuso.

Antes de Galán comparecieron el abogado José Aliste; el policía municipal Daniel Renuncio (identificado como mediador de la red) y su esposa Concepción Valenzuela; David Barrigüete (inspector de la Policía que se presentaba a las víctimas como miembro del CNI) y su esposa Noelia Serrano, además del policía vasco jubilado José Manuel Betanzos. Este último negó haber recibido pagos de la trama y descartó que tuviera dinero en el extranjero.


Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Chávez
De todos ellos Aliste fue el que más detalles de la red ofreció. El que fuera abogado de Javier Alvarado Ochoa confirmó la declaración judicial del político, cuyos audios avanzó este medio, y dijo que entregó a la cúpula policial de 2015 documentación crucial de puntos de pago a empresas españolas y de presuntos sobornos para colaborar con la Justicia.

"¿Usted sabe qué hizo en ese caso el director adjunto operativo de la Policía o qué hicieron las personas con esos casi 1000 folios que dice usted que entregó el señor Alvarado?", le preguntó el actual letrado del venezolano. "Yo sé lo que hice yo. Yo analicé los documentos. Cuando los vi le dije a Alvarado si era consciente de lo que estaba entregando. El DAO (Eugenio Pino) dijo que él iba a transmitir a la Policía la documentación para que siguiesen las pautas que tenían que seguir. Denunciaba delitos que se habían cometido en Venezuela y cosas que también afectaban a España porque algunos de esos tenían operaciones o habían hecho cosas en España", expuso.


Los investigadores no pudieron contar con el testimonio de Martín Rodil, que no compareció, y tampoco con el de Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Todos ellos están implicados en la trama que comenzó a investigarse en el marco de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por el saqueo de PDVSA. La Policía mantiene que la organización criminal canalizó a través de facturas ficticias "millones de euros" procedentes de dinero presuntamente ilícito de exaltos cargos del Gobierno de Chávez.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2321 en: 21 de Octubre de 2022, 11:02:07 am »

Escándalo en la Guardia Urbana de Badalona: la Fiscalía investiga a la cúpula policial


A raíz de una presunta irregularidad en el cobro de horas extras, el ministerio público va detrás de varios gobiernos de la ciudad
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Angela Vázquez
ÁNGELA VÁZQUEZ
20/10/2022 20:00H
ACTUALIZADO: 20/10/2022 21:22 H.


Se abre la caja de pandora en la Guardia Urbana de Badalona. El pasado miércoles, 19 de octubre, se daba a conocer que Fiscalía investiga al exalcalde Xavier García Albiol por el pago de unas horas extras "irregulares", según la interventora municipal. Albiol habría dado el visto bueno al cobro de las horas realizadas por los agentes en periodo vacacional. Esto lleva sucediendo en Badalona desde hace muchos años, con el informe favorable, es decir, con el visto bueno, del superintendente Conrado Fernández.


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Pero, ¿cuál es el precedente? La realidad es que Albiol no es el principal implicado. La Fiscalía está detrás de los mandos del cuerpo policial desde el pasado mes de mayo, según ha podido saber Metrópoli. En un principio, la División de Asuntos Internos de Mossos (DAI, las siglas en catalán) comenzó a indagar,  y finalmente ha elevado el caso al ministerio público.

IRREGULARIDADES EN HORAS EXTRAS NO REALIZADAS
Quien hace saltar la liebre es la Plataforma Sindical Unitaria (PSU) de la Guardia Urbana. El sindicato presenta el 23 de noviembre de 2021 un registro al Ayuntamiento de Badalona y en Recursos Humanos de la policía porque detecta una serie de "irregularidades sobre las retribuciones de algunos miembros de la plantilla". Y en el escrito, al que ha tenido acceso este digital, especifica los cargos: Superintendente, intendente mayor, intendentes e inspectores.

Según los afiliados a la PSU, los componentes de estas escalas tienen un horario asignado que comprende jornadas de siete horas (07:00 a 14:00 horas) de lunes a viernes. "Nunca acuden al trabajo en fin de semana y festivos, como es público y notorio", reza el documento presentado por el sindicato. Sin embargo, a cada uno de estos trabajadores les constan asignadas un número de horas extraordinarias "festivas" que realizan en días que están fuera de su cuadrante y que "únicamente podrían ser fines de semana o festivos, que se repiten periódicamente y por sistema cada mes".

Uno de los nuevos vehículos de la Guardia Urbana de Badalona / CEDIDA
Uno de los nuevos vehículos de la Guardia Urbana de Badalona / CEDIDA
"NINGÚN CONTROL DE ASISTENCIA"
La principal conclusión a la que llega el sindicato es que los mandos se anotan 24 horas extras festivas cada mes: "Además, estas horas extraordinarias aparecen en número múltiplo de ocho, lo que no tiene encaje alguno con sus jornadas, que son de siete".

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La situación es más preocupantes. Según los agentes, "estas personas no están sometidas a ningún tipo de control de asistencia o presencia en su puesto de trabajo. Ellos mismos tienen la potestad de autorizar las horas que realizan".

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
En el escrito presentado en noviembre del año pasado, la Plataforma también hace referencia a la Unidad de Recursos Materiales donde se encuentran destinados agentes que no tienen la obligación de vestir el uniforme ni de llevar el arma reglamentaria. Algo similar a una segunda actividad. Las funciones son distribuir y organizar el material de dotación de la plantilla. En el momento en el que se registra el documento, había cinco agentes y un sargento asignados que trabajaban en turno de mañana y "puntualmente en el turno de tarde a partir de junio de 2021".

Sin embargo, el sargento responsable de la unidad percibe el plus de distribución horaria rotatoria: 300 euros mensuales. "Inicia el servicio a las 07:00 y abandona el mismo a las 14:30 horas. No trabaja ningún fin de semana ni festivo, tal y como se refleja en su cuadrante y en las hojas de servicio". El dinero presuntamente cobrado de forma “irregular” —según acusa la PSU— por parte del sargento ascendería a 3.886,58 euros entre abril de 2020 y junio de 2021.

Agentes de la Guardia Urbana de Badalona / AJ BADALONA
Agentes de la Guardia Urbana de Badalona / AJ BADALONA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
La denuncia incluía también la Unidad de Recursos Humanos de la Guardia Urbana, que es independiente a la del resto del Ayuntamiento.

Los miembros de esta unidad, según el sindicato, también percibían cada mes una serie de horas extraordinarias "simples, periódicas y sistemáticas". Sin embargo, dejaron de percibirse "repentinamente" al mes siguiente del aviso que la PSU hizo en la mesa general de negociación, cuando se advirtió al gobierno municipal de la anomalía.

FALSEDAD DOCUMENTAL Y FRAUDE
¿La conclusión? La PSU cree que estos funcionarios podrían haber incurrido en diversos ilícitos penales, en particular: un delito de falsedad documental y otro de fraude.

Además de lo expuesto, con la debida documentación, el sindicato pedía al Ayuntamiento que iniciase los trámites para reclamar los importes mencionados mediante un "instructor ajeno" a la corporación, "dada la implicación de diversos funcionarios del consistorio".

Agentes de la desaparecida Unidad de Omega de la Guardia Urbana / PABLO MIRANZO
Agentes de la desaparecida Unidad de Omega de la Guardia Urbana / PABLO MIRANZO
EL ALCALDE SE REÚNE CON LOS AGENTES
Al cierre de este artículo, el alcalde Rubén Guijarro acudía este jueves, 20 de octubre, a los tres briefings del día que la Guardia Urbana realiza antes de empezar el servicio. Su intención era calmar los ánimos, aunque no ha mencionado en ningún momento el problema de las horas extra de los mandos.

En cuanto a los retrasos en el pago de las horas efectuadas en periodo no vacacional, Guijarro ha informado que intentará que se les paguen antes de que acabe el mes. Respecto a las efectuadas en vacaciones, el alcalde espera la resolución de la Generalitat.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2323 en: 05 de Noviembre de 2022, 19:14:24 pm »
Seis meses de prisión

Condenado un jefe policial de Sabadell por quitar multas a cargos del PSC


La Audiencia de Barcelona declara culpable a un subinspector por maniobrar para anular sanciones de tráfico, el mismo delito que llevó a la cárcel al exalcalde Manuel Bustos

Jordi Ribalaygue

Por qué confiar en El Periódico
Barcelona - Viernes, 04/11/2022 - 23:36

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un jefe de la Policía Local de Sabadell por dar órdenes a sus subordinados para retirar multas de tráfico a tres personas vinculadas al PSC de la población en 2010. El tribunal achaca un delito continuado de tráfico de influencias al subinspector Antonio Sánchez. Le impone una pena de seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para ocupar empleo público por forzar que se quitaran las sanciones a una exconcejal socialista, un excargo del partido en el ayuntamiento y una excompañera de trabajo de la entonces directora de Presidencia del consistorio, a su vez pareja del entonces alcalde, Manuel Bustos.


A causa de las maniobras que se atribuyen al responsable policial, el ayuntamiento de la ciudad vallesana dejó de ingresar 377,40 euros por tasas del servicio de grúa. Sánchez abonará la cuantía a las arcas municipales. Precisamente, Bustos cumple tres años de cárcel por intervenir en un asunto idéntico, en que se quitaron los castigos que la esposa y los hijos del exdirigente socialista recibieron por incumplir el código de circulación. Los hechos llevaron pareja una condena a Josep Miquel Duran, exintendente del cuerpo municipal de Sabadell, quien canceló las multas en base a las indicaciones del exalcalde.


La condena de Bustos se enmarca dentro de una de las dos derivadas del ‘caso Mercuri’ de presunta corrupción en que el ex edil socialista ha sido declarado culpable por tráfico de influencias. La sentencia que el subispector de la policía de Sabadell encajó en septiembre y que ahora ha trascendido está desvinculada de la macrocausa de supuestas irregularidades durante el mandato del ex alcalde. En todo caso, los hechos que la reciente resolución relata son similares a los que acabaron llevando al exdirigente del PSC a la prisión de Lledoners. 

"Influencia" sobre los agentes
La Audiencia de Barcelona ha dado por acreditado que Sánchez “ejerció influencia” aprovechándose de la “superioridad jerárquica” que ostentaba sobre dos agentes subordinados que anularon las multas, sostiene la sentencia a la que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. El tribunal concluye que el subinspector actuó “interfiriendo” en los trámites de las sanciones para que los policías "llevaran a cabo los trámites necesarios a fin de que los titulares de los vehículos pudieran sacarlos sin el devengo de tasa alguna", plasma el fallo. El resultado fue que se generó “un interés económico favorable a terceras personas”.

Los magistrados destacan que dos de los beneficiados estaban “vinculados directamente al Ayuntamiento de Sabadell”. Se trata de la exconcejal del PSC Concepción Manzano y el excargo municipal Cristian Sánchez, quien fue edil socialista en Sabadell años más tarde. La sentencia recoge que el vehículo de la exconcejal se aparcó en una zona reservada a servicios de mantenimiento de un parque, mientras que el coche de Sánchez se estacionó sin autorización en un área reservada para la comitiva del entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, durante una visita del exmandatario a Sabadell en ocasión de su fiesta mayor en 2010. En el tercer caso, en que los jueces aluden a la relación entre la propietaria del turismo con la pareja de Bustos, el vehículo se aparcó en parte sobre la acera, de forma indebida.

Idéntico 'modus operandi'
La resolución sostiene que el responsable policial procedió siempre de la misma forma en los tres episodios que le han costado la condena. Según el tribunal, Sánchez dio instrucciones a agentes bajo su mando para que modificaran el motivo de retirada del vehículo. Al alterar el expediente, los propietarios recuperaron los turismos horas después de trasladarse al depósito municipal sin pagar ningún importe.

En el caso de la conocida de la mujer de Bustos, fue la secretaria de la pareja del exalcalde quien se encargó de retirar el coche. A posteriori, el subinspector mandó redactar y firmó unos informes en los que justificaba que se había demostrado que la infracción se había cometido por una urgencia probada o que los vehículos tenían permiso para estacionar en espacios reservados. La sentencia discute la veracidad de esas disculpas, que bastaron para poner fin a los procedimientos sancionadores.

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El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos deberá entrar en prisión antes de un mes por el caso Mercuri
La Fiscalía había reclamado diez meses de prisión por tráfico de influencias y siete años de inhabilitación por otro de supuesta prevaricación que imputaba al subinspector. Sin embargo, la Justicia ha absuelto a Sánchez del segundo presunto delito y, aparte, ha moderado la condena aplicando las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño causado. El jefe policial depositó 613,33 euros en un juzgado de Sabadell en concepto de indemnización antes de recibir la condena. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció -que ejerce la acusación popular en el 'caso Mercuri'- ha reprobado los hechos, en los que dice atisbar que "determinados funcionarios" actuaron en Sabadell "vulnerando su obligación de velar por el interés público".


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2324 en: 06 de Noviembre de 2022, 02:29:35 am »
Estos sociatas...

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2325 en: 11 de Noviembre de 2022, 17:20:00 pm »

Condenados dos mandos de la Policía Nacional por liderar una banda de ‘narcos’ en el puerto de Barcelona


La sentencia impone 15 años de cárcel a un inspector antidroga del CNP que intentó importar 200 kilos de cocaína
Jesús García Bueno
JESÚS GARCÍA BUENO
Barcelona - 11 NOV 2022 - 11:04 CET
En enero, el grupo de 'Cale' se incautó de 450 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.
En enero, el grupo de 'Cale' se incautó de 450 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.
EL PAÍS
La corrupción policial en torno al puerto de Barcelona se ha cobrado esta vez dos piezas de caza mayor: Cale y Paco, apodo de dos mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) integrados en una organización de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de cocaína a través de los muelles. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 15 años de cárcel al inspector Calixto M. G., que era precisamente uno de los jefes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del cuerpo al tiempo que daba cobertura a la banda. Su compañero, el subinspector Francisco Ll. M. -que ya se había jubilado anticipadamente del cuerpo cuando ocurrieron los hechos- ha sido condenado a otros cinco años y medio de cárcel, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS.


El caso Romeo llevó al banquillo de los acusados a esos dos mandos policiales y a una treintena de personas más por tráfico de drogas a través del puerto. La mayoría de ellas han sido condenadas. Lo han sabido este mismo viernes, cuando el tribunal les ha entregado personalmente la sentencia y han acudido rápidamente a las últimas páginas, donde consta el fallo, para conocer su futuro. La Fiscalía pedía inicialmente 18 años de cárcel para el inspector Cale por liderar una banda que trató de importar, desde Sudamérica, grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores. La operación, que pretendía traer a España unos 200 kilos de cocaína, no se fraguó por problemas con los proveedores.

El mando policial trató de hacerse con un puesto clave en el puerto de Barcelona para facilitar la operación, según consta en las conversaciones telefónicas del caso, que han sido clave en la sentencia. Durante el juicio, el inspector alegó que había sido víctima de una trampa y que sus vigilancias en la zona del puerto estaban relacionadas, en realidad, con una investigación sobre un clan gitano. En cuanto a Paco, la pena solicitada por la Fiscalía era de 13 años de cárcel.


La sentencia condena a Cale por un delito contra la salud pública con una circunstancia agravante (le atribuye la “jefatura de la organización criminal”) y una circunstancia atenuante (dilaciones indebidas). La pena por ese delito queda fijada en los 13 años de cárcel más el pago de multa de 795.000 euros. A ello hay que sumar dos años más por un delito de revelación de secretos atribuido a funcionario público. En el caso de Paco, el tribunal aprecia además la atenuante de drogadicción, por lo que la pena queda en cinco años y medio de cárcel por tráfico de drogas y el pago de una multa de 815.000 euros.

La declaración de Javier Z., antiguo responsable de una empresa logística que colaboró en una entrega de droga y después se arrepintió, ha sido también esencial. En 2016, explicó que una banda de traficantes contaba con el apoyo de los dos mandos policiales. Tras un año de investigación dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, ambos fueron detenidos.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2326 en: 18 de Noviembre de 2022, 08:02:36 am »

Un subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz llama “gandules” a los agentes que se negaron a trabajar en la Maratón


La cúpula del cuerpo municipal ordenó a los policías trabajar el pasado domingo 14 de noviembre porque no había suficientes agentes voluntarios para cubrir “un evento de tanta magnitud”


Natalia G. Vargas

17 de noviembre de 2022 21:06h


El subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife Blas Hernández ha llamado “gandules” a los agentes que se negaron a trabajar en la Maratón Internacional que se celebró en la capital el pasado 14 de noviembre. Hernández se refirió así a sus compañeros en un mensaje enviado a uno de sus grupos de WhatsApp que se ha filtrado a la prensa. Fuentes policiales han explicado a esta redacción que las condiciones laborales en las que trabajan los agentes en el municipio llevaron a algunos policías a oponerse a prestar servicios un domingo por ser su día libre.

Estas mismas fuentes apuntan que, aunque el número de agentes de la Policía Local requerido para este encuentro deportivo asciende a 100, trabajaron ese día 60. Entre ellos, 30 agentes que suelen trabajar en oficinas y a los que se hace referencia como “carpetas” en el texto.

“Vamos a ver, paños calientes... los justos, hoy, hoy me sentí ORGULLOSO de la Policía, hoy me sentí ORGULLOSO de 30..... 30... 30 carpetas, 30 carpetas, CARPETAS, que hoy estaban aquí porque la Policía de SANTA CRUZ simplemente, es otra Cosa, porque mañana cobrarán 50 euros menos que algunos gandules...G A N D U L E S, simplemente: gandules y sé, SÉ que Ustedes están, simplemente y lo digo otra ves ESTÁN y carajo, ellos no, no están”, comienza el mensaje de WhatsApp del subcomisario
. Fuentes que han tenido acceso a este chat aseguran que Hernández borró el mensaje después de enviarlo.


Este periódico ha intentado contactar con Blas Hernández, que ha remitido al gabinete de prensa de la Policía Local. Desde el cuerpo han rechazado hacer declaraciones sobre el dispositivo de seguridad de la Maratón. Asimismo, fuentes del Ayuntamiento apuntan que el mensaje en el que el subcomisario llama “gandules” a otros agentes se enmarca en un contexto privado.


En julio de 2020, el subcomisario fue denunciado por el concejal socialista Florentino Guzmán ante el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento por “haber infringido sus deberes éticos de conducta como empleado público” incurriendo en “responsabilidad disciplinaria por la comisión de infracciones graves” tipificadas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Guzmán presentó la denuncia por una serie de comentarios vertidos en las redes sociales por parte del subcomisario a declaraciones o publicaciones del concejal. Según el denunciante, estos comentarios fueron lanzados “en su condición de miembro de la Policía Local, en calidad de Subcomisario, y se desenvuelven en un contexto de una relación profesional”.

En la actualidad, estos comentarios continúan. El más reciente fue en relación a esta Maratón. ''Pensaba hacer mofa, pero esto es demasiado serio. Mañana debe celebrarse la Maratón Tenerife y, a esta hora, no hay suficientes agentes de Policía para garantizar la seguridad del evento. De ahí las retenciones de hoy, y la incertidumbre de qué harán mañana'', publicó en su cuenta de Twitter el concejal. A esto, el subcomisario respondió: “Tino, esperabas que la Maratón NO SALIERA.... SALIÓ y con NOTA, SALIÓ CON NOTA. GANÓ SANTA CRUZ, NO LOS POLÍTICOS ni los sindicolistos, SALIÓ y GANÓ TODO un Pueblo, GANÓ SANTA CRUZ, GANÓ la Maratón. A quien no quiera esta ciudad: ¡AJO y AGUA!''. ”Y te juro, te juro... te lo juro, ábreme o pídeme que me abran expediente mañana: HOY LLORÉ con el buen HACER de mis compañeros de la POLICÍA LOCAL y con la gente que salió a la calle a hacer SU MARATÓN, La que ustedes nos rompen. Los políticos''. añadió Hernández en esta red social.

 
En 2016, Sí Se Puede e Izquierda Unida pidieron al alcalde, José Manuel Bermúdez, la destitución del subcomisario por “alertar” al resto de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife del “riesgo” de que Podemos ganara las elecciones. “Defendemos que en una institución democrática como esta no puede mantenerse en el cargo a un superior que se dirige a un nutrido número de policías locales bajo su mando, exhortándoles a que no apoyen una determinada formación política”, criticó entonces un concejal de Sí Se Puede.


Refuerzo obligatorio


La cúpula de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife emitió una orden de “refuerzo obligatorio” ante la falta de agentes suficientes para trabajar en la Maratón. “Transcurrido el plazo dado para la presentación de partes de voluntarios para realizar servicios extraordinarios, no han sido suficientes para cubrir un evento de tanta magnitud, que afecta directamente a la Seguridad Vial y Ciudadana”, reza el documento.

Así, los agentes que tuvieran una causa justificada para no asistir a la jornada tenían como fecha límite el 1 de noviembre para aportar un justificante de los motivos alegados. Un documento que data del 8 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico advierte a los policías que no presentaron ningún justificante y que no se habían presentado voluntarios para trabajar que, si no se presentaban al servicio establecido, podían incurrir en “responsabilidades disciplinarias”.

El pasado 14 de noviembre, el Ayuntamiento de Santa Cruz lanzó un comunicado para “agradecer” a las áreas de Seguridad y Movilidad y de Deportes la organización y el desarrollo de la VIII Maratón de Santa Cruz. Según los datos del comunicado, al encuentro asistieron 4.000 deportistas. La Junta de Gobierno agradeció “con cada uno de sus nombres” a los agentes de la Policía Local de Santa Cruz y también a otros cuerpos que participaron, como la Policía Nacional, la Policía Canaria, la Guardia Civil y la Policía Portuaria.


Condiciones de trabajo “desfavorables”

Fuentes policiales han defendido a esta redacción las causas por las que algunos se negaron a trabajar en la Maratón. Estas fuentes remiten al informe de Evaluación de riesgos psicosociales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife publicado en mayo de 2022. El estudio concluye que las dimensiones de trabajo que están en una situación “muy desfavorable” son la carga de trabajo, el tiempo de trabajo, las demandas psicológicas de los servicios y la participación de los agentes.

“Los resultados obtenidos para Tiempo de Trabajo muestran una situación desfavorable. Las causas de estos resultados son trabajar a turnos con sábados, domingos y dificultad para compaginar tiempo libre con relaciones sociales”, detalla el informe consultado por esta redacción.


Por otra parte, el informe advierte que las compensaciones y el interés de los trabajadores están en una situación desfavorable; las relaciones y el apoyo social, así como la autonomía son mejorables. La variedad y el contenido de las tareas son las únicas variables en una “situación adecuada”, según la evaluación.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2327 en: 19 de Noviembre de 2022, 06:18:37 am »

Investigan trato de favor de un oficial de la Guardia Civil a José Luis Moreno a cambio de regalos


La resolución indica que no existe conexión entre estos delitos con los de la pieza principal del sumario central.
José Luis Moreno vuelve a pedir a la AN el archivo de la causa: "La situación es intolerable e insostenible".
José Luis Moreno a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en la Operación Titella, a 17 de febrero de 2022, en Madrid.José Luis Moreno a su llegada a la Audiencia Nacional en febrero de 2022Europa Press

El juez del caso Titella ha abierto una investigación centrada en un supuesto trato de favor al productor José Luis Moreno por parte de un teniente coronel de la Guardia Civil, a cambio de regalos. El juez Ismael Moreno investiga en la Audiencia Nacional a este y otros imputados por delitos como estafa u organización criminal y, a raíz de varios indicios aparecidos en esa causa, ha abierto esta otra pieza del sumario.

"A lo largo de la instrucción de la presente causa se ha constatado la relación entre el imputado José Luis Rodríguez Moreno y el oficial de la Guardia Civil (...), de la que se deriva un posible trato de favor con abuso de sus funciones, recibiendo a cambio regalos", informada el fiscal del caso informó al juez.

El fiscal le pidió al juez que la Guardia Civil informara de todos los datos que disponga sobre el asunto y que, para esa diligencia y las que pudieran resultar de la misma, se abriera una pieza separada del sumario central del caso. En una resolución, el juez atiende la petición del fiscal.

El productor de televisión José Luis Moreno
El productor argentino al que José Luis Moreno supuestamente estafó con 'Glow & Darkness' pide ejercer la acusación particular
Argumenta la resolución del juez que no existe conexión entre los delitos de la pieza principal de este sumario, en los que hay imputados decenas de investigados por Asociación ilícita, Estafa, Falsificación Documental, Blanqueo de Capitales, Delito contra la Hacienda Pública e Insolvencia punible, y los hechos a que hace referencia el Fiscal y que implican al citado guardia civil.

Y por eso concluye que "debe procederse a la apertura de un procedimiento separado, y practicar en el mismo las diligencias que procedan".

La investigación del caso Titella, en la que se investiga al famoso productor televisivo José Luis Moreno, se reactivó el pasado mes de agosto con la citación de hasta 77 imputados, identificados por la Policía como supuestos colaboradores o posibles testaferros de la trama.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2328 en: 20 de Noviembre de 2022, 11:46:30 am »

López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario


El yerno de Villar Mir se sentará en el banquillo junto a Villarejo por amenazar y agredir a la dermatóloga pese a que tuvo a un grupo de mandos en activo maniobrando para decantar la investigación a su favor
— La jueza archiva la denuncia de López Madrid contra la doctora Pinto y pone “en duda” la labor de la Policía





López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario.
López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario. DAVID VELASCO
Pedro Águeda

19 de noviembre de 2022 23:02h

Actualizado el 20/11/2022 09:17h
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En el contencioso judicial que mantienen desde hace ocho años el empresario Javier López Madrid y la dermatóloga Elisa Pinto hay alguien que va perdiendo a pesar de haber contado con la ayuda de destacados mandos policiales. La advertencia que recogió en un atestado la Guardia Civil en noviembre de hace ocho años –López Madrid mantiene “relaciones estrechas” con un grupo de comisarios– es hoy una certeza asumida por dos juezas de Madrid, sus compañeros de la instancia superior, la Audiencia Provincial, y por un instructor de la Audiencia Nacional.


El mensaje a López Madrid del policía que le investigaba por acoso a la doctora Pinto: "Este partido lo vamos a ganar"

SABER MÁS
Esos jueces han descrito en distintos autos el trato de favor que, como poco, recibió el yerno de Juan Miguel Villar Mir por parte de la Policía, si no los delitos que cometió junto a uno de esos comisarios, José Manuel Villarejo Pérez. La última vez ha sido esta misma semana, cuando la jueza Concepción Jerez ha archivado la causa que abrió en 2014 a raíz de una denuncia de López Madrid contra la doctora. En su escrito, la jueza pone “en duda” los informes policiales que culpaban a la mujer del acoso.

El primer movimiento registrado de estas maniobras se produce el 17 de marzo de 2014 al denunciar Javier López Madrid las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía.


Nadie puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, según cuenta el propio Conde, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre muy habitual en los medios en los últimos años por ser el abogado de Juan Carlos I.


José Luis Conde aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura junto a un tal “Gabriel”, al que el comisario Conde no menciona.

'Nino' Conde, como se le conoce en el Cuerpo, era el jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, un hecho que a la luz de los acontecimientos reviste de especial gravedad aquella entrevista, según la jueza que acaba de exculpar a Pinto. La magistrada Concepción Jerez recupera la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que “está carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuáles se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario.


El amigo de Felipe VI
Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, contra quien se suspendió en mayo el primer juicio de la causa Tándem (Villarejo) por haber sufrido un grave accidente vascular. García Castaño aseguró a este periódico hace tres años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España.

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono de López Madrid que ordenó la jueza Jerez. Pese al borrado anterior que había hecho el empresario, la Guardia Civil logró recuperar el intercambio de llamadas con los comisarios y unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid, según reveló elDiario.es. Los mensajes con los reyes de España se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta Black de Caja Madrid.

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, según consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas.


Solo un policía en el banquillo: Villarejo
Ninguno de estos policías ha sido imputado de delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. En la causa que se siguió en otro Juzgado, el de la magistrada Belén Sánchez, la Fiscalía solicita condenas de 13 años para cada uno de los acusados por un delito continuado de coacciones, otro de amenazas, un delito contra la Administración de Justicia y dos delitos de lesiones. El hecho de la contratación de un funcionario en activo está pendiente de apertura de juicio oral como pieza separada del caso Villarejo.

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía encarcelado tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados.

La citada instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de por entonces diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.



La doctora Pinto recurre a la Audiencia el archivo a López Madrid por acosarla EFE
La cúpula policial de entonces, al frente de la que estaba el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer.

El caso dio así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Como consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar la causa contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

“Este partido lo vamos a ganar”
Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, una caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el celular del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba, al frente hoy de la comisaría de Distrito Centro de Madrid.


De regreso al auto conocido esta semana, la jueza Jerez dice sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su investigación concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

El 'Minority Report' de la Policía, también para López Madrid
A los informes de la UDEV de la Policía contra la doctora se incorporaron otros de la Policía Científica cuyas conclusiones también fueron entonces puestas en duda por la Audiencia de Madrid y ahora por la jueza Jerez. Se trata del análisis de una carta escrita a mano que había recibido Silvia Villar Mir, mujer de López Madrid. Sin que se sepa por qué, los policías decidieron que el hijo de Elisa Pinto, quien había presenciado el apuñalamiento y había reconocido a Villarejo, era sospechoso de haber escrito la carta al dictado de su madre.

A partir de la comparación de una fotocopia de la nota amenazante con unos exámenes del menor que los investigadores del caso solicitaron al colegio, los policías concluyeron que probablemente había sido el niño el que había escrito la amenaza. Ahora, la jueza Jerez recuerda que en la nota se utilizan palabras como “Croacia”, “Ibiza” o “camarote” que también aparecen en un mensaje enviado a López Madrid por un móvil que se desvincula de la doctora. “No resulta trascendente el resultado del informe de la sección de documentoscopia de la Policía Científica”, escribe la magistrada .

La Audiencia de Madrid extendió sus reproches a la Sección de de Análisis de la Conducta de la Policía, que elaboró un retrato psicológico de la mujer en nueve páginas sin haberla siquiera entrevistado. Se trata de un innovador grupo, creado a imagen del que existe en Scotland Yard o el FBI, para elaborar hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal.

Sobre el caso de acoso, esta Sección policial concluyó: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Y los jueces contestaron:  “No consta que dicho informe preliminar sea un informe pericial, ni tampoco que sea un informe pericial psicológico o realizado por psicólogos”. Los magistrados de la Sección 17 ordenaron a la Policía que explicara a qué se dedican los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identifique al funcionario que adoptó tal decisión. El mando responsable de ese informe resultó ser la esposa del comisario Alberto Carba.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2329 en: 20 de Noviembre de 2022, 17:21:32 pm »
"El Código Penal está pensado para el robagallinas" Carlos Lesmes dixit. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2330 en: 20 de Noviembre de 2022, 17:35:30 pm »
"El Código Penal está pensado para el robagallinas" Carlos Lesmes dixit. . .

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Y lleva toda la razón.

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« Respuesta #2331 en: 20 de Noviembre de 2022, 17:48:17 pm »
Pues eso mismo, el "compi yogui" se irá de rositas. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2332 en: 20 de Noviembre de 2022, 20:51:52 pm »
Pues eso mismo, el "compi yogui" se irá de rositas. . .

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Es muy raro que alguien poderoso o cercano al poder salga trasquilado. Y si lo sale es por enfrentarse a un similar más poderoso.

Y en el hipotético caso de ser condenado, queda la "gracia" del indulto.

El que siga creyendo en la "Justicia" de este país, lo lleva claro.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2333 en: 31 de Diciembre de 2022, 07:56:17 am »

Súria abre un expediente disciplinario por la agresión en la Policía Local

El consistorio toma medidas para investigar el "incidente" que tuvo lugar en una comisaría

VÍCTOR RECACHA @recachareports
     
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30.12.2022 08:11 h.

El municipio de Súria ha abierto un expediente disciplinario para investigar la presunta agresión del jefe de la Policía Local a un agente. A raíz de este incidente que avanzó Crónica Global, el alcalde, Albert Coberó, se puso en contacto con los servicios jurídicos para tomar medidas.

La primera de estas medidas fue abrir un expediente informativo, que finalmente ha resultado en una petición del ayuntamiento para iniciar un expediente disciplinario, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Medidas cautelares
Este nuevo procedimiento implica medidas cautelares y será instruido por un profesional externo de Interior. Su objetivo será "determinar si es necesario aplicar medidas disciplinarias".

El texto, que no hace referencia a la víctima de la presunta agresión, habla de "incidencia en la que habrían participado dos miembros del cuerpo municipal". También lamenta la mala imagen que puedan dar a la policía municipal las "informaciones" publicadas sobre el caso.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2334 en: 31 de Diciembre de 2022, 16:59:56 pm »
Miedo?




"
Conrado, 'el emperador' de Badalona que lleva a la Guardia Urbana "al desastre


Fernández ostenta el único cargo de superintendente de toda Catalunya
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Angela Vázquez
ÁNGELA VÁZQUEZ
31/12/2022 00:00H


Agentes que van a trabajar con "miedo" y "desgana". Bajas masivas. Represalias internas. Apertura de expedientes por hechos sucedidos hace años. Más que un cuerpo de policía, la Guardia Urbana de Badalona es protagonista estos últimos meses por situaciones que se acercan al género cinematográfico del drama.


"
Lo nunca visto sucedió hace aproximadamente solo unas semanas: la comisaría quedó desierta y la ciudadanía, sin respuestas a las peticiones de ayuda. Más de 70 agentes cogieron la baja médica y no fueron a trabajar. Badalona sin policía local, con el triple de Mossos d'Esquadra (o eso aseguró el gobierno municipal) para equilibrar la balanza. ¿Quién debe pagar por este descontrol? A día de hoy lo hacen los policías que conforman la plantilla. Han sido pocos los que se han dirigido a las altas esferas a pedir explicaciones, ya sea por falta de organización o por temor. Algunas conversaciones sin importancia con el regidor de seguridad, Christian Carneado, y ningún acuerdo con el alcalde, Rubén Guijarro. Por el contrario, muchos gritos, petardos y jaleo a las puertas del Ayuntamiento durante las últimas sesiones plenarias. Sin embargo, hay una figura que pasa desapercibida y que es la máxima responsable de la situación de la Guardia Urbana, según señalan los diversos afectados: la del "emperador" Conrado Fernández, como lo llaman los agentes, el superintendente jefe del cuerpo desde hace 20 años.

Manifestación de la Guardia Urbana del pasado 25 de octubre en la Plaza de la Vila de Badalona / ÁNGELA VÁZQUEZ
Manifestación de la Guardia Urbana del pasado 25 de octubre en la Plaza de la Vila de Badalona / ÁNGELA VÁZQUEZ
ÚNICO SUPERINTENDENTE EN CATALUNYA
La existencia del cargo ya sorprende. Lejos de ser el cuerpo policial con más efectivos de la provincia -al contrario, faltan agentes por la ratio que le corresponde-, el jefe de la policía de Badalona ostenta el único cargo de superintendente de todo el territorio catalán. Ni siquiera la Guardia Urbana de Barcelona, con 3.300 agentes, tiene esta figura. Una posición que está por encima, incluso, del intendente mayor, puesto que en Badalona ostenta Félix Martínez.

Conrado se adhirió al cuerpo de policía en los años 80 como cualquier agente. Sin embargo, su ascenso fue meteórico: Fernández pasó de agente a cabo y, de ahí, dio el salto a intendente. Algo que llamó la atención en su día y lo sigue haciendo ahora, puesto que lo normal sería pasar antes por ser sargento, subinspector e inspector, en este orden y tal como establece la escala de rangos, explican varios agentes de Badalona a este medio. Con todo, su recorrido en la Guardia Urbana no ha estado exento de polémicas: desde una multa desaparecida que le conllevó una denuncia, hasta el ostracismo durante unos años cuando el PP de Xavier García Albiol estaba al frente del gobierno municipal, para acabar, finalmente, siendo investigado por Fiscalía por el cobro irregular de unas horas extra. Unos hechos probados sazonados con una buena dosis de rumores: un affair intercontinental con sicarios por el medio y una "amistad importante" con la comunidad china.

APARTADO Y RESCATADO
La huella de Conrado Fernández también se encuentra en L'Hospitalet de Llobregat. A finales de los 90, antes de llegar a jefe de la policía de Badalona, ocupó el cargo de intendente en el municipio. Una experiencia que los más veteranos de la Guardia Urbana de L'Hospitalet califican a Metrópoli de "desastrosa": "Su gestión fue nefasta", aseguran las fuentes consultadas de manera tajante.

Tras su cuestionado trabajo en la segunda ciudad más poblada de Catalunya, Conrado volvió a Badalona con el ascenso bajo el brazo: pasó a ser superintendente. "Una plaza hecha para él que el PSC le crea", denuncian diversas fuentes policiales. Desde el 1983 hasta el 2011, tres alcaldes socialistas gobernaron en el municipio: Joan Blanch, Maite Arqué y Jordi Serra. El ostracismo citado se produjo cuando Albiol se puso al frente del consistorio, después del mandato de Serra. "A Conrado lo envían al Departamento de Interior de la Generalitat para realizar una especie de proyecto. La cuestión era sacarlo de jefatura porque era socialista y anti PP". Lo explica a este medio M.B., escolta y chófer en aquel momento del regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado. Sin embargo, la decisión no se sostuvo durante mucho tiempo, ya que en la misma legislatura del PP, Conrado regresó al municipio badalonés.

El superintendente Conrado, con el ex alcalde Àlex Pastor y más agentes de la Guardia Urbana / AJUNTAMENT BADALONA
El superintendente Conrado, con el ex alcalde Àlex Pastor y más agentes de la Guardia Urbana / AJUNTAMENT BADALONA
COCHE OFICIAL
Es justo cuando se produjo el "destierro" que los conflictos entre M.B. y Fernández comenzaron. "Cuando lo apartaron de Badalona, me encargaron ir a por el coche oficial, un Peugeot 308, que él usaba incluso para asuntos personales que nada tenían que ver con el trabajo", narra el agente, ya jubilado. "Cuando fui a casa de Conrado para coger las llaves, tal y como me ordenaron desde el Ayuntamiento, me amenazó. Me dijo que aquello se lo pagaría con sangre", son las palabras que, según M.B., el jefe de la Guardia Urbana le dirigió.

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A partir de ahí, M.B. se vio inmerso, según él, en una especie de periplo que parecía no tener fin. Achaca a Conrado una carta anónima que llegó al Ayuntamiento en la que se denunciaba que el ex escolta había coaccionado a diversos empresarios de Badalona para conseguir dinero. Algo que el supuesto implicado ha negado siempre rotundamente y que justifica a día de hoy: "Cada año se hacía una fiesta de la Guardia Urbana para la que se pedía financiación de algunos negocios locales para sufragar los gastos de la fiesta infantil, era algo habitual. Se abrió una investigación que duró más de un año, todo por poco más de 2.000 euros", lamenta el agente retirado, a quien la Oficina Antifrau absolvió.

"MACHAQUE"
"Cuando Conrado vuelve a la jefatura, empieza el machaque", afirma el agente jubilado. "Me persiguieron, me pincharon el teléfono. La Policía Nacional me investigó por tráfico de influencias, aunque aquello se archivó. Más tarde, me denunciaron por acoso laboral y mobbing personal y profesional. El año pasado, los mossos me detuvieron". Una detención, esta última, que le comportó la apertura de un expediente el 4 de junio de 2016 y el cese en la policía.

En este punto, entró en juego la Plataforma Sindical Unitaria (PSU). "Me voy al sindicato y presentamos una denuncia contra el Ayuntamiento", explica M.B. . El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le dio la razón al ex escolta, "pero Conrado y en aquel entonces el alcalde, Àlex Pastor, lo elevaron al Tribunal Supremo". ¿Qué se sabe actualmente de este tema? Por el momento, "está en el aire".

UN SUPUESTO "AFFAIR" CON UNA JOVEN
Sin embargo, la guerra contra Conrado todavía no ha terminado. El agente jubilado se encuentra actualmente pendiente de juicio porque el superintendente lo denunció en el año 2020 por "daños y perjuicios". El motivo fue un rumor que todos los integrantes de la Guardia Urbana de Badalona comentan por los pasillos de la comisaría. "Conrado tuvo un affair a espaldas de su mujer con una chica latinoamericana de 18 años. Le prometió que la traería a España, pero la dejó tirada", explica M.B. .

Según especularon entonces diversos agentes, unos sicarios sudamericanos se presentaron en Badalona para ocuparse del asunto. "Dicen que él tuvo que acudir a los mossos para realizar una transacción de dinero a estos sicarios: 80.000 euros". Una historia que comentan, incluso, algunos políticos con cargo en el consistorio. Toda la historia la puso el ex agente en conocimiento del vecindario de Conrado, en el municipio de Vilassar de Mar donde reside el emperador. "Como venganza, repartí folletos por toda su urbanización donde explicaba toda esta historia".

El superintendente de la Guardia Urbana de Badalona en una rueda de prensa / RRSS
El superintendente de la Guardia Urbana de Badalona en una rueda de prensa / RRSS
UNA MULTA DESAPARECIDA
En medio de esta odisea, Conrado también se enfrentó a otra denuncia por prevaricación administrativa interpuesta por el sindicato PSU en 2015. Aquel año, el agente E.R. denunció a un conductor que aparcó en una zona acotada en la que se prohibía estacionar temporalmente. Según el mismo agente, el denunciado, un trabajador del Ayuntamiento, se puso en contacto con el regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado. El sargento responsable del turno aquel día fue requerido por el intendente mayor y el superindente para que solicitara al agente denunciante el informe de la actuación y el de la multa, que finalmente desapareció. Pasó por lo menos un mes hasta que el agente implicado descubrió que esa denuncia jamás se había tramitado.

Una denuncia que el Juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite y por la que llamaron a declarar en dos ocasiones al jefe de la Guardia Urbana, que estuvo imputado por este asunto cuatro años. Sin embargo, la demanda se archivó y el emperador quedó libre de cargas.

EL 'CHINATOWN' DE BADALONA
Metrópoli ya se hizo eco en julio de este año de los fuertes lazos que unen a la comunidad china de Badalona -que se asienta en su mayoría en el polígono Badalona Sud- con la Guardia Urbana. En 2017 se produjo un episodio que relacionaba a la comunidad china con el cuerpo policial y que acabó en una comisión de investigación, todo bajo la supervisión del jefe. Ese año, el sindicato PSU denunció el uso privado, en secreto e ilícito de la galería de tiro de las instalaciones. Incluso la Guardia Civil abrió un expediente por el suceso.

La alcaldesa en aquel momento, Dolors Sabater, reconoció que los empresarios chinos habían estado en dicha galería, aunque negó que se hubiesen realizado prácticas. Alegó que el motivo fue una "visita de cortesía". Lo que choca de frente con el informe oficial firmado por los agentes que se encontraban responsables de la instalación ese día, el 9 de marzo. "Solo estuvieron ahí, aparcaron los cochazos de alta gama en la puerta de la galería, bajaron y entraron. Se escucharon tiros durante 40 minutos y luego se fueron. No entraron en ninguna otra dependencia que no fuera la galería de tiro", aseguran fuentes del sindicato.

Exterior de uno de los almacenes del polígono Badalona Sud / ÁNGELA VÁZQUEZ
Exterior de uno de los almacenes del polígono Badalona Sud / ÁNGELA VÁZQUEZ
Sin embargo, y aunque el equipo de gobierno constituyó la comisión de investigación, el incidente quedó en nada y nunca más se supo al respecto.

UN "JUEGO DE TRONOS"
Con toda esta trayectoria a sus espaldas, a Conrado se le agota el tiempo al frente de la policía local. En un par de años se jubilará y todavía está por ver quién ocupará la plaza de superintendente -si es que no se acaba extinguiendo-. Esta decisión, según explican algunos agentes a este digital, está provocando un nerviosismo latente en la escala ejecutiva y superior: "Esto es un juego de tronos". Describen una "pugna" por el poder que se traduce en tensiones y en una organización que brilla por su ausencia. Uno de los nombres que resuenan con fuerza en la comisaría para sustituir a Conrado es el de Valentín Anadón, actual intendente de la Guardia Urbana de Badalona. Los agentes lo describen como su mano derecha y "su esbirro".

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Si algo tienen que decir de su jefe los agentes de la Guardia Urbana de Badalona es que "no se ha dignado a hablar con la plantilla en ningún momento", denuncian, especialmente en estos meses en los que los policías alzan la voz contra sus condiciones laborales y los "abusos", dicen, a los que son sometidos en su día a día. De ahí el sobrenombre con el que se le conoce: "el Emperador".

Conrado Fernández, contactado por Metrópoli, ha declinado dar ninguna entrevista o declaraciones sobre los temas citados en este artículo.

FISCALÍA LO INVESTIGA

Las últimas noticias que rodean al superintendente y también a la escala ejecutiva y superior no auguran nada bueno: en octubre se daba a conocer que Fiscalía había iniciado una fase de investigación que implicaba a diversos gobiernos municipales por el pago de unas horas extras "irregulares", según la interventora municipal. Los distintos alcaldes habrían dado el visto bueno al cobro de las horas realizadas por los agentes en periodo vacacional. Algo que sucede en Badalona desde hace muchos años, con el informe favorable, es decir, con el visto bueno, de Conrado Fernández.