Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 335509 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2340 en: 16 de Febrero de 2023, 08:03:08 am »
La influyente familia Fuentes y un general con miles de euros en cajas de zapatos: el caso que sacude al PSOE canario


La causa investiga las supuestas extorsiones a empresarios del sector primario en las Islas (ganaderos y productores de queso) a los que se les habría exigido el pago de comisiones a cambio de que sus granjas no fueran inspeccionadas o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europe



Juan Bernardo Fuentes, Taishet Fuentes y Francisco Javier Espinosa.
Iván Suárez / Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —
15 de febrero de 2023 22:42h
Actualizado el 16/02/2023 05:30h

El presunto caso de corrupción destapado este martes en Canarias tiene como protagonistas a dos socialistas miembros de una familia con una notable influencia política en la isla de Fuerteventura, los Fuentes Curbelo, y a un general retirado de la Guardia Civil que ejerció como jefe de la Comandancia de Las Palmas, que adiestraba a los nuevos gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África, y que guardaba en su domicilio en Madrid, en cajas de zapatos, miles de euros en billetes de 500 euros.

Según fuentes de la Policía Nacional, fueron finalmente nueve las personas detenidas este martes en el marco de una operación que investiga las supuestas extorsiones a empresarios del sector primario en las Islas (ganaderos y productores de queso) a los que se les habría exigido el pago de comisiones a cambio de que sus granjas no fueran inspeccionadas o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.

En total se practicaron trece registros este martes. Entre ellos, el domicilio del general Espinosa, donde se encontraron, según fuentes judiciales, al menos 58.000 euros en billetes de 500 guardados en cajas de zapatos. Al exjefe de la comandancia de la provincia de Las Palmas, cargo que ocupó entre 2008 y 2012, se le investiga por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

Las pesquisas se centran en los años 2020 y 2021. En esa época, antes de jubilarse, Espinosa trabajaba en un proyecto para la formación de gendarmes en el Sahel. Fuentes de la Guardia Civil señalan que el ahora detenido cobraba en ese puesto alrededor de 220.000 euros al año. La causa trata de determinar si Espinosa usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias o si advirtió a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban la supuesta mordida.

El exjefe de la Comandancia de Las Palmas ya fue investigado en 2009 tras la sospecha de que había sido él quien había filtrado a la entonces alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz –en aquel momento ya en Coalición Canaria tras haber abandonado el Partido de Independientes de Lanzarote–, que iba a ser detenida en el llamado caso Unión, una de las principales tramas de corrupción en Canarias. La Fiscalía pidió la apertura de una pieza separada, pero el caso se acabó archivando.

La causa conocida este martes tiene un curioso origen. Los indicios incriminatorios los aportó una persona que estaba siendo investigada por una presunta estafa con tarjetas de crédito en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, en otra causa sin relación alguna con esta y que acabaría siendo archivada. Para defenderse de las acusaciones que contra él vertía Ángel Luis Pérez, director general de Deportes del Cabildo de Tenerife hasta el pasado mes de enero –fecha en la que dimitió tras conocerse que estaba siendo investigado por denuncia falsa–, ofreció a la jueza información que guardaba en su móvil. Y entre los audios figuraban las conversaciones que comprometían al general jubilado de la Guardia Civil.

Fue el inicio de una investigación que instruye la jueza María de los Ángeles Lorenzo Cáceres- Farizo en coordinación con el fiscal delegado contra la corrupción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, que fue nombrado en noviembre en sustitución de María Farnés Martínez.

Una familia influyente de Fuerteventura
Los dos miembros del PSOE salpicados por la operación forman parte de una conocida familia de Fuerteventura, los Fuentes Curbelo. Taishet Fuentes fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias del 5 de marzo de 2020 al 22 de junio de 2022, fecha en la que fue destituido tras perder la confianza del presidente Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, después de unas polémicas declaraciones en las que achacaba al “libre mercado” las dificultades que atravesaban –y siguen atravesando– para mantener el negocio los ganaderos de las islas. “La decisión tomada fue más que acertada”, ha dicho este miércoles el jefe del Ejecutivo regional sobre aquella destitución.

Taishet Fuentes había accedido a ese puesto por el movimiento de piezas que llevó a Carolina Darias, entonces consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, al Ministerio de Sanidad. El lugar de Darias lo ocupó Elena Máñez, que en aquel momento era diputada del PSOE por la provincia de Las Palmas. Y el sustituto de Máñez en el Congreso fue otro de los investigados en esta causa, Juan Bernardo Fuentes, que precedió en el cargo de director general de Ganadería a su sobrino, Taishet Fuentes. Tras conocerse su imputación, ambos han sido suspendidos de militancia.

Juan Bernardo Fuentes, que este mismo martes dimitió como diputado, es hermano de otro histórico del PSOE de Fuerteventura, Domingo Fuentes, que fue vicepresidente del Cabildo, diputado regional y senador y que en la actualidad es el representante en la isla de la Delegación del Gobierno en Canarias. Otro miembro de la familia, por la rama de los Curbelo, es concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la capital.

“Es indudable que los Fuentes Curbelo son una familia políticamente muy relevante dentro del PSOE. Han estado a la cabeza de las decisiones de los últimos años en Fuerteventura y tienen un poder orgánico importante, sobre todo en el norte”, destaca un militante socialista en la isla, que admite que esta causa puede tener un impacto negativo en los comicios que se celebrarán en mayo, aunque defiende la presunción de inocencia.

“Juan Bernardo (Fuentes) no necesitaba eso. Estaba muy bien posicionado económicamente”, señala la misma fuente. El ya exdiputado nacional aparece vinculado desde hace años al sector ganadero, labor que ha compatibilizado con su actividad política, siendo concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y diputado nacional en diferentes etapas, además de director general de Ganadería del Gobierno regional.

Según consta en su declaración de bienes, Fuentes es administrador de varias empresas vinculadas al sector primario, además de una asesoría. Es propietario, junto con su mujer, de una explotación con unas 400 cabezas de ganado caprino. Está situado en el pueblo de Tetir, en la capital majorera, y está gestionada por dos sociedades familiares (Ganadería Tetir y Quesos de Tetir). Esta empresa fabrica de forma artesanal quesos con denominación de origen, con leche cruda de cabra de la isla.

El queso elaborado en Fuerteventura es uno de los más premiados internacionalmente y supone su principal industria, con marcas con presencia mundial como Maxorata. Juan Bernardo Fuentes tiene una participación del 30% en Quesos Tetir y del 50% en la entidad Ganadería Tetir desde 2012. Esta última tiene un capital social de 100.000 euros y ha recibido, al menos, 67.244,25 euros en subvenciones desde 2014, dos años después de su constitución, tanto del Cabildo de Fuerteventura, como del Gobierno de Canarias y del Ejecutivo central, según la información disponible en el registro mercantil.

La imputación de Juan Bernardo Fuentes y la de su sobrino Taishet Fuentes ha causado conmoción entre los socialistas de la isla, aunque hay quien desliza que desde la dirección del partido ya se conocía algo cuando se decidió destituir al segundo el pasado verano. “Es como guardar un cadáver en el armario si alguien sabía algo de antemano, que lo desconozco, que no cuadraba. Parece que al final el cadáver en el armario ha empezado a oler”. Taishet Fuentes iba a ser candidato a la Alcaldía del municipio de Antigua en las próximas elecciones. Precisamente para esta semana estaba previsto que se celebrarán reuniones de la Ejecutiva Insular y del Comité Insular para la composición de las listas.

Uno de los militantes socialistas consultados define Fuerteventura como “una isla muy politizada”, de “política de tabernas”, en la que los rumores sobre que las subvenciones “siempre benefician a los mismos” viene de antiguo. “Hay una endogamia permanente, con familias, amigos y allegados que forman esos clubes endogámicos y se reparten cargos, pero de ahí a extorsionar a granjeros para obligarles a pagar una comisión a cambio de que no inspeccionen sus granjas, me parece tan burdo…”, sostiene.

Además de los dos miembros del PSOE y del general jubilado de la Guardia Civil, otros de los detenidos cuyos nombres han trascendido son los empresarios Esteban Banús e Inmaculada Roca, que en 2016 adquirieron la conocida empresa Leche Sandra y que, además, tienen otras empresas vinculadas con el sector ganadero y los forrajes.

Un sector en el alambre
En Canarias, la ganadería supone el 25% de la actividad del sector primario, que en su mayoría se dedica a la producción de leche, sobre todo para elaborar quesos. La cabaña caprina es la más numerosa, con más de 210.238 cabezas, que están en su mayoría en Fuerteventura con 76.906 censadas a fecha de 2021, muy por delante de la siguiente, que es Gran Canaria con 52.402 unidades. El 62% de las explotaciones de la isla majorera son de ganado caprino. Y es que Fuerteventura fue el primer territorio nacional en obtener, en 1996, una denominación de origen protegida para quesos elaborados con leche de cabra autóctona, animal que se ha convertido en un símbolo para la isla.

Para el sector primario en el Archipiélago es imposible subsistir sin ayudas públicas. Dada la lejanía, el aislamiento y la competencia con productos de fuera, la Unión Europea contempla una compensación para sus regiones ultraperiféricas a través del Posei, que en Canarias asciende hasta los 268,4 millones anualmente y supone la principal subvención para el mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas. Para la producción animal, los fondos comunitarios ascienden hasta los 27,8 millones de euros, cuyas mayores cuantías se destinan a la producción de lácteos de caprino, ovino y bovino de origen local, tanto para los ganaderos como los industriales. Además, el dinero fijo procedente de la UE se complementa con otra cantidad variable que aporta el Estado y que para 2023 ha aumentado hasta los 33,2 millones de euros, la mayor de la historia.

Estas ayudas se complementan con otras que habilitan los cabildos o el Gobierno regional. Sin embargo, a la ganadería en la Islas ya no le alcanza ni con subvenciones para cubrir sus costes de producción. El subsector ya experimentaba una dinámica descendente antes de la pandemia -el número de explotaciones ha descendido un 25% en la provincia occidental y un 19% en la oriental desde 2016-, pero los avatares de la especulación mundial en piensos y forrajes a partir de 2021, sumado a la guerra en Ucrania, han disparado el precio de la alimentación animal triplicando gastos, pues Canarias depende del exterior casi al 100% en este ámbito; de hecho, el Posei también contempla ayudas a abaratar los costes de la importación de paja, millo o alfalfa a través del denominado Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

“El peor momento de los últimos tiempos” que atraviesa el subsector en las islas, tal y como reconoció la consejera de Agricultura Alicia Vanoostende, ha obligado a algunas empresas del subsector a echar el cierre. Los que sobreviven -sobre todo produciendo en exclusiva leche- se ven abocados a endeudarse o a sacrificar parte de sus animales para poder pagar sus facturas. El investigador palmero Juan Capote, doctor en Veterinaria, biólogo y una autoridad mundial en la ganadería caprina, explica que en Fuerteventura el escenario es peor incluso que en otras islas como La Palma o Gran Canaria, donde al menos hay pastoreo. “Las islas más áridas son las que lo tienen más crudo porque tienen que importar prácticamente todo”, señala.

“A veces ni me explico cómo se mantiene la actividad en Fuerteventura”, añade Capote, lo que achaca a que en la isla la industria liderada por Maxorata, es fuerte, “recoge mucha leche, trabaja mucha gente en eso y se han preocupado mucho en la calidad del producto”; además, se intenta abaratar costes y vender los quesos más caros. “También se mantienen por la tremenda calidad de los animales que ha en Fuerteventura, de mucha producción, con una media de 640 litros al año por cabeza”, remarca Capote.

Sobre las detenciones que se han vinculado a presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación desde el Gobierno regional, Capote considera que “es sorprendente, desde luego, y es una mala noticia; que haya gente de la administración investigada siempre es malo, tengan o no tengan razón… es algo que duele a los que estamos en ese paraguas”.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2341 en: 27 de Febrero de 2023, 08:34:09 am »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2342 en: 01 de Marzo de 2023, 07:30:38 am »
El número dos de Interior con el PP: “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? ¡Cagüenlaputa!”


Los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez dentro del caso Kitchen muestran las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016




Pedro Águeda
28 de febrero de 2023 23:00h
Actualizado el 01/03/2023 05:30h

30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular del Ejecutivo. El Ministerio del Interior exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la brigada política: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez.

Hace dos semanas que varios medios han publicado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial que terminarán por despreciar los tribunales, pero que ocupa portadas y minutos en televisión vinculando a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán. Para el Ministerio del Interior no es suficiente. García Castaño es en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, captación de fuentes, escuchas… El comisario lleva cuarenta años cumpliendo con encargos especiales de distintos gobiernos. Se ha implicado en la Operación Kitchen, en las maniobras policiales contra el separatismo catalán… y contra Podemos.

García Castaño, solícito con el secretario de Estado de Seguridad, se salta la escala de mando y trata directamente con el número dos de Interior, dejando un reguero de indicios que terminarán arrastrando o a este último hasta una petición de quince años de cárcel por parte de Anticorrupción por la operación el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. García Castaño también está procesado en el caso Kitchen, aunque el grave estado de salud que padece en la actualidad detendrá con probabilidad el procedimiento contra él, como ya ha ocurrido en el primer juicio del caso Villarejo.

El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, le ha ofrecido en días anteriores a Martínez información sobre candidatos de Podemos en las distintas circunscripciones. El 30 de enero, Martínez le recuerda lo que le prometió. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”.

Quedan casi dos años para que otro comisario, José Manuel Villarejo, sea detenido y en su casa aparezcan las pruebas de las distintas operaciones parapoliciales durante ese periodo. Los chats de WhatsApp que hoy publica elDiario.es estaban, sin embargo, en el teléfono de Martínez. El mismo móvil que volcó la Unidad de Asuntos Internos cuando se presentaron en su casa, junto a los fiscales, en el marco de la investigación del caso Kitchen, en marzo de 2020.

Los policías habían destacado en sus atestados los mensajes destacados para esa pieza separada sobre el espionaje a Bárcenas, pero la guerra sucia contra Podemos o la Operación Catalunya siguen sin encontrar hueco en el caso Tándem, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Finalmente han sido incorporados a la causa en bruto, una vez la instrucción ha finalizado y se divisa ya el juicio.

“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. Del pasado del que fuera senador por Podemos ya había informado Okdiario el 26 de diciembre, al que identificaba como “un etarra arrepentido”. Arrieta explicó que ingresó en ETA con 17 años, todavía en dictadura, y que se benefició de la amnistía de 1977. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres nada”.

El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”. Es cuando Martínez zanja: “¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo”.

El número dos de Interior le pide al comisario que mire “con ojos atentos” y García Castaño promete insistirle a Castiñeira, en alusión al entonces jefe de la Brigada Provincial de Información en Madrid, Germán Castiñeira. “Los trabajó mucho tiempo”, dice el jefe de la UCAO sobre su compañero comisario.

Los mensajes hallados en el teléfono de Martínez son una prueba más de cómo el Ministerio del Interior maniobró contra Podemos desde casi su irrupción, tal y como demuestra el cruce de las anotaciones de Villarejo en su diario con hechos acreditados [leer aquí]. Este lunes, el diario El País ofreció otros mensajes de Martínez con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que abundan en esta guerra sucia contra el partido morado y contra el independentismo catalalán, consistente en obtener informaciones sin contrastar que luego eran filtradas a determinados medios de comunicación en los momentos en que consideraban más podían dañar al adversario político.

Unos días antes de la conversación citada, el 20 de enero de 2016, García Castaño alude a la operación Catalunya en su conversación con Martínez. “No se te ocurra darle una medalla a Salamanca [Carlos, otro comisario], dice Pino que la propones tú, fui yo el que le dije a Fornet que tirara para adelante con el famoso escrito de la udef, te acuerdas?”. García Castaño alude a la difusión, en rueda de prensa, de un supuesto informe de la UDEF que atribuía delitos a Artur Mas y otros dirigentes independentistas por parte de José Manuel Sánchez Fornet, en aquella época secretario general del Sindicato Unificado de Policía y colaborador habitual de García Castaño y Villarejo.

“La Fiscalía son unos cagados vendidos a la izquierda”
En este clima de negociación para un cambio de Gobierno, Antena 3 había difundido unas imágenes, el 21 de enero de 2016, que habían sido tomadas dos años antes, el 10 de diciembre de 2014, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la cadena, “un avión de las fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla-la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia”.

Cuatro días más tarde de la información, el 25 de enero, se escriben por WhatsApp el comisario y el número dos de Interior.

García Castaño: ¿La fiscal general de qué va? Porque la Fiscalía Anticorrupción no quiere saber nada de lo de Podemos y lo de la CUP.

Martínez: Porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda, que solo buscan destruir al PP.

García Castaño: Yo no entiendo nada.

El comisario Enrique García Castaño acabaría confesando en la Audiencia Nacional su participación en el caso Kitchen y describiendo cómo informaba puntualmente al secretario de Estado de Seguridad de la operación parapolicial con fondos reservados. Antes de que eso se produjera y rompieran su relación, el político y el policía hablan, el 1 de marzo de 2017, todavía en términos afectuosos, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se refieren a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ‘El Gordo’ afirma: “Jorge es el cadáver a pasear para que no se llegue más arriba. Hablo del tema catalán, la grabación es una pieza más del puzle”.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2343 en: 05 de Marzo de 2023, 08:27:13 am »
El jefe de la UCO en la etapa de Rajoy investigó la vida sexual de un periodista para el número 2 de Interior


El investigado, Juan Nieto, se declara estupefacto al leerle infoLibre el diálogo donde el entonces coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí informaba en 2016 al secretario de Estado Francisco Martínez sobre la homosexualidad y las "relaciones amorosas" del informador
 El antiguo alto cargo de Fernández Díaz dice ahora que aquello obedecía a una investigación secreta de la Guardia Civil por la filtración de noticias sobre el caso que cercó a Rita Barberá por el 'pitufeo', el blanqueo de cantidades que acababan en manos de políticos del PP

Alicia Gutiérrez / Álvaro Sánchez Castrillo

2 de marzo de 2023 21:34h
@aliciaguti
@AlvaroSanCas
El coronel Manuel Sánchez Corbí, en 2016 jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, investigó datos de la vida sexual de un periodista que de inmediato puso en conocimiento del entonces número 2 del Ministerio de Interior, Francisco Martínez.

Entre los miles de whatsapp almacenados por Martínez en su móvil y que acaban de ser incorporados al sumario del caso Kitchen figura la conversación donde el alto mando informa al entonces secretario de Estado de que el periodista valenciano Juan Nieto “es homosexual, bastante promiscuo e interesado en sus relaciones amorosas...”. El coronel cita, con nombre y cargo, a tres miembros del espacio jurídico dando por hecho que con los dos primeros el investigado tiene o ha tenido una relación y que en lo que concierne al tercero, Nieto le “ha tirado los tejos”. En aquel momento, mayo de 2016, el periodista llevaba meses publicando múltiples noticias sobre la denominada Operación Taula, que cercó a la exalcaldesa ya fallecida Rita Barberá y dejó al descubierto una enorme red de blanqueo de cantidades fáciles de camuflar —el llamado pitufeo— y que acababan en el bolsillo de políticos del PP.


Thank you for watching

Los mensajes entre Sánchez Corbí y Martínez, cruzados más allá de las 10 de la noche, comienzan con uno del que se infiere que el jefe de la UCO ha actuado a petición del secretario de Estado: “B. Noches Secretario. Perdón por la hora. Esta es la info obtenida”. En el siguiente whatsapp es donde detalla lo que ha quedado expuesto en el segundo párrafo de este texto. Y añade una coletilla: “Curiosamente el periodista es hijo y nieto de guardia civil”.

La respuesta de Martínez es lacónica pero también reveladora: “Menudo culebrón… Muchas gracias Manolo. Un abrazo”.

Este jueves, infoLibre contactó en primer término con el periodista investigado. En conversación telefónica y tras escuchar estupefacto el diálogo completo entre Francisco Martínez y el coronel Sánchez Corbí, Juan Nieto reaccionó así: "No tenía el menor conocimiento de que el máximo responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hubiera dedicado a investigar mi vida privada para informar al número 2 del ministro Jorge Fernández Díaz. Me parece increíble".

El coronel Corbí, con quien también contactó este medio, rehusó cualquier pronunciamiento. Sí habló el antiguo número 2 de Jorge Fernández Díaz. Es decir, Francisco Martínez. En una primera respuesta, aseguró que  “nunca” ha tenido “ningún interés en la vida sexual de nadie". Sobre el porqué de aquella requisa de datos acerca del comportamiento sexual del periodista, ofreció la siguiente respuesta: "La información que me transmite el coronel Manuel Sánchez Corbí podía estar en el marco de algo que estuviera investigando la UCO. No lo recuerdo ni lo puedo recordar. Lo que me contó formaría parte de algún tipo de expediente de investigación".

Al replicar este periódico que no consta que el periodista Juan Nieto se haya visto envuelto en ningún caso judicial, Martínez dio la siguiente contestación: "No lo sé yo, lo va a saber usted".

"Revelación de secretos" en el caso que cercó a Rita Barberá
Una hora más tarde, y tras haber “consultado” el asunto, el ex secretario de Estado hizo llegar al periódico un nuevo mensaje que se reproduce de forma literal:

“En esa fecha se estaba publicando información de una operación de la UCO que se encontraba bajo secreto de sumario —Taula— y se realizó una investigación por parte de la misma unidad instructora para conocer el origen de las fugas de información y del quebrantamiento del secreto de sumario. En el marco de dicha investigación se preguntó por las relaciones con el mundo judicial y fiscal y con la propia Guardia Civil de los profesionales que publicaban la información bajo secreto, como investigación de un posible delito de revelación de secretos".

“La investigación del posible delito de revelación de secretos —prosigue Martínez— formaba parte de la actuación de la unidad de la Guardia Civil competente y estaba amparada, como todas las actuaciones de policía judicial, por el mismo secreto de sumario. La comunicación entre el Jefe de la UCO y el Secretario de Estado de Seguridad estaba cubierta por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 que otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.

Hasta ahora, nada había trascendido sobre una investigación como la referida por Martínez y de la que infoLibre no ha podido aún obtener datos.

Al igual que para Fernández Díaz, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Francisco Martínez por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad en el caso Kitchen, una operación policial de inteligencia supuestamente urdida de forma ilegal por altos cargos del PP. Financiada con fondos públicos, el objetivo era hacerse con la información que Luis Bárcenas tenía tanto sobre las cuentas secretas del partido como de otros manejos en el caso Gürtel. Y una vez obtenida, borrarla del mapa.

De menor calado que Gürtel y su vertiente sobre la caja B pero embutida en un mapa de continuos episodios de corrupción, en la Operación Taula llegó a haber 50 imputados. No se registró ni una dimisión. Y al final, en una actuación profética respecto a lo que ocurriría más tarde en Madrid con el caso Púnica, la Audiencia valenciana archivó las actuaciones para 39 de los 50 investigados. El auto que desinfló el caso subrayaba que “no se sabe de dónde viene el dinero”.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2344 en: 05 de Marzo de 2023, 08:32:53 am »
Ya no se salva ni la Guardia Civil. . . que país nos están dejando determinados políticos. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2345 en: 12 de Marzo de 2023, 08:05:02 am »
PREOCUPACIÓN POR EL "DESCRÉDITO"
Las sospechas de corrupción entre mandos de la Guardia Civil activan la alerta en Interior


El caso Mediador y el presunto fraude millonario en las reformas de los cuarteles salpican a cinco uniformados de las altas esferas del Cuerpo. El Ministerio se ha cobrado ya un cese por dañar la imagen de la institución

Por Alejandro Requeijo
12/03/2023 - 05:00
EC EXCLUSIVO

El Ministerio del Interior ha visto cómo en las últimas semanas se han solapado los casos de corrupción que salpican a altos mandos de la Guardia Civil. El escándalo de las actividades del diputado del PSOE Tito Berni, que implican a un general de División del Instituto Armado, se solapan estos días en los medios con el llamado caso Cuarteles. Se investiga a varios mandos del cuerpo en una causa que pone bajo sospecha las obras de reforma en decenas de instalaciones del Instituto Armado en toda España. Las pesquisas ya han llevado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a mover ficha con el cese fulminante del jefe de la Comandancia de Tenerife, a pesar de no estar formalmente investigado en los tribunales.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2346 en: 12 de Marzo de 2023, 14:22:26 pm »
Es que no es normal todo los que está ahora saliendo. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2347 en: 12 de Marzo de 2023, 18:38:56 pm »
Ya no se salva ni la Guardia Civil. . . que país nos están dejando determinados políticos. . .

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"Muchas gracias Anolo, un abrazo".

Y luego alguno cree que se puede llegar a la cúpula sin padrino.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2348 en: 13 de Marzo de 2023, 06:20:16 am »
Ya no se salva ni la Guardia Civil. . . que país nos están dejando determinados políticos. . .

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El escándalo de los cuarteles salpica a la mujer del general Jarava: la Guardia Civil rastrea sus firmas


Asuntos Internos solicitó al juzgado que investiga el presunto pufo en las obras de acuartelamientos que investigara los datos fiscales de la mujer del general Vázquez Jarava y de dos empresas que administra
El escándalo de los cuarteles salpica a la mujer del general Jarava: la Guardia Civil rastrea sus firmas Casa Cuartel en Santa Cruz de La Palma, durante unas labores de desinfección ajenas a las reformas encomendadas al empresario

GEMA HUESCA
BORJA MÉNDEZ
GONZALO ARALUCE
PUBLICADO 13/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 13/03/2023 04:50

El escándalo por el presunto amaño en las obras de acuartelamientos de la Guardia Civil apunta al entorno más cercano del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La unidad policial que destapó un presunto pufo en más de una decena de contratos puso el foco dos empresas que están a nombre de la mujer de este mando de la Guardia Civil.

Así lo confirman a Vozpópuli fuentes de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. En concreto, Asuntos Internos de la Guardia Civil solicitó a la juez instructora que reclamase a la Agencia Tributaria datos de María Dolores Sierra, mujer del mando imputado. Así, y según las mismas fuentes, el foco se puso en dos firmas concretas: Vázquez Sierra 2015 S.L y Sierra Martín Portugués.

Según ha podido constatar este medio, la mujer del general Vázquez Jarava figura como administradora única de las dos firmas, las cuáles tienen el domicilio social inscrito en la misma dirección: Gran Vía de Madrid, número 57. El objeto social de ambas es la compraventa de toda clase de bienes inmuebles y la parcelación y urbanización de terrenos.

Dos empresas en Gran Vía
La petición de la Guardia Civil se ciñe exclusivamente a los meses de enero y diciembre de 2015. Aunque esta no fue la única diligencia que solicitaron los agentes. También propusieron requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitasen información de la vida laboral del teniente general y de su esposa, la cual no está imputada por estos hechos.

Esta investigación penal aterrizó en Madrid en 2021 proveniente de Ávila, pero ha saltado a la palestra a tenor del caso Mediador que se investiga en Canarias. Ambos procedimientos tienen un nexo de unión; el empresario Ángel Ramón Tejera de León. Conocido como 'Mon', este inversor está imputado en las diligencias de los cuarteles por haberse beneficiado de decenas de contratos de obras de remodelación y pintura en 13 acuartelamientos de la Guardia Civil. Los investigadores apuntan a un pufo millonario con estos contratos menores que, en algunos casos, no llegaron ni a ejecutarse.

Su aparición en el sumario del 'tito Berni' ha impulsado el avance de en paralelo de esta investigación que tiene ramificaciones en otros puntos de España. Para entender el origen del escándalo hay que remontarse a 2019. Un anónimo advirtió a Asuntos Internos de la Guardia Civil de posibles irregularidades con este contrato y la unidad abrió unas diligencias que acabaron en los juzgados de Ávila por presunto delito de malversación.

Contratos troceados
Durante la causa se imputó a este empresario canario, además de su colaborador Salvador Gutiérrez Espinosa. También se interrogó al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien deslizó que se actuó por orden del teniente general Vázquez Jarava. Ello propició el envío de la causa a Madrid, ya que en el momento de los hechos Jarava estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en la capital.

Cuando aterrizó en los juzgados de Madrid, Asuntos Internos abrió una nueva vía de investigación que reveló que en 13 comandancias de la Guardia Civil se habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización, abultando el monto de estos contratos públicos por importe superior a los 3 millones de euros. En algunos casos, los trabajos se dejaron a mitad y en otros ni se empezaron.

Sin embargo, había un denominador común en casi todas y es el hecho de que se adjudicaron a Tejera de León. Por eso, Asuntos Internos reclamó información fiscal de cuatro de sus empresas: Canarycorck S.L, Impermercorck S.L, Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L. Y en paralelo, se centró también en indagar mercantiles vinculadas al general Vázquez Jarava. Algunas de estas adjudicaciones se trocearon para que no superaran el límite de 40.000 euros y pasaran como contratos menores. Al resolverse como expedientes administrativos evitaban un mayor control de la Administración.

Patrimonio hará el peritaje
En algunos casos, incluso se firmaron varios de estos contratos para reformar cuarteles en un mismo día. Así, consta por ejemplo que la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras adjudicó a un de las empresas de 'Mon' la reparación y el aislamiento de dos bloques de Tarifa por 25.000 euros cada uno. Hasta la fecha se han detectado adjudicaciones en Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Toledo, Valladolid y Tenerife.

En relación con este último, se detectaron reformas de los acuartelamientos de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma. Precisamente, desde el Ministerio del Interior ya se han tomado las primeras medidas. Esta pasada semana el ministro Fernando Grande-Marlaska cesaba al jefe de la Comandancia de Tenerife, José María Tienda, por el presunto pufo de los cuarteles. Se da la circunstancia de que su nombre sale, además, en el sumario del caso Mediador.

El general de la Guardia Civil Espinosa Navas, imputado en el caso Mediador
Con todo, la cifra de mandos salpicados por este escándalo asciende a cinco. Al nombre de Vázquez Jarava, Carlos Alonso Rodríguez y José María Tienda se suman dos más: por un lado, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (imputado en el caso Mediador y cercano a 'Mon') y por otro un teniente coronel del Ejército destinado en el cuartel de Valencia, que ejercía las funciones de interventor. Este último mando está imputado en una causa que se sigue en Valencia por estos mismos hechos, de manera que hasta el momento hay tres procedimientos abiertos por el presunto amaño de obras.

Con todo, el foco se ciñe ahora mismo en la investigación del juzgado de Madrid, ya que está pendiente de peritar todas las obras detectadas por la Guardia Civil. Tal y como informó este medio, será Patrimonio del Estado el que se encargue de este asunto después de que el Ministerio del Interior declinara peritarlo por el volumen de obras a estudiar.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2349 en: 13 de Marzo de 2023, 08:37:03 am »

   El general ligado a la fundación de Sánchez, empadronado en un piso de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil


El general ligado a la fundación de Sánchez, empadronado en un piso de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil
El general está vinculado a cuatro inmuebles, tres en Madrid y uno en Punta Umbría.
Carlos Cuesta 13/3/2023 - 06:55

El general está vinculado a cuatro inmuebles, tres en Madrid y uno en Punta Umbría.El 'mediador' Antonio Navarro y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. | LD.
Una de las ramas de la investigación del caso Mediador o Tito Berni se ha centrado en el general Espinosa por su evidente importancia en el acceso a las fuentes de financiación de la presunta trama corrupta. El general estaba vinculado a la Fundación Internacional Iberoamericana –dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez– durante su tiempo de destino en el Sahel. Gracias a ello ofreció proyectos de hasta 35 millones de euros centrados en la inversión en paneles solares en países como Mozambique o Cabo Verde. Él anunciaba que su comisión se elevaba al 10%, según las conversaciones intervenidas por la policía judicial. Y en el chequeo de bienes realizado bajo orden judicial, se ha descubierto que el general figura empadronado en Madrid en un piso de la Asociación Pro huérfanos de la Guardia Civil.



'Tito Berni': el general ligado a la fundación de Sánchez vendía un proyecto solar de 35 millones en Mozambique y Cabo Verde
Carlos Cuesta
El Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado un chequeo masivo de los bienes del general inmerso en la trama del Tito Berni en distintos países de Europa y África. También ha reclamado la misma investigación de los bienes de su familia –mujer y dos hijos–. Lo ha hecho ante la sospecha de que contratos firmados y pagados por la Fundación Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez –en cuyo patronato se encuentran Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y 14 secretarios de Estado– hubieran tenido una mediación del mencionado general y se saldaran con una comisión para él. El Juzgado ha confirmado ya que el general alias 'Papá' entre los miembros de la trama ofrecía un proyecto de placas solares de 35 millones en Mozambique y Cabo Verde del que pretendía quedarse una comisión del 10%, según las grabaciones y conversaciones intervenidas judicialmente. Y lo hacía aprovechando su destino al Sahel en aquella etapa.

Dentro de esa investigación, el Juzgado ha confirmado ya algunos de los bienes usados o propiedad del general ya retirado. "General de División de la Guardia Civil Francisco ESPINOSA NAVAS", señala el informe remitido por la policía judicial al Juzgado. Allí se incluye que "figura domiciliado" en una buena calle de Madrid cercana a Guzman el Bueno, "constituyendo este inmueble una vivienda oficial de la Dirección General del Cuerpo". Pero, "además del domicilio reseñado, el general se encuentre vinculado a los siguientes inmuebles": El primero de ellos igualmente se encuentra en una buena zona de Madrid cercana a Príncipe de Vergara "donde figura empadronado. Se trataría de un inmueble propiedad de la Asociación Pro huérfanos de la Guardia Civil", destaca el informe.

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Otros dos inmuebles figuran en el listado: otro más en una muy buena calle madrileña, "según consta en al base de datos de la Dirección General de Tráfico". Y el último en "Punta Umbría (Huelva)". "Los dos últimos inmuebles consignados son propiedad de Espinosa Navas, junto a su esposa", señala el informe.

Una trama a gran escala
Lo cierto es que la relación del general Espinosa con la Fundación Internacional Iberoamericana –dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez– se confirma día a día como clave en la investigación de caso Tito Berni o caso Mediador. La Justicia investiga ya, por ejemplo, cuatro contratos que suman más de dos millones de euros, principalmente centrados en drones y avituallamiento. Fueron pagados por la fundación en cuestión y los investigadores sospechan que el general pudo cobrar comisiones por su tramitación. El Juzgado teme que se tratase de una trama a gran escala. Y es que ya sabe que el general llegó a ofrecer un gran proyecto de inversión en energía solar en Mozambique y Cabo Verde.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Tenerife ha encontrado pruebas de los planes de expansión del negocio presuntamente corrupto de la trama del Tito Berni: pasaban por ampliar el esquema ya empleado con fondos en el Sahel concretamente en los países del área del Cuerno de África, donde se encuentran Somalia, Kenia, Etiopía, Sudán, Yibuti, Eritrea o Uganda. Quien lo ofrecía era el general Espinosa, el mismo que, según la investigación, pudo mediar para conseguir otros contratos en el Sahel de la Fundación Internacional Iberoamericana perteneciente al Gobierno.

Las conversaciones interceptadas en la investigación del caso han confirmado "una grabación en su teléfono móvil" donde el general "prometió la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros y de lo que se llevaría el general un10% por gastos de representación". Pese al ofrecimiento, el empresario no aceptó el proyecto en cuestión porque "se asustó por la peligrosidad en África y finalmente esto no llegó a puerto", tal y como describen los documentos en poder judicial.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2350 en: 13 de Marzo de 2023, 09:41:11 am »
Un sin vivir....



El Corte Inglés y once empresas, imputadas en una trama de amaños de la Guardia Civil


Se investiga si las mercantiles obtuvieron ventajas en adjudicaciones de los uniformes y mascarillas
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Mon, el empresario bajo sospecha por obras en cuarteles de media España
 antidroga de la Guardia Civil JUAN JOSÉ ÚBEDA
ADRIANA CABEZAS

Madrid


11/03/2023
Actualizado a las 16:40h.



El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a la empresa El Corte Inglés en el marco de la operación Grapa, que analiza presuntos amaños de contratos dentro de la Guardia Civil. Su representante legal deberá comparecer en el juzgado el próximo 10 de abril, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC. La compañía incide en que no es la única persona jurídica que tendrá que dar explicaciones ante la magistrada.


Los investigadores sospechan que la empresa, en connivencia con mandos vinculados al servicio de contratación del Instituto Armado, habría obtenido información privilegiada de adjudicaciones de suministros de prendas y uniformes a cambio de dádivas que, en este caso, tendrían forma de tarjetas regalo de El Corte Inglés.


En la causa ya figuran como investigados el coronel Juan Antonio Maroto Gil y el teniente coronel Alberto José Martín Altube junto a otros cuatro mandos ya apartados de sus funciones en el Instituto Armado. Constan asimismo una decena de empresas contratistas y empleados de las mismas que también se habrían beneficiado del sistema. Entre ellos dos exdirectivos de El Corte Inglés, Fernando Fernández y Eduardo Vélez, entonces director comercial del Área de Suministros y responsable de Uniformidad de la división de empresas de la compañía, respectivamente. Ahora, la juez Ana María Iguacel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, da un paso más en la causa para que las propias mercantiles den sus explicaciones.

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Según se desprende de un informe del Servicio de Asuntos Internos incorporado al sumario, «en el particular de El Corte Inglés la aparente obtención previa de información privilegiada, la participación en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) o incluso su plena confección, ha sido un clásico durante la investigación». Destacan como ejemplo el expediente A/0030/A/18/2 por valor de 7.494.850 euros -sin impuestos-, para el que el teniente coronel Altube habría mediado en favor de El Corte Inglés en febrero de 2018 a fin de «proporcionarle, con casi tres meses de antelación a la publicación del anuncio previo, los PPT del concurso público». El Corte Inglés después «resultaría adjudicataria de uno de sus lotes por valor de 5.540.000 euros», destacan.


Los investigadores apuntan a que la firma habría obtenido información privilegiada en un contrato de más de cinco millones

Desde la compañía insisten en que los dos directivos investigados en la causa fueron apartados tan pronto se supo de su posible implicación. «Al tiempo de los hechos, El Corte Inglés contaba ya con un sistema de prevención de delitos sólido y eficaz, pese a no ser legalmente exigible en ese momento», subrayan. Explican además que el programa de prevención de delitos de la compañía ha sido actualizado y mejorado de forma periódica desde entonces. Será lo que trasladen a la juez.

Las pesquisas se remontan a febrero de 2019, cuando el juzgado solicitó la intervención de Asuntos Internos de la Guardia Civil -investiga las conductas contrarias a la ética profesional en el personal del Cuerpo- ante la sospecha de posibles amaños de contratos dentro del Instituto Armado, como una derivada de la operación Grapa, que en 2017 afloró otro caso de presunto amaño de contratos en la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico.

En el foco, seis agentes del servicio de abastecimiento de la Guardia Civil que se habrían concertado con empresas para hacerlas adjudicatarias de contratos públicos a cambio de contraprestaciones. Los investigadores señalan que «pactaron condiciones ventajosas» a favor de esas mercantiles «incumpliendo los requisitos formales o vulnerando los principios generales del procedimiento de contratación». «El estudio de los contratos anexados pone de relieve que la posición de superioridad de los funcionarios investigados, proporcionada por el ejercicio de su función pública, habría sido utilizada para imponer de forma arbitraria un injustificado abuso de poder, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y/o los intereses generales de la Administración», expone uno de los informes de la causa a los que tuvo acceso ABC.

A cambio de dádivas
Para Asuntos Internos, el estudio y análisis de los expedientes de contratación «ha permitido poner en evidencia cómo las conductas desarrolladas por las personas vinculadas a la empresa licitadora igualmente obedecían a un proceder estándar, constituido a lo largo de los años».

En ese sentido, destacan las dádivas que los mandos de la Guardia Civil habrían recibido a cambio de las adjudicaciones. «Tal era el caso de El Corte Inglés, cuya forma de contraprestar el favor a los mandos policiales adoptaba el formato de Tarjeta Regalo. Gratificación que tales sujetos podían gastar adquiriendo productos de cualquier tipo disponibles en dichos comercios o bien en la contratación de viajes», exponen en el escrito.

En el registro del domicilio del entonces director comercial del Área de Suministros de El Corte Inglés, Fernando Fernández, los agentes encontraron documentos que reflejaban las tareas que debía seguir Vélez, su subordinado. En uno de ellos consta el mandato de «conocer nuevos concursos» y «conseguir pliegos administrativos técnicos».

Desde El Corte Inglés defienden que su sistema de prevención es sólido y que ya apartaron a los presuntos responsables

Y en casa de Vélez lo que encontraron fueron «once packs de tarjetas de distintos importes» por valor total de casi 12.000 euros. «No solo obtenía información privilegiada relativa a concursos aún por anunciar, sino que obtuvo también de manera anticipada borradores de los pliegos de prescripciones técnicas de las prendas objeto de licitación y posterior suministro e incluso tramitó con los funcionarios los pliegos elaborados por la propia empresa El Corte Inglés», dicen los informes policiales.

Además, hay otras once empresas que están siendo investigadas -desde fabricantes de calzado hasta mascarillas- y podrán igualmente prestar declaración. En los informes se detallan los pactos previos a los que habrían llegado los agentes de la Guardia Civil investigados y los distintos empresarios para «manipular» igualmente los expedientes y adaptar las cláusulas de los concursos. De este modo, y aparentando «visos de legalidad», se acababan adjudicando contratos de manera «arbitraria» sorteando los principios de transparencia e imparcialidad, eludiendo los controles y condicionando el «devenir» del procedimiento de contratación, dice Asuntos Internos, que habla de «múltiples injerencias de forma torticera a favor de los investigados y en detrimento de la Administración».

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2351 en: 13 de Marzo de 2023, 11:26:24 am »
...
Y en casa de Vélez lo que encontraron fueron «once packs de tarjetas de distintos importes» por valor total de casi 12.000 euros. ....

Me reconfortaría que investigasen también a 5.11, under armour, Adidas, LAPG, Merrell, elbeco.... ya que dicen que puede haber "amaños", sería bonito que fueran con estilo.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2352 en: 13 de Marzo de 2023, 15:42:34 pm »
Ésto va a ser un no parar. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2353 en: 14 de Marzo de 2023, 07:49:44 am »
El teniente general Jarava paró un informe que iba a alertar a Fiscalía de delitos en las obras de los cuarteles

Ayer a las 20:03

La Fiscalía pudo tener conocimiento ya en 2017 de supuestas irregularidades en la contratación de obras de reforma y reparación de cuarteles de la Guardia Civil, pero el envío al ministerio público de un informe con datos de ese asunto, emitido por el propio instituto armado, fue parado por el entonces subdirector general jefe del Mando de Apoyo del Cuerpo, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, confirman a El Periódico y El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes próximas a la investigación del caso Cuarteles.

"No es preciso dar traslado a la Fiscalía", dijo Jarava, que hoy es el principal de los cuatro imputados en este caso. Este primer aviso al fiscal terminó archivado en los cajones del Ministerio del Interior de la época.

El 18 de abril de 2017, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín Alonso, recibió un extenso escrito titulado "Borrador de Informe Fiscalía". Habían redactado el dosier agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, después de investigar una primera tanda de información de origen anónimo que llegó a ese servicio en 2016. Ese año es precisamente el periodo en el que la facturación del empresario canario Ángel Ramón Tejera con la Guardia Civil se dispara por trabajos hoy bajo sospecha hasta multiplicarse por tres con respecto a la media de ejercicios anteriores.

Asuntos Internos entregó el informe, por cuadruplicado, al DAO el 18 de abril de 2017. Su contenido versaba sobre el llamativo aumento de contratos concedidos por diversas y dispersas unidades de la Guardia Civil, la mayoría no canarias, a un mismo empresario. Los autores del informe apuntaban ya a posibles delitos en esa sucesión de contratos, pero todavía no era el teniente general Jarava el objetivo de sus pesquisas.

"No lo envíen"
Martín Alonso entregó una de las copias a Jarava, para pedir al Mando de Apoyo su opinión. Al mes siguiente, mayo de 2017, Jarava remitió al DAO un escrito de contestación en el que sostiene: "Por entender que en las actuaciones informadas no existe indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe del Servicio de Asuntos Internos". Según fuentes relacionadas con el caso Cuarteles, Jarava apoyó esa negativa en las respuestas que recabó entre diversos responsables de comandancias y acuartelamientos.

El 27 de diciembre de 2017, el informe quedó definitivamente parado cuando el director general de la Guardia Civil de la época, José Manuel Holgado -hombre de la máxima confianza del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido- dio por escrito orden, mediante resolución, a Asuntos Internos de archivar el asunto y acabar con sus pesquisas. Las fuentes consultadas no conocen precedentes de que un director general dé ese tipo de instrucción a Asuntos Internos. Jarava ya había cesado en sus funciones de subdirector general de la Benemérita, en un pase al retiro que aparecería en el BOE dos semanas después.

Desde el 11 de febrero hasta el 13 de diciembre de 2016, el constructor Mon Tejera había recibido 80 pagos de la Guardia Civil, en firme o bajo la forma de "Anticipo de Caja Fija", prevista en el procedimiento de contratación de obras del Servicio de Acuartelamiento del instituto armado. Los 80 encargos se llevaron a cabo -según Asuntos Internos tras designación del constructor por el propio Jarava- en cuarteles de las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife y otros dependientes de la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuerpo. Ese apelotonamiento de pagos se quedaría sin escudriñar medio año más, hasta que otro anónimo posterior llegó, en mayo de 2018, a Asuntos Internos procedente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La opinión que entonces fue decisiva para detener las investigaciones era la de un general mimado por el anterior ministro, Jorge Fernández Díaz. El 28 de abril de 2012, Jarava -ascendido a general de Brigada en junio de 2008, en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior- había sido ascendido por Fernández Díaz y su colega en Defensa, Pedro Morenés, a general de División.

El 14 de diciembre de 2012, el mismo tándem de ministros lo había ascendido a teniente general... en menos de ocho meses. Era una velocidad inédita hasta entonces en un cuerpo en el que, por ser únicamente cinco las plazas, un general de División puede esperar años para alcanzar las tres estrellas de teniente general.

En un informe elevado al juez de instrucción 2 de Ávila el 24 de enero de 2020, los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil dicen que en 2016 "se produce un incremento exponencial de los importes facturados". Para entonces, el instituto armado, ya bajo la dirección de Félix Azón, había llevado a Jarava ante los tribunales por la presunta comisión de cinco delitos: cohecho, malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental y tráfico de influencias.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2354 en: 15 de Marzo de 2023, 07:48:02 am »
Golpe de efecto en el caso cuarteles: un teniente coronel pide ahora declarar ante la juez


Carlos Alonso, el exjefe de la Comandancia de Ávila, rompe su silencio tras destaparse la existencia de esta causa y pide comparecer para desligarse de los presuntos amaños en las obras de los acuartelamientos


GEMA HUESCA

BORJA MÉNDEZ

GONZALO ARALUCE
 

PUBLICADO 15/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 15/03/2023 04:50
Primer movimiento clave en la causa de las obras de cuarteles de la Guardia Civil. El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, imputado por este asunto, ha trasladado a la juez María Isabel Durántez que quiere declarar. El mando pide comparecer de manera voluntaria a tenor del revuelo mediático generado con el estallido del caso cuarteles. Su objetivo es desligarse de cualquier irregularidad.

El empresario salpicado por 'tito Berni' trabajó para varios consistorios en plena investigación
Así lo plasma en un escrito que avanza Vozpópuli y en el que el teniente coronel adelanta que quiere ser interrogado para aclarar "su falta de conocimiento y participación en los hechos denunciados". No obstante, el que fuera jefe de la Comandancia de Ávila quiere que esta diligencia sea secreta y ya avisa de antemano que tendrían que frenarse las filtraciones de esta causa de corrupción.

A falta de que la juez responda a su petición, se trata de la primera diligencia de calado en meses. El procedimiento lleva desde verano del año pasado en punto muerto a la espera de que se periten las obras de los cuarteles señaladas por Asuntos Internos de la Guardia Civil. No obstante, pese al tiempo que lleva investigándose, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido públicamente debido a su vínculo indirecto con la trama del 'tito Berni'.

Tirar de la manta
"Con objeto de centrar la posición de mi defendido y aclarar algunos aspectos de su cargo, venimos a interesar se vuelva a recibir declaración a mi representado Carlos Alonso Rodríguez ante este juzgado, con traslado al resto de partes personadas, con los apercibimientos oportunos a fin de evitar filtraciones, que dañan injustamente la imagen de mi defendido, que tiene a bien merecer después de todos sus años de servicio profesional", recoge el escrito.

Con objeto de aclarar la falta de conocimiento y participación venimos a interesar que se vuelva a recibir declaración, con los apercibimientos de evitar filtraciones que dañan injustamente su imagen
Abogada del teniente coronel
El teniente coronel fue imputado en el marco de la causa que se abrió en los juzgados de Ávila en 2019. Las diligencias arrancaron a tenor de un informe de Asuntos Internos que denunció supuestas irregularidades en las obras de cuarteles de la Guardia Civil. Una denuncia anónima dio pie a una investigación que destapó que estos contratos se fraccionaron para que fueran menores y se concedieron a Ángel Ramón Tejera de León. Se trata de uno de los empresarios que aparece salpicado en la causa del 'tito Berni'.

Las primeras diligencias propiciaron la imputación de este empresario, de un ayudante suyo y la de Carlos Alonso, en el momento de los hechos jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. En su primer interrogatorio, el teniente coronel se desligó de cualquier irregularidad. Según dijo, él no tenía responsabilidad alguna en la adjudicación de estos contratos analizados por Asuntos Internos.

Órdenes de Madrid
En concreto expuso que se contrató con las empresas de Mon (especialmente con Angrasurcor S.L) por orden directa del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La irrupción de este otro mando en la causa propició la inhibición del juzgado a favor de Madrid, ya que Vázquez Jarava trabajaba en el momento de los hechos en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en la capital.

Tras este giro en la causa, Asuntos Internos de la Guardia Civil inició una nueva línea de investigación que destapó irregularidades en contratos de trece comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, LA Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid). Según el informe, éstos se adjudicaron a las empresas de Mon y se abultó la facturación hasta el punto de que los contratos superaban los 3,3 millones de euros.

Precisamente, se está pendiente de realizar un peritaje de todas estas obras del cual se encargará Patrimonio del Estado, tal y como informó este medio. No obstante, ya se hizo una evaluación previa cuando el procedimiento se seguía en Ávila. El peritaje elaborado en 2019 advirtió de que los trabajos de pintura y de impermeabilización en muchos acuartelamientos no se realizaron en su totalidad y en otros directamente ni siquiera se comenzaron.

Se trata de presuntas irregularidades a las que también se ha referido Asuntos Internos de la Guardia Civil, los cuáles ya resaltaron además lo inusual de que las obras en acuartelamientos de Ávila se encargaran a este empresario canario ya que el proceder normal es que lo hagan empresas locales.

Archivo fallido
Con todo, la causa llevaba meses parada a la espera de que se impulse el peritaje que rechazó realizar el Ministerio del Interior, de manera que la declaración del teniente general se perfila como la primera gran diligencia de calado desde que comenzaran las primeras publicaciones sobre este caso de corrupción.

En el marco del mismo, Asuntos Internos ha rastreado los movimientos fiscales tanto de Tejera de León como del general Jarava. En el caso del primero de ellos la Guardia Civil puso el foco en cuatro empresas ( Canarycorck S.L, Impermercorck S.L, Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L.) y solicitó que se investigasen sus fondos a tenor de todos los contratos públicos que se adjudicó.

Los indicios que obran en la causa llevaron a la Audiencia de Madrid a desestimar la petición de archivo. El teniente coronel que ahora pide declarar solicitó el carpetazo alegando que la pericial era "superficial" y que de la investigación patrimonial realizada no se evidenció enriquecimiento ilícito alguno. La respuesta de la Audiencia fue negativa. Alegó que queda por practicar una pericial de "particular relevancia" y que hay indicios que requieren seguir investigando, como el hecho de que el propio empresario beneficiado admitiera que las facturas estaban abultadas.

Contratos menores
Muchas de estas adjudicaciones coincidían en la cifra, ya que la mayoría de casos no superaba los 40.000 euros. Las adjudicaciones consultadas por este medio se enmarcan dentro de la categoría de "contratos menores" que, al no superar esta cifra, se resolvían mediante expediente administrativo y conseguían eludir controles más estrictos de la Administración.

La mayoría iban de julio de 2016 hasta febrero de 2020. En algunos casos incluso se suscribieron varios acuerdos en un mismo día. Así ocurrió, por ejemplo en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que adjudicó a la empresa de 'Mon' la “reparación y aislamiento” del “bloque 3” y del “bloque 4” de Tarifa y también el “Pintado Exterior Bloques Acuartelamiento San Roque.

Pero el empresario señalado en el caso del 'tito Berni' no solo logró contratos para obras de cuarteles. Tal y como ha desvelado este medio, también se benefició de adjudicaciones de cuatro ayuntamientos de Canarias. Los municipios de La Villa de Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Barlovento y Puntallana beneficiaron con media docena de contratos públicos para diversas reformas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2355 en: 17 de Marzo de 2023, 07:38:00 am »
La directora de la Guardia Civil insiste en investigar el ’caso cuarteles’: ’’Que pague quien no lo haya hecho bien’’


Historia de Lucía Panadero • Ayer a las 13:27

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha subrayado este jueves el ’’interés máximo’’ de este cuerpo para que ’’se desvele’’ todo lo relativo al denominado ’caso cuarteles’, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en al menos 13 comandancias de la Benemérita.

’’Que pague quien no lo haya hecho bien, esta es nuestra prioridad’’, ha apostillado a preguntas de la prensa, añadiendo que lo que no quiere es que ’’algunos garbanzos negros enturbien el nombre de la Guardia Civil’’.

’’Lo principal es que la Guardia Civil es la primera interesada de que se destape cualquier tipo de ilegalidad o irregularidad’’, ha dicho al ser preguntada por la prensa sobre las declaraciones que realizaron mandos de la Guardia Civil en las que apuntaban a la intervención directa del que entonces era su superior, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, jubilado desde 2018 e imputado en el ’caso cuarteles’.

’’Desde la propia organización y Asuntos Internos somos los que estamos poniendo en manos de la justicia para que se aclare este asunto y pague el que tenga que pagar’’, ha dicho Gámez en la presentación del proyecto de obras de mejora del cuartel de Benaoján (Málaga).

La directora ha añadido que, según estas informaciones, se está viendo que había un general ’’que es el que ha podido inducir a otros para estas contrataciones’’. ’’Está en manos de la justicia, la instrucción es la que podrá desvelar esto cómo ha sido’’, ha manifestado.

Gámez ha subrayado que la Guardia Civil ’’está llena de personas honorables y honradas que hacen su trabajo de forma denodada, con entrega absoluta y profesionalidad’’.

’’No quiero que algunos garbanzos negros enturbien el nombre de la Guardia Civil porque no se lo merece y porque estamos nosotros mismos trabajando para que sea ejemplar la conducta en todo caso y en todo lugar de la Guardia Civil’’, ha terciado.

En el denominado ’caso cuarteles’ se investiga las obras en 13 comandancias que, presuntamente con la mediación de Vázquez Jarava, fueron adjudicadas al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, ’Mon’. Este constructor también sale mencionado en el ’caso Mediador’, que investiga en Tenerife presuntas mordidas al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ’Tito Berni’, y otro general jubilado, Francisco Espinosa.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2356 en: 17 de Marzo de 2023, 16:27:53 pm »


Un teniente de la Guardia Civil de Oliva, detenido por sus compañeros por contrabando de tabaco


Se le acusa de formar parte de una organización criminal que comerciaba a gran escala desde esta localidad de Valencia; hay otros veinte detenidos, la mayoría búlgaros.
16 marzo, 2023 20:56
Redacción | Agencias  Emilio Martínez
El teniente de la Guardia Civil y máximo responsable del puesto de Oliva, localidad perteneciente a la provincia de Valencia, ha sido detenido en el marco de una operación contra el contrabando de tabaco a gran escala que se ha saldado con otros veinte detenidos, la mayoría de nacionalidad búlgara.

La operación, según han confirmado a EFE fuentes del cuerpo, ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes de la Comandancia de Valencia y de la Unidad Central Operativa, es decir, por sus propios compañeros.

Los investigadores sospechan que el teniente detenido formaba parte de una organización criminal dedicada a la producción ilegal de tabaco que operaba desde un polígono de esta localidad costera valenciana.

[Juzgan a dos jefes de la Guardia Civil de Torrevieja por hacer la vista gorda en 'pubs' a cambio de copas]

El diario Levante-EMV ha informado de que en la operación se han incautado más de 770.000 cajetillas y unas 12 toneladas de hoja de tabaco, con un valor aproximado de cinco millones de euros.

Acoso a agente
Por otro lado, y precisamente en el cuartel de Oliva, se ha sabido también este jueves que la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha activado el protocolo de acoso laboral ante la denuncia efectuada por una agente del puesto de Oliva, que asegura llevar años siendo víctima de hostigamiento de forma personal y profesional y estar en tratamiento psicológico debido a estos hechos. El teniente de la Guardia Civil de esta localidad detenido por contrabando es el denunciado por acoso.

Según han denunciado fuentes cercanas a la afectada y han confirmado a EFE desde la Comandancia, este protocolo se activó en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos denunciados y se está a la espera de una investigación interna para la posible adopción de otro tipo de medidas disciplinarias. 

Un compañero de la afectada asegura haber remitido un escrito a la directora general de la Guardia Civil en el que detalla los cargos de dos superiores, supuestos responsables del acoso.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de noviembre el Tribunal Militar Central confirmó el cese por tres meses de dos guardias civiles destinados en el puesto de Gandia-Oliva (Valencia) como responsables de una falta muy grave de acoso a una compañera.

Este cese se produjo por unos hechos ocurridos en abril de 2021, cuando la agente patrullaba en horario nocturno con los dos procesados y fue objeto -según la sentencia- de varias expresiones vejatorias. Las fuentes de la Comandancia de Valencia consultadas por EFE no han concretado si ambos casos guardan alguna relación.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2357 en: 17 de Marzo de 2023, 16:41:48 pm »
Se está saliendo últimamente la Guardia Civil. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2358 en: 21 de Marzo de 2023, 13:55:46 pm »

El jefe del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, detenido por la UCO en una operación antidroga



Hay más arrestados y el subteniente fue puesto en libertad la pasada semana
Lleva al menos tres años al frente del cuartel toledano y tiene a su cargo cerca de una treintena de agentes
La Guardia Civil, en 'shock' por los casos de corrupción en sus filas
Puesto de la Guardia Civil en Ocaña
Puesto de la Guardia Civil en Ocaña GOOGLE MAPS
MANUEL MORENO Y CRUZ MORCILLO

20/03/2023
Actualizado 21/03/2023 a las 10:49h.


«Esto se veía venir», dicen entre los agentes que están a las órdenes del comandante del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, un subteniente que lleva al menos tres años en ese destino. Este mando fue detenido y posteriormente puesto en libertad la pasada semana, según confirmaron a ABC fuentes oficiales de la Comandancia de Toledo este lunes, aunque aseguraron desconocer los motivos de su arresto. «No se dan más detalles por tratarse de una operación reservada de unidades de investigación de la Guardia Civil ajenas a esta comandancia», añadieron.


Los agentes que lo detuvieron eran de la Unidad Central Operativa (UCO) llegados desde Madrid, concretamente investigadores de estupefacientes, aunque los instructores son los de blanqueo de capitales. «Cuando hay involucrado un jefe de unidad, tienen que venir compañeros de otras unidades especiales... Y, si la UCO interviene, debe ser algo gordo», explicaron otras fuentes sobre una operación por tráfico de drogas en la que hay más detenidos, si bien no precisaron el número.


El domicilio de este mando de Ocaña fue registrado y los investigadores encontraron supuestamente droga y utensilios que se emplean para el tráfico, según otras fuentes. «Iba a lugares en los que no debe de estar un guardia civil y tiene una relación con la responsable de un club de la comarca», relataron.

Este subteniente veterano tiene a su cargo cerca de una treintena de agentes en un cuartel abierto las 24 horas porque cuenta con calabozos. «Como jefe, muy bueno y trabajador», manifestaron otras fuentes de ABC, que desconocían si continuaba al frente del puesto, uno de los veinte que dependen de la Compañía de Ocaña, mandada por un capitán.


«Cuando pasa algo de esto, o te das de baja o te suspenden provisionalmente a la espera de juicio», dijo un agente, que se enteró de la detención de su superior esta mañana, aunque se habría llevado a cabo el pasado martes.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2359 en: 21 de Marzo de 2023, 16:52:14 pm »
Lo de la Guardia Civil es un no parar últimamente. . .

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