Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 332082 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2420 en: 06 de Diciembre de 2023, 09:32:17 am »

Los jefes de Policía Local reclaman acceso a las bases de datos de delincuentes


Advierten del riesgo para los agentes | Aunque la mayoría de unidades en Galicia ha firmado un convenio con Interior, no se facilita la información
R. Prieto
A Coruña | 25·11·23 | 06:01

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Mejorar la coordinación para combatir la delincuencia. Con este objetivo, la Jefatura Superior de Policía de Galicia convocó por primera vez el pasado febrero a todos los jefes de Policía Local de la comunidad donde hay comisaría del 091 para diseñar líneas de actuación conjuntas, ajustar los planes operativos a las plantillas y garantizar la seguridad en la calle. Esta semana se celebró el segundo de los encuentros, en el que se analizaron los resultados de la estrategia de coordinación y se marcaron los objetivos de cara al primer semestre del próximo año. Sobre la mesa, los máximos responsables de la Policía Local en Galicia pusieron un problema al que la práctica totalidad se enfrentan a diario y que dificulta la detención de delincuentes: la imposibilidad de acceder a las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo a las de personas que tienen reclamaciones judiciales pendientes –incluye a aquellas que tienen decretada la busca y captura o busca y presentación por los juzgados– y también a las que tienen antecedentes. Esta información permite a las Salas de Operaciones Policiales informar a una patrulla que identifica a una persona si tiene antecedentes policiales y judiciales, siendo de gran importancia de cara a la autoprotección de los propios agentes y de los ciudadanos, ya que, apuntan fuentes policiales, permite saber se si trata de una persona peligrosa o con antecedentes de delitos violentos.

Aunque la mayoría de las Policías Locales en Galicia han firmado el convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad, no tienen activado el acceso a esas bases de datos.


Esta demanda fue manifestada en la reunión celebrada este jueves en el Pazo se Mariñán. Asistieron los mandos y responsables operativos de Policía Nacional y de los distintos cuerpos municipales de Vigo, Redondela, Vilagarcía, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol, Narón, Monforte de Lemos, Marín y Viveiro. En el encuentro, se revisaron los objetivos marcados en la reunión de febrero. Además, se analizaron las modalidades delictivas y se revisaron las áreas de cooperación mutua para marcar las líneas de actuación para el primer semestre de 2024. “Siempre con la premisa de mejorar la coordinación y las posibilidades operativas al objeto de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, destacan desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia, con Ramón Gómez Nieto al frente.

Aunque los datos de delincuencia en Galicia apuntan a una mejora respecto al año pasado, con una caída global en las ciudades y principales localidades, los mandos del 091 y la Policía Local están en alerta por la tendencia al alza de robos y hurtos.

Una vez más se hizo mención a la escasez de personal. Por ello, acordaron reiterar tanto a la Delegación del Gobierno en Galicia como a sus ayuntamientos la “perentoria necesidad” de incrementar las plantillas de ambos cuerpos policiales.

Ante el buen resultado de la coordinación, colaboración y cooperación entre Policía Nacional y las Policías Locales, ambas unidades seguirán con reuniones periódicas de las Juntas Locales de Seguridad y de las Comisiones de Cooperación Operativa Policial.

De cara a las Navidades, con España ahora en nivel 4 de alerta antiterrorista (sobre 5 de amenaza), recordaron la necesidad de incidir en la protección de lugares y actos con asistencia masiva.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2421 en: 14 de Diciembre de 2023, 10:04:21 am »
Cuando un gitano fue jefe de los Mossos

El mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, pronunció ayer una conferencia en la que defendió trabajar más en los valores de los policías y en la captación de diversidad
MAYKA NAVARRO

BARCELONA

13/12/2023 00:05 Actualizado a 13/12/2023 08:12

Los Mossos d’Esquadra tuvieron en los días del president Lluís Companys un jefe gitano. Se llamaba Felix Gavari Hortet, de padre aragonés y madre catalana, y murió el 18 de febrero de 1953 en la enfermería de la cárcel Modelo, donde cumplía una condena de 20 años por crear junto a un grupo de militares la asociación de las fuerzas armadas de la República.

Con esta referencia histórica injustamente desconocida finalizó su conferencia ayer el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. El policía fue invitado a dar una ponencia en el ciclo “Diálogos por la interculturalidad”, organizado por el Secretariado Gitano y la Fundación La Caixa, en el Palau Macaya.


Trapero aceptó el nada fácil reto de hablar de “policía democrática y diversidad” a un público demasiado acostumbrado a ser señalado como “diferente”. Ya advirtió el mayor que, como desde que fue cesado habla poco, se había preparado con esmero la charla y que breve no sería. Y no lo fue.

A día de hoy, solo uno de cada 137 mossos es extranjero no europeo, y solo hay cuatro del África negra
Admitió estar nervioso porque no es fácil subir a un escenario y hablar desde una institución, la policial, y en su caso los Mossos d’Esquadra, sobre los que ha sobrevolado siempre, y hoy también, las sospechas de racismo o discriminación.

El mayor entró en materia y admitió, tras realizar una primera defensa de la diferencia como esencia de la diversidad y de la riqueza, que a la policía le queda muchísimo camino por recorrer. Porque solo siendo una policía diversa será capaz de entablar un diálogo de tú a tú con la sociedad diversa y plural a la que protege.

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Los que conocen a Trapero saben de su sentido crítico, de sus posiciones nada cómodas y de cómo se aleja de los espacios de confort para generar debate. De ahí que criticara cómo la Policía se preocupa demasiado en defender bienes materiales y poco invierte en proteger lo público, los paisajes, el aire que respiramos, las condiciones laborales de los trabajadores o la represión de la discriminación o el racismo. Reivindicó una policía “más social”, pero no de boquilla, sino aquella que busca el “bienestar colectivo” y garantiza el derecho de las personas, “implicándose en la salvaguarda del civismo”. Una Policía, dijo, que entre como un agente más en las escuelas y en los barrios.

Trapero defendió la urgencia de incorporar diversidad en la Policía, como concepto y como realidad. Las cifras son para reflexionar. A día de hoy, solo uno de cada 137 mossos es extranjero nacido fuera de Europa. Solo hay cuatro mossos del África negra. Y recordó que si el Ministerio de Defensa en su día abrió las puertas a otras nacionalidades con éxito, es solo cuestión de voluntad hacerlo también en la Policía para buscar talento y una diversidad necesaria para conseguir una policía “más social y democrática”.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2422 en: 04 de Enero de 2024, 08:32:32 am »
Policías nacionales cuentan las horas para la jubilación del comisario jefe de Personal


EL CHAU-CHAU
Actualizado: 04/01/24 | 7:56

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) mantiene desde hace años una pugna con la División de Personal de la Dirección General de la Policía. Esa pelea se dirime principalmente en los tribunales, con recursos que interpone el sindicato CEP, muchas veces para reclamar que a los agentes se les paguen cantidades no abonadas.

El pulso se mantiene. Pero ahora la Confederación Española de Policía acaba de comunicar a sus afiliados que el jefe de la división, el comisario principal Luis Carrión, “ya no se come las uvas en este cuerpo en 2024”. Este comisario principal se jubila en septiembre, y CEP espera que el sustituto que nombre la Dirección General mejore la situación.

Mientras llega esa jubilación, este sindicato de la Policía Nacional ha denunciado que la División de Personal que aún dirige el comisario principal Carrión se ha negado a facilitar datos sobre retribuciones que CEP utiliza para elaborar un dosier dirigido a sus afiliados, para que sepan cuánto les corresponde cobrar este año y puedan así comprobar que en sus nóminas no ha habido ningún error.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado diseñado para la Operación Verano 2023, junto con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández a 29 de junio d e2023 en Málaga, Andalucía.//Álex Zea.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto con policías nacionales y guardias civiles.

 

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2423 en: 19 de Enero de 2024, 15:05:35 pm »

El juez imputa a los números dos de Interior y la Policía con Rajoy por una Kitchen paralela


El comisario Villarejo anotó en sus agendas ocho citas con Francisco Martínez para hablar de la presunta maniobra de extorsión al abogado de Bárcenas que se investiga en la pieza 36 de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional
Grabaciones — Los audios de la Kitchen paralela apuntan a Cospedal: “Quien maneja el temilla es un abogado del Estado que puso ella”





El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón.
Pedro Águeda

19 de enero de 2024 12:38h

Actualizado el 19/01/2024 13:32h
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SEGUIR AL AUTOR/A
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha ordenado citar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando el letrado representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero de la formación política.


Cospedal dice al juez que no recuerda que el PP pagara los abogados a Bárcenas pese a que ya lo confirmó en 2010

La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración del antiguo secretario de Estado y del entonces director operativo de la Policía se producirá a petición de Gómez de Liaño, que ejerce la acusación particular, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, si bien el juez García Castellón no ha puesto aún fecha.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Castellón asegura que hasta ahora ni imputados ni testigos han vinculado a Martínez con los hechos, al tiempo que justifica su citación porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas de Villarejo son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

En ellas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Tanto Martínez como Pino se sentarán en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide una condena de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. La operación Kitchen es la maniobra parapolicial para destruir la investigación judicial de la caja B del PP. Por eso, la trama paralela para presionar al abogado de Bárcenas en la que han sido citados como imputados se ha venido a llamar Kitchen paralela o Kitchen jurídica.

Cosidó se vuelve a librar
De otro lado, García Castellón rechaza citar Alejandro Auset Domper pese a que la Fiscalía apunta a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un “lobby jurídico” que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. También se niega a citar al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó.

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Alega García Castellón que Liaño no especifica si deben comparecer como testigos o imputados y que no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación, si bien el fiscal anticorrupción preguntó en sus interrogatorios si el abogado del Estado en excedencia al que se refieren en el audio que origina la causa es Alejandro Auset.

[Una primera versión de esta información recogía por error que Francisco Martínez y Eugenio Pino habían sido citados

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2424 en: 19 de Enero de 2024, 17:56:33 pm »
Esto es un no parar. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2425 en: 21 de Enero de 2024, 18:51:13 pm »

La trama de Interior intentó implicar a Trapero en una causa sobre drogas


LAS CLOACAS DEL ESTADO
Dos informes de Villarejo explican los movimientos contra el jefe de los Mossos
De Alfonso informó a Interior de un caso contra Puigdemont
Ingentes pesquisas contra Mas y su familia, ERC, Trias o la Sagrada Familia
Trapero denunciará la "persecución injusta" sufrida en la Operación Catalunya
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue objetivo de la trama de Interior
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue objetivo de la trama de Interior LV
La trama de Interior intentó implicar a Trapero en una causa sobre drogas
Manel Pérez

Barcelona

17/01/2024 00:00 Actualizado a 17/01/2024 09:47
La trama orquestada en el Ministerio del Interior, cuyo titular era Jorge Fernandéz Díaz, intentó implicar al mayor jefe de los Mossos d’Esquadra del 2013 al 2017, Josep Lluís Trapero, en un caso de tráfico de drogas, en uno de los montajes que formaron parte de la denominada operación Catalunya contra el procés .

Según algunas de las notas informativas elaboradas por el comisario José Manuel Villarejo entre julio y septiembre del 2013, y remitidas a la Dirección operativa de la Policía y al propio Ministerio del Interior, el objetivo era que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, imputara al jefe de los Mossos. Se trataba del conocido como caso Macedonia, en el que se intentó acusar a varios agentes de ese cuerpo por su supuesta implicación en el uso de dinero procedente del narcotráfico para pagar a confidentes y en su propio beneficio, con Trapero siempre como objetivo principal. Como consecuencia de las acciones de la policía patriótica , el juez Aguirre acabó enviando a prisión provisional al subinspector de los mossos Josep Ranea, que además estuvo año y medio suspendido de empleo y sueldo.


Al final, todo fue un fiasco. La instrucción del asunto duró una década y la sentencia del juicio, en el 2022, dictó una absolución para todos los implicados.


Como se puede leer en los documentos a los que ha tenido acceso La Vanguardia y El D iario.es y que acompañan a esta información, la trama de Interior intentó implicar en el asunto al máximo responsable de los Mossos en pleno procés y para ello se aproximó a algún agente del cuerpo catalán de seguridad para buscar su complicidad y avanzar en la “maniobra de penetración del círculo de confianza de TRIPI” (Trapero).

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LA VANGUARDIA
foto XAVIER CERVERA 28/07/2022 (retratat a LaVanguardia) Josep Lluís Trapero Álvarez (Badalona, 12 de desembre de 1965) és un mosso d'esquadra i professor universitari català. Des de 2017 al 2021 va ser el major dels Mossos d'Esquadra, la categoria jeràrquica més alta del cos. Va ser comissari en cap entre 2013 i 2017, fins a l'abril de 2017 en què va ser nomenat major. El 28 d'octubre de 2017, el Govern d'Espanya, en virtut de l'article 155 de la Constitució Espanyola va publicar, al Butlletí Oficial de l'Estat, el seu cessament en el càrrec de màxim comanament del cos policial, per una ordre del Ministeri de l'Interior. Després de ser encausat per un presumpte delicte de sedició, el 21 d'octubre de 2020 fou absolt de tots els càrrecs, i tres setmanes després, fou restituït oficialment al capdavant dels mossos pel conseller Miquel Sàmper.
En los informes, este colaborador se identifica como “M” y su pretensión es potenciar “las relaciones con sus enemigos [de Trapero], que además de Manos Limpias es el juez Aguirre”. En los mismos informes se imputa a Trapero de “participar en reuniones” para “potenciar el plan soberanista”.

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MANEL PÉREZ
rajoy-diaz-martinez-villarejo
Los informes hablan de una infiltrado, vinculado a la seguridad privada, para implicar al mayor
Según los mencionados documentos, una persona del ámbito de la seguridad privada, M, actuaba como infiltrado: “Continúa enriqueciendo sus relaciones con Fernando Martínez Iglesias, abogado que maneja la acusación de Manos Limpias en el tema del juzgado número 1, que afecta a las imputaciones de [Trapero] y su equipo, así como con Albert Rivera y Jordi Cañas, presidente y portavoz de Ciudadanos, con los que se está consolidando una buena relación, que se podrá dimensionar en la mejor línea posible”.

En realidad, la red de policías corruptos que intentó manipular el caso Macedonia ya perseguía al mayor Trapero desde el año 2009. En ese año, el cargo de los mossos, que entonces era intendente y subjefe de investigación criminal del cuerpo, encabezó el desmantelamiento de un grupo de policías corruptos que recibía sobornos de los gestores y propietarios de dos grandes prostíbulos de Castelldefels, Saratoga y Riviera, a cambio de protección y avisos de posibles intervenciones de los cuerpos de seguridad.


Como consecuencia de esa investigación acabaron siendo denunciados, destituidos y condenados varios altos cargos policiales vinculados al comisario Villarejo; al jefe de la UDEF y de otros organismos, José Luis Olivera; y a Antonio Giménez Raso, exinspector y mano derecha de Villarejo en Catalunya. Los tres, por cierto, investigados en el marco de la causa Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional.

Por este motivo, la policía patriótica vio en el caso Macedonia y en el procés una posibilidad de pasarle a Trapero la factura. En el año 2016, la policía incluyó en el grupo de apoyo de tratamiento de la información (Gati), que registra investigaciones en marcha, la siguiente referencia contra el jefe de la policía catalana: “La familia Jodorovich está protegida por el actual jefe de los Mossos d’Esquadra, señor Trapero, en sus temas de tráfico de drogas”.


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MANEL PÉREZ
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Los Mossos enviaron al juez García-Castellón un informe sobre las maniobras de la ‘policía patriótica’
Las maniobras de esos policías contra Trapero y algunos agentes fueron denunciadas en el 2021 por los Mossos ante el jugado número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García-Castellón, que instruye el macrocaso Tándem contra Villarejo y sus socios. El magistrado, sin embargo, descartó que hubiera conexiones entre lo sucedido en Barcelona y sus instrucciones, con lo que rechazó investigar el asunto y tampoco se pronunció sobre si los actos de esos policías podían ser un delito.

Trapero fue imputado en una causa vinculada con el referéndum del 1 de octubre del 2017 en la que se le acusaba de rebelión, inicialmente, rebajado luego a sedición, y se le pedían diez años de pena. Finalmente fue absuelto por la sala de la Audiencia Nacional en octubre del 2020. Tras la sentencia, volvió a ser mayor jefe de los Mossos, hasta finales del 2021. Actualmente, Trapero es jefe de la comisaría general de inspección y evaluación.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2426 en: 26 de Enero de 2024, 08:03:43 am »
La mafia policial fue la coartada perfecta para publicar noticias falsas sin condenas en los tribunales


Que algunas informaciones falsas hayan salido de documentos policiales sirve de blindaje ante los jueces: la doctrina del Constitucional estima que el periodista no ha de ser infalible, basta con que realice su trabajo con diligencia para que una noticia, aunque contenga errores, sea considerada veraz



Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy, amparó que diferentes unidades policiales fabricasen dosieres con información falsa para atacar a los rivales del PP. Miró para otro lado cuando estos aparecían publicados en las portadas de algunos diarios de Madrid. Y hasta fingió indignarse mucho cuando le preguntaron en el Congreso de los Diputados si conocía esos atestados apócrifos que atribuyeron falsamente todo tipo de delitos a dirigentes nacionalistas catalanes y también a algunos de la izquierda. No cabía esperar otra cosa: en una conversación que mantuvo con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en la que ambos conspiraban para atacar a políticos independentistas sin saber que estaban siendo grabados, el ministro aseguró que negaría esas conversaciones incluso bajo tortura.

La investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia ha revelado documentos que pasaron por la cúpula de Interior entre 2012 y 2015 elaborados por distintas unidades policiales que actuaban al margen de la ley y de cualquier control judicial y que le reportaban a Fernández Díaz primero, como exigió el ministro cuando se trataba de informaciones comprometedoras para dirigentes independentistas.


La factoría de patrañas desde la cúpula del Ministerio del Interior siguió a pleno rendimiento incluso cuando ya se había probado que muchos de los documentos contenían graves falsedades, como el informe borrador que atribuía cuentas en Suiza al entonces presidente de Catalunya Artur Mas, a quien en otras “notas informativas posteriores” la policía le llegó a atribuir mordidas por encima de los 30 millones de euros. La caza de brujas incluyó al jefe de los fiscales en Catalunya y también al de los Mossos, según la documentación desvelada por elDiario.es y La Vanguardia.

Doce años después de que comenzase aquella guerra sucia contra los partidos nacionalistas –justo después de la Diada más multitudinaria en Catalunya– nadie ha sido imputado por este escándalo: jueces y fiscales se han resistido hasta esta semana en que el ministerio público decidió abrir una investigación. Tampoco hubo dimisiones: Jorge Fernández Díaz se mantuvo en su puesto una legislatura larga, cinco años, incluso tras la repetición electoral, entre 2011 y 2016. Tampoco nadie pidió perdón: ni los policías ni los políticos al frente de Interior ni los diarios o los periodistas que publicaron esas falsedades.

Nixon tuvo que dimitir cuando se probó que se habían colocado micrófonos en las oficinas del partido demócrata. El Watergate da nombre a uno de los mayores escándalos políticos de la historia. Cincuenta años más tarde de su renuncia, en España se sabe que hubo un gobierno que investigó al margen de la ley a sus rivales durante más de un lustro, que fabricó pruebas contra ellos y que impulsó procedimientos judiciales para acabar con la reputación de sus dirigentes y condicionar las elecciones.

Tampoco es previsible que alguien vaya a ser condenado por publicar esas informaciones falsas y esta es, tal vez, la derivada más diabólica de esta trama parapolicial. Porque el hecho de que quienes hayan realizado esos pseudoinformes apócrifos fuesen mandos de la Policía es lo que blinda a cualquier periodista para salir indemne en los tribunales pese a haber atribuido delitos a personas inocentes.

Que esas fake news puedan ser publicadas sin ningún reproche penal tiene que ver paradójicamente con la protección de dos derechos fundamentales: el derecho a la información y la libertad de expresión.

Aunque suene rocambolesco a la mayoría de lectores, una información completamente falsa puede ser considerada veraz en un juzgado. Todo parte de una interpretación extensiva de la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene su razón de ser.

El Tribunal Constitucional ha resuelto en multitud de ocasiones que no cabe exigir a un periodista ser infalible para que pueda publicar sus informaciones. Basta con que haya actuado diligentemente y demuestre haber hecho las comprobaciones pertinentes. Son los requisitos para que una noticia sea calificada como veraz en los tribunales. Se trata de evitar un mal mayor. De lo contrario, viene a decir el Constitucional, se estaría limitando la libertad de expresión si lo que se exige es que el periodista no puede equivocarse nunca.

Como casi siempre en estos casos, los tribunales ponderan derechos y concluyen que la sociedad perdería más si la prensa dejase de publicar informaciones por una obligación legal de ser infalible. Así que lo que exige la Justicia es que los periodistas sean diligentes en las comprobaciones antes de publicar. ¿Y qué significa ser diligentes? Pues entre otras cosas acudir a fuentes solventes, no hacerse eco de meros rumores, haber intentado contrastar los hechos, que lo revelado sea de interés general…

En el lenguaje intrincado que usan los tribunales, el Constitucional lo escribió así en una sentencia dictada en junio de 1998: “Cuando la Constitución requiere que la información sea ”veraz“ no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas —o sencillamente no probadas en juicio— cuando estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como ”hechos“ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores, o peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible”.

Dos años más tarde, el mismo tribunal advirtió en otra sentencia: “Lo que el requisito constitucional de veracidad viene a suponer es que el informador tiene —si quiere situarse bajo la protección del art. 20 de la Constitución— un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, mediante las oportunas averiguaciones, y empleando la diligencia exigible a un profesional”.

Uno de los elementos fundamentales para probar la correcta praxis periodística es acudir a fuentes solventes. Y aquí es cuando entra en juego lo diabólico de esa mafia policial: varios jueces han dicho que el hecho de que determinadas informaciones (aunque falsas) hayan partido de documentos realizados por mandos de la policía es lo que permite presumir que los autores de esas informaciones actuaron con diligencia a la hora de comprobar los hechos. En las diferentes sentencias los jueces presuponen que los mandos policiales son fuentes fiables y concluyen por tanto que la actuación de los periodistas fue diligente, por eso la información debe considerarse veraz (aunque los datos que contenga sean falsos).

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Aunque parezca una cantidad pequeña, sumada a las de muchas más personas, es lo que hace posible que existamos.
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La consecuencia de todo eso es que los comportamientos de esa mafia policial no solo permitieron arruinar la reputación de personas y partidos por sus ideas, sino que dejaron a esas víctimas indefensas ante la Justicia, sin posibilidad de ser resarcidas por los daños causados.

Peor todavía que el perjuicio a políticos independentistas y de la izquierda alternativa es el daño a la credibilidad de las instituciones y a ese Estado de Derecho que los mismos que lo socavaban decían defender.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2427 en: 26 de Enero de 2024, 15:55:11 pm »
Según Ayuso el fin justifica los medios, el Estado ha de utilizar todas sus herramientas para defenderse. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2428 en: 31 de Enero de 2024, 19:39:22 pm »

Condenan a Castro a abonar 5.000 euros a un taller porque el jefe de la Policía local se fue sin pagar


El responsable policial entendió que las reparaciones en el coche policial fueron «innecesarias» a pesar de que le permitieron pasar la ITV

David S. Olabarri
Ainhoa de las Heras
David S. Olabarri y Ainhoa de las Heras

Miércoles, 31 de enero 2024, 14:54

El Ayuntamiento de Castro ha sido condenado a pagar 5.031 euros a un taller mecánico de la localidad cántabra. La condena se debe a que el jefe de la Policía local decidió no abonar los gastos derivados de la reparación de uno de los vehículos de la guardia urbana, que no pasaba la ITV como consecuencia de la alta emisión de gases contaminantes. La sentencia, que es recurrible, también condena al Consistorio cántabro al abono de las costas judiciales.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2429 en: 01 de Febrero de 2024, 09:42:26 am »
FUE SUSPENDIDO EN 2008
El jefe de la Policía Local de Marbella condenado en Malaya solicita su "rehabilitación"


Rafael del Pozo fue despedido y después perdió su condición de funcionario tras enfrentarse a dos años de inhabilitación. La Junta de Personal del ayuntamiento se manifestó a favor, aunque la postura "no es vinculante"


Foto: Rafael del Pozo (a la derecha), en una imagen de archivo llegando a los juzgados de Marbella para declarar. (EFE)

Por Pablo D. Almoguera. Málaga
31/01/2024 - 05:00

Rafel del Pozo, uno de los rostros más conocidos del caso Malaya y exjefe de la Policía Local de Marbella, ha solicitado su retorno a este cuerpo policial tras ser inhabilitado por la condena de cohecho y posteriormente ser despedido por el ayuntamiento. El exmando policial explicó, en conversación con El Confidencial, que la fórmula elegida para recuperar su cargo de superintendente es la de la "rehabilitación", recogida en el Real Decreto 2669/1998 y que permite la recuperación de la condición de funcionario cuando el condenado por inhabilitación como pena principal o accesoria "haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito".

 Del Pozo considera que cumple "todos los requisitos" para acogerse a esta vía porque defiende que se le condenó por un "delito no grave". "Se me acusó de no precintar las obras, de informar a [Juan Antonio] Roca de las investigaciones, de tenencia ilícita de armas… Y nada prosperó", se defendió, para añadir que "me molesta que quieran sacar de donde no hay nada". El agente expuso que el consistorio "rehabilitó" en el pasado a otros policías locales que fueron condenados e inhabilitados por hechos más cercanos a la corrupción policial que —según su opinión— los que le llevaron hasta el banquillo. Motivo por lo que considera que hay precedentes a su favor.

En caso de que su petición prosperase, explicó que debería ser restituido como superintendente y recuperar todos los beneficios —como el salario— que conlleva la categoría. Aunque tiene claro que es muy difícil que se haga cargo de la Policía Local, porque ese es un puesto de confianza de la alcaldía. La decisión de que la rehabilitación se haga efectiva o no está en manos del ayuntamiento, aunque el exjefe policial ya ha logrado un importante apoyo. Fuentes municipales consultadas por este periódico confirmaron la solicitud de Rafael del Pozo y señalaron que este asunto fue tratado en una reciente reunión de la Junta de Personal del consistorio. Según otras fuentes, los sindicatos representados en este órgano se habrían mostrado favorables a un retorno que se produciría después de que en abril de 2016 la Administración local acordase la extinción de la condición de funcionario, y posterior despido, del superintendente. "Si se cumple el plazo y el Ayuntamiento de Marbella no ha dado una respuesta, acudiré a la Justicia. No me voy a quedar parado" Aunque la hipotética postura de los representantes de la plantilla "no es vinculante", el asunto "tendrá que ser abordado" por el consistorio, a pesar de que los condicionantes que lo rodean hacen pensar que las intenciones del exmando policial acabarán canalizándose a través de la vía judicial. "Si se cumple el plazo y no han dado una respuesta, acudiré a la Justicia", anunció el protagonista, que dijo que no se va "a quedar parado". "Si tengo que acudir a Estrasburgo, así lo haré".
Años de litigios en los juzgados

Rafael del Pozo, primero por la Audiencia Provincial de Málaga y después por el Tribunal Supremo (TS), fue condenado por cohecho pasivo en relación con la corrupción política y urbanística de Marbella. Se le impusieron dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 60.000 euros de multa.

El consistorio marbellí, basándose en un informe del secretario municipal, consideró que un funcionario dejaba de ostentar esta condición con que un tribunal le impusiese un único día de inhabilitación. Esta decisión fue respaldada en junio de 2017 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que en un auto en respuesta a un recurso de súplica presentado por el ayuntamiento especificaba que no podría ejercer como jefe de Policía Local ni como agente, "en cualquier población". La Audiencia Provincial de Málaga respaldó en 2017 la pérdida de la condición de funcionario de Del Pozo aprobada por el ayuntamiento No es la primera vez que el superintendente intenta su regreso. E incluso ganó alguna batalla judicial años después de que fuese suspendido de funciones en agosto de 2008. Pero ha seguido apartado del cuerpo, por lo que parece poco probable que prospere este nuevo intento. Sus ventajas en este nuevo movimiento se las proporcionan los precedentes y supuestamente contar con el respaldo de las organizaciones sindicales. Lo que no prohibían las resoluciones judiciales es que, una vez cumplida la inhabilitación y abonada la multa, Rafael del Pozo, como cualquier otro ciudadano, se volviese a presentar a las oposiciones para volver a ser funcionario.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2430 en: 01 de Febrero de 2024, 09:48:35 am »
Que organizaciones sindicales respaldan el reingreso?

 :pen:


Y no creo que el Pleno consienta el reingreso, que es el órgano encargado de aprobarlo.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2431 en: 01 de Febrero de 2024, 11:04:48 am »
Dependerá, como todo en la vida, de las cartas que tenga para jugar esa partida. . . y es que hay que valer más por lo que se calla, que por lo que se cuenta. . . y no sabemos cuánta información y de quién se puede estar callando. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2432 en: 02 de Febrero de 2024, 13:58:32 pm »

El Ayuntamiento atiende la reclamación del jefe de la Policía Local de Cáceres y le pagará un complemento de disponibilidad


El sindicato CSIF exige «máxima transparencia en las retribuciones» y dice que no aceptará trato preferente a «algunos privilegiados»

Manuel M. Núñez
Manuel M. Núñez

Cáceres

Jueves, 1 de febrero 2024, 07:30

El caso del jefe de la Policía Local y su reclamación para cobrar las guardias localizadas obligaron ayer a pronunciarse por primera vez al alcalde. Rafael Mateos conoce de primera mano la situación porque además fue con él como concejal de Seguridad y Elena Nevado en la Alcaldía cuando Benedicto Cacho accedió a la jefatura. «Es una cuestión que nos encontramos al llegar al Gobierno. La reivindicación viene de la anterior legislatura», detalló. Avanzó que ya se trabaja con el área de Personal «para establecer el complemento de plena disponibilidad». «Es de justicia», concluye Mateos, que entiende que su trabajo se prolonga «las 24 horas del día».

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2433 en: 02 de Febrero de 2024, 17:31:25 pm »
Son las cosas que pasan por llevar un teléfono corporativo en el bolsillo. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2434 en: 04 de Febrero de 2024, 13:04:43 pm »


Interior mantiene como asesor a uno de los policías del “colosal” montaje sobre una falsa red de tráfico de armas


El inspector de la Policía Nacional Daniel Cantero llegó a Interior de la mano del número dos del Ministerio, Rafael Pérez, y continúa en el cargo pese a las revelaciones de las irregularidades que llevaron a la cárcel a dos inocentes que regentaban una armería
— Operación Portu: historia y destrozos de un “colosal” invento de la Policía
Amaia Prieto en el local que sirve de sede a su negocio de coleccionismo militar
Amaia Prieto en el local que sirve de sede a su negocio de coleccionismo militar
Pedro Águeda

3 de febrero de 2024 22:22 h
Actualizado el 04/02/2024 10:39 h
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Una medalla, un ascenso y un puesto en el corazón de la seguridad del Estado, al lado de los políticos que la dirigen. Esos son los hitos profesionales del inspector de la Policía Nacional Damián Cantero después de participar en la investigación que intentó atribuir erróneamente en 2017 a un padre y una hija de Getxo (Bizkaia), dedicados al coleccionismo militar, el liderazgo de una red internacional de tráfico de armas.

Un juez de la localidad vizcaína decretó en enero de 2022, casi cinco años después, el sobreseimiento libre de las acusaciones por tráfico de armas internacional contra Jesús y Amaia Prieto, entonces dueños de una militaria –el padre ya se ha jubilado– que pasaron tres meses en prisión provisional. Al salir habían perdido la práctica totalidad de su negocio. Un sobreseimiento libre implica que la ausencia total de indicios de delito impide reabrir la causa.

En su auto de archivo, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo, Carlos Martínez Azpiazu describe la ‘Operación Portu’ como un dispositivo “colosal que se ha desbaratado punto por punto”. La Policía describió la operación como la más importante realizada nunca en España contra el tráfico de armas y exhibió a los medios un bodegón de 10.000 armas que en realidad no funcionaban. Los dos policías al mando fueron condecorados.

El jefe del operativo, hoy comisario, continúa en la estructura antiterrorista de la Policía, la Comisaría General de Información. Fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, que conlleva una asignación del 10% más de su sueldo de por vida. Los hechos ocurrieron durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy, pero ha sido con el actual gobierno cuando su segundo, el inspector Manuel Damián Cantero, ha ascendido a inspector jefe. El ascenso se produce tiempo después de haber sido incorporado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a un puesto de asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Manuel Damián Cantero Berlanga, de 36 años, no es un policía común. En Internet se pueden encontrar fácilmente los ocho manuales que ha publicado a su nombre para la incorporación del Derecho Penal al trabajo de los policías. También ha firmado una novela, ‘Cómo ser policía y no morir en el intento’. La editorial, ‘Círculo Rojo’, publicita la obra como escrita por un inspector, del que ofrece sus datos personales y su lugar de destino, adjuntando una foto.

En el momento de la publicación del reportaje sobre el “colosal” montaje policial, Cantero llevaba fuera de las investigaciones ocho meses. El número dos de Marlaska, Rafael Pérez, lo había reclamado para un puesto de asesor en el órgano técnico que da apoyo al secretario de Estado. El destino concreto de Cantero a día de hoy sigue siendo el área de Normativa e Informes de la Dirección General de Coordinación y Estudios.

El Ministerio del Interior: “No hay comentarios”
El pasado verano, Cantero aprobó para ascender a inspector jefe y actualmente realiza el curso previo a jurar o prometer el cargo. A la consulta sobre su ascenso y mantenimiento en el cargo, el Ministerio del Interior ha respondido con un “no hay comentarios”. elDiario.es se ha puesto en contacto con Cantero a través de su abogado pero el policía no ha querido hacer declaraciones.

La incautación que exhibió la Policía dos meses después de la Operación Portu respondía a más de 9.000 fusiles inutilizados, pistolas modificadas para que cualquier bala resbale del cañón, un lanzabengalas de los años treinta para náufragos –que los policías describieron como “un arma artesanal”– o una réplica en miniatura de una ametralladora que un periódico agigantó en primer plano, acompañado de un pie de foto que advertía de que podía “derribar aviones”.

La nota de prensa, fotografías y vídeos incluían un gigantesco bodegón, con más de 10.000 armas, ante el cual los responsables del operativo hacían declaraciones. Todo enlatado y servido en un enlace disponible para que los periodistas lo descargasen antes de su difusión. Cantábrico Militaria, el negocio de los Prieto, era entonces un referente en el coleccionismo militar, habitual abastecedor de armas inutilizadas para películas del cine español, como '23-F', 'El laberinto del fauno', 'Lasa y Zabala' o 'Los últimos de Filipinas'.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2435 en: 07 de Febrero de 2024, 12:12:34 pm »

Asuntos Internos confirma que el teniente de la Guardia Civil de Sevilla investigado por droga quería dar «un pelotazo» con una operación


Más de treinta veces el que fuera jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sevilla propuso robar o asaltar un convoy de traslado de droga intervenida por los agentes
El infiltrado que investigaba al teniente de la Guardia Civil: «Me ofreció dinero para la libertad del 'Cristiano Ronaldo' de la droga»
Imagen de archivo de la salida de vehículos camuflados de la Comandancia de Sevilla
Imagen de archivo de la salida de vehículos camuflados de la Comandancia de Sevilla ABC

JESÚS DÍAZ

Sevilla


06/02/2024
Actualizado 07/02/2024 a las 08:58h.

Raúl P. M. quien fuera jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, quería dar «un pelotazo» con una operación de droga para sacar «mucho dinero». Es una de las respuestas que ha dado este martes el agente de Asuntos Internos del Instituto Armado que dirigió la investigación que se abrió en 2019 contra este teniente ante las sospechas de que estuviera colaborando con organizaciones del narcotráfico.

Este agente de Asuntos Internos ha declarado hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla en el juicio con jurado que se sigue contra Raúl P.M., José María C.C. y su primo, Roberto O.C., por delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de drogas y hurto. El oficial de la Guardia Civil se enfrenta a 14 años y cuatro meses de prisión por colaborar con organizaciones del mundo de la droga a cambio de dinero, revelar datos de investigaciones abiertas y del robo de 29 fardos de hachís custodiados en el depósito de la Comandancia de Sevilla en el cuartel de Montequinto.

Todo comienza cuando el jefe de la unidad de Drogas de Sevilla traslada a sus superiores que sospechaba de comportamientos «extraños» de un compañero, Raúl P.M. Esas sospechas llegan a Asuntos Internos. Corría el mes de febrero de 2019, según ha recordado el director de la investigación. Casi de forma paralela descubren que Raúl había consultado en la base de datos a la que tenía acceso el nombre M.G.L., un narcotraficante que el agente encubierto ha catalogado como el 'Cristiano Ronaldo' del mundo de la droga.

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Ese nombre, el de M.L.G., no le sonaba de nada a Asuntos Internos, pero realizadas una consulta a varias unidades policiales de toda España descubrieron que este narcotraficante era el epicentro de una investigación de la Policía Nacional contra su organización criminal que se llevaba a cabo en la Audiencia Nacional desde 2017. En marzo hubo un contacto con la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, a la que contaron lo que estaba pasando en la Comandancia de Sevilla. Entonces se abrió una pieza separada para investigar a Raúl P. M., causa que luego se trasladó a un juzgado de Instrucción de la capital.

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Desde la Audiencia Nacional se autorizó la intervención un agente encubierto. Se la plantea al jefe del Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Sevilla y acepta. No tenía que ocultar su identidad, sólo «engañar» al teniente investigado para hacerle creer que era un agente corrupto y que confiara en éste sus planes.

«Raúl P.M. insistía en conocer novedades de investigaciones vinculadas con delincuencia». José María C.C. era el intermediario de Mario G.L. con el teniente jefe de la USESIC, que quería conseguir relación con narcotraficantes, según Asuntos Internos.

«Tenía un afán por conseguir dinero de la forma que fuese. Tocó a muchas personas del narcotráfico», ha añadido el agente de Asuntos Internos de la Guardia Civil que ha declarado, procedente de Madrid. Entre las propuestas que le hacía Raúl P.M. al agente encubierto para que colaborase con él a cambio de dinero estaba facilitar la entrada de veleros con droga, gomas (embarcaciones), contenedores,...

Raúl P.M. usaba un terminal telefónico encriptado que era habitual entre narcotraficantes. Asuntos Internos ha asegurado que el agente encubierto recibió casi diez mil euros del teniente investigado por consultar datos de personas y vehículos implicados en operaciones antidrogas.

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Ante las dificultades que tenía Raúl P.M. para entrar en alguna organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala, baraja otras opciones para conseguir dinero fácil. Así lo ha explicado el agente de Asuntos Internos. Entonces planea, junto a José María y Roberto, los otros dos acusados, abrir un coche intervenido por la Guardia Civil en una operación anterior contra el narcotráfico y que estaba custodiado en Montequinto. Habían recibido un chivatazo de que escondía en un doble fondo más de cien mil euros.

El juez de la Audiencia Nacional y Asuntos Internos conocían este movimiento. Se autorizó colocar cámaras en los talleres donde iban a llevar a cabo este desmontaje del vehículo. El agente encubierto estaría presente. Ese dinero, según el agente declarante, era para invertir en una operación de cocaína.

Un asalto a guardias civiles
Sobre el robo de los 29 fardos de hachís intervenidos anteriormente por la Guardia Civil en una operación, Asuntos Internos ha expuesto desde el inicio de la investigación a Raúl P.M. en febrero de 2019 hasta agosto de 2020 propuso más de treinta veces robar mercancía incautada o asaltar un convoy del Instituto Armado de traslado de la droga desde el cuartel hasta el lugar de su destrucción. Su unidad, la USESIC, era la responsable de la custodia durante dichos traslados. «Sabía cómo y dónde podía hacer el asalto».

Era una «propuesta descabellada». El agente encubierto intentó desterrar esa idea de su cabeza, por el riesgo que había en un asalto. Pero Raúl P.M. quería dar «un pelotazo, sacar mucho dinero».

La operativa del robo de la noche del 7 de agosto fue planificada por el teniente acusado de tráfico de drogas. El hachís estaba en el depósito de la Comandancia. Para Asuntos Internos, era «fundamental» que el agente encubierto estuviera allí. «Imaginad que sacan la droga. Teníamos serias dudas de que no fuesen capaces de robar la droga. Teníamos muchos ejemplos de robos de droga en


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2437 en: 09 de Febrero de 2024, 07:44:49 am »
Esas medallas se consiguen en los despachos. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2438 en: 21 de Febrero de 2024, 06:53:19 am »
La Policía acredita por tercera vez el alias en Kitchen del número dos de Interior con el PP y él lo niega ante el juez


Francisco Martínez niega ante García Castellón ser el “Chisco” que aparece en las agendas de Villarejo reuniéndose con el comisario dentro de la Operación Kitchen y para unas maniobras contra el entonces abogado de Luis Bárcenas

dro Águeda

20 de febrero de 2024 11:44h 37
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El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este martes en la Audiencia Nacional ser el “Chisco” al que el comisario José Manuelo Villarejo cita continuamente en sus agendas mientras era número dos de Interior, en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La declaración de Martínez se produce en el marco de la pieza 36 del caso Tándem, dedicada a investigar una presunta trama de extorsión a Javier Gómez de Liaño, el entonces abogado de Luis Bárcenas. Antes de que se produjera, el juez Manuel García Castellón había recibido un informe de la Unidad de Asuntos Internos, fechado el pasado 15 de febrero, que acredita sin ningún género de dudas que Martínez es el “Chisco” de las agendas personales de Villarejo.

La Policía aporta nuevas anotaciones de Villarejo que vinculan a Rajoy con la operación contra Bárcenas

La Policía aporta nuevas anotaciones de Villarejo que vinculan a Rajoy con la operación contra Bárcenas
García Castellón encargó el informe a Asuntos Internos pese a que la Unidad ya había informado en dos ocasiones anteriores al juez de que “Chisco” es Francisco Martínez. Los policías llegaron a esa conclusión en el marco del caso Kitchen, la pieza 7 que investiga las maniobras de sabotaje a la investigación judicial de la financiación irregular del PP y en la que Martínez está procesado. Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP.


La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, en la que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración de Martínez fue propuesta por Gómez de Liaño, que figura en la pieza 36 como perjudicado. García Castellón dictó un auto en el que adelantaba que ni imputados ni testigos que han comparecido en su juzgado han relacionado a Martínez con la presunta operación, pero que su su citación era pertinente porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas del comisario son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

Ante el juez, Martínez ha negado la mayor, que sea el “Chisco” al que todos los miembros de la brigada política se referían cuando querían referirse a él. El ex secretario de Estado de Seguridad ha contestado únicamente a preguntas de su abogado y de la representación de Gómez de Liaño, esto último muy infrecuente entre los investigados que comparecen. Precisamente, Martínez ha aprovechado las preguntas de la acusación particular para negar haber recibido instrucciones del PP para presionar a la defensa de Bárcenas y que tampoco lo hizo por decisión propia. El juez García Castellón ha dicho que no tenía nada que preguntarle.

En sus agendas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Este martes también estaba citado el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, procesado igualmente en Kitchen y que ha comparecido como investigado. Pino se ha negado a responder a pregunta alguna, según fuentes jurídicas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2439 en: 25 de Febrero de 2024, 13:50:18 pm »
Y Cospedal en su casa fumándose un puro. . ..

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