Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 363658 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2520 en: 16 de Diciembre de 2024, 01:26:59 am »
Se prefirió derivar todos los servicios a la Policía Local para así liberar a todos los Policías Nacionales para que interviniesen en lo que es su cometido...el orden público.

La denuncia no prosperará.

Es que eso no me cuadra, ya que a la UIP no le influye que haya otros servicios que se puedan derivar a PL, otra cosa es a los zetas y UPR. Según los vídeos la UPR intervino, UIP desconozco si había.

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Sin embargo, se profirió a derivar todos los servicios de la ciudad a la Policía Local y así desde la Policía Nacional reforzaran mediante las Unidades de Intervención Policial (UIP) en el lugar de los disturbios.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2521 en: 20 de Diciembre de 2024, 07:38:31 am »
Un nuevo testimonio en la Audiencia Nacional enfrenta a mandos policiales y confirma la guerra sucia contra Podemos


El ex jefe de la UDEF asegura que uno de los puntales de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, viajo a Nueva York a entrevistarse con un ex ministro de Chávez pero que él no escuchó el momento en el que su compañero asegura actuar “con un mandato” de Rajoy porque puede que fuera “al baño”

edro Águeda

19 de diciembre de 2024 13:40 h Actualizado el 19/12/2024 20:32 h 56
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La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del PP avanza con cada testimonio o informe entregado al Juzgado de Santiago Pedraz. Este jueves, el comisario José Manuel García Catalán, quien fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha confirmado que uno de los puntales de la brigada política, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, viajó a Nueva York a intentar sonsacar información contra Podemos a un exministro de Hugo Chávez.

El “mandato” de Rajoy a la brigada política y otros tres episodios de la guerra sucia a Podemos que investiga Pedraz

El “mandato” de Rajoy a la brigada política y otros tres episodios de la guerra sucia a Podemos que investiga Pedraz
García Catalán había sido citado como testigo a petición de la formación morada. El comisario tenía complicado negar su presencia en la reunión, cuyo contenido fue grabado y después publicado por moncloa.com. El número de carnet profesional de García Catalán aparecía en el informe que redactó después del viaje a Nueva York, junto al de una subordinada, y cuyo contenido desveló Abc. Aquellas averiguaciones no fueron judicializadas y, como en otros casos de la guerra sucia, solo se utilizaron para ser filtradas.


En la grabación del encuentro entre los policías españoles y Rafael Isea, exministro venezolano, el inspector jefe Fuentes Gago asegura que ha acudido a esa reunión en Nueva York con “un mandato” del presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, y añade que si con la información que le pudiera suministrar el supuesto confidente lograba evitar que Podemos llegara al Gobierno sería “mejor para todos”.

Este jueves, García Catalán ha dicho ante el juez que, no recuerda que esas afirmaciones fueron pronunciadas en su presencia, aunque sí estuvo presente en la reunión. “Puede que estuviera en el baño”, se ha llegado a disculpar. Fuentes Gago dijo en su declaración que no reconocía su voz en la grabación del encuentro y que cuando se produjo el viaje a Nueva York, en 2016, él estaba destinado en La Haya.

García Catalán ha hecho una segunda afirmación relevante para la causa. Según ha dicho a preguntas de la acusación particular, la idea del viaje a Nueva York a recabar información contra Podemos fue del director adjunto operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, imputado en esta causa y procesado en la del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas.

Esta mañana también estaba citado como testigo Bonifacio Díaz Sevillano, otro destacado miembro de la brigada política. La declaración de Díaz Sevillano se ha centrado en no recordar qué hacía ninguno de los otros mandos destinado en la Dirección Adjunta Operativa y tampoco él.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2522 en: 27 de Diciembre de 2024, 21:41:16 pm »
A estas alturas, lo de la guerra sucia contra Podemos, no lo pone ya nadie en duda. . . pero eso no puede servir de excusa para su caída, que fue por motivos internos, no por la guerra sucia. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2523 en: 16 de Enero de 2025, 07:58:03 am »
Es urgente aclarar las responsabilidades de la "policía patriótica"


Historia de Soledad Gallego-Díaz • 8 h • 1 minutos de lectura

Es posible que el caso más grave de corrupción registrado en las últimas décadas no sea alguno de los que han implicado el vaivén de millones de euros, sino uno en el que el dinero no fue lo más importante, pero que implica una de las mayores corrupciones políticas y morales posibles: la creación de la llamada “policía patriótica”. Se trata de un entramado de cargos policiales, en su mayor parte comisarios, que trabajaron en una guerra sucia contra un partido político perfectamente legal, Podemos, y por la que se encuentran procesados actualmente el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, relevantes miembros del Partido Popular.

Las implicaciones monetarias estaban en segundo plano (aunque es seguro que esos policías obtenían beneficios de diferentes maneras), pero es un caso terrible de corrupción porque implica precisamente a altos cargos de la Policía, encargados de hacer cumplir la ley, y a un ministro del Interior. Nada puede ser más urgente que aclarar las responsabilidades en la creación de esa policía patriótica ni nada puede ser más urgente que castigar a sus responsables. La investigación y la condena de los creadores de semejante iniciativa debería ser ejemplarizante, es decir, dar ejemplo, aleccionar y clarificar.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2524 en: 16 de Enero de 2025, 15:05:57 pm »
De la policía patriótica . . . el PP no habla. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2525 en: 04 de Febrero de 2025, 08:20:03 am »
El comisario de la Policía española que mató a su mujer en Brasil sigue evitando la cárcel diez años después del crimen


El Gobierno del PP protegió a Jesús Figón para que no entrara en una prisión brasileña y ahora, jubilado, el policía aguarda en España a que se resuelvan los recursos que sus abogados presentan ante la justicia de aquel país contra la condena por homicidio


Pedro Águeda
3 de febrero de 2025 21:44 h Actualizado el 04/02/2025 05:30 h 6
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Jesús Figón, un ciudadano español residente en Brasil, se presentó en la mañana del 12 de mayo de 2015 en una comisaría de la Policía Civil de Vitoria, la capital del estado de Espírito Santo. Contó a los agentes que había matado a su mujer, una ciudadana brasileña con la que llevaba casado treinta años. También explicó a los policías qué hacía él en su país: Jesús Figón era el máximo representante del Ministerio del Interior español ante las autoridades locales. Este dato ha condicionado durante una década el caso. A poco de cumplirse diez años del crimen de Rosemary Justino Lopes, el comisario de la Policía Nacional Jesús Figón reside en España y no ha pisado un solo día la cárcel.

En marzo de 2023, ocho años después del crimen, un tribunal del Estado de local condenó a Figón a 9 años, 4 meses y 15 días de cárcel por un delito de homicidio simple, según la denominación del código penal brasileño. La Fiscalía pedía una pena mayor, 11 años, pero el tribunal entendió que Figón “actuó por emoción violenta después de una provocación injusta de la víctima”. Para entonces, el comisario ya había regresado a España y pudo seguir el juicio por videoconferencia. Casi una anécdota entre el cúmulo de circunstancias excepcionales que ha vivido el caso contra el comisario español.


Los abogados de Figón recurrieron a una instancia superior para intentar que el juicio se repitiera por un defecto de forma. No han conseguido ese objetivo pero sí que el Tribunal de Justicia del Espírito Santo (TJES) reduzca la condena a 7 años y 9 meses, informan a elDiario.es fuentes jurídicas locales. La defensa de Figón no ha abandonado su interés en repetir el juicio y ha apelado a la tercera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia. Un problema en la digitalización de la causa ha retrasado que la causa viaje de Vitoria al tribunal de la capital administrativa del país. Además se perdió el acta del juicio y los tomos del procedimiento han tenido que regresar físicamente al tribunal que juzgó a Figón.

Entretanto, la Fiscalía brasileña ha pedido que el comisario español ingrese ya en prisión. El Ministerio Público de ese país, sin embargo, se ha vuelto a topar con la protección diplomática de la que gozaba el comisario español cuando cometió el crimen y a la que el Gobierno del Partido Popular nunca renunció. La defensa en Brasil del policía alega que hasta que no haya sentencia firme, Figón no puede ingresar en prisión. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no renunciar a en su momento a la “inmunidad de jurisdicción” implica que, si llega a ser condenado en firme, Figón cumplirá su condena en una cárcel española.

Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por cinco heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.


La sentencia de la Primera Vara Criminal de la Comarca de Vitoria estableció que Figón intentó alterar la escena del crimen para descargarse de responsabilidad. “El acusado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene el más alto rango de Policía (en Brasil equivaldría al de coronel de la Policía Militar), habiendo ocupado el puesto número 4 del escalafón en un Cuerpo de 80.000 agentes. Eso significa que toda la alteración de la escena del crimen fue minuciosamente pensada por el acusado, profundo conocedor y experto en investigación criminal”, recogía el fallo.

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, “en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí”.

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la “inmunidad de jurisdicción”. Eso permitió al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar al policía español pero, al mantener la “inmunidad de ejecución”, Jesús Figón cumpliría cualquier condena en España, siempre que el fallo fuera firme. Si eso ocurre, lo hará en las condiciones que establezca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español.

Un nuevo cargo con inmunidad
Entre el desinterés del caso en España ocurrió otro hecho significativo: Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada de España en Brasil después de matar a su mujer y haberlo reconocido a la Policía local. El puesto de consejero de Interior supone ser el máximo responsable policial de España en una embajada. Estos destinos están cotizadísimos en la Policía por la remuneración que implican y el de Figón no bajaba de los 11.000 euros brutos mensuales.

Pese a que una comisión de destinos en el Ministerio del Interior elige entre los candidatos, las embajadas se asignan tradicionalmente como una recompensa procedente de la Dirección de cada Cuerpo, la Policía o la Guardia Civil, ya sea por trayectoria, o como ha ocurrido en múltiples ocasiones, por afinidad personal o ideológica.

En la Policía era conocida la amistad de Jesús Figón con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía y considerado el artífice de la brigada política del PP durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Figón fue comisario de Alcalá de Henares, el municipio donde aún hoy reside el antiguo DAO, quien será juzgado en 2026 por las maniobras para destruir pruebas del caso de la caja B del PP y para el que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel.

La situación de Figón tampoco cambió cuando, cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015. El problema para el comisario y quienes le protegían iba a llegar cuando alcanzara la edad de jubilación. Eso ocurrió el 23 de enero de 2016, pero la cúpula policial y el Gobierno de entonces encontraron una solución: Figón seguiría gozando de inmunidad al convertirse en “consejero asesor” de la Embajada española en materia de Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz lo propuso y Exteriores aceptó. 

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio había abierto la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especializado era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano y eso obligó al juez Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

El matrimonio se había conocido en España y llevaban casados treinta años cuando se produjo el crimen, en mayo de 2015. Figón había sido destinado a Brasil en 2012, tras la victoria del PP. El comisario podría conseguir unos considerables ahorros para su jubilación pasando los últimos años de su carrera profesional en el país de su esposa. A los tres años de estar en el país, Figón mató a su mujer a puñaladas.

Jesús Figón cumplió hace una semana 74 años. Hace casi una década que él y sus compañeros se jubilaron. Ingresados en la Policía en los estertotes del franquismo o durante la transición, de los que viven, ninguno parece saber de él o interesarse por el caso. Algunos tienen problemas con la justicia porque llegaron a la élite del Cuerpo en lo más oscuro de su etapa reciente, los años de Fernández Díaz en Interior, los de la Operación Catalunya, el caso Kitchen o la guerra sucia a Podemos.

La Justicia brasileña condena a nueve años de cárcel al comisario de la Policía española que mató a su esposa

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Una pregunta parlamentaria de la antigua diputada de Compromís Marta Solís permitió saber que la confesión inicial de Figón se convirtió en una versión exculpatoria del crimen. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recogía la respuesta por escrito del Gobierno. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato’”, añadía.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2526 en: 16 de Febrero de 2025, 08:29:35 am »
El comisario jefe de la policía de València tardó ocho días en reunir a sus altos mandos tras la DANA


La junta operativa de mandos no se convocó hasta el 6 de noviembre para analizar cuestiones de movilidad en la capital, aunque jefatura trasladaba órdenes verbales diarias y constantes a sus efectivos

Laura Martínez

València — 14 de febrero de 2025 23:55 h Actualizado el 15/02/2025 05:30 h 1

El Ayuntamiento de València no reunió a los mandos de la Policía Local hasta pasados ocho días de la DANA. La Jefatura de Policía, encarnada por José Vicente Herrera, no convocó la reunión de la Junta Operativa de Mando hasta el 6 de noviembre, una semana después de las inundaciones que afectaron a provincia de Valencia y especialmente a la capital y su área metropolitana.

Los policías locales de CCOO piden la destitución del número 2 de Emergencias en la Generalitat por su gestión de la DANA

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Ese miércoles se envió a primera hora un mensaje para convocar a los comisarios principales, comisarios e intendentes para abordar en un encuentro presencial los trabajos de “prevención” y coordinación de movilidad en la ciudad. Se aplaudió el trabajo de los policías locales en la emergencia y se abordaron las cuestiones de tráfico, que se atribuyeron a la Guardia Civil. Al parecer, no se consideró necesario una reunión formal y presencial con los altos mandos de la ciudad hasta la fecha. Los mandos policiales llevan tiempo expresando malestar a nivel interno por la descoordinación de los trabajos en la fase inicial de la emergencia, y especialmente porque no se les permitiera acudir a los municipios vecinos a prestar ayuda. Representantes sindicales y agentes trasladaron sus quejas durante los primeros días de la emergencia.


Entre las primeras órdenes que recibieron los agentes, pasadas las inundaciones, fueron garantizar la seguridad en La Torre ante algunos episodios de robos. Se comunicó a los mandos la organización de los voluntarios de todas las escalas para reforzar el fin de semana, que consideraron clave. El viernes comenzaba un puente, con la consiguiente previsión de voluntarios que después anegó las vías, y el domingo estaba prevista la visita del rey y del presidente del Gobierno. València convocó su gabinete de crisis, el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa de ámbito local), antes de las 11 horas del 29 de octubre, cuando se elevó el nivel rojo para la ciudad.

Fuentes de la jefatura policial indican que estas reuniones son protocolarias y se dan con periodicidad. En concreto, apuntan que esta reunión estaba prevista con antelación a la barrancada. Tocaba ese día. Consideraron que era contraproducente convocar una reunión para atender la emergencia, que se estaba abordando en otros espacios, y reiteran que “como siempre, los mandos estaban trabajando y había comunicación verbal” desde el primer minuto. Se funcionó a través del Cecopal, el órgano donde están representados los efectivos de emergencias, bajo los mandos del concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, y la alcaldesa, Maria José Catalá. En ese órgano, una suerte de gabinete de crisis, estaban presentes tanto el comisario principal jefe como otros mandos de su confianza, como el responsable de la Unidad de Seguridad Ciudadana, el comisario Las Heras. Las decisiones se toman de manera colegiada, apunta jefatura, recalcando que los efectivos estaban movilizados desde el día 29.

El Ayuntamiento apunta que la junta de mandos tiene un funcionamiento reglado en el reglamento, y los mandos estuvieron en contacto desde el primer momento y operativos. “Los mandos de la Policía Local trabajan por indicaciones orales y no por órdenes escritas”, recalcan.



Efectivos de la Policía Local de València desplegados en La Torre para hacer frente a los trabajos de la DANA. Ajuntament de València
Respecto al malestar de los agentes por no poder salir de la capital, la jefatura subraya que la ciudad de València era un caos en los primeros días, con más de un millón de personas entrando y saliendo de la ciudad, y su tarea fue controlarlo y evitar que se desmadrara, mientras abrían vías para los efectivos de emergencias y mantenían la acción en las pedanías. València fue una ciudad afectada por la DANA, recalca la Policía Local, un cuerpo que cuenta con parte importante de sus agentes residiendo en el área metropolitana afectada. A ello hay que sumar que muchos agentes no se encontraban en turno de trabajo y los que están de baja, añaden. Todos los comisarios se encontraban en activo y coordinados verbalmente, insisten.

el artículo continúa después del siguiente mensaje
Estamos a un paso de conseguirlo
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El 13 de noviembre, la Concejalía de Movilidad remitió un comunicado en el que se explicaba el operativo policial desde el dos de noviembre, que abordaba un plan de colaboración con policías de Madrid, Badajoz, Albacete o Torrejón. En él, apunta que parte importante de este dispositivo de apoyo lo tiene el Plan de Movilidad de la ciudad “que es pieza clave para que puedan fluir los servicios de emergencias, especialmente maquinaria pesada, al resto del área afectada. Este operativo especial tiene 35 puntos esenciales, cubiertos por casi un centenar de efectivos, para que la movilidad sea lo más eficaz posible”.

València no envió ninguno de sus 1.800 policías locales a municipios limítrofes hasta pasados cuatro días de la DANA

València no envió ninguno de sus 1.800 policías locales a municipios limítrofes hasta pasados cuatro días de la DANA
El concejal Carbonell indicó que desde la Policía Local de València estuvo en contacto, forma directa o canalizados a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, con responsables de los municipios afectados para conocer sus necesidades. Con esos datos se han distribuido las patrullas en las poblaciones que han requerido la colaboración. En la comisión de estudio de la DANA del Ayuntamiento, el comisario principal Jefe valoró que 1.952 agentes participaron en las labores de rescate y ayuda, tanto en las pedanías del sur como en el resto de poblaciones afectadas. Del mismo modo, 93 miembros de la Policía Local de València que residen en otros municipios damnificados prestaron servicio en estas zonas.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2527 en: 18 de Febrero de 2025, 08:13:47 am »
Los informes de la brigada política contra Podemos: “Tenemos a la enfermera de Hugo Chávez. A la espera de qué pide”


El colaborador José Aliste contactó con una lista de ex cargos del chavismo que ofrecían información a cambio de no ser extraditados y que nunca aportaron la documentación que prometía el abogado español

Pedro Águeda

17 de febrero de 2025 22:30 h Actualizado el 18/02/2025 05:30 h 7

El abogado español José Aliste buscó entre antiguos cargos del chavismo, a los que Venezuela y Estados Unidos reclamaban por corrupción y blanqueo de capitales, para que aportaran a la brigada política pruebas de la supuesta financiación de Podemos por parte del Gobierno venezolano. Aliste mencionó sus nombres y su relevancia en los informes revelados por elDiario.es y, pocos días después, algunos de ellos viajaron a España para entrevistarse con mandos policiales.

La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos

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De entre esos antiguos cargos chavistas hay uno que mereció especial atención al colaborador policial. Se trata de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue directora del Fonden, organismo del que Aliste asegura que salieron pagos a Podemos. “También fue su enfermera personal [de Chávez] en su lecho de muerte y por ello persona de su máxima confianza”, escribe Aliste en el Informe número Cuatro. “Hoy está huida del régimen chavista y perseguida”, añade. Un tribunal estadounidense condenó a Díaz Guillén a 15 años de cárcel por blanqueo de capitales y soborno en abril de 2023. En la actualidad cumple condena en una cárcel de ese país.


El abogado José Aliste está imputado en varias causas. Una de ellas se sigue en un juzgado de Madrid e investiga a una “organización criminal” que habría extorsionado a varios jerarcas venezolanos, a los que cobró por darles supuesta protección en España y no ser entregados a Estados Unidos. En el caso Caranjuez, uno de esos jerarcas es Javier Alvarado Ochoa, quien habría contratado a Aliste como abogado. El letrado, habitual colaborador de la Policía, condujo al ex minsitro chavista hasta la cúpula policial del PP, ávida de información sobre Podemos. El abogado asegura que todas las gestiones que hizo y plasmó en sus siete informes fueron por indicación de su representado. Los informes contra Podemos siguen alojados a día de hoy en bases de inteligencia de la Policía. Alvarado Ochoa nunca fue extraditado a Estados Unidos.

Los siete informes de Aliste se dividen entre los que citan como fuente a Javier Alvarado Ochoa, al que se refiere como ‘Cicerón’, y los que aluden a sí mismo como informante, bajo el pseudónimo de ‘Last Means’ (Últimos Medios). Los informes no van fechados, pero dejan pistas de cuándo se redactaron. Sobre Claudia Guillén dice: “Ayer le allanó la casa de Caracas el Sevin [por Sebin, Servicio de Ingeligencia Bolivariano] y detuvo a persona de su familia y de la de su esposo”.

El 14 de abril de 2016, agentes venezolanos registraron el domicilio en Caracas de Claudia Guillén y su esposo, Adrián José Velasquez, quien fuera miembro de la guardia personal de Chávez y su edecán. Ocurría después de que el nombre de ambos aparecieran en la investigación periodística denominada ‘Papeles de Panamá’, sobre los datos de evasores fiscales y blanqueadores de dinero que recurrían a los servicios del despacho de abogados Mossack Fonseca.


Guillén y Velasquez vivían en la República Dominicana y pusieron rumbo a España tras el registro y las noticias publicadas. Su rastro se recupera en un hotel de Madrid, el Orfilia, donde fueron visitados por miembros de la brigada política española. ‘Público’ informó en octubre de 2016 que el jefe de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, convocó entre los días 19 y 27 de abril de ese año, a cinco ex jerarcas venezolanos en Madrid. El informe de José Aliste es de cuatro días antes de la llegada al hotel del grupo de venezolanos.

De Claudia Guillén, Aliste añade: “Creemos, sin error a equivocarnos, que puede ser la persona de más alto nivel y categoría que se podría tener, a efectos de captar información y documentación para el proceso de Podemos que nos ocupa”. Fuentes policiales aseguran que ninguno de los venezolanos reclutados por la brigada política entregó un solo documento fiable de pagos a la formación o a sus responsables y que prueba son la fotocopia de un supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) de 6,7 millones a la Fundación CEPS, seis años antes de que se creara el partido, o el montaje del ingreso de 272.000 euros a Pablo Iglesias en una falsa cuenta de un banco de Granadinas. Pese a la falsedad de los documentos su contenido tuvo una amplia acogida en los medios de comunicación afines al Gobierno del PP.

Claudia Patricia Guillén fue detenida en diciembre de 2020 en España, ya con otra cúpula policial fruto del cambio de Gobierno, y entregada a Estados Unidos en 2022. El órgano que dirigió Claudia Patricia en Venezuela, el Fonden, era el encargado de depositar los ingresos que llegaban de las exportaciones del petróleo. Según la investigación judicial, desde el Fonden se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a cambio de sobornos.

“Ayudar al Estado español” contra Podemos
Guillén integra una lista de seis posibles colaboradores, junto a su marido y otros dos que se reunieron con Aliste en Miami, que es seguida del siguiente comentario: “Ya hemos contactado con tres de los mismos y todos, en principio, están en disposición de ayudar al Estado español a los fines que persigue. Faltaría concretar las condiciones y términos”. Aliste añade que ofrecerá más datos de ellos y, “si piden algo a cambio”.

En los tres primeros informes de Aliste, los que citan como fuente a ‘Cicerón’ Alvarado Ochoa, el exministro venezolano utiliza el conocimiento que tiene de las empresas públicas venezolanas y algunos datos que maneja de politólogos españoles que trabajaron para Chávez. Hay continuas referencias a otras personas que pueden aportar datos. Con algunas de ellas llegan a contactar los policías de la brigada política. Otras les resultan inalcanzables. Ninguno de esos contactos ofrece una sola prueba de la financiación del partido por Venezuela.

En su declaración como denunciante en el juzgado en el caso Caranjuez, Alvarado Ochoa aseguró que había trasladado en persona durante horas al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, numerosa documentación sobre el desfalco de la petrolera venezolana, pero que a los policías españoles insistían en lo que pudiera aportar de Podemos. Él, dijo ante el juez, no tenía documentos aunque prometió que preguntaría a sus contactos en la inteligencia venezolana.

28 millones para un profesor que nunca fue de Podemos
Los informes policiales en poder de elDiario.es presentan una colaboración muy distinta de Alvarado Ochoa a la que quiso mostrar en el juzgado. Entre la misma figura una acusación desconocida hasta ahora y que el Ministerio del Interior de la época nunca se atrevió a filtrar. Es el caso de TQM, una antigua consultora del profesor Rafael Bañón que, según Alvarado y Aliste, habría cobrado 28 millones de euros del Gobierno venezolano con destino último en Podemos o en su germen.

Si se atiende a lo que asegura el profesor Bañón, el relato de Alvarado parte de una pequeña verdad para construir una gran mentira. En conversación con elDiario.es, Bañón explica que trabajó en Venezuela por primera vez a principios de los 2000 y que a mitad de esa década un directivo de la petrolera estatal PDVSA le contactó para un proyecto de su ámbito formativo. El encargo tenía una particularidad que al profesor le resultaba apasionante: “formar gestores públicos socialistas”.

El catedrático asegura que redactó formación específica para ello, que firmó varios contratos durante años y reconoce que el último de ellos fue muy abultado, de “6 o 7 millones”, pero que empleó la mayoría de los fondos en movilizar a 200 formadores, no solo a Venezuela sino también a Estados Unidos o Países Bajos. “Lo gasté todo”, asegura.

“TQM desapareció hace años pero todos sus ingresos están declarados en Hacienda. Si yo hubiera cobrado 28 millones ahora sería rico”, defiende Bañón. Luego está el supuesto salto de ese dinero de su empresa a Podemos, pero Bañón nunca estuvo implicado en un proyecto de partido que se limitó a contemplar “con simpatía” en sus inicios. Fundadores del partido confirman esa versión y destacan la distancia personal e ideológica que siempre han mantenido con el catedrático.


El confidente Alvarado Ochoa incluso ofreció a los policías la identidad de dos españoles que habrían servido de nexo con la empresa de Bañón: “Los subordinados del señor Ramírez [ministro de Energía y Electricidad] contactaron con los representantes de la filial de TQM en Caracas, siendo estos los sr. Monedero y sr. Verstrynge”.

Los nombres de los dos politólogos ya eran recurrentes en España al hablar de Venezuela. Monedero, por ejemplo, tuvo una intensa relación con Hugo Chávez que se rompió en 2010 después de haber desarrollado durante años una “asesoría permanente” para el Gobierno del país, explica el fundador de Podemos. El profesor Bañón, por su parte, reconoce haber tratado a Alvarado Ochoa como “cliente”, en sus puestos en las empresas públicas venezolanas, y también haber mantenido cierta relación personal con él que asegura haber finalizado por la “catadura moral” de confidente.

Rafael Bañón asegura que su relación comercial con los dos profesores se limita a contratarlos en una ocasión para que ofrecieran una charla “durante un seminario de marxismo” en una zona recóndita del país. El ex fundador de Podemos Juan Carlos Monedero confirma esta versión. Ninguno de los consultados recuerda exactamente cuánto cobraron por ello, difieren entre 600 o 2.000 euros, según creen recordar.

Siete informes secretos revelan que la Policía reclutó a un implicado en estafas para la guerra sucia contra Podemos

Siete informes secretos revelan que la Policía reclutó a un implicado en estafas para la guerra sucia contra Podemos
El archivo incautado al comisario Villarejo o las conversaciones intervenidas en el teléfono del ex número dos de Interior Francisco Martínez han revelado que el Gobierno de Mariano Rajoy investigó a Podemos casi desde su creación y que su llegada al Congreso de los Diputados no frenó esas indagaciones prospectivas, prohibidas por ley y de especial gravedad al tratarse de un partido político con representación parlamentaria. Su principal función, como ya ocurriera en las maniobras contra el independentismo catalán, era la publicación de la información sin contrastar en medios afines al Gobierno del PP.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2528 en: 19 de Febrero de 2025, 07:26:40 am »
Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe


Historia de Laura Martínez • 9 h • 7 minutos de lectura

La sucesión en la cúpula desata una batalla judicial entre los funcionarios del cuerpo, con dos comisarios que han recurrido por la vía penal en los tribunales los últimos procesos de promoción interna, acusando al jefe de prevaricación y falsedad documental

La jubilación del Comisario Jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, ha abierto una guerra en el cuerpo policial. Nueve comisarios pugnan por tres plazas de mandos superiores en una contienda que se ha ido cocinando a fuego lento y que tiene como objetivo final posicionarse en lo alto de la cúpula policial, de donde se elegirá al próximo Comisario Jefe. Los mandos de la Policía Local de València están completamente partidos desde el último proceso de mejora, recurrido en dos ocasiones, y que actualmente se encuentra en estudio por parte de dos tribunales. Dos comisarios del segundo escalón pelean por un proceso que consideran parcial, injusto y con visos de ilegalidad.

El máximo dirigente de la Policía Local cumple 65 años este abril, un horizonte que le faculta para retirarse. Aunque Herrera, hombre de confianza de la alcaldesa Maria José Catalá, ha manifestado su intención de seguir en activo, esta cuestión requiere de un cambio normativo o una excepcionalidad que le permita seguir trabajando tras cumplir sus años de servicio. Pero el cuerpo de Policía Local y el mismo comisario jefe tienen otros asuntos pendientes que pueden interferir en la sucesión.

Para entenderlos, hay que conocer la escala de Policía Local, compleja y jerarquizada. Por debajo de Herrera hay otros cinco comisarios principales, pero solo dos de ellos cuentan con plaza fija, lo que les habilita para optar a la sucesión. Son los comisarios Ángel Albendín y Rafael Mogro, dos veteranos del cuerpo; el primero de ellos ya sonaba para el cargo en 2015, cuando Herrera fue nombrado tras una larga carrera, y después fue cambiado de comisaría. Desde que le disputara el cargo a Herrera no han tenido una buena relación. El segundo acarrea problemas de salud que le dificultarían optar al mando. Los tres comisarios principales restantes ocuparon la vacante gracias a un proceso de mejora, una fórmula de promoción interna que cubre vacantes del servicio de manera temporal, que se ha llevado a los tribunales por un presunto fraude.

Para ser jefe de la Policía Local de València hay que tener el grado de comisario principal y, en estos momentos, solo Mogro y Albendín lo tienen por oposición. Un escalón por debajo en la cúpula de mando están los comisarios, que en el caso de València son ocho, uno por distrito y otro que se encuentra de baja, aunque hay varias plazas sin cubrir. La convocatoria de empleo público para el segundo escalafón arrancó hace ya un año, y justo después de la DANA, el 13 de noviembre, se publicaron las listas provisionales de admitidos. Desde entonces, el proceso no se ha movido. En ellas figuran ocho comisarios de València y un noveno que se encuentra en Torrent: cinco de los siete responsables de distrito y los tres que ejercen de comisario principal por el proceso de mejora impugnado, Fernando Lasheras, Eladio Barber –también a punto de jubilarse– y Fernando Giménez Oñate.

¿Por qué, cuando apenas faltan tres meses para la jubilación del máximo responsable de la Policía Local de Valencia, no se ha avanzado en el proceso? Una posible razón hay que buscarla en los tribunales. En concreto, en el Juzgado número 5 y en el Juzgado de instrucción 16 de València. Ambos tienen abiertas sendas investigaciones que afectan a Herrera y al Ayuntamiento por el proceso de empleo público. La vía de lo contencioso y la vía de lo penal.

Los tres comisarios principales antes citados obtuvieron la mejora después de que se suspendiera un proceso interno, celebrado en 2021, y se repitiera en 2023 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En este segundo proceso, que solo cubre vacantes de manera temporal por necesidades del servicio, quedaron en los tres primeros puestos los comisarios Lasheras, Barber y Giménez Oñate. Solo aprobaron ellos tres y un cuarto, Eduardo Russu, que quedó en cuarto lugar, y tendría opciones de ascender de categoría. Cercano a Herrera, su nombre suena para ocupar una vacante como comisario principal, aunque forma parte del proceso impugnado. Los sindicatos y varios agentes que fueron suspendidos recurrieron el proceso al contencioso para reclamar la documentación y las actas de valoración de los candidatos al entender que el proceso de examen no había sido ecuánime. Y ahí empezó el camino en los tribunales.

Dos de los comisarios suspendidos en la última fase de la valoración, una exposición de su proyecto de mejora del cuerpo, recurrieron a la vía administrativa por irregularidades en la prueba. Gran parte de ellos imparte formación en las academias de Policía y todos llevan años en el cuerpo, por lo que cuestionan los resultados sobre su exposición, que se realizó a puerta cerrada. Antes de los dos exámenes circuló una lista, una suerte de orden no oficial, en la que se apuntaba quienes serían los aprobados. Y la clavó, señalan todas las fuentes consultadas por elDiario.es.

En la documentación recabada y depositada el juzgado, que apenas es una parte de la que la juez ha requerido al Ayuntamiento, según fuentes cercanas al caso, se aportan ficheros elaborados el día del examen o a posteriori, fechas detectadas en una prueba de metadatos, de los que “se intuye” una posible falsedad documental, apuntan estas fuentes. La parte demandante considera que se fabricaron las actas a posteriori y las notas estaban previstas con anterioridad. La documentación remitida por el Ayuntamiento apunta al comisario Eladio Barber, el aspirante que en las dos ocasiones ha contado con la mejor puntuación en los exámenes, muy cercano al comisario principal jefe, y cuya jubilación llegará pocos meses después de la de Herrera. El archivo fue creado desde su ordenador y modificado desde el de otro comisario principal, según la documentación que remitió el consistorio. Y con esos mimbres, se presentaron dos querellas, ahora agrupadas en una misma en el Juzgado número 16 de Valencia.

Los denunciantes son los comisarios Javier Genovés y Benjamín Lara, y los denunciados, el comisario principal jefe de la Policía Local José Vicente Herrera, el comisario principal Rafael Mogro y el comisario principal Alberto Cabeza -quien ya se jubiló en 2023-, los tres miembros del tribunal de selección del examen impugnado. Los comisarios suspendidos en la prueba denunciaron que se había beneficiado a personal “de confianza” del comisario principal jefe para este proceso de mejora y ahora les acusan de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación contra los miembros del tribunal de selección. El juzgado de instrucción ha unificado las dos querellas, presentadas por separado, y ha ordenado la práctica de nuevos análisis documentales, a la espera de iniciar las declaraciones. En paralelo, el juzgado que aborda la vía administrativa debía tomar declaración a más testigos este mismo martes, pero suspendió la vista. El magistrado del contencioso ha reclamado al Ayuntamiento de València la documentación en numerosas ocasiones y ha amenazado con sanciones si no se facilita completa. Antes de iniciar la vía judicial, los comisarios denunciaron el proceso nada más producirse y pidieron una recusación del tribunal, que fue ignorada, por lo que reclamaron la suspensión de la prueba a Antifraude y al Ayuntamiento.

¿Y cómo afecta esto a las oposiciones? El tribunal que evalúa a los candidatos debe formarse por agentes del mismo rango o superior. Suele estar presidido por el comisario principal jefe y requiere de otros dos comisarios principales. Con la composición actual de la escala policial, si formara este comité evaluador un miembro contra el que hay una acusación judicial, algo plausible, sería recusable.

Para este proceso, que debería ser el definitivo para optar a comisario principal, el escalafón que está justo por debajo del jefe, se han presentado los comisarios Eladio Barber, Juan Manuel Calaforra, Javier Genovés, Fernando Giménez Oñate, Benjamín Lara, Fernando Lasheras, Estefanía Navarrete, Eduardo Russu y Pascual Martínez, que actualmente ejerce en Torrent, pero conserva su plaza en Valencia. Todos ellos se presentaron al proceso de mejora recurrido. Nueve comisarios pugnan por tres plazas que, en un futuro, implican la posibilidad de ser el jefe de la Policía Local de València. La cúpula de mandos totalmente enfrentada y los más altos, en el foco.

Jefe de Gabinete de Juan Cotino
Herrera es un hombre que conoce a la perfección el cuerpo. Nacido en 1960, y licenciado en Derecho, entró en el cuerpo municipal como oficial con 33 años. Con Juan Cotino se marchó a Madrid a la Dirección General de Policía, donde ejerció de jefe de Gabinete de este departamento en el Gobierno de José María Aznar; después fue director general de la Sociedad Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Se quedó en Madrid en varios destinos hasta que Rita Barberá lo recuperó como comisario jefe de Policía de València en 2015, cargo que mantuvo con la coalición de izquierdas liderada por Joan Ribó junto al PSPV, hasta que a mitad de mandato comunicó su marcha por razones personales. En 2017 fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia por Juan Carlos Moragues en sustitución del actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Entonces se destacó su experiencia en seguridad ciudadana, en responsabilidades como la seguridad de La Marina durante la Copa América. Dos años después, en 2019, el alcalde de Compromís volvió a nombrarlo jefe de Polícia Local por la jubilación de José Serrano, cargo que mantiene hasta la fecha.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2529 en: 20 de Febrero de 2025, 18:23:26 pm »

Asuntos Internos: el teniente Fuentes daba «seguridad» al clan de los Ariza


Tenía grabado en su agenda al teniente coronel Oliva, el jefe del OCON, como «El Secuestrador»
Fuentes consultaba bases de datos y matrículas cuando se lo pedía su amigo investigado por narcotráfico
El exjefe Antidroga de la Guardia Civil en Andalucía: «A la fiscal la voy a poner contra la pared»
Asuntos Internos intervino los teléfonos del teniente Fuentes (derecha) y descubrió mensajes incriminatorios con el teniente coronel Oliva (izquierda), el máximo responsable de OCON Sur.
Asuntos Internos intervino los teléfonos del teniente Fuentes (derecha) y descubrió mensajes incriminatorios con el teniente coronel Oliva (izquierda), el máximo responsable de OCON Sur. ABC
Javier Chicote

Madrid


17/02/2025
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El Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, en colaboración con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, elaboró varios informes para el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en los que constaba la ...


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2530 en: 23 de Febrero de 2025, 09:23:24 am »
El "oscuro" mundo de los criterios judiciales...

La Audiencia Nacional avala la utilización de los chats del ex número dos de Interior para investigar la guerra sucia a Podemos


Francisco Martínez intentaba que los mensajes que la Policía le incautó durante la operación Kitchen no pudieran ser utilizados en la causa en la que está imputado por dirigir las maniobras contra el partido

Pedro Águeda
22 de febrero de 2025 22:20 h Actualizado el 23/02/2025 09:17 h 6

La Audiencia Nacional ha avalado la utilización de las conversaciones de WhatsApp del ex número dos de Interior Francisco Martínez en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Los chats fueron obtenidos a través de la incautación del móvil de Martínez en otra investigación a la brigada política, el del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas o caso Kitchen, y constituyen un pilar de la querella que presentó el partido político por las maniobras policiales que sufrió y que investiga el juez Santiago Pedraz.

En esos audios aparece, entre otras, la petición de Martínez a un comisario para que busque información perjudicial para los diputados de Podemos que habían resultado elegidos en las elecciones de diciembre de 2015. En la causa de la Audiencia Nacional, Francisco Martínez es el imputado con mayor rango. De los cuatro mandos policiales igualmente investigados, tres aparecen en estos chats hablando con él, aunque la causa contra uno de ellos, Enrique García Castaño, ha decaído por su grave estado de salud.

El ex secretario de Estado exponía que los chats donde aparecen los indicios de las maniobras contra Podemos habían sido ya expurgados por el juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, y que por tanto su difusión estaba prohibida y no había lugar a la incorporación a la causa de Pedraz. También aseguraba que la utilización judicial de los chats invadía su intimidad.

Un tribunal presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, ha negado las pretensiones de Martínez. “El hecho de que estas comunicaciones hubiera sido objeto de expurgo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 no quiere decir que, automáticamente, puedan ser desechadas como diligencia de investigación en otro procedimiento con otro objeto diferente y que pudieran tener incidencia en el mismo, y que tengan por finalidad el esclarecimiento de los hechos”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

A partir de la querella de Podemos, Pedraz investiga desde hace un año a Martínez y a los policías por organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. La instrucción de la causa ha permitido testimonios de policías que han reconocido las actuaciones contra Podemos y también informes de las unidades implicadas que, aunque lo intentan enmarcar en una labor habitual de investigación, admiten las investigaciones a Pablos Iglesias y a otros responsables de la formación incluso ya siendo cargos públicos.

En una de las conversaciones que Martínez no ha logrado dejar fuera de la causa, el ex secretario de Estado de Interior le dice al comisario Enrique García Castaño: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. El comisario Enrique García Castaño le contesta que “nada”. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Francisco Martínez. El policía también le dice que otro mando es el encargado de hacer esas búsquedas. Este segundo comisario, Germán Rodríguez Castiñeira, confirmó la petición en su declaración como investigado ante el juez aunque añadió que se negó a hacerla.

Operación Bolívar
Uno de los avances más llamativos ha sido la aportación al juzgado de un informe redactado por una de las policías que participó en dos de las maniobras contra la formación que más repercusión tuvieron: el viaje a Nueva York para recabar de un exministro de Hugo Chávez supuestas pruebas de la financiación irregular de Podemos y las gestiones para intentar dar consistencia al dosier P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Podemos ha logrado que el juez Pedraz solicite a la Policía la totalidad de documentos que integraron las denominadas operaciones Venus y Bolívar.

Fuera de la causa judicial, elDiario.es ha revelado que la brigada política reclutó a un abogado con antecedentes por estafa para conseguir testimonios contra Podemos entre antiguos jerarcas venezolanos. El letrado viajó a Miami a entrevistarse con posibles confidentes y elaboró siete informes que a día de hoy siguen alojados en las bases de datos de inteligencia de la Policía. Uno de sus clientes, Javier Alvarado Ochoa, evitó la extradición a Estados Unidos tras empezar a colaborar con la Policía suministrando información, finalmente sin contrastar, o directamente falsa, contra Podemos.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2531 en: 05 de Marzo de 2025, 07:19:18 am »
Una antigua empleada declara que un hombre que dijo ser del CNI investigó a la productora iraní que pagaba a Iglesias

Historia de Pedro Águeda • 18 h • 3 minutos de lectura



La testigo presta declaración en la causa por las maniobras policiales contra Podemos y dice que el individuo la estuvo visitando durante un año en su domicilio

La Audiencia Nacional pide a la Policía todos los informes sobre Podemos y sus dirigentes durante el Gobierno del PP

Una antigua empleada de 360 Global Media, la productora creada con capital iraní que pagaba a Pablo Iglesias por el programa La Tuerka, ha declarado en la Audiencia Nacional que recibió visitas durante aproximadamente un año un año de un individuo que se identificó como agente del Centro Nacional de Inteligencia, y al que mostró documentación interna de la empresa en los encuentros que mantuvieron.

La declaración de esta antigua gestora de la empresa se ha producido en el marco de la causa que investiga las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP. La testigo ha fijado esas visitas entre 2015 y 2016 y ha dicho que las visitas que recibió de este supuesto agente del CNI tuvieron lugar en su domicilio, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración. A la testigo se le ha mostrado un documento publicado por Abc y ha reconocido su letra.

La petición de la declaración de la testigo fue realizada por la acusación particular, que ejerce Podemos, en relación con las conversaciones incautadas al que era número dos de Interior, Francisco Martínez, en la que aborda con dos mandos policiales los supuestos pagos de la productora al entonces líder de Podemos. Martínez y los policías están figuran como investigados. La testigo ha asegurado ante el juez que no entregó documentación aunque sí le mostró al supuesto agente del CNI la documentación de la productora que le solicitaba.

Los datos sobre la supuesta financiación de Podemos por parte del régimen iraní acabaron en el denominado informe PISA, un dosier sin firma ni sello de unidad policial alguna cuyo contenido fue despreciado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. El dosier fue publicado por varios medios coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre Podemos y PSOE tras las elecciones de 2015 con vistas a la formación de Gobierno.

Este martes también ha declarado el policía que firma el requerimiento de información realizado a un hotel de Madrid donde se alojaron varios jerarcas venezolanos que intentaron obtener la residencia a cambio de supuesta información comprometedora para la formación morada. El escrito tiene fecha de 3 de mayo de 2016 y fue reproducido por publico.es.

El policía ha dicho a Pedraz que fue al hotel por orden del director adjunto operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, también imputado en la causa y artífice de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pino no era el superior director del agente aunque la Unidad de Asuntos Internos depende de la Dirección Adjunta Operativa.

El policía requirió la información que constase sobre varias personas, entre ellas Claudia Guillén y su esposo, Andrián José Velásquez. Ella había sido responsable del Tesoro venezolano y enfermera personal de Hugo Chávez. Velásquez integró la guardia personal del presidente venezolano y actuó como su edecán. Ambos vivían en República Dominicana como sospechosos de blanqueo de capitales cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá. Tomaron un vuelo con destino a España y aquí intentaron quedarse.

Sin embargo, Claudia Patricia Guillén fue detenida en diciembre de 2020 en España, ya con otra cúpula policial fruto del cambio de Gobierno, y entregada a Estados Unidos en 2022. El órgano que dirigió Claudia Patricia en Venezuela, el Fonden, era el encargado de depositar los ingresos que llegaban de las exportaciones del petróleo. Según la investigación judicial, desde el Fonden se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a cambio de sobornos. Nunca entregaron documentación sobre Podemos que fuera judicializada.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2532 en: 06 de Marzo de 2025, 09:08:27 am »

Un jefe de la Ertzaintza pide explicaciones a los agentes que pillaron a su hijo con porros


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El jefe de la comisaría de Ondarroa ha pedido un informe a los ertzainas que el pasado fin de semana multaron a su hijo por ...

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2533 en: 10 de Marzo de 2025, 14:38:37 pm »

La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la guerra sucia contra Podemos durante el mandato del PP


El juez exige a Interior la documentación sobre 20 meses de investigaciones a la formación de Pablo Iglesias. Las pruebas recabadas hasta el momento acreditan múltiples delitos de revelación de secretos difundidos por medios afines al PP
Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy
Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy en la entrega de la Bandera Nacional a la primera Zona de la Guardia Civil en 2015.
Europa Press
José Manuel Romero
José Manuel Romero
Madrid - 10 mar 2025 - 05:30CET
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El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia el pasado 3 de marzo en la que exige a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado en relación con el partido político Podemos, la fundación CEPS o cualesquiera de los 67 dirigentes de esta formación entre mayo de 2014 y diciembre de 2016″. Con esta decisión, ...

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2534 en: 16 de Marzo de 2025, 07:42:58 am »
La guerra en la cúpula de Policía Local de València se recrudece: tribunales impugnados, multas judiciales y jubilaciones en el aire


Un sindicato y un mando recurren el tribunal que debe evaluar a los aspirantes a comisario principal, en vísperas de la salida del jefe, acusado por otros dos comisarios de amañar los últimos exámenes

Laura Martínez

15 de marzo de 2025 21:55 h Actualizado el 16/03/2025 05:30 h 0

A dos semanas de la jubilación del jefe, la Policía Local de Valencia está hecha un polvorín. Cada paso que se da inquieta a la cúpula, con todos los mandos pendientes de las decisiones que se abordan en el consistorio. El comisario principal jefe, José Vicente Herrera, hombre de máxima confianza del PP valenciano, debería dejar su cargo el 1 de abril –al cumplir los 65 años– y abrir la vía de su sucesión, con la mitad del primer escalón del cuerpo en situación de interinidad, una querella pendiente contra él y el tribunal (que debe evaluar a sus mandos en la última oposición) recurrido por al menos dos vías.

Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe

Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe
Apurando el plazo para la sucesión, el Ayuntamiento aborda el proceso de renovación de la cúpula, que aún bebe de los mandos que crecieron profesionalmente en la etapa de Rita Barberá, en plena investigación al jefe de la Policía. Los recambios en la élite de la Policía Local llevan más de una década pendientes y arrastrando conflictos, que han terminado con la práctica totalidad de los mandos en los tribunales, entre demandantes, demandados y afectados. Prácticamente toda la cúpula se encuentra enfrentada y con recelos cruzados. Ahora, también el tribunal que tiene que examinar a los aspirantes al primer escalón está cuestionado por varias vías, con al menos dos recursos presentados: uno del sindicato Comisiones Obreras; otro de un comisario principal.


El pasado junio el consistorio inició el proceso de oposiciones para cubrir tres vacantes de comisarios principales, la categoría que debe tener el jefe de Policía Local. Además de Herrera, solo hay otros dos comisarios principales con la plaza en propiedad, uno de ellos con problemas de salud que prácticamente lo excluyen de la quiniela para la sucesión. Los tres restantes cubren la plaza gracias a un proceso de mejora que ha sido impugnado en dos ocasiones; el primero, en 2021, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; el segundo, repetido en 2023, se encuentra en plena instrucción judicial. Dos comisarios, suspendidos en la prueba, presentaron dos querellas contra el jefe y otros dos comisarios principales, parte del tribunal que los evaluó junto a seis compañeros más.

Los mismos comisarios que optaron a las pruebas impugnadas se presentan ahora a la oposición para obtener la plaza en propiedad en uno de los cuerpos locales mejor pagados, con salarios que rozan los 100.000 euros anuales, en una escala que los posiciona para ser el próximo jefe. Y todos recelan del tribunal que tiene que evaluarlos, del que se ha autoexcluido Herrera, al que en la querella acusan de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación. En su lugar, se ha elegido al jefe de policía de Elche como presidente del tribunal, uno de los comisarios principales que podrían tomar el mando en València en caso de que el conflicto se enquiste.

Pese a que el concurso–oposición arrancó en verano, no ha sido hasta principios de marzo, a un mes de la jubilación de Herrera, cuando el Ayuntamiento ha nombrado al tribunal que debe evaluar a estos mandos. Lo componen los comisarios principales de Alicante, Elda y Elche, en un proceso del que también recelan los sindicatos: deja de lado a los responsables de Valencia, saltándose el criterio de proximidad. Las razones de esta pausa son una incógnita, pero algunas hay que buscarlas en el juzgado que investiga el presunto amaño de los últimos exámenes a los altos mandos. La Fiscalía Anticorrupción sigue muy de cerca el proceso, en el que algunas pruebas periciales apuntan a indicios de manipulación en las actas de evaluación.


El sindicato CCOO duda de la validez del acuerdo y apunta que no se ha realizado el sorteo para elegir a los miembros del tribunal que nombra el Ayuntamiento de València, algo que cuadra con el proceso impugnado –solo un mando puede ocupar este lugar–, y tampoco consta que la Agencia de Emergencias haya hecho lo propio con sus representantes. CCOO ha pedido la documentación que acredite que el nombramiento del tribunal se ha hecho conforme a la norma, reclamando a la Agencia Valenciana de Emergencias las actas del sorteo de los vocales de los órganos de selección. En paralelo, el comisario principal Fernando Giménez Oñate, uno de los beneficiados por el proceso de mejora impugnado y que aspira a consolidar su posición con esta prueba, también habría recurrido la composición del tribunal, según ha podido saber elDiario.es.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2535 en: 16 de Marzo de 2025, 08:43:45 am »

El juzgado multa al Ayuntamiento de Valencia por no aportar los expedientes de los exámenes de la cúpula de la Policía Local investigados por amaño


El contencioso propone una multa de hasta 1.200 euros contra un funcionario al que el consistorio señala como responsable, le da diez días para alegar y abre pieza separada en la investigación del amaño de las pruebas de mejora para los comisarios principales
— Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe
El comisario principal jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, acompaña a la alcaldesa, Maria José Català, en una visita a la central de la Policía Local.
El comisario principal jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, acompaña a la alcaldesa, Maria José Català, en una visita a la central de la Policía Local. Europa Press
Laura Martínez

València —
14 de marzo de 2025 23:08 h
Actualizado el 15/03/2025 05:30 h
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El juzgado que investiga las pruebas de los comisarios de Policía Local de València abre una pieza separada para imponer sanciones al Ayuntamiento por no aportar los expedientes completos sobre el examen que recurrieron dos aspirantes. El juzgado de lo contencioso número 5 de Valencia, que lleva meses pidiendo la documentación sobre los trabajos evaluados, vuelve a reclamar al consistorio que remita los registros que acrediten el depósito de las presentaciones de los comisarios y anuncia de multas de hasta 1.200 euros para el funcionario responsable de no haberlas enviado.

Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe

Dos comisarios recurrieron las pruebas de mejora en septiembre de 2023, denunciando que se había beneficiado a personal de confianza del jefe, José Vicente Herrera, en unos exámenes que ya tuvieron que repetirse por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Dos de los comisarios suspendidos reclamaron en el juzgado las actas de evaluación de toda la cúpula, los trabajos y los correos electrónicos remitidos a la Jefatura que acreditan la entrega, además de la fecha de envío. La acusación sospecha que las notas estaban previstas de antemano y que las actas de evaluación se elaboraron a posteriori para beneficiar a comisarios de la órbita del jefe de Policía Local. Hasta el momento, la documentación solicitada no ha llegado completa al juzgado que investiga el presunto amaño de las pruebas, pese a que la magistrada la reclama desde diciembre de 2024.

El consistorio, que lleva meses dando largas al juzgado o remitiendo la información de manera incompleta, señala a un agente de base como responsable de ese bloqueo. Tras el último apercibimiento, el 30 de enero, y con las multas sobre la mesa, el gabinete de la Policía Local alegó que los documentos requeridos por el juzgado no formaban parte del expediente administrativo por ser “un elemento de apoyo voluntario para los aspirantes (...) y no se unieron al expediente” ni al servicio de personal. Sin embargo, en las actas remitidas sí consta que al expediente se aportaron las presentaciones utilizadas por los aspirantes para apoyarse en su examen.

También se excusa el consistorio en que el requerimiento se remitió a varias unidades administrativas distintas y quedó sin atender, hasta finalmente identificar a un agente de base como responsable del retraso, “por cuestiones administrativas, de la plataforma integral de administración electrónica, o personales”. La acusación lo considera un parapeto de Herrera y recalca que los trabajos fueron remitidos a su correo profesional, no a un genérico del cuerpo. La documentación es clave para la investigación que se desarrolla por la vía penal en otro juzgado, que sigue de cerca la Fiscalía Anticorrupción, y por la que el contencioso ha preguntado para declarar la prejudicialidad.

Guerra total por el poder en la Policía Local de Valencia a las puertas de la jubilación del comisario jefe

En la última providencia, dictada el 11 de marzo, recuerda que ya en enero se apercibió a la Administración para que en el plazo de cinco días identificara con nombres y apellidos a las a la autoridad o empleado responsable. Una vez identificado, se plantean multas de entre 300 y 1.200 euros cada veinte días hasta el cumplimiento de lo requerido. El agente señalado tiene diez días para presentar alegaciones.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2536 en: 18 de Marzo de 2025, 08:03:18 am »
Valencia, Alicante...andan cojonudos en las Policías Locales.

Nace la comisión para analizar la situación de la Policía Local de Alicante, tres meses después


Historia de alejandro j. fuentes|mercedes gallego|c. pascual • 11 h • 2 minutos de lectura

Tres meses de su aprobación en el pleno municipal, nace la comisión para analizar la situación en la que se encuentra la Policía Local de Alicante. Eso sí, lo hace todavía sin fecha para su puesta en marcha y en pleno «lío» por la jubilación forzosa del actual jefe, José María Conesa.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha emitido el necesario decreto de constitución del organismo, con el que se pretende analizar y evaluar la gestión y el funcionamiento del cuerpo policial, y que estará formada por concejales de los grupos municipales que conforman la Corporación. Eso sí, se invitará igualmente tanto a representantes sindicales de los agentes como a oficiales y miembros de la cúpula policial, tal y como se acordó en el pleno.

El decreto del regidor ha llegado cuando se cumplen justo tres meses de su aprobación, el pasado diciembre, escasos días después de que el grupo Vox, precursor de la comisión, presentase un ruego al pleno de marzo para reclamar su constitución y convocatoria. Lo primero, ya ha llegado, de lo segundo aún no hay fecha.

Para el portavoz adjunto de los ultras, Mario Ortolá, es necesario obtener «explicaciones de cómo se ha llegado a esta lamentable situación y, principalmente, realizar una lista de necesidades y propuestas para su mejora inmediata».

Todo ello en un contexto en el que la Policía Local de Alicante ha vuelto a ser noticia por la próxima renovación de su jefatura. Y es que el alcalde Barcala ha puesto fecha a la salida de José María Conesa, vía decreto, en lo que supone un capítulo más del choque existente entre ambos en los últimos años. Conesa tenía previsto jubilarse a mediados de abril del año 2027, en la previa de las elecciones municipales.

Sin embargo, según el documento oficial, el jefe de la Policía tendrá que dejar el cargo el próximo mes de agosto. La discordia entre ambas partes gira en torno a la cotización a la Seguridad Social, donde hay disparidad de criterios.

El Ayuntamiento considera que «procede declarar la jubilación forzosa de Conesa por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que resulta de los años de cotización que constan acreditados, según normativa de aplicación», subrayando que «la resolución estará condicionada a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepte su solicitud».

Un choque más entre Barcala y Conesa después de que, hace poco más de un año, el gobierno local impulsara un intento de reorganización del cuadro de mandos, de la conocida como «plana mayor», con un objetivo evidente: intentar controlar al actual jefe de la Policía Local.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2537 en: 21 de Marzo de 2025, 05:54:53 am »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2538 en: 21 de Marzo de 2025, 17:14:01 pm »
https://x.com/Sara_Garcia7/status/1902703239750938939

Que potito...


Grande el señor Nogueroles, pero no sé si sabe que tendría que cargarse a muchos mandos.

Es el actual jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, y apuesto a que llegará a DAO porque es un gran gestor, tiene dos dedos de frente, cae bien a todo el mundo, un currículum envidiable y por donde ha pasado dejó huella para bien.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2539 en: 25 de Marzo de 2025, 15:54:45 pm »

Denuncian por malversación y malas prácticas a los mandos de un grupo de la Guardia Civil


La denuncia pone el foco en las supuestas prácticas corruptas de oficiales que se encargan de las conducciones especiales en Madrid

Borja Méndez
Borja Méndez@Borjamendez
Madrid Creada: 25.03.2025 13:09
Última actualización: 25.03.2025 13:09


Malversación de fondos públicos y uso inadecuado de vehículos oficiales. La Guardia Civil tiene sobre la mesa una denuncia interna que detalla las presunta malas praxis que se producen en el sino de la Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE). La persona anónima que advierte de estos hechos defiende que tiene en su poder unos audios de mandos del grupo que respaldarían su versión, según adelantan fuentes del caso a LA RAZÓN.

La denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue registrada este lunes por la tarde en el canal anónimo de comunicaciones del Ministerio del Interior. La tipología de los hechos son consideradas como infracciones penales graves o muy graves por una "presunta malversación de fondos y uso para fines diferentes de medios oficiales".

El escrito será remitido al Comité de Gestión de Conducta Ética de la Guardia Civil para su valoración, según informan fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN. Después, en función de esta valoración, se trasladará a la "unidad correspondiente" de aclarar todas las circunstancias.

El denunciante comienza su relato explicando que el Banco de España entrega mucho dinero en efectivo cada mes a la UPROSE para "gastos oficiales" de la Compañía que se encarga de las Conducciones Especiales. Sin embargo, esta persona anónima critica que el dinero "no llega" porque "el coronel lo utiliza como considera". Se estima que pueden llegar a ser 10.000 euros al mes.

Una de los acuerdos entre los mandos es que el jefe de las conducciones tiene que llevar un sobre con 500 euros del Banco de España para sufragar posibles incidencias en los trayectos. Una circunstancia que no se produce. El denunciante señala que parte del importe "se lo gastan en pinchos" entre los mandos.

Otro de los puntos en el que presuntamente incurren en irregularidades es que en los viajes siempre se alojan en hoteles de cinco estrellas por lo que se incrementa la dieta autorizada por ellos mismos. Así, el texto desvela un viaje a Canarias en el que uno de los mandos realizó un "curso de buceo" mientras supuestamente vigilaba el equipo del Banco de España.

Según los audios adjuntados en la denuncia, uno de los implicados "lo cuenta alardeando y comenta que se aumenta la dieta porque sí". Asimismo, también se hace mención al uso irregular de los coches de la Guardia Civil.

En este sentido, se explica que a finales de 2024 la Fábrica de Moneda y Timbre del Banco de España hace entrega de dos vehículos BMW X3 que deberían utilizarse para servicios que realiza la CIA de Conducciones Especiales de la UPROSE para el Banco de España. Estos vehículos disponen de tarjeta para repostaje que abona la Administración. Cuentan con un sistema para abrir barreras en autopistas.

Según el testimonio de este anónimo los vehículos se alternan para "que no cante la situación porque hace muchos kilómetros supuestamente no justificables". Los guardias del UPROSE tendrían conocimiento de que los mandos viajan a Alicante, Torrevieja o Murcia con estos coches. Sin pagar gasolina ni peajes.

La mudanza de su hija con vehículo oficial
El último de los ejemplos que se pone en el requerimiento es que uno de estos tenientes utilizó el vehículo oficial para llevar los muebles de la hija de un mando desde Barcelona a Valencia. Presuntamente se disimuló como vigilancia de un servicio. "Por todo esto aseguró gratificarle con dos medallas (una el Pilar y a los 15 días Instituciones Penitenciarias, en diciembre)", advierte.


También se menciona que este mando empleó el coche acompañado de su mujer para ir a comer a Jaén. Argumentó que estaba vigilando una conducción del Banco de España en la región. Se han adjuntado audios con capitanes del UPROSE que presuntamente corroborarían la versión de este sujeto. "Solo se denuncia porque considero que la información que he recibido podría ser grave; todo sea con carácter de presunción, aunque los testimonios directos son claros", advierte.

"Tengo las grabaciones de lo relatado por testimonio directo de algunos hechos y e indirecto de otros. Pongo a disposición ese material si se me requiere y mi correo para lo que pueda ayudar", concluye el denunciante. La Guardia Civil ha recibido este testimonio, que pasará por los cauces correspondientes por si se deben depurar responsabilidades.