Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 402615 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2600 en: 11 de Diciembre de 2025, 07:38:52 am »
Le terminará llegando una imputación en diferido. . . cómo la indemnización de Bárcenas. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2601 en: 11 de Diciembre de 2025, 10:41:56 am »
Menuda mafia.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2602 en: 17 de Diciembre de 2025, 07:52:17 am »
El juez Pedraz cita a Miguel Urbán para declarar como víctima del montaje de la cocaína que orquestó la cloaca del PP

La Audiencia Nacional entra al fondo de la operación desvelada por elDiario.es reclamando una batería de documentos a la unidad Antidroga de la Policía y tomando declaración a dos nuevos mandos del Cuerpo

Pedro Águeda

16 de diciembre de 2025 21:39 h Actualizado el 17/12/2025 05:30 h 22
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El fundador de Podemos Miguel Urbán Crespo ha conseguido por fin que un juez escuche su testimonio sobre el montaje urdido contra él desde la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha citado a Urbán como testigo en la causa que dirige en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos en la primera legislatura del Ejecutivo del PP, más intensas en 2016, cuando el partido estuvo cerca de gobernar.

Cronología de una operación contra Podemos: la Policía fabricó en 17 días el bulo de la cuenta de Iglesias en el Caribe

elDiario.es desveló en mayo de 2025 cómo Urbán fue investigado en aquel periodo por la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior a partir del testimonio de un confidente que aseguraba haberle visto vender 40 kilos de cocaína en el piso superior a un pub de Malasaña.


El disparatado relato, monitorizado por uno de los mandos de la brigada política del PP, incluía cómo Urbán habría confesado a voces que la cocaína era de Venezuela y que su venta estaba destinada a financiar a Podemos. Antes de marcharse, el entonces eurodiputado habría volcado cocaína sobre la barra del bar e invitado a todos los clientes para celebrar la operación. Urbán, contaba el confidente, era un traficante de menudeo habitual de Malasaña. 

Ese mando policial es José Luis Olivera, hoy jubilado, procesado en el caso Kitchen y en el momento de los hechos director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su firma está en los documentos que motivaron la apertura de las diligencias de la Fiscalía Antidroga que reveló este medio. El pasado 24 de noviembre, Olivera declaró en la Audiencia Nacional, como testigo, que él solo dio traslado de una fuente del CITCO y que ni siquiera sabía a ciencia cierta, en pleno apogeo de Podemos, quién era Urbán, por lo que tuvo que buscarlo en Wikipedia.

Durante su declaración, Olivera trasladó la responsabilidad de la Operación Cardenal –como se bautizó la investigación a Urbán– a dos subordinados en la etapa del CITCO, un comisario y un inspector jefe que el juez ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a petición de la acusación particular, que ejerce Podemos. El día antes está prevista la declaración de la víctima del montaje, Miguel Urbán.


La investigación a Urbán resultó un pretexto para dar el salto a las cuentas de Podemos y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En la causa consta como investigado el policía Antidroga que utilizó la apertura de la Operación Cardenal para rastrear en las bases de datos al ex secretario general del partido. Cuando declaró en la Audiencia Nacional aseguró que siempre que se investiga a alguien por drogas se consulta a su entorno más cercano.

De todas las personas que la Policía consideró cercanas a Urbán, la Policía escogió a Pablo Iglesias y a un senador de Podemos con apellido vasco y antigua militancia en la ETA que actuó durante el franquismo, Josetxo Arrieta.

La primera querella
La querella que dio origen a la investigación de la guerra sucia contra Podemos incluía una conversación entre el número dos de Interior Francisco Martínez y uno de los comisarios de la brigada política. El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad dice a través de WhatsApp: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. Cuando el comisario Enrique García Castaño contesta “nada”, Martínez escribe: “¡Cagüenlaputa!”. La búsqueda sobre los antecedentes de Arrieta, que se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, se había realizado el 8 de enero anterior.

Entre la documentación que la Audiencia Nacional solicita ahora a la Udyco de la Policía están las “fichas de los investigados” que se hubieran elaborado en el marco de la Operación Cardenal, así como “la totalidad de personas” a las que la unidad antidroga buscó en las bases de datos policiales con la excusa de la investigación por narcotráfico a Miguel Urbán.

También a petición de Podemos, el juez Pedraz ha solicitado todos los “datos coordinables” que hubiera introducido la policía en esas bases de datos para realizar sus búsquedas y cualquier “documento interno de trabajo, notas o mensajes” que consten en los archivos policiales sobre la citada Operación Cardenal. El juez también se dirige al CITCO, el órgano que dirigía Olivera y de donde partió la declaración del confidente, al que se reclama cualquier documento relacionado con la investigación a Urbán.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2603 en: 19 de Diciembre de 2025, 10:03:06 am »
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle

Jaime Barrado acude a la Guardia Civil con mensajes de WhatsApp y audios en los que Fernando Moré, ex jefe de la unidad Anticorrupción de la Policía, le ofrece 20.000 euros de parte de López Madrid para que cumpla un encargo: “Dile a la doctora y su abogada que lleguen a un acuerdo, que tú no vas a ir al juicio”



Pedro Águeda

18 de diciembre de 2025 22:04 h Actualizado el 19/12/2025 05:30 h 29
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El comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto por parte de Javier López Madrid y el comisario Villarejo, ha denunciado ante la Guardia Civil que el empresario ha intentado comprarle. En esta ocasión, el yerno de Juan Miguel Villar Mir ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario

López Madrid contra Elisa Pinto: la Policía al servicio de un poderoso empresario
El caso de acoso de López Madrid a la dermatóloga pasó de ser solo un posible delito entre particulares a albergar una trama de corrupción policial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el teléfono del empresario las evidencias de que había recabado la ayuda de destacados comisarios en activo de la Policía Nacional para destruir la investigación. Diez años después, López Madrid habría vuelto a recurrir a un policía corrupto, en este caso jubilado, para evitar que se celebre el juicio por acoso, coacciones y lesiones contra él y el comisario Villarejo, previsto para el próximo febrero. La Fiscalía solicita 13 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos.


Jaime Barrado y Fernando Moré son compañeros de promoción, pero apenas se habían tratado en su extensa carrera. El pasado mes de julio, Barrado fue advertido por un periodista de que circulaba la información de que había sido “comprado por López Madrid y su entorno”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Sin embargo, no es hasta el 24 de septiembre cuando Moré se pone en contacto por primera vez con Barrado a través de un mensaje y le propone que se vean.

En el acta de la denuncia, la Guardia Civil escribe: “Barrado espera saludar a un compañero de promoción también jubilado y se encuentra con la oferta de un intento de soborno para el tema de Elisa Pinto (…) Para asombro del denunciante, Fernando [Moré] manifiesta que Javier López Madrid directamente le ha ofrecido unos 200.000 euros, que podrían llegar a 300.000 euros, con el fin de que actuase de la manera que le fuera posible para conseguir influencias frente a Elisa Pinto para lograr que no llegase a juicio siendo este señalado para la fecha 4 de febrero de 2026 en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid”.

El comisario que ha elegido López Madrid para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022.


Dos días después de la primera cita entre los comisarios jubilados se produjo una segunda. A esta, Barrado acude ya con una grabadora oculta. En el audio que reproduce elDiario.es, Moré le cuenta que sus clientes saben que tiene “ascendencia” sobre la dermatóloga y su abogada. “Lo que quieren es que tú suavices el tema”, añade More. A continuación, el ex jefe de la UDEF expone a Barrado el guion que debería recitar ante Pinto y su letrada. Debe decirles: “Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto”.

Barrado quiere dejar constancia de que Moré no actúa por iniciativa propia o incitado por terceros ajenos a López Madrid. El presunto autor del soborno ha mencionado a otro empresario, José María Fernández Ameneiro, y Barrado quiere saber por quién está intentando ser sobornado. “¿Tú has hablado directamente con López Madrid?”, le dice a su interlocutor. “Sí, sí. He hablado con él (…) Ayer le dije a Javier López Madrid: mira, Jaime necesita una compensación económica. Porque aquí todos mueven dinero menos nosotros”. Más adelante, Moré añade: “Me dijo, bueno, pues venga, yo estoy de acuerdo. No van a ser 3.000 o 4.000 euros. Porque eso no va, no se mueve. Y me dijo: qué te parece 20.000 euros… En efectivo, claro”.


Cuarenta y ocho horas después de esa reunión, el sábado 18 de octubre, Jaime Barrado acude a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Repetiría en dos ocasiones más para ampliar la denuncia.

El 22 de octubre, Moré vuelve a ponerse en contacto con Barrado. “Búscate un hueco mañana y tomamos un café”, le dice sin saber que su interlocutor ya ha denunciado el soborno. Después le llama por WhatsApp y le dice: “Ya tengo eso para ti (…) Te lo quiero entregar ya porque están muy nerviosos y tienen prisa”.

A la mañana siguiente, Moré llama a Barrado y este graba la conversación. El comisario Barrado dice que está “mosqueado”, que cómo puede ser que la primera oferta fuera de 200.000 o 300.000 euros y en la segunda cita ya hubiera bajado a 20.000. Moré intenta decir que fue “un error” suyo, que él va a hacer factura de la operación. “Me voy a llevar menos que tú”, añade.

Jaime Barrado, perseguido por el Ministerio del Interior en 2015 tras atreverse a investigar a Villarejo, aprovecha para desquitarse: “O es trampa o están las cloacas metidas de por medio y ya se han repartido lo que dé López Madrid entre el empresario Ameneiro ese, el Alberto Carba, el Gordo, tú…”. Y zanja el asunto: “No quiero volverte a ver”. El comisario amplía su denuncia con todo el material nuevo. La Guardia Civil envió las denuncias a Plaza de Castilla y el asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 34.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con todos los implicados en el presunto soborno. El comisario Fernando Moré enmarca su actuación en el acuerdo que supuestamente se está gestando entre los abogados de López Madrid y Pinto, una afirmación que fuentes de la defensa de la doctora niegan rotundamente. “El único acuerdo que alcanzaríamos pasaría por un reconocimiento de los hechos y una condena para los acusados”, aseguran a este medio.

Moré asegura no recordar haberle dado indicaciones de lo que debía decir Barrado a la doctora y su abogada. Explica que conoce a López Madrid de hace unas semanas, cuando se lo presentó un amigo, el empresario Juan Carlos Ameneiro. “La idea fue mía. Intentaba conseguir un contrato de seguridad con López Madrid porque ahora hago trabajos de consultoría en seguridad”, ha explicado a elDiario.es. El ex jefe de la UDEF se considera “traicionado” por Barrado y asegura estar en un delicado estado anímico porque ya conocía la denuncia contra él. “Son más de 40 años de servicio manchados por una cosa sin importancia…”, añade. 

Por su parte, José María Fernández Ameneiro confirma que presentó al policía jubilado Fernando Moré y a Javier López Madrid. Este último es amigo suyo de hace años y necesitaba que un profesional practicara un “forensic” a su teléfono móvil. Ameneiro era a su vez amigo de Moré, quien tiene una empresa capaz de realizar ese estudio al teléfono, y puso en contacto a ambos. “Se vieron cinco minutos”, relata Ameneiro a elDiario.es.

El empresario amigo de López Madrid asegura tajante que este desconocía la supuesta oferta que Moré le hizo a Barrado, de la que responsabiliza por completo al ex jefe de la UDEF. Fernández Ameneiro añade que lleva meses negociando con la defensa de la doctora Pinto un acuerdo con autorización del acusado López Madrid. Este último no ha contestado a la llamada ni el mensaje que le envió este medio. En la actualidad Javier López Madrid es presidente de Ferroglobe y director ejecutivo del Grupo Villar Mir, entre otros cargos.


Diez años atrás: el origen del caso
La doctora Elisa Pinto acudió en 13 ocasiones a la comisaría del distrito de Chamartín, próxima a su domicilio, a lo largo de 2014 y 2015 para denunciar diferentes episodios de amenazas a ella y a uno de sus hijos. Era la época de la brigada política y Jorge Fernández Díaz en el Ministerio. La mujer no logró que la Policía hiciera nada. Por fin, el jefe de la comisaría entonces, Jaime Barrado, se hizo cargo personalmente del caso y citó a la doctora el 19 de mayo de 2015 para un reconocimiento fotográfico del hombre que la había pinchado en el costado, la segunda agresión con arma blanca que sufría la dermatóloga desde que se decidió a denunciar por acoso sexual a López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo personal de Felipe VI.

En el reconocimiento en sede policial, la dermatóloga identificó “sin ningún género de dudas” a Villarejo –así consta en el acta- como el hombre que la asaltó, en presencia de su hijo de 10 años, y que la apuñaló en un costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La doctora reconoció dos fotografías de Villarejo en diferentes épocas y entre una docena de instantáneas de hombres con aspecto similar.

Barrado remitió el resultado del reconocimiento a los dos juzgados implicados entonces en el litigio de la doctora con López Madrid y al Ministerio del Interior. Aquella actuación le pasó una factura inmediata. El Ministerio del Interior se encontraba en pleno apogeo de la brigada política, con Jorge Fernández Díaz de titular e Ignacio Cosidó al frente de la Policía. Dos abogados próximos a Villarejo urdieron un montaje y la Dirección de la Policía suspendió de funciones a Barrado, un histórico en la lucha contra el crimen organizado. El Tribunal Superior de Justicia le terminaría dando la razón ordenando su restitución.

El juicio se celebrará el próximo febrero, más de diez años después, y es la mayor amenaza judicial para López Madrid, que también tiene pendiente dos causas de corrupción, una pieza de Púnica y otra del caso Lezo. Resultó exonerado, como el resto de los acusados, de la pieza principal por el rescate de Bankia, de la que era consejero. Pero fue condenado por las tarjetas Black, una pieza separada.

Al trascender los gastos que había hecho con el plástico con un dinero que no era suyo, los reyes de España le escribieron en un chat que compartían los tres para arroparle, según los mensajes publicados por elDiario.es. Aunque López Madrid había intentado borrarlos, la UCO también los recuperó. En el intercambio, la reina Letizia se dirige a él como “compiyogui” porque hacían yoga juntos.

Esos mensajes con el jefe del Estado y la reina eran parte de la causa que investigaba a la doctora por una denuncia que le presentó López Madrid después de que la mujer acudiera a la justicia. El caso contra Elisa Pinto fue archivado mientras que la causa contra López Madrid y Villarejo siguió adelante.

Maniobras para retrasar el juicio
El juicio contra ambos debería haberse celebrado en septiembre y octubre de 2024, pero una maniobra 'in extremis' de la defensa de López Madrid consiguió retrasarlo hasta el próximo febrero de 2026. Unos días antes de la fecha, el abogado de López Madrid alegó sin éxito que no había tenido tiempo de preparar un juicio cuya fecha se había fijado hacía diez meses. Al ser ignorado por el tribunal, el letrado presentó un parte médico por ansiedad que la jueza consideró motivo suficiente para aplazar la vista.

Con esta maniobra, la defensa de López Madrid no solo lograba un aplazamiento de ese juicio, también conseguía que una segunda vista en la Audiencia Nacional, con los mismos acusados, idéntica víctima y mejor perspectiva para el empresario, se celebrara antes. López Madrid será juzgado a partir del próximo 12 de enero en el tribunal especializado por haber contratado a Villarejo cuando este era un funcionario de la Policía en activo. Los hechos por los que le contrató son los mismos del presunto acoso, coacciones y lesiones, pero en esta causa, una pieza separada del conocido como caso Villarejo, solo se juzgará el posible cohecho.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2604 en: 19 de Diciembre de 2025, 14:53:25 pm »
Y Villarejo que opina de esto?. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2605 en: 21 de Diciembre de 2025, 07:10:17 am »
Lees el artículo y solo puedes pensar...vaya cubo de mierda que hay en la policía.



Caso López Madrid contra la doctora Pinto: diez años de corrupción policial al servicio del poderoso empresario

Historia de Pedro Águeda • 8 h •

El ex jefe de la UDEF tratando de comprar a un testigo clave del caso es el último episodio de la historia del servilismo de relevantes comisarios de la Policía postrados ante la fortuna del yerno de Villar Mir



Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo.

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía.

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso.

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra.

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario
Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda.

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España.

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid.

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas.

Villarejo, a sueldo de López Madrid
Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel.

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)
La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer.

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales.

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación
El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022.

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2606 en: 22 de Diciembre de 2025, 08:04:06 am »
Francisco Toro sí quiso trabajar como guardia civil en Madrid pero tiene claro por qué ahora no vienen pese a cobrar 2.000 €

Faltan 2.000 agentes en la capital, sobre todo en la sierra. “El coste de la vivienda hace que muchos se quieran quedar en provincias”, explica.


David Palomo
21 diciembre 2025
03:04h
Actualizada
21 diciembre 2025

Francisco Toro Mansilla estuvo destinado como Guardia Civil en Bilbao —durante los años del plomo—, en Barcelona y en Baleares. Sin embargo, él siempre quiso servir al Cuerpo en Madrid. “Y los últimos 25 años de mi carrera estuve prácticamente aquí”, cuenta en conversación con EL ESPAÑOL. Pero, claro, eran otros tiempos. Entonces, “nosotros sí queríamos trabajar en la capital porque te ofrecía mejores posibilidades laborales, era más fácil ascender...”, explica el ya capitan retirado, miembro del RAGCE (Retirados Asociacods de la Guardia Civil de España).

Ahora, la situación ha cambiado. Los sindicatos de la Guardia Civil llevan tiempo alertando del “preocupante déficit” de efectivos en la Comunidad de Madrid. En total, faltan 2.000 agentes —aunque cobren 2.000 euros—. Sobre todo, en los pueblos de la sierra, donde los delitos crecieron un 20% el pasado verano.

Algunos cuarteles, como el de Torrelaguna, dan servicio a ocho municipios: Cabanillas, Patones, Venturada, Redeña, Torremocha, Berrueco y La Cabrera. “El ministro del Interior y el delegado del Gobierno deben ampliar los efectivos de Policía y Guardia Civil en la Comunidad de Madrid y dotar con urgencia de más y mejores medios a los magníficos profesionales que tenemos en la región”, pide Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo autonómico.

Pero, ¿por qué los guardias civiles no quieren estar destinados en Madrid? “El déficit actual de efectivos está directamente relacionado con las dificultades de atraer y retener a agentes en Madrid, que se enfrentan a problemas como el coste de la vivienda y la vida”, explican desde los sindicatos.

“Es imprescindible establecer incentivos profesionales y económicos, como la implementación de un plus de capitalidad y la consideración de la profesión como grupo de riesgo. El déficit evidencia la necesidad de un plan integral de refuerzo por parte del Ministerio del Interior”, piden.

Francisco Toro Mansilla entiende perfectamente por qué ahora los guardias civiles prefieren estar destinados en otros puntos de España. “Cuando yo estaba en el Cuerpo ganaba 22.000 pesetas, que parece poco, pero rentaba más en aquella época. Era más fácil comprar una vivienda que con el sueldo de ahora”, cuenta.

Entonces, los guardias civiles como Francisco elegían Madrid de cara a desarrollar una carrera dentro del cuerpo. “Madrid tiene y ofrece más posibilidades. Hay muchas cosas que, de no estar aquí, no puedes hacer si vives en otra provincia”, explica.

El problema, en cualquier caso, radica, según el propio Francisco, en que todos los guardias civiles ganan lo mismo en cualquier parte de España. “Sólo en las islas, donde tienen un plus de insularidad, perciben algo más”. “Entonces, claro, muchos deciden no venir aquí por el tema de la vivienda. Al final, tienen el mismo sueldo y el doble o el triple de gasto en Madrid”, añade.

¿La solución? Una de las posibles soluciones sería incluir un plus por capitalidad. “Los policías que están en grandes ciudades ganan algo más. En la Guardia Civil eso no existe y sería una buena solución”, reconoce Francisco Toro.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2607 en: 25 de Diciembre de 2025, 12:08:11 pm »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2608 en: 25 de Diciembre de 2025, 14:00:53 pm »
Al final, toda la mierda, sale por las alcantarillas. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2609 en: 29 de Diciembre de 2025, 08:05:14 am »
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”


El mando Antidroga imputado por buscar en 2016 al líder de Podemos en las bases de datos se justifica en la Audiencia Nacional asegurando que buscaba en “el entorno más cercano” de Miguel Urbán, contra el que se había orquestado un montaje sobre tráfico de cocaína

Pedro Águeda

28 de diciembre de 2025 21:32 h Actualizado el 29/12/2025 07:14 h 59

La escena tuvo lugar el pasado 3 de julio y ha permanecido inédita hasta ahora. En la Audiencia Nacional declara un inspector jefe de la Policía antidroga porque su clave figura en una búsqueda sobre Pablo Iglesias en marzo de 2016, en plena furia de la brigada política contra Podemos para evitar que alcance el Gobierno. El mando asegura que introdujo el nombre de Iglesias porque se estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán, en un caso de narcotráfico –un burdo montaje cuyos detalles ofreció elDiario.es– y que “siempre” indaga en “el entorno más cercano” de los sospechosos. Es entonces cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, le pregunta si se actuó igual cuando el caso Gürtel. “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, contesta el policía.

El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña

El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña
El vídeo de la declaración, que hoy reproduce elDiario.es, condensa en apenas unos segundos el espíritu de las maniobras policiales contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ya fueran independentistas catalanes o miembros de Podemos. Los mandos policiales intentan enmarcarlas en la normalidad de su trabajo de investigación y niegan cualquier consigna política, pero los hechos les desmienten. En el primer semestre de 2016, entre las elecciones del diciembre anterior y las de junio de ese año, se concentraron la mayoría de informaciones periodísticas falsas sobre Podemos que recogían informes policiales sin firma, sello ni fundamento.

Una de esas maniobras recibió el nombre de Operación Cardenal. A partir del supuesto testimonio de un confidente, uno de los miembros de la brigada política al servicio del Partido Popular, el comisario José Luis Olivera, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir unas diligencias de investigación por la venta de 40 kilos de cocaína por parte de Miguel Urbán en un pub de Malasaña con la confesa intención de financiar a Podemos. La cúpula policial consiguió implicar a la unidad especializada Antidroga, la Udyco. Uno de sus inspectores buscó información de Pablo Iglesias con el argumento de que el líder de Podemos era “el entorno más cercano” del “líder” de la organización de narcotráfico, el entonces eurodiputado Miguel Urbán.

La investigación de la guerra sucia a Podemos a partir de una querella presentada por el partido permitió descubrir una larga lista de consultas policiales sobre miembros de la formación, la mayoría parlamentarios. La Unidad de Asuntos Internos obtuvo que una de esas búsquedas se produjo en el marco de la Operación Cardenal, la fantasiosa historia de la venta de cocaína por Urbán. El 3 de julio pasado, el entonces inspector que realizó la búsqueda de Pablo Iglesias acudió a declarar como imputado al juzgado que dirige Santiago Pedraz.

El fiscal González Mota preguntó al policía si existe “un protocolo” que señale que si se investiga la financiación de un partido a través del narcotráfico hay que consultar las bases policiales en busca de antecedentes de su líder. “No, yo actué como actúo con el resto de actuaciones, se investiga el entorno más cercano a ver si están involucrados. Pero a mí nadie me dice 'tienes que mirar a esta persona' o a otra”, respondió el inspector jefe.



El fiscal quiere saber qué le llevó a pensar que, de acuerdo a una supuesta venta de cocaína de Miguel Urbán, sería conveniente comprobar si Pablo Iglesias tenía antecedentes. “Yo consulto los datos de don Pablo Iglesias porque cuando yo veo que es Miguel Urbán el que supuestamente las diligencias de investigación señalan como el líder o el que realiza el pase de 40 kilos de cocaína, como se hace en el resto de investigaciones, se mira el entorno más cercano. Como es cofundador de Podemos, están Pablo Iglesias y otras personas. Se actúa de la misma manera con otras investigaciones y como he actuado durante nueve años”, contestó el policía.

La defensa del agente pidió el archivo de la causa contra él tras la declaración y el juez Pedraz la acordó. Pero la acusación particular, que ejerce Podemos, recurrió la decisión y la Sala de lo Penal ordenó al magistrado que volviera a imputar al inspector jefe de la Udyco. De esta forma, el policía Antidroga se sumó al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y otros mandos que integraron la brigada política del PP.

Una de las conversaciones que dio origen a la causa en la Audiencia Nacional fue intervenida en el caso Kitchen entre Martínez y el comisario Enrique García Castaño cuando el político pide antecedentes de los parlamentarios de Podemos por WhatsApp y el policía le responde que la búsqueda ha dado resultado negativo. “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta”, escribió en Whatsapp Martínez. Otro de los investigados en las bases de datos a partir del montaje de la cocaína fue el senador Josetxo Arrieta, condenado por el franquismo en relación con su actividad en ETA y acogido a la amnistía de 1977.

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Al descartar la existencia de un protocolo que justificara la búsqueda sobre Iglesias, el fiscal González Mota avanza por otra vía: confirmar si es una práctica habitual investigar a los líderes de los partidos cuando hay sospecha de delito en alguno de los miembros de la formación, en este caso desde una unidad contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso pregunta al agente si sabía de la existencia del caso Gürtel en 2016. A continuación es cuando González Mota lanza: “¿Sabe usted si se investigó la ficha policial de Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, responde el inspector jefe.

El juez Pedraz cita a Miguel Urbán para declarar como víctima del montaje de la cocaína que orquestó la cloaca del PP

El juez Pedraz cita a Miguel Urbán para declarar como víctima del montaje de la cocaína que orquestó la cloaca del PP
En los últimos días, el juez Pedraz ha ordenado una batería de diligencias que impulsan el caso de la guerra sucia contra Podemos. El 21 de enero declarará en la Audiencia Nacional la víctima del montaje de la cocaína, Miguel Urbán. Un día después lo harán dos mandos policiales a los que José Luis Olivera, el artífice del montaje, señaló durante su declaración como testigo. Ambos eran subordinados suyos en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (CITCO) en 2016.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2610 en: 29 de Diciembre de 2025, 15:23:14 pm »

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« Respuesta #2611 en: 31 de Diciembre de 2025, 09:25:49 am »


Archivan el caso de la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe de la Ertzaintza


Asuntos Internos reconoce «deficiencias» en la «gestión» de las pruebas, pero dice que no se puede saber quién lo hizo desaparecer
David S. Olabarri

bilbao.

Lunes, 29 de diciembre 2025, 01:00
La unidad de Asuntos Internos ha archivado la investigación abierta por la desaparición del test de drogas del hijo del jefe de la comisaría de ...

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« Respuesta #2612 en: 31 de Diciembre de 2025, 18:52:35 pm »
Pues se perdió y listo. . . no vamos ahora nosotros a explicarle a nadie como funcionan las cosas. . .

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« Respuesta #2613 en: 02 de Enero de 2026, 12:06:04 pm »

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« Respuesta #2614 en: 02 de Enero de 2026, 23:38:31 pm »
Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2615 en: 15 de Enero de 2026, 17:42:12 pm »

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« Respuesta #2616 en: 15 de Enero de 2026, 22:25:15 pm »
La justicia está pensada para el robagallinas, éstos no son robagallinas, así que me parece que no habrá justicia. . . veremos qué pasa y ojalá me equivoque. . .

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2617 en: 21 de Enero de 2026, 07:26:31 am »
Fiscalía y defensas piden absolver a Villarejo y López Madrid de supuestamente hostigar a Pinto por falta de pruebas

Historia de Europa Press • 15 h •

La abogada de la denunciante cree "perfectamente acreditado" el pago del empresario al comisario jubilado y pide condenarles

La Fiscalía y las defensas de los acusados por un presunto delito de cohecho por el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que hostigase a la dermatóloga Elisa Pinto han pedido su absolución por falta de pruebas.

Así lo han solicitado estas partes en sus respectivas exposiciones de los informes finales este martes en la última sesión del juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional (AN) contra López Madrid, el comisario Villarejo y su socio Rafael Redondo, y que ha quedado visto para sentencia.

Tanto las defensas como el Ministerio Fiscal han asegurado que no se ha hallado un supuesto pago de López Madrid a Villarejo --o a su grupo empresarial, CENYT-- para que interecediese en su conflicto personal con la doctora.

En este sentido, el abogado del comisario jubilado ha indicado que "ni los hechos objeto de acusación ni el propio escrito" de la abogada de Pinto "contienen la descripción fáctica que permitiría condenar por cohecho". Además, ha señalado que la testifical de la dermatóloga no es "coherente" con una persona "que dice estar en una relación forzada".

En su declaración, la doctora reconoció que se sentía "obligada" a mantener "una comunicación" con el empresario que "no quería tener", basada en llamadas, mensajes de WhatsApp o visitas a su casa y consulta.

Por su parte, la defensa de Redondo ha insistido en que "no se ha podido demostrar" que López Madrid pagase a Villarejo y que la actuación de su representado en los hechos investigados "es nula".

Por ello, el letrado asegura no entender "qué tiene que ver" la visita que Redondo y López Madrid realizaron a la consulta de Pinto con el delito de cohecho y ha dicho que su cliente es "una víctima colateral de una guerra ajena".

Respecto a López Madrid, su abogado también ha reiterado la falta de un documento que acredite el pago a Villarejo y ha sostenido que "nunca le dijo que era funcionario en activo".

FISCALÍA DICE QUE NO HUBO "DÁDIVA, PRESENTE O PROMESA"

El Ministerio Público --que rechazó que se abriera juicio contra los acusados-- ha pedido su absolución al no apreciar "dádiva, presente u ofrecimiento de promesa" del empresario a Villarejo para realizar el encargo. Una condición que, según él, se trata del "elemento objetivo concominante" del delito de cohecho.

Así, ha reconocido que hay "elementos desfavorables" a su tesis absolutoria, tales como la frase "entrega 10 a cuenta", encontrada en la agenda de Villarejo.

Pese a que para el fiscal las anotaciones del comisario jubilado "tienen valor probatorio", esa frase "no despliega la energía probatoria suficiente para destruir la presunción de inocencia".

Y sobre las analogías con otros procesos judiciales que ha protagonizado Villarejo esgrimidas por la defensa de Pinto, el Ministerio Público ha argumentado que "son perfectamente conocidos", pero "no tienen valor probatorio".

PINTO FUE "VÍCTIMA" DE UNA "MUERTE CIVIL"

En su exposición del informe final, la abogada de Pinto ha mantenido su petición de condena y ha señalado que el pago ha quedado "perfectamente acreditado" en este proceso judicial, pero que "rara vez" se tiene un registro de las "hojas de encargo".

La acusación ha indicado que la primera denuncia de Pinto fue en el año 2014 y que Villarejo "estaba anotando" en sus agendas "lo que ella estaba denunciando". "En todas sus denuncias, la doctora repitió una y otra vez lo mismo, que quedó constatado por las agendas del señor Villarejo", ha incidido.

Al igual que la Fiscalía, ha hecho referencia a la frase "entrega 10 a cuenta", lo que, según ella, demostraría que el pago "se entregó en efectivo y, por lo tanto, no hay absolutamente ningún pago".

Y ha señalado que en las anotaciones del comisario jubilado "jamás se habla de los otros procedimientos que en ese momento tenía abiertos López Madrid", sino que "únicamente" se habla de "llamadas de teléfono amenazantes", presuntamente realizadas por Pinto.

"No hubo otro encargo, hubo este encargo. A este encargo es al que se refieren las agendas en todo momento, sin que hayamos podido identificar ningún otro", ha concretado.

Asimismo, la letrada ha recordado que López Madrid "no quería denunciar", lo que, según ella, "delimita el delito que se cometió".

Además, ha señalado que la doctora se enfrentó a una "muerte civil" después de que apareciese en los medios de comunicación que era "una psicópata de manual", en línea con el "informe del inspector Alberto Carba".

"Sin ser una persona pública, ni un personaje público, estaba sufriendo el tener que abrir a las 9 de la mañana la puerta de su consulta y tener pacientes, uno seguido del otro, que el día anterior por la mañana se habían levantado leyendo que era una psicópata de manual y que había utilizado a su hijo para realizar las llamadas amenazantes", ha lamentado la abogada.

Los tres acusados han renunciado a su derecho a la última palabra, y la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha dejado el juicio visto para sentencia.

VILLAREJO NEGÓ HABER COBRADO POR EL ENCARGO

Villarejo aseguró en su declaración ante el tribunal que su actuación en el conflicto personal entre López Madrid y la dermatóloga se limitó a que el primero le utilizó "como psiquiatra y se ahorró los honorarios".

El comisario jubilado aseguró que conoció a López Madrid en el verano de 2013, después de que se lo presentase el empresario con el que compartía planta en su grupo empresarial CENYT. Esta persona le comentó que "un amigo" tenía un problema.

Al conocer su caso, Villarejo explicó que le pareció "el clásico problema sentimental, donde dos personas habían roto y una de las partes no había aceptado la ruptura".

El comisario jubilado hizo alusión a un audio en el que se le escuchaba decir que López Madrid "era un tipo muy pesado" y explicó que le utilizó "como psiquiatra", ahorrándose "los honorarios".

Asimismo, negó haber cobrado dinero por el presunto encargo, así como haber entregado a López Madrid una "hoja de encargo profesional con los servicios" que podía prestar desde CENYT.

PINTO: "LÓPEZ MADRID TENÍA EL PODER Y LOS CONTACTOS"

Por su parte, Elisa Pinto declaró que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque "era experto en hacer coartadas" y porque podía "ayudarle a hundir cualquier denuncia" por las presuntas amenazas que la doctora estaba recibiendo.

"En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio 'a las chulas' como yo", aseguró.

Y mantuvo que "no quería denunciar el acoso" porque el empresario "tenía el poder" para destruirla "personal y profesionalmente". En este sentido, sostuvo que "quería que todo parara".

"Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta", concluyó.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2618 en: 21 de Enero de 2026, 08:02:46 am »
Vengo a comentar lo que ya sabe medio cuerpo respecto a la nueva CSE y las formas desde que se ha renovado la escala ejecutiva con subinspectores por ATF en todos los turnos.

Trato de favor a zampollas, acólitos y ríe gracias. Horas solo para unos y los demás fuera del cortijo a segar el trigo al sol.

Malas formas, ordenes a gritos, persecución y mamoneo máximo, pero luego de puertas para afuera "que se vea que somos los mejores".

Servicios mal gestionados, puestos sin cubrir, agregados tratados de forma denigrante por malla.

Y la escala técnica y los inspectores mirando por la ventana como crece la hierba.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #2619 en: 21 de Enero de 2026, 08:16:58 am »
Vengo a comentar lo que ya sabe medio cuerpo respecto a la nueva CSE y las formas desde que se ha renovado la escala ejecutiva con subinspectores por ATF en todos los turnos.

Trato de favor a zampollas, acólitos y ríe gracias. Horas solo para unos y los demás fuera del cortijo a segar el trigo al sol.

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