Caso Mediador: Espinosa era el sexto mando más alto en el escalafón de la Guardia Civil mientras se ofrecía a facilitar “poderosos contactos”
El capitán de Asuntos Internos que inició la investigación de la trama afirma que el general seguía en activo y cobraba dos nóminas, del Ministerio del Interior y de una Fundación público
Miguel Ángel Autero
Santa Cruz de Tenerife23 ENE 2026 14:27
Actualizada 23 ENE 2026 15:12
El juicio por la pieza separada número uno del conocido como caso Mediador que investiga por un presunto delito de cohecho al empresario Antonio Bautista, al general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y a Marco Antonio Navarro Tacoronte [el mediador] continúa este viernes en una segunda sesión en la que declaran, entre otros, los guardias civiles que realizaron las primeras investigaciones y elaboraron un informe que es capital para situar a los protagonistas en la supuesta trama de corrupción.
El primer testigo en comparecer ha sido el capitán de Asuntos Internos de la Guardia Civil que inició las investigaciones confirmó que Francisco Espinosa estaba en activo como general de División de la Guardia Civil en 2020 cuando entabló relaciones con Navarro Tacoronte y Bautista. De hecho, dijo, ocupaba el sexto puesto más alto del escalafón de la Guardia Civil, tenía despacho en la Dirección General en Madrid, disponía de coche oficial con chófer y acudía a numerosos actos con uniforme.
Espinosa cobraba dos nóminas, una del Ministerio del Interior y otra de la La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que manejaba presupuestos de entre 70 y 80 millones de euros, según señaló el capitán.
Que el general estuviera en activo en el momento en el que se produjeron los hechos es crucial para la acusación por un delito de cohecho, tal es así que las defensas se esforzaron durante la primera sesión del juicio en señalar que Espinosa no era funcionario desde 2017.
Defensa
La defensa del general Espinosa sostiene que la investigación de la Guardia Civil “está llena de medias verdades y mentiras completas”, pero el capitán de Asuntos Internos ha expuesto este viernes numerosos indicios y pruebas que apuntalan cómo el empresario valenciano dedicado al sector de energías renovables entró en contacto con Navarro Tacoronte, que se presentaba como una persona con influencias en los ámbitos empresariales y políticos en Canarias, para que le ayudara a establecer contactos en las Islas con el objetivo de conseguir contratos para la instalación de placas fotovoltaicas.
Bautista pagó al mediador para hacer ese trabajo y Navarro Tacoronte entró en contacto con diversas personas, entre ellas el general de la Guardia Civil que fue jefe de la Comandancia de Las Palmas, con el fin de que promoviera encuentros entre su red de “contactos poderosos” y el empresario. Es el propio general el que habla de esos “contactos poderosos” que tiene en diferentes encuentros con Navarro Tacoronte y Bautista.
Navarro Tacoronte le pagó al general por esas gestiones y le regaló cajas de puros así como viajes y estancias en hoteles de lujo con todos los gastos pagados para él y una acompañante con la que mantenía una relación extramatrimonial. Poco tiempo después, las reuniones y gestiones dieron sus frutos: el empresario concertó entrevistas y se acordaron contratos por valor de más de 100.000 euros para la instalación de placas fotovoltaicas, aunque finalmente ninguno de ellos fructificó.
Uno de esos encuentros tuvo como protagonista a Luis Monzón, del Grupo Lopesan, quien en un WhatsApp a Bautista le dijo que “se reuniría con él solo porque se lo ha pedido el general”. El empresario valenciano le presentó un proyecto y un presupuesto, pero finalmente no salió adelante porque el propio Monzón le dijo al general que “estaba muy alejado de los precios de mercado, un 10%, pero si tú dices que lo hagamos se hace, pero no es normal”, según reveló el capitán de la Guardia Civil.
El capitán destacó que “hubo hasta diez encuentros documentados de los tres acusados en diferentes restaurantes de Madrid cuyas facturas siempre abonó Bautista”. Además, en momentos previos a cada una de esas reuniones extrajo diferentes cantidades de efectivo. El investigador señala que están vinculados con pagos al general, según declaró Navarro Tacoronte en sede judicial en 2022. Y abundó sobre ello indicando que “las disposiciones de efectivo de Bautista de ese año, comparadas con los anteriores, se incrementaron en un 814%”.
“Desde agosto a diciembre de 2020, Bautista gastó alrededor de unos 59.000 euros dedicados a pagos en metálico, restaurantes, viajes, hoteles y regalos en su interés para formalizar operaciones empresariales en Canarias”, señaló.
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El testigo habló de grabaciones realizadas por Navarro Tacoronte en diferentes citas en restaurantes, el despacho de Espinosa en la Dirección General de la Guardia Civil y despachos del Congreso donde también hubo reuniones con el diputado socialista Juan Fernando Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.
El capitán de Asuntos Internos hizo referencia a entregas de efectivo de Navarro Tacoronte que previamente le había transferido Bautista a cuentas de familiares cercanos, entre otros medios como tarjetas de prepago, por cantidades que oscilaron entre los 1.000 y los 3.000 euros.
El investigador manifestó que en una conversación entre Navarro Tacoronte y Bautista en la que hablan sobre la “tarjeta de papá (nombre en clave con el que se referían al general)”. Se trata de una tarjeta de prepago a la que se transfiere dinero y, según afirmó, “resulta difícil seguir el rastro del titular y quien hace los ingresos”. Sin embargo, en este caso no se pudo averiguar esta información porque la entidad emisora quebró y no se ha podido acceder a la información, según fuentes jurídicas.
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"Actos corruptos"
El fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano Jover, sostiene que se cometieron «actos corruptos incompatibles en un Estado de Derecho». «Se utilizó la influencia de un alto funcionario, un general de la Guardia Civil, para poner en contacto al empresario peninsular con personas influyentes en las Islas que le facilitaran ampliar su negocio en Canarias». Para el fiscal, los acusados cometieron un delito de cohecho continuado por el que pide que cada uno de los tres acusados sea condenado a un año de prisión.
Las defensas ejercidas por los abogados José Manuel Niederleytner (Bautista), Antonio Domingo Tapia (Espinosa) y José Antonio Domínguez (Tacoronte) rechazan las acusaciones del fiscal y explican que «para que haya un delito de cohecho tiene que estar implicado un cargo público o funcionario que hubiera recibido dinero, regalías o dádivas en el ejercicio de sus funciones» y, según sostienen el general había dejado de ser funcionario tres años antes de los hechos que se investigan. Los tres letrados defienden que las relaciones que emprendieron los tres acusados «se celebraron en el ámbito de su agenda privada».
Serrano Jover argumenta en su acusación que el cohecho se sostiene por cuatro elementos: hubo entregas de dinero a Navarro Tacoronte y a Espinosa, del que asegura que aún era funcionario en activo en 2020 participando en calidad de general de la Guardia Civil en proyectos como GAR-SI Sahel, una entidad estatal. Además recibió regalos, viajes y estancias en hoteles. Como tercer elemento que conectaría el cohecho, Bautista acordó contratar a la esposa del general como comercial en su empresa con un salario de 3.000 euros y, por último, cuando Espinosa dejara su actividad en la Guardia Civil, se le prometió que también sería contratado por el empresario.
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Aunque las defensas alegan que ningún contrato salió adelante, la Fiscalía argumenta que «la mera acción de intentar corromper a un cargo público aunque este no acepte o no se consiga el fin por el se pretende corromper, es un delito».
"Un error"
La defensa de Bautista mantiene que «de lo único que se le puede acusar a Antonio Bautista es de ser un ingenuo». «Cometió el error de confiar en la gente equivocada, sea por negligencia, ingenuidad o estupidez». Ese error, dijo, «lo paga desde entonces» porque «se marchó de España para poder trabajar» tras aparecer relacionado en este caso tan mediático.
El abogado del general Francisco Espinosa argumenta que su cliente llevaba tres años en situación de «servicios especiales», es decir, que «ni era guardia civil, ni funcionario; había entregado su placa, su arma y su uniforme, y trabajaba por cuenta ajena en una fundación».
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El abogado de Navarro Tacoronte redundó en el «carácter privado» de las actividades hechas por los ahora acusados.«En la causa se documentan hechos sobre los que no hay pruebas para calificarlos como delito».
Según el escrito de acusación provisional, Antonio Bautista era titular de tres sociedades mercantiles centradas en el suministro y la instalación de servicios energéticos. Con la intención de expandir su negocio al archipiélago canario, habría entrado en contacto con Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien se presentaba falsamente como una persona integrada en el Gobierno de Canarias y con amplias conexiones en el ámbito político y empresarial.
El fiscal sostiene que Marco Antonio Navarro Tacoronte carecía por completo de representación o cargo público alguno, pero que construyó deliberadamente una imagen de poder y acceso privilegiado a centros de decisión con el objetivo de captar empresarios interesados en hacer negocios en Canarias. Su papel era el de mediador: prometía acceso a contratos con grandes empresas, subvenciones públicas y acuerdos con la administración a cambio de comisiones, regalos y pagos en efectivo.
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Para reforzar esa apariencia de solvencia y credibilidad, el mediador organizaba encuentros entre los empresarios y figuras relevantes del ámbito económico y político canario, algunas de ellas con proyección incluso a nivel nacional. En este contexto entra en escena Francisco Espinosa, General de División de la Guardia Civil, que había ocupado durante años puestos de máxima relevancia en el archipiélago, entre ellos la jefatura de la Comandancia de Las Palmas.
De acuerdo con la acusación, Francisco Espinosa habría actuado en connivencia con Marco Antonio Navarro Tacoronte, utilizando su cargo y su red de contactos para facilitar reuniones de alto nivel a Antonio Bautista. Estos encuentros, que se celebraban tanto en la Península como en las Islas Canarias, tenían un objetivo claro: generar en el empresario la convicción de que, accediendo a las exigencias económicas planteadas, podría cerrar contratos lucrativos y acceder a círculos de poder empresarial y público.
Las reuniones solían celebrarse en restaurantes, y Antonio Bautista asumía sistemáticamente todos los gastos como parte del “precio” por disponer de la influencia del general. Con el tiempo, las atenciones fueron en aumento. El fiscal detalla la entrega de obsequios como cajas de puros de cierto valor, viajes con todos los gastos pagados, estancias en hoteles, alquiler de vehículos y billetes de avión, tanto para Francisco Espinosa como para personas de su entorno.
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Regalos
Uno de los episodios más significativos descritos en el escrito es el regalo de un viaje completo a Fuerteventura para Espinosa y su pareja. Antonio Bautista habría sufragado vuelos, alojamiento, transporte y entregado además dinero en efectivo para gastos durante la estancia. Todo ello, según el fiscal, era manifiestamente incompatible con la condición de servidor público de Francisco Espinosa.
Las exigencias del general no se limitaron a regalos y pagos puntuales. En un momento dado, Francisco Espinosa habría condicionado la continuidad de su apoyo y la facilitación de contactos a la contratación de su pareja sentimental por parte de Antonio Bautista. Finalmente, los se acordó que esta persona se incorporase al grupo empresarial como comercial, con un salario mensual de 3.000 euros.
A cambio, Francisco Espinosa activó su red de relaciones y logró concertar reuniones con importantes grupos empresariales y otros empresarios de su máxima confianza. Fruto de estos contactos se enviaron varios presupuestos para la instalación de placas fotovoltaicas por importes que superaban, en algunos casos, los 140.000 euros. Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a materializarse.
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El escrito del fiscal describe también otros intentos de negocio similares, incluyendo contactos con grupos empresariales de diversa naturaleza y empresarios de relevancia como Miguel Ángel Ramírez, presidente también de la UD Las Palmas.
Paralelamente, las contraprestaciones económicas continuaron fluyendo. Antonio Bautista habría entregado, a través de Marco Antonio Navarro Tacoronte, importantes cantidades de dinero en efectivo que posteriormente se repartían entre este y Francisco Espinosa. El fiscal enumera pagos sucesivos de 2.000, 3.000, 1.500 y hasta 1.000 euros, realizados en el marco de comidas, reuniones y desplazamientos organizados expresamente para mantener viva la relación.
Incluso visitas a instituciones emblemáticas, como la Dirección General de la Guardia Civil o el Congreso de los Diputados, formaban parte -según la acusación- de una escenificación calculada para impresionar a Antonio Bautista y reforzar la percepción de poder real de Francisco Espinosa y Marco Antonio Navarro Tacoronte.
En una fase avanzada de la relación, Francisco Espinosa llegó a solicitar su futura incorporación laboral a la empresa de Antonio Bautista una vez finalizada su etapa en la Guardia Civil, extremo que finalmente no se produjo al frustrarse las expectativas de negocio.
