Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 324504 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1880 en: 04 de Diciembre de 2018, 07:43:51 am »

segundo martínez cobra el 100% de pensión
El 'empleo oculto' del comisario que mueve los hilos de Interior: una academia de Policía

El comisario Segundo Martínez asesora a Interior en el nombramiento de los mandos de la Policía que integrarán en el futuro los tribunales de oposición que examinarán a sus propios alumnos

Autor
José María Olmo

Roberto Ruiz Ballesteros


04/12/2018 05:00

El comisario jubilado de la Policía Nacional Segundo Martínez, máximo responsable de la Seguridad de Moncloa durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), regenta una academia de ingreso en el cuerpo de forma oculta para poder seguir cobrando el 100% de su pensión. Martínez no figura en los órganos directivos de la escuela ni tiene una vinculación mercantil con la sociedad que la administra, pero es el responsable de gestionarla, al menos desde que dejó la Policía en junio de 2017 al cumplir los 65 años, según ha podido confirmar El Confidencial.

El propio Martínez, natural de la comarca de Babia (León), ha reconocido a su entorno sus vínculos con un centro de formación llamado Academia Nacional, que tiene su sede principal en Asturias y cuenta con oficinas en Madrid y A Coruña. El comisario, que trabó una intensa relación de amistad con Zapatero que sigue conservando en la actualidad, es el encargado de tutelar el funcionamiento de la delegación que tiene la escuela en el número 339 de la calle Alcalá de la capital. De hecho, su teléfono móvil es el que figura en los anuncios del negocio. Martínez utiliza además su cuenta personal de Twitter para hacer publicidad del centro.

Sin embargo, el comisario no declara recibir ningún ingreso por esa labor. De hacerlo, no podría percibir el 100% de la pensión que le corresponde después de 44 años en la Policía. A preguntas de este diario, el comisario reconoce su vinculación con Academia Nacional pero asegura que no gana dinero con esa actividad. “No trabajo para ellos. Yo solo colaboro de vez en cuando. Doy alguna charla, alguna conferencia, tanto a policías como a opositores”. ¿Y no recibe algún tipo de ingreso a cambio? “No, no. Qué va. Claro que no”, contesta Martínez.

Otras fuentes consultadas por este diario lo desmienten y añaden que el comisario empezó a trabajar para Academia Nacional antes incluso de jubilarse, cuando formaba parte del Consejo Asesor de la Policía, un órgano al que llegó en 2012 tras la victoria de Rajoy en las generales que se celebraron un año antes. El puesto en el consejo no implica atribuciones destacables —en la práctica, opera como un cementerio de elefantes—, pero sus miembros siguen cobrando el mismo salario que si estuvieran en la primera línea de la institución.

No declara recibir ningún ingreso por esa labor. De hacerlo, no podría percibir el 100% de la pensión que le corresponde tras 44 años en la Policía

Como reveló este diario el pasado domingo, Martínez ha salido en las últimas semanas del segundo plano en el que permaneció durante los siete años del Gobierno de Rajoy. El jefe de Seguridad de Zapatero está asesorando desde junio al equipo de Fernando Grande-Marlaska en la purga de los mandos policiales susceptibles de tener algún tipo de relación con el PP y en la selección de los comisarios que ocuparán los puestos clave de la nueva etapa. Se da la circunstancia de que los mandos recomendados por Martínez integrarán o decidirán en el futuro los tribunales de oposición que deberán evaluar a los alumnos preparados en su propia academia, arrojando inevitablemente serias dudas sobre la limpieza de los concursos.

Entre los mandos recomendados por Martínez se encuentra el nuevo director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, más conocido en la institución con el sobrenombre de 'Jota'. Se trata del puesto más alto ocupado por un funcionario de Policía. Ejerce de número dos del director general de la institución. Martínez y Jota coincidieron en destinos en la Comunidad Valenciana y Castilla y León y mantienen una gran amistad desde entonces.

Martínez también es el principal valedor de la comisaria principal María Marcos, que se convirtió el pasado septiembre en la primera mujer en hacerse cargo de la Seguridad de Moncloa, el mismo puesto por el que pasó su padrino profesional.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1881 en: 08 de Diciembre de 2018, 08:51:54 am »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1882 en: 08 de Diciembre de 2018, 10:46:10 am »
https://twitter.com/PoliciaSXXI/status/1071072680718331909

 :pen:


Que no es normal, por supuesto. Pero todos los que hemos trabajado o vivido en demarcación de Guardia Civil, sabemos que éstos sólo recogen denuncias de Lunes a Viernes y de mañanitas. Tardes, fines de semana y festivos en la casita cuartel cobijados, y el de puertas espetando el "venga usted el lunes, señora".......y nadie pone el grito en el cielo por eso.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1883 en: 11 de Diciembre de 2018, 10:30:35 am »

Piden cárcel para una exalcaldesa valenciana por acosar al jefe de policía para quitar multas

La exedil de Carlet, que también fue senadora por el PP, aisló al funcionario al negarse a anular sanciones de tráfico
A. RALLO Valencia
Lunes, 10 diciembre 2018, 00:28

La exalcaldesa de Carlet María Ángeles Crespo (PP) se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de acoso laboral al que fuera jefe de la Policía Local de su municipio, José Llopis. Durante cerca de cuatro años, el intendente fue víctima de «actos hostiles y humillantes» como represalia ante su negativa a quitar multas de tráfico a los vecinos, tal y como le ordenaba la primera edil.

La responsable de los populares, que fue senadora durante una legislatura, se ha librado, de momento, de la acusación por prevaricación o tráfico de influencias. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento por estos delitos al no haber quedado acreditado que las anotaciones que la alcaldesa hacía en los expedientes -A (anular) y R (ratificar)- se materializaran luego en una resolución oficial o que estas influyeran en el funcionario de algún modo o incluso que ella hubiera obtenido un beneficio económico.

El ministerio público relata todos los episodios supuestamente delictivos que protagonizó Crespo. Así, en primer lugar, ordenó al encargado de tramitar los expedientes de las multas que todos pasaran primero por ella y no por el intendente que era el procedimiento habitual. La acusada realizaba las anotaciones -A o R- en los documentos. En ocasiones, también apuntaba «comprobar lo que se alega».

De inmediato, el jefe del cuerpo policial se quejó ante este sorpresivo cambio en las directrices. «La forma de proceder será la que yo haga en las anotaciones», comunicó la edil, según recoge el escrito del fiscal. Además, añadió que estaba «harta» de las quejas de los vecinos. El agente insistió acerca de la ilegalidad que suponía unir las fases instructora y sancionadora, pero no hubo solución posible. «Supervisaré los expedientes que vengan con alegaciones y tú te limitarás a seguir las indicaciones», mantuvo la política. Pese a todo el jefe policial desoyó las órdenes de la edil. «Comencem mal, ja m'encarregaré jo d'això, no me fas falta per a res», fue la respuesta que obtuvo de la dirigente municipal.

La oposición del policía no hizo que la alcaldesa desistiera de sus intenciones. En aquellas fechas, a finales de 2011, le mandó que trasladara a sus agentes que redujeran el número de multas en la vía pública «a lo mínimo posible». Más tarde, presuntamente comenzó a marginar a Llopis. Se dirigía directamente al resto de funcionarios de manera individual para informarles de la idea de reducir el número de multas o de que le dieran a ella los expedientes.

En febrero de 2012, como la situación se mantenía en los mismos términos, la alcaldesa le advirtió de que no va a poder con ella. Y le lanza, además, otro mensaje: «Voy a hacer todo lo imposible para conseguir apartarte de la jefatura. Pronto te vas a enterar de quien es María Ángeles Crespo». Desde entonces, Llopis quedó aislado en el Ayuntamiento. Se le cesó como instructor de los expedientes, se le obligó a fichar y se le redujo la nómina en 175 euros por productividad. Incluso dejaron de pagarle las horas extra de Fallas y fiestas patronales, siempre según el relato de la fiscal.

Los actos hostiles contra el intendente se sucedieron. Por ejemplo, se negaron a incluirle en una fotografía de grupo cuando sí habían hecho un fotomontaje para añadir a otros dos compañeros. Finalmente, el jefe policial permaneció prácticamente sin atribuciones gracias a diferentes decisiones de la alcaldesa. La relación se convirtió en todo un calvario para el funcionario. De hecho, tuvo que cogerse la baja en tres periodos diferentes debido a la presión que soportaba en el Ayuntamiento. En total, más de 180 días a lo largo de la legislatura de Crespo. El ministerio público, aparte de la pena privativa de libertad, reclama una indemnización de 20.000 euros para el policía.

María Ángeles Crespo ha sido una de las históricas del PP de la Comunitat hasta que abandonó la política hace. Alrededor de 500 personas asistieron a su acto de despedida en el que estuvo presente el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Este juicio pone la nota negativa a su carrera política.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1884 en: 11 de Diciembre de 2018, 15:01:26 pm »
https://twitter.com/PoliciaSXXI/status/1071072680718331909

 :pen:


Que no es normal, por supuesto. Pero todos los que hemos trabajado o vivido en demarcación de Guardia Civil, sabemos que éstos sólo recogen denuncias de Lunes a Viernes y de mañanitas. Tardes, fines de semana y festivos en la casita cuartel cobijados, y el de puertas espetando el "venga usted el lunes, señora".......y nadie pone el grito en el cielo por eso.
Una cosa es que falten medios y no se tramiten las denuncias fuera de determinados horarios y otra muy diferente el engañar a los ciudadanos diciendo que la aplicación no funciona para de ese modo cobrar el máximo de productividad de la DPO, si esto es cierto no sólo es una vergüenza, que lo es, no solo es un escándalo, que lo es también, sino que se deberían de depurar responsabilidades por esta actualización.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1885 en: 12 de Diciembre de 2018, 07:00:53 am »

El juez del 'caso Villarejo' renuncia por "motivos personales"

Diego de Egea tiene intención de comunicar este miércoles a sus superiores en la Audiencia Nacional que no continuará como juez de refuerzo, por lo que el caso lo asumirá el titular del Juzgado, Manuel García-Castellón

Alejandro Requeijo
Publicado 11.12.2018 - 20:44
ActualizadoHace 9 horas

Nuevo revés en el Audiencia Nacional y en el caso Villarejo. El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, va a comunicar este miércoles su renuncia y alegará a "motivos personales", según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas.

Hasta ahora, el letrado ha ejercido labores de apoyo en el juzgado que dirige Manuel García-Castellón. Se ha encargado, desde el principio, de las pesquisas vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prisión desde noviembre de 2017 por encabezar -según la Fiscalía Anticorrupción- un "clan policial mafioso" que "infectó" la Policía.

De Egea había llamado de forma reciente a declarar en calidad de investigados al inspector jefe de Policía Nacional Andrés Gómez Gordo y al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino para que explicaran detalles de la operación diseñada por el Ministerio de Interior en 2013 con la intención de sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocidacomo 'Operación Kitchen', vinculada al 'caso Tándem'.

De hecho, el juez ha citado este miércoles a Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, en calidad de investigado para que aclare su posible participación en la 'Operación Kitchen'.

En el marco de la investigación de 'Kitchen', el magistrado había solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que autorizara a supuestos implicados del 'caso Villarejo' a declarar sobre secretos oficiales; petición a la que el Consejo de Ministros accedió.

Durante su estancia en el Juzgado número 6, De Egea había mantenido discrepancias de criterio con la Fiscalía Anticorrupción; y algunos medios, incluso, llegaron a deslizar el deseo del magistrado de aplicar una fianza al comisario Villarejo. Hasta que no se designe un sustituto, será el titular del Juzgado, Manuel García-Castellón, el que se encargue de la causa.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1886 en: 12 de Diciembre de 2018, 08:54:56 am »
"Motivos personales", interesante.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1887 en: 13 de Diciembre de 2018, 07:49:02 am »

Un informe policial vincula a Villarejo con un cargo clave de la ministra Delgado

El documento refleja la relación entre el polémico mando y el secretario general de Justicia, Antonio Viejo, en un apartado que aborda la red de contactos de comisario.


Dolores Delgado y Antonio Viejo Tere García
Alejandro Requeijo


Tono Calleja
Publicado 13.12.2018 - 05:15


La figura del polémico excomisario José Manuel Villarejo cerca de nuevo a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En este caso salpica de lleno a uno de sus más directos colaboradores en el Ministerio. Se trata del secretario general de Justicia, Antonio Viejo. Un informe policial al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ documenta la relación entre el cabecilla del ‘caso Tándem’ y este alto cargo llegado al Departamento con Delgado. El vínculo entre ambos, según el documento de la Policía, se remonta al menos al año 2016 cuando Viejo desempeñaba el puesto de juez decano de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Más info

    Dolores Delgado
    La alargada sombra del comisario Villarejo que debilita a la ministra Delgado
    La alargada sombra del comisario Villarejo que debilita a la ministra Delgado

Consultado por este periódico, Viejo admite conocer a Villarejo desde 2014 y dice haber mantenido una relación meramente institucional, si bien matiza aspectos del informe, de 378 folios, que fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid que investigó el 'caso Nicolay' sobre las actividades del pequeño Nicolás. En el marco de esas pesquisas también se indagó en una posible relación entre el joven y Villarejo así como la actuación del excomisario en la grabación ilegal de una reunión entre agentes de Asuntos Internos y el CNI. Por este último hecho, el polémico mando ha sido procesado acusado de un delito de revelación de secretos el mes pasado.

La presencia de Viejo en ese informe -incluido en el apartado de las relaciones del comisario- no fue obstáculo para que Delgado, todavía entonces a salvo del terremoto Villarejo, le nombrase en junio de este año para ocupar un puesto clave en el renovado Ministerio. De la Secretaría General de Justicia dependen estructuras como la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Subdirección General de Programación de la Modernización, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y el Gabinete Técnico de la Secretaría General.

Extracto del informe policial
Extracto del informe policial

Las pesquisas policiales corrieron a cargo de la comisión judicial a las órdenes de este juzgado, que el 12 de julio de 2017 remitieron el extenso informe a la magistrada Pilar Martínez Gamo. El documento versaba sobre una finca ubicada en Toledo con la que, a juicio de la Policía, el pequeño Nicolás había intentado estafar a un banco de Guinea Ecuatorial. Pero a lo largo de los casi 400 folios de informe, la comisión judicial abordaba también las vinculaciones entre esta finca llamada “La Alamedilla” y los casos Nicolay, Banesto y la grabación ilegal.

Uno de los apartados trata sobre “las relaciones del Comisario Villarejo” y se extiende unos 30 folios. Ahí es dónde se recoge un encuentro en el que aparecen Villarejo, Viejo y el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y cuyo último puesto de relevancia fue el de director del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Los tres acudieron el 24 de noviembre a la presentación de un libro de una magistrada. El informe adjunta una información y una fotografía de ellos publicada por El Español.
"Acuden juntos"

“El 24/11/2016 acuden juntos (Villarejo y Olivera) a la presentación de un libro con el juez decano de Plaza Castilla”, introduce el informe, que detalla así el momento: “El comisario Olivera se encontraba sentado junto al juez decano de Plaza Castilla, D. Antonio Viejo, guardando el sitio en medio al comisario Villarejo que llega más tarde y se sienta según figura en la foto de arriba”.

La autora del libro era la magistrada de la Audiencia Provincial Pilar Alhambra y en el acto celebrado en el Ateneo de Madrid participó el recién nombrado fiscal general del Estado, Manuel Maza, ya fallecido. Según el informe, “nada más finalizar la presentación, los comisarios Villarejo y Olivera abordan al fiscal general Maza y, tras una conversación breve, éste les abandona”.

La versión de Viejo a 'Vozpópuli' difiere del informe. Dice que convocó a gente para que el salón de actos del Ateneo estuviese lleno en favor de su compañera. En un momento dado salió a la calle en busca de su mujer y al regresar ya estaba sentado Villarejo a su lado guardando un sitio a Olivera -y no al revés-. Niega por tanto haber asistido con ellos a la cita.   

El encuentro y la relación con Viejo viene a confirmar la red de contactos que tejió Villarejo también en el mundo judicial. El actual alto cargo de Justicia sustituyó como decano de los Juzgados de Madrid a José Luis González Armengol (2002-2014) del que Villarejo presumía de amistad. Así consta en el sumario de una de las piezas del ‘caso Tándem’. Como ha publicado 'Vozpópuli', el polémico mando llegó a reunirse con Armengol para conseguir datos del ‘caso Pujol’.

Viejo admite que fue González Armengol quien le presentó a Villarejo y que desde entonces mantuvieron una relación meramente institucional, si bien admite que el comisario no desempeñaba ningún cargo relacionado con los Juzgados de Madrid. Preguntado acerca de si mantuvieron algún contacto entre la presentación en 2014 y el acto del libro dice que no lo recuerda, pero no descarta haber coincidido con él en algún otro acto de Justicia y opinión, la asociación que organizó la convocatoria en el Ateneo que refleja la Policía en su informe.

    El encuentro y la relación de Villarejo con Viejo viene a confirmar la red de contactos que tejió Villarejo también en el mundo judicial

Cuando el comisario acudió a la presentación del libro faltaba un año para que fuese detenido y encarcelado en el marco del ‘caso Tándem’, investigado en la Audiencia Nacional. Pero en ese momento Villarejo ya estaba investigado en varios juzgados de Plaza de Castilla, tanto en el caso del pequeño Nicolás y la grabación ilegal como en el caso de la doctora Pinto contra el empresario Javier López Madrid. La dermatóloga le identificó como la persona que la apuñaló en 2014 en presencia de su hijo.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1888 en: 17 de Diciembre de 2018, 07:30:13 am »
Hay mierda para todos....



La Audiencia Nacional investiga sobornos de Villarejo a jueces

“A ese juez le tengo untado”, “He hablado con N. para que nos favorezca”, son frases del ex comisario que se escuchan en grabaciones recién desencriptadas

Fecha
17/12/18access_time 1:05

La difusión de algunas grabaciones del ex comisario Villarejo han provocado tormentas en ámbitos políticos, en el Gobierno, en algunos partidos, en sectores periodísticos y hasta en el entorno de la familia real. Ahora ese terremoto puede alcanzar a un ámbito mucho más delicado: la judicatura.

Según ha conocido Confidencial Digital, la Audiencia Nacional y la Fiscalía anticorrupción han abierto una nueva línea de investigación en el “caso Tándem”, tras la localización y audición de una grabaciones que forman parte del material incautado al ex comisario (más de 30 terabytes encriptados), audios en los que se habla de jueces.
“A este juez le tengo untado”

Esas piezas desencriptadas ahora recogen conversaciones del propio Villarejo con algunos de sus clientes en las que presume de tener controlados a magistrados en ejercicio.

“A este juez le tengo untado”, afirma el ex comisario en una de sus conversaciones.

En otra, comenta: “He hablado con N. para que nos favorezca en el juzgado”.

Tales frases han puesto en alerta a la Audiencia Nacional. Los investigadores están comprobando la veracidad de esas afirmaciones; es decir, si efectivamente Villarejo llegó a pagar a jueces para que dictaran providencias o tomaran decisiones a su favor.
Se abrirá una pieza separada

En caso de que se lleguen a cotejar algunos de los nuevos datos que afectan a miembros de la magistratura, se valoraría la posibilidad de abrir una pieza separada más en el “caso Tándem”, que hasta ahora investigaba el juez De Egea, para instruir exclusivamente estos hechos.

Los magistrados implicados pasaría a estar en situación de investigados, al menos, por presunto cohecho pasivo, mientras que Villarejo sería imputado por un nuevo delito: sobornos a jueces.

Las fuentes consultadas por ECD explican que estos nuevos hechos son de interés tanto para el “caso Tándem” como para el “caso Kitchen”, que investiga el juez José de la Mata, también de la Audiencia Nacional.

La “Operación Kitchen” se refiere a un despliegue policial llevado a cabo desde la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle documentos sensibles sobre la caja B de Génova.
Salidas de dinero

La investigación que se está llevando a cabo desde la Audiencia Nacional se centra en la documentación incautada a Villarejo y que ya ha sido sometida a desencriptación.

Se trata de los documentos contables de las empresas del ex comisario. A través de las sociedades Interlligare y Schola Iuris, Villarejo cobraba a sus clientes y, a la vez, pagaba a sus empleados o a quienes le prestaban un servicio.

Los magistrados y fiscales han puesto el foco en estos papeles de Villarejo, y en concreto, en los movimientos contables que coincidan en el tiempo con los audios en los que el ex comisario habla de sobornos a jueces.

Intentan localizar a dónde se dirigían las salidas de dinero, y después averiguar la identidad del beneficiario, comprobando si efectivamente se trata de magistrados.

El siguiente paso, según las mismas fuentes, será comprobar si hay clientes del ex comisario implicados en casos judiciales, y si efectivamente los jueces investigados llevaban esos procedimientos.
Interlligare y Schola Iuris

Interlligare es la sociedad, con sede en la Torre Picasso, de Madrid, en la que Villarejo ofrecía servicios de inteligencia y detectives a sus clientes.

Y, además, el ex comisario tenía a su nombre un instituto de Derecho llamado Schola Iuris, donde tenía en nómina a varios jueces y fiscales que impartían cursos de distintas áreas jurídicas.

Los primeros jueces en levantar sospechas han sido precisamente los que fueron contratados en algún momento por Schola Iuris.

Según ha sabido ECD, la mayoría de ellos son magistrados de juzgados y órganos judiciales madrileños, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Superior de Justicia.
Baltasar Garzón y Dolores Delgado

A ese respecto, es conocida la relación del ex comisario Villarejo con varios miembros de la carrera fiscal y judicial.

De hecho, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, estuvo a punto de dimitir tras salir a la luz los audios de una comida que mantuvo en 2009 con Villarejo y otros cuatro policías, cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional.

En dicho almuerzo estaba presente el ex juez Baltasar Garzón, a quien Villarejo trataba con familiaridad, llamándole “Balta”. Poco después, Garzón fue relacionado con un caso de extradición de un español a Guatemala en el que intervino el propio Villarejo.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1889 en: 28 de Diciembre de 2018, 07:53:25 am »

Los policías que ocultaron las conversaciones Rajoy-Bárcenas afrontan penas de prisión

El Código Penal castiga con condenas de tres a cinco años el delito de “apoderamiento indebido” por funcionarios públicos

Fecha
27/12/18access_time 1:02


Agentes de la Policía Nacional implicados en la llamada “operación Kitchen” cuyo objetivo era arrebatar a Luis Bárcenas todo el material que poseía contra el PP se hicieron, de forma irregular y sin trasladarlo a los juzgados, con una copia de las conversaciones entre el ex tesorero y Mariano Rajoy. Ahora, en plena investigación interna, esos policías se exponen a ser condenados a prisión.

Este robo de documentación, del que informó ayer El Mundo, se vincula con la llamada “policía política” montada en la etapa de Jorge Fernández Díaz en Interior y con José Manuel Villarejo, que tuvo un papel fundamental en este tipo de operaciones.

El ex comisario, no obstante, no es el único integrante del Cuerpo Nacional, implicado en el hurto del material, por lo que, desde la Policía e Interior se ha puesto en marcha una investigación interna para depurar responsabilidades.
Delito de “apoderamiento indebido”

Estos agentes se quedaron con un material sensible que no trasladaron a los juzgados. En concreto, las conversaciones mantenidas por Mariano Rajoy y Luis Bárcenas del 21 al 23 de febrero de 2012, cuando saltó la noticia de que cargos del PP se habían repartido dos millones de euros procedentes de la Gürtel.

A raíz de esa publicación, Bárcenas contactó con Rajoy para reclamarle el respaldo del partido, con una nota de desmentido. También acusó a María Dolores de Cospedal como la responsable de la filtración. El entonces presidente del Gobierno defendió a su número dos, a la vez que pedía calma al ex tesorero con mensajes como el ya conocido “Luis, sé fuerte”.

Teniendo en cuenta el robo de información, las fuentes consultadas por Confidencial Digital explican que dentro de la Policía se habla de un delito de “apoderamiento indebido” durante un registro. Una conducta tipificada como ilegal en el Código Penal y que tendría “consecuencias” para los agentes.
De 3 a 5 años de prisión

En concreto, este tipo de acciones en funcionarios públicos son condenadas con unas penas de 3 a 5 años de prisión.

Además, y en paralelo a la vía judicial, también tendría consecuencias laborales para los policías, que se enfrentarían a una fuerte sanción disciplinaria.

Las fuentes consultadas explican que una conducta así puede considerarse como “grave o muy grave”, por lo que los agentes estarían expuestos a la separación del servicio, bien por un tiempo determinado, o de forma definitiva.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1890 en: 12 de Enero de 2019, 08:50:21 am »

Corrupción y fraude
El juez concluye la investigación de la trama de favores en la Guardia Civil de Valladolid sin imputar a los mandos

El instructor ve indicios de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación

Ningún mando de la Guardia Civil ha sido imputado a pesar de que en los pinchazos telefónicos se habla de la presunta intervención de coroneles y tenientes coronel

El agente imputado habría accedido a bases de datos, eliminado antecedentes e incluso facilitado identidades de conductores para tramitar multas
Laura Cornejo
11/01/2019 - 17:22h

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid ha concluido la investigación por la supuesta trama de pago de favores a un agente de la Guardia Civil de Valladolid investigado por cobrar de distintos empresarios, también investigados en el proceso judicial, a quienes, aprovechándose de su condición de servidor público, habría facilitado información y favorecido con gestiones en diferentes organismos.

El auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León trasforma las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, pone fin a la fase de instrucción y abre la de preparación del juicio. En el mismo, el magistrado considera que existen indicios suficientes para juzgar al guardia civil y a otras 10 personas, que habrían entregado dinero y regalos a cambio de favores relacionados con "la difusión y acceso a datos de carácter reservado, asesoramiento sobre procesos por multas, ayuda en los recursos con conductor falso, recepción y aprovechamiento propio de regalos externos, dinero por las ayudas que ofrecía, sin perjuicio de su inexistencia real en algunos casos, entre otros actos menores". Los delitos que se contemplan son los de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación.

En la misma resolución, notificada este viernes a las partes, el juez acuerda sobreseer la causa contra ocho personas por entender que, tras las diligencias practicadas, no se han hallado indicios de su participación en los hechos objeto de investigación. A este respecto, el auto alude a "actuaciones de compañeros de J.C.C. que pudieron estar convencidos de la licitud en la actuación del citado, familiares, y terceros, en este caso alguno de los empresarios, sobre los que sólo se ha comprobado indiciariamente la existencia de detalles o agradecimientos no cuantificables".
Panceta para el coronel

El documento recoge alusiones a mandos de la Guardia Civil en las negociaciones realizadas por el agente encausado. Sobre ello, el auto subraya que "las menciones a altos cargos de la Guardia Civil de Valladolid, León o Alicante eran de cuenta del citado, aunque los afectados no tuvieran conocimiento de la utilización de sus nombres y cargos en los comportamientos de J. C. C. sí se beneficiaron, o creyeron serlo y así actuaban", los diez empresarios contra los que se acuerda continuar el procedimiento.

Así, el juez no toma en consideración las intervenciones telefónicas, cuyas transcripciones ha publicado eldiario.es, en las que el guardia imputado agradecía a uno de los empresarios lo que había hecho "por la mujer del teniente coronel". En concreto, dijo: "Que te debo mucho, macho, sólo lo que has hecho con la mujer del teniente coronel, no me jodas". En las declaraciones prestadas durante la instrucción no se preguntó a qué se refería con esta frase.

Tampoco se ha imputado a otro guardia civil que, en colaboración con el investigado, participó en un engaño a un empresario que se saldó con la obtención regalos. El hombre tenía un problema con Hacienda y los dos guardias maquinaron una llamada en la que el segundo se hace pasar por funcionario de la Agencia Tributaria. Antes, el imputado le pide que diga que a ver qué tal se porta después con su amigo. "No digas vino ni nada, y a ver qué nos da, que nos manda cuando vaya yo en semana santa y lo traemos […] ya se lo recuerdo yo, y que nos dé una caja de Carraovejas o de Arzuaga, o unos aceites que tiene él o cosas ¿vale?". La conversación se desarrolló como habían acordado y con la coletilla final del falso funcionario: "Ya le puedes decir a tu amigo que tenga un buen detalle contigo, que, venga, un saludo".

Sí hubo "detalle". Ese mismo día, el empresario volvió a la Comandancia "con el coche lleno" de gambas y panceta ibérica. Según contó después el agente a su hermano, les pilló el Coronel: "La de dios, el coche lleno, encima viene el Coronel, que se ha presentado y me ha pillado". En otra llamada se comprobó cómo terminó regalando la panceta al Coronel.

En otro pinchazo, se citaba a dos mandos que, supuestamente, podrían facilitar la adjudicación de obras en cuarteles de la Guardia Civil. El juez no descarta que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León, pero suscribe este posible delito sólo al guardia, no a los mandos a los que menciona.

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la investigación de dicha operación, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados. Actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto, abierto por delitos de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Según recoge el auto, el guardia civil influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

Las grabaciones, señala el juez en la resolución, reflejan "la potestad de la que hacía gala J. C. C. frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
"Eran milongas"

Tal y como publicó este diario, el imputado aseguró al juez que lo que se oye en los pinchazos telefónicos no eran más que "milongas" para conseguir información sobre "un grupo de mafia rusa".

El instructor mantiene que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.





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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1891 en: 13 de Enero de 2019, 13:39:45 pm »

La Audiencia Nacional imputa al comisario que dirigió la Policía con el PP por el espionaje a Bárcenas

Eugenio Pino, jefe de la brigada política, declarará en los próximos días ante el juez del caso Villarejo por el pago de fondos reservados al chófer del extesorero

El magistrado también llamará como investigados al policía de cabecera de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, a Villarejo y al comisario García Castaño

Todos respondían ante el comisario Pino y éste solo tenía por encima a Cosidó, Francisco Martínez y Fernández Díaz, los tres aforados ante el Supremo
Pedro Águeda
13/01/2019 - 06:58h

La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.

Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.

Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses  fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.

Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.

Entre los trabajos de esa brigada política también figura el  infome PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.
Fondos reservados, materia secreta

El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.

Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.

Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.

El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.
Como una gran operación antiterrorista

En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.

La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.

Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a  la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.




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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1892 en: 16 de Enero de 2019, 06:51:38 am »

pide toda la documentación de la operación
El juez requiere a El Confidencial los papeles del espionaje de BBVA en una nueva pieza
El juez que instruye la operación Tándem sobre el comisario Villarejo, Manuel García Castellón, solicita la información de la operación Trampa en nueva pieza del caso, la número 9

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Beatriz Parera
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José María Olmo
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josemariaolmo


15/01/2019 12:55 - Actualizado: 15/01/2019 19:58

El juez que instruye la operación Tándem sobre el comisario Villarejo, Manuel García Castellón, remitió este martes un requerimiento a El Confidencial y a 'Moncloa.com' solicitando "toda la documentación relacionada con la denominada operación Trampa", el dispositivo de macroespionaje que ordenó BBVA al agente encubierto para tratar de frustrar las maniobras del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Sacyr para tomar el control del banco.

El requerimiento judicial aclara que la solicitud se produce en el marco de una nueva pieza de la operación Tándem, la número 9, que estaría centrada en la relación del segundo banco de España con el comisario Villarejo. Solo por la operación Trampa, BBVA habría pagado al policía ya jubilado un mínimo de 517.600 euros, pero la cantidad fue muy superior en los años siguientes. De 2012 a 2016, las empresas del comisario recibieron del banco más de cinco millones de euros para desactivar la falsa asociación de usuarios de banca Ausbanc.

BBVA ordenó a Villarejo seguir al número dos de la CNMV y controlar su domicilio familiar
José María Olmo
El banco utilizó al comisario para vigilar los movimientos del entonces vicepresidente del supervisor bursátil, Carlos Arenillas, por miedo a que impulsara una denuncia contra Francisco González

En el caso de la operación Trampa, como ha revelado este diario en los últimos días, el encargo del banco a Villarejo habría consistido en la búsqueda de "aspectos negativos" de los principales implicados en la operación que pusieron en marcha el PSOE y Sacyr para entrar en el consejo de la entidad financiera, entre noviembre de 2004 y febrero de 2005.

Entre los trabajos que el comisario hizo para el banco, se encuentra el espionaje de 15.000 llamadas en las que participaron casi 4.000 números de teléfono distintos, entre ellos, varios de periodistas, abogados, empresarios y políticos, incluido el de Miguel Sebastián. También habría vigilado al entonces número dos de la CNMV, Carlos Arenillas. Villarejo tomó fotos de los coches oficiales que usaba el vicepresidente del supervisor bursátil e incluso de su domicilio familiar.


 

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1893 en: 16 de Enero de 2019, 18:34:34 pm »
En la "red del alcantarillado" hay tantas piezas como "piezas" investigadas

En la pieza 'Iron.
Imputados El Gordo y cuatro policías más por facilitar material secreto a Villarejo


El juez les cita junto con un funcionario de Hacienda en la pieza en la que se investiga el encargo al comisario jubilado de un bufete de abogados.

GEMA HUESCA
Miércoles, 16 Enero 2019, 12:19
Actualizado: 16/01/2019, 13:22
 
El juez de la Audiencia Nacional al frente de la operación 'Tándem', Manuel García Castellón, ha citado como investigados a un total de cinco policías -entre ellos el comisario Enrique García Castaño alias 'El Gordo'- y un funcionario de Hacienda por revelar información secreta al principal acusado de este macroprocedimiento, José Manuel Villarejo. Se trata de unas diligencias que adopta en el marco de la pieza cinco del caso, bautizada como 'Iron', y en la que se investiga el encargo que le hizo el despacho de abogados Herrero y Asociados para investigar a otros letrados.


El instructor explica en su diligencia que adopta estas medidas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al constatar que tanto El Gordo como el inspector Antonio Bonilla (ambos detenidos el pasado mes de julio) facilitaron a Villarejo información tributaria del despacho de abogados Balder ip Law por encargo de los investigados en esta pieza. Por tanto, acuerda la citación de ambos junto con la del policía Antonio Serrano; Juan José Díez y Manuel Novoa -los dos inspectores jubilados- y el funcionario de Hacienda también jubilado Antonio Chaparro. Se les atribuye revelación de secretos y cohecho.

El juez considera que, tras el estudio de todo el material que obra en el sumario de esta pieza, queda patente cómo Villarejo, desde su empresa Cenyt, se apoyó en determinados colaboradores (incluido 'El Gordo', a quien se le investiga en unas diligencias separadas bautizadas como 'Big') para acceder "sin justificación alguna" a estos datos bancarios y tributarios del despacho Balder. Los informes recogen datos personales de personas relacionadas con este bufete que fueron obtenidos "de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt".


Las sospechas de que se estaban produciendo estas filtraciones llevaron a los investigadores a consultar las bases de datos policiales para conocer si, con carácter previo a la emisión del informe 'Iron' en octubre de 2013, algún funcionario de la Dirección General de la Policía hubiera accedido a la información contenida sobre estas personas en bases de datos privadas. La consulta en cuestión evidenció que los dos inspectores jefes ahora imputados tuvieron acceso directo a los datos contenidos en el informe que da nombre a la pieza número 2 del procedimiento.

El juez fija las citaciones de García Castaño, Antonio Serrano y Antonio Bonilla para este viernes por la mañana mientras que quedan todavía por señalar las relativas a los otros dos inspectores jubilados y al funcionario de la Agencia Tributaria vinculado con los hechos. Estos interrogatorios se suman a todos los acordados por el juez para esta semana en el marco de la operación 'Kitchen'.

Esta batería de citaciones arrancó el pasado lunes con el que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. El juez le imputó por su participación en un operativo que puso en marcha en 2013 la Policía -y detrás del cuál estaría el propio Villarejo- con el fin de sustraerle información relevante del Partido Popular. Aunque el lunes se negó a declarar en el marco de esta pieza secreta, este martes volvió a la sede judicial y respondió durante tres horas a las preguntas formuladas por el juez y los representantes del Ministerio Fiscal. Este miércoles es el turno del extesorero del PP y su mujer, quienes están llamados a declarar como testigos mientras que el jueves harán lo propio Villarejo y el que fuera director adjunto de la Policía, Eugenio Pino.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1894 en: 18 de Enero de 2019, 07:32:39 am »
Caso Tándem
El 'caso Villarejo' pone cara al "clan policial mafioso" que "infectó" al Cuerpo

Las pesquisas de Asuntos Internos y la Fiscalía anticorrupción se saldan por el momento con al menos doce funcionarios investigados en distintas tramas



Algunos de los investigados y amistados de Villarejo en la Policía Tere García

Alejandro Requeijo
Tono Calleja

https://www.vozpopuli.com/espana/caso-villarejo-clan-policial-mafioso-infecto-cuerpo_0_1210080045.html

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1895 en: 19 de Enero de 2019, 08:19:45 am »

Operación Tándem
Tercera imputación en dos días por el 'caso Villarejo' para el exjefe de la unidad de escuchas policiales

    El interrogatorio a Enrique García Castaño por el robo de papeles a Bárcenas comenzó este jueves y continuará hoy
    El excomisario declarará también por el espionaje a miembros de la familia García Cereceda y por la investigación a rivales de un bufete que contrató los servicios de la red
    La investigación se extiende a varios funcionarios por los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 18/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/01/2019 a las 12:33

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1896 en: 19 de Enero de 2019, 08:21:49 am »


Cerca de setenta policías del Área de Especial Seguimiento vigilaron al entorno de Bárcenas en el verano y otoño de 2013

El Gobierno envía al juez un informe con las “notas de seguimiento” realizadas en el verano y otoño de 2013 a Rosalía Iglesias y otras personas

Los papeles no identifican al mando que ordenó el espionaje ni se clasifican con el nombre de operación alguna

El comisario García Castaño dice al juez que la operación sirvió para descubrir a un testaferro de Bárcenas que nunca llegó a estar imputado
Pedro Águeda
18/01/2019 - 22:14h

Los últimos documentos enviados por el Ministerio del Interior al juez del espionaje al entorno de Luis Bárcenas no identifican al mando que pudo ordenar los seguimientos al entorno del extesorero, ni aparecen encabezados con un nombre que pueda hacer reconocible la operación. Son las notas que cerca de setenta agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) redactaron sobre el trabajo de campo realizado en el verano y el otoño de 2013 con la familia y otras personas próximas a Bárcenas, quien había ingresadon en prisión provisional el 13 de junio de ese año, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

El Área Especial de Seguimientos (AES) pertenece a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que en ese momento mandaba el comisario principal Enrique García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’. La UCAO es la unidad encargada de los seguimientos, los medios tecnológicos de investigaciones y la captación de fuentes. Enmarcada en la Comisaría General de Información (CGI), estructura antiterrorista de la Policía, trabaja sin embargo para cualquier unidad especializada que requiera de sus capacitaciones.

Las fuentes consultadas explican que las “notas de seguimiento”, como se refirió a ellas Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogen los seguimientos realizados por hasta ochenta agentes de la AES en distintos turnos y días. No se trataba, precisan esas fuentes, de un control de 24 horas sobre Rosalía Iglesias y otras personas del entorno porque no es el método de trabajo que se aplica. A los policías de la AES se les marcaba el objetivo y ellos se limitaban a reflejar sus averiguaciones.

Los documentos que se han encontrado en la Comisaría General de Información a raíz de la petición de los jueces del caso Villarejo y el caso de la caja B no aclaran quién ordenó los seguimientos ni por qué. Al menos los que estaban en los archivos cuando se han ido a buscar. Cabe destacar que ni los mandos policiales ni los políticos del Ministerio del Interior son los mismos que cuando se ordenó el espionaje a Bárcenas. Por el momento ha sido imposible determinar si se han hecho desaparecer documentos o si los encontrados han sido modificados.

Los mandos que dirigieron la  Operación Kitchen han explicado esta semana al juez que se trató de un dispositivo oficial encaminado a descubrir los testaferros y el dinero que supuestamente escondía Luis Bárcenas después de haber entrado en prisión. Juez y fiscales creen que fue una operación para robar documentación y adivinar los próximos movimientos de Bárcenas, que un mes después de su entrada en la cárcel reveló al juez veinte años de financiación irregular del Partido Popular.

El entonces jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, ha explicado que intentó contactar con el chófer, que este se negó a tratar con él y que fue el policía asesor de Cospedal en esa época, Andrés Gómez Gordo, quien terminó por captar al conductor, con el que había coincidido en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Francisco Granados. Gómez Gordo ha explicado que fue Pino quien le ordenó el trabajo y que el fin era aportar a la investigación judicial que se seguía por el caso Gürtel y la caja B del PP.

Es más, Gómez Gordo ha dicho al magistrado Manuel García-Castellón que los seguimientos y el trabajo del topo permitieron identificar a los testaferros de Bárcenas. Según fuentes jurídicas ha señalado al exsenador del PP y amigo de Bárcenas Javier Sánchez Lázaro como una de las personas que escondía el dinero del extesorero. Sin embargo, Sánchez Lázaro no aparece en los informes policiales del sumario ni fue llamado a declarar, ni como imputado ni como testigo.

Los responsables de la investigación del espionaje a Bárcenas ya han constatado que la UDEF, unidad de policía que trabajaba a las órdenes del juez Pablo Ruz en el caso Gürtel, nunca fue informada de las supuestas averiguaciones de la brigada política en la Operación Kitchen, pese a que los mandos policiales defienden lo contrario. García Castaño ha dicho que ese apelativo fue un invento del “canalla” de Villarejo por el aspecto del chófer, que le recordaba a “un cocinero”.

El juez García-Castellón ha imputado a Villarejo y a García-Castaño por dirigir la operación de infiltración del chófer y pagarle con fondos reservados; a Gómez Gordo por captarle y a Eugenio Pino como máximo responsable en tanto en cuanto director adjunto operativo de la Pollicía en ese momento y jefe directo de todos los demás. A todos ellos se les atribuye indiciariamente los delitos de robo, cohecho, malversación y prevaricación. Excepto a Gómez Gordo, y por el momento, también se les investiga por el asalto de un falso cura armado a casa de los Bárcenas, por los que se les atribuye presuntamente un delito de allanamiento de morada.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1897 en: 19 de Enero de 2019, 08:44:13 am »
Corporativismo mal entendido...Villarejo está sacando a la luz todos los trapos sucios o se los inventa?

LO QUE DIGA EL JUEZ



https://www.foropolicia.es/luchas-en-la-policia-t15868-40.html

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1898 en: 19 de Enero de 2019, 08:47:53 am »
Y por qué quiere llevarse a todo el mundo por delante?

Creo que está claro, está en prisión.


García Castaño se harta de Villarejo: "Quiere llevarse a todo el mundo por delante"
La relación de los dos ex policías salta por los aires al salir a la luz los audios de sus presuntos "negocios" de espionaje extraoficiales.
19 enero, 2019 03:30

Carmen Lucas-Torres @carmenlucast

-"¡¿Qué pasa guapetona?!" saluda una voz masculina y ronca con tono canalla desde el interior de un coche en marcha.

-"¿Qué pasa tío?!", contesta otra voz áspera desde la acera, con el colegueo de los compañeros que han compartido muchas batallas.

Son las voces de José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en mayo de 2005. La conversación forma parte de la interminable mediateca en manos del comisario jubilado e investigado en la Audiencia Nacional que se dedicó a grabar sin su consentimiento a todas las personas con las que hablaba, entre ellos a su compañero y amigo Enrique García Castaño, al que apodaba El Gordo o Big.

Esos audios, encontrados por los agentes de Asuntos Internos cuando Villarejo y sus principales colaboradores fueron detenidos, están en manos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y se han convertido en la perdición para ambos.

García Castaño y su despacho de abogados (el del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) habían mantenido una política de silencio hasta la fecha. Pero este viernes, el exjefe de la UCAO ha estallado. Parece harto de los comunicados de Villarejo desde prisión, anunciando un nuevo temblor de los cimientos del Estado si cuenta todo lo que sabe: "Es un mentiroso y un canalla. ¡Quiere llevarse a todo el mundo por delante!", ha afirmado este viernes García Castaño con un evidente enfado tras declarar ante el juez por la operación Kitchen.

Así respondía a la última amenaza de Villarejo. Por medio de su abogado, Antonio García Cabrera, el excomisario avanzaba este jueves que el trabajo de espionaje que presuntamente realizó para el BBVA contra los directivos de Sacyr que pretendían hacerse con la entidad está relacionado con "luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española y que necesita aclarar" el próximo lunes, cuando está citado a declarar. Era el anuncio de una especie de traca final y al parecer también una provocación para su excompañero. Ante la pregunta de los periodistas sobre si "esos hechos luctuosos" podrían corresponderse con la masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid, García Castaño espetaba: "No tiene ni idea. La investigación sobre el 11-M la hice yo".

Los indicios

Las cintas de Villarejo ya en manos de la Justicia sacan a la luz los tejemanejes de éste, agente encubierto que unas veces trabajaba a las órdenes del Estado y otras para sí mismo, y García Castaño, el hombre que controlaba y ordenaba todas las intervenciones telefónicas a terroristas y peligrosos delincuentes dentro de la Policía. También quien tenía línea directa con las compañías telefónicas para obtener datos confidenciales sin dar ninguna explicación.

García Castaño está investigado en el caso Tándem, ya conocido como caso Villarejo, por facilitar presuntamente a Villarejo información confidencial para sus trabajos de espionaje personales, de los que ambos podrían haber obtenido un lucro económico.

Entre esos trabajos personales, como ha publicado en las últimas semanas Moncloa.com, estuvo un informe encargado por el BBVA a Villarejo para conocer los movimientos de altos directivos de Sacyr para hacerse con el poder de la entidad y desbancar de la presidencia a Francisco González.

Los audios del sumario judicial en la pieza Big destapan que García Castaño podría haber sacado listados telefónicos y habérselos entregado a Villarejo para su trabajo de espionaje del BBVA. "Ahora te doy lo de FG", se oye decir a 'El Gordo' en uno de esos audios.

Este viernes, cuando ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional por la operación Kitchen, García Castaño no ha ocultado su decepción con Villarejo por haberle metido en un gran embolado al grabar, durante años, las conversaciones sobre sus dudosas actividades conjuntas.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1899 en: 20 de Enero de 2019, 09:13:42 am »