Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 291455 veces)

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1980 en: 08 de Octubre de 2019, 07:38:35 am »
 

Un comisario de la Policía Foral exige a sus agentes flexibilizar las multas en Corella tras una reunión con el alcalde

El jefe de la comisaría de Tudela acordó con el regidor municipal, Gorka García, “criterios de actuación” para la imposición de sanciones sobre el estacionamiento de vehículos.

Navarra.com
06 octubre, 2019 - 12:30

Acuerdo policía foral multas corella aceras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Navarra - Sindicato de Policía Foral (CSIF-SPF) ha denunciado un acuerdo firmado por el jefe de la comisaría de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, tras una reunión con el alcalde de Corella, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente), por el que se flexibiliza la imposición de multas de aparcamiento en la localidad ribera.

Se trata de un documento fechado el pasado 22 de julio, por el que el comisario acuerda, tras la cita con el regidor, que "en las calles secundarias con menor flujo de circulación y anchura limitada de vía, se flexibilizará su control, para que el estacionamiento de los vehículos en la calzada no imposibilite o dificulte la circulación normal de vehículos".

Como se recuerda, el Gobierno de Navarra había suscrito el 12 de abril un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Corella para que la Policía Foral prestara servicios de seguridad pública en la localidad. A esta situación se llegó debido a que la Policía Local no contaba con efectivos suficientes para desempeñar esas funciones, por lo que se decidió que una patrulla del cuerpo policial autonómico, formada por dos agentes, ejecutaría esas labores de seguridad pública durante todo el año, en un turno de trabajo cada día.

El conflicto surgió cuando los vecinos comenzaron a percibir evidentes diferencias en el número de multas entre los turnos de la Policía Municipal de Corella y los de la Policía Foral. Las quejas motivaron incluso la colocación de carteles en algunas calles del municipio, en los que se exponía que siempre se habían aparcado los coches de esa manera y nunca se habían realizado denuncias por ello.

Como los efectivos de la Policía Foral continuaban cumpliendo el reglamento, las protestas acabaron llegando hasta el despacho del alcalde, que se reunió con el comisario de Tudela, que vive en Corella, el 19 de julio para ver cómo se podía corregir la situación. El resultado no fue otro que el citado acuerdo, en el que se pactó que la Policía Foral "flexibilizaría el control" de los estacionamientos.

En ese documento, al que ha tenido acceso NAVARRA.COM, se establecen diversas pautas de actuación sobre los criterios de control del tráfico en Corella. En el referido a la vigilancia de los estacionamientos de vehículos sobre las aceras, se indica que "se permitirán las utilizadas habitualmente en las calles que, por su amplitud, no se generen problemas de seguridad para los peatones; en las calles secundarias con menor flujo de circulación y anchura limitada de la vía, se flexibilizará su control para que el estacionamiento de los vehículos en la calzada no imposibilite o dificulte la circulación normal de vehículos".

REPRIMENDAS VERBALES

Según las protestas de varios agentes de la comisaría tudelana, Escudero, después de la reunión con el alcalde corellano, responsabilizó a sus subordinados de ese incremento de las sanciones, llegando a sugerir incluso que las denuncias estaban mal efectuadas. Más aun, se encargó de iniciar una serie de reprimendas verbales a los agentes que se iban a trasladar hasta el municipio.

La situación no varió, ya que los policías continuaron cumpliendo a rajatabla el control de los estacionamientos. Por ello, el comisario, según las críticas de los agentes, exigió que se impusieran sanciones tan solo cuando se les requiriera para ello, un mandato que, posteriormente, se tradujo en que denunciaran únicamente cuando hubiera una queja expresa y el estacionamiento del vehículo pudiera causar peligro para los peatones.

Según el sindicato, la voluntad de los policías de cumplir el mandato legal encomendado en la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto a la vigilancia del tráfico conllevó que las reprimendas del comisario de Tudela se multiplicaran. El último paso fue la firma de una instrucción con criterios de actuación sobre el control del tráfico de Corella, llevada a cabo después de una reunión con el alcalde, para indicar cuándo y cómo se debía denunciar.

Según se ha podido conocer de fuentes directas de la comisaría afectada, los policías encargados de esas labores en el municipio ribero han estado varias semanas sin poder cumplimentar denuncias, ya que les han retirado los boletines, que han sido guardados bajo llave. Por ello, aun en el caso de detectar una infracción conforme a la legislación vigente en materia de tráfico, no pueden proceder a la sanción.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

CSIF-SPF recuerda que los criterios de actuación firmados por el comisario de Tudela chocan con los principios básicos de la mencionada ley orgánica, en cuyo artículo 53.1B se establece como función específica "la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación". Por ello, alegan que el mandato del jefe de la comisaría de Tudela colisiona de manera frontal con los principios básicos de actuación sobre jerarquía y subordinación.

No es la primera polémica en la que se ve envuelto Miguel Ángel Escudero. Como desveló hace unas semanas NAVARRA.COM, el comisario de la capital ribera aprovechó el pasado mes de abril las atribuciones de su puesto para remitir una información a la Brigada de Régimen Interno, desautorizando a dos de sus policías después de haber recibido una llamada de protesta del entonces alcalde de Murchante, el socialista Tomás Aguado.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1981 en: 09 de Octubre de 2019, 06:41:52 am »
'Caso Villarejo'
'El Gordo' declara que el exjefe de seguridad de Cospedal hizo el informe contra Podemos

Enrique García Castaño ha asegurado al juez Manuel García Castellón que el encargo lo realizó la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del también imputado Eugenio Pino


Cospedal y Gómez Gordo EFE
Tono Calleja


Alejandro Requeijo

Publicado 08.10.2019 - 18:47
ActualizadoHace 9 horas

El comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los imputados en el caso Villarejo conocido con el apodo de El Gordo, declaró este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que el comisario Andrés Gómez Gordo, una exasesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, fue el autor del polémico informe contra Pablo Iglesias, denominado PISA, el acrónimo de "Pablo Iglesias Sociedad Anónima", según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas presentes en la declaración celebrada este martes.

Este informe, que según el testimonio de García Castaño fue encargado por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a Gómez Gordo, fue utilizado por el sindicato Manos Limpias para denunciar en el Tribunal Supremo a Pablo Iglesias y a otros exdirigentes de Podemos, como Íñigo Errejón. La denuncia no fue aceptada a trámite por los magistrados, que argumentaron que el documento, que no estaba firmado, era un mero compendio de "informaciones periodísticas", que no podían justificar sin más la apertura de un procedimiento penal.

Pese a que la denuncia fue archivada por el Tribunal Supremo, y el informe PISA fue desautorizado, el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, a quién la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes una fianza de 50.000 euros, trasladó el trabajo al Tribunal de Cuentas, que no vio ningún problema en la financiación de Podemos.

El secretario general de Podemos ha pedido explicaciones al líder del PP tras conocer esta información. Asimismo, ha manifestado que esto "probaría que el PP estuvo detrás de la fabricación de noticias falsas contra Podemos, dirigiendo las cloacas".

'Operación Kitchen'

El comisario Gómez Gordo está imputado en el caso Villarejo como uno de los presuntos autores del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, un operativo parapolicial bautizado por el comisario José Manuel Villarejo como Operación Kitchen. Gómez Gordo fue nombrado director general de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en realidad se encargaba de la seguridad de la entonces presidenta de la Comunidad manchega, María Dolores de Cospedal.

Y como jefe de seguridad, Gómez Gordo acompañó a Cospedal a las declaraciones como testigo. La primera vez cuando fue llamada por el caso Gürtel, y la segunda tras denunciar esta a Luis Bárcenas en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Toledo por injurias.

Según el relato de fuentes de la causa, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos contactó con Gómez Gordo, cuando este todavía estaba trabajando en el Gobierno de Cospedal. Y fue entonces cuando Gómez Gordo, aprovechando que ambos habían coincidido anteriormente trabajando en la Comunidad de Madrid, le captó para la causa a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO, según informa Europa Press.
Reingreso de Gómez Gordo

Siempre según el relato de los hechos de las fuentes consultadas por Vozpópuli, Eugenio Pino pidió entonces el reingreso en la Policía de Gómez Gordo para que llevase la relación con el nuevo confidente y así acabó involucrado en el operativo de Kitchen o espionaje a Bárcenas, que investiga la Audiencia Nacional.

Durante el tiempo que se mantuvo el operativo parapolicial, Villarejo emitió "notas informativas" sobre los avances del operativo, cuyo destinatario era Eugenio Pino. Fue él, de acuerdo a la declaración de García Castaño, quien bautizó el despliegue, porque le parecía que Sergio Ríos tenía pinta de cocinero y cuando daba parte, se refería siempre al operativo como Operación Kitchen, completa Europa Press.

Parte de esas notas, así como los recibís de los pagos a Sergio Ríos estaban entre la documentación intervenida cuando Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 y figuraban también en los archivos del Ministerio del Interior, que ha aportado la documentación hallada en dos tandas al juzgado y ha instado la desclasificación de su contenido y la venia para que los policías implicados hablen de ello en el Consejo de Ministros.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1982 en: 11 de Octubre de 2019, 07:18:43 am »
Cuántos culos deben andar apretados temiendo lo que pueda escupir este personaje.....


Villarejo: Prisa sobornó a un juez para condenar a Javier Gómez de Liaño por el caso Sogecable
El excomisario denuncia una operación para inhabilitar al entonces juez y asegura tener grabaciones y documentos que lo prueban.
10 octubre, 2019 17:25

 
El excomisario José Manuel Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla en la que documenta que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al juez Enrique Bacigalupo por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable.

Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011 y se le consideraba un juez cercano al PSOE de Felipe González. En la actualidad ejerce de abogado y entre sus clientes más destacados está el jugador del FC Barcelona Leo Messi.

El comisario encarcelado asegura en la denuncia que se organizó una operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño y apartarlo de la causa que instruía contra Sogecable, empresa del grupo de comunicación Prisa.

Además, el polémico excomisario, encarcelado por la 'operación Tándem', describe varios de sus encuentros con los implicados en el asunto: "Me reuní en varias ocasiones con Matías Cortés (abogado), en una de las cuales asistió también Horacio Oliva (abogado) y en dos ocasiones con Antonio Navalón (entonces periodista del Grupo Prisa), sólo para establecer los detalles de los procedimientos de pago".

En el escrito de la denuncia, Villarejo sostiene que "Txiqui Benegas en nombre de Felipe González" y varios empresarios eran "el vínculo con los de Sogecable".

Reuniones "grabadas" y "encargos"

Villarejo advierte que "algunas de estas reuniones" fueron grabadas y que existen también notas que probarían los hechos que ahora denuncia. Asimismo, solicita que el Juzgado de Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional remita las cintas intervenidas en el registro de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid) y todo el material que pueda aportar luz sobre el 'caso Gómez de Liaño'

Villarejo detalla los pormenores de una operación para terminar con la carrera de Gómez de Liaño. En concreto, se habría realizado un primer pago al magistrado Enrique Bacigalupo. "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich".

Otro de los pagos al juez de Supremo que condenó a Gómez de Liaño por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable se realizó a "alguien próximo al magistrado que nunca supe con certeza quién fue" se trataba de unos 170.000 dólares "desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas", según detalla el escrito del excomisario.

Tras las reuniones que mantuvo Villarejo, el ahora excomisario recibió además otro tipo "encargos". Entre ellos, el "control de movimientos de la pareja Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márque de Prado o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales".

Un portavoz del grupo Prisa niega rotundamente las acusaciones del comisario  Villarejo contenidas en este artículo y asegura que son falsas. La compañía no ha tenido aún conocimiento de la denuncia y cuando la tenga hará la valoración pertinente.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1983 en: 13 de Octubre de 2019, 08:09:43 am »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1984 en: 19 de Octubre de 2019, 13:40:37 pm »

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1985 en: 29 de Octubre de 2019, 07:08:41 am »

   
Un mando de la Policía confiesa haber suministrado datos bajo cuerda a Billy el Niño para protegerlo

Constancio Riaño declara ante el juez que identificó a dueños de coches y números de teléfono porque su "amigo", con una empresa de seguridad, era seguido y vigilado
El inspector jefe jubilado afirma que Billy el Niño no podía acudir a denunciar por el "desprestigio" al que le han sometido los medios de comunicación
La declaración de Riaño como imputado en el caso Villarejo es el último ejemplo del "compañerismo" con el que un sector de la Policía sigue arropando a Billy el Niño
Pedro Águeda
28/10/2019 -

La repulsa que provoca la trayectoria policial de Billy el Niño no parece calar en un sector del Cuerpo al que perteneció y que sigue invitándole a celebraciones oficiales y tratándole como a un "compañero" más. El último ejemplo es el inspector jefe Constancio Riaño, mando de la Comisaría General de Información (CGI) hasta hace tres años, quien ha confesado ante el juez del caso Villarejo que suministró a Billy el Niño datos de los titulares de matrículas y de líneas de teléfono bajo cuerda porque, según él, su "amigo" Antonio González Pacheco se sentía amenazado.

Constancio Riaño Prieto compareció en la Audiencia Nacional el pasado 23 de septiembre para declarar como imputado en el marco de dos piezas del caso Villarejo. Está jubilado desde noviembre de 2016 y la última década en activo fue jefe de Relaciones Institucionales de la CGI, la sección que se dedica a facilitar a otras unidades los datos de ciudadanos que obran en poder de las distintas administraciones o del sector privado.

El inspector jefe Riaño insiste en dos ocasiones durante su declaración en que "no hay ninguna sentencia por torturas" contra Billy el Niño, el argumento legal que ha contribuido a mantener intacto el medallero del presunto torturador pese a los anuncios del Gobierno socialista de que le iba a retirar esas condecoraciones.

"A todas las personas he intentado ayudar yo en mi vida como policía. Y un señor al que le califican de no sé qué, y que todavía no hay ninguna sentencia, le estaban aterrorizando, le estaban amargando la vida, y tiene una hija con cáncer ahora", responde Riaño sobre Billy el Niño a preguntas del abogado de Enrique García Castaño, superior suyo en la CGI y también investigado. Según publico El Mundo, Billy el Niño utilizó ese material en beneficio de una empresa de seguridad que posee desde 1997, Spas Consultores, que presentó cuentas por última vez en 2016, el año de la jubilación del inspector jefe Constancio Riaño.

El letrado pregunta a Riaño por qué González Pacheco, también jubilado, no denunció esas amenazas si era, como dice, "vigilado constantemente, seguido constantemente". "Está demasiado desprestigiado por los medios de comunicación. Necesitaba un amigo", contesta el investigado. "Está enfermo por eso", añade.

Ante la sorpresa del abogado por el trato de favor, Constancio Riaño insiste en su confesión sobre las ayudas a Billy el Niño: "Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tengo la obligación de ayudar a todos los ciudadanos de mi país". En todo caso, el inspector jefe se escuda en que los datos de matrícula que entregó a González Pacheco se pueden conseguir en Tráfico pagando "dos euros y medio".

En cuanto a las titularidades de los teléfonos, el policía no ahonda. "(Billy el Niño decía:) He tenido estas cinco llamadas, igual, a ver si son de un enemigo mío y me quiere matar", dice Riaño recreando las supuestas palabras de su amigo. Fuentes del caso reconocen que podrían deducir testimonio para que un juzgado ordinario investigara las afirmaciones de Riaño, pero creen que las generalidades en que incurrió abocarían al archivo esa denuncia.

Como su inmediato superior, Enrique García Castaño, y varios de sus compañeros, Riaño está acusado de facilitar datos reservados a la organización criminal que presuntamente dirigía José Manuel Villarejo a cambio de dinero o prebendas. Riaño Prieto alega que solo cumplía órdenes de García Castaño, pese a que hay correos electrónicos incorporados a la causa que demuestran su relación directa con Antonio Bonilla, expolicía y presunto miembro de la banda de Villarejo.
La Brigada Antiatracos que liberó a Quini

El inspector jefe Riaño es, como su amigo González Pacheco, un voluntarioso 'runner'. Así queda de manifiesto en las clasificaciones de las carreras que se pueden consultar en Internet. Aunque Constancio Riaño ingresó en la Policía en los años setenta, década de apogeo de Billy el Niño, el inspector jefe jubilado asegura que conoce a González Pacheco de la afición de ambos por correr.

Riaño pertenece a la generación de mandos policiales que se han jubilado en el último lustro y que ingresaron en la Policía en los estertores del franquismo. A diferencia de otros imputados en el caso Villarejo, no estuvo destinado en la lucha antiterrorista hasta el último tramo de su carrera. Riaño integró los Omega, el polémico grupo Antiatracos de Barcelona en la década de los setenta que es conocido por sus métodos expeditivos, éxitos policiales y sospechas de corrupción, en una ciudad donde se podían llegar a producir una decena de asaltos con armas de fuego al día, según relatan policías de la época.

Un grupo de aquellos Omega, dirigidos por Francisco Álvarez y que integró Constancio Riaño, fue el que liberó de su secuestro a la estrella del FC Barcelona Enrique Castro, 'Quini'. Paco Álvarez acabaría años después condenado por terrorismo de Estado en los GAL. Aún hoy sigue dedicado al sector de la investigación privada. Constancio Riaño, por su parte, pasó de la Brigada Antiatracos a jefe de seguridad de La Caixa en Barcelona, donde permaneció dos décadas. Al salir de la entidad activó la puerta giratoria que se prodiga entre mandos de la Policía para regresar al Cuerpo como jefe de Relaciones Institucionales de la UCAO de García Castaño.

En el marco del caso Villarejo, Riaño Prieto asegura que siempre cumplió órdenes del Gordo, incluso cuando las solicitudes de información se producían de un modo informal, escritas en un 'post it'. Alega que pensaba que estaba trabajando "por España" pese a que recabó y trasladó datos, entre otros, de un bufete de abogados de Madrid, enfrentado a otro y que había requerido los servicios de Villarejo. García Castaño asegura que Riaño actuaba por libre y que tenía una intensa relación con Antonio Bonilla, el socio de Villarejo.
Entre palmaditas y cócteles oficiales

5 de diciembre de 2013. El juez Pablo Ruz cita a declarar a Antonio González Pacheco y al capitán Muñecas por la orden de detención cursada por una magistrada argentina contra ambos por delitos de torturas. A la salida, Billy el Niño, con el rostro cubierto por un casco de moto, es acompañado por un veterano agente de la Comisaría General del Poder Judicial que le abre la puerta de un coche camuflado de la Policía y le da una palmada antes de que el presunto torturador se suba al vehículo. La Audiencia Nacional terminó por apreciar un posible delito de torturas en el policía pero rechazó la entrega por estar prescrito.

4 de octubre de 2018. Antonio González Pacheco es fotografiado participando del ágape que ofrece la comisaría del Distrito de Ciudad Lineal, uno de los más grandes de Madrid, con motivo de la festividad del Patrono de la Policía. La difusión de la imagen provoca que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordene el cese inmediato del comisario al mando, Mariscal de Gante. El cese no se lleva a efecto porque se trata de un destino que no es de libre designación.

16 de enero de 2019. El Gobierno reconoce que no puede cumplir su compromiso de retirar las medallas a Billy el Niño, concedidas en virtud de una Ley Orgánica de 1964 porque no puede cambiar la legislación con carácter retroactivo.

21 de marzo de 2019. Eldiario.es publica que la investigación interna que se abrió con motivo de la invitación de Billy el Niño a la comisaría de Ciudad Lineal se cerró de plano al poco tiempo por ausencia de indicios de falta. Aquella información reservada ordenada por Grande-Marlaska ni llegó a transformarse en expediente.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1986 en: 29 de Octubre de 2019, 07:11:49 am »

 

El juez prorroga dos años más la prisión preventiva al comisario Villarejo
El magistrado argumenta que hay un elevado riesgo de fuga, "un evidente riesgo de reiteración delictiva" y un "alto riesgo de destrucción de fuentes de prueba"
Villarejo lleva ya dos años en la cárcel acusado de delitos como organización criminal, blanqueo, cohecho o revelación de secretos
Europa Press
28/10/2019 - 16:18h

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este 3 de noviembre cumple dos años en preventiva, atendiendo a que concurren elevado riesgo de fuga, "un evidente riesgo de reiteración delictiva" así como "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba".

En un auto de 19 páginas notificado este lunes tras la celebración de una vista que se prolongó durante dos horas el pasado jueves, el juez acuerda la prórroga, que puede llegar a ser de otros dos años mientras no medie juicio y sentencia y descarta que las razones de salud que alegó el comisario sean suficientes para ponerle en libertad, dado que no se trata de "graves padecimientos" que no puedan ser atendidos en prisión en los términos que fija la ley.

"La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en eL tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado", dice García Castellón.

El auto detalla los delitos que se imputan al comisario en cada una de las 16 piezas separadas en las que actualmente se articula la macrocausa, nueve de las cuales siguen bajo secreto. En total, acumula imputaciones por varios delitos de organización criminal para la comisión de delitos graves en su condición de jefe, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento y delitos fiscales, es decir, un horizonte de más de 100 años de cárcel.

"El riesgo de fuga es evidente y no sólo por las elevadas penas a las que se enfrenta (*) sino y sobre todo por cuanto a lo largo de la investigación se ha evidenciado la capacidad concreta que presenta de sustraerse a la acción de la justicia", expone el juez, que recuerda uno de los audios de la causa en el que Villarejo dice a otro investigado "que lleva más de 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando por todo el mundo".

El instructor apuntala esta tesis por el alto nivel económico descubierto a Villarejo, que tiene un patrimonio inmobiliario tanto en España como en el extranjero superior a 16 millones de euros y "una estructura financiera" que le permitiría "sustraerse" a la justicia, sumado a que cuando fue detenido se le intervino un pasaporte en blanco y dos DNI con identidades que no le correspondían .
Asegura que tiene copias del material intervenido

Además, se le atribuye un "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba" porque la Audiencia Nacional sigue pendiente de comisiones rogatorias internacionales para determinar el alcance de su organización criminal, y de reiteración delictiva, porque "él mismo afirmó disponer de varias copias" del material incautado y que "podría ser utilizado directamente" por él "para continuar la actividad delictiva por la que se le investiga".

A lo largo del auto, el juez resume el contenido de las actuaciones contra Villarejo desde el momento en que se abrió la causa contra él y salió a la luz "la existencia de un entramado criminal centrado en torno a las empresas del Grupo Cenyt dirigida a la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Así, expone que "la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado, le permitió el tráfico de dicha información con terceros" en una conducta que se reproduce en todos los proyectos investigados, en los que Villarejo "aportaba como valor añadido" de su "pluralidad de sociedades" su "relación directa" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo, además, "sin la previa solicitud de compatibilidad" y obteniendo grandes beneficios.

"Las actividades que ofertaba iban mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, aprovechándose de situaciones extremas de crisis empresarial para intervenir por medios poco ortodoxos en la vida personal de los implicados en aquellos conflictos", expone el auto.
16 piezas separadas separadas

En la actualidad, la causa se articula en las piezas Principal o 'King', que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, 'Pieza 1', que implica al comisario Carlos Salamanca; 'Iron', en relación al espionaje a un bufete de abogados; 'Land', sobre la herencia de los Cerededa; 'Pit', en torno a una extradición a Guatemala; 'Cinco', sobre los audios de Corinna; 'Pintor', por la extorsión a un ex juez; 'Kitchen', que indaga el espionaje al 'popular' Luis Bárcenas y sigue secreta; y 'Marbella', sobre un empresario.

Asimismo, constan como piezas separadas, todas bajo secreto, 'BBVA', que investiga 13 años de trabajos para la entidad; 'Pieza 10', sobre revelación de secretos de Podemos; 'Planeta' en relación a un encargo sobre un arbitraje; una específica sobre delitos fiscales de Villarejo y otras cuatro más en relación a 'proyectos' concretos del comisario.

 

   

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1987 en: 04 de Noviembre de 2019, 07:03:21 am »
   
   
     
   
INICIA UNA DOCENA DE EXPEDIENTES
Rebelión en la comisaría de San Blas: bajas, traslados, colas y un jefe contra todos

El sindicato mayoritario de la Policía denuncia al jefe de las dependencias por su política de cambios de turnos que impide la conciliación y anuncia movilizaciones de los funcionarios

Roberto R. Ballesteros

 
03/11/2019 15:49 - Actualizado: 03/11/2019 15:50

La comisaría de la Policía Nacional en San Blas, en el madrileño barrio del mismo nombre, está dividida. El comisario que la dirige tiene a la práctica totalidad de la plantilla en contra. Desde que se hizo cargo de las dependencias el pasado febrero, el nuevo jefe trató de implementar una serie de cambios en las estructuras y modos de trabajar que no han caído nada bien en el personal, que ha presentado multitud de quejas al respecto.

El máximo responsable, por su parte, también ha elevado casi una docena de escritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para protestar por la actitud de otros tantos funcionarios. De todas esas misivas, siete siguen adelante hoy en régimen, que estudia cada caso por separado. Este intercambio de reclamaciones interpuestas por ambas partes no es, sin embargo, la única muestra del enfrentamiento abierto que mantienen los empleados de la comisaría, liderados por los delegados de Jupol, sindicato mayoritario en el cuerpo desde que en las pasadas elecciones obtuviera más de la mitad de los representantes del Consejo de la Policía, con el comisario de las dependencias.

Los sindicalistas explican que, desde que llegó el nuevo jefe, media docena de funcionarios de la comisaría se han dado de "baja psicológica" porque no soportan la presión a la que les ha sometido el comisario. Así se lo han transmitido, de hecho, en un escrito remitido al Consejo de la Policía, donde califican de "preocupante" este alto número de bajas. "Nunca se había dado esta situación tan potencialmente delicada para la salud emocional de los compañeros", añade el papel, que tilda el ambiente laboral de "insoportable". "Algunos funcionarios han llegado a ser atendidos por el Samur debido a la sobrecarga de trabajo y las presiones diarias", subraya.

Jupol asegura asimismo que "todo" el grupo de policía judicial, el que en cada comisaría se dedica a investigar lo que ordena la judicatura, se desmanteló completamente tras el aterrizaje del nuevo máximo responsable. "Históricamente ha sido una plantilla veterana y con buen ambiente de trabajo", recuerdan en el mismo escrito elevado al Consejo de la Policía. "Ahora los que trabajan ahí son funcionarios recién jurados o que no tienen experiencia en tareas de investigación", critican desde Jupol, que no deja departamento sin valorar.
100 cambios de turnos

En la oficina de denuncias, "el personal es insuficiente", reprochan las mismas fuentes, que aseguran que "muchas jornadas de trabajo" tan solo hay un policía al cargo todas las gestiones de guardia y que los ciudadanos a veces tienen que esperar hasta siete horas para ser atendidos por este funcionario. Pero no es el único sitio en el que faltan funcionarios. Según el sindicato, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), encargado de reaccionar lo más rápido posible ante atracos u otro tipo de delitos callejeros, también está bajo mínimos y sus componentes muchas veces tienen que encargarse de realizar los trámites de detenidos (comparecencias, diligencias, traslado, etc.) que además desconocen, porque no es su función.

"Una persona le ha denunciado por conciliación familiar porque el jefe le ha cambiado de su puesto", explican fuentes del sindicato, que censuran también que el jefe cambie turnos "de repente y sin dar explicaciones". En verano, el máximo responsable de las dependencias llegó a hacer "más de un centenar de cambios sin previo aviso", denuncian desde Jupol, que entienden que esto incide directamente en la vida familiar de los funcionarios. Además, reprueban, el jefe "amedrenta a la plantilla" a través de este arma que son los poderes para modificar los horarios laborales.

El 'viejo' policía de Galán que metió a Villarejo en la comisaría de Iberdrola
Agustín Marco
La continuada contratación del comisario encarcelado se explica por la relación con Antonio Asenjo, el hombre de confianza del presidente de la eléctrica desde hace dos décadas

El comisario no ha querido hacer declaraciones a El Confidencial. Tampoco la Jefatura Superior de Policía. Las fuentes sindicales consultadas, sin embargo, sí critican este malestar y advierten incluso de que, de no tomar medidas la Dirección General, los funcionarios de las dependencias policiales se movilizarán en las puertas de la comisaría durante los próximos días con el objetivo de visibilizar su desacuerdo con la actitud de su jefe.

D. C. B. fue nombrado responsable de la comisaría el pasado febrero, después de pasar apenas unas semanas como jefe operativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Antes, había estado en el Puesto Fronterizo del aeropuerto del Prat. Ascendió a comisario en diciembre de 2017. D. C. B. no es la primera vez que tiene un fuerte enfrentamiento con los sindicatos policiales. Una denuncia de la Unión Federal de Policía, el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía en 2011 provocó que el Juzgado 1 de Don Benito imputara dos años más tarde al ahora comisario por apropiación indebida y abuso de funciones.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1988 en: 21 de Noviembre de 2019, 06:40:49 am »
Villarejo aporta un nuevo documento para probar la protección que le daban sus superiores

“Son tus superiores los que se han de preocupar por la legalidad de la actuación”, le escribió el comisario Olivera en un correo electrónico, que sitúa al polémico mando “a las órdenes del director”

Alejandro Requeijo
Tono Calleja

Publicado 21.11.2019 - 05:15

El excomisario José Manuel Villarejo ha aportado a la Audiencia Nacional un correo electrónico de otro mando policial con el que trata de demostrar que sus acciones y actividades privadas contaban con el respaldo de sus superiores del Cuerpo. El autor del documento es el comisario principal José Luis Olivera, el mismo policía que Villarejo ofreció a la exdirigente del PPMaría Dolores de Cospedal para torpedear el caso Gürtel. Con los años, Olivera acabaría ocupando un alto cargo en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Tu actuación no es estrictus senso de agente encubierto por no dedicarte exclusivamente a una operación que debería ser judicializada, pero sí de forma genérica y dada la estructura de cobertura que te asignan, documentación supuesta, oficinas supuestas, compañías supuestas, fondos reservados, control de informadores, asignación de funcionarios en distintas plantillas para cubrir las coberturas, etc y actuación a las órdenes directas del Director”, le dijo Olivera en este correo al que ha tenido acceso Vozpópuliy que lleva la fecha del 19 de enero de 2016.

Del contenido del documento se extrae que Villarejo contaba con el respaldo no solo de sus superiores directos, sino también de los máximos responsables del Cuerpo: “Yo entiendo que si se autoriza por los superiores toda la cobertura que te reseño, a los efectos prácticos es una actuación encubierta y tus superiores son los que se han de preocupar por la legalidad de la actuación”.  “Una estructura se tiene o no se tiene, no se puede improvisar para una actuación, sino que permaneciendo en el tiempo se puede ir aplicando a diversos casos, siempre con conocimiento de la superioridad y siguiendo instrucciones”, añade.
El correo aportado por Villarejo a la causa
El correo aportado por Villarejo a la causa
Cesado por Grande-Marlaska

Lo envió desde su dirección de correo oficial del Ministerio del Interior a la dirección que Villarejo tenía como miembro del Colegio de Abogados de Madrid. En ese momento, José Luis Olivera ya era el máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la estructura que se encargaba de coordinar a la Policía y la Guardia Civil para las investigaciones más sensibles. Este Departamento se encuentra integrado en la estructura del Ministerio que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz. El ministro Juan Ignacio Zoido mantuvo a Olivera en ese puesto y Fernando Grande-Marlaska le cesó en una de sus primeras decisiones a la hora de reorganizar el Ministerio.

En el documento, Olivera le adjuntó un documento con las conclusiones de unas jornadas sobre la figura del agente encubierto “avaladas por el Consejo General del Poder Judicial”. “Por si te lo quieres leer con tranquilidad”, le dijo. En aquellas fechas, el nombre de Villarejo ya había saltado a los medios de comunicación, principalmente por la guerra que mantuvo en el seno de la Policía con otro comisario y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Villarrejo, del que ya había dudas sobre su estatus especial y sus empresas, se defendía como un agente encubierto al que le apasionaba su vida.

El abogado de Villarejo aportó este documento junto al recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita revocar la decisión del juez de instrucción Manuel García Castellón de prorrogar su estancia en prisión al menos otros dos años más. El polémico policía lleva en prisión provisional desde noviembre de 2017. Se le acusa de un abanico de delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal. La Fiscalía dice que encabezó un “clan policial mafioso” que infectó la Policía.
"Acredita la compatibilidad"

El letrado de Villarejo dijo haber tenido acceso al documento y se mostró seguro de que ya “obra en las diligencias”. A su juicio, “acredita la compatibilidad y legalidad de las actividades empresariales simultáneas a las de agente encubierto”. En realidad, de lo que se acusa al exmando es de ejercer su influencia sobre el Cuerpo para acceder a datos confidenciales que luego usaba en sus investigaciones como detective privado para clientes adinerados. La Fiscalía cuenta además con un informe de Hacienda que niega que Villarejo solicitase nunca ningún informe sobre compatibilidad.
Fernández Díaz saluda a José Luis Olivera en presencia del exsecretario de Estado Francisco Martínez
Fernández Díaz saluda a José Luis Olivera en presencia del exsecretario de Estado Francisco Martínez EFE

Una de las principales líneas de defensa de Villarejo es que, cuando él regresó a la Policía en 1993, pactó mantener su entramado empresarial, construido a lo largo de diez años de excedencia. La condición, según Villarejo, es que esa sociedades pudiesen servir incluso a la Policía para operaciones sensibles. En ese sentido, la figura del comisario sería la de agente encubierto. Tras ser arrestado en 2017, tres de sus superiores como directores adjuntos -los únicos que siguen con vida- de la Policía remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional para defender la labor policial Villarejo.
Sus jefes, citados a declarar

Son Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino. Esos tres nombres representan un total de 20 años de gestión al frente de la Policía. Desempeñaron el máximo cargo operativo en el Cuerpo bajo los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El primero de ellos fue quien repescó para la actividad policial al polémico mando. Los otros dos le mantuvieron en una situación especial en la que actuaba como agente encubierto sin renunciar a sus negocios privados.

Ahora el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, les ha citado a declarar en la Audiencia Nacional para que expliquen qué sabían y qué consintieron de las actividades privadas del excomisario que lleva más de dos años en prisión preventiva. Linares y Díaz Pintado acudirán como testigos y Pino lo hará como investigado al estar ya imputado por el empleo de fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1989 en: 22 de Noviembre de 2019, 07:19:25 am »

Billy el Niño facturó 700.000 euros con su empresa de seguridad mientras recibía datos bajo cuerda de un mando policial

El inspector jefe Constancio Riaño declaró como investigado ante el juez del caso Villarejo y aseguró que lo hizo porque su "amigo" se sentía "amenazado"

Riaño estuvo destinado entre 2010 y 2016 en la sección dedicada a obtener información reservada de administraciones públicas y empresas privadas

Billy el Niño ofreció trabajos de seguridad durante veinte años con Servicio de Prevención de Atentados y Secuestros, finiquitada el año que se jubiló Riaño
Pedro Águeda
21/11/2019 - 21:37h


El inspector jefe Constancio Riaño declara como imputado en el caso Villarejo sobre su relación con Billy el Niño

La empresa de seguridad de Antonio González Pacheco, Billy el Niño, facturó casi 700.000 euros durante el periodo en que el inspector jefe Constancio Riaño, imputado en el caso Villarejo, estuvo destinado en la sección encargada de recabar datos confidenciales de empresas privadas y administraciones públicas, entre 2010 y 2016. Riaño confesó ante el juez Manuel García-Castellón que había entregado datos de matrículas y teléfonos a su "amigo" Billy el Niño y añadió que lo hizo porque el policía acusado de torturas se sentía "amenazado".

Constancio Riaño está imputado en el caso Villarejo por los indicios hallados por la investigación de cómo utilizó su puesto en la lucha antiterrorista para entregar información confidencial bajo cuerda a la banda del comisario encarcelado con la que ésta elaboraba dosieres que luego vendía a precios millonarios.

Billy el Niño goza de una pensión como inspector de Policía engordada por las medallas al mérito concedidas durante su carrera. Un informe encargado por el Ministerio del Interior concluye que González Pacheco ha incrementado su pensión un 50% gracias a esas condecoraciones. Además, durante casi dos décadas, el policía sumó a esos ingresos los obtenidos por Servicio de Prevención de Atentados y Secuestros (SPAS S.L), una suerte de consultora de seguridad que, según fuentes policiales, también elaboraba informes contra terceros.

Riaño declaró como investigado ante el juez Manuel García-Castellón el pasado 23 de septiembre. El magistrado tiene en su poder correos electrónicos que evidencian su relación con Antonio Bonilla, otro policía retirado y colaborador de Villarejo que está imputado en varias piezas separadas de la causa. En esos correos se incluyen archivos adjuntos que muestran cómo Riaño facilitaba al clan de Villarejo datos de carácter reservado y confidencial de organismos públicos, empresas telefónicas y de bancos como BBVA y Bankia.

La tesis de Riaño ante el juez fue que él facilitaba esa información a Bonilla por orden de su superior directo, el comisario Enrique García Castaño, uno de los principales imputados en la causa, porque creía que eran para investigaciones antiterroristas. García Castaño niega que él ordenara a Riaño entregar esa información al colaborador de Villarejo.

En el turno de preguntas del abogado de García Castaño, el letrado preguntó a Constancio Riaño si además de a Bonilla había facilitado información confidencial a algún policía más. "Ya sé por dónde va", comenzó a contestar Riaño, advertido por la información de El Mundo según la cual García Castaño había contado al juez en una declaración anterior que Riaño colaboraba con González Pacheco.

En ese momento, el inspector jefe Constancio Riaño defendió, primero, que los datos que entregó a Billy el Niño eran para que se protegiera de los seguimientos y el supuesto acoso que estaba viviendo. También aseguró que la información que facilitó a su "amigo" no era confidencial porque cualquiera puede obtener el titular de una matrícula pagando "dos euros y medio en Tráfico". A continuación reconoció que también averiguó el titular de números de teléfono para González Pacheco. Por último, afirmó que lo hizo porque su "amigo" no podía acudir a la policía por el "desprestigio" al que le han sometido los medios de comunicación.

Constancio Riaño dejó la Policía para convertirse en jefe de Seguridad de La Caixa en Barcelona durante dos décadas. Según fuentes de la lucha antiterrorista, en 2010 volvió a entrar en la puerta giratoria para regresar al Cuerpo y ser destinado al frente de la Sección de Relaciones Institucionales de la Comisaría General de Información (CGI), la estructura antiterrorista.

En esa Sección, una decena de inspectores obtienen datos de bancos, telefónicas, administraciones públicas y cualquier organismo a petición de cualquier unidad del Cuerpo. Relaciones Institucionales está enmarcada en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que mandaba Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'.

Riaño llegó a la CGI en 2010 y permaneció allí hasta su jubilación en 2016. El año de su aterrizaje en la policía antiterrorista, la empresa de González Pacheco facturó 141.581,66 euros. Los ingresos superaron los 100.000 euros hasta 2012, pero a partir de ese año fueron cayendo progresivamente por debajo de esa cifra, hasta los 53.642,62 euros de 2016, último ejercicio en el que presentó cuentas. En total, 684.663,01 euros en los seis años que Constancio Riaño estuvo al frente de la sección que conseguía información confidencial de administraciones y empresas privadas.
El triángulo del tráfico de información confidencial

Constancio Riaño dejó otro detalle de relevancia en su declaración. El inspector jefe jubilado no negó haber facilitado más información confidencial a otros expolicías distintos a Billy el Niño o Villarejo. Esa respuesta ambigua adquiere más relevancia si se coloca sobre el triángulo que forman los policías en activo, con acceso a información reservada; los que dejan el Cuerpo para trabajar en grandes empresas y bancos; y un tercer grupo, que funda empresas de seguridad para las que los datos confidenciales son una valiosa mercancía.

"Además de a Billy el Niño, ¿ha ayudado, como dice usted, a otros policías que no se encontraban en actividad?", preguntó el abogado de García Castaño a Constancio Riaño en la Audiencia Nacional. "Solo a él", respondió en un primer momento el policía investigado. "¿Solo al señor Billy el Niño?", insistió el abogado. Y Riaño matizó: "Creo que sí". "¿Fue una excepción que hizo usted por humanidad?", inquiere el letrado. "Puede ser", respondió Constancio Riaño.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1991 en: 28 de Noviembre de 2019, 06:32:11 am »

Un sindicato policial pide el cese del comisario de San Blas

Jupol afirma que los agentes sufren "un gran estrés y ansiedad" por culpa de este mando

F. Javier Barroso
Madrid 28 NOV 2019 - 00:32 CET   


El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha registrado en la Dirección General de la Policía una petición para que el comisario jefe de la Policía Nacional en el distrito de San Blas-Canillas y su número dos, un inspector jefe, sean destituidos a la mayor brevedad. Acompañan su solicitud de un informe de riesgos laborales de este sindicato en el que se recoge que los funcionarios sufren un gran estrés y ansiedad desde que este mando llegó al poder.

La situación ha llegado a tal punto que en la actualidad hay seis funcionarios de baja psicológica (en una plantilla de 160 funcionarios) por “el ambiente que se vive en la comisaría”, según explica el responsable de Comunicación de Jupol, Javier Otero. “Se cambian los turnos y los puestos de los policías sin previo aviso, lo que genera graves problemas a los afectados”, afirma Otero.

El informe de riesgos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge que se respeta “la cadencia de turnos”: “Han cambiado a una amplia mayoría de los funcionarios, afectando gravemente a su conciliación familiar, modificando sus horarios y sin que los policías lo hayan solicitado. Tampoco se han tenido en consideración unos criterios objetivos y ecuánimes a la hora de cambios de turnos”.

A todo ello se une “un trato hostil y desconsiderado hacia los policías”. “Se vierten frases tales como ‘pandilla de vagos y holgazanes’, además de constantes amenazas y presiones hacia la pérdida de los puestos de trabajo” por parte del inspector jefe operativo accidental, se afirma en el informe. “Todo ello ha creado incertidumbre y una estabilidad emocional y profesional de los funcionarios”, concluye.

La comisaría presta servicio al distrito de San Blas-Canillas (156.000 habitantes) y al de Vicálvaro (71.000). “La atención al ciudadano tampoco es nada buena. Ha habido noches que la oficina de denuncias ha sido atendida solo por una persona y se han formado colas de seis y siete horas, con la consiguiente situación de estrés para la policía”, mantiene el responsable de Comunicación. Este recuerda que el actual comisario ya tuvo problemas con la plantilla de su anterior puesto, la comisaría de Don Benito (Badajoz).

El sindicato ya hizo un escrito el pasado octubre al Consejo de la Policía para que se adoptaran medidas. Sus responsables afirman que no han recibido respuesta hasta la fecha. "Se ve afectada la capacidad personal y profesional del desarrollo de la actividad policial en la dependencia, así como la salud emocional de los funcionarios y la conciliación familiar", se recoge en el escrito de petición de cese de Jupol.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid niega las acusaciones de Jupol y mantiene que los actuales responsables de la comisaría de San Blas tan solo han efectuado “un cambio en la dinámica de funcionamiento de los agentes”. Ahora hay “un control mayor, se redactan mejor los atestados y se hace un seguimiento de las faltas de asistencia” que, supuestamente, no se hacían hasta la fecha. “Los problemas se han dado por parte de los funcionarios que no se han adaptado a estas dinámicas de trabajo y se trata tan solo de cinco o seis casos”, añade este portavoz.

Este periódico solicitó hablar, sin éxito, con el comisario jefe y con el inspector jefe operativo.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1992 en: 29 de Noviembre de 2019, 06:13:30 am »

Un policía narra cómo el clan Villarejo "derribó" los controles para traficar con datos

El exinspector jefe Constancio Riaño acusa a su superior García Castaño de pedirles "bajo cuerda" información reservada que acabó en manos del polémico mando


Constancio Riaño acusó a su jefe del tráfico de datos
Alejandro Requeijo


Tono Calleja

Publicado 29.11.2019 - 05:15

“Teníamos unos protocolos bastante seguros, salvo cuando los derribaba el señor García Castaño con sus peticiones bajo cuerda”. El inspector jefe de la Policía -ya retirado- Constancio Riaño compareció el mes pasado en la Audiencia Nacional y narró ante el juez del caso Villarejo cómo era la operativa que se seguía en la Comisaría General de Información para filtrar datos policiales reservados al excomisario Villarejo. Luego el polémico mando los usaba en sus investigaciones privadas para clientes adinerados a cambio de grandes sumas de dinero.

Constancio Riaño, jubilado desde 2016, se encuentra investigado por participar de ese tráfico de información confidencial. Se le acusa de los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Tras 20 años fuera de la Policía -en los que desempeñó puestos como el de jefe de seguridad de La Caixa-, regresó al Cuerpo, concretamente a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía el comisario Enrique García Castaño, el Gordo, persona de la confianza de Villarejo.

La UCAO es un Departamento especialmente sensible dentro de la Comisaría General de Información, encargada, entre otras cosas, de la lucha antiterrorista. Su papel es suministrar datos y aparatos de investigación (micrófonos, balizas, cámaras…) a las unidades investigadoras. “Teníamos un protocolo muy claro: todos los grupos nos pedían las cosas por escrito y firmadas por su comisario, llegaban 100.000. Y la otra vía era los post-it amarillos, que casualmente todos han terminado en poder del señor Villarejo”, ironizó Riaño ante juez y la Fiscalía anticorrupción.

"Villarejo entraba camuflado sin controles"

Según la versión de este investigado, con esos post-it García Castaño les indicaba lo que le tenían que mandar a él o al entorno de Villarejo. “Los post-it venían del señor García Castaño, del amigo del señor Villarejo, que entraba frecuentemente en la Comisaría General además de forma camuflada sin los controles previos”, enfatizó el inspector jefe jubilado alzando la voz.

El exinspector jefe derivó así toda la responsabilidad del tráfico de información en su superior García Castaño. Eso a pesar de que en la causa constan correos a nombre de Riaño incluyendo datos policiales remitidos al entorno de Villarejo. La versión de García Castaño es que su exsubordinado hacía esas cosas a sus espaldas y no solo con el clan Villarejo, sino con otros expolicías, entre ellos el mando franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, reclamado por Argentina por torturas.

Riaño admitió haberle facilitado datos a Billy el Niño para ayudarle, pero negó en cuanto al resto su conocimiento de que estuviese haciendo algo ilegal: “Yo estaba absolutamente seguro de que yo estaba trabajando para mi país. Yo no me cuestionaba si esa petición de García Castaño se la había hecho un país extranjero, yo qué sé...  ni me lo cuestiono, somos un Cuerpo jerárquico, yo no me cuestiono las órdenes de mi jefe. Me ponía un post-it de esos: ‘Averíguame todo de este’. Yo pensaba que era algo de la lucha antiterrorista”.

En la documentación que obra en poder de los investigadores también constan los nombres de los subordinados que hicieron las consultas de los datos que acabaron en poder de Villarejo o sus colaboradores. Riaño, que era su jefe directo, argumentó ante el juez que en ocasiones García Castaño le puenteaba y encargaba consultas directamente a sus subordinados.
"Un elefante volando"

“¿Usted ha traficado con datos de carácter reservado para facilitárselos, a cambio de precio o no, a personas de fuera de las investigaciones policiales oficiales?”, le preguntó de forma directa el fiscal al investigado. Riaño pareció haber encajado un golpe porque se tomó unos segundos para responder de forma no menos contundente. “Señor fiscal, hay las mismas posibilidades de que un elefante vuele a que yo cometa cohecho. Nunca he metido la mano en el cajón. Soy una persona muy rara, no me gusta ni comer”, dijo.

Riaño confesó al juez que, de haber sabido que esos datos iban para Villarejo, jamás hubiese usado su cuenta de correo corporativo. “Si uso mi correo electrónico, ¿cómo voy a pensar que eran para investigaciones no oficiales?, no sería tan estúpido”, llegó a decir el exinspector jefe, aunque luego admitió que algunas de esas comunicaciones eran verbales. “¿Ve como no todo era conducto oficial?”, le apuntó el fiscal.

Según los correos incautados, la información sensible la recibía un expolicía retirado que había estado durante años destinado en la Comisaría General de Información. Se llama Antonio Bonilla, también investigado en la causa. Tras su jubilación pasó a colaborar con una de las empresas de Villarejo. Riaño aseguró que a Bonilla apenas le había visto “dos veces o tres veces”.

"Nunca me he tomado un café, ni es amigo mío, ni hemos trabajado juntos... Una vez, me parece que en una partida de mus que les faltaba uno, ahí me lo presentó García Castaño. Me dijo: 'No está asignado a un centro, pero trabaja para mi'". En ese punto el fiscal le volvió a interpelar: “¿Qué significa trabajar para él, por qué no le dijo que trabajaba para la Policía?”. “Ah no sé, eso pregúnteselo a él”, zanjó Riaño.



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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1993 en: 29 de Noviembre de 2019, 07:34:26 am »

El comisario que mató a su mujer en Brasil regresa a España mientras intenta evitar el juicio cuatro años después


Jesús Figón era agregado de Interior en la Embajada española cuando acuchilló a su mujer hasta la muerte y nunca fue detenido porque gozaba de inmunidad diplomática
El Gobierno del PP lo contrató como asesor de la delegación diplomática cuando llegó el momento de su jubilación en la Policía para que no perdiera la inmunidad en Brasil
El policía defiende que fue una pelea y está a la espera de que un tribunal brasileño resuelva su recurso contra el procesamiento por "homicidio simple" dictado en 2018
Pedro Águeda
28/11/2019 - 21:21h



El presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, condecora al comisario Jesús Figón Leo en 2004 / EFE

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía Jesús Figón ha regresado a España mientras se instruye en Brasil el proceso judicial en su contra por haber matado allí a puñaladas a su esposa hace cuatro años y medio, han informado a eldiario.es fuentes policiales. Este es el último episodio de la excepcionalidad del caso de Figón gracias a la inmunidad diplomática que le otorgaba el puesto de consejero del Ministerio del Interior español en el país sudamericano y que impidió que fuera detenido en su momento. Esa situación se prolongó una vez le llegó el momento de jubilación de la Policía porque el Gobierno del PP lo contrató como "consejero asesor" de la Embajada para que no perdiera la citada inmunidad.

Jesús Figón se entregó a la policía local de Vitoria, capital del Estado de Espírito Santo, el 12 de mayo de 2015. Ante los agentes confesó que había matado a su esposa en el transcurso de una discusión. Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por varias heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, "en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí".

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la "inmunidad de jurisdicción", lo que permitía al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar, en su caso, al policía español. Al mantener la "inmunidad de ejecución", el policía será trasladado a España para cumplir la pena según establezca Instituciones Penitenciarias en el caso de que sea condenado.

Jesús Figón, que es defendido gratuitamente por el despacho de Baltasar Garzón, está a la espera de que el Supremo Tribunal Federal del Recurso Especial resuelva el recurso presentado contra la decisión del juez de rechazar el auto de procesamiento por "homicidio simple" dictado en 2018, informan fuentes de la defensa del policía. Figón y su víctima se conocieron en España y llevaban treinta años casados. El comisario fue destinado a Brasil en 2012.

Tras el crimen, Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada española en Brasil y cobrando su sueldo íntegro, unos 11.000 euros brutos mensuales. La situación tampoco cambió cuando cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015.

El 23 de enero de 2016, Figón cumplió 65 años y se jubiló. El comisario no podía seguir acreditado como personal diplomático en el país donde presuntamente mató a su mujer. Fue entonces cuando el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz propuso nombrarle "consejero asesor" de la Embajada en materia de Interior. Exteriores aceptó. De este modo, Figón mantenía su condición de "agente diplomático". El trabajo de Figón, según fuentes policiales, consistió en asesorar a su sucesor. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que el policía ya no está vinculado a la Embajada en Brasil.

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio abrió la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especial era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano, según fuentes de la Audiencia Nacional, y eso obligó a Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1994 en: 29 de Noviembre de 2019, 11:37:23 am »
Vergonzoso lo de la inmunidad diplomática.

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« Respuesta #1995 en: 29 de Noviembre de 2019, 11:38:12 am »
 :pen:

El comisario que mató a su mujer en Brasil regresa a España mientras intenta evitar el juicio cuatro años después


Jesús Figón era agregado de Interior en la Embajada española cuando acuchilló a su mujer hasta la muerte y nunca fue detenido porque gozaba de inmunidad diplomática
El Gobierno del PP lo contrató como asesor de la delegación diplomática cuando llegó el momento de su jubilación en la Policía para que no perdiera la inmunidad en Brasil
El policía defiende que fue una pelea y está a la espera de que un tribunal brasileño resuelva su recurso contra el procesamiento por "homicidio simple" dictado en 2018
Pedro Águeda
28/11/2019 - 21:21h



El presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, condecora al comisario Jesús Figón Leo en 2004 / EFE

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía Jesús Figón ha regresado a España mientras se instruye en Brasil el proceso judicial en su contra por haber matado allí a puñaladas a su esposa hace cuatro años y medio, han informado a eldiario.es fuentes policiales. Este es el último episodio de la excepcionalidad del caso de Figón gracias a la inmunidad diplomática que le otorgaba el puesto de consejero del Ministerio del Interior español en el país sudamericano y que impidió que fuera detenido en su momento. Esa situación se prolongó una vez le llegó el momento de jubilación de la Policía porque el Gobierno del PP lo contrató como "consejero asesor" de la Embajada para que no perdiera la citada inmunidad.

Jesús Figón se entregó a la policía local de Vitoria, capital del Estado de Espírito Santo, el 12 de mayo de 2015. Ante los agentes confesó que había matado a su esposa en el transcurso de una discusión. Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por varias heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, "en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí".

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la "inmunidad de jurisdicción", lo que permitía al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar, en su caso, al policía español. Al mantener la "inmunidad de ejecución", el policía será trasladado a España para cumplir la pena según establezca Instituciones Penitenciarias en el caso de que sea condenado.

Jesús Figón, que es defendido gratuitamente por el despacho de Baltasar Garzón, está a la espera de que el Supremo Tribunal Federal del Recurso Especial resuelva el recurso presentado contra la decisión del juez de rechazar el auto de procesamiento por "homicidio simple" dictado en 2018, informan fuentes de la defensa del policía. Figón y su víctima se conocieron en España y llevaban treinta años casados. El comisario fue destinado a Brasil en 2012.

Tras el crimen, Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada española en Brasil y cobrando su sueldo íntegro, unos 11.000 euros brutos mensuales. La situación tampoco cambió cuando cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015.

El 23 de enero de 2016, Figón cumplió 65 años y se jubiló. El comisario no podía seguir acreditado como personal diplomático en el país donde presuntamente mató a su mujer. Fue entonces cuando el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz propuso nombrarle "consejero asesor" de la Embajada en materia de Interior. Exteriores aceptó. De este modo, Figón mantenía su condición de "agente diplomático". El trabajo de Figón, según fuentes policiales, consistió en asesorar a su sucesor. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que el policía ya no está vinculado a la Embajada en Brasil.

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio abrió la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especial era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano, según fuentes de la Audiencia Nacional, y eso obligó a Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1996 en: 05 de Diciembre de 2019, 06:27:03 am »
El caso Villñarejo tiene tantas piezas como los ERE...vaya "pieza".


PIEZA PINTOR
"El CNI lo grabó farlopeando": Villarejo espió al juez Urquía para chantajearle con un vídeo
Un informe policial apunta a que el comisario quiso vender al empresario Juan Muñoz un vídeo que no dejaba en buen lugar al magistrado, pero Urquía negó haber sufrido chantaje alguno en septiembre

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Pablo Gabilondo
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04/12/2019 17:19 - Actualizado: 04/12/2019 23:35

Ni siquiera los jueces se libraban de ser espiados por el comisario Villarejo. El Confidencial ha tenido acceso a un informe policial que explica una maniobra del policía para chantajear en 2006 a Francisco Javier de Urquía, cuando ejercía como magistrado en Marbella. Los investigadores sospechan que Villarejo lo hizo en connivencia con el traficante de armas Monzer al Kassar, al que supuestamente le interesaba tener el vídeo en el que "el CNI le grabó farlopeando [a Urquía]". El propio Villarejo describió con estas palabras el contenido de la grabación al empresario Juan Muñoz en 2017, conversación que fue intervenida por la Policía Nacional y de la que se desprende que también quiso vender la cinta a su interlocutor para que la utilizara contra Urquía, ya entonces convertido en abogado.

El informe forma parte de la pieza Pintor de la Audiencia Nacional, en la que se investiga la contratación del comisario por parte de Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Según los indicios recabados por los investigadores, Muñoz acudió a Villarejo en 2017 para conseguir recuperar una deuda, plan que pasaba por presionar a Urquía para que convenciese a su cliente de que firmase un determinado acuerdo. "Por parte de los responsables del Grupo Cenyt [Villarejo] se ofertó a los clientes del Proyecto Thew-Pintor (hermanos Muñoz, quienes actuaron asesorados por los letrados ya identificados) una comprometedora grabación de vídeo efectuada años atrás", explica el informe. Urquía, sin embargo, negó en septiembre haber sufrido chantaje alguno con esta grabación en su declaración ante la Audiencia Nacional.

A la espera de que se aclare si el chantaje llegó a producirse, el informe menciona un encuentro de Villarejo con los hermanos Muñoz en febrero de 2017, cita en la que el comisario habla de esta grabación: "No le interesa a él salir en algún medio o en YouTube con unas periquitas y pegándose un tirito, ¿eh?", aseguró a sus clientes. "Él estuvo de juez en Marbella y cometió un error importante... Y es que empezó a coquetear con los moros de allí, moros duros... Sirios y tal, y se dedicó a putear a uno y a otro y a cobrarles a todos, y claro, el CNI lo grabó farlopeando y yo me voy a volver a hacer con esa grabación que creo que la puedo localizar". A lo largo de la conversación, el propio Juan Muñoz deja clara la idea de chantajear a Urquía al hablar de "debilitar a esa parte" y de que "esos marrones a él lo pueden matar definitivamente".

Aunque Villarejo menciona al CNI al explicar el origen de esta grabación, los investigadores sugieren que fueron el propio comisario y su hijo quienes se encargaron de espiar a Urquía en 2006: "Con respecto a su autoría, se han hallado evidencias que demuestran la directa implicación de Villarejo (junto con un varón de acento árabe que en atención al contexto parece tratarse de Monzer al Kassar, Ignacio Purcell Mena [un chileno con antecedentes], otro varón sin identificar y José Manuel Villarejo Gil)". La Policía basa esta hipótesis en tres audios en los que Villarejo habla de utilizar al CNI como coartada, al que se refiere con su denominación antigua: "Lo que es muy importante es que en un momento determinado, la versión que haya es que el Cesid hizo esas grabaciones para presionar".



Entre los audios, destaca uno del 28 de junio de 2006, fecha en la que Villarejo se reunió con un varón "de acento árabe, al parecer Monzer al Kassar, y otro de acento sudamericano". En un momento dado, los tres comienzan a visualizar la grabación y se dan cuenta de un detalle que echa por tierra su coartada del CNI: "El varón1 comenta a Villarejo que se escucha la voz de su hijo, a lo que Villarejo responde afirmativamente indicando que eso obviamente habría que quitarlo". Sobre el uso que van a dar a la grabación, Villarejo "habla de canalizar la información para hacerle llegar al juez la existencia de dicho vídeo, a través de un periodista que lo podría llamar para preocuparlo pero sin publicar nada en principio", apuntando además a que necesitan preparar "una cadena de posibilidades de cómo va a reaccionar [Urquía]".

El informe dibuja así dos operaciones distintas en torno al vídeo: una primera que se remonta a 2006 y consistió en grabar al juez, labor que los investigadores atribuyen a Villarejo, su hijo, Al Kassar, Purcell y un individuo sin identificar. Y otra que se produjo en 2017, cuando Juan Muñoz contrató a Villarejo para que recuperara una deuda y este quiso sacar el vídeo 'olvidado' para chantajear a Urquía, abogado clave en el caso que incomodaba al empresario. Urquía, que fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras ser condenado por prevaricación y cohecho, consta en esta pieza como perjudicado, pero en su declaración ante el juez el pasado septiembre aseguró que nunca fue consciente de que los hombres de Villarelo le estuvieran extorsionando.


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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1997 en: 06 de Diciembre de 2019, 06:25:04 am »
La Audiencia Nacional avala la decisión de Interior de cesar al jefe de la UCO

El mando denunció al Ministerio y pedía ser restituido, pero el juez ve motivada su destitución por haber enviado un correo con información sobre fondos reservados que terminó en la prensa


El coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí EFE
Alejandro Requeijo

Publicado 06.12.2019 - 05:15
ActualizadoHace 1 horas

La Audiencia Nacional avala la decisión del Ministerio del Interior de cesar al exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí. El Juzgado central de lo Contencioso Administrativo número 3 ha rechazado el recurso que presentó el mando contra la decisión adoptada por el Departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.

Corbí, un veterano en la lucha antiterrorista que en los últimos años había desarrollado su carrera en la lucha contra la corrupción y la resolución de sucesos como el de Diana Quer, fue cesado de su cargo en el verano de 2018 por pérdida de confianza. El detonante fue la orden a sus subordinados de suspender temporalmente sus actividades debido a que se había agotado la caja de fondos reservados que gestiona la Secretaría de Estado de Seguridad. 

El mando cesado recurrió la decisión ante la Justicia ordinaria, pedía ser restituido en su cargo y que se condenase al Ministerio a dar la misma difusión que se le dio a su cese. Denunció haber sufrido “indefensión absoluta” al no haberse tramitado siquiera un expediente. Sostiene que no fue él quien comprometió el éxito de operaciones policiales, sino las autoridades políticas responsables de los pagos de los fondos reservados a los que acusa de desidia.
Motivos personales, políticos o ideológicos

En sus argumentos, acusaba a los responsables de su cese de haber confundido la confianza profesional con la confianza personal, política o ideológica. No lo ve así la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El juez Adolfo Serrano recuerda que no se trata de una sanción, sino de un cese por pérdida de confianza, que en este caso está motivada en un correo remitido por Sánchez Corbí ordenando la suspensión de actividades.

“Los destinos de libre designación pueden ser revocados libremente”, afirma la sentencia. A juicio de la Audiencia Nacional, la resolución impugnada “no está relacionada con las simpatías o antipatías de ninguno de los intervinientes, sino con la desaparición de la confianza relativa a una actuación documental y a una remisión de un correo electrónico sin la previa autorización”.

"Lo cierto es que el procedimiento de comunicación que el demandante (Corbí) falló y eso es un dato verdadero", sostiene el juez en referencia a que la orden acabó publicada en la prensa. "Tampoco puede olvidarse -añade- que muy poco tiempo después de esa instrucción del interesado acerca de la situación financiera y las actividades vinculadas, llegasen los fondos asignados para el funcionamiento adecuado de la Unidad, lo cual, se dice ahora, no para restar trascendencia a esa difusión, sino para entender la duración de esa 'negligencia' o desidia".

Contra esta sentencia, dictada este martes, todavía cabe la posibilidad de presentar recurso de apelación ante la sala jurisdiccional.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1998 en: 09 de Diciembre de 2019, 12:35:30 pm »
CASO POLICÍA PATRIÓTICA »



El policía que redactó el informe falso sobre Iglesias consigue un puesto de mando en Madrid


El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
   
AndrEs GOmez Gordo
Andrés Gómez Gordo, junto a María Dolores de Cospedal, en su etapa de asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. EFE
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid  5 DIC 2019 - 08:32 CET
El comisario de policía Andrés Gómez Gordo, imputado en el caso Villarejo por su presunta participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ocupará en los próximos días la jefatura de una comisaría de distrito de Madrid. Señalado también como el supuesto autor del informe Pisa —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima— contra el líder de Podemos, este mando policial recibirá en su nuevo puesto un incentivo de 13.000 euros anuales. Gómez Gordo participó en actividades de la denominada brigada patriótica cuando aún era asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada patriótica era un grupo de policías surgido durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente para actuar contra rivales políticos.


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El comisario Gómez Gordo, destinado hasta ahora en la comisaría de Alicante como jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, se presentó en noviembre al concurso de méritos convocado por la Dirección General de la Policía para cubrir 37 vacantes de comisario en diferentes plantillas de España. El presunto integrante de policía patriótica obtuvo la sexta mejor puntuación entre los candidatos y el pasado lunes su nombre apareció en la Orden General de la Policía entre los 12 adjudicatarios de una de las plazas. Otras 25 quedaron vacantes. Fuentes del Ministerio del Interior confirman a EL PAÍS el nombramiento, aunque no concretan qué comisaría pasará a dirigir.

Estas mismas fuentes reconocen que el nombramiento de Gómez Gordo ha provocado malestar en el Ministerio —cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska, dio en abril por desmanteladas las llamadas cloacas del Estado—, pero admiten que se ajusta a la legalidad. Interior ya estudió hace meses suspender de funciones tanto a Gómez Gordo como al resto de agentes en activo imputados en el caso Villarejo, aunque la laxa normativa interna de la Policía Nacional impidió hacerlo pese a que, tras declarar en enero, el juez Manuel García-Castellón le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.


Una situación similar se había producido al poco de llegar Grande-Marlaska al Ministerio en 2018. Entonces se hizo efectivo el ascenso de Gómez Gordo a comisario que había conseguido durante la etapa del popular Juan Ignacio Zoido al frente de Interior. Los nuevos responsables de la Policía Nacional descubrieron la imposibilidad legal de evitar el ascenso, aunque dejaron abierta la puerta a revocárselo si finalmente era condenado. Interior también estudió retirarle la medalla pensionada que, como otros supuestos integrantes de la policía patriótica, recibió durante el Gobierno del PP. Por esta condecoración, Gómez Gordo ve incrementada su nómina en 1.800 euros al año de modo vitalicio.

La imputación de Gómez Gordo en el caso Villarejo se produjo después de que Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y también imputado, lo señalara como la persona que lo captó como confidente de la llamada Operación Kitchen, cuyo objetivo era sustraer al extesorero del PP la información comprometedora para el partido que pudiera poseer. Entonces, Gómez Gordo —que anteriormente había trabajado para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid— aún era asesor de María Dolores de Cospedal en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.


Este puesto lo abandonó poco antes de que, en 2015, Cospedal perdiera el Gobierno, tras lo que se reincorporó con el rango de inspector jefe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, responsable de la lucha contra la corrupción. Más tarde, fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la brigada patriótica entre 2012 y 2016. El pasado octubre, otro policía imputado en el caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, señaló a Gómez Gordo como el autor del informe que la policía elaboró en 2016 contra el líder de Podemos, cuyo contenido se demostró falso.

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Re: De los mandos policiales
« Respuesta #1999 en: 09 de Diciembre de 2019, 15:33:57 pm »
Siendo comisario es mucho más fácil tener un puesto de mando que no tenerlo.

Lo venden como si fuese un puesto de la hostia, pero para un comisario, ser jefe de un distrito es de lo más bajo que hay.