De los mandos policiales

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Los mensajes que implican al exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho: “Yo no fallo a los míos”


Un agente de Asuntos Internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes
— Imputado el exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho por cohecho y revelación de secretos
El chat de whatsapp
Pedro Águeda

4 de mayo de 2023 21:52 h
Actualizado el 05/05/2023 08:39 h
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El exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho de Gibraltar David Oliva consiguió información reservada de la investigación que Asuntos Internos dirigía contra él a cambio de prometer a uno de los agentes de este servicio un puesto en el dispositivo especial en el que entonces mandaba. Así consta en los mensajes que Asuntos Internos incautó en diciembre pasado al exintegrante de esa unidad y autor de la filtración. El 25 de enero de 2022, a punto de producirse el soplo, Oliva exprime al que terminaría por ser su subordinado: “Entrega la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Asuntos Internos: "Hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España"

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Cuando se envió ese mensaje, el teniente acusado de la filtración todavía estaba destinado en Asuntos Internos. Acababa de regresar de una baja de paternidad y ya había acordado con Oliva extraer del servidor de la unidad los datos recabados sobre él y otro mando en el marco de la Operación Varea, tal y como acredita de forma indiciaria la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.

Asuntos Internos indagaba en la relación con el clan de los Ariza del teniente coronel Oliva y otro mando del operativo antidroga en el Campo de Gibraltar, a partir de los datos obtenidos por la Policía Nacional contra el grupo de narcotraficantes. La posible implicación de Oliva y su teniente con los ‘narcos’ motivó la apertura de una pieza separada de la causa contra los Ariza.

La Audiencia Nacional encargó esta pieza separada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado, que certificó la asistencia de Oliva y el otro teniente investigado a una fiesta del clan de narcos si bien acumulaban indicios de posibles irregularidades del mando desde 2016, en destinos anteriores y también relacionados con el combate al narcotráfico, precisan las fuentes consultadas.

En dicha pieza están imputados el teniente coronel Oliva, el teniente que también se habría beneficiado del chivatazo y el exmiembro de Asuntos Internos, también teniente, que dio el soplo a cambio de un destino en el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCON-Sur. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los tres los delitos de revelación de secretos y cohecho. La pieza ha permanecido en secreto hasta hace unos días.

El cohecho: un puesto de 2.100 euros más al mes
Asuntos Internos explotó la primera fase de la operación el 19 de diciembre de 2019. Los investigadores llegados de Madrid detuvieron al exteniente de Asuntos Internos y registraron su casa de Cádiz. Allí, en un ordenador, encontraron una copia de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el teniente coronel Oliva y que ilustran qué gano el teniente de Asuntos Internos con la filtración: un destino temporal en OCON-Sur, el dispositivo especial que el Ministerio del Interior desplegó en 2018 en el Campo de Gibraltar ante la impunidad con la que actuaban los narcotraficantes en la zona.

Para el teniente de Asuntos Internos, la comisión de servicio en OCON-Sur suponía regresar a su lugar de origen y percibir un incremento de 2.100 euros mensuales en la nómina. El teniente, que acababa de ser padre, quería evitar también los numerosos viajes a los que le obligaba su destino en Asuntos Internos y que complicaban su vida familiar, según explicó en la Audiencia Nacional. También declaró que la mejora económica no era tanta porque en Asuntos Internos disponía de vivienda en un pabellón de la Guardia Civil y en Cádiz debería alquilar una vivienda.

El teniente coronel Oliva, por entonces comandante, conocía el deseo de su compañero de Asuntos Internos por regresar a Cádiz y se acercó a él en una maniobra en la que participó presuntamente el otro mando a sus órdenes, también imputado.

“Yo no fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”
Entre las 8.00 y las 15.00 horas del 18 de enero, el agente de Asuntos Internos extrajo los datos del servidor de Asuntos Internos y creó la carpeta “VAREA_Algeciras” en un un pendrive de la marca Toshiba que rodeó con un pequeño trozo de cinta aislante. Ese mismo día, Oliva volvió a escribir al teniente: “Cómo llevas los deberes?”. El jefe Antidroga de la Guardia Civil recibió de inmediato una respuesta: “Buenos días, mi comandante: Hechos”. El 27 de enero, el teniente se incorporó a su destino en el Campo de Gibraltar y cinco días después entregó a su nuevo jefe, el entonces comandante Oliva, el citado pendrive.

Los investigadores sostienen que a la entrega de información, la revelación de secretos, hay que añadir un segundo delito, el cohecho, por la prebenda que recibió a cambio el filtrador. Así lo deja claro otro intercambio de mensajes del 25 de enero. El teniente informa a su próximo jefe de que ya está con los preparativos para mudarse al sur y el teniente coronel le advierte: “Antes tienes que entregar la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Los investigadores creen que con esa expresión, la “operación boomerang”, Oliva hace referencia al regreso del teniente a su casa a cambio de la información. El 31 de enero acuerdan verse al día siguiente y el 1 de febrero se produce el pase de información en el pendrive. Esa misma noche, el teniente se preocupa porque Oliva cumpla su parte del trato. El teniente coronel responde: “Nunca le fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”.

Arruinada la investigación al clan Ariza
La filtración de las averiguaciones de Asuntos Internos al teniente coronel Oliva y a un subordinado suyo en el OCON-Sur estuvo seguida de un cambio radical en la actividad de los narcos investigados que ha terminado por provocar que la Fiscalía Antidroga haya solicitado el archivo de la pieza principal, dirigida contra el clan de los Ariza, según ha adelantado El Independiente.

El juez Alejandro Abascal deberá decidir si acepta el archivo y otra petición de Antidroga, que se inhiba a favor de un juzgado de Valdemoro de la pieza separada contra Oliva y los dos tenientes, por encontrarse la sede de Asuntos Internos, de donde procede la filtración, en la citada localidad madrileña.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior anunció que decidía reestructurar la unidad de OCON-Sur y reubicar por las distintas comandancias de Andalucía a los 150 agentes que había destinado al Campo de Gibraltar en comisión de servicio, esto es, temporalmente. La decisión se publicitó como una nueva fase de la lucha contra el 'narco' en la zona, pero ya por entonces Asuntos Internos seguía los pasos a Oliva. El teniente coronel nació en Algeciras y ha sido condecorado en varios puestos que ha desempeñado.

Durante los cuatro años que estuvo operativo, el OCON-Sur participó en las grandes operaciones contra el narcotráfico y sus clanes en la zona del Campo de Gibraltar cosechando numerosos éxitos. La penetración de los grupos de 'narcos' en la economía y el tejido social había hecho encender todas las alarmas en los poderes públicos. En 2021, elDiario.es reveló el contenido de un informe redactado por el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se constataba “la existencia de un grave problema de corrupción policial en el sur de España”.

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Dos mandos de la Policía intentan justificar la grabación que puede llevarlos a prisión


M. A. COLOMA
NOTICIA11/05/202305:00
Un jurado popular los juzga desde ayer en Zaragoza por el presunto hurto de botellas de licor y vino, ropa, perfumes y otros objetos que se custodiaban en la Jefatura Superior de Aragón.


Un jurado integrado por cinco mujeres y cuatro hombres comenzó a juzgar ayer en la Audiencia de Zaragoza a dos mandos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por la supuesta sustracción de 377 botellas de vinos y licores, así como de 319 efectos, desde perfumes a prendas de ropa, que habían sido intervenidos en dos operaciones distintas y que estaban bajo su custodia. Los acusados, el inspector jefe de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana, Enrique G. B., y el responsable de facto del Grupo de Hurtos, el subinspector Rafael A. P., fueron suspendidos de empleo y sueldo a raíz de estos hechos, de los que se supo a través de un escrito anónimo.

Los dos funcionarios están ya jubilados, lo que les permite cobrar la pensión, pero la Fiscalía pide ahora para cada uno de ellos tres años de prisión por un delito de malversación o, subsidiariamente, de apropiación indebida. Cabe recordar que, según el peritaje judicial, los efectos que ‘desaparecieron’ entre el 7 y el 8 de septiembre de 2019 fueron valorados en 40.000 euros (22.000 euros las botellas y otros 18.000, la ropa y resto de objetos). La acusación popular, ejercida por del abogado Marco Antonio Navarro, en nombre del sindicato Jupol, propone que la condena sea mayor: seis años de cárcel. Y lo hace, dice, porque «lo que hicieron estos señores no representan a la Policía».

Las defensas, a cargo de los letrados Enrique Esteban y Pilar Sangorrín, niegan que los policías se apropiaran de objeto alguno y consideran que se sientan en el banquillo solo por obedecer una orden. En concreto, por encargarse del traslado de las botellas y el resto del material intervenido desde los antiguos calabozos de Jefatura a la comisaría de Mayandía. Un trabajo, aseguran, que «ordenó el jefe superior y que ellos se limitaron a efectuar».

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Los letrados destacan el hecho de que el anónimo que destapó el supuesto hurto llegara el 9 de septiembre de 2019, justo al día siguiente del controvertido traslado. Para las defensas, era «materialmente imposible» que alguien supiera con tan poco tiempo que no estaban todos los licores o perfumes decomisados. Y de ahí que concluyan que todo fue un «complot». «Los verdaderos responsables de la sustracción señalaron a estos dos policías para desviar la investigación e incriminarlos a ellos. Porque faltaban botellas, sí, pero antes de que se hiciera el traslado», indicaron.

Por estos hechos fueron investigados cuatro policías, dos de ellos de la escala básica, que también estuvieron suspendidos de empleo y sueldo. Sin embargo, a lo largo de la instrucción del caso en el juzgado, se concluyó que estos últimos agentes participaron en el traslado del material porque así lo dispusieron los    enjuiciados, que eran sus superiores.

«Respecto al secretario y chófer de Enrique G. tuve más dudas, porque creo incluso que pudo quedarse botellas. Pero entendí que dependía tanto de su jefe que no tuvo libertad suficiente para contradecir sus órdenes», señaló al jurado la fiscal para justificar por qué solo acusa a los dos mandos. Porque finalmente se archivó la causa respecto a los dos agentes.

Preguntas sin respuesta
El primero de los encausados en dar su versión de los hechos fue Enrique G. B., quien aseguró que trasladó las botellas y resto de objetos por «orden directa del jefe superior», algo que este último niega. En cuanto a por qué prefirió hacerlo un domingo y con personas ajenas al Cuerpo Nacional, explicó que «para evitar afectar al trabajo diario de Jefatura» y «porque eran gente de confianza». En concreto, dos vecinos de su pueblo, Jarque de Moncayo.

Cuando la fiscal le preguntó si se apoderó de algún material, el acusado fue rotundo: «Llevé todo lo que había de un lado a otro». «¿Y por qué abrió unas cajas que estaban precintadas y en depósito, saltándose la cadena de custodia?, porque eso fue lo que grabaron las cámaras», le inquirió. «Las cajas ya estaban abiertas antes, ya habían roto esa cadena. Yo solo quería ver qué contenían para hacer un inventario», contestó el acusado. «¿Y no se dio cuenta que actuando así lo manipulaba y destrozaba todo? Además, en el vídeo no se ve a nadie tomando notas», insistió la fiscal.

Para probar que sí desapareció material en el traslado, el Ministerio Público preguntó a Enrique G. «¿por qué no aparecieron nunca dos botes de perfume de Jean Paul Gaultier que se ve en el vídeo que metieron en un caja?». «No sabría decirle», dijo. «¿Y por qué los probó?», continuó preguntando, «Por simple curiosidad», confesó.

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El subinspector de Hurtos,Rafael A. P., también intentó justificar las grabaciones. «Cuando me dijo el inspector jefe que iban a hacer el traslado, yo cogí algunas botellas a modo de muestras, porque fue lo que me pidió el juzgado», declaró, aunque esto último no está probado. «Yo no me llevé nada, abrí alguna caja solo por lo que he dicho. Pero esas botellas se quedaron en otro cuarto», insistió  el investigado. Al igual que a su compañero de banquillo, la fiscal le preguntó que, si actuó de este modo, «¿dónde está la botella de ron blanco que se le ve claramente coger en la grabación y que no hizo constar en ninguna relación?». Pero tampoco supo responder.

Asuntos Internos habla de una actuación «totalmente irregular»
Además de a los dos acusados, el jurado pudo escuchar ayer las explicaciones de varios de los máximos responsables de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Estaba previsto que declarara el propio jefe superior, Juan Carlos Hernández, pero los interrogatorios previos fueron tan largos que hubo que aplazar su comparecencia a hoy. La primera en ser interrogada como testigo fue la instructora de la información reservada que se abrió tras la recepción del anónimo. Al detectar indicios de delito en la actuación de los dos mandos, esta acabó dando cuenta a los juzgados.

La funcionaria aclaró que «no es normal, parada nada» que se efectúe un traslado de material durante un fin de semana. «Es totalmente irregular que se abrieran las cajas –añadió–, que se probaran las colonias, que se hicieran fotos de los cosméticos… No había ningún motivo que lo justificara». «Y todavía es más irregular que se hiciera con gente ajena a la Policía Nacional, cuando tenemos un grupo de mantenimiento para ello», apostilló. También recordó que las cajas estaban «en perfecto estado y con su correspondiente acta de custodia, con el número de atestado, contenido, juzgado que lleva la causa…».

El juicio se prolongará hasta mediados de la próxima semana, cuando el tribunal popular deberá emitir su veredicto.

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El jefe de la Policía en Aragón declara contra dos mandos: "No creí el anónimo hasta que vi el vídeo"


M. A. COLOMA
NOTICIA12/05/202307:12
Juan Carlos Hernández niega que ordenara a Enrique G. trasladar las botellas, "y menos en domingo y con amigos". Cree muy grave que abrieran y hurgaran en cajas precintadas.
Dos mandos de la Policía intentan justificar la grabación que puede llevarlos a prisión
El nuevo jefe superior de Policía de Aragón, Juan Carlos Hernández Muñoz, jura su cargo en la Delegación del Gobierno en ZaragozaEl jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Juan Carlos Hernández, declaró ayer en el juicio por el hurto de botellas en la Jefatura Superior.EFE

El jefe superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, y varios altos mandos del Cuerpo Nacional declararon ayer como testigos en el juicio con jurado que se celebra desde el pasado miércoles en la Audiencia de Zaragoza contra el inspector jefe Enrique G. B. y el subinspector Rafael A. P. por el presunto hurto de 377 botellas de licor y vino de primeras marcas, así como de perfumes, cosméticos y prendas de ropa que estaban bajo custodia en dependencias policiales. Ambos se enfrentan a penas de entre 3 y 6 años de prisión acusados de un delito de malversación o, subsidiariamente, de apropiación indebida. Cargos que las defensas niegan y que achacan a un «complot».

La declaración del máximo responsable de la Policía en Aragón estaba prevista para el miércoles, de ahí que Juan Carlos Hernández pasara todo el día en los pasillos de la Audiencia esperando su turno. El retraso que acumula el juicio le obligó a aguardar ayer también toda la mañana, hasta que en torno a las 14.00 la magistrada- presidenta del tribunal popular, Pilar Lahoz, lo hizo pasar.

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«Cuando me contaron que había llegado un anónimo, yo creí que era un anónimo sin sustancia, que todo era mentira. No me lo creí hasta que vi el vídeo y a estos señores haciendo lo que estaban haciendo», manifestó ayer Juan Carlos Hernández. «Hasta entonces –añadió–, yo confiaba al cien por cien en el inspector jefe (Enrique G. B., por entonces al frente de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana). Pero al ver las grabaciones, ordené de inmediato que se abriera una información reservada». El objetivo de esta última era averiguar si había indicios de delito en la actuación de los dos mandos para dar cuenta a los juzgados, como finalmente se hizo.

Los dos acusados, durante el juicio con jurado que comenzó ayer en Zaragoza.
Los dos acusados, durante el juicio con jurado que comenzó el miércoles en Zaragoza.TONI GALÁN
El acusado Enrique G. B. declaró durante su interrogatorio que se encargó de trasladar todos los efectos que había depositados en los calabozos de la Jefatura Superior a la antigua carpintería de la comisaría de Mayandía porque así se lo ordenó de forma directa el jefe superior durante la reunión de mandos que se celebró el 4 de septiembre de 2019. Preguntado por esta cuestión, Hernández aseguró ayer que no dio esa orden directa. «Yo mencioné que en los calabozos de Delicias había humedades y pedí que se despejaran los calabozos de Jefatura por si era necesario utilizarlos para el Pilar. Pero fue una orden general, no directa a Gascón», precisó. «Y desde luego –continuó–, lo que no se dijo en esa reunión es que el traslado de botellas y efectos se hiciera un domingo, que se hiciera con gente ajena y que se rompieran los precintos».

Para el máximo responsable del Cuerpo Nacional en Aragón, la actuación de los acusados, «abriendo las cajas y hurgando en ellas», como se ve en las imágenes, fue muy grave. «Teníamos tiempo suficiente hasta el Pilar para hacerlo bien con gente de mantenimiento, no con amigos», señaló, en referencia a los dos civiles que llevó Enrique G. B. a Jefatura el domingo 8 de septiembre de 2019 para transportar el material.

La defensa del encausado Rafael A. P. preguntó a Juan Carlos Hernández si sabía que las botellas de las que supuestamente se apoderó este se hallaron en un cuarto del Grupo de Hurtos. «No sé si se las llevó a casa o no, pero para hacer lo que hizo tuvo que romper los precintos de las cajas y manipularlas», recordó el jefe superior.

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Un guardia civil de Ávila llevó a Madrid un dossier de obras para el constructor del 'caso Cuarteles


CARLOS FRÍAS
IRENE DORTA 
20/05/23 - 00: 10
 
   

Un guardia civil de Ávila llevó a Madrid un dossier de obras para el constructor del 'caso Cuarteles'

Un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila llevó un dossier con las obras que había que llevar a cabo en los distintos cuarteles a Ángel Ramón Tejera de León, el constructor canario investigado en el caso Cuarteles. La entrega se produjo en enero de 2017 por parte de este comandante.


Se trataba de un «documento activo», es decir, que se iba actualizando según las necesidades. La realización de este documento lo «encargó» el entonces teniente coronel y jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso Rodríguez, «para tener conocimiento de qué obras y cuánto dinero hacía falta para ellas», según declaró el comandante como testigo ante el magistrado del caso.


En el caso Cuarteles se investigan casi 200 obras realizadas por el mismo constructor en acuartelamientos de la Guardia Civil repartidos por toda España. Están imputados en un juzgado de Madrid dos mandos de la Benemérita, entre ellos el teniente coronel Alonso Rodríguez, y el teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava.


La entrega del dossier
El testigo que reconoce la entrega del dossier era entonces comante jefe de Personal y Apoyo. Este cargo es de suma importancia, ya que se encarga de llevar las cuentas de cada territorio y de escudriñar en qué se gasta cada euro. Según su declaración, R. L. F., siglas a la que responde el uniformado, no tenía competencias porque todo lo que tenía que ver con «la caja» lo llevaba «directamente» el teniente coronel.

«Me hizo entrega el teniente coronel y me dijo ‘cuando puedas dáselo’ (en referencia al constructor investigado)». El comandante tenía a su entonces novia viviendo en Madrid. En uno de estos viajes, que coincidió con un partido del Real Madrid, le hizo entrega de la relación de obras.


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En su declaración como investigado, Alonso reconoce que en mayo de 2015, a su llegada a la Comandancia, «dio instrucciones» para que se realizase este dossier por acuartelamientos. «Y así se hizo».

Sobre la entrega del documento en Madrid, Alonso afirma que «nunca» le dio la orden a su subordinado para que se lo diese al constructor en la capital. «No sé qué pintaba el comandante en Madrid. Nunca se me informó. No tenía sentido estar en Madrid con nadie, y menos con un contratista». Y añade: «Nunca autoricé a que el entonces comandante (ahora es teniente coronel) tuviera reuniones en Madrid, ni autorice la dieta ni el traslado. Esa reunión, si es que ha existido, la desconozco totalmente».


Delegó la culpa
Durante su declaración, Alonso Rodríguez desplazó la responsabilidad de contratar con el empresario canario sobre este mismo comandante que, supuestamente, le entregó un dossier con las obras que faltaban en toda Ávila.

En su declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente, Alonso dijo que sus labores como jefe de la Comandancia en materia de gasto se ceñían a «directivas de coordinación, planificación e impulso». Al mismo tiempo, afirmó que de «la supervisión y la gestión» se encargaba la Jefatura de Personal y Apoyo, de la que estaba al frente R. L. F.


Alonso, ante el juez, se quitó la responsabilidad de conocer a los contratistas o de saber si las obras se terminaban o no. Él, según sus palabras, se fiaba de sus subordinados y simplemente estampaba su rúbrica cuando le entregaban los informes finales, sin entrar al detalle de cada actuación. El teniente coronel cita una orden general de la Benemérita para explicar al magistrado que esa competencia correspondía al jefe de Personal y Apoyo, cargo que ocupan los comandantes en cada Comandancia. «Un jefe de Comandancia no va a la obra a ver si se han echado tantas paletas de cemento o no», dijo.

R. L. F., por su parte, citó también una orden interna para explicar que en realidad Alonso sí tendría competencias sobre el control exacto del dinero de su Comandancia, y que él no podía quitarle competencias a un superior. «Pero él a mí sí», como denuncia de manera velada en su declaración.

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Los audios del caso Cuarteles

Dos guardias civiles desvelan los amaños del caso Cuarteles: "Venían personas a pintar nombradas no se sabe bien por quién"


Una testigo, que trabajaba en la Oficina económica de la Comandancia de Ávila, detalló al juez que llegaron a pagar doce facturas antes de que se finalizaran los trabajos
Dos guardia civiles desvelan los amaños del caso Cuarteles: "Venían personas a pintar nombradas no se sabe bien por quién"
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Tono Calleja Flórez
Roberto Bécares
Alberto Muñoz
Madrid 24 de mayo del 2023 a las 06:49. Actualizada a las 13:54
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Los dos agentes responsables de la Oficina económica de la Comandancia de Ávila desvelaron en sus declaraciones la opacidad y los presuntos amaños que se produjeron en las adjudicaciones por parte de la Guardia Civil al constructor imputado en el caso Cuarteles Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', según se desprende de las grabaciones de los testimonios en sede judicial a los que ha tenido acceso esta redacción.

"Yo creo que esto ha sido una cosa un poco extraordinaria, 120.000 euros al final del ejercicio económico descentralizados por la Dirección, con personas que vienen a pintar directamente nombradas no sabemos bien por quién, no era muy normal", contestó a preguntas de la fiscal el cabo responsable de las cuentas de la Comandancia de Ávila, quien también reconoció que fue el teniente coronel Carlos Alonso, también investigado, quien reconoció a la representante del Ministerio Fiscal las presuntas irregularidades en las cuentas: "Se facturó el mismo día que se empezó a pintar".

En similares términos se expresó la compañera del cabo de la oficina económica, quien ejercía como sustituta. Al ser interpelada sobre cómo se había enterado de que la Comandancia disponía de 120.000 euros para pintar los acuartelamientos, dijo: "No nos esperábamos una cifra así y nos llamó la atención. [...] No nos esperábamos una cifra así y nos llamó la atención cuando estábamos tratando de cerrar el ejercicio".El papel de la Oficina económica, siempre según la declaración de los dos testigos, se circunscribía a recibir los presupuestos y las facturas y pagar: "Recuerdo que venía un señor y nos dejaba el presupuesto y las facturas", dijo la guardia, quien a preguntas de la fiscal identificó a la persona que acudía a los cuarteles a cobrar: "Ángel".


"Yo no sabía nada, llegó un señor, que se supone que se iba a encargar del tema de las pinturas y nada, simplemente nos dejaba los presupuestos y las facturas", prosiguió la funcionaria, que ante la pregunta de la fiscal de cómo le presentaban ambos documentos confirmó: "A veces me lo traía a la vez". También corroboró que llegaron a pagar doce facturas antes de que finalizaran los trabajos: "Por las prisas de que había que pagar y hacer la cuenta".

Testimonio de una testigo, agente de la Guardia Civil, en el Caso Cuarteles.
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Al preguntar de nuevo la fiscal sobre si había recibido la orden de que actuara de esta forma, la guardia dijo: "Era porque trabajábamos así. Nuestro interés y nuestro problema era que con esos 120.000 euros había que cerrar bien el ejercicio. Era una situación concreta, por las prisas, y que hay que justificar los 120.000. Era evidente que se debía hacer sí o sí", completó la agente, quien reconoció que no era "lo correcto"" pero que lo tenían que hacer así: "A ver cómo hacemos, es que no teníamos otra salida".

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Las declaraciones del cabo y de su ayudante tuvieron lugar ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, quien abrió el conocido como caso Cuarteles para inhibirse finalmente a los juzgados de Madrid. Y en ellas los suboficiales encargados del control presupuestario de la comandancia dirigida entonces por el teniente coronel Carlos Alonso, otro de los investigados, evidenciaron las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones al empresario canario.

Este polémico empresario canario será juzgado el próximo 5 de julio en Lanzarote por un delito contra la Hacienda pública presuntamente cometido con la empresa Angrasurcor. Esta firma es una de las que usó Tejera de León para cobrar más de 3,3 millones de euros, una buena parte a 'dedo', para pintar los cuarteles de trece comandancias de la Guardia Civil de toda España. Estos trabajos están bajo sospecha después de que varios informes hayan constatado que una buena parte de las obras no se llevaron a cabo.

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Tito Berni: el general quiere recuperar una quincena de móviles y discos duros en poder de la Policía


Espinosa Navas, a quien la Audiencia Nacional acaba de dejar en libertad, pide a la juez que le devuelva el arsenal de discos duros y pendrives que atesoraba en sus domicilios junto con una presunta contabilidad B y dinero en metálico
General de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, imputado en el caso Mediador

Gema Huesca
Gonzalo Araluce
Borja Méndez
Gema Huesca  Gonzalo Araluce  Borja Méndez

Publicado: 04/06/2023 04:45

Actualizado: 04/06/2023 04:50

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Los imputados en la causa del 'Tito Berni' insisten en tener acceso a todo el material incautado por la Policía Nacional tras su detención. Si primero lo reclamó el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias 'tito Berni') ahora ha hecho lo propio el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Se trata de uno de los imputados de la trama al que más efectos intervinieron ya que entre teléfonos, ordenadores, pendrives y discurso duros suman cerca de una quincena.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el general imputado asegura que ha transcurrido un plazo de tiempo "más que suficiente" para poder recuperar todo el material electrónico que se llevó la Policía Judicial. Su abogado recuerda que han pasado tres meses y medio desde el estallido de esta presunta trama de corrupción y que los investigadores han tenido margen de sobra para proceder al volcado de toda la información que atesoraba.

Su letrado, que ya denunció que se vulneraron sus derechos durante el tiempo que estuvo en prisión provisional, reclama ahora a la juez que instruye la causa del 'tito Berni' que le devuelva todo este material para poder ejercer su "derecho de defensa". Espinosa Navas es uno de los imputados al que más efectos le requisaron durante los registros, los cuáles se practicaron en sus domicilios de Madrid, Punta Umbría (Huelva) y Sevilla.

Registros en tres ciudades
Según enumera él mismo en el escrito remitido al juzgado tinerfeño, la Policía Judicial le requisó el grueso del material en su vivienda madrileña del barrio de Salamanca. En concreto, dos teléfonos móviles, dos portátiles, tres pendrives y hasta tres discos duros. En su vivienda de Sevilla los agentes se incautaron de un ordenador de mesa con su correspondiente pantalla y teclado y una unidad de procesamiento donde guardaba más documental.

Aunque el bautizado como 'tito Berni' se ha convertido en la cara visible de esta trama dedicada al presunto amaño de contratos y subvenciones de la Administración canaria, el general es, a juicio de los investigadores, uno de los cabecillas de la red. De hecho, es el único de la decena de imputados en las diligencias para el que se acordó prisión provisional ante el previsible riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres también quiso acordar esta medida cautelar para el exdiputado del PSOE pero no pudo dado que la Fiscalía Anticorrupción no lo solicitó.


En la imagen, el mediador de la trama, el sobrino de tito Berni, un empresario y un abogado
En lo que respecta al general, los agentes advirtieron durante el registro de sus propiedades del hallazgo de unas "hojas de cálculo" que reflejaban el control de ingresos y gastos. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife expuso en el auto por el cual le envió a prisión que llamaba "poderosamente la atención" el hecho de que una de las columnas de esta presunta contabilidad opaca recibiera el nombre de 'Cash' (efectivo).

Contabilidad 'B' y 61.000 euros en metálico
Del mismo modo descubrieron 61.000 euros ocultos en una caja de zapatos. Preguntado por esto en su declaración judicial, el general de la Guardia Civil dijo que eran ahorros familiares. Con todo, la juez sospecha que tuvo un papel activo en la trama y que influyó de manera decisiva para que uno de los empresarios salpicados, José Suárez (alias 'el Drones') resultara adjudicatario de cuatro contratos suscritos por el proyecto Garsi-Sahel; gestionado por la Fundación FIIAPP que preside el Gobierno.

En concreto, se investigan contratos para suministros de equipamiento en Mali Níger y Mauritania. Los investigadores sospechan que la trama se aprovechó del pasado de Espinosa Navas como director de este proyecto de desarrollo para hacerse con los contratos.

Se amparan principalmente en los pinchazos telefónicos a los imputados en la trama. En los audios se habla de un posible pelotazo millonario en Cabo Verde y de la influencia del 'Papá', sobrenombre con el que se referían al general. Del mismo modo en uno de los mensajes enviados por Espinosa Navas a los miembros de esta red, deslizó que tendría una cuenta abierta en Bélgica en la cual canalizaría el presunto cobro de las mordidas que percibía a cambio de su mediación.

La trama de tito Berni y la Fiscalía Europea
Así pues, tras identificar viajes de Espinosa Navas a Cabo Verde y Canarias, la juez accedió a investigar si tenía patrimonio oculto en esta zona del Sahel. Por ello ordenó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, que rastreara si tenía bienes escondidos en seis países de esta zona de África. En paralelo, solicitó colaboración a la Justicia belga para investigar si tenía alguna cuenta bancaria abierta en el país tanto él como su mujer y sus hijos.

Con todo, esta parte de las diligencias se han desgajado de la parte troncal del caso del 'tito Berni' y se ha derivado a la Fiscalía Europea. El motivo reside en que los contratos investigados que gestionó la Fundación del Gobierno se financian con fondos europeos. Por ello, el ente que en España representa la fiscal Concepción Sabadell se ha hecho cargo de estas pesquisas que afectan tanto al general como al empresario valenciano José Suárez.

Tanto es así que la cuestión relativa a la libertad condicional que se le otorgó al general imputado ya no la resolvió la juez de Tenerife, sino la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama Teixeira, en su condición de juez de enlace de la Fiscalía Europea, accedió a la petición de su abogado y le dejó en libertad hace apenas unas semanas con medidas cautelares al considerar que ya no concurre riesgo de fuga para él.

Por su parte, la FIIAPP ha pedido sin éxito personarse en el procedimiento. La Fundación que preside Nadia Calvino se sumó a otras asociaciones y partidos que han pedido litigar en la causa, en su caso como parte "interesada". Pero ni la Fiscalía Anticorrupción ni la juez han accedido a tenerla como víctima ni tampoco a facilitarle su ingreso en la causa, al considerar que no es perjudicada y que, en todo caso, lo que le afecta a la FIIAPP se sigue ahora en la Fiscalía Europea.

[47ronin]

EVITA UNA CONDENA DE CINCO AÑOS

Absuelto un mando de la lucha antiyihadista acusado de abuso sexual a una compañera


Ambos integraban un grupo de información que contaba con un piso para alojarse en sus viajes para captar datos de terroristas. La jueza ve el relato de ella “vago e impreciso”


Por Alejandro Requeijo
09/06/2023 - 05:00
El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha absuelto a un mando de la lucha antiyihadista de la Policía Nacional que fue denunciado por una de sus subordinadas por abuso y acoso sexual. Pedía por ello una condena de cinco años y cinco meses y una indemnización de 50.000 euros al incluir la imputación de acoso laboral. La magistrada Beatriz Suárez y la Fiscalía consideran que no se han acreditado los hechos. El superior, inspector jefe, explicó que su trabajo de recabar datos de terroristas incluye viajes y alojamientos en un piso u hoteles, pero negó todas las acusaciones en su contra.

La resolución judicial estima que “no existe ningún elemento que dé veracidad a la denuncia, pues la propia víctima no mantiene un relato uniforme, coherente y consistente, siendo a todas luces vago e impreciso (...), su relato de hechos es carente de detalles, sobre cómo se producen los tocamientos”. “Esta juzgadora, a la vista de los datos que obran en el proceso, tiene serias dudas sobre la veracidad de los hechos denunciados por falta de material probatorio”, concluye la jueza en sus 15 folios de sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El relato de hechos probados se limita a decir que la mujer denunció en 2019 al mando para dar cuenta de que, entre finales del año 2015 y noviembre de 2018, “había sido acosada sexualmente mediante tocamientos en sus pechos o poniendo su mano en las partes genitales del acusado”. También relató que se abalanzó sobre ella, proponiéndole mantener relaciones sexuales. En otra ocasión, la abrazó desde detrás de la silla “de forma no profesional”. La denuncia añadía que fue acosada laboralmente, no promoviendo su cambio al grupo de policía judicial, o atribuyéndole tareas o turnos perjudiciales mientras trabajaba en Información de Policía Nacional y el acusado era su jefe. Durante el juicio, el mando policial lo negó todo. Explicó que integraban un grupo de la Unidad Central de Información exterior y que su misión es captar datos “en un entorno hostil” de presuntos delincuentes, en concreto, relacionados con el terrorismo yihadista.

El día a día en la unidad

Detalló que “trabajaban de paisano” y “que hay que desarrollar personalidad paralela, camuflarse, ponerse pañuelo, aprender árabe, acercarse a mezquitas”. También declaró que “realizan su actividad dividida en 10 días de viaje, 10 días de descanso y 10 días en Madrid, y en cada viaje iban dos personas”. El grupo contaba con un piso donde se alojaban los agentes con dos o tres habitaciones, pero dijo que él se quedaba en un hotel normalmente.

Admitió que a lo largo de siete años en esas funciones había coincidido “en muchas ocasiones con la denunciante allí”, pero negó “haberla solicitado sexualmente, o realizado tocamientos inconsentidos, o haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental”. Aseguró que la buena sintonía que tenían como subordinada y jefe cambió cuando ella quiso cambiar a la policía judicial en 2018 y pensó que él lo había impedido. En su relato, también reconoció haber acudido en abril de 2016 a recoger un parte de baja a casa de la denunciante y que ella le invitó a una barbacoa. No había más personas en la vivienda, pero niega haber realizado ningún tocamiento sexual o proposición de ese tipo. Más bien al contrario, alegó que era ella quien le proponía “salir a tomar algo después del trabajo”, se aproximaba a él o invadía su “espacio vital”. La Fiscalía también solicitó la absolución del mando.

Ella insistió en los hechos y además describió el vacío que le hicieron los compañeros cuando denunció a su superior. Según contó, no se atrevió a dar el paso antes por miedo a que “todo el mundo” protegiera al acusado en lugar de a ella. Uno de los integrantes de la unidad declaró como testigo en el juicio que “ella tiene personalidad peculiar y conflictiva” o que “había tenido conflicto con otras personas”. Otro compañero comentó que “era complicado estar sola con ella” y que en el grupo trataban de evitarla en los viajes.
También intervino su exnovio, miembro de la misma unidad, que abundó en la tesis favorable al mando policial.

Sufre trastorno ansioso depresivo

En la causa, consta un informe de la psicóloga de la subordinada. La trató desde el 18 de noviembre de 2018, es decir, ya habiendo sufrido el presunto acoso. “Emitió el informe a petición de la paciente, que era asegurada de Adeslas, primero tiene que pasar por psiquiatría, y después se le deriva a psicología”, precisa la sentencia dictada el 25 de mayo. El informe médico corrobora los síntomas de una experiencia traumática y un trastorno ansioso depresivo tras siete meses de tratamiento. Sin embargo, el juzgado insiste en que no hay indicios suficientes para enervar la presunción de inocencia del mando. Contra esta sentencia, cabe posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El abogado de este inspector de la Policía Nacional es el mismo que en su día defendió a Zaida Cantera, la exmilitar que denunció por acoso sexual a un superior y después entró en política de la mano del PSOE. El letrado Antonio Suárez-Valdés refiere “la complejidad de defender este tipo de casos, en los que los hechos se producen en un entorno laboral y en el ámbito de la intimidad de dos personas, por la alta especialización que requiere dicha defensa y lo complejo de las relaciones laborales generadas con los años”.

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Puff!!!

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Acusa al jefe de la Policía Local de Miranda de encargarle quemar coches de otros agentes y un atropello

El denunciante afirma que el mando le extorsiona y le ofrece impunidad a cambio de cometer los delitos que le ordena

R. C. G.

Viernes, 23 de junio 2023, 00:42 | Actualizado 07:48h.

Quemar los coches particulares de policías y atropellar a sus familiares. Son simplemente algunos de los encargos que supuestamente realizaba el jefe de Policía Local, Mario Pinedo, a una persona que ha pasado más de nueve años en prisión (J. J. L. A.) y que actualmente se encuentra en libertad. Como contraprestación, le dejaba conducir sin carné, le daba información sobre los controles policiales que había en la ciudad o le ofrecía protección ante futuros delitos.

[47ronin]

Denuncian al jefe de la Policía Municipal de Sabadell por "amiguismo" en la compra de unas cámaras

El intendente mayor Joan Antoni Quesada habría influido directamente en la adquisición de material

ÁNGELA VÁZQUEZ
22/06/2023 23:40H


El intendente mayor de la Policía Municipal de Sabadell, Joan Antoni Quesada, denunciado por un presunto fraude en la compra de unas cámaras para multar desde los vehículos policiales.

La Oficina Antifrau de Catalunya ha confirmado a Metrópoli que hace unos meses recibieron una denuncia contra el jefe del cuerpo por un posible "amiguismo" en la "compra irregular" del material de videovigilancia: la licitación del Ayuntamiento de Sabadell se otorgó a la empresa CESECAT, relacionada con un íntimo amigo de Quesada, según el denunciante.

"AMISTAD MANIFIESTA"

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, se adjuntan las potenciales pruebas que demostrarían la relación existente entre el intendente mayor y Carlos Aros, uno de los altos cargos de la empresa a la que se adjudicó la compra de las cámaras sancionadoras a finales de 2021. Según expone el documento, ambos implicados aparecen juntos en diversas fotografías subidas en sus perfiles de redes: no se ocultan en mostrarse participando en planes sociales con otros amigos y familiares.

Una relación, la de Quesada y Aros, que se fraguó en la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat: Aros comenzó su carrera policial como agente en el cuerpo y, más tarde, ascendió a jefe de la Policía Local de Lloret de Mar.

QUEJAS DEL SINDICATO

Fue el Sindicat de Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME) el que detectó irregularidades en el proceso de contratación. La sección sindical puso en conocimiento del Ayuntamiento, el interventor municipal y Recursos Humanos la, según ellos, contradicción del código ético "por un conflicto de intereses entre las partes": ellos constataron la relación de amistad entre la jefatura del cuerpo y el representante de la empresa adjudicataria del contrato.

Además, en la denuncia se asegura que cuando pidió información al respecto, se le aseguró que el intendente mayor había intervenido "directamente" en la compra del producto.

SIN FUNCIONAR DURANTE MESES

Algo que tabién hizo saltar las alarmas fue que la empresa CESECAT solo tiene una experiencia de dos años en el mundo de la seguridad privada y la tecnología. En el documento se detalla que el consistorio no consultó ningún otro negocio para la instalación de las cámaras y tampoco pidió más presupuestos.

Una vez adjudicado el contrato, que ascendió a los casi 18.000 euros, los problemas continuaron: el sistema de videovigilancia estuvo meses sin funcionar. Debía empezar a sancionar en la primavera del 2022 y no se puso en marcha hasta octubre.

ANTIFRAUDE, DETRÁS

Preguntada por este medio, la Oficina Antifrau de Catalunya ha aclarado que recibió una denuncia contra Joan Antoni Quesada y que esta se encuentra en "fase de evaluación previa de verosimilitud". ¿Qué significa? Que la institución realiza, en estos momentos, las actuaciones pertinentes para llegar a una resolución que podría derivar (o no) en una investigación.

MULTAS DE ENTRE 80 Y 200 EUROS

El objeto de la disputa es un nuevo sistema para sancionar a los vehículos que cometan infracciones: coches mal aparcados, mal uso de zonas de carga y descarga, circulación por carriles bici o autobús... Todo ello identificable por estas nuevas cámaras que detectan matrículas y las geolocalizan en cuestión de segundos. El sistema, además, podrá detectar vehículos con la ITV caducada o coches que hayan sido robados.

Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Sabadell ha afirmado que el proceso de licitación se ha desarrollado en todo momento con normalidad.

[47ronin]

La Policía Nacional registra la sede de la policía local de L’Hospitalet por el proceso selectivo del jefe del cuerpo


Un juzgado suspendió la convocatoria de la plaza de superintendente después de la denuncia de otro opositor de que estaba hecha a medida
El País
EL PAÍS
Barcelona - 29 JUN 2023 - 12:41 CEST

La Policía Nacional registra este jueves la sede de la policía local de L’Hospitalet en busca de documentos y datos sobre el proceso selectivo a la plaza de superintendente. Otro opositor denunció ante la policía que el concurso se había hecho a medida para el jefe de la policía local que había en ese momento en el municipio. Los agentes de la UDEF, bajo orden judicial, investigan un posible delito de prevaricación.

La policía registra diversos despachos de la Guardia Urbana de L’Hospitalet, tal y como ha avanzado al periodista Anna Punsí. El cabo que denunció el caso señaló las presuntas irregularidades en el mes de marzo. A la plaza solo se presentaron él y el intendente que ejercía como jefe del cuerpo, Ramon Dosaigues, y que se encontraba en comisión de servicio en el municipio.

Paralelamente, un sindicato policial también denunció el proceso selectivo, que se acabó paralizando por un juzgado por la vía contenciosa. Dosaigues, que tenía una plaza de comisión de servicios por dos años, se vio obligado a regresar a su destino en el municipio de El Prat al expirar su tiempo en l’Hospitalet de manera provisional y ser anulado el concurso de superintendente al que se había presentado. El juicio por la vía administrativa está previsto el próximo 24 de julio.

[47ronin]

La Audiencia Nacional condena por primera vez a Villarejo a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental


El Tribunal de la Sala de lo Penal se ha dividio con dos votos a favor y uno en contra por absuelve al comisario del delito de cohecho que era clave para el resto de la macrocausa
IRENE DORTA 
24/07/23 - 12: 47
 
   
 AUDIENCIA NACIONAL
 JOSÉ MANUEL VILLAREJO
 OPERACIÓN TÁNDEM
El comisario jubilado José Manuel Villarejo comparece durante una comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 10 de mayo de 2023, en Madrid (España). El Congreso ha convocado hoy una nueva comisión de investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo comparece durante una comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 10 de mayo de 2023, en Madrid (España). El Congreso ha convocado hoy una nueva comisión de investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial. 10 MAYO 2023;COMISIÓN;INVESTIGACIÓN;CONGRESO;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Alberto Ortega / Europa Press 10/5/2023


El comisario José Manuel Villarejo ha sido condenado a 19 años de cárcel. Es la primera de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional que ha abierto más de una cuarentena de ramificaciones en la macrocausa llamada 'Tándem'. La Sala de lo Penal considera que el policía es autor de delitos de revelación de secretos y falsedad, sin embargo, el tribunal se ha divido por el delito de cohecho del que ha quedado absuelto. Un delito que era clave para sostener otras de las líneas de investigación. La Fiscalía Anticorrupción pedía más de 80 años de cárcel.

Las piezas 2 ('Iron'), 3 ('Land') y 6 ('Pintor') quedaron vistas para sentencia el pasado mes de septiembre y desde entonces todas las miradas estaban puestas en esta sentencia que era decisiva para conocer si se avalaba, por ejemplo, la entrada y registro en casa del comisario o si el tribunal consideraba que existía delito de cohecho. Muchas de las otras causas que penden de la principal pendían de un hilo a expensas de lo que decidiera la Sala de lo Penal.

Villarejo salió de prisión provisional en marzo de 2021 y, según el nuevo fallo, deberá volver a ingresar ahora para cumplir la primera de sus condenas.


La sentencia, de 351 páginas, considera que no se puede condenar por cohecho puesto que no se dan los requisitos ya que los trabajos que realizó Villarejo "no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas". Una acusación que se repite en otras muchas piezas del sumario.

La magistrada Carmen Paola González ha emitido voto particular discrepante de la sentencia por entender que Villarejo sí es autor de dos delitos de cohecho pasivo.

Esta sentencia marca un punto de inflexión para la macrocausa a la que todavía le quedan piezas importantes por juzgar como el 'caso Kitchen' o la trama sobre el BBVA e Iberdrola.

[Heracles_Pontor]

La primera de las que están por venir. . . ahora que tire de la manta. . . si cae él, que caigan todos. . .

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https://youtu.be/KYHWX8fHlnU

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El marido de Ana Rosa Quintana, condenado a tres meses de prisión tras admitir su culpa en el caso Villarejo

elEconomista.es
Tal y como ha trascendido este lunes, La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo por revelación de secretos y falsedad documental, y le ha absuelto de los delitos de extorsión en grado de conspiración y de cohecho en la primera sentencia por el llamado caso Tándem.

El marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, también ha sido condenado a tres meses de prisión tras admitir su culpa en el caso Villarejo, concretamente en la pieza Pintor.

La sentencia a Villarejo
La de José Manuel Villarejo se trata de una condena más baja que la que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción por estas tres primeras piezas que se juzgan (Iron, Land y Pintor). Empezó pidiéndole 109 años de cárcel para rebajarlo hasta los 80 años.

En total, además de Villarejo, han sido juzgadas 26 personas por tres de la treintena de piezas en que se divide el caso Tándem. Han quedado además absueltos su mujer, Gema Alcalá, y su hijo José Manuel Villarejo Gil, para los que la Fiscalía Anticorrupción rebajó su petición inicial de 80 años de prisión a 5 años para ella y de 14 años a un año de cárcel al hijo.

El tribunal ha enjuiciado en este procedimiento tres piezas (Iron, Land y Pintor) del caso Tándem, que llevó a Villarejo a ser detenido en noviembre de 2017 para después pasar más de tres años en prisión preventiva, por lo que en este momento se encuentra en libertad provisional.

En la pieza Pintor se ha indagado sobre el encargo que le hicieron al excomisario los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara, este último marido de Ana Rosa Quintana, para recabar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

El marido de Ana Rosa y su hermano, condenados a 3 meses de cárcel
Finalmente, en esta pieza, los dos únicos condenados a 3 meses de prisión por delito de descubrimiento son los hermanos Muñoz Tamara, quienes llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al reconocer los hechos y pagaron 10.000 euros por las responsabilidades civiles que pudieran derivarse en sentencia.

Ana Rosa y Juan Muñoz
La presentadora de Telecinco y el empresario sevillano se casaron en 2004 y tienen en común a los mellizos Jaime y Juan, que cumplieron la mayoría de edad en noviembre del año pasado. La reina de las mañanas (a partir de septiembre podría serlo de las tardes) también tiene a Álvaro Rojo, de 37 años y fruto de su primer matrimonio con el periodista Alfonso Rojo.

Muñoz, que también es arquitecto e inversor inmobiliario, ha sido su gran apoyo contra el cáncer de mama, enfermedad por la que se ausentó de su programa matinal entre noviembre de 2021 y octubre del año pasado. Este verano, antes del 23J, los dos pusieron rumbo a Ibiza con otros amigos para navegar en un yate de lujo.

Junto a Ana Rosa Quintana y su esposo en ese barco se encontraban su socia Xelo Montesinos, su amiga Cristina Tárrega y su marido, el exfutbolista Mami Quevedo. Según pudo conocer Informalia, no eran los únicos profesionales de Mediaset o Unicorn presentes en ese viaje.

Había más personas, directivos de la cadena, pero había uno que no ha trascendido y cuya presencia en ese barco tiene muchísima importancia por la situación que se está viviendo actualmente en Telecinco. En plena guerra civil por el control de Mediaset entre Borja Prado y Alessandro Salem, el acompañante misterioso que viajaba con la cúpula de Unicorn en el barco es este último, el consejero delegado de Mediaset España.

[47ronin]

Juicio contra un ‘jefazo’ de la policía de Gavà acusado de espiar a un agente


El juez manda al banquillo a un agente por descubrimiento y revelación de secretos: presuntamente divulgó datos de la baja laboral del efectivo

24 julio, 2023 23:30

Ignasi Jorro  @IgnasiJorro

Habrá juicio. Un magistrado ha enviado al banquillo a un jefazo de la Policía Municipal de Gavà (Barcelona) por, presuntamente, revelar datos confidenciales de otro compañero que se encontraba de baja laboral y divulgar datos de su enfermedad. El efectivo policial, responsable de recursos humanos, está acusado de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Es lo que reza un auto judicial al que ha accedido este medio y en el que el magistrado Adrián Martínez, titular de la sala de Instrucción y Primera Instancia de Gavà, abre el juicio oral contra el funcionario al entender que "existen indicios racionales y suficientes" de que el agente cometió dos delitos.

Divulgó su baja médica

Los hechos datan de abril de 2021, cuando el jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal del municipio del Baix Llobregat recabó datos médicos de un compañero que estaba de baja y los repartió entre la estructura municipal y un sindicato, como explicó Crónica Global.

El mensaje con el TIP del agente raso de baja y los motivos de su enfermedad llegaron a la sección sindical de SPL-CME de la localidad -a cuatro personas-, a otro enlace de la agrupación, al inspector jefe del cuerpo, al departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento y al área de Riesgos Laborales.

No expedientado

Según el auto, el investigado, que reconoce el envío del correo a distintas personas, justifica su acción con la voluntad de acabar con las "irregularidades" que, según él, habrían tenido lugar en el seno de la Policía Municipal. Con este ánimo, precisa, buscó ayuda en otros compañeros, divulgándoles una información que era "laboral y no personal".

Otras fuentes cercanas al caso destacan que el efectivo policial "no ha sido expedientado ni apartado, por lo que no hay reproche a su actitud pese a haber un caso penal abierto".

Un mando apartado por quitar una multa

Se trata del segundo escándalo que zozobra la Policía Municipal de Gavà después de otro caso penal contra otro efectivo policial, también un mando, por quitar una multa a un compañero de los Mossos d'Esquadra que conocía.

En aquella ocasión, el caso cobró altura porque el funcionario, condenado en firme por prevaricación, formaba parte de los tribunales de selección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), la llamada Escuela de Policía, donde se forman efectivos de los cuerpos municipales de seguridad y de la policía autonómica.

Él, no obstante, detectó "persecución", recordó que la sanción era por grúa mientras el compañero agente "recibía atención médica" y apostilló que su condena en el Tribunal Supremo había venido acompañada de una recomendación de indulto.

Caso 'Ciutat Morta'
Antes de ello, la Policía Municipal del mismo municipio encajó algunas críticas en 2015 por contar con el exresponsable de Información de la Guardia Urbana de Barcelona, a quien se vinculó con el caso Ciutat Morta, que acabó con un agente en sillas de ruedas tras ser atacado por un grupo de okupas, varios de los radicales condenados a penas de prisión y, una de las acusadas, cometiendo suicidio.

El mando policial negó lazos con la controversia y el gobierno municipal le ratificó en el cargo pese a las protestas de ERC, que pidió su cabeza. Tras ello, el principal acusado del 4F, Rodrigo Lanza, fue condenado por asesinato en 2020 por otra pelea en Zaragoza en la que un hombre perdió la vida al ser agredido por el antisistema.

[47ronin]

Villarejo ante una posible entrada en prisión tras su condena: "Yo no me voy a suicidar"

Historia de Agencia EFE • Ayer a las 14:29

Madrid, 27 jul (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo ha manifestado su tranquilidad ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pida su ingreso en prisión para empezar a cumplir la pena de 19 años de cárcel que le ha impuesto la Audiencia Nacional en su primera sentencia por el conocido como caso Tándem.

"Yo no me voy a suicidar ni en prisión ni fuera de la cárcel" ha señalado Villarejo en declaraciones a los periodistas tras serle notificada de forma oficial la sentencia.

Ha anunciado también que la recurrirá (primero ante la Sala de Apelación de la Audiencia y después si es necesario ante el Supremo) porque, según ha resaltado, sigue creyendo en el Estado de derecho y en que la verdad salga "a la luz".

Tras conocerse este lunes la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal la celebración de una "vistilla" para valorar si debe entrar ya en prisión, si bien finalmente esta no se celebrará hasta septiembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al ser preguntado si temía entrar en prisión, ha manifestado que siempre ha estado a disposición de los tribunales y por eso cree que pedir ahora la prisión para él "sería retorcer el hecho del riesgo de fuga cuando saben que eso es mentira".

"No sé qué razones tienen. Espero que sea solamente para conculcar mi derecho de defensa que hasta que no he salido -refiriéndose a los más de tres años que ha estado en prisión provisional por esta causa- no he podido ejercerlo adecuadamente. Si hay otros fines lo lamentaré, lo llevarán en su conciencia", ha apuntado.

Vídeo relacionado: La AN celebrará en septiembre la vista para valorar el ingreso en prisión de Villarejo (Europa Press)
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La AN celebrará en septiembre la vista para valorar el ingreso en prisión de Villarejo
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En cuanto a la sentencia en sí, y pese a que resultó absuelto del delito de cohecho -uno de los principales contra él en el caso Tándem-, ha dicho que no puede estar satisfecho "en absoluto", fundamentalmente por "la gravedad de las penas por revelación de secretos".

En este sentido ha señalado que la pena por ese delito "normalmente" es de un año o dos de prisión "y a mí me han aplicado lo máximo", cuatro años por cada delito, ha lamentado.

"El mero hecho de tener una fotocopia de un tráfico de llamadas no implica una gravedad de cuatro años" ha insistido, para después añadir que pese a ello sigue creyendo en el estado de derecho y en su inocencia "y en que la luz va a resplandecer".

No obstante y pese "a la severidad del tribunal", Villarejo ha celebrado que los magistrados hayan visto que el delito de cohecho era "un montaje urdido".

"El delito de cohecho no lo comete un policía por el mero hecho de ser policía, tiene que ser en el ejercicio de su función. Yo jamás actué como policía mientras mantenía las empresas para mi cobertura para mi trabajo de inteligencia", ha explicado.

Ha puesto como ejemplo que él tuviera un taxi, que estuviera autorizado para tenerlo, y que en alguna ocasión se saltase algún semáforo en rojo, el delito, según ha expuesto, no sería por ser taxista sino por saltarse el semáforo.

"Pese a la severidad de la sentencia", ha reiterado, ha querido también destacar la importancia de que el tribunal le excarcelara antes del juicio. "Nunca le agradeceré lo suficiente haber podido ir a juicio con la dignidad de un hombre libre y no esposado como querían mis enemigos".

[47ronin]

El caso Villarejo se debilita con la exculpación de los más poderosos y la absolución por cohecho del comisario


La investigación llamada a levantar las alfombras de la democracia apuntó a Rajoy, Cospedal, a presidentes del Ibex y al rey emérito, pero ninguno está hoy imputado mientras la mitad del archivo del policía sigue sin abrir y decae la acusación por utilizar su cargo para enriquecerse
— Cospedal pidió a Villarejo frenar las investigaciones sobre los papeles de Bárcenas: “La libretita... sería mejor poderla parar”





VillarejoSentencia (1)
Pedro Águeda

5 de agosto de 2023 21:45h

Actualizado el 05/08/2023 21:45h
25

SEGUIR AL AUTOR/A
3 de noviembre de 2017. Decenas de integrantes de la élite política, judicial y de los medios de comunicación contienen la respiración ante la detención del comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez. En los meses anteriores a su arresto se ha extendido que el policía grabó durante años todos sus encuentros. La preocupación crece entre quienes utilizaron su cargo para darle órdenes dudosas de ser legales y quienes le contrataron desde sus empresas, medianas y también del Ibex, para perjudicar a sus adversarios.

Tres años sin noticias de la mitad oculta del archivo Villarejo

MÁS
24 de julio de 2023. Siete años después de que arrancara el caso, casi seis desde la detención, la Audiencia Nacional dicta su primera sentencia de la macrocausa. El comisario es condenado a 19 años por varios delitos de revelación de secretos por tres encargos (Pit, Iron y Land) pero sale libre de los de organización criminal y cohecho. Y esta última absolución es especialmente llamativa: el policía nunca utilizó su destino en el corazón de la seguridad del Estado para confeccionar los dosieres que vendía a sus clientes, ha concluido el tribunal.

Pero si Villarejo no aprovechaba su relevante puesto en la Policía, si sus clientes más poderosos, de la política y la empresa, han escapado de sus imputaciones… ¿qué queda del caso que iba a levantar las alfombras de la no tan ejemplar historia de la democracia?

La Fiscalía estudia la presentación de un posible recurso ante el Tribunal Supremo por la resbaladiza cuestión del cohecho y la interpretación que ha aplicado la Audiencia Nacional. Aseguran desde el Ministerio Público que la doctrina del Alto Tribunal también permite encajar como cohecho solo por la condición de policía, que ya influía por sí misma en la obtención de la información que luego vendía el agente a sus clientes [leer aquí].

Rajoy y Cospedal, fuera
El caso Villarejo y el mes de julio, concretamente los días previos a que los jueces se vayan de vacaciones, son fechas de desencuentros en el seno de la causa. El 29 de julio de 2021, el juez conservador Manuel García Castellón adoptó acaso la decisión más trascendente de la macrocausa: el anterior presidente del Gobierno y en el PP, Mariano Rajoy, y su mano derecha en el partido, María Dolores de Cospedal, no tenían responsabilidad alguna en la operación para destruir la causa de la financiación irregular de su formación política.

Aquello le valió una censura demoledora de la Fiscalía Anticorrupción: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Esa “dirección” a la que alude la frase es, según los fiscales, la “conexión política” para espiar a Luis Bárcenas más allá del Ministerio del Interior, la misma que conducía a la cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez había dejado sin concluir la investigación del número móvil de Rajoy al que Villarejo trasladaba directamente los avances en el espionaje a Bárcenas con fondos reservados, según la versión del comisario. De los abundantes indicios sobre la relación de Cospedal y su marido, Ignacio López el Hierro, con Villarejo, incluso de supuestos pagos de la política al policía, García Castellón dijo que no había indicios de delito y que sus encuentros eran reuniones de carácter “social”. La Sala de lo Penal terminó por avalar aquel archivo.

Después llegaron nuevos indicios, como la publicación del audio de una conversación en la que Cospedal dice a Villarejo que “la libretita [los papeles de Bárcenas con cobros de dinero negro del PP y pago a sus dirigentes de sobresueldos] sería mejor poderlo parar”. El juez tampoco lo vio suficiente para volver a imputar a Cospedal y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió no recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

García Castellón ha concluido que la operación Kitchen fue ideada en el Ministerio del Interior y que su titular, Jorge Fernández Díaz, nunca informó a su amigo y jefe Mariano Rajoy de las maniobras parapoliciales en auxilio del PP y el Gobierno. Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, van camino del banquillo como máximo responsables de la malversación de los fondos públicos.

En esa vista no se discutirá el cohecho de Villarejo porque no se trató de un encargo de un particular a su empresa Cenyt sino de una operación política en la que participó en razón de su cargo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

El ‘todopoderoso’ Ibex
Donde la sentencia absolutoria de cohecho sí puede tener repercusión es en las piezas sobre los contratos de las mayores empresas del país al comisario en activo. Iberdrola, Repsol, BBVA y Caixabank ayudaron a crecer exponencialmente el patrimonio del supuesto servidor público. Todas ellas contrataron a Cenyt, la empresa de inteligencia en materia de seguridad del policía, con múltiples objetivos o excusas: desde sabotear movimientos de la competencia a realizar estudios prospectivos de seguridad en el extranjero.

Para el juez del caso no hay pruebas de que los consejeros delegados de esas compañías conocieran los contratos. Cargarán con la responsabilidad los directores de seguridad, en su gran mayoría antiguos compañeros de Villarejo en la Policía que habían decidido colgar el uniforme para hacer fortuna con suculentos contratos de las empresas del Ibex.


Fotografía de archivo del presidente de Repsol, Antoni Brufau (i), y el expresidente de CaixaBank Isidro Fainé. EFE/Archivo/Angel Díaz/Archivo
Las compañías argumentan que no había nadie mejor que aquellos cargos policiales para garantizar su seguridad en expansión por medio mundo. Los investigadores siempre han sospechado que el Ibex solo compraba los contactos de estos policías, ya fuera en otras compañías, con los jueces o en el propio seno de la Policía.

Así, García Castellón ha imputado y después archivado las causas contra Antoni Brufau (Repsol), Isidre Fainé (Caixabank) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Solo un jubilado, antiguo perteneciente en el pasado a ese club de los hombres más poderosos de España, continúa imputado, Francisco González, antiguo presidente del BBVA. Ni siquiera las empresas, como personas jurídicas, siguen ostentando la condición de investigadas y, en el peor de los casos, deberán responder subsidiariamente como responsables civiles si sus directores de seguridad resultan condenados.

Tampoco el anterior jefe del Estado
El blindaje al que el Estado ha sometido al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, no escapó al caso Villarejo. Una de sus piezas, la 5, lleva el nombre de Carol, aunque en realidad se refiere a Corinna Larsen, la antigua pareja extramatrimonial del rey emérito. La comisionista, causa principal de que hayan aflorado en los últimos años las irregularidades cometidas por el monarca, buscó en Villarejo un aliado ante el enemigo común de ambos, el antiguo responsable del servicio secreto español, general Félix Sanz Roldán, amigo del rey que puso el CNI al servicio de los intereses particulares del emérito.

Cuando la pieza Carol se archivó, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir unas diligencias secretas de investigación por si se había producido un delito en transacciones financieras internacionales, en relación con el supuesto soborno por la concesión a España de la obra del AVE a La Meca, sin que las mismas fueran dirigidas contra Juan Carlos I ni ninguna persona en concreto.

Esa decisión fue el germen de la investigación a Juan Carlos I que, con el tiempo, la fiscal general del Estado Dolores Delgado ordenó derivar al Tribunal Supremo, donde cuatro años después se archivó sin que llegara a materializarse una querella contra el padre de Felipe VI.

Solo la mitad del archivo secreto
Solo la mitad del ingente archivo incautado al comisario Villarejo ha permitido abrir hasta ahora 47 piezas separadas que han removido los poderes del Estado, los legítimos y los fácticos. La otra mitad del archivo continúa un proceso automático de desencriptación que, según pasa el tiempo, alberga cada vez menos posibilidades de éxito.

La anterior directora del CNI, Paz Esteban, firmó un escrito dirigido a la Audiencia Nacional el 29 de junio de 2019 en el que explicaba: “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”.

Habían pasado dos meses desde que el CNI lograra abrir unas cuantas carpetas que se habían resistido a la Policía y al Instituto de Ciberseguridad (Incibe) del Ministerio de Hacienda, pero no resultaron muy relevantes para el caso [leer aquí acerca de los trabajos de desencriptación].

A partir de entonces, de forma periódica, el servicio secreto informaba al juzgado: “Se comunica que por parte del Centro Criptológico Nacional (CCN) siguen los trabajos tendentes a la obtención de las contraseñas de los contenedores Truecrypt restantes. Desde el último informe remitido no se ha obtenido ningún otro resultado”. El Juzgado terminó por pedir al CCN que solo informara de avances. No ha habido ninguna comunicación desde entonces.

En el canal de Telegram de un ultra
Las esperanzas en qué podría deparar el archivo del comisario Villarejo han provocado incluso la creación de un par de medios digitales que cuentan su cotas de repercusión por los audios inéditos que publicaron coincidiendo con sus respectivos estrenos. Ocurrió con moncloa.com y tiempo después con Fuentes Informadas. Se trataba de material del comisario que no está en la causa, al menos que se sepa, con la salvedad de que pudiera integrar el material por desencriptar.

El comisario dejó grabado antes de ser detenido que guardaba siete copias de todo, cuatro de ellas en el extranjero. Sin embargo, una vez detenido se ha dedicado a sembrar dudas sobre las labores de desencriptación de la Policía y el CNI al tiempo que se niega a facilitar las claves a los investigadores.

Esas grabaciones que no están en la causa llegaron en ocasiones a revitalizar el caso, por ejemplo cuando El País publicó el pasado verano la conversación de “la libretita” entre Villarejo y Cospedal. Fue pieza importante de los escritos de Fiscalía y las acusaciones populares para solicitar la reapertura de la investigación, pero sin éxito por la cerrazón del juez.

A día de hoy, sin embargo, solo el canal de Telegram del agitador ultra ‘Alvise’ Pérez insiste en publicar material sin contrastar del policía: sus personalísimas notas informativas, que iban dirigidas en tiempos presuntamente a sus superiores, alguna grabación…

Pero no todas son malas noticias para la investigación. La sentencia de la Sección Cuarta, que preside Ángela Murillo, ha avalado la obtención del archivo de Villarejo y su custodia, frente prioritario para las defensas, que buscan la nulidad de la causa. La batalla jurídica promete llegar hasta el Tribunal Supremo, pero el primer fallo contra el comisario permitirá ir juzgando las piezas con esa misma fuente de prueba.

Misma causa, distintos protagonistas
La duda es quién defenderá la acusación contra el comisario en los próximos tiempos. De la causa Tándem renunció su primer juez, Diego de Egea, que solicitó regresar a la Audiencia Provincial de Madrid, y se excluyó a uno de sus dos primeros fiscales, Ignacio Stampa, a quien la fiscal general del Estado Dolores Delgado no renovó en Anticorrupción.

Su compañero desde el principio, Miguel Serrano, tiene 65 años y se acerca su jubilación. Fuentes fiscales consideran complicado que participe en juicios más allá de la pieza principal, la del encargo de la familia Obiang que dio origen a la causa, y descartan, por ejemplo, que defienda en sala los argumentos de Anticorrupción en el juicio de Kitchen.

Resta por saber qué ocurrirá con la acusación popular, liderada por Podemos, partido que se enfrenta a un ajuste en plantilla tras los resultados del 23J. La formación morada está personada en las principales piezas –el PSOE solo está en Kitchen– y sus abogados deben dominar miles y miles de folios del sumario.

La pieza Dina, sobre el robo del material del teléfono de una exasesora de Pablo Iglesias, y la que investiga el espionaje a Bárcenas por el Gobierno del PP resultarían las más atractivas para el partido, pendiente a día de hoy de ver con qué recursos va a contar antes de decidir si sigue ejerciendo la acusación popular en este caso de un modo tan amplio como hasta ahora.

[FFTR80]

La justicia de PP-PSOE