De los mandos policiales

[47ronin]

La ‘limpieza’ en Interior

12:26 | 19 de febrero, 2017

José Manuel Sánchez Fornet*

Ya ha comenzado y veremos cuándo y sobre todo, cómo acaba.

Han sido relevados los responsables políticos de lo que ocurría, el ministro de Interior Jorge Fernández Diaz como máximo responsable, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, como responsable político directo de la Policía. Se han jubilado el DAO, Eugenio Pino, el agente encubierto comisario José Manuel Villarejo y el comisario Jaime Barrado, y se jubila en abril próximo Marcelino Martín-Blas Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos hasta su cese en abril de 2015; ha sido disuelta la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, BARC, de la Unidad de Asuntos Internos, y con ello la jefa de la brigada, Nuria Mazo, pasa a otros cometidos (adjunta al secretario de Estado, con casi 1.000€/mes más que antes). Suenan más nombres de futuros cesados: el comisario Agorreta, de la Comisaría General de Extranjería, el jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, o su antecesor en la UDEF hoy jefe superior de Policía en Galicia, Manuel Vázquez López, quien trasladó a jueces y fiscales el engendro conocido como informe PISA (Pablo Iglesias S.A.). Además se señalan otros nombres como participantes en las prácticas que ahora se deploran y que alentó el ministro de Interior, como Bonifacio Diaz o José Ángel Fuentes Gago, que en cualquier caso ya no ocupan los puestos en el organigrama policial en los que se les señala como autores de prácticas reprobables.

Suenan más nombres de futuros cesados: el comisario Agorreta, de la Comisaría General de Extranjería, el jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, o su antecesor en la UDEF hoy jefe superior de Policía en Galicia, Manuel Vázquez López, quien trasladó a jueces y fiscales el engendro conocido como informe PISA (Pablo Iglesias S.A.).

Bienvenido el cambio de ministro y con él los nuevos aires al Ministerio de Interior, pero ya se atisba que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido siempre: aquellos que cumplieron órdenes (entre ellas posiblemente algunas indebidas o directamente ilegales) serán decapitados en la plaza pública y quemados en la hoguera, mientras los responsables políticos están cómodamente ubicados presidiendo comisiones del congreso sin ningún reproche por su responsabilidad, o presidiendo el Gobierno como si no tuviera responsabilidad alguna en lo ocurrido. Muchos policías españoles recuerdan la muerte de tres miembros del IRA en Gibraltar, el 6 de marzo de 1988, por agentes especiales británicos que dispararon a corta distancia, y el famoso “yo disparé” de Margaret Thatcher. En España el político que manda “disparar” a un policía luego lo acusa para meterlo en la cárcel y quedar como el bueno de la película. Así lo vimos en el caso Faisán, en el 11M, y volvemos a verlo ahora en la “limpieza” de Interior. Los tres miembros del IRA habían sido controlados por la policía española desde que entraron por Francia en un coche, que fue registrado, como la habitación de su hotel, y se pasó informe al servicio británico de que iban desarmados, pero alguien decidió que debían morir al margen de la ley y la máxima responsable política asumió la responsabilidad por lo que no puede considerarse más que como un crimen, no aplicando la hipocresía e impostura que invaden el comportamiento de nuestros políticos. El policía que cumple una orden ilegal incurre en responsabilidad y debe pagar por ello, pero el político que imparte la orden también es responsable y debe asumir esa responsabilidad.

Que se han hecho muchas cosas mal y que la policía política no puede existir en un estado democrático y de derecho no admite discusión. Que se aproveche esa situación para pasar factura de viejos rencores profesionales, o ajustar cuentas por el servicio secreto del Estado que precisa una reconversión urgente, porque un policía ha descubierto que han “perdido” cuatro millones de dólares en el rescate de dos periodistas secuestrados solo puede pasar en un país como el nuestro.

El policía que cumple una orden ilegal incurre en responsabilidad y debe pagar por ello, pero el político que imparte la orden también es responsable y debe asumir esa responsabilidad.

Si Villarejo hubiese prestado a la Corona británica la mitad de servicios que a la española nadie osaría pretender hundirlo, condenarlo o encarcelarlo a él, su esposa y algún hijo, como se ha pretendido aquí, con pruebas tan evidentes como tener acreditado que una agente del servicio secreto español es grabada tratando de convencer a un ciudadano chino para que declarara en determinado sentido en la investigación del conocido como caso “Emperador” o “Gao Ping” donde seis policías han sido acusados por el fiscal Grinda y resultado absueltos, y un hijo de Villarejo fue incluido en el sumario por Martín-Blas.

Lo mismo se puede decir del comisario principal Enrique García Castaño, el hombre con más experiencia en la lucha contra el terrorismo, ajeno a las prácticas que se conocen como “policía política”, y que ha sido cesado en un momento de alerta cuatro antiterrorista despreciando su trayectoria y sus servicios al país, que han salvado muchas vidas impidiendo numerosos atentados. Si en vez de en España el comisario principal conocido con el apodo de “El Gordo” hubiese servido a la Corona británica seria caballero de honor y la propia Reina impediría que nadie pretendiera humillarlo trasladándolo a una comisaría zonal. Este es el mayor error hasta la fecha cometido por el ministro de Interior.

Está bien esto de limpiar Interior, es necesario, pero no hay que equivocarse y provocar más daño del que se pretende reparar.

Y a fecha de hoy resulta que el que parece ser principal responsable policial de las prácticas de “policía política” y de las filtraciones, Marcelino Martín-Blas, está destinado al servicio del juez de instrucción nº 2 de Madrid, con algún otro funcionario, y fue adscrito allí a petición del juez por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Este comisario fue cesado en abril de 2015 en la Unidad de Asuntos Internos tras elaborar un informe falso que acusaba al comisario Villarejo de haber acudido a una reunión confundiéndole con otra persona, aunque el informe dedicaba varias páginas a tratar de demostrar que era verdad lo que era falso. A pesar de ello el juez decide mantenerlo en la investigación de un caso en el que el comisario Martín-Blas es víctima e investigador, el de la grabación de sus conversaciones con miembros del CNI que actúan tanto en el caso Gao Ping como en el del “pequeño Nicolás” sin que a nadie se le ocurra que no tienen competencias para ello.

Está bien esto de limpiar Interior, es necesario, pero no hay que equivocarse y provocar más daño del que se pretende reparar. Y además de las prácticas de unos pocos malos profesionales, hay otros asuntos que afectan a la seguridad y los derechos de la ciudadanía que deben ser prioritarios, y entre ellos está, en primer lugar, garantizar la eficacia y el tiempo de respuesta a las llamadas de urgencia que se producen al 091 y que no queden miles de ellas sin atender cada mes; acabar con la vulneración de derechos civiles que suponen las identificaciones masivas e indiscriminadas, y actuar en serio, no con propaganda sino en la práctica, contra la violencia de género, desarrollando la ley y adaptando la estructura policial y del Gobierno a ese fenómeno para combatirlo con más eficacia.

Y hay otras cosas que hacer, por ejemplo, acabar con el discurso fascista y de odio que se encuentra en las redes sociales en grupos de miembros de las fuerzas de seguridad con insultos y descalificaciones a fuerzas políticas de izquierda (singularmente Podemos) impropias de un policía que conoce el Estado de derecho y los fundamentos de su trabajo en democracia.


*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia y ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.

[47ronin]

Un policía local, condenado por humillar a una subordinada: "Ya me dirás si mañana te quedas en casa llorando"

 La Audiencia de Barcelona sentencia que un sargento de la policía local de Premià de Dalt indemnice con 14.000 euros a una agente


Por Oriol Solé Altimira
21 feb 201714:36

"Ponte a trabajar y no escuches conversaciones de mayores"; "espabila niña que vas a paso de tortuga"; "ya me dirás si mañana vienes a trabajar o te quedas en casa llorando". Son solo tres de las frases vejatorias que el sargento de la policía local de Premià de Dalt (Barcelona), V.P.M, dirigió a la agente M.P.B. La Audiencia de Barcelona ha condenado al sargento a indemnizar a la mujer con 14.000 euros por las lesiones y las secuelas psíquicas y el daño moral que padeció.

En el plano penal, la condena suma nueves meses de prisión –que el sargento, que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no cumplirá al carecer de antecedentes– como autor de un delito contra la integridad moral en el ámbito laboral y otro de lesiones. Son las penas mínimas por este tipo de delitos. Además, los magistrados de la sección 10 han absuelto al sargento del delito contra los derechos de los trabajadores del que estaba acusado.

La sentencia considera probado que el sargento vejó y ridiculizó a M.P.B. desde abril de 2010 a diciembre de 2011 de tal forma que la sometió a "una constante humillación en el entorno laboral". A consecuencia de las sucesivas humillaciones, la agente estuvo de baja por depresión entre enero y abril del 2012. A día de hoy el sargento ya no trabaja en la policía local de Premià, han indicado fuentes conocedoras del caso.

El sargento condenado, además, concentró sus humillaciones en el ámbito en el que está especializada la agente, la seguridad vial. El fallo asegura que el condenado se dirigía a la agente con voz de niño y parodiaba sus charlas en centros escolares. En una ocasión en que la agente controlaba un accidente de camión en una carretera local, el sargento le preguntó "si había llamado a su marido", por ser funcionario del servicio de control de carreteras de los Mossos d'Esquadra. Y añade la sentencia que cuando la agente recibió un premio por su trabajo en seguridad vial, el sargento se dirigió a ella diciendo que el galardón "no servía para nada" y la instó a "dejarse de tonterías y ponerse a trabajar"

Asimismo, el trato degradante también se daba en situaciones cotidianas. Los magistrados consideran probado que un día en que la agente llegó con una flor y cantando, el sargento "le pidió de forma humillante y vejatoria delante de sus compañeros que se 'dejase de cancioncillas'". En otras ocasiones se dirigía a ella diciéndole "ponte a trabajar y no escuches conversaciones de mayores" o bien "me gusta que te enteres cuando te hablo".

[47ronin]

"Cuando nadie os vea, dais una patada en la boca, que para eso os da las botas la Policía"


El Sindicato Unificado de Policía denuncia que un mando de la Unidad de Prevención y Reacción pide a sus subordinados que se empleen con brutalidad: "Aquí menos reducciones y más saco"

23.02.2017 12:41actualizado: 20h 12min
ACTUALIDAD/ CARLOS DEL CASTILLO
Un mando de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Canarias exige a sus agentes que se empleen con brutalidad en sus actuaciones, los expone a riesgos innecesarios y amedrenta a todo aquel subordinado que se oponga a estos métodos, ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).


En una clase de instrucción de Defensa Personal, este oficial, Jefe del Grupo II de la UPR, llegó a pedir: "Miráis, y cuando nadie os vea le dais una patada en la boca, que para eso os da las botas las DGP [Dirección General de Policía]" o “aquí menos defensa y reducciones y más saco”.

El SUP, mayoritario en el cuerpo, ha revelado los hechos en un comunicado, en el que denuncia "la pasividad de los mandos policiales de la Provincia de Las Palmas ante las actuaciones" de este mando, con rango de inspector.

El SUP lo acusa de poner en peligro a ciudadanos y agentes con "decisiones temerarias"

El SUP también lo acusa de poner en peligro tanto a ciudadanos como a los propios agentes con "decisiones temerarias" en las operaciones policiales. Entre ellas, le atribuye "ordenar pasar por delante de una vivienda donde, al parecer, se encontraba atrincherado un individuo con varias armas de fuego".


En otra ocasión, "ante la amenaza de un paquete sospechoso", recriminó un “exceso de diligencia” a los agentes, abroncándolos por estar "asustados". Él, por su parte, y siempre según la versión que ha dado a conocer el SUP, presumió que de haber estado presente habría dado "una patada a la mochila" para terminar el problema. Esto supone una violación de "todos los protocolos de seguridad".

"La DGP mira hacia otro lado"

En una conversación con este medio, el portavoz del SUP Ramón Cosió ha lamentado que la DGP y el jefe de Brigada de Canarias hayan "restado importancia" a los hechos, "mirando hacia otro lado". "Si no se toman medidas, si no se le abre expediente, lo que sucede es que al final se le refuerza en su comportamiento", ha lamentado Cosió.

"No tenéis cojones", "los hombres se visten por los pies" o "no tenéis hombría", increpa a los subordinados que se oponen a él

La DGP, por su parte, ha informado de que los hechos constituyen una falta leve, que en todo caso ya ha prescrito. "Nosotros no consideramos que suponga una falta leve —asevera en este caso el secretario del SUP en Canarias, José Luis Guedes— y si ha prescrito es porque ellos han dejado que lo hiciera, porque las quejas se produjeron el primer día. Nos hemos cansado de hacer escritos".


La impunidad de este inspector "genera indefensión en toda la gente que esta a su mando", explica Cosió a Público, haciendo referencia a los improperios que les ha dirigido en los 10 meses que lleva al mando de la unidad: "No tenéis cojones", "los hombres se visten por los pies" o "no tenéis hombría" son expresiones con las que ha increpado a los subordinados que se han opuesto a sus métodos.

El SUP ha explicado que este caso es "excepcional", pero ante la "ineficacia" que ha demostrado el conducto reglamentario interno, no descarta emprender acciones judiciales contra el inspector.

[Heracles_Pontor]

Y?

[47ronin]

Los mandos policiales, incrédulos ante la actitud del ex número dos de la Policía

 
27.02.2017 - 04:00
 

La actual cúpula policial observa en estos días con una gran incredulidad cómo Eugenio Pino, ex Director Adjunto de la Policía, pretende eludir sus responsabilidades en la filtración y divulgación de las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre el ministro de interior Jorge Fernández Díaz y el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, Daniel de Alfonso, en el despacho del ministro.

Estos mismos mandos también han expresado en conversaciones privadas su extrañeza por el hecho de que Eugenio del Pino mire para otro lado en el caso de los pendrives del ‘Caso Pujol’.

Pino fue número dos de la Policía y la persona que convenció al ministro del Interior, Jorge Fernández, para que grabara las conversaciones que se celebraran en su despacho. La iniciativa terminó con el diálogo entre el ministro y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, publicado en el diario ‘Público’.

Durante sus años de gestión, la Policía logró los datos que acreditaban que la familia Pujol tenía patrimonio en bancos andorranos. El ex director adjunto de la Policía tenía en su propio despacho de una gran caja fuerte en la que, según presumía ante propios y extraños, guardaba grandes secretos de Estado.

En el despacho contiguo, que ocupaba su Secretario General, también había una caja de caudales susceptible de guardar documentos especialmente sensibles, según personas que conocen la casa.

Eugenio Pino contaba en la dirección Adjunta Operativa con el apoyo de su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, un hombre de su plena confianza y custodio de sus secretos.

Fuentes policiales consideran que no tiene sentido que Pino confiase a Marcelino Martín, entonces comisario jefe de Asuntos Internos, para que guardara grabaciones de las conversaciones del ministro, ni que este fuese el artífice de la filtración a la prensa, como se ha dicho desde algunas instancias.

Afirman estas fuentes que Marcelino Martín Blas no le debía su puesto de jefe de Asuntos Internos. Añaden que cuando se produjo la entrevista grabada entre Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso las relaciones entre ambos mandos policiales eran muy tensas e incluso estaban rotas.

En el Ministerio del Interior tienen claro, a pesar de las versiones contrarias, que el comisario principal Marcelino Martín Blas no formó parte nunca de la extraña brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), la cual dependía directamente de su artífice, el ex Director Operativo.

Pino encargó a dicha brigada, entre otros, los informes relativos al 11-M, ‘Caso Faisán’ y ‘Caso Marta del Castillo’, algunos de los cuales no aparecen.

[47ronin]

La justicia reabre el caso del coronel de la Guardia Civil denunciado por vejar a tres subordinadas


Una agente le denunció por humillarla a ella y a otras dos guardias civiles por obligarlas a ponerse un chaleco antibalas para hombres

Un juez archivó el caso sin investigarlo al considerar que ordenar repetir un ejercicio "difícilmente puede considerarse atentatorio a la dignidad"

El Tribunal Militar Central cree que los hechos requieren "una mayor comprobación" y anula el archivo "por no ser conforme a Derecho"

Marcos Pinheiro     
07/03/2017 -  20:20h  


El coronel Luis Antonio del Castillo durante el acto de toma de posesión como jefe de Cantabria.
   
El Tribunal Militar Central ha corregido al juzgado castrense que archivó  la denuncia contra un coronel de la Guardia Civil por vejaciones a tres subordinadas. Ha ordenado reabrir el caso y tomar declaración al mando denunciado por abuso de autoridad y discriminación por razón de sexo, atentado contra los derechos fundamentales y extralimitación en el uso del mando.

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el tribunal más alto de la jurisdicción militar anula el archivo "por no ser conforme a Derecho" y ordena que se investiguen los hechos porque entiende que estos necesitan "una mayor aclaración y comprobación".

La agente Pilar Villacorta presentó la denuncia el pasado mes de noviembre. Los hechos descritos ocurrieron durante unas prácticas de tiro, en la que la denunciante y otras dos mujeres participaban con el permiso de no usar chaleco antibalas, porque solo tenían modelos para hombre que les quedaban grandes.

Cuando los agentes masculinos terminaron el ejercicio, las tres mujeres fueron obligadas a quedarse 45 minutos más hasta la llegada del coronel Luis Antonio del Castillo, quien dijo que les iba a enseñar a colocarse el chaleco. El mando, acompañado de otros cuatro hombres, intentó ajustarles los velcros del chaleco.

A pesar de las advertencias de las agentes de que el chaleco no les valía, de que "no era adecuado en talla y forma", Del Castillo no cesó. En total, 23 minutos de trato "humillante" en el que cinco hombres se afanaban por ajustar las prendas a las mujeres, oprimiendo su pecho e ignorando sus quejas.

No se ha investigado lo suficiente

Villacorta denunció, pero el juez militar Miguel Rodríguez de Paterna archivó los hechos. Ahora el Tribunal Central militar corrige esa decisión al entender que no se ha investigado suficientemente la actuación del coronel, que podría ser constitutiva de delito. No se tomó declaración ni a la denunciante ni al denunciado.

La reapertura del caso surge tras el recurso de queja presentado por el abogado de la denunciante, Mariano Casado. Con esa herramienta, que permite apelar a un órgano judicial superior, el letrado destaca que el juez no motivó el archivo, no llevó a cabo ninguna investigación y cerró el asunto "de forma precipitada en infundada".

El juez que desestimó la denuncia aseguró en su auto que "el hecho de que ella (la denunciante) se sintiera humillada no justificaba, por sí solo, la apreciación de ese ataque". Añadió que la "actitud" de los hombres encargados de ajustar el chaleco a las agentes "no es un hecho que pueda menoscabar la dignidad de la persona, aunque aquellas fueran mujeres y estos hombres".

"El coronel ordena repetir un ejercicio, que no se había realizado como estaba ordenado, y difícilmente puede considerarse atentatorio a la dignidad de la persona", escribió el juez. El tribunal le recrimina que no se juzga la repetición del ejercicio, sino las condiciones en las que se produjo esa repetición y si hubo en ella "trato degradante o humillante".

Tras recordar que el trato humillante aparece recogido en varias sentencias del Supremo, el tribunal concluye que, en este caso, "existen aspectos que necesitan una mayor aclaración y comprobación". No se ha aclarado, recoge el auto, si en ese ejercicio de tiro se atentó contra la dignidad de la denunciante y las otras dos agentes.

Para determinarlo es necesario tomar declaración al coronel, a Villacorta - vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)- y a todos los participantes en el ejercicio, además de "practicar todas aquellas pruebas que se estimen convenientes". La decisión se ha trasladado al juzgado militar para que retome la investigación, y se ha notificado también al fiscal del caso, que se opuso a su reapertura, advirtiéndole que no cabe recurso contra el auto.

[47ronin]

El SUP presenta una querella contra el jefe de la Comisaría de La Laguna por supuestas coacciones


El sindicato mayoritario de la Policía Nacional muestra así su apoyo a un subinspector que recibió una sanción "desproporcionada e injusta" tras anunciar que se convertía en liberado sindical

El SUP denuncia además el estado "lamentable" de las comisarías y la falta de seguridad debido a los recortes en medios y personal

Según el sindicato, en Canarias hay un déficit de más de 600 policías, 300 por cada provincia

Dácil Jiménez   - Santa Cruz de Tenerife 
07/03/2017 -  14:54h  

El Sindicato Unificado de la Policía, el mayoritario en el colectivo, ha presentado este martes 7 de marzo una querella en el Juzgado de La Laguna por un supuesto delito de coacciones cometido por el jefe de la Comisaría Local contra un subinspector.

Según ha explicado a los medios de comunicación Mónica Gracia, secretaria general del SUP a nivel nacional, el subcomisario en cuestión cometió un "error involuntario" en la tramitación de un expediente de lesiones "al confundir las fechas de los plazos y no darle trámite en el tiempo que establece la normativa". Gracia ha explicado que ese retraso no supuso daño alguno para ningún ciudadano, funcionario o para la propia Policía. Sin embargo, el subcomisario recibió como sanción 45 días de suspensión, aunque inicialmente se solicitaron para él 80 días (siendo 90 el máximo).

El sindicato considera que esa sanción es "desproporcionada e injusta" y su origen "no está en corregir una mala praxis profesional de un funcionario, sino que supone un claro ataque a la libertad sindical". En opinión del sindicato, la finalidad de la sanción es "perjudicar al SUP y a quienes son sus representantes legales en la Jefatura Superior de Canarias" para evitar así que "conductas ilegítimas como la del Jefe de la Comisaría se denuncien y poder seguir actuando sin que nadie exija ni reclame a la Dirección el cumplimiento de los derechos de los policías nacionales".

 Origen de la sanción

El SUP explica que la situación se produjo después de que el Jefe de la Comisaría asignara a este subinspector que tramitase dos expedientes de lesiones, a pesar de que no tenía la formación específica para ello. El funcionario debía, además, compaginar esa orden con su cargo de Jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, donde prestaba sus servicios en turnos rotatorios sin tener determinado un tiempo exclusivo para la confección de expedientes, como sí viene recogido en el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional.

El SUP, por necesidades de estrategia e infraestructura de la organización, solicitó en mayo de 2016 la exención de servicio de este funcionario para realizar labores sindicales en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, petición que fue resuelta positivamente por la División de Personal.

Sin embargo, cuando este representante sindical informó a su jefe sobre este asunto "el responsable policial le instó de manera insistente a que finalizase el expediente y, si fuera necesario, modificase las fechas para ajustarlas a los tres meses que se establecen en la normativa bajo la coacción de abrirle un expediente disciplinario caso de no seguir sus instrucciones, algo a lo que el subinspector se negó alegando que esa conducta podría constituir un delito de falsedad documental, asumiendo incluso que se iniciara un procedimiento disciplinario contra él, por haberse caducado de manera involuntaria el plazo".

El Jefe de la Comisaría, añade el SUP, "que quince días antes ya tenía conocimiento de que el subinspector iniciaría su nueva situación sindical y le devolvería dos expedientes asignados", le ofreció como única solución la de alterar las fechas para así, textualmente, “salvarle el culo” y que no fuese sancionado.

 Irregularidades en la tramitación del expediente

Por otro lado, el SUP denuncia que el expediente disciplinario tramitado al subinspector por parte del Instructor desde la Unidad Central de Régimen Disciplinario incluye acciones "ajenas a lo reglamentario", como es no aceptar ningún medio de prueba de los propuestos para la defensa y notificarle  in situ el Pliego de Cargos, ya finalizado e impreso, "justo unos minutos después de tomarle declaración en Las Palmas, evidenciando con ello que todo estaba decidido de antemano y que su declaración era un mero trámite, haciendo caso omiso de sus explicaciones y de las graves acusaciones que afectaban a su jefe".

 Falta de seguridad y medios en Tenerife

Por otro lado, el SUP ha aprovechado para, una vez más, insistir en la escasez de recursos y personal del que dispone la Policía Nacional en la isla. Según ha explicado José Luis Guedes, secretario general del sindicato en Canarias, según lo establecido debería haber en las islas un total de 4.428 policías, pero solo hay 3.713. A esta falta de personal hay que añadir "el estado lamentable en el que están las comisarías. Solo hay que pasarse, por ejemplo, por la del Puerto de la Cruz para ver cómo están. Es una vergüenza atender ahí al público".

El sindicato ha recalcado la falta de chalecos antibalas, de los que han precisado que en todo el país hay solo unos 35.000 para más de 60.000 policías "y que muchos de ellos se compraron para las Olimpiadas de Barcelona 92, con lo que ya han cumplido su vida útil".

Sobre los vehículos, Guedes ha calificado a la flota como insuficiente y anticuada. "Hemos pasado por una época que nosotros llamamos canibalismo, porque cuando uno de los coches sufre un accidente, los agentes cogen de él piezas para arreglar a los otros. Es lamentable recurrir a eso para mantener la flota", ha apostillado.

En su opinión, mientras que las islas se están beneficiando de una subida del turismo, ese tirón no se ha visto acompañado de un aumento de la seguridad. "Llegamos a todos los servicios, pero si un día hay una respuesta violenta el primero en caer será el policía, porque vamos a pecho descubierto", ha concluido.

[Der Kaiser]

No tengo información sobre el tema, pero entre mandos y sindicalistas, a saber como es la realidad....

Por cierto, el SUP en su línea, como no, siempre dice alguna mentira y se nota mucho que el Gobierno no es del color que le gustaría a ellos.

El sindicato ha recalcado la falta de chalecos antibalas, de los que han precisado que en todo el país hay solo unos 35.000 para más de 60.000 policías "y que muchos de ellos se compraron para las Olimpiadas de Barcelona 92, con lo que ya han cumplido su vida útil".

Mienten, ya que en el período 2013-2016 se han comprado más de 31.400 chalecos, de ellos, algo más de 30.000 son de uso interno.

[47ronin]

pide personarse como acusación particular

El comisario enemigo de Villarejo deja la investigación del pequeño Nicolás

El exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, alega haber sido "objeto de todo tipo de conductas delictivas cometidas por los investigados durante el procedimiento judicial"

Roberto R. Ballesteros
14.03.2017 – 17:14 H.

El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el comisario Marcelino Martín Blas, que ha dirigido desde el principio la investigación del caso Nicolás, ha solicitado abandonar las diligencias que le han mantenido ocupado a tiempo completo los últimos tres años. Así se lo ha comunicado el funcionario al aún instructor de la causa, el titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien será trasladado a la Audiencia Provincial a finales de mes, por lo que también dejará atrás el procedimiento que le ha puesto en el foco de la prensa desde octubre de 2014, cuando fue detenido el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

Desde ese momento, lo que parecía un sencillo caso de alguien que se hace pasar por lo que no es —como hay tantos en los tribunales casi a diario— se convirtió en un culebrón que iba destapando luchas internas en el seno de la Policía como hasta el momento nunca se habían hecho públicas. Martín Blas logró que el juez imputara a su otrora amigo José Villarejo, comisario con el que había compartido polémicas indagaciones en Cataluña pero con el que se enemistó en el marco de la operación Emperador, tras tratar de involucrar al hijo de este último en las actuaciones, según contó el propio investigado ante el Juzgado número 2.

Martín Blas argumenta ahora para pedir su cese al frente de las diligencias el que durante los últimos meses ha sido "objeto de todo tipo de conductas delictivas cometidas en muchos casos por los investigados en el presente procedimiento, injurias y calumnias en los medios de comunicación y denuncias falsas". El comisario destaca la "interceptación, tergiversación y divulgación de conversaciones privadas que son objeto de la instrucción de la pieza separada número dos", que indaga la grabación del encuentro que mantuvo el exjefe de Asuntos Internos con otros dos policías y varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en que los funcionarios abordaban determinados aspectos de las pesquisas.





La Fiscalía pide retirar al comisario Martín Blas y a su investigador del caso Nicolás
Roberto R. Ballesteros
Argumenta que ambos incurren en una "extralimitación intolerable" de sus funciones y tacha de "grave" que uno de ellos prometiera un trato de favor al acusado a cambio de confesar
El mando policial, que se considera "directamente perjudicado" en este último asunto de la grabación, en el que entiende que ha sido víctima del delito de descubrimiento y revelación de secretos, añade en su escrito presentado el pasado 2 de marzo ante el juez Zamarriego que, una vez apartado de la investigación, pretende personarse en el procedimiento como acusación particular. Reclama hacerlo en este momento procesal para evitar que la causa prescriba o termine la fase de instrucción, momento en el que ya se tornaría imposible la personación. Martín Blas, que además se jubila el próximo abril, considera "necesario" apartarse de la función de investigador para defender su "derecho al honor y a la intimidad".

El cese de Martín Blas como responsable de la comisión judicial encargada de investigar el caso ya había sido reclamado por la defensa e incluso por la Fiscalía en varias ocasiones, peticiones que, sin embargo, en ningún momento ha atendido el titular del Juzgado número 2. Por contra, la confianza de Zamarriego en los investigadores ha sido ciega. Ni siquiera el hecho de que fuera relevado del cargo de jefe de Asuntos Internos —precisamente con motivo de la guerra interna que el comisario mantenía con Villarejo— frenó al magistrado, que decidió entonces responder a la destitución mediante la creación de la mencionada comisión judicial dirigida por Martín Blas y por el inspector Rubén López.

El exjefe de Asuntos Internos, además de pedir personarse como acusación particular en la citada pieza separada número 2, reclama en su escrito una serie de diligencias que, a su juicio, son necesarias para esclarecer cómo pudo salir a la luz la grabación del encuentro que mantuvo con otros agentes de la Policía y del CNI. En concreto, piden que declare como investigado el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quien recientemente declaró ante la Audiencia Nacional por el 'pendrive' que apareció de repente en dependencias de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) con información sobre la causa de la familia Pujol.


Eugenio Pino, antes de declarar en la Audiencia Nacional en el marco del caso Pujol. (EC)
Eugenio Pino, antes de declarar en la Audiencia Nacional en el marco del caso Pujol. (EC)

Martín Blas considera que Pino incurrió en contradicciones cuando dijo, por un lado, que le había dado permiso para reunirse con personal del CNI y, sin embargo, luego afirmó "todo lo contrario". El aún jefe de la investigación —hasta que el juez se pronuncie— entiende que el exdirector adjunto de la Policía Nacional debe aclarar este aspecto así como la autoinculpación que hizo al reconocer que a finales de 2014 "escudriñó el tráfico telefónico de la antena que cubre la sede de Asuntos Internos" sin orden judicial. El comisario cree que Pino pudo incurrir en un delito de vulneración del secreto de las comunicaciones.

También reclama que declaren como investigados el inspector jefe José Ángel F. G., para que indique quién le mandó la grabación de la reunión a su correo, y el comisario Villarejo, para que especifique cuál es su cargo exacto dentro del catálogo de puestos de trabajo de la institución, dado que no existe el empleo de adjunto al DAO, y cuáles son "sus verdaderas relaciones" con 'Información Sensible', diario digital que se hizo eco del polémico encuentro entre policías y espías y que dirige su mujer, Gema Alcalá, también imputada en la causa.

Incluso los correos electrónicos enviados, recibidos y borrados que se encuentran en el buzón de José Ángel F. G. reclama el comisario que sean aportados a la causa, tanto por el Centro de Protección de Datos de la Policía Nacional como por Google y Microsoft, con el fin de "determinar la responsabilidad en la grabación, distribución y difusión" de la conversación que mantuvieron los agentes de la corporación con los miembros del CNI en octubre de 2014.

Pablo Iglesias contra Villarejo

Por otro lado, Podemos —formación personada en la causa bajo la misma defensa letrada de la Asociación de Policía Municipal Unificada— ha presentado un escrito ante el mismo Juzgado número 2 en el que se pronuncia contra la presencia de la asociación Transparencia y Justicia, vinculada a uno de los imputados, en el procedimiento como acusación popular. Argumenta el partido liderado por Pablo Iglesias que, como reveló El Confidencial, el letrado de la agrupación personada, David Macías, es socio de Desarrollos Empresariales Potes, dueña de 'Información Sensible', donde trabaja la esposa de Villarejo.

Además —alega Podemos en el escrito presentado el pasado 8 de marzo que pide la "expulsión" de la asociación—, el secretario de Transparencia y Justicia, Rafael Redondo, es asimismo "consejero o partícipe de algunas empresas relacionadas con el comisario", como Cenyt Consultoría Organizacional o Inversiones Estratégicas Sensibles, mercantiles que forman parte de la estructura societaria completa vinculada a Villarejo que ya fue publicada por el diario 'El País'.

[47ronin]

Cuando el "brigada" cae...la "pata negra" se convierte en tocino.


la cúpula policial, en entredicho

La brigada 'pata negra' de Pino se niega a ocupar los puestos que le asigna Interior

La comisaria jefa del grupo especial creado por Fernández Díaz para 'revisar' casos como el 11-M o el Faisán rechaza dos nuevos destinos y reclama una plaza en la Dirección Adjunta

16.03.2017 – 05:00 H. - Actualizado: 8 H.

La disolución por orden del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) —puesta en marcha por Jorge Fernández Díaz en 2012— no parece haber puesto fin al caos generado en la cúpula policial durante el mandato del exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. Los que hasta la llegada de Zoido eran máximos responsables de este departamento se niegan ahora a aceptar los puestos que les está ofreciendo la Dirección General de la Policía.

Tanto la comisaria Nuria Mazo como los dos inspectores jefes de la BARC que dirigían la brigada continúan sin destino después de que el actual director adjunto operativo del cuerpo, Florentino Villabona, les comunicara hace más de un mes que pasaban a disposición de la Subdirección de Personal para ser reasignados a un nuevo puesto dentro de la corporación.

La BARC formaba parte de la Unidad de Asuntos Internos, que al principio de la anterior legislatura tenía como jefe al comisario Marcelino Martín Blas, responsable —aún hoy— de la investigación del caso Nicolás. Sin embargo, en la práctica el grupo era controlado directamente por Pino, que fijaba las líneas de trabajo y recibía el resultado de las pesquisas, que inicialmente se centraron en la revisión de casos abiertos e incluso juzgados, como señaló el propio exdirector adjunto en una entrevista en el diario 'El Mundo', pero que al final terminaron enfocándose en el apoyo a otros grupos y en indagaciones propias.

Tras ser disuelta, la mayoría de miembros de la brigada volvió a sus antiguos destinos dentro de Asuntos Internos y otros fueron reubicados en otros puestos. Únicamente la comisaria y los dos inspectores jefe se han resistido a las plazas que les ha asignado la Dirección General de la Policía. En concreto, Mazo ha rehusado el cargo de jefa de la Comisaría de Villa de Vallecas, lugar que encaja en lo contemplado por el catálogo de puestos de trabajo de la institución para su categoría, así como el puesto de número dos de la Brigada de Policía Científica de Madrid, destino que igualmente se ajusta a su nivel.

La disolución de la BARC hace algo más de un mes fue acordada por Zoido en el marco del plan de renovación de la cúpula policial puesto en marcha por el ministro para marcar distancia respecto a su predecesor, en el que Interior encuadra también el nombramiento de Villabona como director adjunto. La Brigada de Revisión de Casos fue un departamento creado y manejado por Pino para fiscalizar asuntos tan polémicos como la investigación de los atentados del 11-M —como admitió el propio exdirector adjunto en la citada entrevista periodística—, el caso Faisán o la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo.

Ninguno de los frentes abordados por la BARC —alrededor de una docena—, sin embargo, tuvo éxito, ya que los investigadores no consiguieron avances sustanciales en los asuntos que acometieron por indicación de Pino, que justificó la puesta en marcha del departamento argumentando que otras fuerzas de seguridad occidentales también tienen unidades similares para tratar de corregir errores y aportar nuevos enfoques a investigaciones bloqueadas.

La versión española de estas áreas policiales, sin embargo, no fructificó. Y no solo porque no tuvieran éxito las indagaciones planteadas o por lo polémicas que eran. La controversia sobre esta brigada radica sobre todo en la implicación de sus máximos responsables, Martín Blas y Pino, en otras investigaciones con intensas derivadas políticas, entre ellas, las pesquisas sobre la presunta trama corrupta de los Pujol, el patrimonio de políticos independentistas catalanes e incluso la financiación de Podemos con fondos de Irán y Venezuela, pesquisas en las que también habría terminado participando la BARC.

Pino confió esta brigada a Martín Blas por la estrecha relación que les unía en 2012, pero esa amistad se rompió tres años después por desavenencias en el caso Nicolás, que enfrentó al entonces responsable de Asuntos Internos con el comisario José Villarejo, un supuesto agente encubierto también muy cercano a Pino que cuenta con un gran patrimonio ajeno a la Policía y que ha estado involucrado en investigaciones como el conflicto entre la dermatóloga Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid o el ático del expresidente madrileño Ignacio González en Marbella.

En ese enfrentamiento entre mandos policiales se enmarca también la filtración de la grabación de las reuniones que mantuvo Fernández Díaz en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, que han provocado una batería de acusaciones políticas y mediáticas contra el exministro por alentar a la Policía a investigar a dirigentes independentistas catalanes. Fuentes policiales acusan a Martín Blas de estar detrás de la filtración.

Todos los funcionarios que componían el grupo policial quedan ahora a disposición de la Subdirección de Personal y del propio director adjunto operativo, Florentino Villabona
En agosto de 2015, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Julio Villarubia reprochó en el Congreso al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que tolerara la creación de la BARC y criticó que esta dependiera de Asuntos Internos, que debería centrarse en investigar a funcionarios de la corporación. "¿Sabe a qué se dedica esta brigada? Entre sus principales cometidos, tiene la revisión de los más de 400 asesinatos que están sin esclarecer y que todavía no han prescrito en nuestro país en demarcación de la Policía Nacional", defendió Cosidó.

La colocación de Mazo como responsable de la BARC, por otro lado, respondió igualmente a criterios de estrecha relación entre el director adjunto operativo y la entonces recién nombrada comisaria, que asumía la jefatura de esta brigada como primer destino tras ser ascendida en una promoción no exenta de polémica. La Confederación Española de Policía remitió una carta al Consejo de la Policía en la que se quejaba del extraño retraso que tenían las oposiciones para el acceso a la categoría de comisario en 2014, un aplazamiento que según la misiva respondía a criterios de oportunidad, pues la Dirección Adjunta esperaba así a que varios funcionarios cumplieran los cinco años de antigüedad como inspector jefe exigidos por ley para acceder a la categoría, entre ellos la propia Mazo.


   
 

[Heracles_Pontor]

Que curioso . . . parecía que los únicos mandos que se negaban a aceptar los puestos asignados estaban en PMM . . . y ahora resulta que no es así . . . estos genoveses . . . que no agiten el avispero porque igual que salen las grabaciones del rey pueden empezar a salir más cosas y no hay nada peor que el fuego amigo . . .

[47ronin]

LAS CLOACAS DE INTERIOR

El ex jefe de prensa del rey Juan Carlos: "Se ha cumplido la amenaza de Villarejo que desveló 'Público'"

El periodista Javier Ayuso asegura en el programa 'Espejo Público' que Eduardo Inda y el comisario José Manuel Villarejo Pérez están chantajeando a través de su medio a la Casa Real con las grabaciones realizadas hace décadas al rey Juan Carlos, temerosos de la investigación del 'caso pequeño Nicolás'.

17.03.2017 10:34POLÍTICA /PATRICIA LÓPEZ/ CARLOS ENRIQUE BAYO
El ex jefe de prensa de la Casa Real, Javier Ayuso, ha afirmado en el programa Espejo Público que "se ha cumplido la amenaza del comisario Villarejo que desveló Público", en referencia a los documentos secretos que acreditaban la relación de Bárbara Rey con el rey emérito Juan Carlos I y las "grabaciones del CESID" aparecidas en el medio que dirige el tertuliano de La Sexta, Eduardo Inda.


La información fue desvelada por Público hace un mes, después de que el comisario Enrique García Castaño confirmara en una reunión que estaba al tanto de la extorsión a las más altas instituciones del Estado por parte de Inda y de su actual jefe de investigación, Manuel Cerdán, junto a los comisarios José Manuel Villarejo y Eugenio Pino. El motivo, según aseguraba el propio ex número dos de la Policía, que no les imputen ni llamen a declarar en el caso del pequeño Nicolás.

Todos los tertulianos que acompañaban a Susana Griso —Paco Marhuenda, Cristina de la Hoz y Raúl del Pozo, además de Ayuso— han asegurado que "la cloaca esta funcionando" y se han sumado a que el chantaje se está demostrando a través del trabajo de Público: desde las grabaciones del ministro del Interior en su despacho, al chantaje al CNI o la oscura trama que se esconde tras el caso del pequeño Nicolás.

[47ronin]

La Fiscalía sitúa al comisario Villarejo detrás de la asociación que evitó el banquillo a Esperanza Aguirre


Transparencia y Justicia ejerció la acusación popular en el incidente de tráfico y se retiró en el momento clave

El fiscal apoya la petición de Podemos para que la asociación sea expulsada del caso en el que está imputado el comisario jubilado

Los abogados David Macías y Rafael Redondo, socios y colaboradores de Villarejo, controlan Transparencia y Justicia

Pedro Águeda     
23/03/2017 -  21:04h  

La Fiscalía de Madrid aprecia “una clara vinculación” entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la asociación Transparencia y Justicia, dedicada a ejercer la acusación popular en diferentes procesos y que  salvó a Esperanza Aguirre de ser juzgada por un delito en relación con el incidente que protagonizó la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. El fiscal del ‘caso Nicolás’, Alfonso San Román, apoya la petición de Podemos para que la citada asociación sea expulsada de la pieza que investiga al comisario Villarejo por la  grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI.

Esa vinculación entre el comisario y la asociación “inhabilita” a Transparencia y Justicia “para actuar con la finalidad de coadyuvar a la Administración de Justicia”, asegura San Román en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. La iniciativa es apoyada igualmente por la representante de la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que ejerce la dirección de la acusación popular y, como tal, da traslado a la petición de Podemos, que forma parte de esa acción popular. Resta que el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, decida sobre la petición de expulsión de Transparencia y Justicia.
 
En plena campaña electoral de las últimas elecciones municipales, la Audiencia de Madrid decidió instruir como falta, y no como delito,  la fuga al volante de Aguirre el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital. En su auto, la Sección Sexta rechazaba la falta de legitimación de la acusación particular para recurrir el archivo de la causa. Una legitimidad que sí tenía la acusación popular y que ésta renunció a ejercer. Esa acusación popular era ejercida por Transparencia y Justicia.

Los jueces de la Audiencia de Madrid fallaron que la instrucción practicada corroboraba, “a nivel indiciario”, que la huida de Esperanza Aguirre de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal podría constituir “una infracción penal”, pero añadían que no podían entrar a resolver sobre el asunto porque “ninguna parte recurrente legitimada” lo había solicitado.

En la primera parte del proceso, el abogado que representaba a la asociación era Luis Gerez, contratado para el caso. El juez Carlos Valle archivó la causa contra Aguirre, pero Gerez recurrió y la Audiencia de Madrid le dio la razón. Unos días después de conseguir el objetivo para el que había sido contratado, el representante legal de Transparencia y Justicia David Macías prescindió de sus servicios. “Se me comunicó por teléfono, cobré y no tengo ninguna queja”, aseguró entonces Gerez.

A partir de ese momento, la representación de la asociación en la causa fue ejercida Macías, el mismo abogado que representa a Transparencia y Justicia en la pieza separada del Pequeño Nicolás. El plazo concluyó y no hubo recurso de la acusación popular. Aguirre todavía podía ser juzgada por una simple falta, pero la  reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno propició el archivo del caso al quedar suprimidas éstas.

El abogado y la web de la mujer de Villarejo

El letrado David Macías es administrador único de Desarrollos Empresariales Potes S.L. Esta sociedad está participada al 100% por Club Exclusivo, una de las empresas matrices del conglomerado empresarial del comisario Villarejo. Al mismo tiempo, Desarrollos Empresariales Potes es propietaria al 100% de Sensible Code SL, que a su vez posee la web Informacionsensible.com, la web que dirige la esposa de José Manuel Villarejo.

Constituida en 2005, Transparencia y Justicia comenzó denominándose Asociación para la Protección de los Inversores. Fue hasta mayo de 2011, mes en el que cambió de denominación y se dotó de unos estatutos tan ambiguos que igual sirven para ejercer fines “intrínsicamente vinculados” a conseguir la materialización de la justicia como para “instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones y desahucios”. Transparencia y Justicia también estuvo personada en el ‘caso Campeón’, por el que llegó a estar imputado el exministro socialista José Blanco.

Como secretario general de Transparencia y Justicia figura el también abogado Rafael Redondo. El letrado es apoderado  de la firma Stuart & McKenzie Spain S.L, de la que fue administrador único el comisario José Manuel Villarejo Pérez, cargo que ahora ocupa uno de sus hijos.

Persecución al comisario Barrado

El  Sindicato Profesional de Policía (SPP) informó este jueves del fallo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la suspensión que la Dirección General de la Policía acordó contra el comisario Jaime Barrado, el mando que  investigó al comisario Villarejo en el caso de la doctora Elisa Pinto.

Uno de los expedientes abiertos a Barrado se basaba en la denuncia que dos abogados interpusieron contra el entonces comisario de Chamartín por obligar supuestamente a desnudarse a uno de ellos en su despacho. Con anterioridad, el  TSJM ya había anulado provisionalmente el cese de Barrado, en una sentencia en la que apuntaba a un posible montaje por parte de los letrados.

Uno de esos abogados es David Macías. A pesar de las resoluciones del TSJM, por la vía de lo contencioso-administrativo, Barrado continúa imputado en un juzgado de lo penal de Madrid por los mismos hechos. El propio Macías incorporó a la causa una grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que el letrado telefonea al director de un periódico digital solicitándole una rectificación en nombre del comisario Villarejo.

[47ronin]

La jefa de la Policía de Pozuelo: “Tenemos una de las ratio de policía/habitante más altas de Madrid”


ClaveLocal ha entrevistado a Sonia Rodríguez, la nueva jefa de la Policía local de Pozuelo de Alarcón. Tras desempeñar su profesión desde el año 1994 en Madrid, ahora afronta un nuevo reto en la localidad más rica de España.

mar 23, 2017


A principios de mes, Sonia Rodríguez ha tomado posesión como nueva jefa de la Policía municipal de Pozuelo de Alarcón. Desde el año 1994, lleva ejerciendo su profesión en la Policía municipal de Madrid y ahora afronta este nuevo cargo como un reto, ya que en su mano está coordinar la seguridad en el municipio más rico de España.
.
Rodríguez pretende mantener los índices de seguridad que tiene la localidad pozuelera y que, según ha destacado, son de los mejores de la región. Quiere trabajar para que los vecinos se sientan orgullosos de su Policía. ClaveLocal ha entrevistado a la agente, quien ha desvelado los conflictos que más se producen en la ciudad, así como el trabajo de su día a día.
.
ClaveLocal: ¿Cuántos agentes integran la Policía de Pozuelo y, de ellos, cuántos pertenecen a la BESCAM?
Sonia Rodríguez: 181 de los cuales 60 agentes son BESCAM.

CL: ¿Considera que es una plantilla suficiente para el municipio?

SR: Con los sistemas de trabajo que tenemos, damos respuesta a las demandas de servicio existentes. No obstante, la ratio de policía por habitante es unas de las más altas de la Comunidad de Madrid.

CL: ¿Cuántos turnos existen? ¿Cómo se organizan y cuantos policías hay en cada turno?

SR: Hay 3 turnos de trabajo: 76 agentes en la mañana, 61 de tarde y 44 de noche.

«EL PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA RONDA ALREDEDOR DE LOS TRES MINUTOS. POZUELO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS CON LA TASA DE CRIMINALIDAD MÁS BAJA DE LA REGIÓN»

CL: ¿Cuántos vehículos conforman la flota?

SR: Hay 42 vehículos, entre turismos y motocicletas.

CL: ¿Cuál es el promedio de tiempo que tardan en llegar a un punto determinado del municipio tras un aviso y cuántos agentes suelen personarse?

SR: El promedio de tiempo de respuesta ronda alrededor de los tres minutos. El número de agentes depende de la incidencia, pero con carácter normal son dos policías los que conforman cada patrulla.

CL: ¿Cuáles son los incidentes que se producen con mayor frecuencia?

SR: Pozuelo es uno de los municipios con la tasa de criminalidad más baja de la región. Los incidentes más frecuentes son molestias por ruidos y problemas relacionados con el tráfico.

«LAS ACTUACIONES MÁS COMPLEJAS SON LAS RELACIONADAS CON VIOLENCIA DE GÉNERO O EN LOS CASOS QUE HAY MENORES IMPLICADOS, YA SEA COMO VÍCTIMA O AUTOR»

CL: ¿Cuáles son los delitos principales?

SR: Los delitos más frecuentes que atendemos son contra la seguridad vial y pequeños hurtos en establecimientos.

CL: ¿Qué actuaciones considera más complejas?

SR: Las relacionadas con la violencia de género o en los casos que hay implicados menores, ya sea como víctima o autor.

CL: ¿Existe algún convenio con cuerpos de la Policía local de municipios aledaños para llevar a cabo campañas específicas? Si es así, ¿con qué municipios y con qué fin?

SR: Estamos en comunicación para los debidos apoyos en grandes eventos de cada municipio colindante. Como ejemplo, en fiestas, realizamos controles conjuntos de acceso al municipio afectado.

CL: Al margen de lo que es estrictamente la vigilancia de la seguridad, ¿qué otras acciones lleva a cabo la Policía local: formativas, pruebas de alcoholemia, atestados?

SR: Nos adherimos a las campañas que aplica la DGT, campañas con Sanidad del Ayuntamiento, de piscinas, parques, campaña especial de prevención de robos en vivienda , campañas de concienciación de los titulares de animales domésticos, charlas de prevención del acoso escolar, charlas sobre seguridad vial en colegios, campaña dirigida a menores sobre seguridad vital (alcohol drogas), prevención del consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, control de locales de ocio, de terrazas e información de seguridad a los comerciantes, entre otras.

«TRABAJAMOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO Y CONOCER LAS DEMANDAS VECINALES. ME GUSTARÍA QUE MI PASO POR ESTA JEFATURA SIRVA PARA QUE LOS VECINOS DE POZUELO ESTÉN ORGULLOSOS DE SU POLICÍA»

CL: ¿Podría contar a nuestros lectores someramente cómo es un día normal para el responsable de la Policía de su pueblo?

SR: Analizamos las incidencias que han ocurrido en el día anterior por si es necesario tomar alguna medida extraordinaria. Despacho con los mandos intermedios para solucionar problemáticas relacionadas con el servicio y conocer las demandas vecinales, como por ejemplo de comerciantes, para montar los dispositivos idóneos para solucionar los problemas que plantean.

CL: ¿Podría lanzar un mensaje a sus vecinos como jefa de la Policía local?

SR: Simplemente que estamos aquí para trabajar por Pozuelo. Me gustaría que mi paso por esta jefatura sirva para que los vecinos de Pozuelo estén orgullosos de su Policía. La seguridad y la convivencia es cosa de todos. Soy una persona muy sociable y me encantará escuchar sus demandas y hacerles propuestas de mejora de la calidad de vida.

[47ronin]

Al fin un juez planta cara a las cloacas



El ex DAO, Eugenio Pino. EFE
   
 
30.03.2017 - 04:00
 
Hay jueces y jueces. Y policías y policías. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor del caso Pujol, y de otras muchas causas peliagudas que siempre acaban en el Juzgado Central Número 5 de dicho tribunal, demostró ayer que es un magistrado valiente.  El run run que durante años ha existido en círculos judiciales, policiales y políticos de las dudosas prácticas empleadas por el que fuera número dos de la Policía Nacional, el ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y su 'brigada política' quedó ayer reflejado en un auto donde De la Mata dijo, sin circunloquios, que a "los poderes públicos y a los agentes de la autoridad" les está prohibido "hacer trampas".

Se puede decir más alto pero no más claro. No todo vale para luchar contra la corrupción y si se buscan "atajos" al margen de la Ley deben asumirse las consecuencias. Que se lo digan a Eugenio Pino, quien puede enfrentarse a una imputación por delitos de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal por tratar de intoxicar la investigación judicial al clan del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley. Sus 'hombres' trataron de colar un 'pendrive' con datos sobre el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, de dudosa procedencia.

De la Mata, que en todo momento ha estado ojo avizor con la actuación policial en este procedimiento –al igual que lo han hecho los fiscales Anticorrupción, Belén Suárez y Fernando Bermejo-, pidió explicaciones cuando averiguó que los datos remitidos en un informe por la UDEF al Juzgado eran de procedencia incierta. A partir de ahí, las respuestas dadas por la Policía fueron variopintas y ninguna convincente. Tanto fue así que el gaditano decidió abrir una pieza separada para investigar quién era el responsable de esa maniobra torticera e imputó a Pino y al comisario Marcelino Martín Blas.


xSi el juez De la Mata y los fiscales Anticorrupción no hubieran estado tan avispados -considerando la posibilidad de que tenían al enemigo en casa- ese informe podría haber contaminado todo el caso Pujol

Por otra parte, no era la primera vez que el juez tenía un roce con la Policía, a la que en más de una ocasión en el curso de esta investigación ha llamado al orden por sus filtraciones interesadas que perjudicaban a la causa. Aunque nadie niega que el auto de ayer supone un antes y después.

Sin duda, la resolución del instructor de la Audiencia Nacional ha sido un jarro de agua fría para el -hasta hace muy pocos meses- todopoderoso Eugenio Pino. Aquel hombre que dirigía a agentes de policías que se dedicaban a "revisar" importantes casos judiciales sentenciados en firme. Leáse los atentados del 11 de Marzo en Madrid, el chivatazo a ETA en el bar Faisán o el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

 "El DAO Eugenio Pino impartió órdenes operativas a unidades policiales bajo su mando (UDEF), indicando que los documentos entregados podían utilizarse en la investigación al clan Pujol, con pleno conocimiento de su incorrección", argumenta el juez, que recuerda que el proceder del número dos de la Policía ha puesto en "riesgo" toda la investigación a una familia acusada, entre otros delitos, de fraude fiscal, blanqueo de capitales y organización criminal. Si José de la Mata no hubiera estado tan avispado -considerando la posibilidad de que tenía al enemigo en casa- ese informe podría haber contaminado todo el caso Pujol, ya que nadie duda que sus letrados habrían argumentado a toda velocidad que se les aplicase la teoría del árbol envenenado. Por suerte, este escenario no se ha dado.

El juez -y los fiscales, que fueron quienes le pidieron a De la Mata que ordenara deducir testimonio contra Pino- ya han cumplido con su obligación. Falta que ahora haga lo propio el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha prometido una gran limpia en las cloacas policiales. La Audiencia informó ayer de lo sucedido a Interior "a los efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan" para Pino y el policía Bonifacio Díez Sevillano. Quizás ha llegado el momento de retirar condecoraciones policiales, señor ministro.

[Heracles_Pontor]

Cuando las alcantarillas se atrancan . . . la mierda rebosa . . .

[47ronin]

EL EXALCALDE DE LORENZO EMITIÓ 2.000 'TARJETAS BLUE'

Arzobispos, empresarios, jueces... la lista de premiados con 'parking gratis' en Oviedo

Un informe de la nueva corporación municipal desvela la red clientelar que montó el Partido Popular a base de regalar tarjetas de aparcamiento sin límites en la ciudad

Alfredo Pascual


16.04.2017 – 05:00 H. - Actualizado: 19 H.

Un informe de la nueva corporación municipal de Oviedo, compuesta por el PSOE, Somos (marca blanca de Podemos) e IU, desvela que el popular Gabino de Lorenzo, alcalde de la ciudad entre 1991 y 2012 y actual delegado del Gobierno en Asturias, emitió más de 2.000 'tarjetas blue' de aparcamiento para repartir entre altos cargos de la iglesia, empresarios, magistrados e incluso familiares de cargos municipales. Esta política de supuestas prebendas se mantuvo en la gestión de su sucesor, Agustín Iglesias Caunedo, que ahora se desempeña como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.

En teoría, según las ordenanzas, a este tipo de permisos solo deberían optar los cuerpos de seguridad, los vehículos de titularidad municipal o los de emergencias. Fuentes del Ayuntamiento señalan también a Agustín de Luis, comisario principal de la Policía Local durante la época en la que se emitieron la mayor parte de las tarjetas, como corresponsable de la situación. De Luis se encuentra actualmente en prisión en Lugo por ocultar el atestado de un atropello que cometió un empresario de la ciudad con el que le unen vínculos de amistad.


Agustín de Luis, ex comisario principal de Oviedo. (El Comercio)

Le sucedió en el cargo el comisario José Manuel López, que si bien fue recortando en número de tarjetas de aparcamiento libre hasta 1.400, renovó dos que desde la corporación municipal encuentran sospechosas: la del exconcejal de Economía y Seguridad Ciudadana Jaime Reinares y la del magistrado Antonio Lanzos. El informe señala que la tarjeta de Lanzos, tras su fallecimiento, fue inexplicablemente heredada por su viuda. Reinares, por su parte, siguió disfrutando del privilegio incluso después de presentar su dimisión al ser condenado a un año de prisión por un delito de revelación de secretos.


Hay permisos que se heredaron y otros que se solicitaron para amigos
El informe divide las tarjetas sospechosas en dos grupos: uno de 38 unidades que autorizan para estacionar en zona azul y otras 11 que figuran en la base de datos del Ayuntamiento simplemente como "autorizados". Hay una última, la cero, que permite estacionar en cualquier lugar y no está vinculada con ninguna matrícula. Fuentes municipales sospechan que ésta se intercambiaba entre concejales y personas afines.

Otros cargos políticos que destacan, además de Reinares, son Agustín Iglesias Caunedo, portavoz del PP en el Ayuntamiento y exalcalde, cuya tarjeta es la única que sigue en vigor y le permite aparcar en cualquier lugar de la ciudad. Iglesias afirma que nunca ha hecho uso de la misma y que tampoco la solicitó. También figura otra concejal popular, Covadonga Díaz, que solicitó la tarjeta "para un amigo" alegando que ella no conduce. Este amigo, presuntamente, sería el encargado de llevarle a todos los actos institucionales.

Entre los beneficiarios encontramos a Rodolfo Sánchez, mano derecha y jefe de gabinete de Gabino de Lorenzo. Sánchez, imputado por falsedad documental y prevaricación, es uno de los pocos que escribió al Ayuntamiento para renovar su tarjeta blue, como figura en la documentación anexa al informe. "José Manuel, como te comenté se me ha caducado el permiso que tenía para zona azul, calles peatonales y zona de Marqués de Gastañaga. Cambié de coche y no sé dónde metí el permiso antiguo. ¿Puede renovármelo para calles peatonales y de carga y descarga si es que no puede ser también de zona azul?", escribía en marzo de 2016 al comisario principal de la ciudad.


Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.
Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.

Llama la atención la presencia en el informe de varios religiosos. Es prominente Jesús Sanz Montes, arzobispo y máxima autoridad religiosa de Oviedo. Tuvo autorización para aparcar en cualquier sitio de la ciudad desde febrero de 2010 hasta noviembre de 2014.

Otro es Francisco Javier Suárez Fernández, párroco de la basílica de San Juan El Real y confesor personal de Agustín de Luis, al que le une una estrecha amistad. Suárez fue uno de los primeros en ir a visitarle a la cárcel, quizá como contrapartida por la ilustre concurrencia que el policía reunió el día de la primera misa del párroco en San Juan. Suárez poseía autorización para zonas peatonales y azules, y posteriormente se le extendió el permiso para las plazas de minusválidos. José Franco Baizán, capellán del Centro Asturiano, el club social más selecto de Oviedo, también disfrutó del aparcamiento gratuito.

La lista se cierra con un rosario de personajes de diverso pelaje y ascendencia. Está Juan Bautista Raposo, coronel de la Guardia Civil, cuya esposa, Rosa María Villar, también disfrutó de tarjeta, así como Miguelo, el más popular empresario de la noche ovetense. Guti el gaitero, director de la Banda de Gaitas de la ciudad, y Electricidad Llano, una subcontrata municipal que pidió autorización para un Porsche, ponen la nota de color. El magistrado de la Audiencia Provincial Javier Domínguez Begega dispuso de otra tarjeta que caducó en 2015, así como Edmundo Llamazares, marido de la exconcejal del PP Conchita García.

El 'Oviedo blue' de los privilegios

Ricardo Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana del actual consistorio, advierte de que se van a modificar las ordenanzas para que "los criterios de obtención de estas tarjetas queden claros". También ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para conocer si el anterior equipo de gobierno incurrió en algún tipo de delito. Fernández se ha ocupado personalmente de investigar la magnitud del escándalo de las blue con el apoyo del tripartito que gobierna la capital asturiana.

"Nos encontramos con el Oviedo del anterior equipo de gobierno, el 'Oviedo blue' de los privilegios, la corrupción y las empresas amigas, es un episodio más de esta forma de trabajar del anterior equipo de gobierno y Agustín Iglesias Caunedo; incluso de después de ser concejales usaban estas tarjetas", afirma Ana Taboada, vicealcaldesa de la ciudad. En los próximos días se incoará un expediente y serán llamados a declarar tres funcionarios de la Policía que estaban encargados de expedir las tarjetas.

[47ronin]

​Oficiales de la Guardia Civil denuncian al ex teniente Segura por una viñeta en 'El Jueves'


La parodia muestra a un mando del cuerpo comiéndose el cerebro de un guardia de base. La Unión de Oficiales cree que "injuria" al cuerpo

18.05.2017 14:47
ACTUALIDAD/ CARLOS DEL CASTILLO
La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil ha denunciado al ex teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura por "injuriar gravemente y con publicidad a la Institución de la Guardia Civil" en una viñeta publicada en la revista El Jueves.

La denuncia de la asociación de mandos, que agrupa a unos 1.000 oficiales del cuerpo, viene motivada por una publicación de la citada revista en la que Segura critica las condiciones laborales que imponen algunos oficiales del cuerpo.

Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas por las críticas vertidas contra la corrupción de la institución militar en este y otros medios de comunicación, llama "psicópatas y fascistas" a "la cúpula de la Guardia Civil" en la viñeta. "La oficialidad necesita un juguete con el que entretenerse", afirma el ex militar: "en los 40 años de dictadura lo vivían los ciudadanos, ahora lo sufren los propios guardias civiles en sus carnes".


"Un dato: casi 500 suicidios en el cuerpo desde 1982", incluye Segura en la viñeta

"Si alguien piensa que exagero, aquí va un dato: casi 500 suicidios desde el año 1982 demuestran que la oficialidad y las condiciones laborales han sido más mortales con el cuerpo que el terrorismo", subraya Segura.

Para la UO, estos comentarios suponen un presunto delito contra las Instituciones del Estado (artículo 504.2), que prevé la pena de multa de 12 a 18 meses a "quien injurie o amenazare gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

"Les duele porque la sátira incluye datos objetivos"

El ex teniente Segura se ha mostrado tranquilo ante la denuncia de la UO, remarcando el claro carácter satírico y provocador de El Jueves, publicación en la que se enmarca su crítica a la cúpula de la Guardia Civil.

"Entiendo que a los oficiales les duela que se diga que ha habido más de 500 guardias civiles que se han suicidado por las condiciones laborales desde 1982", ha explicado Segura a este medio, ironizando si para la asociación de mandos "el verdadero drama" son sus presuntas injurias al cuerpo.

"Les duele la sátira porque hay datos dentro de ella que son objetivamente ciertos", continúa el ex militar, haciendo referencia a un estudio promovido por la principal asociación de guardias ─la AUGC, que engloba a más de 30.000 agentes─ que desmiente la versión oficial del Ministerio del Interior sobre los suicidios. La investigación señala que el ambiente laboral altamente jerarquizado y hostil de la Guardia Civil es clave en la tasa de suicidios, muy superior a la de cuerpos como la Policía Nacional.


"Lo que tienen que hacer es leerse la investigación y empezar a luchar por sus propios guardias en lugar

[47ronin]

.

[Heracles_Pontor]

A mi, por la seriedad del asunto, la viñeta me parece muy desagradable, no le veo la gracia por ningún lado, si es que la tiene, cosa que dudo y mucho . . .

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk