La ley 4/2015 y su aplicación

[47ronin]

Madrid copa las multas a los clientes de prostitutas de toda España
 

El 90% de las sanciones han recaído en la zona del polígono de Marconi, en Villaverde

F. Javier Barroso
 Madrid    -    5 MAR 2017 - 22:02 CET    


La Comunidad de Madrid, con la capital a la cabeza, copa el número de denuncias a clientes de prostitutas, con una diferencia con el resto de provincias, según datos del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. El 90% de las 1.097 sanciones impuestas desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, han recaído en la región madrileña. La Policía Nacional es la que ha levantado mayor número de las actas, frente a la Guardia Civil y las policías locales. El polígono de Marconi, en Villaverde, ha sido el lugar en que más denuncias se han tramitado 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor el 1 de julio de 2015 e introdujo importantes novedades que impedían, por ejemplo, hacer fotos a los policías en el desempeño de sus trabajos. Una innovación de este polémico texto normativo consistió en que los clientes de las prostitutas que requieran sus servicios en plena calle podrían ser sancionados. Este cambio fue promovido, de hecho, por la Delegación del Gobierno en Madrid, para frenar el problema de la prostitución en algunas zonas de la capital, en especial en el polígono Marconi. La ley tipifica en su artículo 36.11 el contactar con las mujeres en la calle como una falta grave, que lleva aparejadas multas superiores a los 601 euros.

Desde la entrada en vigor y hasta el 2 de diciembre de 2016, se han impuesto en toda España 1.097 multas por solicitar o aceptar por el denunciado servicios sexuales retribuidos, según los datos del Ministerio de Hacienda. De ellas, 987 se han tramitado en la Comunidad de Madrid. La segunda provincia con mayor número de denuncias ya queda muy alejada. Se trata de Cádiz, con 33 sanciones. Le siguen Valencia (27), Alicante (18) y Santa Cruz de Tenerife (. En los datos facilitados por el ministerio solo vienen reflejadas 16 provincias, por lo que en las 29 restantes no ha habido denuncias. El País Vasco y Cataluña quedan fuera de este recuento, al tener transferidas las competencias policiales.

La Policía Nacional es la que mayor número de denuncias ha tramitado en los 18 primeros meses de vigencia de la norma, con 992 multas. Solo en la región madrileña, los agentes han tramitado 976. Las otras siete corresponden a la Guardia Civil (2) y la Policía Municipal (5). Hay otras cuatro de las que se desconoce el origen, según datos ministeriales.

Cataluña, unas denuncias sin desglosar


La Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia de seguridad ciudadana, no tiene datos concretos del número de clientes multados por haber requerido los servicios de prostitutas en la vía pública, según una portavoz del Departamento de Interior del Ejecutivo catalán.

Los Mossos d´Esquadra (la policía autonómica catalana) sí ha puesto denuncias por el artículo 36.11 de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, pero, según Interior, no las tienen desglosadas con respecto a otros tipos de multas relacionadas con la prostitución. Todas se encuentran en el mismo paquete.

El País Vasco también tiene transferidas las competencias policiales, al igual que Cataluña. El caso vasco se caracteriza por un número prácticamente nulo de denuncias a través de la conocida como Ley Mordaza. Según fuentes de la Ertaintza (la policía autonómica vasca) tan solo la ha levantado dos actas de denuncia. La primera fue en la ciudad de San Sebastián en septiembre de 2015 y la siguiente, en mayor de 2016 en Vitoria Gasteiz, según datos policiales.

[Der Kaiser]

Los que más multan y los que, con muchísima diferencia, más redes de trata de blancas con fines de explotación sexual desarticulan,  y los que más mujeres explotadas sexualmente liberan.

[47ronin]

Una plataforma denuncia las "trampas" en las propuestas de reforma de la 'ley mordaza' de PSOE y PNV

El colectivo acusa a ambas formaciones de que estas reformas sólo consumarían la trampa de "cambiar algo para que todo siga igual"
Denuncia que la propuesta del PSOE combina "lo peor de la 'ley mordaza' y de la 'ley Corcuera'"

infoLibre Publicada 06/03/2017 a las 12:33 Actualizada 06/03/2017 a las 13:37     .

La Plataforma No Somos Delito ha mostrado su preocupación por las reformas planteadas por PSOE y PNV a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley Mordaza'. El colectivo considera estos movimientos, que califica como "trampas", como un intento de apuntarse el "presunto tanto" de terminar con esta ley aunque aseguran que de esta forma se consumaría la trampa de "cambiar algo para que todo siga igual".

 Según la plataforma, formada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, tras analizar estas reformas en las que están trabajando desde los partidos, su conclusión es que así sólo se evitaría "entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación".

 En un comunicado, el colectivo analiza los puntos más preocupantes analizados por más de veinte juristas. Según esta plataforma, la propuesta de reforma del PSOE combina "lo peor de la 'ley Mordaza' y de la 'ley Corcuera', más conocida esta ultima como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992)", mientras que en la del PNV se anuncian medidas, como una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España, que no aparecen desarrolladas en su articulado.

 El colectivo también muestra su preocupación la noción de seguridad que manejan ambas formaciones y alertan de que en la propuesta del PSOE se recoge la posibilidad  de entrada y registro en domicilios en diferentes supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Asimismo, también aseguran que los dos partidos "pierden la oportunidad" de regular de forma "más garantista" aquellos supuestos en los que se pueden requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona "retenida" para ser identificada.

 En cuanto a los supuestos de infracciones, la propuesta del PNV mantiene tres de las cuatros infracciones muy graves, mientras que el PSOE las eleva de cuatro a once. Además, la formación nacionalista mantiene la sanción por falta de respeto a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana.

 Con respecto al derecho de protesta, el PSOE mantiene "tres infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la 'ley Corcuera' las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana, la cual extiende la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas". Y añade como infracción muy grave la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Por su parte, el PNV introduce una disposición final que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, "una reivindicación ciudadana constante", así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea.

 Para analizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la 'ley Mordaza' como en los proyectos alternativos, No Somos Delito organiza un debate ciudadano el próximo 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid.

[Der Kaiser]

Multan a un municipal de Bilbao por insultar a policías nacionales en una despedida en Logroño

A la rotulación del vehículo le faltaba la letra 'p' y, al pasar, el joven gritó 'olicía asesina'

DAVID S. OLABARRI |  @dolabarri
8 marzo 2017 01:00

Un joven policía municipal de Bilbao fue multado hace dos semanas por insultar a una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía en Logroño. El altercado presuntamente protagonizado por el agente I. B., perteneciente a las últimas promociones de la guardia urbana, se produjo cuando estaba celebrando una despedida de soltero con sus amigos en la capital riojana.

El policía bilbaíno estaba de celebración hace quince días en una céntrica calle de Logroño, que se ha convertido en uno de los destinos por excelencia de las despedidas de soltero de los vascos, cuando vieron pasar una furgoneta del Cuerpo Nacional de Policía, que en esta comunidad ostenta la competencia de seguridad ciudadana. Según las fuentes consultadas por EL CORREO, el agente y sus amigos se dirigieron en «tono despectivo» a los funcionarios. Al parecer, a la rotulación del vehículo le faltaba la letra ‘p’ y, al pasar por allí, uno de los jóvenes gritó «olicía asesina» (sic).

«Soy compañero»

Los agentes se bajaron del vehículo, identificaron a tres jóvenes y preguntaron quién había dicho eso. Después de unos momentos de silencio, en los que nadie se responsabilizaba de lo ocurrido, I. B. respondió que había sido él. Pero insistió en que se trataba de una especie de broma sin importancia, relacionada con el hecho de que a la furgoneta le faltase la letra ‘p’. También se identificó como «compañero». Este último detalle, según los mismos medios, sentó especialmente mal a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no entendían como otro agente podía tildarles de asesinos.

La multa por falta de respeto a la autoridad oscila entre 100 y 600 euros

Finalmente, decidieron abrirle un expediente por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’. La infracción que le imputan es una falta de respeto y consideración debida a los agentes de la autoridad. Este tipo de sanciones administrativas pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros.

Desde que en julio de 2015 entró en vigor esta ley, las fuerzas de seguridad ponen unas treinta multas al día por «faltas de respeto». Se trata de la segunda infracción que más veces se repite, sólo superada por el consumo de drogas en lugares públicos. En Markina, por ejemplo, el pasado enero la encargada de un bar fue sancionada por negarse a servir un café a dos ertzainas. Lo que no es tan habitual es que sea un policía el sancionado por faltar el respeto a un «compañero».


http://www.elcorreo.com/bizkaia/201703/08/multan-municipal-bilbao-insultar-20170307210858.html

[47ronin]

«Soy compañero»

Este mundo está lleno de tontos....

[Heracles_Pontor]

Como decía mi abuelo . . . toda la vida enseñando a burros . . . y la cuadra siempre llena . . .

[Der Kaiser]

«Soy compañero»

Este mundo está lleno de tontos....

Parece ser que en la PM de Bilbao hay un pequeño grupo conocido por el resto de miembros, como "antipolicías españoles", ese será de ese grupillo.

[tixe]

En fin.... entra cada cosa.

[Boffer]

Vergüenza me daría a mi hacer tal estupidez y encima luego decir que soy compañero. Cállate tonto, asume tu error y cómete la denuncia.

[47ronin]

El PSOE pone en marcha el proceso que permita derogar la Ley Mordaza


Los socialistas llevas al Congreso una ley alternativa para impedir sanciones por manifestarse frente al Parlamento o las excesivas atribuciones concedidas por el PP a las fuerzas de seguridad

Unidos Podemos apoyará la toma en consideración con la intención de enmendarla a lo largo del trámite parlamentario

Gonzalo Cortizo     
14/03/2017 -  20:55h  

La Ley Mordaza tiene los días contados. El Congreso aborda la próxima semana el debate de un texto alternativo para sustituir a la polémica normativa que el PP aprobó apoyado en una mayoría absoluta que ya no tiene.

El PSOE ha registrado un texto alternativo que pretende dejar en el olvido los años en los que se consideró sancionable la simple participación en una manifestación y se otorgó unos poderes casi ilimitados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La propuesta que el PSOE lleva al Congreso para su toma en consideración deroga todos los artículos que la oposición llevó al Constitucional, tras la aprobación del texto a finales de 2015. El texto que debatirá el Congreso propone derogar "la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones", "las sanciones por manifestarse ante el Parlamento" o la generalización de "los registros personales en lugares públicos".

El Gobierno es consciente de que la principal creación del ministro Jorge Fernández Díaz no se puede sostener en el tiempo. El nuevo ministro de Interior, José Ignacio Zoido, es el primer interesado en marcar distancias con el legado de su predecesor. Así se lo trasladó a los portavoces a los que recibió tras su toma de posesión, a quienes ofreció un pacto para retocar la polémica ley.

El PSOE se muestra convencido de que cuenta con los apoyos suficientes para abrir un camino que acabe por tumbar la normativa del Gobierno. Unidos Podemos ya se ha posicionado a favor de su impulso. Así lo señaló la portavoz Irene Montero, tras la reunión de la Junta de Portavoces: "Nuestra posición es favorable a la derogación y esta es una buena oportunidad para trabajar".

ERC también apoyará la toma en consideración. Ciudadanos y PNV todavía no han tomado una decisión y de su voto podría depender que la puerta para iniciar el borrado de la Ley Mordaza esté abierta o cerrada.

La proposición de ley tiene un precedente parlamentario que indica la posibilidad de éxito de la iniciativa. En noviembre de 2016 el Congreso aprobó una moción del PSOE que instaba al Gobierno a tumbar su Ley de Seguridad Ciudadana. Los socialistas dan ahora un paso más al traer un texto alternativo a la ley vigente.

Fuentes del PSOE aseguran que el debate parlamentario "no tendrá efectos" en los recursos planteados ante el Constitucional. Aunque los nuevos equilibrios parlamentarios les permitan abrir el camino a la derogación de la Ley Mordaza, el PSOE no retirará su recurso ante el Alto Tribunal.

[Der Kaiser]

Si, si, ya veremos.

[47ronin]

Congreso de los Diputados 

Nuevo revés al legado de Rajoy: El Congreso inicia la reversión de la 'ley mordaza'

La Cámara baja se propone dar la vuelta a los aspectos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PP aprobó en solitario en 2015. PSOE y PNV impulsan una reforma que cuenta con el aval mayoritario del hemiciclo.

  David Martínez   
 
21.03.2017 - 04:00
 

El Congreso de los Diputados inicia este martes el proceso de reversión de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, bautizada por la oposición como 'ley mordaza', que el PP aprobó en solitario en 2015. Se trata de una de las normas emblema del Gobierno Rajoy, junto a otras como la reforma laboral o la LOMCE. Al igual que estas dos, va camino de ser reformada por el nuevo Parlamento. La Cámara baja aborda hoy la toma en consideración de sendas proposiciones de ley de PSOE y PNV para revertir aspectos fundamentales de la norma. La iniciativa saldrá adelante y puede que cuente incluso con la colaboración de los populares, que se han abierto a negociar cambios y han trasladado a los nacionalistas vascos que su propuesta puede ser "un buen punto de partida" para alumbrar un texto que genere más consenso.
 
La Ley de Seguridad Ciudadana fue la respuesta que dio el Gabinete de Rajoy a las protestas que se desencadenaron al inicio de su mandato y que generaron importantes disturbios callejeros. Entre otras cosas, endureció las sanciones para quienes se manifestaran ante las Cámaras parlamentarias sin permiso, difundieran imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad u ocuparan ilegalmente la vía pública o viviendas ajenas. La oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional parte de esa reforma y en noviembre aprobó una moción en el Congreso para emplazar al Gobierno a derogarla.

Ahora, se trata de ir un paso más allá e iniciar el trámite legislativo para acabar con ella. Los grupos contrarios a esta ley no esperarán a la resolución del TC y tampoco a ver si el Ejecutivo inicia por sí mismo la reforma, como le ordenó el Congreso que hiciera.

"Es conocida como 'ley mordaza' precisamente porque cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una 'mordaza' a ciudadanos y medios de comunicación", indica el PSOE en la exposición de motivos de su iniciativa. Los socialistas añaden que "la ley además afecta a otros derechos también reconocidos en la Constitución, como el derecho a la dignidad de la persona, a su integridad física y moral, a la intimidad y a la tutela judicial efectiva", y critican que incluyera una disposición final "para permitir al Gobierno las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla".


xEl PSOE quiere enterrar ya la ley de Jorge Fernández Díaz y volver a la de 1992 hasta que el Parlamento pacte un nuevo texto

Frente a eso, proponen una reforma "para que entre todos podamos elaborar, a lo largo de la tramitación parlamentaria, una ley respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana". Hasta que eso ocurra, proponen derogar la norma del PP y volver a la anterior, aprobada en 1992 y conocida como 'ley Corcuera'.

La propuesta del PNV

El PNV, por su parte, plantea 44 modificaciones al texto de los populares con idéntico objetivo al de los socialistas: hacer una norma "más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas". Entre ellas, están las de acabar con la catalogación de infracción grave para el uso no autorizado de imágenes de agentes o dejar de considerar infracción grave la manifestación ante las sedes de la soberanía nacional, aunque estas perturben la seguridad pública. Igualmente, proponen la reforma de las 'devoluciones en caliente' en la frontera.

Socialistas y nacionalistas vascos cuentan con el aval de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís o EH Bildu, mientras Ciudadanos cree que la ley alumbrada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz es memorable en muchos aspectos, pero reniega de la derogación que propone el PSOE y prefiere consensuar una reforma amplia. En lo que sí coincide toda la oposición es en revertir la iniciativa de Fernández Díaz, algo que también negociará el PP.


xCiudadanos es crítico con la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, pero prefiere alumbrar una nueva norma que volver a la de hace 25 años

Tras la toma en consideración, llegará el mucho más difícil proceso de pactar un texto de consenso. Se trata de una ley orgánica, que para ser aprobada requiere de la mayoría absoluta del hemiciclo. Cuando acabe el proceso de enmiendas parciales en Comisión que se inicia ahora, habrá de volver al pleno en busca de al menos 176 votos para ver la luz. Luego pasará al Senado y, si los populares utilizan su mayoría absoluta en esa Cámara para alterar los propósitos del Congreso, de nuevo tendrá que ser votada en la Cámara baja. Un trámite largo y complejo que concluirá, como pronto, a finales de este año.

De momento, el pleno de este martes vuelve a escenificar lo difícil que lo tiene el PP para gobernar en esta legislatura. El Congreso ya le ha tumbado un decreto ley, ha aprobado multitud de mociones para oponerse a medidas estrella de Rajoy y ha iniciado la reversión de algunas de las más importantes. Cada semana que pasa, el legado de la mayoría absoluta del PP sufre un nuevo jirón.

[47ronin]

La ley se va a caer....Rajoy centra su interés en los presupuestos.

[mu2]

Es una pena, pero lo importante es darle a Rajoy un nuevo Zasca, en lugar de mejorar la ley.

[Heracles_Pontor]

Pues yo prefiero que sean los jueces los que dicten sentencia y no quedar a la arbitrariedad de un funcionario que, en algunos casos, está más interesado en sus palotes que en garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, no se puede ser juez y parte y lo que puede ser una buena herramienta para corregir determinadas conductas, en malas manos, y las hay, es una forma de abuso por la indefensión ante la que se queda el ciudadano en un procedimiento administrativo sin ninguna garantía . . . y lo dejo aquí, porque este foro lo lee cualquiera, pero los profesionales saben de que estoy hablando.

[Heracles_Pontor]

Bien, pues como tu bien dices tiene aristas porque esa ley la hizo el PP en un momento político muy concreto, con un gran número de protestas sociales y sin ningún tipo de consenso porque gozaban de una mayoría absoluta que pensaban les iba a durar eternamente . . . ahora los tiempos políticos son otros y quizás toca limar esas aristas y mantener los aspectos positivos que pueda tener la ley . . .

[Heracles_Pontor]

Y respecto al procedimiento sancionador en materia de tráfico . . . pues hay policías expulsados del cuerpo por hacer un uso indebido de ese procedimiento, pero es que con una placa de matrícula de un coche es más fácil romper la presunción de veracidad de un agente que con una denuncia de la 4/15 . . . y lo sabes . . . pero reconozco que la fuerza de este procedimiento sancionador está, precisamente, esa presunción de veracidad salvo prueba en contrario . . . aunque lo mismo te podría decir de las denuncias de botellón donde los palotes hacen que se cometan autenticas barrabasadas con esas denuncias . . . de manera que hay que tener mucho cuidado con estos procedimientos administrativos porque en muchas ocasiones no sólo son injustos sino que dejan en la más absoluta indefensión al administrado.

[47ronin]

Del viejo orden público a la seguridad ciudadana

Por Yaiza García Reca - 31/03/20171
   


Según la STS de 5 de Abril de 1966: “el orden público nacional está integrado por aquellos principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. Esta cláusula de cierre del ordenamiento jurídico exponía una filosofía propia de un régimen autoritario, una absoluta simbiosis entre seguridad y orden, o mejor dicho entre lo que el Estado entendía unilateralmente por “tranquilidad” y una seguridad carente de derechos. Cuando hablamos de un Estado democrático, la seguridad pasa a dotarse de un significado positivo y debe procurar el libre y efectivo ejercicio de derechos y libertades.

Si la dicotomía entre los conceptos de seguridad autoritaria y democrática parece evidente, hoy vemos cómo el legislador democrático a veces demuestra tener serias confusiones al respecto. Hace unos días asistimos a un fuerte golpe parlamentario del Partido Popular, cuando el pleno del Congreso aprobó tomar en consideración e iniciar la tramitación de las proposiciones de ley de PSOE y PNV para modificar la ley 4/2015 de 30 de marzo. Sí, esa que todos conocemos como Ley Mordaza. Dicha ley supuso un claro retroceso en materia de derechos y libertades. Plasmaba, de forma escandalosa, una involución del concepto de seguridad, acercándose de nuevo a la perspectiva citada al inicio y alejándose de una legislación avanzada en materia de protección ciudadana. El empoderamiento atribuido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la arbitrariedad en la interpretación de los hechos y las conductas sancionables venían claramente a criminalizar la movilización social y la libertad de expresión.

Tirando de hemeroteca, damos directamente con la que el TC derogó, en la igualmente famosa Ley 1/92, la popularmente denominada como Ley Corcuera e incluso Ley de la patada en la puerta. Quizá lo más recordado de aquella es que permitía a policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando perseguían delitos de narcotráfico. El Constitucional anuló el precepto (artículo 21.2), pero igualmente se anulaba el artículo 26.j, en virtud del cual se consideraban infracciones leves de la seguridad ciudadana “todas aquéllas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente ley o en leyes especiales, relativas a la seguridad ciudadana, ‘en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas“. Su artículo 20 admitía la retención para identificación sin límite estipulado.


Llovieron entonces las críticas hacia la Ley Corcuera: alzaron la voz la Asociación Profesional de la Magistratura, el Partido Popular, Izquierda Unida y los sindicatos de clase CC.OO y UGT (representados por Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, respectivamente). Estos últimos aseguraban además que la Ley estaba pensada para vulnerar derechos de los trabajadores restringiendo el derecho de huelga.

Lo que trato de exponer aquí es que parece que tanto la derecha como el centro izquierda han demostrado tener dificultades a la hora de interpretar la seguridad ciudadana, verbigracia de una Estado democrático. Parece que legislar al respecto, ya sea de nuevas o mediante reformas parciales, acaba restringiendo derechos.

Y en estos tiempos, cuando el terrorismo es una amenaza global, con la extrema derecha abanderando soluciones xenófobas y en una Unión Europea más débil que nunca, la seguridad ciudadana se presta a ser la mejor piedra de toque, el eslabón de nuestros principios democráticos.

No obstante, hay que celebrar la batalla ganada al Partido Popular en el Congreso, sin dejar de apelar a una derogación inmediata de la Ley Mordaza y al establecimiento de una mesa de diálogo que aborde una ley orgánica que protectora de nuestro modelo de sociedad, que no criminalice la movilización social y garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión. Que también ofrezca garantías en la actuación policial, más mediación extrajudicial y medidas que aborden alternativas educativas en la prevención del delito o la corrección del mismo mediante la reeducación.

Es importante respetar la dimensión colectiva de la libertad y la seguridad como requisito básico de convivencia. Y no se trata de apelar a un concepto pueril del buenismo: las sanciones han de formar parte de una ley de protección de la seguridad. Pero mientras algunos entienden esto únicamente como restricción policial, apelamos aquí por la contemplación de medidas que favorezcan la no reiteración de conductas antisociales.

Desde Izquierda Abierta, partido en el que milito, demandamos una ley integral de seguridad ciudadana que no tipifique únicamente hecho y sanción, sino que ahonde en la prevención. De la misma manera, debe ser garantista y proporcionada  no solo para quién incurre en el hecho antisocial, también para la tranquilidad de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad.

Ante una sociedad cada vez más timorata, más globalizada y más difícil de abarcar casuísticamente, es fundamental el consenso sobre qué entendemos por seguridad y qué queremos proteger. Como demócratas es prioritario no permitirnos abandonar derechos en favor del discurso exitoso del miedo o de una ajenidad negativa, dejándonos llevar de nuevo hacia conceptos más ligados al orden público que dejan en segundo plano el libre ejercicio de libertades.

[47ronin]

La Policía multa con la Ley Mordaza a más de 1.200 personas al mes por "faltas de respeto" a los agentes

Desde su entrada en vigor, se han tramitado por este motivo 22.627 sanciones del total de 285.000, según los últimos datos del Ministerio del Interior

Se trata del tercer motivo total de multa, por detrás de la tenencia y consumo de drogas y portar o exhibir armas prohibidas

El Estado recaudó algo más de 131 millones de euros por todas las sanciones interpuestas desde julio de 2015

Sanciones tramitadas con la Ley de Seguridad Ciudadana

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el diciembre de 2016
Fuente: Ministerio de Interior
http://www.eldiario.es/sociedad/Policia-Ley-Mordaza-personas-respeto_0_647435645.html

Es uno de los artículos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana y también uno de los más utilizados por la Policía. Las "faltas de respeto y consideración" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el tercer motivo por el que más han sancionado a ciudadanos con la Ley Mordaza desde su entrada en vigor. Por este concepto se han interpuesto  22.627 multas, es decir, 1.257 cada mes y 41 al día, según  los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior en el informe Actuaciones en materia de la seguridad ciudadana  del año pasado.

Agrupando todos los tipos de sanción, la Policía interpuso  285.819 multas en aplicación de la Ley Mordaza, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015. Los datos incluyen los expedientes sancionadores tramitados a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, pero no aquellos que aún no se han elevado o que han sido desestimados. Además, tampoco se incorporan los de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, por lo que las cifras de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentadas.

Las multas referidas a las "faltas de respeto" se constituyen como el primer motivo referente a seguridad ciudadana, ya que las sanciones se dividen entre éstas y las relacionadas con drogas y armas y explosivos. De hecho, "el consumo o la tenencia ilícita de drogas" es, con diferencia, el primer motivo, con 193.000 multas, seguido de "portar, exhibir o usar armas prohibidas", con 31.200 multas.

Importe de las multas tramitadas con la Ley de Seguridad Ciudadana

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el diciembre de 2016
Fuente: Ministerio de Interior

El Estado ha recaudado algo más de 131 millones de euros por todas las sanciones y más de tres millones, con un promedio de 154 euros por sanción, por las relacionadas con el artículo 37.4 de la Ley Mordaza, que contempla como infracción leve –con sanciones de 100 a 600 euros– "las faltas de respeto y consideración  cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Un artículo que desde el principio fue duramente contestado por "la ambigüedad con la que está redactado", de manera que "es imposible saber qué es falta de respeto y qué no", explica Mónica Hidalgo, portavoz del colectivo No Somos Delito. En su opinión, que el articulado no defina los límites objetivos de lo que se considera o no sancionable convierte la norma "en un cajón de sastre en el que cabe todo y deja a discreción del funcionario decidirlo", prosigue.

La Ley Mordaza pasó a castigar con sanciones administrativas infracciones que antes de la reforma de julio de 2015 estaban contempladas en el Código Penal, de forma que debían estar sujetas a un procedimiento judicial. Esta norma "deja sin garantías a los ciudadanos porque no es lo mismo poder defenderte ante un juez que que un funcionario decida subjetivamente lo que él en ese momento considera una falta de respeto", analiza la abogada especializada en Derecho Penal Isabel Elbal.

Una situación que también denuncia la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que retrata "la indefensión que se produce cuando se inicia un expediente sancionador" porque, tal y como explica Hidalgo, "la Administración se convierte en juez y parte, ya que propone la sanción y sanciona al mismo tiempo".

Además, la PDLI hace hincapié en que "se aplica la presunción de veracidad" de lo que dice la Policía porque el artículo 52 de la norma establece que la denuncia o el atestado de los agentes constituirá "base suficiente para adoptar la resolución que proceda", por lo que el ciudadano "se ve obligado a demostrar la falsedad de un relato policial, lo que resulta, en la práctica, imposible", sostiene la plataforma.

A pesar de que la Ley Mordaza registra más de 40 tipos de infracciones, el 95% de las sanciones desde su entrada en vigor han sido por solo cinco motivos: consumo o tenencia de drogas en lugares públicos (art. 36.16), portar, exhibir o usar armas prohibidas (art. 36.10), faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad (art. 37.4), desobediencia o resistencia a la autoridad (art. 36.6) y causar desórdenes o obstacular la vía pública (art. 36.3).

Sanciones de la ley de Seguridad Ciudadana según el tipo de infracción

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el diciembre de 2016
Fuente: Ministerio de Interior

Melilla, la que más sanciona

Por comunidades, la parte alta de la tabla la ocupa Melilla, con diferencia respecto a las siguientes. En la ciudad autónoma se tramitaron en 2016 453 sanciones por cada 10.000 habitantes. Una cifra alejada de La Rioja y Canarias, que son la segunda y tercera comunidad que más multan con la Ley Mordaza con 146 y 138 multas por cada 10.000 ciudadanos.

Sanciones de la ley de Seguridad Ciudadana por comunidad autónoma

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el diciembre de 2016
Fuente: Ministerio de Interior

Por provincias, el sur de Andalucía (Málaga y Almería), Albacete y Las Palmas son las que más multas se ponen por habitante, mientras que Murcia se erige como la provincia en la que menos se sanciona.

En el caso de la comunidad murciana, el dato está relacionado con el bajo número de sanciones relacionados con asuntos de drogas. Las infracciones relacionadas con la tenencia o el consumo de drogas en la región apenas alcanzan el 2% del total mientras en el resto de comunidades superan el 40%.

Sanciones de la ley de Seguridad Ciudadana por provincias

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el diciembre de 2016
Fuente: Ministerio de Interior

Respecto a otros artículos de la norma muy contestados socialmente, se han interpuesto 16.400 multas en 2016 por "desobediencia o resistencia a la autoridad" o 1.395 por ocupación de algún inmueble contra la voluntad de su propietario. Además, el Estado ha recaudado casi 94 millones de euros por las 193.000 multas interpuestas en 2016 en aplicación del artículo 36.16 de la ley.

Este precepto considera infracción grave –con sanciones que van de 601 a 30.000 euros dependiendo del grado– "el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico".

Según explica Elbal "este tipo de sanciones están enfocadas al llamado 'menudeo', por ejemplo, llevar una pequeña cantidad de hachís en el bolsillo o incluso tener una planta de marihuana en la terraza". La anterior Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en 1992, ya preveía fuertes multas por ello,  aunque la Ley Mordaza incrementó el importe.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, siete de cada diez expedientes tramitados estuvieron relacionados con drogas.

[47ronin]

El Gobierno deberá explicar por qué envió policías a vigilar una reunión de padres a la puerta de un colegio

La Delegación del Gobierno prohibió una concentración de madres y padres pero el Ayuntamiento de Madrid permitió la instalación de mesas informativas

Los agentes amenazaron con sanciones individuales si se reunían "más de dos personas" a recoger panfletos y escuchar las protestas, según el AMPA

Unidos Podemos-En Comú-En Marea registra una batería de preguntas para saber quién dio la orden y si la ley mordaza se pensó para actuaciones así
Aitor Riveiro
31/05/2017 - 20:44h

El pasado 25 de mayo un grupo de madres y padres de un colegio de Madrid se preparaban para instalar unas mesas informativas en la acera frente al centro educativo que había autorizado el Ayuntamiento de la ciudad. Su intención era divulgar su preocupación por las obras que se están desarrollando en un edificio próximo y que ponen en riesgo, creen, a sus hijos. Antes de que comenzara el acto, agentes de la Policía Nacional se presentaron en las instalaciones para cerciorarse de que la acción no se convertía en una concentración que la Delegación del Gobierno había prohibido y amenazó con sancionar a los presentes si hacían grupos de más de dos personas.

Ahora, el Gobierno tendrá que explicar en el Congreso el motivo de esta actuación tras una serie de preguntas parlamentarias de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

Las madres y padres del colegio Guindalera de Madrid comenzaron a mediados de mayo una serie de protestas para exigir que se paralizaran las obra de demolición de un antiguo edificio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El motivo: las empresas constructoras, Pryconsa y Amenábar, habían instalado una grúa en mitad de una calle que bloqueaba la salida de emergencia del pabellón de infantil del colegio.

Desde el inicio de la demolición habían caído cascotes y objetos fuera del área de seguridad, llegando a encontrarse dentro del recinto educativo, según relata para eldiario.es una de las madres.

La AMPA del colegio pidió que se paralizaran las obras un mes, hasta el final del curso escolar. Pero las constructoras lo rechazaron. Por eso comenzaron a movilizarse en el barrio.  Convocaron una primera concentración con menos  repercusión de la que hubieran deseado. Así que comunicaron su intención de la Delegación del Gobierno de celebrar una segunda protesta, para la que pidieron la participación de todos los vecinos del barrio.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, les prohibió esta segunda manifestación. Dancausa, imputada por su gestión al frente de Mercamadrid, consideró que "no existían causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria", según el escrito oficial.

Dancausa consideraba que la manifestación previa agotaba los motivos para convocar una nueva con carácter de urgencia.

Las madres y padres optaron entonces por llamar a la puerta de otra admisnitración, el Ayuntamiento de Madrid. Solicitaron permiso para colocar unas mesas en las que repartir panfletos e información sobre los riesgos que entrañan las obras.

Cuando estaban preparando el acto, apareció la Policía Nacional. Desde el AMPA explican a eldiario.es que los agentes les explicaron que había ido a "supervisar que no se hacía una concentración prohibida". Cuando les enseñaron el permiso de la Junta de Distrito para colocar las mesas informativas, "se fueron y llamaron por teléfono para hacer una consulta", sigue el relato de las madres y padres. A su regreso les aseguraron que iban a vigilar el acto y que si se reunían "grupos de más de dos personas" se sancionaría de forma individual a los presentes.

Antes lo que los afectados consideran amenazas, optaron por permanecer dentro del recito educativo, lo que impidió de facto que pudieran desarrollar el acto para el que tenían permiso.

Los hechos han llegado ahora al Congreso. El diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos y el de En Comú Marcelo Expósito han registrado una batería de preguntas que el Gobierno deberá responder. Los diputados preguntan quién dio la orden de que acudieran los policías a un centro escolar y con qué instrucciones; qué "sospechas" había para "una acción preventiva" como esa "frente a un colectivo de madres y padres que se habían manifestado en todo momento de forma pacífica" o si "es tarea de la Policía" Nacional "presionar sin motivo" a un grupo de madres y padres.

Los diputados también preguntan si "la Ley Mordaza es una herramienta prpoporcionada para ser utilizada contra padres y madres" y cuántas intervenciones de este tipo se han producido.

La impericia de las constructoras, que van a levantar viviendas "de alto standing" en uno de los distritos más ricos de la ciudad, ha jugado a favor de los padres. Aunque sí solicitaron la licencia de demolición del viejo edificio de la CECA, no pidieron la licencia de ocupación de vía pública, por lo que han tenido que retirar la grúa que impedía el paso de los niños a sus aulas y, en caso de un imprevisto, su evacuación.