Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 219893 veces)

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2200 en: 30 de Enero de 2019, 07:51:55 am »
El final de la ley mordaza: el Congreso, listo para desarticular sus puntos más lesivos

Los grupos abordarán en unas semanas la reforma de los artículos referidos a los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador de la ley de seguridad ciudadana.


27/01/2019 22:58 Actualizado: 27/01/2019 22:58

alexis romero @alexisrmoran

La ley de seguridad ciudadana puede estar cerca de su final. La ponencia encargada de reformar la norma, bautizada por sus detractores como la ley mordaza, abordará durante la próxima semana algunos de sus artículos más lesivos; concretamente, los que se re refieren a los límites de los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador.

Los grupos han trabajado durante los últimos meses para elaborar un nuevo texto que sustituya a la ley redactada de forma unilateral por el PP en 2015. La mayoría de los trabajos de la ponencia han ido encaminados a la búsqueda de fórmulas para acotar los contenidos de la ley, ya que los grupos critican que uno de los principales problemas de la norma vigente es que se caracteriza por la indefinición en su articulado.

Durante la primera reunión de la ponencia, los partidos llegaron a un acuerdo para definir y acotar el concepto de seguridad ciudadana, además de para suprimir términos como el de “tranquilidad ciudadana”, cuya “ambigüedad”, a juicio de algunos miembros de la ponencia, crea espacios idóneos para el abuso de los poderes del Estado.

La pasada semana los grupos llegaron a un consenso para imponer límites a determinadas actuaciones policiales, como los registros y los cacheos. La comisión estudia reformas como que los registros corporales en profundidad no se puedan realizar en plena calle o la posibilidad de reducir el tiempo de retención de una persona durante su identificación en dependencias policiales.

En estas sesiones se han tratado 29 de los 54 artículos que compone la propuesta de reforma de la ley de seguridad ciudadana, un texto presentado por el PNV al que los grupos han propuesto sus enmiendas. Durante las próximas sesiones, los miembros de la ponencia debatirán sobre el artículo 23, “reuniones y manifestaciones”, que también ha recibido críticas por su indefinición.

Uno de los grupos que más enmiendas ha planteado a este apartado es el de Unidos Podemos. Los de Iglesias registraron en marzo del pasado año más de 100 propuestas de modificación al articulado de la ley; algunas de estas enmiendas, aseguran fuentes del grupo confederal, siguen “vivas” y la intención es presentarlas para su debate en las reuniones de ponencia.

El grupo quiere que el hecho de no comunicar a las autoridades competentes la celebración de una manifestación no sea motivo suficiente para que los agentes de la autoridad puedan disolverla.”En ocasiones (la ley de seguridad ciudadana) parece hecha para otros tiempos, y la sociedad cambia. Ahora es mucho más dinámica, en parte por el uso de las redes sociales, y muchas manifestaciones y marchas tienen un carácter más espontáneo. El hecho de no comunicar la convocatoria no puede formar parte del elemento de la sanción”, explican fuentes del grupo confederal.

También buscarán introducir una enmienda para que los “actos violentos aislados” durante una manifestación no sean causa de su disolución, “debiendo diferenciar las fuerzas de seguridad entre manifestantes pacíficos y aquellas personas que actúen de manera violenta”.
Las enmiendas plantean prohibir el uso de las pelotas de goma y crear protocolos sobre la gestión policial de manifestaciones

Entre estas enmiendas se incluye la prohibición del uso de pelotas de goma y la introducción de “protocolos específicos” sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, “incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios y sistemas de rendición de cuentas”. El grupo trabaja en una fórmula para introducir una suerte de organismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales, aunque todavía no se ha materializado.

En las próximas reuniones de la ponencia también se abordarán las enmiendas presentadas a los artículos del Capítulo V, que contiene el régimen sancionador de la norma. Este apartado de la ley mordaza es uno de los más polémicos y que más críticas ha recibido, ya que constituye de facto cuáles son las infracciones y las multas y sanciones aparejadas a las mismas.

El apartado 6 del artículo 36 de la ley contempla, por ejemplo, la “resistencia o la desobediencia a la autoridad o a sus agentes”, como una infracción grave, que acarrea sanciones mínimas de 600 euros que pueden llegar a los 30.000 euros. Entre las infracciones leves se encuentra el artículo 37, que se refiere a “las faltas de respeto” a los agentes de la autoridad, para las que el régimen sancionador contempla multas que van desde los 100 hasta los 600 euros.

El experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías insiste en que “el grave problema de la ley” está, precisamente, “en las sanciones”. “Cuando estableces una infracción sancionable muy abierta que permite cierta discrecionalidad de la Policía, esto puede afectar a personas que están ejerciendo un derecho, de la manera en que se crea un efecto disuasorio que provoca que la gente tenga miedo a ejercer sus derechos”.

Urías explica que el régimen sancionador da pie a reconocer como infracciones todas aquellas conductas que no estén tipificadas como delito en el Código Penal, ya que muchos de los artículos de la norma se refieren a las conductas que “no sean constitutivas de infracción penal”. “La desobediencia viene definida en el Código Penal, pero la ley (de seguridad ciudadana) recoge la desobediencia para todas aquellas conductas que no sean infracciones penales; ¿qué tipo de desobediencia no es delito? Pues ahí hay un margen muy amplio”, afirma el experto en Derecho Constitucional.
La ley mordaza también hace caja

El número de infracciones, con sus correspondientes multas, registradas por los agentes de la autoridad en los últimos años es un buen indicador del margen sancionador de la norma. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) recoge una serie de datos publicados por el Ministerio del Interior en lo que se refiere a la recaudación de las multas por infracciones recogidas en la norma.

Desde su entrada en vigor la ley ha recaudado en total casi 270 millones en multas. Las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015; alcanzaron los 89,6 millones en 2016 y en 2017 llegaron a los 135,7 millones.

Además, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, la aplicación del artículo 36.6 (relativo a la desobediencia o resistencia a la autoridad) ha supuesto la apertura de 29.438 denuncias por un importe total de 18,1 millones, mientras que por el 37.4 (“faltas de respeto”) se han impuesto 43.749 multas por valor de 6,5 millones de euros.


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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2201 en: 16 de Abril de 2019, 09:41:39 am »

Vivir entre 150 taxis de la droga: «Es insoportable, con tirones, excrementos y jeringuillas»

Una plataforma vecinal exige a los partidos y Delegación del Gobierno que atajen el rebrote de las cundas, que traen inseguridad y degradación a Vallecas

M. J. Álvarez
M. J. Álvarez
@mariajo_abc
MADRIDActualizado:
16/04/2019 01:05h


Llevan tiempo. Tanto, que los vecinos conocen sus rostros avejentados y macilentos. Su delgadez es fruto de los estragos que produce la droga en sus cuerpos. Salen por goteo del intercambiador de transportes de Sierra de Guadalupe (Villa de Vallecas) y esperan. Este lugar ha sido y sigue siendo la «parada» por antonomasia de los taxis o cundas de la droga. La que les va a llevar hasta el supermercado más grande de Europa, la Cañada Real Galiana, mientras siga existiendo. Van en busca de su dosis diaria. A veces, más de una, según su grado de dependencia. El precio del «billete»: 5 euros.

«Ha habido una época en la que hemos estado más tranquilos, pero desde el verano pasado para acá, esto es insoportable. Ahora es otra mafia –dice, aludiendo las cundas y su clientela, pues cada una tiene la suya–. Gritan, se pelean y arman mucho jaleo. Eso que son menos que antes. Yo, a veces, abro la ventana y les digo que bajen la voz porque no me dejan dormir». Eso dice Ana García, mientras pasea a sus perros en la rotonda en la que esperan el próximo «viaje» cinco personas de entre 40 y 50 años. Los excrementos humanos y el olor a orín es intenso la Travesía de Sierra de Guadalupe.
Jeringuillas usadas junto al intercambiador
Jeringuillas usadas junto al intercambiador - DE SAN BERNARDO

Su opinión la corroboran desde la Plataforma Vallecas Villa Anticundas, que exigen soluciones a la Delegación del Gobierno y a los partidos políticos, aprovechando que estamos en campaña electoral. «Queremos que acaben con este negocio ilegal en nuestro barrio y a las puertas de nuestras casas porque genera degración, suciedad, peleas, inseguridad, robos, destrozos y riesgos sanitarios, ya que los toxicómanos dejan las jeringuillas tiradas en cualquier sitio», recalca un portavoz, que califica la situación de insoportable.

«Han vuelto los tirones como en los años 80 o los robos al descuido para poder pagarse el viaje a la Cañada y un par de picos o rayas. Algunos duermen dentro de coches o rompen los cristales de otros para arramplar con lo poco de valor que haya... No puede ser que la respuesta de la Delegación, a la que en octubre le presentamos 3.500 firmas, como al resto de administraciones, sea que no se puede hacer nada. Ninguno se ha molestado en recibirnos. En Embajadores, las han eliminado. ¿Por qué aquí no?», recalcan desde Vallecas Villa Anticuadas.

La Ley de Seguridad Ciudadana permite el decomiso de este tipo de vehículos siempre que se demuestre que se usan para una actividad ilegal. Esto hizo que, desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, estos «taxis» se diseminaran en función de la presencia policial. En Villa de Vallecas pasa igual. Cada vez hay más «paradas»: Sierra de Gádor, Felipe Álvarez, Calle Arboleda, avenida de la Democracia, Gran Vía del Este, San Jaime... Aunque, según la plataforma, no los incautan. «Solo se los llevan si cometen una infracción del tráfico y nos dicen que no tienen depósitos para guardarlos», insisten.

También se quejan que los políticos intentan que se sumen a sus siglas en lugar de resolver sus problemas: «Solo han mostrado interés la Policía Nacional y Municipal».
Un WC portátil que utilizan para hacer «chinos»
Un WC portátil que utilizan para hacer «chinos» - DE SAN BERNARDO
Coches nuevos y de alquiler

Para evidenciar la situación realizaron un conteo. «En cuatro meses hemos detectado 150 cundas. Y no son coches destartalados como antaño. Son nuevos, y algunos hasta alquilados». ABC da fe de ello. En las dos horas que pasamos en las inmediaciones vemos cuatro vehículos, entre ellos un KIA Sportage, un Seat León, un Peugeot 208 y otro, tan veloz, que no da tiempo a ver su marca.

Ninguno aparca a un lado de la rotonda como hacían antes. Los conductores, entre los que hay incipientes drogodependientes y gente sin escrúpulos que se gana de este modo la vida, aprovechan el semáforo para que su clientela suba. « Están organizados y desperdigados por la plaza. Cuando llega una cunda, se avisan por teléfono; les deben de decir el modelo de coche y uno de los que está esperando silba y vocea. Es la llamada a los demás», explican unos limpiacristales.

Entonces, uno o dos «viajeros», no más, abren las puertas, intercambian unas breves palabras y suben. Uno de los «yonquis», el que más grita, se ha quedado en tierra dos veces. «No debe de tener dinero para pagar y no le fían», recalca José Herrero, acostumbrado a este trajín. Si en 60 minutos hay una decena de «yonquis» esperando su cunda, la hora punta es por la tarde. «Hemos visto un corro de 15 o 20 a la salida del intercambiador», recalcan unos asiduos a esta línea. A veces, se coloca una Unidad de Denuncias o un patrulla de Policía Municipal. Los vigilantes de seguridad no dejan entrar a los toxicómanos a la estación; llegan desde otros puntos. «Dejan las pipas, los restos del chino que se han fumado y las jeringuillas. Una compañera se clavó una», dicen dos empleados de limpieza.




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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2202 en: 02 de Julio de 2019, 14:09:56 pm »


Multan a un joven por lucir una pegatina con el mensaje “Almeida carapolla” en las fiestas de Vicálvaro

 
STRAMBOTIC 02.07.2019 11:26 IÑAKI BERAZALUCE

“Almeida carapolla, seremos tu peor pesadilla”. Este es el mensaje que aparecía en una pegatina con la cara del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y por el que ha sido sancionado un joven durante las fiestas del madrileño barrio de Vicálvaro, que se celebraron el pasado fin de semana.

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“Ayer, en las fiestas de Vicálvaro, me regalaron está pegatina tan chula por la que ME HAN SANCIONADO administrativamente, es decir me han puesto una multa por insultar a una "autoridad". La llevaba pegada en la camiseta.

El nuevo ayuntamiento fascista que tenemos se muestra implacable y represor. No fui el único. EN ESTE PUNTO ESTAMOS.

Espero que el funcionario que me multó y me saco las fotitos del DNI junto a la pegatina sea condecorado y le den muchas palmaditas en la espalda. Menudo CABRÓN”, relata Brecho KV en un post en su perfil de Facebook. Brecho aparece en la red social como administrador de Komando Vikálvaro, un grupo de rap.

¿Qué es y por qué
es importante?
 Público se escribe con t

Te presentamos nuestro mapa de transparencia. Creado para lectores exigentes como tú

El delito leve por “falta de respeto a la autoridad” fue introducido en el código penal en julio de 2015, según explica la página Mundo Jurídico: El Código Penal contempla que “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses”.

En una actualización del post realizada hoy mismo, Brecho KV relata que : “Tras acudir a comisaría a aclarar e informarme de este asunto, se me aclaran (de muy malas formas por cierto), que la denuncia ha sido puesta y que no hay sanción a día de hoy, si no que esa denuncia propone una sanción administrativa, que se puede dar o no. Veremos en qué acaba”.

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La tortuosa relación de Almeida con el distrito de Vicálvaro (70.000 habitantes, 4.719 votos para el PP frente a 12.300 para Carmena) empezó en la pasada campaña electoral. El ahora alcalde intentó borrar una pintada con las siglas A.C.A.B. (“All Cops Are Bastard”), pero acabó sacándole brillo. Días después, apareció en el mismo lugar otra pintada con la leyenda que puede convertirse en su mote: “Almeida carapolla”.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2203 en: 02 de Julio de 2019, 14:52:31 pm »
Pués a partir de ahora, Almeida ya tiene mote, y con esta noticia hecha viral . . . más, flaco favor le hacen al Sr. Alcalde con estas cosas . . .

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2204 en: 02 de Julio de 2019, 14:55:08 pm »
Pués a partir de ahora, Almeida ya tiene mote, y con esta noticia hecha viral . . . más, flaco favor le hacen al Sr. Alcalde con estas cosas . . .

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Y en cuál de los artículos encaja?

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2205 en: 02 de Julio de 2019, 15:09:34 pm »
Da igual el artículo, probablemente en ninguno y la denuncia se archive, pero el daño a la imagen de Almeida, esa precisamente que querían proteger, ya está hecho, ese mote correrá por las redes como la pólvora y ya nunca se podrá deshacer de él.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2206 en: 02 de Julio de 2019, 16:19:40 pm »
Da igual el artículo, probablemente en ninguno y la denuncia se archive, pero el daño a la imagen de Almeida, esa precisamente que querían proteger, ya está hecho, ese mote correrá por las redes como la pólvora y ya nunca se podrá deshacer de él.

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No me atreveria a llamarle "caraculo" al Alcalde, perdón, "carapolla"...."tio pepito" ya me parece excesivo, así que, dejémoslo en el señor Almeida.

Eso sí, me sigue picando la curiosidad del artículo aplicado.....será por el articulo "33"?

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2207 en: 02 de Julio de 2019, 17:16:22 pm »
Pués a partir de ahora, Almeida ya tiene mote, y con esta noticia hecha viral . . . más, flaco favor le hacen al Sr. Alcalde con estas cosas . . .

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Pues tenía usted razón....ya ha empezado.

https://twitter.com/DiosPanceta/status/1146047511506931712?s=19


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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2209 en: 02 de Julio de 2019, 21:59:28 pm »
Estaba claro . . .

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2210 en: 04 de Julio de 2019, 15:12:44 pm »


El caso Carapolla: pegatinas, municipales y hashtags


Esta es la historia de un vecino de Vicálvaro. Uno más de los que en las fiestas de su barrio se pusieron una pegatina en la que se podía leer: Almeida Carapolla. Pero también es la historia de un exceso policial, el que cometieron agentes identificando a este vecino y amenazándole con una sanción.

ARTE EL SALTO
ANA ENCINAS
@ANAENCINASD

2019-07-04 11:19:00
Esta es la historia de un vecino de Vicálvaro de 32 años que el viernes bajó a las fiestas populares del distrito. Cerca del recinto ferial se cruzó con un grupo de gente que repartía pegatinas en las que se leía “Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla”.

Ni tres semanas lleva el alcalde en el sillón y ya ha hecho los méritos suficientes para que la gente de Madrid encuentre un puñado de formas de opinar sobre su política tirando de un humor mejor hilado y a través de una chufla más elegante. Sí. Pero la historia viene de más lejos y el “carapolla” de la pegatina se entiende solamente después del ridículo que el señor alcalde hizo en el mismo distrito en tiempos de campaña electoral, cuando se presentó rodeado de prensa con la intención de borrar —aunque acabase puliendo— una pintada que expresa las siglas A.C.A.B. ¿La reacción a esta visita? Otra pintada por la que el actual alcalde ya ni pasó y que reza eso que estos días ha terminado haciéndose viral: #AlmeidaCarapolla.


“Las pegatinas me hicieron muchísima gracia y me la puse en la camiseta. Sin más”, cuenta BKV (las siglas corresponden a su usuario en una red social, donde ha colgado un post para denunciar los hechos que ya casi ha dado la vuelta al mundo). “Me hizo gracia además ver a mucha gente con ellas puestas”. B no tuvo ningún problema en acceder al recinto en un primer momento, pero fue al pasar por segunda vez por el control de acceso cuando un funcionario de la policía municipal le pidió el DNI y le preguntó qué hacía con esa pegatina. La policía le interpeló: “¿Sabes quién es?”. Su primera respuesta fue “no”, pero corrigió al instante: “mira, no te voy a mentir, sí sé quién es”. Es entonces cuando “empieza a sacar fotos de mi DNI junto a la pegatina, con su móvil personal”. Después le informaron de que iba a ser denunciado por insultar a una autoridad competente y que le caería una sanción administrativa.

“El policía me dice que si tengo algún problema lo recurra y que a ver si nos enteramos ya”. B. se queda allí, no se cree que vayan a multarle por llevar una pegatina.

Esta es también la historia de un exceso policial. “El policía me dice que si tengo algún problema lo recurra y que a ver si nos enteramos ya”. B. se queda allí, no se cree que vayan a multarle por llevar una pegatina. El policía le devuelve el DNI y le dice que buenas noches. Tres días después, este lunes, acude a comisaría por entender que la actuación de los agentes el sábado podría ser contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Todo bien hasta que explica a otro agente qué le ha llevado hasta allí: “En ese momento el tono cambia, se echa las manos a la cabeza y me dice que deje ese tema”. Le cuentan que la actuación de los policías en todo momento fue legal, que las fotografías se sacan con el teléfono personal porque no tienen teléfonos corporativos “al igual que no tenemos bolígrafos corporativos”. Que lo hacen para agilizar los procesos. También pregunta por la denuncia. La conversación, según B., transcurre más o menos así: “¿Mi compañero te dijo que te iba a denunciar? Pues entonces te llegará la sanción, o no. Te toca esperar, pero a ver si dejamos ya este tema”.


Expresa BKV que salió de comisaría “con poco resuelto, con la sensación de que unos se cubren a otros y con la sensación de que me habían tomado por tonto por el símil entre tener una foto en un móvil personal para hacer su trabajo y usar un bolígrafo personal para hacer su trabajo”. De momento no hay más noticias sobre la sanción. Toca esperar para saber si a él como a otros a quienes identificaron el pasado fin de semana en Vicálvaro por la misma pegatina les llegará finalmente la multa. O no.


DEL INSULTO A UNA “AUTORIDAD COMPETENTE” AL EFECTO STREISAND

El insulto a un alcalde no está recogido como infracción administrativa, por lo que el argumento que la policía utilizó el viernes —en nombre del ayuntamiento— carece de base legal. No deja de ser curioso que haya que recordar esto a la policía municipal de Madrid, que este mismo año ha visto cómo se archivaba definitivamente la causa abierta contra los tres agentes que, en 2017, calificaron de “vejestorio despreciable” a Manuela Carmena desde un chat con más de 200 miembros a la vez que bramaban que “lo terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”. En esta ocasión los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid entendieron que el ayuntamiento no podía ejercer la acción penal por injurias y calumnias, ya que debía ser iniciada por la propia alcaldesa al referirse a “hechos concernientes en el ejercicio de su cargo”.

Almeida es una autoridad competente porque es un cargo público con capacidad para dictar documentos con fuerza de ley, pero ha olvidado en estas semanas que la limitación de la libertad de expresión no le va con el título de alcalde. Mucho menos por vía administrativa.  Con lo sucedido en las fiestas de Vicálvaro el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid puede apuntarse ya su primer ridículo viral, y es que ni siquiera la retirada de Madrid Central ha podido competir con el tráfico que estos días ha tenido el hashtag #AlmeidaCarapolla, convirtiéndose ayer, 3 de julio, en trending topic en las principales ciudades del Estado a pesar de que Twitter no lo reflejase en su columna de tendencias.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2211 en: 04 de Julio de 2019, 16:24:34 pm »
Ya lo dije, flaco favor le han hecho al Sr. Almeida con esta actuación y sobre todo con una como esa, que hecha viral, ya siempre tendrá mote el Señor Alcalde.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2212 en: 04 de Julio de 2019, 17:29:16 pm »
Ya lo dije, flaco favor le han hecho al Sr. Almeida con esta actuación y sobre todo con una como esa, que hecha viral, ya siempre tendrá mote el Señor Alcalde.

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Y cree usted que llegará la denuncia?

Y oiga, ya puestos.....porque no le dieron copia en el momento?

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2213 en: 04 de Julio de 2019, 21:08:08 pm »
No vamos ahora a abrir ese melón . . .

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2214 en: 05 de Julio de 2019, 06:37:26 am »
No vamos ahora a abrir ese melón . . .

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2215 en: 07 de Septiembre de 2019, 07:08:40 am »
multas de hasta 10.400 euros
Un comisario aplica la ley mordaza en Yecla y dispara la recaudación: "Es una barbaridad"

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-06/ley-mordaza-particulas-marihuana-multa-10400-euros_2213163/

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2216 en: 09 de Septiembre de 2019, 18:06:28 pm »


10.401 euros de multa por un porro en el bolsillo y ser reincidente


Carlos ha sido multado en Yecla en aplicación de la Ley Mordaza con sanciones que suman 10.401 euros por llevar restos de marihuana en el bolsillo (0,1 gramos una de las veces) y ser reincidente en la falta"Están destrozando a los jóvenes, es muy injusto", se lamenta Carlos. Ahora dedica el 40% de su salario a pagar una de las multas a plazos. El Ayuntamiento coincide en que es "una barbaridad"El estudio jurídico Brotsanbert denuncia las "sanciones desproporcionadas" por la mera tenencia en espacios públicos, sin consumo


EFE
Por Daniel Sánchez Caballero
08 sep 2019 21:13

A Carlos le han puesto más de 30.000 euros en multas por posesión de cannabis. Carlos (el nombre ha sido cambiado) no es un narcotraficante: es consumidor y su delito más habitual es llevar un porro o dos en los bolsillos. Pero es reincidente. Y la Ley Mordaza establece sanciones de un mínimo de 10.401 euros por reincidencia en la posesión de cannabis. Carlos lleva tres multas en un año.


Una de ellas fue por "tenencia y consumo de sustancia estupefaciente" (él niega el consumo), según se lee en la denuncia de la policía municipal de Yecla (Murcia), donde reside. Cuando le pararon, los agentes le intervinieron un "grinder [un pequeño aparato que se utiliza para picar la marihuana] con restos de sustancia vegetal, al parecer marihuana", reza el acta. Se envió el material intervenido al laboratorio, que lo pesó: había 0,01 gramos, una cantidad de yerba que cabe en la punta de un dedo. Le cayó encima toda la ley mordaza: 10.401 euros de multa, da igual la cantidad.



Análisis de 0,01 gramos de cannabis intervenido en Yecla.
Carlos y no es el único que está sufriendo esta situación. Son varios los ciudadanos que han recibido estas notificaciones. Otro vecino tiene una multa de la misma cuantía por 1,48 gramos de cannabis, una cantidad que no supera los diez euros en la calle [ver la denuncia un poco más abajo].

El bufete de abogados Brotsanbert denuncia que "los ciudadanos de esta localidad están sufriendo una imposición sistemática de sanciones por tenencia de cannabis". El abogado Francisco Azorín explica que muchos jóvenes de la ciudad han entrado en contacto con organizaciones pro cannabis como el bufete en el que trabaja para denunciar esta situación. Según sus cálculos, se han impuesto en el municipio, de 35.000 habitantes, al menos 50 sanciones por esta razón.


"La posibilidad de la aplicación de sanciones desmedidas a personas usuarias de cannabis a causa de la reincidencia ya se advirtió por parte de diferentes expertos cuando entró en vigor la ley mordaza", explica Azorín.

La Ley de Seguridad Ciudadana —aprobada por el PP, el PSOE prometió derogarla pero no lo ha hecho— establece tramos para las sanciones en función de su gravedad. Para las infracciones graves, categoría en la que incurre el consumo o tenencia de cannabis de manera reiterada, contempla multas mínimas de 10.401 euros y máximas de 20.200 euros.

Un portavoz del Ayuntamiento de Yecla declara a eldiario.es que al consistorio también le parecen "una barbaridad" estas cuantías, que tienen "una actitud de diálogo" y que incluso se reunieron con los abogados de Brotsanbert. Llegaron a consultar con la Delegación del Gobierno si había otra manera de afrontar la situación. "Es la ley y hay que aplicarla", les respondieron, según el portavoz.

Carlos, de 24 años, lo ve diferente. "Empezaron a perseguirme al año de empezar a fumar. Las primeras multas eran de 600 euros, ahora se están pasando". Cuando le llegó la primera multa por reincidir, la pagó con reducción a la mitad: 5.200 euros. No le había dado tiempo a devolver ese dinero cuando le comunicaron que tenía una segunda (la del grinder) que además no podía pagar reducida porque se le había pasado el plazo. En el mes y medio que ha pasado desde entonces le han puesto otra más, cuya notificación está esperando.

"Están destrozando a los jóvenes, es muy injusto", lamenta Carlos. Ahora dedica casi el 40% de su salario a pagar la segunda multa, íntegramente, a plazos, mes a mes. "Se te quitan las ganas de trabajar", afirma. Y sostiene que vive espantado de que la empresa en la que trabaja se entere de la situación y le despida.


El abogado Azorín coincide y califica la situación de "imposición sistemática de sanciones por tenencia de cannabis", e introduce otro elemento en la ecuación: la ley mordaza contemplaba en su artículo 43 la creación de un registro de reincidentes "a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en esta ley". Pero el registro no existe, nunca se ha creado.

"La pregunta que hay que hacerse es: ¿Se puede aplicar la reincidencia si no tienes habilitación legal para hacer un registro de reincidentes?", se pregunta Azorín. "¿Cómo saben que lo es? Veremos qué dicen los jueces, tenemos cuatro causas pendientes para el año que viene", explica.

Será tarde para Carlos. Él ya ha pagado una multa, está pagando otra y pendiente de recibir la tercera. Con el tema de los pagos de las sanciones se da otra circunstancia más sobre la que alerta el abogado. Al beneficiarse del pronto pago y la reducción del 50%, el infractor renuncia a recurrir.

Lo explica Azorín: "La ley llega a a comprar el derecho a recurrir del administrado por 5.200 euros, algo que consideramos inconstitucional. Además, la administración suele confirmar las sanciones, por lo que para conseguir anularlas hace falta acudir a un juzgado, con el consiguiente gasto, que en el caso de estas sanciones puede rondar los 3.500 euros".