Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 217018 veces)

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2200 en: 08 de Noviembre de 2018, 16:20:19 pm »
Intervención completa del Coordinador de la plataforma Una Policía para el S.XXI, Samuel Vázquez, en el Congreso de los Diputados para la comisión de interior de la reforma de la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

https://es-es.facebook.com/PoliciaSXXI/videos/1144208492413414/

Me quito el sombrero.

 :Plasplas

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2201 en: 08 de Noviembre de 2018, 19:43:34 pm »

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2202 en: 28 de Noviembre de 2018, 06:56:06 am »

Los partidos abren la reforma de la 'Ley Mordaza' con cambios en el concepto de seguridad ciudadana

Los partidos acotan la definición de seguridad ciudadana ligándola a la garantía del ejercicio de derechos y libertades en el espacio público y de una convivencia pacífica

Diego Molpeceres

28.11.2018 - 05:15

La Comisión de Interior del Congreso ha arrancado este martes el debate para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -aprobada en solitario por el Partido Popular en 2015 y apodada por sus detractores como 'ley mordaza'- con un cambio del propio concepto de seguridad ciudadana.

En la ponencia, los portavoces de los distintos partidos han acordado acotar la definición para reducir el margen de interpretación de la norma, ligándola al ejercicio "pacífico" de las libertades y derechos fundamentales y a la convivencia en los espacios públicos. La redacción de la definición final aún está en manos de los letrados, pero permitiría garantizar la libertad de reunión o manifestación y acabar con aquellas medidas que puedan "desalentar la protesta social".

Los grupos han empezado a debatir parte de las más de 200 enmiendas presentadas a un texto del PNV que pretende reformar la polémica norma de los populares. El PSOE había presentado otra iniciativa que buscaba derogarla por completo, pero finalmente se trabajó sobre la de los nacionalistas vascos.

La ponencia presidida por el exministro de Justicia del PP Rafael Catalá se reunirá de nuevo el día 12 de diciembre y los miembros de la Comisión han acordado solicitar la activación del mes de enero (fuera del período ordinario de sesiones) para avanzar en los trabajos, según fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli. El trámite llevaba casi año y medio bloqueado y los socialistas pretenden ahora que la reforma esté lista lo antes posible.
Infracciones

Para las últimas sesiones se dejarán los temas donde con toda seguridad surgirán disputas por la distancia que existe entre los diferentes grupos. Por ejemplo, en el aspecto de las cuantías de las infracciones administrativas, de las devoluciones en caliente, de los registros corporales en la vía pública o de la captación y difusión de fotografías o vídeos de agentes policiales.

Los nacionalistas vascos proponen que este último punto no sea castigado como una infracción grave piden también que no sea obligatorio comunicar a las autoridades la celebración de concentraciones o manifestaciones pacíficas. En la sesión de este martes se ha debatido también que se pueda blindar por ley la expedición del DNI en las distintas lenguas oficiales, que actualmente está regulado por decreto.

Desde el PP insisten en que la revisión permitirá mejorar artículos de la norma, pero no modificará su espíritu. "El trabajo del PP será defender que la ley de seguridad ciudadana de 2015 se hizo con sentido común", dijo Catalá. Aunque "quizá haya que mejorar algunas cosas, pero no aquellas que han demostrado que funcionan bien", añadió.

   

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2203 en: 18 de Enero de 2019, 08:23:25 am »

Una activista, multada con 600 euros por "arengar" a ocupar una acera durante una manifestación contra 'la manada'

La expresidenta del Fórum de Política Feminista Nina Infante participó en una concentración en Valladolid el 22 de junio de 2018 para protestar contra la puesta en libertad de los cinco hombres de 'la manada'

Con la Ley Mordaza en la mano, Infante ha sido multada con 600 euros por "arengar" a ocupar una acera tras "lanzar" una patada a un policía

"El primero de esos hechos es absurdo, habida cuenta de mis condiciones físicas, además de imposible porque lo impedía la pancarta que llegaba hasta el suelo. El segundo, simplemente no es cierto", dice Infante en sus alegaciones, que aún no han obtenido respuesta
Ana Requena Aguilar
17/01/2019 - 22:40h

El 22 de junio de 2018, a primera hora de la mañana, la Audiencia de Navarra comunicaba la puesta en libertad bajo fianza de los cinco hombres integrantes de 'la manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a una mujer. Ese mismo día, por la tarde, miles de personas salían a manifestarse a las calles de diferentes ciudades españolas para protestar por la decisión del tribunal. Una de ellas fue Nina Infante, una veterana activista feminista y presidenta del Fórum de Política Feminista durante ocho años, que portó, junto a otras compañeras, una pancarta en la concentración que tuvo lugar en Valladolid. Con la Ley Mordaza en la mano, Infante ha sido multada con 600 euros por "arengar" a ocupar una acera tras "lanzar" una patada a un policía.

Según el expediente enviado a Infante, la policía había preparado un despliegue en los alrededores de los juzgados de Valladolid, frente a los que estaba convocada la manifestación. El despliegue, aseguran, se hace para "evitar pintadas en su fachada y permitir el paso a las personas que no participan en la manifestación". "Los policías actuantes comunican de forma clara y reiterada a los participantes que no ocupen dicha acera, haciendo éstos caso omiso de dichas indicaciones. En un momento dado, la denunciante lanza una patada sobre un agente de policía, arengando al resto de manifestantes a ocupar la acera, motivo por el cual los agentes, al acabar el acto, identifican a la denunciada para levantar la correspondiente acta de denuncia", dice la sanción.

Nina Infante, de 71 años, niega los hechos y asegura que la identificación se produjo mucho después. "Lo de enfrentarme a un agente, solo hay que verme. Sí intentamos subir a la acera pero para que la pancarta fuera más visible y hubo tensión con la policía, que nos empujaban todo el rato, pero de ahí a arengar a las masas...", cuenta. Infante presentó un escrito de alegaciones pero no ha obtenido respuesta.

"No es cierto ninguno de los hechos que se me imputan: ni lancé una patada sobre ningún agente de policía ni arengué al resto de los manifestantes a ocupar la acera. El primero de esos hechos es absurdo, habida cuenta de mis condiciones físicas, además de imposible porque lo impedía la pancarta que junto con otras personas sujetaba con las manos y que llegaba hasta el suelo. El segundo, simplemente no es cierto. Es verdad que yo era una de las personas que portaba la pancarta, pero no tuve ninguna intervención destacada ni relevante en la manifestación y no pronuncié ninguna arenga", subraya en el escrito de alegaciones.

La Delegación del Gobierno de Castilla y León le comunicó en su escrito a Infante que los hechos que se le imputan son objeto de infracción administrativa grave, según el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ese artículo habla de "desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito", así como la resistencia a identificarse cuando los agentes lo requieren o la aportación de datos falsos o inexactos durante las identificaciones.

Los agentes identificaron a la activista al acabar el acto. Según Infante, esa identificación se produzco un rato después, cuando ella ya se dirigía a un bar cercano a reunirse con conocidas. Ha acompañado sus alegaciones de un vídeo de los momentos en los que se habrían producido los hechos y del nombre de varias personas que estaban a su lado en la manifestación y que se ofrecieron como testigos. De momento, no ha obtenido respuesta a su escrito.




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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2204 en: 24 de Enero de 2019, 07:16:10 am »
Consenso en el Congreso para concretar los cacheos e identificaciones de la Policía en la 'Ley Mordaza'

https://www.europapress.es/nacional/noticia-consenso-congreso-concretar-cacheos-identificaciones-policia-ley-mordaza-20190123175417.html





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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2205 en: 30 de Enero de 2019, 07:51:55 am »
El final de la ley mordaza: el Congreso, listo para desarticular sus puntos más lesivos

Los grupos abordarán en unas semanas la reforma de los artículos referidos a los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador de la ley de seguridad ciudadana.


27/01/2019 22:58 Actualizado: 27/01/2019 22:58

alexis romero @alexisrmoran

La ley de seguridad ciudadana puede estar cerca de su final. La ponencia encargada de reformar la norma, bautizada por sus detractores como la ley mordaza, abordará durante la próxima semana algunos de sus artículos más lesivos; concretamente, los que se re refieren a los límites de los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador.

Los grupos han trabajado durante los últimos meses para elaborar un nuevo texto que sustituya a la ley redactada de forma unilateral por el PP en 2015. La mayoría de los trabajos de la ponencia han ido encaminados a la búsqueda de fórmulas para acotar los contenidos de la ley, ya que los grupos critican que uno de los principales problemas de la norma vigente es que se caracteriza por la indefinición en su articulado.

Durante la primera reunión de la ponencia, los partidos llegaron a un acuerdo para definir y acotar el concepto de seguridad ciudadana, además de para suprimir términos como el de “tranquilidad ciudadana”, cuya “ambigüedad”, a juicio de algunos miembros de la ponencia, crea espacios idóneos para el abuso de los poderes del Estado.

La pasada semana los grupos llegaron a un consenso para imponer límites a determinadas actuaciones policiales, como los registros y los cacheos. La comisión estudia reformas como que los registros corporales en profundidad no se puedan realizar en plena calle o la posibilidad de reducir el tiempo de retención de una persona durante su identificación en dependencias policiales.

En estas sesiones se han tratado 29 de los 54 artículos que compone la propuesta de reforma de la ley de seguridad ciudadana, un texto presentado por el PNV al que los grupos han propuesto sus enmiendas. Durante las próximas sesiones, los miembros de la ponencia debatirán sobre el artículo 23, “reuniones y manifestaciones”, que también ha recibido críticas por su indefinición.

Uno de los grupos que más enmiendas ha planteado a este apartado es el de Unidos Podemos. Los de Iglesias registraron en marzo del pasado año más de 100 propuestas de modificación al articulado de la ley; algunas de estas enmiendas, aseguran fuentes del grupo confederal, siguen “vivas” y la intención es presentarlas para su debate en las reuniones de ponencia.

El grupo quiere que el hecho de no comunicar a las autoridades competentes la celebración de una manifestación no sea motivo suficiente para que los agentes de la autoridad puedan disolverla.”En ocasiones (la ley de seguridad ciudadana) parece hecha para otros tiempos, y la sociedad cambia. Ahora es mucho más dinámica, en parte por el uso de las redes sociales, y muchas manifestaciones y marchas tienen un carácter más espontáneo. El hecho de no comunicar la convocatoria no puede formar parte del elemento de la sanción”, explican fuentes del grupo confederal.

También buscarán introducir una enmienda para que los “actos violentos aislados” durante una manifestación no sean causa de su disolución, “debiendo diferenciar las fuerzas de seguridad entre manifestantes pacíficos y aquellas personas que actúen de manera violenta”.
Las enmiendas plantean prohibir el uso de las pelotas de goma y crear protocolos sobre la gestión policial de manifestaciones

Entre estas enmiendas se incluye la prohibición del uso de pelotas de goma y la introducción de “protocolos específicos” sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, “incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios y sistemas de rendición de cuentas”. El grupo trabaja en una fórmula para introducir una suerte de organismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales, aunque todavía no se ha materializado.

En las próximas reuniones de la ponencia también se abordarán las enmiendas presentadas a los artículos del Capítulo V, que contiene el régimen sancionador de la norma. Este apartado de la ley mordaza es uno de los más polémicos y que más críticas ha recibido, ya que constituye de facto cuáles son las infracciones y las multas y sanciones aparejadas a las mismas.

El apartado 6 del artículo 36 de la ley contempla, por ejemplo, la “resistencia o la desobediencia a la autoridad o a sus agentes”, como una infracción grave, que acarrea sanciones mínimas de 600 euros que pueden llegar a los 30.000 euros. Entre las infracciones leves se encuentra el artículo 37, que se refiere a “las faltas de respeto” a los agentes de la autoridad, para las que el régimen sancionador contempla multas que van desde los 100 hasta los 600 euros.

El experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías insiste en que “el grave problema de la ley” está, precisamente, “en las sanciones”. “Cuando estableces una infracción sancionable muy abierta que permite cierta discrecionalidad de la Policía, esto puede afectar a personas que están ejerciendo un derecho, de la manera en que se crea un efecto disuasorio que provoca que la gente tenga miedo a ejercer sus derechos”.

Urías explica que el régimen sancionador da pie a reconocer como infracciones todas aquellas conductas que no estén tipificadas como delito en el Código Penal, ya que muchos de los artículos de la norma se refieren a las conductas que “no sean constitutivas de infracción penal”. “La desobediencia viene definida en el Código Penal, pero la ley (de seguridad ciudadana) recoge la desobediencia para todas aquellas conductas que no sean infracciones penales; ¿qué tipo de desobediencia no es delito? Pues ahí hay un margen muy amplio”, afirma el experto en Derecho Constitucional.
La ley mordaza también hace caja

El número de infracciones, con sus correspondientes multas, registradas por los agentes de la autoridad en los últimos años es un buen indicador del margen sancionador de la norma. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) recoge una serie de datos publicados por el Ministerio del Interior en lo que se refiere a la recaudación de las multas por infracciones recogidas en la norma.

Desde su entrada en vigor la ley ha recaudado en total casi 270 millones en multas. Las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015; alcanzaron los 89,6 millones en 2016 y en 2017 llegaron a los 135,7 millones.

Además, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, la aplicación del artículo 36.6 (relativo a la desobediencia o resistencia a la autoridad) ha supuesto la apertura de 29.438 denuncias por un importe total de 18,1 millones, mientras que por el 37.4 (“faltas de respeto”) se han impuesto 43.749 multas por valor de 6,5 millones de euros.


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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2206 en: 16 de Abril de 2019, 09:41:39 am »

Vivir entre 150 taxis de la droga: «Es insoportable, con tirones, excrementos y jeringuillas»

Una plataforma vecinal exige a los partidos y Delegación del Gobierno que atajen el rebrote de las cundas, que traen inseguridad y degradación a Vallecas

M. J. Álvarez
M. J. Álvarez
@mariajo_abc
MADRIDActualizado:
16/04/2019 01:05h


Llevan tiempo. Tanto, que los vecinos conocen sus rostros avejentados y macilentos. Su delgadez es fruto de los estragos que produce la droga en sus cuerpos. Salen por goteo del intercambiador de transportes de Sierra de Guadalupe (Villa de Vallecas) y esperan. Este lugar ha sido y sigue siendo la «parada» por antonomasia de los taxis o cundas de la droga. La que les va a llevar hasta el supermercado más grande de Europa, la Cañada Real Galiana, mientras siga existiendo. Van en busca de su dosis diaria. A veces, más de una, según su grado de dependencia. El precio del «billete»: 5 euros.

«Ha habido una época en la que hemos estado más tranquilos, pero desde el verano pasado para acá, esto es insoportable. Ahora es otra mafia –dice, aludiendo las cundas y su clientela, pues cada una tiene la suya–. Gritan, se pelean y arman mucho jaleo. Eso que son menos que antes. Yo, a veces, abro la ventana y les digo que bajen la voz porque no me dejan dormir». Eso dice Ana García, mientras pasea a sus perros en la rotonda en la que esperan el próximo «viaje» cinco personas de entre 40 y 50 años. Los excrementos humanos y el olor a orín es intenso la Travesía de Sierra de Guadalupe.
Jeringuillas usadas junto al intercambiador
Jeringuillas usadas junto al intercambiador - DE SAN BERNARDO

Su opinión la corroboran desde la Plataforma Vallecas Villa Anticundas, que exigen soluciones a la Delegación del Gobierno y a los partidos políticos, aprovechando que estamos en campaña electoral. «Queremos que acaben con este negocio ilegal en nuestro barrio y a las puertas de nuestras casas porque genera degración, suciedad, peleas, inseguridad, robos, destrozos y riesgos sanitarios, ya que los toxicómanos dejan las jeringuillas tiradas en cualquier sitio», recalca un portavoz, que califica la situación de insoportable.

«Han vuelto los tirones como en los años 80 o los robos al descuido para poder pagarse el viaje a la Cañada y un par de picos o rayas. Algunos duermen dentro de coches o rompen los cristales de otros para arramplar con lo poco de valor que haya... No puede ser que la respuesta de la Delegación, a la que en octubre le presentamos 3.500 firmas, como al resto de administraciones, sea que no se puede hacer nada. Ninguno se ha molestado en recibirnos. En Embajadores, las han eliminado. ¿Por qué aquí no?», recalcan desde Vallecas Villa Anticuadas.

La Ley de Seguridad Ciudadana permite el decomiso de este tipo de vehículos siempre que se demuestre que se usan para una actividad ilegal. Esto hizo que, desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, estos «taxis» se diseminaran en función de la presencia policial. En Villa de Vallecas pasa igual. Cada vez hay más «paradas»: Sierra de Gádor, Felipe Álvarez, Calle Arboleda, avenida de la Democracia, Gran Vía del Este, San Jaime... Aunque, según la plataforma, no los incautan. «Solo se los llevan si cometen una infracción del tráfico y nos dicen que no tienen depósitos para guardarlos», insisten.

También se quejan que los políticos intentan que se sumen a sus siglas en lugar de resolver sus problemas: «Solo han mostrado interés la Policía Nacional y Municipal».
Un WC portátil que utilizan para hacer «chinos»
Un WC portátil que utilizan para hacer «chinos» - DE SAN BERNARDO
Coches nuevos y de alquiler

Para evidenciar la situación realizaron un conteo. «En cuatro meses hemos detectado 150 cundas. Y no son coches destartalados como antaño. Son nuevos, y algunos hasta alquilados». ABC da fe de ello. En las dos horas que pasamos en las inmediaciones vemos cuatro vehículos, entre ellos un KIA Sportage, un Seat León, un Peugeot 208 y otro, tan veloz, que no da tiempo a ver su marca.

Ninguno aparca a un lado de la rotonda como hacían antes. Los conductores, entre los que hay incipientes drogodependientes y gente sin escrúpulos que se gana de este modo la vida, aprovechan el semáforo para que su clientela suba. « Están organizados y desperdigados por la plaza. Cuando llega una cunda, se avisan por teléfono; les deben de decir el modelo de coche y uno de los que está esperando silba y vocea. Es la llamada a los demás», explican unos limpiacristales.

Entonces, uno o dos «viajeros», no más, abren las puertas, intercambian unas breves palabras y suben. Uno de los «yonquis», el que más grita, se ha quedado en tierra dos veces. «No debe de tener dinero para pagar y no le fían», recalca José Herrero, acostumbrado a este trajín. Si en 60 minutos hay una decena de «yonquis» esperando su cunda, la hora punta es por la tarde. «Hemos visto un corro de 15 o 20 a la salida del intercambiador», recalcan unos asiduos a esta línea. A veces, se coloca una Unidad de Denuncias o un patrulla de Policía Municipal. Los vigilantes de seguridad no dejan entrar a los toxicómanos a la estación; llegan desde otros puntos. «Dejan las pipas, los restos del chino que se han fumado y las jeringuillas. Una compañera se clavó una», dicen dos empleados de limpieza.