Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 233124 veces)

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2320 en: 05 de Agosto de 2020, 06:27:07 am »

El Gobierno evita responder sobre las multas a “los cayetanos”

No ofrece datos sobre las sanciones impuestas a los manifestantes anti confinamiento de la calle Núñez de Balboa

Fecha
05/08/20access_time 1:02

Comenzaron a mitad de mayo, cuando el final del Estado de alarma se acercaba las cacerolas de los denominados coloquialmente ‘cayetanos’ salieron a la calle a protestar contra la gestión del Gobierno y a pedir “libertad”. Concretamente a la calle Núñez de Balboa de Madrid, primero, y a partir de ahí se fue extendiendo a otras calles por España.

A partir de este momento, un despliegue policial de más de una decena de furgones y un helicóptero acudían diariamente al céntrico barrio de Salamanca pero no se conoce cuántas multas se interpusieron esos días. 

El senador de Compromís, Carles Mulet, realizó esta pregunta por escrito al Senado el pasado 19 de mayo y a finales de julio ha recibido una ambigua respuesta. Mulet quería saber “¿Cuántas personas han sido identificadas y/ o sancionadas en las manifestaciones de “cayetanos”?”.

Según el senador, “la extrema derecha se ha saltado el confinamiento para salir a la calle a protestar contra el Gobierno, sin respetar las distancias” y, por eso, pedía saber por días y ciudades las multas interpuestas.
Una respuesta evasiva

El Gobierno no ofreció ningún dato, sino que alegó que  “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades así como garantizar la seguridad ciudadana, para lo cual se adoptan las medidas necesarias, con pleno respeto a la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico”.

Además, en la respuesta se citó la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que establece el cumplimiento de sus funciones con “absoluta neutralidad política e imparcial y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”.

El Gobierno evitó así señalar o distinguir entre multas por lugares. 
Nuñez de Balboa, epicentro de las protestas

Banderas de España en cualquier rincón.  En la vestimenta, en la ropa del perro, en la mascarilla, en el paraguas… cucharas golpeando cacerolas y gritos de “libertad” o “Gobierno dimisión” fueron los inicios de estas protestas durante el Estado de alarma.

Las fotografías y los vídeos se extendieron por las redes sociales y se compartieron en bucle durante algunas semanas y las caceroladas se extendieron por más ciudades hasta que comenzó la fase 2 en todo el territorio y se diluyeron.

Sobre actuar o no contra estos manifestantes durante este periodo creció la polémica.  El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que las caceroladas eran una “forma pacífica de protesta inaugurada por Unidas Podemos” y el dispositivo desplegado desde la Delegación de Gobierno incluyó más de una decena de vehículos, únicamente en esa calle, y un helicóptero que sobrevolaba la zona.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2321 en: 23 de Agosto de 2020, 06:42:03 am »
El Gobierno reconoce que todavía no sabe cuántas multas se impusieron durante el confinamiento

El Ejecutivo se escuda en razones administrativas para no difundir el dato sobre las multas que recibieron los ciudadanos durante el estado de alarma

Rubén Arranz


Publicado23/08/2020 4:45

Las fuertes restricciones a los movimientos de los ciudadanos que trajo consigo el establecimiento del estado de alarma obligaron a incrementar la presencia policial en las calles españolas. También implicaron que los ciudadanos que incumplían las nuevas normas se vieran amenazados con multas más o menos elevados, en función de cada caso.

En vista de esta realidad, Vozpópuli recurrió al portal de Transparencia para solicitar el acceso al número de multas impuestas en todo el territorio español a los ciudadanos "por incumplir las restricciones de movimientos decretadas durante el estado de alarma".

También para conocer el importe total de las sanciones y cerciorarse de cuáles han sido abonadas y cuáles se encuentran en fase de tramitación o han sido impugnadas.

En su respuesta, el director general de la Administración del Estado en el Territorio, Agustín Torres, reconoce que todavía no existe información definitiva a este respecto. "Dado que los datos solicitados son el resultado de la tramitación de un procedimiento sancionador que comprende diversas fases, los mismos no se encuentran disponibles".

Esta información -añade-, "una vez completada, podrá ser consultada en la página web del Ministerio del Interior". En concreto, en el Portal Estadístico de Criminalidad, dentro de la sección dedicada a las infracciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Estos datos no se conocerán en el corto plazo

Es de suponer que estos datos no se conocerán hasta dentro de bastante tiempo, puesto que si se consulta actualmente este apartado se puede apreciar que los datos no han sido actualizados desde 2018.

En otras palabras, que los datos sobre las sanciones impuestas durante el estado de alarma no se conocerán en el corto plazo.

Por otra parte, el Gobierno también se ha negado a revelar el número de multas que han sido impugnadas. "Dado que las referidas sanciones, en el caso de ser resueltas por las Delegaciones del Gobierno, podrán ser recurridas en alzada ante el Ministerio del Interior, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información (...)", dado que esa información no obra en poder del Ministerio que ha respondido la pregunta planteada por este periódico.

No hay que olvidar que, hasta que Pedro Sánchez anunció el plan de 'desescalada', las ruedas de prensa gubernamentales contaban con la presencia de uniformados que ofrecían diferentes detalles sobre el número de sanciones impuestas en cada jornada, así como sobre determinados aspectos relacionados con las actuaciones más negligentes de los ciudadanos.


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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2322 en: 11 de Septiembre de 2020, 07:25:13 am »

La manifestación en coche de Vox se saldó con 96 sancionados y un detenido
Son los datos que ha recopilado el Gobierno sobre la marcha de vehículos en varias capitales de provincia durante el estado de alarma

Fecha
11/09/20access_time 1:03

A.R.E.

Vox organizó el pasado 23 de mayo manifestaciones en todas las capitales de provincia para protestar contra la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba haciendo ante la epidemia de coronavirus.

Para que no hubiera problemas con la concentración de personas sin distancias de seguridad, el formato de las concentraciones fue novedoso: caravanas de coches y otros vehículos por calles principales de las ciudades.

Pese a estas medidas y pese a los contactos entre Vox y el Gobierno para canalizar las convocatorias sin que se descontrolaran, lo cierto es que las Fuerzas de Seguridad levantaron unas cuantas actas con propuestas de sanción.

Así lo indica el Ejecutivo en varias respuestas escritas a preguntas parlamentarias presentadas por el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu.

Confidencial Digital ha consultado un par de respuestas sobre este asunto. En una de ellas, el Gobierno PSOE-Podemos indica que “las manifestaciones se desarrollaron, por lo general, ajustándose a los itinerarios comunicados a las autoridades competentes (Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia)”.

Eso sí, hubo actuaciones contra personas que infringieron alguna norma, y por ello “fueron propuestas para sanción un total de 96 personas”. En la respuesta no se indican los motivos de estas sanciones, si tuvieron que ver con las restricciones relacionadas con la epidemia de coronavirus que aún había en mayo. Sólo justifica que las sanciones se impusieron “en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”.

Las Fuerzas de Seguridad que controlaron las manifestaciones de coches convocadas por Vox incluso realizaron un arresto: “Finalmente, resultó detenida una persona y se formalizó la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Guardia en Granada”, informa el Gobierno.

Iñarritu preguntó también por un caso concreto que tuvo una gran difusión el mismo día de las manifestaciones. En Ciudad Real, una mujer con uniforme de enfermera se situó junto a una calzada con un cartel a favor de la sanidad pública y contra la manifestación.

Eso provocó un incidente con los manifestantes, en el que tuvo que intervenir la Policía Local. El Gobierno explica que “durante el transcurso de la manifestación a la que se refiere la presente iniciativa hubo un incidente, al interponerse una mujer con vestimenta sanitaria delante de los vehículos, a la que apoyaban desde la acera otras dos personas”.

Las tres “fueron identificadas por la Policía Local, que realizaron las correspondientes actas de denuncia. Cabe señalar que, a fecha del pasado 30 de julio, en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real no se ha recibido boletín o acta de denuncia relativos a los referidos hechos y, por lo tanto, no se ha abierto expediente sancionador alguno al respecto”.
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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2323 en: 12 de Septiembre de 2020, 07:18:41 am »
Que se apuestan que esta idea se cae en los tribunales por falta de competencia.



Los ayuntamientos tramitarán las multas leves por el Covid para aliviar el atasco en la aplicación de sanciones

Las autonomías se encuentran colapsadas y buscan así agilizar las notificaciones para poder dedicarse a perseguir infracciones graves. En casos menores bastará la denuncia de un policía municipal

Fecha
12/09/20access_time 1:05

José Antonio Frauca

Los funcionarios de las direcciones generales de Salud Pública de las comunidades autónomas advierten de que no dan abasto para tramitar el aluvión de sanciones impuestas a los ciudadanos por incumplir las medidas contra el coronavirus. Una situación que les ha llevado a pedir ayuda urgente a los ayuntamientos.

Fuentes conocedoras de la situación en varias autonomías explican a Confidencial Digital que el atasco en la tramitación y resolución de las multas ha comenzado a provocar el retraso en las notificaciones y, en última instancia, consideran que está restando efectividad a las sanciones destinadas a disuadir de comportamientos inadecuados.

Para deshacer el colapso, y garantizar que quien sea multado no se libre de pagar la correspondiente sanción, las comunidades autónomas han decidido que sean los ayuntamientos los que se encarguen de tramitar una parte importante de las infracciones.
Faltas leves en los ayuntamientos

Según las fuentes consultadas por ECD, las autonomías han empezado a ceder a los ayuntamientos las competencias para incoar e instruir los expedientes por faltas leves, e incluso para imponer la correspondiente multa.

Serán así las entidades locales las que se encarguen de la tramitación y resolución de la mayor parte de las sanciones, que son las que están provocando el atasco en los departamentos de Sanidad.

Las comunidades se centrarán en las infracciones más graves, como por ejemplo saltarse el confinamiento domiciliario a pesar de estar contagiado.

Las multas por no usar o usar mal la mascarilla, por saltarse un eventual confinamiento, o por incumplir la cuarentena en el caso de haber estado en contacto con un infectado, serán competencia a partir de ahora de cada ayuntamiento.

También se incluyen entre las competencias municipales las multas a bares, terrazas y restaurantes que incumplan la distancia de seguridad entre las mesas, siempre que la falta no suponga riesgo de contagio o este afecte a menos de diez personas.
Se persigue disuadir a los infractores

Las fuentes a las que ha tenido acceso Confidencial Digital explican que el objetivo de las comunidades agilizando el procedimiento es evitar que se diluya el efecto disuasorio de las sanciones. De nada sirve, explican, imponer una multa si el infractor es consciente de que no va a pagarla.

Se trata de una percepción de la que numerosos ciudadanos han dejado constancia en las redes sociales, incluso con imágenes en las que se jactan de saltarse a la torera las medidas sanitarias sin que pase nada.

Esa es la razón de que se busque que el régimen sancionador siga las pautas del que se utiliza en el caso de las multas de tráfico, que se tramitan con agilidad entre otras cosas porque la denuncia de los agentes tiene suficiente valor probatorio.

Ahora, por tanto, por tanto con que el policía local inicie el procedimiento de una falta leve por el Covid que luego tramitará y sancionará el propio ayuntamiento del municipio.


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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2324 en: 14 de Septiembre de 2020, 06:46:20 am »

Matrícula, DNI y redes sociales para imputar a 196 personas por el corte de la AP-7 de Tsunami Democràtic

    El sumario de la protesta en la frontera hispanofrancesa desvela que el juez archivó el caso por falta de autor conocido y lo reabrió el mismo día tras recibir un detallado informe de la Guardia Civil, que analizó los perfiles de Facebook, Twitter e Instragram de los identificados
    — El juez imputa a 196 personas por el corte de la frontera con Francia de Tsunami Democràtic


Oriol Solé Altimira
13 de septiembre de 2020 21:34h


@urisole

Las identificaciones que la policía realiza a los participantes de una protesta con altercados suelen ser el primer paso de una causa judicial. Y el corte de 24 horas de la AP-7 en la frontera hispanofrancesa que Tsunami Democràtic realizó el año pasado para protestar contra la sentencia del procés no es una excepción. Pero además en este caso la Guardia Civil ha analizado los perfiles en redes sociales de parte de los 196 identificados en la protesta, que ahora están imputados.

Las fotos de la protesta que colgaron sus participantes son usadas como argumento del Instituto Armado no solo para corroborar que estuvieron en el corte, sino para dar motivos al juez para que les impute en una de las causas relacionadas con protestas sociales con más investigados de los últimos años. Las declaraciones de los investigados empezaron a principios de septiembre en el juzgado de Figueres y se alargarán varias semanas.
El Instituto Armado ratreó Twitter, Facebook e Instragram de los identificados

El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, constata que el juez archivó la causa en diciembre de 2019 "por falta de autor conocido" y lo reabrió el mismo día tras recibir un detallado informe de la Guardia Civil, que analizó los perfiles de Facebook, Twitter e Instragram de los 196 identificados, que han pasado a ser todos ellos presuntos coautores de los delitos de desórdenes públicos y daños en la autopista al ser "responsables del acto reivindicativo", en palabras del Instituto Armado. El análisis de las redes de la Guardia Civil incluye referencias sobre la ideología independentista de los identificados.
De los 196 identificados, la mitad tienen redes sociales

Antes del informe de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra habían trasladado al juez otro documento con las matrículas de los vehículos y manifestantes identificados en la protesta, que fue desalojada por la gendarmería francesa y la policía catalana sin incidentes graves aunque se saldó con 19 detenidos. A ello la Guardia Civil añadió en su informe un rastreo de las redes sociales de los identificados.
Las publicaciones independentistas en las redes son reseñadas por la Guardia Civil

En algunos casos la Guardia Civil corrobora las identificaciones 'in situ' ya que los propios concentrados en la AP-7 colgaron fotos en sus redes participando en la protesta. Pero en otros casos para la Guardia Civil es suficiente que el investigado tenga una 'estelada' en su perfil de Facebook. En otro joven la Guardia Civil indica que sería necesario "cotejar" la fotografía de su perfil de Facebook con la de su DNI, e incluye también como dato de interés para la investigación el hecho de que en su foto de perfil el investigado luzca un lazo amarillo.
El análisis de las redes de la Guardia Civil incluye referencias sobre la ideología independentista

Además de a los participantes individuales en el corte, el Instituto Armado también ha analizado los perfiles en redes sociales "que pudieran pertenecer a diferentes asociaciones o colectivos independentistas" para "comprobar las diferentes convocatorias que tenían como fin provocar el corte y caos circulatorio". El resultado es un informe en que la Guardia Civil incluye tuits sobre el corte del propio Tsunami Democràtic pero también de los CDR, la CUP y de otras organizaciones de la izquierda independentista catalana como Arran o La Forja.
Fragmento del informe
Tras la pista del Tsunami

El sumario del caso también constata los intentos de los investigadores para descubrir quién está detrás de Tsunami Democràtic, objetivo que también persigue la investigación de los CDR de la Audiencia Nacional. En el caso de la causa de Figueres, los agentes se centraron en un primer momento en el hombre que fue a buscar una furgoneta y un camión que tuvieron que ser trasladados por la grúa hasta el cuartel fronterizo al no encontrar a su conductor.

La Guardia Civil señala a este hombre, que reside en Francia, como persona "directamente implicada y responsable principal del montaje del escenario" que tuvo la protesta y en el que se desarrollaron actuaciones musicales, ya que la furgoneta y el camión estaban al lado del mismo. Las pesquisas sobre la propiedad de los vehículos llevaron a los agentes a un punto muerto: una empresa de Alicante sin actividad y que no presenta sus cuentas desde 2007 y cuyo administrador es el hombre que se llevó los coches.

Más prometedor de cara a saber quién está detrás del Tsunami parece ser el hallazgo por parte de los Mossos d'Esquadra de un 'router' y una tarjeta SIM "abandonadas por los manifestante" y que según sospecha la policía catalana "podrían haber sido usadas por los organizadores del corte para dar cobertura a las comunicaciones y conectar en red a los concentrados". El análisis de su contenido todavía no se ha incluido en la causa.
Àgora Judicial critica la investigación

La asociación de magistrados Àgora Judicial, muy crítica con la judicialización del procés, ha lamentado la investigación a casi 200 personas por el corte de la AP-7 en La Jonquera. En un comunicado, la asociación, de tendencia progresista, valoró que la causa "insiste en criminalizar el derecho de protesta que legítimamente corresponde a la ciudadanía dentro de una sociedad democrática".

"Solo en el caso que se hubieran causado daños con dolo haría falta investigarlos", agregó. La asociación insistió en abogar por una interpretación del ejercicio de derechos fundamentales en protestas sociales "lo más amplia posible", de acuerdo con los parámetros de los tratados y convenios internacionales en la materia.

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Re:La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2325 en: 20 de Septiembre de 2020, 08:49:09 am »

La multa mínima de 3.000 euros a positivos que se saltan la cuarentena se extiende a toda España por orden de Sanidad
La cuantía aumenta en casos de grave incumplimiento: 15.000 euros si no se atiende a los rastreadores, 50.000 por ir a una boda en la que se detecten nuevos contagios…

Fecha
20/09/20access_time 1:05

José Antonio Frauca

Incumplir la obligación de permanecer en cuarentena al ser confirmado el contagio por Covid, o tener síntomas compatibles con el virus o haber sido contacto estrecho de un positivo, supondrá enfrentarse a las mismas multas en toda España, por orden del Ministerio de Sanidad. Las cantidades, alguna de ellas de miles de euros, irán en función de las consecuencias del incumplimiento.

Los Gobiernos autonómicos son los que, con asesoramiento y en comunicación con el Ministerio, deciden qué medidas toman, cuándo y dónde, respecto a la normativa sobre la pandemia.

Pese a ello, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Sanidad, el departamento que dirige Salvador Illa ha decidido dictar una norma común, de aplicación en todas las autonomías, ante los alarmantes incumplimientos del confinamiento y la cuarentena domiciliaria por parte de contagiados por coronavirus.

Solo en la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias han reconocido que han detectado más de 500 incumplimientos graves en una semana.

En varias comunidades, como Baleares, Extremadura y Galicia, ya se contemplan desde hace semanas sanciones importantes por este tipo de infracciones, pero no ocurre así en la mayoría de territorios. Aragón se sumó a ellas el pasado viernes.

Ahora, la norma se recogerá en una nueva instrucción, que aprobarán el resto de consejerías de Sanidad, para unificar en toda España el protocolo de actuación en materia de salud pública en relación con aislamientos y cuarentenas para la prevención y el control de la pandemia.
3.000 euros por saltarse la cuarentena

Según la información que maneja ECD, en el protocolo que recoge el planteamiento dictado por el Ministerio de Sanidad, una persona contagiada por coronavirus que se salte de forma reiterada la cuarentena a la que está obligada se expone a una multa de hasta 600.000 euros, en función de la gravedad de las consecuencias que origine su actitud y la reincidencia.

Esa cantidad es la horquilla más alta que ha propuesto Sanidad a las comunidades autónomas, si la infracción se tipifica como muy grave.

Si ese incumplimiento se estima leve, acarrea una sanción mínima de 3.000 euros. Se considera infracción leve “incumplir la limitación de desplazamientos o el confinamiento en domicilios de los contagiados, aunque no haya habido contacto con otras personas”.
Las multas van en función de la gravedad

A la hora de fijar la cuantía de las multas, se tendrán en cuenta las circunstancias agravantes de “grave alteración sanitaria y social” que provoque haberse saltado el aislamiento.

Se consideran agravantes que la persona incumpla la cuarentena para “acudir a eventos sociales multitudinarios, fiestas o celebraciones, establecimientos abiertos y cualquier actividad que implique aglomeraciones”.

Se clasifican como infracciones graves, entre otras, el incumplimiento reiterado de las prohibiciones, entre ellas la de la cuarentena o la prohibición de realizar desplazamientos, así como la denegación de apoyo y colaboración a las autoridades para el seguimiento epidemiológico de contagiados o sospechosos.

En estas situaciones, según ha podido confirmar ECD, las sanciones que se establecen en la orden de Sanidad alcanzan los 15.000 euros.
50.000 euros si se acude contagiado a una boda

Una situación que podría subir el importe de la multa es la participación en algún evento multitudinario en el que se detecten nuevos contagios, e incluso acudir a algún establecimiento abierto al público o fiesta.

También se valorará el “número de personas afectadas” si se incumple la norma de no acudir a eventos sociales multitudinarios, fiestas o celebraciones, establecimientos abiertos al público, o actividades con aglomeraciones de personas, especialmente si provoca contagios o cuarentenas de otras personas.

Se contemplan sanciones de hasta 50.000 euros si un contagiado acude a una celebración especialmente numerosa, como puede ser, por ejemplo, una boda.

Se considerarán asimismo circunstancias agravantes, en especial, el contacto estrecho con personas de carácter vulnerable a la enfermedad y los perjuicios causados en el caso de que el incumplimiento de la cuarentena haya provocado el cierre de actividades o establecimientos.