Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 305378 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2401 en: 12 de Noviembre de 2021, 15:50:11 pm »
"Son servicios públicos indispensables", creen en Podemos. . . es increíble lo que puede hacer la moqueta. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2402 en: 12 de Noviembre de 2021, 17:32:27 pm »

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2403 en: 15 de Noviembre de 2021, 08:43:04 am »
 :manocara



Los policías, contra la derogación de la 'ley mordaza': "Nuestra palabra tendrá el mismo peso que la de un terrorista"


Ya hay anunciadas dos manifestaciones en Madrid los días 24 y 27 de noviembre contra la reforma del Ejecutivo.
​Marlaska ha iniciado una ronda de contactos con los sindicatos: se ha reunido con Jupol y el martes lo hará con SUP.
PSOE y UP rebajan la 'ley mordaza' y exigirán a la Policía justificar los registros en la calle.
JAVIER LÓPEZ MACÍAS
NOTICIA
15.11.2021 - 07:23h
Marlaska preside el acto central del Día de la Policía NacionalEUROPA PRESS

Era uno de los puntos firmados en el acuerdo programático que dio a luz al Gobierno de coalición, pero no por esperada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, conocida como 'ley mordaza', será 'pacífica'. El acelerón de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la norma, que incluso llegó a ser impugnada ante el Constitucional por los socialistas -aunque recibió el aval del Alto Tribunal- ha puesto en guardia a los sindicatos policiales, que han criticado los cambios propuestos y han anunciado, de momento, dos movilizaciones el 24 y el 27 de este mes.


Cargas policiales de antidisturbios en Logroño.
La reforma de la ley mordaza rebajará las multas a quien cobre menos de 2.400 euros al mes
"Es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”, asegura Aitor Rivero, secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía. Fue él quien se reunió con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jueves para trasladarle la inquietud que se palpa en las filas policiales. Según cuenta en conversación con 20Minutos, Marlaska les trasladó que no les iba "a dejar vendidos" y que no iba a "afectar" su manera de trabajar, algo que Rivero rechaza. A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio rechazaron hacer declaraciones al respecto.


El próximo encuentro que tendrá el ministro dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo para calmar los ánimos del cuerpo será el próximo día 15. Esa jornada recibirá al otro gran sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde el que también critican con dureza el nuevo texto. Carlos Morales, portavoz nacional del sindicato, asegura que "crea inseguridad jurídica" y que "puede llegar a perjudicar la operatividad policial", además de "agravar el desamparo institucional" que, a su juicio, viene viviendo el cuerpo en los últimos meses.

De seis a dos horas de máximo para las identificaciones en comisaría
Uno de los puntos pactados en el Ejecutivo de coalición más polémicos es la limitación –salvo excepciones muy tasadas– a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría, siendo seis el máximo actual. Morales declara que, pese a que ahora en las identificaciones ya se tarda "el mínimo indispensable" y no suelen superar la media hora, el nuevo límite presiona a los agentes, y critica que el PSOE y UP no hayan "valorado" la "falta de personal" que sufren las comisarías "ni la carga de trabajo". Además, el nuevo articulado también fija que, una vez realizado el trámite, los agentes deban llevar de nuevo a la persona al sitio de donde se la llevaron. "La Policía está para atender al ciudadano, pero existen otros colectivos que se dedican al transporte de viajeros. No somos taxis", resume Rivero.


Las manifestaciones improvisadas no deberán comunicarse
Otra de las novedades que pretenden aprobar los socios de Gobierno cambiará la forma de proceder de las manifestaciones, pues algunas de ellas ya no tendrán que ser comunicadas a las delegaciones del gobierno. Solo deberán comunicarse las protestas "previsibles", como las del 1 de mayo. En ese caso, la no comunicación sí acarreará sanción. En cambio, podrán no notificarse aquellas "que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez", como la que sacó a la calle a miles de mujeres tras la sentencia a La Manada.

Para Morales y Rivero esto supondrá un cambio drástico en la forma de trabajar de la Policía y, también, que se ponga "en peligro" la integridad de los manifestantes y de los agentes. Explican que, al no tener comunicación previa, será más difícil preparar los dispositivos. "Nos están dejando vendidos. Pretenden proteger al manifestante, pero están poniendo en juicio la actuación policial", sentencia el secretario general de Jupol.

Sin pelotas de goma
En esas manifestaciones, los antidisturbios no podrán emplear pelotas de goma, una herramienta de dispersión que ha sido fuertemente criticada por colectivos sociales y defendida por los policías. Su eliminación puede provocar, según Rivero, que los agentes entren en el "cuerpo a cuerpo" con el manifestante, lo que es "peligroso para ambos". Morales eleva aún más la crítica, al señalar que con la desaparición de las pelotas de goma la Policía "pierde poder disuasorio" porque dice, además, que no hay ningún material que pueda sustituirlas. "¿Qué pasará cuando nos lancen adoquines?", se pregunta.

Suavizar la presunción de veracidad de la Policía
Con la reforma de la 'ley mordaza', el Gobierno prevé rebajar la presunción de veracidad de las actas policiales. En el artículo 19 del texto actual se expone que el acta policial "gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario". Pero la reforma matizará que esa presunción de veracidad deberá ser "coherente, lógica y razonable". "Va a tener el mismo peso nuestra palabra [la de los policías] que la de un terrorista", denuncia el portavoz del SUP. Rivero, por su parte, asegura que "ningún policía" se "inventa" un atestado policial y defiende que el matiz provoca "que se ponga en duda la actuación policial, aumentando la inseguridad de los agentes".

Las multas, según la renta
Tampoco están de acuerdo ambos en que la cuantía de las sanciones pase a depender del nivel de renta, ya que quien ingrese menos de 1.447 euros brutos al mes en 14 pagas solo pagará la mitad de la sanción. Para Morales, esta norma "es discriminatoria" y no cumple "el principio de igualdad". Rivero asegura que "no tiene lógica" ,ya que el hecho sancionable "es el mismo", lo cometa quien lo cometa. "Si lo trasladamos al ámbito del tráfico, lo que pagas por saltarte un semáforo no debe depender de la renta porque la infracción es la misma", añade.

Se podrá fotografiar a policías

Ante el auge de las manifestaciones y del uso de las redes sociales por parte de los participantes, la ley del 2015 introdujo la prohibición de difundir grabaciones "que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes". Esta limitación la llegó a impugnar Amnistía Internacional, cuando aseguró que "captar imágenes de periodistas ha ayudado a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía". Es por ello que PSOE y UP la eliminarán del articulado, una acción que puede conllevar, según Rivero, que "en ciertas autonomías" se ponga en peligro a los agentes "al poderse difundir impunemente esas imágenes".


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2404 en: 16 de Noviembre de 2021, 09:44:04 am »
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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2405 en: 16 de Noviembre de 2021, 09:47:56 am »
Hay que ser muy cuidadoso con lo que se pide, porque en ocasiones se concede. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2406 en: 16 de Noviembre de 2021, 10:20:04 am »
Hay que ser muy cuidadoso con lo que se pide, porque en ocasiones se concede. . .

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Los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden ser impuestos y habría que modificar el código penal para ello...además de otras normas para introducirlo como obligatorio a niveles administrativos.

Los protocolos sobre el uso de la fuerza ya existen pero edyoslleban mal lo de la proporcionalidad.

Y las cámaras, pues eso, que se las pongan pero sin posibilidad de que decidan cuando conectan y desconectan.

Y sobre la autorización de grabar, creo que esto lo dejo ya sentenciado el TC en enero, no se requiere autorización por ser inconstitucional.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2407 en: 16 de Noviembre de 2021, 17:55:56 pm »
.
LAS “MENTIRAS” DEL COMUNICADO DE SUP y AUGC; contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana


noviembre 12, 2021

Creo que es una equivocación, como otras muchas últimamente, de SUP y AUGC, en su posicionamiento, porque están aproximándose, peligrosamente, a los argumentos que utilizan, entre otros, JUPOL y JUCIL, apoyados por la extrema derecha mediática y política.

 Seré breve, pero no puedo dejar de contestar al Comunicado, resaltando las “falsedades” que he encontrado en el mismo:


 1.- “…destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social, crea indefensión en los miembros de las FCSE y menoscaba los derechos y libertades del resto de la sociedad…”

 Qué es eso de que “destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social?, me lo pueden explicar los autores del comunicado? O es que se han limitado a copiar el ideario de Vox?


Desde cuando unos sindicatos, representen a los colectivos que representen, pueden afirmar que el principio de autoridad sustenta la paz social; me he perdido algo o es que se han olvidado nuestro ideario. En fin, lo dicho, copia-pega mensaje de Vox. Para eso ya tenemos a Jusapol, Jupol y Jucil…

 2.- “Nos preocupa de la reforma, la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo”.


¡¡¡ Por Favor, que somos profesionales, desconocemos una de las leyes “principales” que usamos todos los días!!!

Se dice que se retira la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. ES FALSO, esa supuesta prohibición no existe en la vigente Ley de Seguridad Ciudadana (que me digan los autores del comunicado, en qué artículo está tipificado esa supuesta prohibición).

 3.- No se “retira” la presunción de veracidad a las actas policiales, como mucho, se modula un poquito. Una de las pocas cosas en que estoy de acuerdo con el comunicado, es que la redacción que se pretende dar a ese aspecto, es un “brindis al sol”. La presunción de veracidad es la regla general que se mantiene, y para “agradar” a la parte de la sociedad que vota al Gobierno y sus “socios”, que recordemos, porque no es baladí se supone que es un Gobierno de “Izquierdas”…; se modula un poquito y se exige que la “palabra” del redactor del acta de la denuncia, sea lógica y coherente. Y es verdad que eso parece menoscabar la credibilidad del trabajo policial, pero es que…, compañeros…, yo he visto por mi trabajo, muchas redacciones que, esas sí, menoscaban el trabajo policial, y hay que “defenderlas”?


 4.- “La reforma, simplemente pone a la misma altura que el de un delincuente, el testimonio de un guardia o policía.”


Esta frase es de traca, además de FALSO; es una MANIPULACIÓN INDESEABLE DE LA REALIDAD.

Desde cuando un ciudadano manifestándose o reuniéndose en la vía pública es un DELINCUENTE?

Volvemos a ver un ejemplo claro del “ideario VOX”, dar por cierta una MENTIRA…, como suele hacer esa formación política que tanto está perjudicando a la sociedad española y a los españoles (que yo también soy español aunque algunos me quieran excluir por mis ideas): Algunos queriendo y otros “sin querer”, o eso espero, dan pábulo a sus mentiras y manipulaciones.

En ningún caso, REPITO, JAMÁS, la reforma pone a la misma altura el testimonio de un delincuente (recordemos, porque parece que los redactores del comunicado no saben la diferencia, estamos hablando de infracciones administrativas, no delitos…), que el de un policía o guardia. SIMPLEMENTE SE MIENTE CUANDO SE DICE ESO.

 5.- “Otro error de esta reforma es el de permitir la celebración de manifestaciones “espontáneas” sin notificación previa ni especificar sus recorridos. Una situación que pondría en grave riesgo la seguridad de los agentes, de los manifestantes y del resto de ciudadanos que verán recortados al albur de “lo espontáneo” sus derechos y libertades.”


Bueno…bueno, esto ya es seguro, los redactores del comunicado, han hecho un corta-pega nauseabundo del ideario de la extrema derecha.

Desde siempre se han desarrollado, por cierto en la inmensísima mayoría de los casos de forma cívica y pacífica, manifestaciones o concentraciones “espontáneas”; sirvan de ejemplo las muchísimas que, con toda la razón, se han desarrollado contra acciones terroristas o asesinatos machistas, etc. Y en esos casos, supongo que a los redactores del panfleto (uy, perdón, “comunicado”), no les han parecido que pusieran en “grave riesgo” la seguridad, y mucho menos que el “resto de ciudadanos” vieran recortados al “albur de lo espontáneo”, sus derechos y libertades.

Por cierto, nunca, ni en la actual Ley de Seguridad Ciudadana, o popularmente conocida “ley mordaza”, se ha tipificado como infracción asistir a dicho tipo de concentraciones o manifestaciones “espontáneas”.

Lo que se hace ahora como dice un prestigioso jurista (algunos dirán que seguro es un rojo comunista, jeje, permítaseme el lapsus humorístico), es “adaptar, en coherencia con la jurisprudencia del TEDH sobre el derecho a la protesta pacífica, la infracción de organizar o promover (la asistencia nunca supuso infracción alguna) concentraciones o manifestaciones sin realizar la comunicación previa a la autoridad gubernativa. De esta forma, no se supedita el ejercicio del derecho de reunión, o la promoción del mismo, a esta comunicación.”

No podemos meter en el mismo saco a unos cuantos elementos violentos, perfectamente identificados por las FyCSE en muchas ocasiones; que aprovechan las manifestaciones o concentraciones pacíficas, para arremeter contra los compañeros que ejercen la difícil labor de controlar y, recordemos defender el libre ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Derechos que, por cierto, tanto nos ha costado conseguir a los guardias civiles.

Utilizar esos altercados de una minoría violenta para justificar y reprimir el derecho de manifestación y reunión, es ponerse al lado de la ahora ascendente y peligrosa ultraderecha. Sólo hay que leer un poquito. Y nosotros, los de AUGC, sabemos muy bien de lo que hablo.

 No me quiero extender, ya saben los que lo tienen que saber, que abandonaré mi cargo el mes que viene. Lo que ahora también me planteo, es dejar la afiliación a una Asociación Profesional que se suponía “progresista”, y que se está convirtiendo, a mi corto entender, en un “calco” malo de otras de reciente irrupción en el panorama sindical tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.


Lo siento compañeros, pero es mi opinión, espero que al menos se respete y se me deje exponer en “público”. A no ser que el seguidismo y complicidad con la ultraderecha mediática y política que se está instalando últimamente en las FyCSE, haga que se censure mi opinión (como ellos harán cuando lleguen al poder). Un saludo a todos.

 

Jesús Gimeno.

Hasta ahora, Secretario Jurídico de la Delegación de Zaragoza-Huesca.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2408 en: 17 de Noviembre de 2021, 08:53:20 am »
Ambos quieren ese caladero de votos .



PP y Vox agitan a policías y guardias civiles contra la reforma de la 'ley mordaza' por una falsa desprotección



Casado y Abascal se alían para dar cobertura política a la plataforma que reclama la equiparación salarial de los agentes, principal impulsora de las protestas en la calle contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy

Isabel Díaz Ayuso se anticipa a Pablo Casado y Santiago Abascal y confirma que acudirá a la manifestación del día 27 en Madrid: “Quieren que el terror impere en las calles”, sostiene la presidenta
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Fernando Varelafvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 17/11/2021 a las 06:00FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El líder del PP, Pablo Casado y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, durante un encuentro con representantes de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil en el Congreso.
El líder del PP, Pablo Casado y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, durante un encuentro con representantes de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil en el Congreso. Efe
PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordaza anunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes.

No es cierto. Basta con leer las enmiendas presentadas conjuntamente hace unos días por socialistas y morados —también las que defiende en solitario Unidas Podemos— para advertir que ninguna de ellas supone desprotección para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Thank you for watching

Al frente de la protesta, Jusapol, la plataforma que defiende la equiparación salarial con mossos y ertzainas y cuyas versiones sindicales se han convertido en pocos años en hegemónicas en los órganos de representación de la Policía y de la Guardia Civil. Y a la que diversos medios sitúan en sintonía con la extrema derecha. Jusapol ha convocado, con el apoyo de otros sindicatos, una gran manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre en la que pretende visibilizar la oposición de policías y guardias civiles a la reforma que pretende deshacer los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vox y PP participarán con sendas delegaciones en la manifestación. Está por ver si esta vez coincidirán, como en la Plaza de Colón, Pablo Casado y Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, ya ha confirmado su asistencia.

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias, y junto a ellos los partidos liderados por Casado y Abascal, critican diferentes aspectos de la reforma, pero especialmente uno: que los cambios reducen la protección legal de la que gozaban hasta ahora. Pero en realidad ninguna de las enmiendas promovidas por PSOE y Unidas Podemos hace eso.

Los cambios legales de los que recelan (y lo que en realidad establece la reforma) son los siguientes:

1. El tiempo máximo de retención de una persona para ser identificada pasa de seis a dos horas. Pero, a diferencia de lo que dicen los sindicatos, que consideran que ese tiempo puede ser insuficiente y dificultar su trabajo, la enmienda presentada aclara que “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

2. Las personas desplazadas para ser identificadas “tendrán derecho a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes”. Los sindicatos se oponen a esta medida porque, aseguran, los agentes no son taxistas e irá en detrimento del trabajo policial. Pero la enmienda añade que esto sólo se aplicará “cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

3. Las diligencias de identificación “habrán de ser motivadas y proporcionales y, en los casos de identificación en dependencias policiales, registro y comprobación, deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”. Algunos sindicatos creen que el hecho de que la identificación deje de ser anónima les desprotege. Sólo sería así si la identificación no se ha hecho correctamente, esto es: si no se ha realizado de forma “motivada y proporcional”.

4. Los sindicatos sostienen que a partir de ahora perderán la presunción de veracidad. Es “un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías”; pasará a ser una “ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho”, sostienen. Tampoco es cierto. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos reafirman que las actas policiales seguirán gozando “de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados salvo prueba en contrario”. Solo ponen una condición nueva: que el acta “resulte coherente, lógica y razonable”. Es decir: que no sea arbitraria.

5. Serán legales, en determinados casos, las manifestaciones que carezcan “del trámite previo de comunicación”. La reforma dice que “aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación” cuando “el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Esta posibilidad, en opinión de los sindicatos, dificultará el trabajo policial, “provocará graves disturbios y limitará el tiempo de reacción de los agentes, lo que podrá ser utilizado por grupos antisistema para causar el caos en las vías públicas”. Los promotores de esta reforma sostienen que el objetivo es adaptar la legislación para facilitar la protesta espontánea en la calle, tal y como ya sucede con normalidad, siempre que sea pacífica. Las enmiendas mantienen además la posibilidad de sancionar a quienes la promuevan si en ella se producen infracciones de la seguridad ciudadana.

6. Algunos sindicatos y varios dirigentes políticos, entre ellos el propio Pablo Casado, aseguran que la reforma prohibirá las pelotas de goma. Las enmiendas nada dicen sobre el uso de estos proyectiles pero sí proponen incorporar a la ley lo siguiente: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Sólo en el caso de que ese protocolo establezca que las pelotas de goma causan “lesiones irreparables”, algo que defienden numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, podrá decidirse que dejen de usarse.

7. La reforma quiere también poner fin a la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación. Una vez aprobada la reforma “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Los sindicatos sostienen que esto les pone en peligro porque “cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse”.

En realidad, la reforma es muy cauta en este punto, porque establece que será “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación”. Eso sí: “La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”. Es decir: la difusión de esas imágenes seguirá prohibida si pone en peligro a los agentes o a sus familias.

No son estos todos los cambios que PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza desde que el PP introdujo en ella medidas como la prohibición a los medios de comunicación de grabar acciones policiales, pero sí todas las que sindicatos, PP y Vox citan para denunciar la supuesta desprotección en la que quedarán los agentes si acaba aprobándose.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, fue este martes aún más lejos en sus acusaciones y después de participar junto a Casado en una reunión con responsables sindicales y de asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil llegó a afirmar que la reforma consagrará “la impunidad” de quienes cometan delitos. Díaz Ayuso también se pronunció en la misma línea, pero en un tono más elevado: “Quieren que el terror impere en las calles”.

Gamarra ve además oscuras intenciones por parte de PSOE y Unidas Podemos: “Pudiera parecer”, aseguró, que buscan “armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas”.

En rueda de prensa, la portavoz del PP anunció que su partido recurrirá la reforma, una vez aprobada, al Tribunal Constitucional porque su partido observa en ella algunos elementos de “dudosa constitucionalidad” que no precisó. Y declaró la intención del PP de aprovechar la reforma de la ley para prohibir los actos de homenaje y bienvenida a los presos condenados por terrorismo que cumplen condena y salen en libertad y para tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

 

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2409 en: 17 de Noviembre de 2021, 09:22:24 am »
Les va a dar dignidad y respeto. . . sobre todo ahora que están en la oposición, cuando gobernaban ya saben lo que les dieron, pero se les olvida. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2410 en: 17 de Noviembre de 2021, 09:41:08 am »
Les va a dar dignidad y respeto. . . sobre todo ahora que están en la oposición, cuando gobernaban ya saben lo que les dieron, pero se les olvida. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2412 en: 18 de Noviembre de 2021, 14:43:25 pm »
Un policía que tiene las cosas claras. . . sin embargo VOX ha encontrado en este colectivo un nicho de votantes importante. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2413 en: 18 de Noviembre de 2021, 16:49:57 pm »

ARP, la asociación policial que sí apoya la derogación de la Ley Mordaza


La Agrupación Reformista de Policías celebra la derogación de la Ley Mordaza “pese a todo el ruido y humo de este artificio de indignación (no)policial”


Dani Domínguez
18 noviembre 2021 Una lectura de 3 minutos
“Lógico desprestigio y malestar hacia las instituciones policiales por buena parte de la sociedad”. Esa es, según la Agrupación Reformista de Policías (ARP), una de las consecuencias de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. La conocida popularmente como Ley Mordaza fue aprobada por el Partido Popular hace más de seis años a pesar de las críticas de una buena parte de la sociedad.

Ahora, su reforma se está tramitando en el Congreso a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno. Entre los cambios, se reduce la cuantía económica de las multas, el tiempo de detención y se elimina la sanción por fotografiar y difundir imágenes de los agentes, excepto en algunos casos en los que se ponga en riesgo “el éxito de una operación”.


Este último cambio es el que menos ha gustado a una parte importante de las asociaciones y sindicatos de policías, que han convocado varias manifestaciones para finales de noviembre con el apoyo de los partidos de la derecha y la extrema derecha. Lo hacen a pesar de que en 2020, el propio Tribunal Constitucional ya limitó esta prohibición al considerar que se trataba de “censura previa”.

La ARP, sin embargo, se ha desmarcado del resto de organizaciones policiales y ha mostrado su apoyo a la iniciativa del Gobierno para reformar la legislación. “A las mencionadas convocatorias desde luego no ha sido invitada la Agrupación Reformista de Policías, ni se nos nombra, lo que de alguna forma demuestra nuestra posición inequívoca de independencia y de respeto a los valores democráticos como servidores públicos”, explican en un comunicado.


La asociación defiende que “pese a todo el ruido y humo de este artificio de indignación (no)policial”, la derogación de los “aspectos antidemocráticos” de la Ley Mordaza es motivo de celebración. Consideran que la legislación actual confronta con las libertades y los derechos ciudadanos que establece la propia Constitución.

Dardo a otras organizaciones policiales
Asimismo, en dicho comunicado, la ARP denuncia que diferentes sindicatos “se han ido desmarcando de toda imparcialidad que se nos debe por nuestra condición, hasta el surrealista punto de ver al propio SUP juntándose a los tres partidos de la foto de Colón en 2019 para salir ufano en ella”. Estos hechos, aseguran, “no hacen más que confirmar una perniciosa deriva” y la “partidista utilización de todo el colectivo policial para desgastar a un gobierno de un signo político que no agrada a los que están detrás de esta antidemocrática estrategia”.


La asociación reformista le recuerda al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que en 2015 aseguraba a The New York Times que no era “el mejor momento” para la creación de la Ley Mordaza puesto que se estaban viviendo “tiempos claros de cambios sociales, políticos y económicos, que se complican cuando una ley planificada no ha reunido el consenso político o social necesario”. Ante esto, critican que “ese mismo SUP que verbalizaba sus críticas a la Ley Mordaza, ahora se suma a las protestas contra su derogación”.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2414 en: 19 de Noviembre de 2021, 21:27:51 pm »

CCOO no participará en las movilizaciones que se están convocando en rechazo de las modificaciones de la ‘Ley mordaza’


CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía.

19/11/2021.
No a la ley mordaza
No a la ley mordaza

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, de la que forma parte el conjunto de las Policías de todos los cuerpos autonómicos y locales afiliados a CCOO, fue crítica con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana aprobada en 2015, porque supuso la limitación del ejercicio de las libertades, en especial las relacionadas con el derecho de manifestación.

Esta Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su preámbulo dice:

“La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”.

Y tal y como define el artículo 3 de dicha norma:

“Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación: a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico”.

Partiendo de esta afirmación, lo que la ley contiene debe orientarse en esa dirección: es una norma para defensa de derechos y libertades de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, y, en ningún momento, se plantea que esta ley sea “la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, porque ni regula sus derechos ni las condiciones laborales de las Policías.

Por el contrario, con ella se ampliaron las cantidades de las sanciones administrativas por infracciones, es decir, no delitos, de forma generalizada. Se estableció la posibilidad de retener hasta 6 horas a personas para proceder a tramitar la sanción administrativa, entre otras medidas.

Los cambios que se han anunciado, cuyo texto aún no conocemos, van en la dirección de limitar el tiempo de retención a 2 horas, rebajar las sanciones económicas y hacerlas proporcionales a la capacidad económica de la persona y no sancionar concentraciones o marchas sin la comunicación previa a las delegaciones de Gobierno.

Para CCOO, ningún cambio en la legislación puede debilitar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública, es decir de las Policías.

La responsabilidad de la protección de la seguridad ciudadana no recae exclusivamente en las Policías y la gestión de las fuerzas de seguridad. Deberá acompañarse de otras políticas de Estado, como las económicas y laborales, los servicios sociales, la educación, la comunicación pública o la protección civil, entre otros.

Para CCOO, el verdadero problema de las Policías es la falta de medios materiales y humanos para atender los retos de prevención y persecución de los delitos actuales, como los digitales, la violencia machista, la trata de personas, delitos de odio, los robos y hurtos en mayor o menor escala, los problemas de seguridad vial y un largo etcétera.

Para ello, necesitamos más formación especializada, una carrera profesional incentivada y real, condiciones laborales adecuadas en salario y calendario de trabajo ajustado a cómputos anuales, creación de unidades especializadas y dotadas con medios, mayor coordinación y colaboración entre los cuerpos, actuaciones de Policía Judicial de todos los cuerpos, incluidos los de Policía Local.

Por todo ello, emplazamos al Gobierno y al Ministerio del Interior a iniciar de forma urgente una mesa de diálogo social sobre las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, para abordar los aspectos laborales y profesionales, como la seguridad y salud, entre otros. Igualmente, esta mesa debe tratar el conjunto de temas pendientes y el desarrollo de los cuerpos de Policía, su modernización y dotación de medios, ajustando todo ello en un nuevo marco normativo en coherencia con la realidad social.

Para CCOO, es fundamental que la regulación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere impulsar amplíe y ensanche esa capacidad de ejercicio de derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como corresponde a una sociedad democrática, a un Estado de Derecho como el nuestro, desde la garantía de que todas y todos, ciudadanía y profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, podamos hacerlo en un marco de seguridad jurídica.

CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2415 en: 22 de Noviembre de 2021, 08:50:13 am »
Estos son los que tienen una visión apocalíptica de la seguridad ciudadana y andan vendiendo que España es un país inseguro...funcionarios "asustaviejas' que solo buscan desestabilizar el gobierno.



La plataforma "No a la España insegura" avisa que si la reforma se consuma arderá la calle


Censuran las consecuencias de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y critican que no se les haya tenido en cuenta

F.R.C. 22/11/21

La plataforma está constituida por la mayoría de Sindicatos de la Policía y Asociaciones de la Guardia Civil, medios de comunicación, sindicatos de clase, sociedad civil, asociaciones de vecinos, aglutinando a más de 40 entidades.

Esta plataforma nace con el objetivo de confrontar las enmiendas a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que proyecta el Gobierno.

Por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales como agentes que no están adscritos a este movimiento se han dado la mano para protestar y lo harán en la macromanifestación que han organizado el próximo día 27, cuando pretenden sacar a más de 140.000 agentes a la calle. La reforma de la ley supone un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar Madrid para intentar hacer reflexionar al Gobierno.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno de PSOE y Podemos ha recibido la contestación unánime de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se manifestarán el próximo 27 de noviembre al dejarles en una completa indefensión.

La norma, con puntos muy polémicos, ha sido criticada por dificultar el trabajo de la Policía y Guardia Civil ante las protestas violentas y por mermar su principio de autoridad.

Una cesión del Ejecutivo ante sus socios independentistas y proetarras.

Mientras prepara esta reforma, el Gobierno ha concedido a Bildu datos sobre los agentes que llevan cámaras corporales, un instrumento que las Fuerzas de Seguridad consideran esencial para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos y la suya propia ante el preocupante aumento de agresiones.

Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa.

También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle.

 
La controvertida reforma del Gobierno ha provocado la indignación, y preocupación, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los colectivos policiales han avisado de sus consecuencias y se unirán en una protesta masiva el próximo fin de semana. Pese a las críticas, pocas dudas caben de que el Ejecutivo sacará adelante la ley con el apoyo de sus socios.

Uno de los puntos que ha provocado más inquietud es el que elimina la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa. Una medida que llega después de que las organizaciones policiales hayan alertado del aumento de agresiones, alrededor de las 30 al día, y de la gran conflictividad social. Los agentes, mientras, no podrán grabar a los infractores.

Además, las manifestaciones espontáneas ya no tendrán que ser comunicadas previamente. Las sanciones, en el caso de producirse incidentes, sólo recaerán sobre los organizadores o promotores. También se reducirá el tiempo de la detención de aquellas personas que se nieguen a identificarse, que sólo podrán ser retenidas hasta dos horas, frente a las seis actuales.

Por otro lado, se elimina la presunción de veracidad del atestado policial lo que, según los agentes, los sume en una enorme inseguridad jurídica. Se considerará que el atestado es verdad siempre que los hechos consignados en él resulten “coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”.

También se prevén cambios en el material antidisturbios, obligando a utilizar aquel que resulte menos lesivo. Y se prohibirán los cacheos y desnudos. La reforma reducirá además las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos y establecimientos, que pasarán de graves a leves.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2416 en: 22 de Noviembre de 2021, 11:33:09 am »

CCOO no participará en las movilizaciones que se están convocando en rechazo de las modificaciones de la ‘Ley mordaza’


CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía.

19/11/2021.
No a la ley mordaza
No a la ley mordaza

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, de la que forma parte el conjunto de las Policías de todos los cuerpos autonómicos y locales afiliados a CCOO, fue crítica con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana aprobada en 2015, porque supuso la limitación del ejercicio de las libertades, en especial las relacionadas con el derecho de manifestación.

Esta Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su preámbulo dice:

“La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”.

Y tal y como define el artículo 3 de dicha norma:

“Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación: a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico”.

Partiendo de esta afirmación, lo que la ley contiene debe orientarse en esa dirección: es una norma para defensa de derechos y libertades de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, y, en ningún momento, se plantea que esta ley sea “la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, porque ni regula sus derechos ni las condiciones laborales de las Policías.

Por el contrario, con ella se ampliaron las cantidades de las sanciones administrativas por infracciones, es decir, no delitos, de forma generalizada. Se estableció la posibilidad de retener hasta 6 horas a personas para proceder a tramitar la sanción administrativa, entre otras medidas.

Los cambios que se han anunciado, cuyo texto aún no conocemos, van en la dirección de limitar el tiempo de retención a 2 horas, rebajar las sanciones económicas y hacerlas proporcionales a la capacidad económica de la persona y no sancionar concentraciones o marchas sin la comunicación previa a las delegaciones de Gobierno.

Para CCOO, ningún cambio en la legislación puede debilitar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública, es decir de las Policías.

La responsabilidad de la protección de la seguridad ciudadana no recae exclusivamente en las Policías y la gestión de las fuerzas de seguridad. Deberá acompañarse de otras políticas de Estado, como las económicas y laborales, los servicios sociales, la educación, la comunicación pública o la protección civil, entre otros.

Para CCOO, el verdadero problema de las Policías es la falta de medios materiales y humanos para atender los retos de prevención y persecución de los delitos actuales, como los digitales, la violencia machista, la trata de personas, delitos de odio, los robos y hurtos en mayor o menor escala, los problemas de seguridad vial y un largo etcétera.

Para ello, necesitamos más formación especializada, una carrera profesional incentivada y real, condiciones laborales adecuadas en salario y calendario de trabajo ajustado a cómputos anuales, creación de unidades especializadas y dotadas con medios, mayor coordinación y colaboración entre los cuerpos, actuaciones de Policía Judicial de todos los cuerpos, incluidos los de Policía Local.

Por todo ello, emplazamos al Gobierno y al Ministerio del Interior a iniciar de forma urgente una mesa de diálogo social sobre las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, para abordar los aspectos laborales y profesionales, como la seguridad y salud, entre otros. Igualmente, esta mesa debe tratar el conjunto de temas pendientes y el desarrollo de los cuerpos de Policía, su modernización y dotación de medios, ajustando todo ello en un nuevo marco normativo en coherencia con la realidad social.

Para CCOO, es fundamental que la regulación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere impulsar amplíe y ensanche esa capacidad de ejercicio de derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como corresponde a una sociedad democrática, a un Estado de Derecho como el nuestro, desde la garantía de que todas y todos, ciudadanía y profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, podamos hacerlo en un marco de seguridad jurídica.

CCOO continuará defendiendo la imprescindible convivencia y mejora de los derechos laborales y profesionales de las Policías con el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de la ciudadanía


Dice el refrán...mejor solos que mal acompañados


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2417 en: 22 de Noviembre de 2021, 13:14:34 pm »

El ‘VOX policial’ y la radicalización de los Cuerpos de Seguridad del Estado


Desde el SUP y la AUGC miran de reojo a Jusapol, sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, también conocido como el "VOX policial"
Arresto de una mujer. ÁLVARO MINGUITO

Óscar F. Civieta
03 diciembre 2020 Una lectura de 9 minutos
“Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”. Es lo que impone el artículo 5.1.b de la Ley Orgánica, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSE). Sin embargo, algunas actuaciones recientes han sembrado dudas sobre su obediencia y, en consecuencia, inducen a sospechar sobre una radicalización de sus agentes.

Esa sospecha existe, incluso, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), miran de reojo a Justicia Salarial Policial (Jusapol), cuando se les cuestiona acerca de ese extremismo. Jusapol (Jupol en la Policía Nacional y Jucil en la Guardia Civil) nació en julio de 2017 como una asociación “apolítica y asindical, que reivindica la equiparación salarial con las policías autonómicas”, tal y como se explica en un vídeo de su perfil de Facebook. Se les ha llamado el “sindicato de VOX” o el “VOX policial”. “Por algo será”, dice Pedro Carmona, portavoz de la AUGC.

La participación en sus concentraciones de algunos de los rostros más visibles de la extrema derecha en España no ayuda a eliminar esta correlación. Fue VOX, por añadidura, el partido que presentó en el Congreso una proposición de ley que se inspiraba en la Iniciativa Legislativa Popular promovida por Jusapol sobre la equiparación salarial. Se rechazó con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos y los partidos que apoyaron la formación de Gobierno. Pero, ¿son verdaderamente representativos de lo que hay en los diferentes cuerpos? A tenor de los resultados de las últimas elecciones al Consejo de la Policía, celebradas en junio de 2019, está claro que sí: obtuvieron el 58,4% de los votos (ocho de los 14 representantes). Sin mencionar a Jusapol, fuentes del SUP reconocen que sí hay una radicalización en el seno de las FFCCSE: “La Policía siempre ha sido conservadora, pero hay un sector que ha dado un salto más en cuanto a la manera de pensar. Un salto hacia la extrema derecha”.

Aseguran que Jupol son “populismo puro y duro” y que, “como en la política, algún día los compañeros se darán cuenta y las cosas volverán a su cauce”. Defienden que cada uno pueda tener su ideología: “Pero hay que saber aparcarla cuando te pones el uniforme”.


El portavoz de la AUGC no cree que haya habido una radicalización dentro de la Guardia Civil ni que exista una ideología predominante: “Estamos molestos internamente, porque se nos tacha de ser afines a cierto partido político. Con el tema de VOX, se piensa que hay sectores muy radicalizados o politizados, pero nosotros trabajamos con normalidad, ajenos a la bomba explosiva, a los medios de comunicación y al debate político, con total independencia e imparcialidad”. Recuerda Carmona que ellos llevan muchos años reclamando la equiparación salarial desde una organización cuyos fundadores, como se apunta en la web de la AUGC, “dieron con sus huesos en cárceles militares y fueron expulsados del Cuerpo”.

vox policía
Una carga policial. ÁLVARO MINGUITO
Sobre Jusapol, explica lo siguiente: “En un principio, todo fue idílico y bonito: todos unidos, una plataforma sin siglas. En la primera manifestación no pasó nada, pero luego ya empezaron a decirnos que no podíamos ir con insignias de nuestra asociación, que eso era de Jusapol”.
“Agresividad”. Eso es lo que asegura Carmona que le llega de Jusapol. “En redes sociales –tras la creación de la Jucil– sufrimos un ataque bestial, insultos… Nos decían que estábamos en el ala de los generales”. Es una plataforma, comenta el portavoz de la AUGC, que “aprovechó toda la inercia de lo de Catalunya. Las imágenes causaron un apoyo social brutal. La Guardia Civil o la Policía Nacional abrían la boca y se les daba lo que hiciera falta”.


Juan Antonio Delgado es diputado de Podemos y guardia civil. Estima que ambos cuerpos son un reflejo de la sociedad y que no hay más gente de extrema derecha que en otros sectores. Cuando salen a la luz vídeos como el del exlegionario disparando a fotografías de políticos en una galería de tiro (desvelado por La Marea tras circular en varios chats de policías nacionales) “es porque lo filtra alguien de dentro, es decir, que también hay gente demócrata y decente que dice ‘esto no me gusta’”. Señala que hay muchas personas que no piensan así, pero que existe cierto miedo: “No tienen esas ideas, pero dicen ‘para qué me voy a complicar la vida, mejor me callo’”.

“No hay radicalización en el Cuerpo”, afirma Pablo Pérez, secretario de comunicación de Jupol. “La gente puede pensar eso porque, tras la unión de policías y guardias civiles que logró Jusapol, los agentes salimos en masa a la calle. Se hicieron cientos de manifestaciones, todas ellas sin incidentes. Eran festivas, no radicales. Salvo lo que sucedió en Barcelona, cuando varios compañeros sufrieron agresiones por parte de los independentistas”, añade.

Sobre su acercamiento a uno u otro color político, Pérez señala: “Es muy curioso, porque cuando nacimos dijeron que éramos un movimiento podemita, luego de Ciudadanos –que es verdad que nos dieron mucho apoyo– y últimamente se nos vincula a VOX”. Asegura que son “apolíticos” y que buscan el apoyo de todos los grupos, aunque reconoce que últimamente miembros de VOX se dejan ver en sus concentraciones. El 3 de marzo, por ejemplo, los dirigentes del partido de ultraderecha Javier Ortega Smith y Macarena Olona estuvieron rodeando el Congreso junto a policías y guardias civiles enmascarados convocados por Jusapol. “Pero antes estuvieron de otros partidos. Nosotros nos reunimos con todos los que nos quieran recibir. Somos un colectivo bastante importante. Somos muchos votos, y los partidos quieren, entre comillas, adueñarse de esos votos”, apunta Pérez.

No parece, sin embargo, que desde las fuerzas del orden todos los partidos sean iguales. El pasado mayo, el Ministerio del Interior abrió expediente a una decena de miembros de Jusapol por protestar –el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer– frente a la casa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. También fue sancionado con 20 días Alejandro León (Jandro Lion en redes sociales: tiene casi 50.000 suscriptores en su canal de YouTube), policía y miembro de Jusapol, después de que en un vídeo, y tras el regalo de una navaja, dijera: “La cantidad de gente que voy a asesinar yo con esto, que se preparen los menas”. La navaja llevaba una inscripción, que él mismo leyó: “Para Alejandro León, el mejor youtuber jusapolero, con cariño de Jusapol Ciudad Real”. Es habitual que, desde su cuenta de Twitter, @Jandrolion apoye públicamente a VOX. En las últimas elecciones vascas, por ejemplo, retuiteó un tuit de la formación de extrema derecha que decía: “Ya hemos entrado”.

Formación en valores

En España, según diversas fuentes consultadas, el sueldo de un policía nacional de la escala básica oscila entre los 1.500 y los 1.900 euros netos mensuales. En el caso de la Guardia Civil, la horquilla está entre los 1.450 y los 1.550 euros. Por hacer una comparación con el funcionariado: los médicos y médicas (en su escalón más bajo) rondan los 2.425 euros mensuales y el profesorado de Educación Primaria van de los 1.800 a los 2.400.

Lo que se exige para presentarse a las oposiciones es tener la nacionalidad española; haber cumplido los 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación (el Tribunal Supremo –en dos sentencias de 2011– eliminó el límite de 30 años para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía); no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; no hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional; compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante, y tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.

En la Policía Nacional, solo alrededor de un 12 % son mujeres, porcentaje que desciende al 8% en el caso de la Guardia Civil. De hecho, en la convocatoria para ingresar en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro se ha reservado el 30% de las plazas para mujeres. Habrá que esperar a próximas convocatorias para comprobar si se convierte en tónica habitual.

El programa de las oposiciones a Policía Nacional consta de 41 temas. Entre ellos, está el estudio de textos genéricos como la Constitución Española o la Declaración Universal de Derechos Humanos y hay dos dedicados a Actitudes y valores sociales y Principios éticos de la sociedad actual.

En el de la Guardia Civil también aparecen los dos primeros, pero no hay mención a esos valores sociales o elementos de cultura democrática. “No creo que sea necesario”, explica Carmona. “Lo que sí decimos es que la teoría que se nos enseña es una formación militar, que poco tiene que ver con el servicio ordinario que realizamos. Deberíamos desarrollar un trabajo más técnico-policial. No sirve de nada que en la academia nos enseñen a desfilar”, prosigue. El temario para los guardias civiles cambió en junio de 2019, incluyendo 12 temas nuevos, entre ellos, Igualdad, Extranjería e Inmigración, Geografía e Historia o Literatura. Se sigue sin hablar de violencia de género. Algo que sí sucede en el de la Policía Nacional.

Los ejercicios de selección para acceder a la Policía constan de una primera prueba de aptitud física, otra de conocimientos y ortografía y una tercera formada por un reconocimiento médico, entrevista personal y test psicotécnico. Por último, hay un ejercicio voluntario de idioma. En el caso de la Guardia Civil, se realiza una prueba de conocimientos teóricos o teórico-prácticos, dentro de la cual se evalúan los conocimientos generales, el manejo de la lengua inglesa y la ortografía (en la última convocatoria, el 43% de los aspirantes suspendieron por esta prueba). También hay una prueba psicotécnica, pruebas físicas, reconocimiento médico y entrevista personal.

Desde el SUP aseguran que echan en falta más formación en valores: “Llevamos años denunciando que hay que dar un giro, que la sociedad ha cambiado, y los compañeros de los que te hablaba son el reflejo de la sociedad”. Son excesivas, sostienen, “las horas que se dedican a hablar de sanciones o de por qué tienes que detener a un ciudadano: si ha cometido un robo, será un juez el que le va a imponer tres años de cárcel. ¿Para qué tanta normativa sobre algo que no vamos a aplicar nosotros?”. La formación, afirman, “está obsoleta”. “Es necesario estudiar valores que antes los jóvenes tenían instaurados: hace años entrabas en el metro y todo el mundo sabía que había que levantarse para dejar el asiento a una persona mayor. Ahora, poco menos que te empujan para sentarse ellos”.

No existe un mecanismo de control de posibles radicalizaciones una vez que ya se está dentro del Cuerpo, asegura el portavoz de la AUGC. “Eso ya es un tema de asuntos internos, si se tiene conocimiento de que un guardia civil ha cometido una ilegalidad, los jefes hacen una nota reservada y se abre un procedimiento disciplinario”. A los guardias civiles se les aplica el régimen disciplinario y el Código Penal Militar. Desde la AUGC llevan tiempo reclamando la derogación del apartado 5 del artículo 1 del Código, para que este no se les aplique mientras realizan funciones policiales.



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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2418 en: 22 de Noviembre de 2021, 16:54:02 pm »
Desde el momento en el que la manifestación está encabezada por políticos, la manifestación está, por definición, politizada y pierde los pocos argumentos PURAMENTE profesionales y sociales que podría tener.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2419 en: 23 de Noviembre de 2021, 08:21:42 am »
La cuestión está politizada desde el principio, los convocantes parten de una mentira, la desprotección policial.ppr la reforma, y el.politiho aprovecha ese caladero de votos para sumarse y así socavar al gobierno.

Y ya veremos el logo de UGT Policía Canaria en ese cartel su no causa dolores de cabeza a alguno.