La ley 4/2015 y su aplicación

[PELAYO]

La cuestión está politizada desde el principio, los convocantes parten de una mentira, la desprotección policial.ppr la reforma, y el.politiho aprovecha ese caladero de votos para sumarse y así socavar al gobierno.

Y ya veremos el logo de UGT Policía Canaria en ese cartel su no causa dolores de cabeza a alguno.

Esta reforma está hecha para contentar a Catalanes y Vascos, sobre el tema de manifestaciones. Ahí veo el problema en la reforma sobre las manifestaciones y la grabación de imágenes, en el resto de cambios no veo ningún problema de gravedad.

[47ronin]

Manifestaciones espontáneas no sujetas a comunicación.previa...donde está el problema?

Grabaciones a policías...recordemos que en enero de este año el TC fallo.anulando el.precepto "sin autorizacion".

[47ronin]

 

Protestas anti reforma de la Ley Mordaza

Preocupación en Interior por la “espiral de politización” de los policías

Vídeos arengatorios de Jusapol calientan a sus seguidores: “Quieren una policía bolivariana”
Cabeza de una manifestación de Jusapol.
Cabeza de una manifestación de Jusapol.

Juan José Fernández


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Madrid - Miércoles, 24/11/2021 - 06:00
Más de 160.000 policías y guardias civiles, 17.300 mossos, 7.000 ertzainas y miles de agentes de la Policía Foral navarra y policías municipales están llamados este miércoles a concentrarse ante subdelegaciones y delegaciones del Gobierno para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o ‘Ley Mordaza’.

[47ronin]

Los Mossos d'Esquadra, grandes ausentes en las protestas policiales por la 'Ley Mordaza'


Los convocantes de las protestas prevén una asistencia multitudinaria a los actos que se celebran este miércoles y sábado. Piden al Gobierno que escuche sus reivindicaciones en la reforma legislativa


GONZALO ARALUCEPUBLICADO 24/11/2021 04:45
Arrancan las jornadas en las que policías nacionales, guardias civiles y agentes de cuerpos autonómicos o locales se echan a la calle en protesta por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Consideran que se quedan "vendidos" y que los cambios anunciados por el Gobierno ponen en riesgo su seguridad, la de sus familiares y el orden público. La lista de asociaciones y sindicatos que han anunciado su presencia en los actos convocados se extiende cada día. Sin embargo, llama la atención la ausencia de representantes de los Mossos d'Esquadra entre los participantes en las protestas.

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Policías nacionales y guardias civiles fueron los primeros en movilizarse. Las discrepancias internas entre sindicatos y asociaciones representativas llevaron a las organizaciones a convocar dos jornadas de protestas. La primera, este miércoles, 24 de noviembre, frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España. La segunda, el sábado, día 26, en una marcha multitudinaria por las calles de Madrid. Tras no lograr la unificación en el calendario, los agentes tratan de cerrar la brecha y apoyan mutuamente la convocatoria de ambas protestas.


A ellas se han ido sumando con el paso de los días los sindicatos y asociaciones de otros cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde policías autonómicos hasta cuerpos locales. Así, miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y agentes municipales marcharán todos a una frente a los cambios anunciados por el Gobierno sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero en la lista llama la atención la ausencia de sindicatos representativos de los Mossos d'Esquadra. Sí que han confirmado su participación desde una plataforma de agentes por la pasarela, que abogan por abrir las puertas de las policías autonómicas para dar el salto a otros cuerpos nacionales, una iniciativa que se reforzó durante los compases de mayor tensión social y política del procés independentistas de Cataluña.


Fuentes convocantes de las protestas aseguran que en los actos sí que participarán mossos d'Esquadra que se están movilizando a nivel particular, pero que no hay una vía común entre ellos. Aún hay posibilidad de que se sumen a los actos, ya sean a los de este miércoles o a los del sábado en Madrid. Pero, por el momento, no figura el escudo de ningún sindicato de la policía autonómica catalana en los comunicados lanzados por sindicatos y asociaciones.

Otras fuentes policiales recuerdan los disturbios que se han registrado en Cataluña en los últimos años y las implicaciones que la reforma legislativa puede tener en un "escenario caliente". En concreto, la posibilidad de celebrar manifestaciones espontáneas sin previo aviso y las consecuencias que eso puede tener para el orden público. Estas mismas fuentes, no obstante, recuerdan que las intervenciones ante desórdenes en Cataluña tienen sus propias restricciones, ya que el Parlamento autonómico prohibió que los Mossos d'Esquadra emplearan recursos como las pelotas de goma.


Las peticiones ante la 'Ley Mordaza'
En cualquier caso, los agentes que sí participarán en las movilizaciones prevén que las protestas serán multitudinarias y reunirán a decenas de miles de personas. Lo que le piden al Gobierno es que tengan en cuenta sus consideraciones para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana antes de cerrar el texto definitivo.

Las medidas que más irritan a los agentes es que se ponga fin a la prohibición de difundir fotos de los agentes en sus intervenciones, lo que propiciaría -a juicio de los policías y guardias civiles- un problema de seguridad para ellos mismos y sus familias, especialmente en aquellos sitios donde hay una mayor presión contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Cataluña, País Vasco o Algeciras.

Pero también critican la permisividad de la celebración de manifestaciones espontáneas que permite la nueva ley que el Gobierno pretende sacar adelante, así como la obligación de los agentes de tomar declaración a los detenidos en dos horas -en lugar de seis- y de trasladarlos al mismo lugar en el que fueron arrestados. La reforma contempla, asimismo, que las multas sean proporcionales a su capacidad económica y una reducción de las sanciones por determinadas infracciones.

[Celestino]

Como los datos de la Pandemia van bien o relativamente bien,  cómo la cobertura social ha propiciado que la economía no se hunda y el Paro no está desbocado como soñaba el PP y Vox, han tenido que buscar una polémica artificial y usar, como siempre hace la derecha,  a la Policía para tratar de desgastar al Gobierno.
Yo creo que si tanto miedo tienen a la derogación de la Ley Mordaza estos agerridos Policías que cuelguen el uniforme que hacen falta camioneros, peones de albañil y emprendedores varios, a nadie nos obligan a trabajar en esto. Un poquito de respeto a la Ciudadanía y sus representantes legítimamente elegidos, que no somos la Guardia Pretoriana de la época de Nerón que se permitía quitar y poner gobernantes, el hecho de tener pistola no nos concede el derecho a elegir quién manda en este País,  manda el Pueblo. Punto.

[47ronin]

Omisiones y carga ideológica en el decálogo de la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza


Jupol convoca una gran manifestación para el sábado en Madrid a la que acudirán los líderes de PP y Vox. Los sindicatos policiales aseguran que los cambios comprometen su seguridad y las de sus familias. El textual de las reformas pactadas por PSOE y Unidas Podemos rebaja, cuando no contradice, las afirmaciones de los agentes
PSOE y Unidas Podemos enmiendan la ley mordaza: reducen las multas económicas y el tiempo de detención
Manifestación de la asociación de agentes de Policía y Guardia Civil Jusapol en 2020.
Manifestación de la asociación de agentes de Policía y Guardia Civil Jusapol en 2020. Jesús Hellín / Europa Press
Pedro Águeda

23 de noviembre de 2021 22:27 h
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 @pedroagueda
Los líderes del Partido Popular y Vox participarán este sábado en la manifestación que los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado en Madrid para protestar contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana que promueven los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los agentes se quejan de que no han sido consultados y de que "se pone en peligro" su seguridad y la de sus familias. En sus críticas a las enmiendas hay omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas, como cuando protestan por que el DNI vaya a escribirse en lenguas cooficiales.


Jupol ha resumido las principales reivindicaciones de los policías y guardias civiles en un decálogo que toma como referencia el texto pactado con las enmiendas a la proposición de ley presentada por el PNV. Jupol es el sindicato cuyo origen está en la plataforma Jusapol y que barrió en las primeras elecciones sindicales a las que se presentó con la exigencia de nuevas subidas salariales en el Cuerpo, tras la de 400 euros de media mensual que aprobó el último Gobierno de Rajoy e implantó el actual Ejecutivo. Otras asociaciones y sindicatos se concentran este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno. Todas las organizaciones respaldan ambas convocatorias.

Policías con presunción de veracidad
Jupol dice: "El atestado policial perderá presunción de veracidad si los hechos en ella consignados no resulten coherentes lógicos y razonables, salvo prueba en contrario". Los sindicatos policiales están aludiendo continuamente a los conceptos "delincuente" y "delito", de los que no se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a las infracciones administrativas que no alcanzan el rango de delito y que se solventan con multas. En consecuencia, la propuesta de reforma no afectará a los atestados sino a las "actas", como recoge el texto de PSOE y Unidas Podemos. En realidad, el texto pactado por ambas fuerzas políticas recoge realmente lo siguiente: "El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario".

Pablo Pérez es el portavoz nacional de Jupol. En declaraciones a elDiario.es asegura: "Todo lo que hacemos es lógico y razonable. No nos inventamos nada. Están volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley".

Grabaciones de las actuaciones policiales

Jupol dice en su decálogo sobre los cambios que quieren introducir el Gobierno y sus socios: "Grabaciones a los Policías. La mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá infracción".

La enmienda pactada precisa: "No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. No obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación. La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible".

Con la llegada de los teléfonos móviles con cámara son habituales las grabaciones que denuncian excesos policiales en la calle, principalmente en manifestaciones. Un tribunal ha absuelto recientemente al fotoperiodista de 'El País' sobre el que un policía se inventó una agresión. Otro fallo en Barcelona detalla cómo se acusó a un joven por una patada denunciada por los Mossos a que nunca se produjo. La condena al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez con el simple testimonio de un policía que apenas ofreció detalles también ha sido objeto de polémica.

El portavoz de Jupol se queja de que esas grabaciones "siempre muestran al compañero levantando la defensa [la porra], pero no lo que ha ocurrido antes". La solución estaría, según dice, en que la Dirección General de la Policía dote a los agentes de cámaras en el pecho que graben toda la secuencia, como ellos vienen reclamando. Con la eliminación de que puedan identificar a quienes vean grabando a policías desaparece la posiblidad de localizar a los que luego utilizan presuntamente esas imágenes en grupos organizados de "violentos", no ya solo en redes sociales sino en grupos de mensajería instantánea como whatsapp, añade Pérez.

El Tribunal Constitucional estableció hace exactamente un año que este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga grabar a agentes no cumple con la Carta Magna. Al prohibir el uso "no autorizado" de imágenes o datos que, por ejemplo, pongan en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes no se está respetando el "derecho fundamental a la información", estableció el Constitucional.

Comunicar las manifestaciones
Jupol dice también en su decálogo para justificar las protestas: "Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente". Y la enmienda de PSOE y UP recoge: "La carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación".

Las quejas sindicales en este ámbito se refieren a que la no necesidad de comunicar una manifestación impediría planificar un dispositivo, fomentaría los altercados y eso repercutiría en la integridad de los agentes. Los impulsores de la reforma han pensado en las expresiones espontáneas de la ciudadanía y en el derecho fundamental de manifestación, aunque imponen límites severos si se produce cualquier altercado.

"Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso", propone la enmienda.

Uso de material antidisturbios
Jupol se posiciona en contra de que en lo relativo al "material antidisturbios se utilice siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables". Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos recogen: "Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables".

Los sindicatos policiales consideran que hay enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, pese a las graves lesiones que ha producido su uso en algunos ciudadanos, como la pérdida de un ojo, o incluso la muerte, en el caso del seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cavacas. Los Mossos d’Esquadra han sustituido las pelotas de goma por otro material, el 'foam', menos dañino, pero policías y guardias civiles aseguran que sus compañeros de la Policía autonómica lo consideran inoperante –pese a que también ha causado lesiones–.

La tenencia de drogas
Pasa de infracción grave a leve estar en posesión de sustancias estupefacientes para uso personal. Hasta ahora, la incautación de una pequeña cantidad de droga suponía una propuesta de sanción que solía quedarse en el tramo más leve de los tres posibles de una falta grave, esto es, una sanción de 601 euros, aunque la ley contempla multas de hasta 30.000 euros para este tipo de infracción. Con el cambio a leve –Unidas Podemos quería que la simple tenencia no fuera sancionable–, la multa máxima es de 600 euros, aunque con la lógica aplicada hasta ahora debería aplicarse el tramo menor, de 100 euros. Los sindicatos policiales consideran que esta rebaja en la multa fomentará el tráfico de drogas.

Multas según el poder adquisitivo
"Se tendrá en cuenta la situación económica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales", dice la enmienda para el artículo 53.bis. Y añade: "Si realizada esta ponderación se concluyese que la sanción que corresponda no guarda proporción con la situación económica del responsable, se procederá de la manera establecida en los números siguientes, se fraccionará el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados, siempre dentro del plazo previsto para la prescripción de la sanción o sanciones impuestas".

Para el portavoz de Jupol se trata de algo "surrealista". "¿A quién le cabe en la cabeza que cada uno pagara distinto por una misma multa de tráfico? Los grupos violentos pueden utilizar a individuos con poco poder adquisitivo como punta de lanza", pronostica Pablo Pérez.

Dos horas máximo detenido para poder ser identificado
Los sindicatos denuncian que el plazo en comisaría únicamente a efectos de identificación, a donde se habrá conducido a una persona por no llevar la documentación encima o por negarse a entregarla, se reducirá de seis horas a dos. En realidad, la enmienda incluye la posibilidad de que, "excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas".

Un mando de la Policía Nacional que no se identificaba declaró a 'Abc' que esto abre la puerta a que todos los alborotadores de las manifestaciones irán indocumentados". Se entiende que a los alborotadores que han cometido una simple infracción administrativa y no están acusados de un delito, como el de atentado a la autoridad. También se refería este mando a los jóvenes de botellón que, según él, preferirán ser conducidos a comisaría y pasar detenidos dos horas a identificarse para la propuesta de sanción.

Devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados
Distintos testimonios de responsables policiales que justifican estos días las protestas en los medios de comunicación alertan de que se va a convertir a los policías en una suerte de "taxistas de delincuentes". En realidad, la enmienda especifica que solo se actuará así en el caso de que la persona trasladada a dependencias policiales para su identificación cuando ésta se encuentre "en localidad distinta a la del requerimiento del acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios".

Cacheos y desnudos
Jupol critica que "no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo" en los cacheos y advierte del riesgo de inoperancia y dificultades para la realización del trabajo de los agentes con los cambios que se pretenden introducir.  La enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno establece que "fuera de dependencias policiales sólo podrá practicarse diligencias de registro corporal, que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía. No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó" .

DNI en lenguas cooficiales
Figura en el último punto del decálogo para justificar la marcha contra el Gobierno. La enmienda prevé que en el diseño del documento de identidad "se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios". El portavoz de Jupol reconoce que este cambio no afecta a la seguridad de los policías ni sus familias.

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La reforma de la ley mordaza que pide Bruselas y contra la que se manifiestan Casado, Ayuso y Abascal


El presidente del PP, que a menudo recurre a la UE para hacer oposición al Gobierno, desoye en este caso las peticiones de la Comisión Europea y el Consejo de Europa para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana
DOCUMENTO — Informe de 2021 de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España
Archivo - Una persona sostiene una careta donde se lee "No Ley Mordaza" durante una manifestación contra el encarcelamiento del rapero y poeta Pablo Hasel, en la Plaza Portugalete, en Valladolid, Castilla y León (España), a 19 de febrero de 2021.
Archivo - Una persona sostiene una careta donde se lee "No Ley Mordaza" durante una manifestación contra el encarcelamiento del rapero y poeta Pablo Hasel, en la Plaza Portugalete, en Valladolid, Castilla y León (España), a 19 de febrero de 2021. Claudia Alba - Archivo
Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —
24 de noviembre de 2021 22:31 h
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 @andresgil
Esta vez no toca el comodín de Europa. El presidente del PP, Pablo Casado, repite a menudo que la Unión Europea pide reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Lo repite tantas veces como se calla que la Comisión Europea pide con la misma insistencia que se renueve el órgano, bloqueado durante más de mil días por el PP, y que limita la petición de que los jueces sean elegidos por "sus pares" a los 12 vocales de extracción judicial de los 20 que componen el CGPJ.


Pablo Casado, además, se sumará a las manifestaciones de policías que protestan contra la reforma de las leyes mordaza, al igual que su antagonista interna, la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, y el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal. Y, en este caso, Abascal también hace oídos sordos a los informes de la Comisión Europea y el Consejo de Europa a favor, precisamente, de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los mismos informes, precisamente, que hablan del CGPJ.


"Potencial represivo"
El último dictamen sobre España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa es claro: España debería reformar la ley de Seguridad Ciudadana.

Dicha revisión "debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo", afirma el organismo consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del Derecho constitucional.


En su dictamen, de marzo de 2021, la Comisión de Venecia hace una serie de recomendaciones, incluyendo que los delitos "cuasipenales" (aquellos por los que se pueden imponer multas elevadas) y las atribuciones coercitivas de la policía se describan con más precisión, y que las regulaciones detalladas a nivel sublegislativo sean adoptadas para reflejar la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional español para que sirva de guía a la policía en su trabajo diario.

El dictamen fue solicitado en octubre de 2015 por el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia aplazó su preparación a causa de las elecciones en España y a la espera del examen de varias disposiciones de la ley por parte del Constitucional, y la reanudó cuando el Constitucional dictó su sentencia de noviembre de 2020, en la que avalaba gran parte de las normas.


El dictamen de la Comisión de Venecia se centra en las disposiciones que más han llamado la atención en España: la normativa sobre controles y registros de personas en lugares públicos; la vigilancia de manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de éstas; las severas sanciones administrativas previstas por la Ley y las devoluciones de extranjeros en la frontera española en Ceuta y Melilla.

"Abusos en la práctica"
La Comisión de Venecia se basa en gran medida en las conclusiones del Constitucional. Sin embargo, opina que "si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable".

El Consejo de Europa anima al legislador "a realizar una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos y las libertades. Dado el potencial represivo de esta ley, dicha revisión debe realizarse con regularidad".

Según el dictamen, la ley de Seguridad Ciudadana "contiene una serie de disposiciones que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia".


La Comisión de Venecia recuerda que "la claridad y previsibilidad de la ley garantizan un trato igualitario y no arbitrario y la seguridad jurídica (entendida como la previsibilidad de la acción del Estado) es particularmente importante en el ámbito del Derecho penal. Debido a la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley 4/2015, podría decirse que pueden entrar en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, la Comisión de Venecia recomienda que tales delitos cuasipenales y los poderes coercitivos de la policía se describan con más precisión".

Seguimiento en la policía
Para compensar la indeterminación de ciertas disposiciones de la Ley, la Comisión de Venecia recomienda "la adopción de reglamentos detallados a nivel sublegislativo, que reflejarían la jurisprudencia constitucional reciente y servirían de orientación a la policía. También es importante fortalecer el mecanismo de seguimiento interno dentro de la propia policía, que ayudaría a identificar patrones de uso de las competencias policiales, detectar abusos (como verificaciones de identidad arbitrarias, perfiles discriminatorios, etc.), facilitar posteriores inspecciones externas de las fuerzas policiales y, en última instancia, permitir al Parlamento analizar la práctica del uso de poderes coercitivos y modificar la legislación en consecuencia. También puede ser necesario reforzar los mecanismos existentes de revisión judicial de la acción policial y hacerlos más eficientes y accesibles".

En este sentido, la Comisión de Venecia recomienda, en lo que respecta a los controles personales y los registros corporales externos en lugares públicos, que la ley los vincule "a la finalidad de descubrimiento y prevención de delitos de cierta gravedad" y que establezca "que, por regla general, se realicen sobre la base de una sospecha individualizada". En cuanto a las búsqueda aleatorias, "su uso debe estar circunscrito y acompañado de garantías procesales, incluidos los mecanismos de seguimiento adecuados".


Según el dictamen, "la ley debe especificar que las autoridades deben tolerar las manifestaciones espontáneas, incluso aquellas que no fueron notificadas con antelación o que se desvían de las condiciones establecidas en el notificación, a menos que exista un riesgo comprobable de 'desorden sustancial", y también "debería especificar que los organizadores y promotores de manifestaciones no pueden ser responsabilizados por la falta de notificación a las autoridades o por el incumplimiento del formato establecido en la notificación si la concentración fue espontánea o si las desviaciones no pudieron ser previstas razonablemente o evitado por los medios a disposición de los promotores y organizadores".

"Reconsiderar las multas"
La cuantía de las sanciones previstas por la ley, especialmente aquellas por infracciones graves y muy graves (hasta 600 000 euros en este último caso), "parece bastante elevado en el contexto español", dice la Comisión de Venecia: "En vista de la definición imprecisa de algunos delitos (más notablemente el que habla de la desobediencia a las autoridades), estas multas pueden tener un efecto paralizador en el ejercicio de la libertad de reunión. Por tanto, conviene reconsiderar los importes de las multas".

Además, "algunas de las penas previstas por la ley pueden caracterizarse como penales en esencia. Por tanto, el procedimiento en el que se impongan debe satisfacer unos requisitos básicos de juicio justo previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su vertiente penal. La presunción de veracidad de los informes de la policía, la ejecución inmediata de fuertes multas y la falta de derecho a asistencia letrada debilitan la posición de los imputados frente al Estado. El legislador debería asegurarse de que los presuntos infractores disfruten al menos de las garantías mínimas exigidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

En relación con las devoluciones de migrantes en la frontera "que intentan cruzar ilegalmente al territorio español en Ceuta y Melilla, la Comisión de Venecia reconoce que España se encuentra en una difícil situación de tener que defender sus fronteras y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

Sin embargo, la Comisión "considera que la Ley debe especificar que los agentes de policía no deben proceder con el rechazo en la frontera si, dadas las circunstancias, ven que un extranjero tiene razones convincentes para no utilizar los procedimientos ordinarios de solicitud de asilo".

Informe sobre el Estado de Derecho
El reciente informe sobre el Estado de Derecho en España publicado por la Comisión Europea en julio pasado, constataba que "se está llevando a cabo una revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana a raíz de las preocupaciones planteadas". El documento del Ejecutivo comunitario recogía que "persiste la preocupación por el impacto negativo para los periodistas de la Ley de Seguridad Ciudadana, en particular sobre los fotoperiodistas".

"La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que de acuerdo con su preámbulo tiene como objetivo proteger a las personas y los bienes y mantener la paz pública a través de la regulación de las intervenciones policiales y otros asuntos genera inquietud", afirma el informe de Bruselas: "En noviembre de 2020 y enero de 2021, el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias, concluyendo que la mayoría de sus disposiciones son constitucionales, si se interpretan de buena fe, en particular en lo que respecta a los principios de proporcionalidad, no discriminación, eficiencia y respeto de los derechos y libertades".

"No obstante", dice Bruselas, "una disposición de la ley fue declarada inconstitucional en relación con la prohibición del uso 'no autorizado' de fotografías y videos de agentes de policía".

El informe de la Comisión Europea recuerda el dictamen de marzo de 2021 de la Comisión de Venecia, "destacando que incluso en los casos en que una norma se considera constitucionalmente aceptable, si en la práctica ha dado lugar a abusos, debe modificarse o acompañarse de salvaguardias adicionales".

Así, Bruselas insiste en que "el dictamen [del Consejo de Europa] animó al legislador español a realizar una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos y libertades fundamentales. Actualmente, el Parlamento está revisando la ley y es importante que se tenga en cuenta esta opinión"

[47ronin]

El pollo que están montando los ultraderecgostas de jupol y jucil por cuatro retoques de una ley que no ha hecho que las agresiones y faltas de respeto a policías se licores sino.tidi lo contrario ya que han subido un 27 por ciento..
como para refirjarbla 2/86 y restarle poder a la E, se mueren.

[47ronin]

Veamos que dice Europa:

 El espacio para las organizaciones de la sociedad civil en España se enfrenta a desafíos, y la Ley de seguridad ciudadana se encuentra actualmente en revisión. Se considera que el espacio para la sociedad civil en España es reducido. Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron a diversos desafíos relacionados con el acceso a la financiación. Las partes interesadas han informado de recortes de financiación por parte de varias autoridades públicas en 2020179, pese al aumento de las necesidades debido al estallido de la pandemia. Además, la Ley de seguridad ciudadana de 2015180, que conforme a su preámbulo tiene por objeto proteger la propiedad y a las personas, y mantener el orden público mediante la regulación de las intervenciones policiales y de otras cuestiones, ha suscitado preocupación
entre las partes interesadas181. En noviembre de 2020 y enero de 2021, el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias relativas a dicha Ley182, en las que establecía que la mayoría de sus disposiciones son constitucionales si se interpretan de buena fe y teniendo debidamente en cuenta los principios enumerados en la Ley, especialmente los de proporcionalidad, no discriminación, eficacia y respeto por los derechos y libertades183. Sin embargo, fue declarada inconstitucional una disposición de la Ley en la que se hace referencia a la prohibición del uso «no autorizado» de fotografías o vídeos de los agentes de policía en actividad o en un ámbito privado184. En marzo de 2021, la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre la Ley185, en el que destacó que, incluso en los casos en los que se considera que una norma es admisible desde el punto de vista constitucional, si esta ha ocasionado abusos en la práctica ha de ser modificada, circunscrita o acompañada por garantías adicionales. El dictamen instó al legislador español a que llevase a cabo una evaluación exhaustiva de la acción práctica de la Ley y de sus consecuencias para los derechos y las libertades fundamentales. Las Cortes están revisando actualmente esta Ley, y es importante que tomen en consideración el Dictamen para ello. Las partes interesadas también han informado de que, en abril de 2021, se produjeron ataques esporádicos llevados a cabo por extremistas de ultraderecha contra las oficinas principales de una serie de ONG vinculadas con los derechos LGBTI y las migraciones

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_spain_es.pdf

[47ronin]

Mafias de pobres insultadores en primera línea...que nivel, Maribel.

https://twitter.com/AntonioMaestre/status/1463585062360915976?t=reGLhVnm2iASCDwm9qyDjA&s=19

[FFTR80]

Europa, esa tierra progre que en unos años será un erial.

Vean lo que ha pasado en California (otra tierra progre al nivel de Europa) por reducir a despenalizae los delitos contra el patrimonio por valor de -900$:

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PP y Vox se suman a las tergiversaciones de la reforma de la Ley Mordaza lanzadas por los sindicatos policiales


Pablo Casado asegura que los policías tendrán que hacer de "transporte público" para los que les tiren piedras y coincide con Abascal en que PSOE y UP buscan dejar sin castigo las "algaradas" cuando pasen a la oposición
Omisiones y carga ideológica en el decálogo de la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza
Pablo Casado, junto a representantes de los sindicatos corporativos de la Policía en la protesta de este miércoles en Madrid
Pablo Casado, junto a representantes de los sindicatos corporativos de la Policía en la protesta de este miércoles en Madrid
Pedro Águeda

24 de noviembre de 2021 19:43 h
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 @pedroagueda
Tres semanas después de que el Ministerio del Interior publicara los últimos datos que sitúan la criminalidad en su nivel más bajo desde que se creó la estadística, Partido Popular y Vox saldrán a la calle el sábado para decir “no a la inseguridad ciudadana”. Los cambios que introducirán en la ley orgánica conocida como 'Ley Mordaza' las enmiendas pactadas por los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han soliviantado a los sindicatos policiales, un ámbito tradicionalmente conservador que se ha radicalizado en los últimos años con la irrupción de Jusapol, una plataforma que aprovechó el desafío soberanista en Catalunya para exigir, con una agresividad insólita en una reivindicación de agentes de la autoridad, cobrar igual que los Mossos d’Esquadra.


En los últimos días, los responsables de Partido Popular y Vox han venido calcando en sus declaraciones los posicionamientos de Jusapol y el resto de sindicatos contra las enmiendas de PSOE y UP, pese a que el texto pactado no coincide con lo que aseguran los representantes sindicales de la Policía y la Guardia Civil que dice. Este mismo miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, declaró que los policías tendrán que “llevar a los delincuentes que les estaban apedreando, como si fueran un transporte público, a devolverles a los lugares en los que estaban haciendo las agresiones”.

Esta afirmación, una de las interpretaciones de las enmiendas pactadas por los socios de Gobierno, entronca con la protesta sindical que asegura que los policías se van a convertir en “taxistas de los delincuentes”. Los policías no aplican la Ley de Seguridad Ciudadana a un individuo sospechoso de haber intentado agredir a un agente a pedradas sino el Código Penal, ante la posibilidad de que haya cometido un delito grave como es el de atentado a la autoridad.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana establece la posibilidad de que, una vez se haya identificado en comisaría a alguien que no porte la documentación o se niegue a facilitarla a los agentes, será devuelto por estos, si no han encontrado motivo para ponerlo a disposición judicial, al lugar donde fue interceptado, pero siempre que hubeira sido conducido a la comisaría de otra localidad y si la incidencia de trabajo policial lo permite.

La portavoz del Partido Popular en la comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, llegó a afirmar este miércoles que el agresor de un policía pagará su responsabilidad abonando una multa de "30 euros". Como su jefe de filas confundía el Código Penal con la Ley de Seguridad Ciudadana, que no contempla multas de 30 euros ni siquiera para sus faltas leves, que en su grado menor están castigadas con 100 euros.

La pugna de PP y Vox por capitalizar el malestar de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, y de todo el electorado que prioriza la “mano dura” en uno de los países europeos con la criminalidad más baja llevó, a sus líderes a coincidir plenamente en que el Gobierno reforma la Ley de Seguridad Ciudadana, compromiso electoral de PSOE y Unidad Podemos, porque están allanando el camino para los protagonistas de las “algaradas” cuando estén en la oposición y, en consecuencia, gobierne el partido de Casado, el de Abascal, o una coalición de ambos.

Otra coincidencia plena en las declaraciones que hicieron este miércoles los líderes de PP y PSOE al asistir a la concentración ante la Delegación del Gobierno en Madrid fue la apelación al Constitucional. Casado dio por seguro que su partido llevará la reforma al órgano que interpreta la norma fundamental y Santiago Abascal, presidente de Vox, lo planteó como una posibilidad. Si el Tribunal no ha resuelto antes de que el PP regrese al Gobierno, dijo Casado, el Gobierno hará “retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del Gobierno”.

El Tribunal Constitucional falló sobre la Ley Orgánica de Seguridad y Protección Ciudadana aprobada con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace justo año. Los magistrados del TC avalaron los aspectos fundamentales de la Ley, pero declararon inconstitucional la infracción referente a grabar el desempeño de las policías en las calles. Los socios de Gobierno han querido trasladar la sentencia del Constitucional al a reforma de la Ley, pero esto ha soliviantado a los sindicatos policiales y, por extensión, a PP y Vox. Fuentes del Tribunal Constitucional explican a elDiario.es que cabe recurso contra el texto que salga de la reforma, pero que eso no supone que vuelvan a pronunciarse sobre un aspecto de la Ley sobre el que ya deliberaron y fallaron.

"Es una ley para proteger a los delincuentes y darles todas las herramientas jurídicas", declaró a los medios Santiago Abascal. El líder del PP coincidió con Abascal en ignorar el compromiso electoral de PSOE y Unidas Podemos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y aseguró que lo que pretende es "preparar el terreno para cuando pierda las elecciones, para poder incendiar, a través de sus esbirros, con total impunidad”. Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho que la reforma lanza el siguiente mensaje a los ciudadanos: "Tu policía no te va a cuidar, desconfía de tu policía".

El próximo sábado, a las 11:30 en la Puerta del Sol, Jusapol ha convocado “toda la sociedad civil” a manifestarse contra lo que ellos aseguran que dicen las enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana que proponen PSOE y Unidad Podemos. Por parte de Vox está confirmada la presencia de su secretario general, Javier Ortega-Smith, y su portavoz parlamentaria, Macarena Olona, y pendiente de confirmar la del líder del partido, Santiago Abascal. Por el PP, Pablo Casado participará en la concentración, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ciudadanos también tendrá representación en la protesta.

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[gorriga]

Europa, esa tierra progre que en unos años será un erial.

Vean lo que ha pasado en California (otra tierra progre al nivel de Europa) por reducir a despenalizae los delitos contra el patrimonio por valor de -900$:

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Son 950$, lo malo es que a los community managers republicanos (y algún que otro aprendiz que dice ser de derechas por España) se les olvida que en Texas, los delitos empiezan en 2.500$, lo que no quiere decir que hurtar/robar por cantidades inferiores no conlleve una multa y la restitución de lo afanado.

Por suerte o por desgracia, vemos criminalizaciones o ensalzamientos de las políticas progres en España, según sean rojas o azules, ya que ambas son progres, cada una con su estilo, ya sea charificado o cayetanil.

[47ronin]

Ya sabemos quiénes se manifestaran mañana sábado..la ultraderecha más rancia y casposa.

https://www.publico.es/politica/sector-hegemonico-radical-policia-moviliza-gobierno-apoyo-derechas.html/amp

[47ronin]

Una descarga ultra recorre la Policía


Pilar Velasco

24 de noviembre de 2021 21:39h
@Pevelasco
Esta semana hemos verbalizado una pregunta tabú: ¿Tiene sesgo ideológico la Policía? La lanzó Pablo Iglesias al debate público refiriéndose a los antidisturbios aunque ya andábamos dándole vueltas hace tiempo. La cuestión apunta a tres escenarios simultáneos. Las cargas contra los trabajadores de Cádiz, esa polémica tanqueta militar en barrios residenciales, los pelotazos de goma en cada jornada de huelga del metal; la constatación de que los antidisturbios cargan a menudo del mismo lado; y la convocatoria de una manifestación policial contra el Gobierno por la ‘Ley mordaza’.

Tenía intención en esta columna de hacer un ‘democracia para policías’ sobre por qué la reforma de la ley nos devuelve las garantías del Estado de Derecho, por qué es bueno grabar actuaciones policiales, cómo la ley nació con Rajoy para reprimir un ciclo de protestas o por qué el exceso de antidisturbios en este otoño caliente no soluciona nada. Para sorpresa propia, cada guardia civil y policía a los que preguntaba por sus argumentos saltaba enseguida a un tema más capital, más peligroso, más oculto. Como si la noticia estuviera detrás de los comunicados y las declaraciones. Como si necesitaran que otros contaran lo que no pueden.


Lo observamos desde fuera y lo confirman desde dentro. Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno, caldear la calle, permear y polarizar desde dentro las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una fuerza que está arrastrando al resto de asociaciones y sindicatos policiales. No es solo una observación periodística, o una inquietud del ministerio del Interior, es lo que trasladan off the record numerosos agentes. Lo ultra está calando en sectores policiales y los primeros preocupados son ellos.

Hablan de una estrategia de comunicación pero también interna, perfectamente diseñada, que va socavando la neutralidad política a la que se deben. Que les coloca en manifestaciones con los líderes del PP y VOX a sabiendas del daño que causa al deber de objetividad y despolitización de los agentes. Por lo pronto, si fuera por el resto de colectivos, la manifestación bajo la plataforma y el lema “No a la España insegura” no se habría convocado en este momento. La ley mordaza ni siquiera ha llegado al Congreso. Y precisamente por el afán legítimo de barrer para casa, los sindicatos policiales tradicionales tienden a negociar las enmiendas en la mesa del ministro del Interior antes de echarse a la calle.

Creen además que no será la única manifestación, sino la primera de una hoja de ruta dirigida al resto de la legislatura. Las movilizaciones son contra Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez y, tal vez por eso, numerosos colectivos policiales aseguran que el Gobierno les tiene miedo a la hora de frenar ciertas actuaciones irregulares: mienten en los medios, difunden bulos, insultan y amedrentan a otros policías que no comulgan con ellos.  A muchos de sus agentes les han sancionado por extralimitarse en declaraciones en público, llevar uniforme a una protesta o nimiedades que les han costado un expediente. Sin embargo, desde la colonización de VOX a la asociación-movimiento Jusapol, ven cómo estos mismos agentes vulneran el reglamento y no pasa nada. No les aplican el código militar, pero tampoco reciben la amonestación que tendría cualquier ciudadano.

Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno

Todavía recuerdan cómo Jusapol convocó un ‘Rodea el congreso’ que acabó en asalto. Rompieron un cordón policial, lanzaron botes de humo, quemaron un arsenal de petardos y bengalas en las escalinatas de los leones, persiguieron a diputados que tuvieron que salir por la puerta de atrás abucheados por unos agentes enmascarados con caretas de anonymous y arroparon al líder de VOX Javier Ortega-Smith en medio de un espectáculo policial dantesco. Ni una sanción, ni una recriminación a la directiva de Jusapol por organizar aquel desmadre. Y esto, a pesar de que miembros históricos de los sindicatos recriminaron a la Dirección General que permitieran actuaciones más propias del vandalismo. Se anunciaron expedientes, nunca llegaron.

La preocupación interna es real y afecta al día a día. Hay agentes que cuentan cómo antes nunca hablaban de política (la neutralidad es una máxima deontológica pero saltársela también es falta muy grave en el reglamento). Ahora, en las patrullas de servicio o las guardias escuchan conversaciones que reproducen los mensajes y la agresividad de los chats y discursos de Jucil, Jupol o VOX. Un lenguaje radicalizado que va del “atentan contra nosotros, quieren una policía bananera, nos venden, nos engañan” y que se traslada a algo más grave: la reproducción de expresiones xenófobas o misóginas durante el servicio.


La pregunta lógica es por qué desde los colectivos y sindicatos policiales no lo denuncian en público. La respuesta es fácil: para no desangrarse en afiliaciones. Las dos mayoritarias, AUGC y SUP, perdieron miles de afiliados cuando los brazos de Jucil y Jupol se presentaron al Consejo y arrasaron en las elecciones internas. Por eso tantos agentes apuntan a la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska y reprochan que no haya recibido a los sindicatos en dos años, porque el ministro es el único que puede poner remedio a los excesos.

El relato es inquietante y la solución no es fácil. Cómo detectar y erradicar la posible  radicalización de agentes de la policía es un escenario nuevo. Hay quienes incluso reflexionan sobre qué está fallando en la admisión y entrada al cuerpo, sobre cómo pueden pasar las pruebas psicológicas jóvenes de marcado perfil ultra. Pero tienen razón, si está ocurriendo, el ministerio del Interior es quien tiene que afrontar un reto inédito hasta ahora.

La manifestación ‘No a una España insegura’, con todas las estadísticas de seguridad en contra, podrá parecer un éxito aunque no lo sea. El PP ha entrado en una dinámica del todo vale capaz de jugar con la estabilidad del país por rédito electoral en su competición con VOX. Perdida toda esperanza de moderación a corto plazo de la derecha, el día de después de la manifestación alguien tendrá que abordar lo que tantos agentes cuentan off the record y está ocurriendo a la vista de todos. Cualquier mínimo desliz ultra dentro de la policía, cualquiera que lo aliente, supone una amenaza para todos. Y de poco servirá derogar la ley mordaza si esta corriente existe.

[PELAYO]

Ala sigamos el juego a los de Extrema Izquierda. Todos los policías son FACHAS de ULTRADERECHA que no respetan la ley y son unos matones.

[FFTR80]

Gentes del Lacio y sus costumbres. Hay que dejar que los chavales se diviertan.

[47ronin]

https://twitter.com/Ernesto_Alba/status/1464351224501788675?t=QPYwDVexSnh_7NQKfDj36Q&s=08

Habas contadas.

[47ronin]

La organización cifra en 150.000 los asistentes a la marcha policial y Delegación la reduce a 20.000