Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 313754 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2560 en: 09 de Noviembre de 2022, 09:17:04 am »

La Policía Nacional denuncia por "desobediencia" a una periodista de À Punt que intentaba cubrir un desahucio


La redactora de Tribunales ha visto cómo le levantaban un acta por pedir un tiro de cámara en el que se viera la puerta del domicilio para saber qué estaba ocurriendo
Gonzalo Sánchez | @GonzaloGSz
València | 09·11·22 | 09:00 | Actualizado a las 09:08

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Los activistas del sindicato de barrio Orriols en Bloc, protestan contra un desahucio
Los activistas del sindicato de barrio Orriols en Bloc, protestan contra un desahucio GONZALO SÁNCHEZ

La Policía Nacional de València ha denunciado por desobediencia a una periodista de la sección de Tribunales de À Punt cuando intentaba cubrir un desahucio en el barrio de Orriols. El desahucio, que ha contado con un fuerte dispositivo policial con más de una decena de antidisturbios de la UIP (Unidad de Intervención Policial), estaba programado para las 8 de la mañana y se está ejecutando.


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Además, la Policía Nacional ha identificado tanto a la periodista de À Punt como al periodista de Levante-EMV que también está cubriendo lo sucedido. Ambos periodistas han reclamado poder cruzar la calle para tener visión de lo que ocurre en el puerta de la vivienda, pero la policía, que ha colocado a los activistas en un lugar sin visibilidad de lo que sucede, se ha negado.

Decenas de antidisturbios desahucian a una familia con dos niños pequeños en València
Decenas de antidisturbios desahucian a una familia con dos niños pequeños en València
Gonzalo Sánchez
Uno de los agentes de la UIP ha llegado a espetar a la periodista que "pondremos a los periodistas donde nosotros queramos", ante las protestas de los reporteros presentes, que no han podido ver cómo se ha ejecutado el desalojo.


La Policía Nacional acusa a la periodista de "alteración al orden público, provocación a las masas" y de no entregar el DNI las cuatro veces que se lo han pedido, a pesar de que ella ha insistido en que no lo llevaba encima. La periodista ha entregado su carnet de la Unió de Periodistes y el de la televisión autonómica que, denuncia, la policía no le ha devuelto.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2561 en: 10 de Noviembre de 2022, 08:59:57 am »


La periodista de À Punt multada durante un desahucio en Valencia: “He visto una cara de la Policía que me da miedo”


Pilar de la Fuente, reportera de sucesos y tribunales de la cadena autonómica, denuncia que se ha sentido “intimidada” mientras hacía su labor como informadora
— La Policía denuncia por desobediencia a una periodista de la televisión pública valenciana que cubría un desahucio





Foco
DERECHOS Y LIBERTADES
La periodista de À Punt Pilar de la Fuente durante una conexión en la televisión pública valenciana.
La periodista de À Punt Pilar de la Fuente durante una conexión en la televisión pública valenciana. À Punt
Lucas Marco

9 de noviembre de 2022 22:30h

Actualizado el 10/11/2022 05:30h
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SEGUIR AL AUTOR/A
“Aún no le encuentro una explicación”, dice Pilar de la Fuente, la periodista de la televisión autonómica valenciana À Punt sancionada con la 'ley mordaza' mientras cubría un desahucio en el barrio de Orriols. La reportera, con más de dos décadas de experiencia en información judicial y de sucesos, ha vivido una “situación incómoda y kafkiana”, declara por teléfono a elDiario.es. “Siempre he considerado que la Policía Nacional es un cuerpo plenamente democrático que hace un trabajo increíble pero hoy he visto una cara de la policía que no había visto nunca y que me da miedo”, lamenta Pillar de la Fuente. “Esta no es la poli que yo conozco”, agrega.


El Consejo de Europa alerta de carencias relativas a los derechos humanos en la reforma de la ley mordaza

SABER MÁS
Raquel Ejerique, directora de informativos de À Punt, ha mostrado su apoyo a la periodista sancionada. La Unió de Periodistes Valencians, asociación mayoritaria de informadores, ha criticado la actuación policial y ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Pilar de la Fuente ha contado en À Punt la situación que se ha producido mientras agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se desplegaban durante un desahucio de un joven en el barrio de Orriols. Cuando ha intentado cruzar la calle para situarse en la zona donde estaba su cámara, un agente de la UIP le ha pedido el DNI. La mujer, que en ese preciso instante no portaba su documento encima, le ha dado el carnet de prensa de la televisión autonómica y le ha dicho que iba a buscar el DNI, que ha entregado al agente. “Me decía que estaba en un cordón de seguridad y que no podía pasar”, relata De la Fuente.



La periodista ha alegado que estaba desarrollando su labor como informadora, protegida constitucionalmente. Cuando ha intentado recular para cruzar por otro lado, otros agentes le han bloqueado el paso. “Me han dado dos empujones en plan educado”, bromea la informadora de la cadena pública.


La Policía le ha impuesto una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como 'ley mordaza'), acusada de una presunta desobediencia. “Es falso que me haya negado a dar el DNI”, refuta la periodista.

“Nunca me había encontrado en una situación similar”
“Llevo haciendo sucesos y tribunales en prensa escrita y en televisión desde 1999 y nunca me había encontrado en una situación similar, me he sentido intimidada y creo que ha habido un abuso de autoridad”, afirma Pilar de la Fuente.


La reportera remarca que simplemente estaba informando sobre el desahucio y asegura que cuenta con videos que respaldan su versión. “Nunca me había pasado esto y, si me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera. He tenido tres problemas: una situación desagradable, el susto y una sensación de censura o de intento de intimidación a periodistas”, afirma.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2562 en: 10 de Noviembre de 2022, 17:01:06 pm »
Medio de desinformación donde los haya.



La periodista de À Punt multada durante un desahucio en Valencia: “He visto una cara de la Policía que me da miedo”


Pilar de la Fuente, reportera de sucesos y tribunales de la cadena autonómica, denuncia que se ha sentido “intimidada” mientras hacía su labor como informadora
— La Policía denuncia por desobediencia a una periodista de la televisión pública valenciana que cubría un desahucio





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La periodista de À Punt Pilar de la Fuente durante una conexión en la televisión pública valenciana.
La periodista de À Punt Pilar de la Fuente durante una conexión en la televisión pública valenciana. À Punt
Lucas Marco

9 de noviembre de 2022 22:30h

Actualizado el 10/11/2022 05:30h
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“Aún no le encuentro una explicación”, dice Pilar de la Fuente, la periodista de la televisión autonómica valenciana À Punt sancionada con la 'ley mordaza' mientras cubría un desahucio en el barrio de Orriols. La reportera, con más de dos décadas de experiencia en información judicial y de sucesos, ha vivido una “situación incómoda y kafkiana”, declara por teléfono a elDiario.es. “Siempre he considerado que la Policía Nacional es un cuerpo plenamente democrático que hace un trabajo increíble pero hoy he visto una cara de la policía que no había visto nunca y que me da miedo”, lamenta Pillar de la Fuente. “Esta no es la poli que yo conozco”, agrega.


El Consejo de Europa alerta de carencias relativas a los derechos humanos en la reforma de la ley mordaza

SABER MÁS
Raquel Ejerique, directora de informativos de À Punt, ha mostrado su apoyo a la periodista sancionada. La Unió de Periodistes Valencians, asociación mayoritaria de informadores, ha criticado la actuación policial y ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno.

Pilar de la Fuente ha contado en À Punt la situación que se ha producido mientras agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se desplegaban durante un desahucio de un joven en el barrio de Orriols. Cuando ha intentado cruzar la calle para situarse en la zona donde estaba su cámara, un agente de la UIP le ha pedido el DNI. La mujer, que en ese preciso instante no portaba su documento encima, le ha dado el carnet de prensa de la televisión autonómica y le ha dicho que iba a buscar el DNI, que ha entregado al agente. “Me decía que estaba en un cordón de seguridad y que no podía pasar”, relata De la Fuente.



La periodista ha alegado que estaba desarrollando su labor como informadora, protegida constitucionalmente. Cuando ha intentado recular para cruzar por otro lado, otros agentes le han bloqueado el paso. “Me han dado dos empujones en plan educado”, bromea la informadora de la cadena pública.


La Policía le ha impuesto una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como 'ley mordaza'), acusada de una presunta desobediencia. “Es falso que me haya negado a dar el DNI”, refuta la periodista.

“Nunca me había encontrado en una situación similar”
“Llevo haciendo sucesos y tribunales en prensa escrita y en televisión desde 1999 y nunca me había encontrado en una situación similar, me he sentido intimidada y creo que ha habido un abuso de autoridad”, afirma Pilar de la Fuente.


La reportera remarca que simplemente estaba informando sobre el desahucio y asegura que cuenta con videos que respaldan su versión. “Nunca me había pasado esto y, si me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera. He tenido tres problemas: una situación desagradable, el susto y una sensación de censura o de intento de intimidación a periodistas”, afirma.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2563 en: 25 de Noviembre de 2022, 07:18:36 am »

Un juez anula dos sanciones por la 'ley mordaza' al no considerar el nudismo como “exhibición obscena”


La sentencia defiende que el comportamiento del joven naturista Alejandro Colomar no buscaba “satisfacción de su propia libido, por lo que claramente no concurre el tipo por el que fue sancionado”


elDiariocv

24 de noviembre de 2022 22:39h

Actualizado el 25/11/2022 05:30h

Alejandro Colomar, el informático de 29 años residente en Aldaia (Valencia), no comete un acto de exhibición obscena cuando circula desnudo en la vía pública ni puede ser sancionado por ello si no existe una normativa municipal que lo prohíba específicamente. Así lo ha determinado el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia, en una sentencia que anula dos sanciones recurridas por Colomar. “La conducta del recurrente claramente no se incardina en el elemento del tipo relativo a la realización o incitación a la realización de actos atentatorios contra la libertad e indemnidad sexual”, reza el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es.


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El joven suele desplazarse en cueros y el pasado 27 de septiembre se presentó como vino al mundo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde estaba citado para una vista por otra sanción, en una llamativa escena muy comentada en el ámbito judicial y que tuvo un gran eco mediático. A la entrada del edificio, los agentes de la Guardia Civil encargados de la vigilancia del recinto obligaron a Colomar a vestirse con la ropa que llevaba en una mochila, aunque no fue multado.

Por el contrario, el hombre fue sancionado por la Delegación del Gobierno en Valencia en 2021 con una multa por infracción grave de 601 euros y en 2022 con otra leve de 200 euros. Ambas sanciones a consecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'ley mordaza'. La defensa del joven, que ejerce el letrado Pablo Mora, recurrió las dos multas alegando que no hubo atentado contra la libertad o la indemnidad sexual, ni exhibición obscena, desobediencia o resistencia a la autoridad.



Alejandro Colomar, tal como explicó en un reportaje publicado en este periódico, “se limitaba a ejercer su convicción naturista bajo el amparo de su libertad ideológica”, argumentaba su el recurso. Su defensa sostiene que “hoy en día” la práctica del naturismo no se puede considerar como un acto de exhibición obscena o que atente contra la libertad e indemnidad sexual por lo que no existiría la supuesta alteración del orden público con lesión de otros derechos fundamentales que justificara la sanción administrativa.


Colomar “explica su conducta debido a su propia concepción de la libertar personal y de la defensa del ejercicio del naturismo y lo importante es que ningún elemento permite apreciar que su motivación se dirija a la satisfacción de su propia libido, por lo que claramente no concurre el tipo por el que fue sancionado”, indica la sentencia. El letrado del naturista también argumentaba que no existe normativa municipal que prohíba expresamente circular por la vía pública “sin cubrir los genitales”.

“Cuestión distinta”, abunda la resolución del juez, sería que la administración hubiera adoptado la decisión, “por razones de convivencia e higiene públicas”, de prohibir la desnudez en espacios públicos, una opción perfectamente plausible a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha establecido que esa prohibición (en vigor en algunas ciudades turísticas españolas) no atenta contra el derecho fundamental a la libertad ideológica.

“Éste no es el caso, puesto que la sanción por la infracción leve no se impone sobre la base de ninguna ordenanza local que sancione la simple desnudez en un espacio público”, recuerda el magistrado.

La sentencia, contra la cual cabe recurso de apelación, estima el recurso del naturista y anula ambas sanciones “por no ser conformes a derecho”. También condena en costas a la Delegación del Gobierno.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2564 en: 13 de Diciembre de 2022, 08:20:31 am »

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2565 en: 20 de Diciembre de 2022, 09:00:36 am »
Guardias civiles y policías amenazan con movilizarse ante la nueva ofensiva del Gobierno para acabar con la 'ley mordaza'


Historia de GEMA PEÑALOSA • Hace 6 h

La compleja negociación para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, encauza su tramo final con una polémica añadida al contenido que se quiere cambiar: la fecha en la que se pretende ejecutar la modificación que, según sus detractores, despojará a los agentes de su autoridad.

El hecho de que el Gobierno haya elegido el último pleno ordinario del año, el que se celebrará mañana, para llevar al Congreso el debate sobre la controvertida modificación ha enervado a los partidos políticos contrarios a la reforma, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las asociaciones profesionales. El aviso es claro: si se consuma el cambio, habrá otra movilización como la que en noviembre de 2022 paralizó Madrid.

La protesta fue histórica por multitudinaria y por agrupar por primera vez en una manifestación a todos los cuerpos policiales (nacional, local y autonómico) y a la Guardia Civil.

Los cambios en la normativa llevan más de un año logrando la unidad de acción, inaudita hasta ahora, entre todos los representantes de la seguridad, que, como entonces, continúan advirtiendo de que esta fusión es el inicio de otras acciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en caso de que no se derogue la reforma.

El malestar se ha reactivado tras el anuncio, la semana pasada, de que el Congreso convocaba la primera sesión de la ponencia encargada de esta ley. Que se haga en la última sesión ordinaria del año les ha puesto en guardia. Las principales agrupaciones de policías y guardias civiles consideran que la modificación dinamita la potestad de los agentes en la medida en que, por ejemplo, les limita buena parte de su material de trabajo -elimina las pelotas- comprometiendo así, insisten, «su capacidad de reacción». También abundan en que «entorpece» el trabajo policial.

Aparte de limitar el uso de material de los antidisturbios, los cambios -indican fuentes policiales- pasan por no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros, la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o la reducción de las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor.

La reforma de la norma contempla, asimismo, que los policías tengan que devolver en menos de dos horas al punto inicial a un ciudadano al que han llevado a comisaría por carecer de identificación. Jusapol, plataforma formada por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías, volverá a organizar las protestas.

«Es otra cesión a los socios golpistas catalanes y a los filoetarras de Bildu que son el principal apoyo de Ejecutivo para gobernar España», indica el portavoz de la agrupación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, Agustín Leal. «Ya nos han desarmado en personal y medios y con esto van a hacerlo legalmente. Los primeros perjudicados serán los policías y guardias civiles que garantizamos la seguridad y la paz social y los grandes perjudicados, los españoles», insiste Leal. «De salir adelante, desde Jusapol se convocará a la sociedad civil a manifestarse como se hizo en 2022», finaliza.

«El Gobierno vuelve a dejar a los pies de los caballos a los policías. Esta reforma es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación del principio de autoridad que vuelve a regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático», critica el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.

«Es bastante sorprendente que a cuatro días de finalizar el periodo de sesiones ordinarias nos encontremos esto», denuncia la diputada del Partido Popular Ana Vázquez. A su juicio, el hecho de hay resurgido ahora tiene una explicación: «la reactivan porque deben tener miedo, ya que los presupuestos aún no están en el Senado. De aprobarse, será una animalada. Desprotege a los españoles y deja un país más inseguro, el de los delincuentes», razona.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2566 en: 22 de Diciembre de 2022, 07:43:27 am »
Rapido dice este medio...pero si llevan 3 años.


Sánchez ignora a policías y guardias civiles y acelera con la ley mordaza: "Será un trámite rápido"


Tras la ponencia de este miércoles, el Ejecutivo avanza en la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a pesar de la oposición común de sindicatos, asociaciones del Instituto Armado y grupos parlamentarios

GONZALO ARALUCE
PUBLICADO 22/12/2022 04:45
ACTUALIZADO 22/12/2022 04:50

La reforma de la ley de seguridad ciudadana -conocida popularmente como ley mordaza- ha suscitado unanimidad entre todos los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil con representación: sin fisuras, todos manifiestan su oposición a los cambios que pretende introducir el Ejecutivo. Pero dentro del propio Gobierno también hay grietas, teniendo en cuenta que la parte representada por Unidas Podemos no se conforma con los aspectos en debate y plantea la incorporación de nuevas medidas, como el uso de las pelotas de goma. Pese a todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pisan el acelerador. Fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli afirman que el trámite avanza rápido y verá la luz en los próximos meses.

Este miércoles tuvo lugar una ponencia en el Congreso de los Diputados en la que se avanzó en la articulación de la norma. La reunión no arrancó hasta pasadas las seis de la tarde -una vez concluido el Pleno- y se prolongó hasta entrada la noche. Según las fuentes consultadas por este diario, se avanzó en los diferentes puntos que incorporará la ley: "No habrá grandes cambios respecto a lo ya anunciado".

Policías y agentes denuncian que la nueva ley permitirá la difusión de imágenes de operativos en las que se les pueda identificar, un aspecto que consideran "crítico" en escenarios calientes, como País Vasco, Cataluña o Algeciras: "Pone en riesgo a nuestras familias", señalan fuentes policiales a este diario. También habrá una mayor flexibilidad con la celebración de manifestaciones espontáneas -los agentes consideran que puede afectar de forma directa a la seguridad ciudadana- y obliga a las fuerzas de seguridad a identificar al detenido en dos horas, en lugar de seis, además de dejarlo en el misma lugar donde se le capturó: "Nos convierte en taxistas".

Sindicatos y asociaciones representativas han manifestado al Ministerio del Interior sus quejas respecto a la nueva formulación de la ley. Sin embargo, el Gobierno no está en disposición de atender las cuestiones presentadas por los agentes; la gran movilización en la que participaron miles de policías y guardias civiles hace más de un año no ha modificado el espíritu de la reforma. Así lo aseguran fuentes parlamentarias a este diario tras la celebración de la ponencia de este miércoles. Tampoco parece que se puedan incluir la mayoría de las pretensiones planteadas por Unidas Podemos o por otros socios habituales del Gobierno.

Unidad de acción sindical
Policías y guardias civiles consideran que la reforma de la ley de seguridad ciudadana obedece a los acuerdos políticos del Ejecutivo con partidos independentistas o Unidas Podemos, a pesar de que éstos pretenden profundizar aún más en las reformas. "Denunciamos el total oscurantismo en torno a los acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo y exigimos al ministro del Interior que de manera urgente informe a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los detalles de las reformas que se van a llevar a cabo en la citada Ley de Seguridad Ciudadana", afirma Aarón Rivero, secretario general del sindicato policial Jupol.

Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación Jucil de la Guardia Civil, asegura que "si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y de los policías difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley". Desde la asociación añaden que hay "un aumento de las agresiones a guardia civiles y policías, en forma de
delitos de atentado con lesiones" y que esta propuesta "limita las actuaciones policiales, lo que provocará un aumento de la violencia hacia los agentes".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) también han manifestado sus inquietudes sobre las consecuencias de las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la Guardia Civil, también la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC). Todos ellos se movilizaron en unidad de acción en las protestas que tuvieron lugar hace un año.

En esferas parlamentarias, la reforma también se encuentra con la oposición de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno acelera para sacar adelante los cambios "a la mayor brevedad posible", indican fuentes políticas. Tras las ponencias, se debe reunir a la Comisión de Interior del Congreso para que se debata el nuevo contenido de la norma.

Por el momento no hay fecha para esa reunión, pero atendiendo al tiempo que le queda a la legislatura -finales de 2023-, el Gobierno debe acelerar los asuntos que aún tiene en cartera. Entre otros, la polémica reforma de la Ley Mordaza, que previsiblemente se encuentre con una nueva protesta en las calles de policías y guardias civiles.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2567 en: 23 de Diciembre de 2022, 07:49:05 am »
Qué se ha acordado ya en la ‘ley mordaza’ y qué permanece como escollo


Las multas se vinculan a la capacidad económica del infractor y no se sanciona la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad, salvo excepciones
 Sigue sin haber acuerdo en el uso de material antidisturbios en las manifestaciones o en la presunción de veracidad de los agentes policiales

Marta Monforte Jaén

22 de diciembre de 2022 21:16h
@MartaMonforteJ
La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, se ha reactivado en el Congreso diez meses después de la última reunión de la ponencia. El bloque de la investidura –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu–ratificó una treintena de enmiendas parciales, introduciendo cambios de calado como la introducción de un criterio de proporcionalidad vinculado a la capacidad económica del infractor. También se acordó dejar sin sanción la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad mientras desempeñan su actividad policial, salvo contadas excepciones.

En el caso concreto de las multas, la norma vigente establece que las sanciones de las faltas muy graves van de 30.001 a 600.000 euros; las graves acarrean multas de 601 a 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros. Estas tres categorías se mantendrán, pero se introducirán retoques a la baja en las cuantías de las multas de las dos primeras.

La enmienda transaccional pactada en el dictamen, señala, en su artículo número dos, que se tendrá en cuenta la capacidad económica del responsable, “atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales”. La minoría de edad del infractor será otro aspecto a tener en cuenta. Según se recoge en el texto, una vez impuesta la sanción, se podrían introducir rebajas del 50% si el salario del infractor es de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, en la actualidad 1.000 euros al mes). Si gana un salario entre 1,5 y 2,5 veces del SMI, la rebaja será del 25%.

Si el infractor supera 2,5 veces el SMI, lo que equivaldría a cobrar un salario bruto anual de 33.250 euros pagaría el importe íntegro "sin perjuicio de la rebaja del 50% por prontopago". La principal incógnita es si estos datos se extraerían de la última declaración de la renta, tal y como deslizan fuentes de la negociación, o mediante otro procedimiento. Con la ley actual las multas las impone la policía misma y sólo pueden recurrirse ante la jurisdicción administrativa, donde suele haber menos garantías que en la penal por el plus de credibilidad que tienen los testimonios de policías en esta jurisdicción.

Asimismo, como principal novedad, también se contempla la posibilidad de que que las multas se reduzcan o incluso se suspendan en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad. El texto señala que, para poder acogerse a esta medida, se estudiará “la singularidad del supuesto”.

Se podrán difundir imágenes de policías salvo excepciones

Otro de los cambios introducidos pasa por la difusión de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo profesional. La nueva redacción del artículo 36.23 –uso no autorizado de imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– establece que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. No obstante, sí que se aplicarán sanciones cuando “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación”. En ese caso, será considerado como falta grave, sancionable con multas de entre 601 y 30.000 euros.

El nuevo texto recalca que ese peligro o riesgo no puede ser una apreciación subjetiva del agente, sino que debe ser “cierto” y “constatable”, y motivarse “en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible”. Los sindicatos policiales sostienen que esto les pone en peligro porque “cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse”.

Además, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas si son requeridas por la autoridad judicial.

Menos tiempo para identificar a ciudadanos

Además, también se ha pactado otra enmienda que afecta al artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Este artículo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden identificar a alguien "cuando existan indicios" de que ha podido "participar en la comisión de una infracción" o cuando, en base a determinadas circunstancias, "se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito" El texto acordado por los grupos elimina que la identificación de las personas debe estar basada en una “sospecha” razonable y lo sustituyen por un “criterio” razonable.

Este artículo también cambia el tiempo máximo que la Policía podrá tener en comisaría a una persona para identificarla: ahora será de dos horas, y no las seis actuales. Se establecen excepciones para casos puntuales, aunque en ese caso los agentes deberán explicitar de manera “verificable” cuál ha sido la causa. Además, los policías deberán devolver a la persona que tenían retenida al lugar desde el que fue conducido a comisaría cuando sea en una localidad diferente.

Los escollos: material antidisturbios, la presunción de veracidad o las pelotas de goma
Desde su entrada en vigor en marzo de 2015, no son pocas las quejas recogidas, entre otros, por el Defensor del Pueblo, que en su informe anual ha ido reflejando año a año los excesos que, en su opinión, podían atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos en aplicación de la ley mordaza. También ha puesto de manifiesto año a año recomendaciones que, a diferencia de otras leyes sobre las que aconsejaba hacer ciertos ajustes, pasaban por una modificación sustancial

La reforma llegó a la Cámara Baja en el año 2015 de la mano del PNV, que ha sido el partido que más ha batallado por reformar dicha ley, y se paralizó con la repetición electoral de 2019. Los primeros trabajos de la ponencia se cerraron con el acuerdo sobre 29 artículos. Sin embargo, el trámite parlamentario se fue ralentizando poco a poco. Por eso, los partidos del llamado bloque de la investidura decidieron ir celebrando reuniones preparatorias para poder solventar las diferencias y así acudir de nuevo a la ponencia con buena parte del trabajo ya hecho.

Unos contactos que, no obstante, se han encontrado con importantes escollos, por lo que las formaciones decidieron trasladar esos puntos más polémicos las direcciones de sus partidos. El más gordo, recuerdan fuentes conocedoras de las negociaciones, fue el estallido del caso Pegasus, que llevó a ERC a dejar plantados a los otros interlocutores en una de las reuniones que tenían previstas a finales de abril.

Todavía no hay demasiados avances, sostienen las fuentes consultadas, en algunos de los puntos claves de la norma. Hay escollos, explican, en lo que tiene que ver con el uso de material antidisturbios en las manifestaciones, como también lo hay en la famosa presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores, o las pelotas de goma, ya que Interior se niegan a eliminarlas. También en lo que tiene que ver con los dos artículos que más se aplican a los informadores: la desobediencia a la autoridad o las faltas de respeto a los agentes.

Sin fechas para su aprobación
La previsión es seguir trabajando en enero, aunque no hay fecha para que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el Pleno del Congreso. En los últimos meses se han celebrado una treintena de reuniones discretas entre los portavoces de las formaciones de la investidura y se ha podido avanzar en artículos como el que rebaja las multas para el consumo o posesión de droga en la calle.

También se negoció sobre la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, acordando que el relato de hechos resulte "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario", y hay acuerdo de los socios del Gobierno para modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para "reducir al mínimo" los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2568 en: 23 de Diciembre de 2022, 07:50:53 am »
La difusión de imágenes a la carta, cuando el funcionario o futuro funcionario da su consentimiento a que su fotografía o vídeo se publique eso parece ser que no le pone en riesgo ni a él ni a su familia...y la penúltima de esas fotografías la encontramos en la Escuela Nacional de Policía.



Eso no les pone en riesgo...al parecer.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2569 en: 23 de Diciembre de 2022, 08:08:15 am »

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2570 en: 27 de Diciembre de 2022, 08:31:29 am »
PSOE y UP se acercan a un acuerdo sobre 'ley mordaza' con el recelo de sindicatos policiales


Queda por acordar, entre otros temas, el uso de las pelotas de goma y los artículos sobre desobediencia y falta de respeto a los agentes
 Los socios del Gobierno acordaron graduar las sanciones en función de si afecta a menores y atendiendo a la capacidad económic

infoLibre

26 de diciembre de 2022 12:37h
@_infolibre

Los socios del Gobierno encaran el final de la reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza por sus detractores, pese al recelo --además de la oposición-- de los principales sindicatos policiales, que no descartan convocar otra manifestación como ya hicieron en unidad de acción en noviembre de 2021, ha informado Europa Press.

Unidas Podemos, uno de los partidos que forma parte del Gobierno, es optimista tras la reunión de la ponencia del 21 de diciembre sobre la posibilidad de cumplir con su promesa de reformar esta legislatura la norma aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP.

La previsión es seguir trabajando en enero y no existe aún fecha para que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

No obstante, persisten líneas rojas debido a la renuncia del PSOE a dejar de usar las pelotas de goma como material policial antidisturbio, así como sancionar las faltas de respeto a los agentes y prescindir de los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

EH Bildu y otros socios del Ejecutivo reconocen que han encallado en artículos como el de desobediencia (36.6) o el de faltas de respeto (37.4), recordando que son los que motivan más sanciones por parte d elas Fuerzas de Seguridad gracias a la 'ley mordaza'.

Fuentes parlamentarias subrayan que el consenso puede llegar si se establecen "elementos para objetivizar estas sanciones, evitando situaciones injustas". También reconocen puntos de desencuentro en la responsabilidad de las manifestaciones a la hora de hacer frente a posibles infracciones.

Graduar por edad y capacidad económica

En la última reunión a puerta cerrada de la ponencia, los socios del Gobierno acordaron graduar las sanciones en función de si afecta a menores y atendiendo a la capacidad económica. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor ya contempla la graduación de sanciones (artículo 33) con mención a "la capacidad económica del infractor", pero ahora se incluye "la minoría de edad del infractor".

Además, se desarrolla este artículo para establecer retoques a la baja en las multas para reducirlas en un 50% para quienes perciban un salario de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del 25% si es entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.

Para atender a las "circunstancias personales, familiares y sociales", el artículo pactado contempla la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad.

Según explicó el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se trata de generalizar un modelo que ya regía para los menores y ha generado un "gran acuerdo" para que, a partir de la aprobación de la ley, se pueda utilizar en "todos los supuestos de infracciones que afecten a bienes públicos o privados" siempre que exista una clara voluntad de conciliación entre las partes.

No hay multa por fotos, con salvedades

Además, se ha acordado —teniendo en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional— la reducción de algunas sanciones y, en palabras de Santiago, la "no penalización" de la difusión de imágenes de protestas o actividades de las Fuerzas de Seguridad. Textualmente, la enmienda incorporada establece que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su mera difusión".

Eso sí, se incluye como salvedad el uso de "imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o agentes" cuando genere un "peligro cierto" para su "seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas" o el riesgo de una operación. Ese "peligro o riesgo cierto" deberá "ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, con el mayor detalle posible".

En las reuniones discretas de los socios del Ejecutivo ya hubo avances en artículos como el que rebaja las multas para el consumo o posesión de droga en la calle. También se negoció sobre la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, reclamándose en adelante que el relato de hechos resulte "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario".

Sobre la propuesta inicial del PNV, también hay acuerdo de los socios del Gobierno para dejar de castigar la convocatoria y celebración de concentraciones pacíficas en los alrededores de las cámaras parlamentarias, así como modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para "reducir al mínimo" los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.

Críticas de la oposición

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ve sospechoso que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ceda la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para salvar su cabeza política". En su opinión, de aprobarse el texto consensuado dejaría "desarmados" a los agentes. "Es una reforma ideológica que apoyar al delincuente; una ley para cuando estén en la oposición", ha señalado.

La mayoría de sindicatos policiales recelan de que no hayan sido consultados para modificar una ley que les afecta en su desempeño, algo que ya plantearon hace un año cuando convocaron una multitudinaria manifestación en Madrid.

Las organizaciones policiales crearon entonces una plataforma, No a la España insegura, que no descartan volver a activar una vez se apruebe definitivamente la nueva ley orgánica si incluye "despropósitos" como permitir difundir imágenes de policías "a discreción" —alentando el acoso contra ellos o sus familias— o si se "retira la presunción de veracidad de los atestados policiales".

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2571 en: 27 de Diciembre de 2022, 16:06:57 pm »
Veremos, al final, en que consiste la reforma. . . hasta que no se publique, nada se puede opinar . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2572 en: 29 de Diciembre de 2022, 08:33:10 am »

Los Policías barajan un año electoral caliente por la derogación de la 'ley mordaza'


Los sindicatos y asociaciones ven muy graves los avances en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y cargan directamente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska
CARLOS FRÍAS
27/12/22 - 00: 00

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’, sigue su avance gracias a los acuerdos entre los partidos de Gobierno y sus socios habituales: EH Bildu, ERC y Junts per Catalunya. Este miércoles certificaron en la ponencia del Congreso de los Diputados despenalizar la grabación y difusión de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras cuestiones. Los Policías barajan preparar un año de movilizaciones ante lo que consideran trabas a la hora de realizar su trabajo.

Aunque todavía no hay fechas concretas y las conversaciones son embrionarias, la realidad es que los Sindicatos de Policía y las Asociaciones de Guardia Civil, junto a los representantes de policías autonómicas y locales, tienen en mente la gran manifestación del pasado 27 de noviembre. Entonces en Madrid se unieron 150.000 agentes y familiares -20.000 según la Delegación del Gobierno- para protestar por los acuerdos alcanzados por el Gobierno y sus socios.

La derogación de la ‘ley mordaza’ es una promesa electoral de Unidas Podemos, la otra pata del Gobierno. Lo consideran una máxima para sus votantes, en especial suprimir las sanciones por concentrarse alrededor de sedes gubernamentales como el Congreso o por celebrar manifestaciones sin previo aviso. Estas dos cuestiones, junto con la despenalización de grabar imágenes de los agentes y su posterior difusión (exceptuendo algunos casos), fue aprobado el pasado miércoles en la ponencia del Congreso sobre la Ley.

«Es como si les hubieran dado una hoja en blanco a los antisistemas y a los violentos para que legislasen», resume el portavoz de Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, Agustín Leal en conversación con este periódico. «Lo que ha conseguido este Gobierno es unirnos a todos» los diferentes agentes, señala.

La seguridad ciudadana es una de las áreas más sensibles de la seguridad de los ciudadanos. De ella depende gran parte de los delitos que se cometen en el día a día como hurtos, robos, agresiones, homicidios y delincuencia común. «Lo que quieren hacer es un despropósito y una barbaridad porque no han contado con nosotros. Es una cosa que debería estar fuera de cualquier pacto político, gobierne quien gobierne», añade Leal.

El portavoz de Jucial incide en el caso de las grabaciones a agentes, uno de los últimos puntos aprovados: «Hay compañeros en el Campo de Gibraltar a los que los narcos han llamado y amenazado, los tenían localizados. Han tenido que cambiar de puesto, de ciudad, de colegio para sus hijos… Al final esto termina repercutiendo en el trabajo de los agentes», termina.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) considera que las enmiendas aprobadas «son un riesgo para la seguridad pública, donde se dificultara el trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también se pondrá en riesgo a los ciudadanos».

«¿Qué va a ocurrir con el tratamiento de esa toma de imágenes o grabaciones en el caso de que llegaran a difundirse? Puede ocasionar un gravísimo perjuicio sobre el honor, dignidad y seguridad no sólo de los agentes sino también de sus familiares», señala el portavoz de la asociación, Pedro Carmona.

En la misma línea que Leal, Carmona se muestra especialmente preocupado por aquellas «zonas de España en las que se vive mayor conflictividad, y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. Además, llegan en un momento en que las agresiones a los agentes de la autoridad están aumentando incluso cuando los compañeros se encuentran fuera de servicio».

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional también son muy críticos con los pactos para derogar la ‘ley mordaza’. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se muestran «perplejos» por el hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad no se hayan puesto en contacto con ellos ni haya habido ningún tipo de «comunicación oficial».

«La reforma de la Ley ni es necesaria, ni la demanda la sociedad, ni tan siquiera mejora las condiciones de trabajo de la Policía, más bien al contrario. Para el desarrollo de la reforma no se contó con asesoramiento policial y queda patente en el modo en que se podría perjudicar la labor de miles de compañeros», explica uno de sus portavoces.

«Además incluye despropósitos, más allá del tema de la toma de imágenes, como la retirada de la presunción de veracidad a los atestados policiales y otra serie de cambios que más bien parecen encaminados a restar seguridad a la ciudadanía en lugar de mejorarla».

Y avisan: «De confirmarse este intento de derogación, desde el SUP convocaremos con carácter urgente a la plataforma No a la España insegura y podremos en marcha medidas tan inmediatas como contundentes».

Para el secretario general de Jupol, el mayoritario en el Cuerpo, Aarón Rivero, «es inconcebible que se pretenda modificar una ley con la que se busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales», afirma.

El «descontento» con el Gobierno, «y en especial con el ministro del Interior», Fernando Grande Marlaska, es mayoritario en la Policía porque «nos vuelve a dejar a los pies de los caballos y pretende llevar a cabo una reforma que supone un ataque frontal» a los agentes.

Además, critican el «doble rasero» de un Gobierno que, al mismo tiempo que pretende reformar la ley, en parte para facilitar las manifestaciones espontáneas, «se sirve de la misma para evitar las protestas ciudadanas y de diferentes organizaciones contra su gestión».

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2573 en: 11 de Enero de 2023, 08:25:07 am »
Un diputado de Ayuso participa en otra reunión de policías y guardias civiles para manifestarse contra el Gobierno


Daniel Portero ha explicado a los sindicatos y asociaciones el calendario de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la estrategia para retrasar su aprobación a través de la presentación de enmiendas en el Senado


Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han vuelto a reunirse para coordinar acciones de protesta contra el Gobierno en el presente año electoral. En esta ocasión participó en la reunión el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del encuentro. La convocatoria de la reunión respondía a la “unidad de acción” en las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Congreso. A este respecto se ha referido Portero en su intervención, quien ha advertido a los presentes que la ponencia finaliza esta semana y que en febrero se discutirá en el pleno del Congreso.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2574 en: 14 de Enero de 2023, 19:00:24 pm »
La ley está en la recta final y de estos van a producirse unas cuantas...




Policías y guardias civiles ya no podrán sancionar a los exhibicionistas obscenos


Las reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana recoge que antes de disolver una manifestación los agentes deberán avisar de manera verbal, audible y con un plazo previo, antes de cargar y las rebajas de sanciones serán retroactivas
Imagen de exhibicionista
Imagen de exhibicionista
C. S. MACÍAS
CREADA14-01-2023 | 01:59 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN14-01-2023 | 01:59 H

La segunda jornada de la ponencia de la Ley de Seguridad Ciudadana se volvió a reunir el pasado jueves y aprobó nuevas modificaciones a la norma, muchas de ellas dirigidas a restringir la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una hora llegaron a aprobarse un total de 29 artículos, quedando ya solo cinco pendientes para la próxima semana que son: Art. 23, 30, 32.3, 37.4, 36.6, y la Disposición Final Primera donde están incluidos los rechazos en frontera.

Rebaja económica
Entre las modificaciones se incide de nuevo en la cuantía que deberá pagar el infractor. En este caso se modifica el Art.39 y rebajan las sanciones que bajan su tope máximo. Si antes estaba entre 100 a 600 euros ahora queda en una horquilla de 100-500€. Incluyen un Art. 53 bis nuevo: donde indican que “se tendrá en cuenta, para su individualización la situación económica del responsable” o de los familiares del infractor y se ponderará así la capacidad económica y el fraccionamiento o suspensión de las sanciones.

También quedó aprobada una disposición transitoria única para que así, a los procedimientos sancionadores ya iniciados con la Ley de Seguridad Ciudadana actual, e incluso ya con infracciones cometidas, se les aplicará ésta reforma siempre que sea más favorable al infractor. Esta retroactividad permite favorecer a los delincuentes actuales y a los que ya fueron sancionados, que verán modificadas sus multas.

La reforma modifica el Art. 23 que hace referencia a las manifestaciones y reuniones que podrán realizarse sin previa comunicación. Por ejemplo, cuando entre en vigor, se podría cortar en 30 lugares diferentes la ciudad de Madrid con lo que eso conlleva sin que ello implique sanción grave y con lo que supone para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tendrían que actuar en esos treinta puntos diferentes en detrimento de otras funciones en el ámbito de la seguridad. Ahora, este hecho, constituirá una sanción leve, pero no llevará sanción si esas manifestaciones no comunicadas son por un acontecimiento de “repercusión social que no admite demora” siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

En la primera jornada de la ponencia de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se acordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán sancionar gravemente la tenencia de burundanga, entre otras sustancias tóxicas. A esto, se suma las consecuencias de la Ley del “solo sí es sí” que ha rebajado la condena o excarcelado a agresores sexuales y violadores de una norma que iba encaminada a “proteger” a las mujeres o la polémica que le sigue por los chistes que la secretaria de estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, “Pam” hizo de ello. Por ello, en la reforma llama la atención que se retoque el artículo 37.5 de la norma donde, actualmente, figura como sanción leve la “realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”. El PSOE y sus socios acordaron eliminar de este punto, como infracción leve, la “exhibición obscena” que desaparecerá del texto.

La Policía Nacional en la manifestación contra un acto de precampaña de Vox en Vallecas.
La Policía Nacional en la manifestación contra un acto de precampaña de Vox en Vallecas. FOTO: RODRIGO JIMÉNEZ EFE
“Maniatar” a los agentes
Varios artículos de la reforma van dirigidos a “maniatar” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, en la modificación del artículo 23.3 “se deberá proceder a la disolución de una manifestación de manera verbal y claramente audible”, dando, además, un plazo previo, “que deberá ser suficiente antes de la adopción efectiva de las mismas”. La portavoz de Interior del PP en la comisión de Interior, Ana Vázquez advierte de que “si te están achicharrando con piedras y tienes que darles un plazo antes de cargar y decirlo de manera audible a miles de manifestantes, es totalmente imposible”. Y es que solo podrán actuar, sin dar el aviso de manera verbal, si se emplean armas o explosivos. “Es una vergüenza que el Gobierno siga haciendo leyes para favorecer a los delincuentes y no para garantizar la seguridad de los españoles”, apuntó Vázquez.

Otro de los retoques de la norma va enfocado “dudar” del trabajo que llevan a cabo a diario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que incluyen una disposición adicional para “formar a los agentes en mediación y métodos alternativos al conflicto”.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2575 en: 14 de Enero de 2023, 20:28:02 pm »
La verdad es que nos pasamos la vida denunciando exhibicionistas obscenos. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2576 en: 15 de Enero de 2023, 08:03:18 am »
La verdad es que nos pasamos la vida denunciando exhibicionistas obscenos. . .

Eso mismo pensé al leer la noticia...pero es que además, encuadrar un desnudo en un exhibicionismo obsceno ya tiene antecedentes de archivo, como el que se nudista que se presentó a juicio en bolas.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2577 en: 15 de Enero de 2023, 08:54:48 am »
REÚNE A VARIOS CUERPOS POLICIALES
Policías y guardias civiles crean un frente para hacerse oír ante los cambios de la Ley Mordaza


Ultiman una nueva plataforma, llamada Por una España segura, con una junta directiva y estatutos que aglutina a decenas de colectivos. No descartan una gran protesta en la calle

Por Alejandro Requeijo
15/01/2023 - 05:00
Los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil preparan una nueva plataforma que aglutina decenas de marcas con el objetivo de mostrar músculo y hacerse escuchar en la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados. El nombre para este frente común es Por una España segura y las conversaciones ya han dado pie a la elección de una junta directiva, el compromiso de redactar unos estatutos y establecer la vía de financiación para el caso de que sea necesario impulsar movilizaciones multitudinarias de protesta en la calle. Fuentes conocedoras de las conversaciones sostienen que el objetivo es trasladar una imagen de fuerza para que la Ley de Seguridad Ciudadana no se modifique a sus espaldas. Reivindican que los cambios en la norma tienen una incidencia directa en su actividad diaria, en su seguridad y consideran que sus preocupaciones deben estar presentes en el trabajo de los parlamentarios. Esta iniciativa busca ofrecer una imagen de unidad, no solo ante el Congreso, sino ante el Ministerio del Interior. Existe consenso generalizado en que el ministro Fernando Grande-Marlaska apenas ha tenido en cuenta la labor de los sindicatos en sus cuatro años y medio de mandato. Por ello se ha acordado abrir vías de diálogo directo con partidos políticos a los que trasladar sus reclamaciones.

Por una España segura es el resultado de la unión de las dos almas que en los últimos tiempos han marcado la actividad sindical. Por un lado, estaba la vía que representaba Jupol, el sindicato surgido del fenómeno Jusapol. Tiene su origen en un movimiento que inicialmente no quiso sindicarse y que ganó presencia por su capacidad de movilizar policías en manifestaciones callejeras. Años después aceptaron constituirse como sindicato y actualmente son la marca con mayor representación en el Consejo de la Policía, su órgano de interlocución con el Ministerio del Interior. Al otro lado estaba el bloque encabezado principalmente por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) una marca histórica del sindicalismo policial. Las conversaciones han dado lugar a un proyecto común de acción sindical que aúna a todos. También dan su apoyo otros sindicatos de larga trayectoria como la Confederación Española de la Policía (CEP), la Unión Federal de la Policía (UFP) o el Sindicato Profesional de la Policía (SPP). A ellos se le suma una larga lista de siglas de la policía local, el sindicato de funcionarios CSIF y también asociaciones profesionales de la Guardia Civil preocupadas por las conversaciones que se llevan a cabo en el Congreso.
 Las dependencias de la residencia de la Guardia Civil de la calle Príncipe de Vergara de Madrid fueron escenario el martes pasado de una reunión con la mayoría de implicados en esta nueva plataforma. La Junta directiva de la misma estará integrada por tres representantes de sindicatos policiales (Jupol, SUP y SPP), tres asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, ASESGC y Jucil) y junto a todo ellos, CSIF.

Con todo, la plataforma todavía no está formalmente constituida. Falta aprobar sus estatutos. A finales de semana todavía se discutían aspectos de su redactado. Otra cuestión que ha generado controversia, según las mismas fuentes, es la contundencia y los ritmos de actuación. Opciones como la que representa Jupol son partidarias de escenificar en la calle cuanto antes el rechazo a las informaciones difundidas sobre la tramitación. Otras voces, en cambio, son más partidarias de agotar la vía institucional y postergar las manifestaciones. Se da la circunstancia de que las elecciones al Consejo de la Policía están fijadas para esta primavera, igual que los comicios locales y autonómicos en España. A la espera de acontecimientos, se ha habilitado un número de cuenta (del sindicato SPP) para que cada colectivo haga una aportación que rondará entre los 100 y los 150 euros para gastos en caso de que sea necesario organizar una manifestación, que de realizarse, sería de gran magnitud, según confían sus impulsores. Mientras, en el Congreso, los parlamentarios continúan sus trabajos. La ponencia encargada de tramitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautiza por sus detractores como 'ley mordaza', incorporó el jueves en su informe varios acuerdos alcanzados entre el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios, como la reducción de cuantías de las multas, y encara ya la recta final para su aprobación. Así lo explicó tras la reunión celebrada a puerta cerrada el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quien mostró su satisfacción por el desarrollo de los trabajos. Según sus cálculos, ya hay acuerdo sobre el 96% de la norma y solo quedan "cinco artículos" por cerrarse, según informa Europa Press. El dirigente de Izquierda Unida ha explicado que la intención es volver a reunir a la ponencia la semana que viene y si es posible también a la Comisión de Interior para aprobar su dictamen y elevarlo al Pleno extraordinario que la Cámara planea celebrar a finales de enero.

Castigo a las infracciones más graves
Por lo pronto, en la reunión de este jueves, la ponencia incorporó al texto la reducción de cuantías mínimas de las sanciones. Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos "muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales", según detalló Santiago. Respecto al valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad, la norma dejará claro que "los hechos consignados deben guardar lógica, coherencia y razonabilidad". Santiago señaló que también se "ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara respecto al momento en que procede realizar una manifestación y que esta no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación". Menos optimista se mostró a la salida de ponencia, el portavoz de Interior de Bildu, Jon Iñarritu, quien recordó que sigue sin haber acuerdo sobre los artículos "más lesivos" de la norma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015. En estos puntos, aseguró, el PSOE y Unidas Podemos han rehusado las últimas semanas a buscar acuerdos: "No hay acuerdo alguno y ahora ni siquiera estamos hablando de ellos, espero que en las próximas semanas se pueda avanzar también en eso porque si no será imposible llegar a una reforma total o una derogación de los artículos más lesivos, con los que se ha sancionado más en estos años", resumió.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2578 en: 18 de Enero de 2023, 08:24:42 am »
SIN PACTO EN LAS PARTES MÁS POLÉMICAS
La ley mordaza abre grietas entre Unidas Podemos, ERC y Bildu: "No hay acuerdo"


UP afirma que la norma está pactada "al 98%", mientras los aliados parlamentarios niegan la mayor y les acusan de "vender humo". Una reunión este martes tampoco permitió abordar los asuntos más polémicos

Por Alejandro López de Miguel
18/01/2023 - 05:00

La paciencia de los aliados parlamentarios del Gobierno frente a las negociaciones para la derogación parcial de la ley mordaza se agota. ERC y EH Bildu están muy molestos por el "triunfalismo" que atribuyen al socio minoritario, Unidas Podemos, al que directamente acusan de "vender humo" y de "maquillar" los desencuentros de unas conversaciones que consideran lejos de concluir. Aún no se han abordado los puntos más polémicos, los que desde el arranque de su tramitación han sido incapaces de resolver, a pesar de los diálogos cruzados y las más de 35 reuniones informales mantenidas. La última, este martes. En este encuentro telemático, que se ha prolongado durante dos horas y media, ha habido "acercamiento de posturas en algunos puntos" entre Unidas Podemos, Bildu y ERC, según fuentes del socio minoritario del Ejecutivo. El resto de fuerzas solo encuentra un punto de acuerdo: lo que toca al artículo 30.3, que afecta a los convocantes de manifestaciones.

"No hay acuerdo" en lo global, aseguran fuentes de ambas formaciones, que recuerdan lo evidente. La aritmética parlamentaria obliga a PSOE y Unidas Podemos a contar con sus votos para aprobar la reforma de esta ley orgánica (176 síes, al menos). A los socialistas, les reprochan que no se muevan de sus posiciones y que no aporten propuestas alternativas para tratar de evitar los puntos de fricción. En esencia, el desencuentro está en los delitos de desobediencia y de faltas de respeto a la autoridad (36.6 y 37.4 de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP de Mariano Rajoy), la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Aspectos en los que no han avanzado en la reunión de este martes, como reconocen todas las partes. Al grupo Unidas Podemos, con el que comparten la mayoría de postulados en lo que toca a esta ley, le reprochan que venda que el acuerdo está más cerca de lo que en realidad está. El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, afirmó el martes en rueda de prensa que la modificación está acordada "al 98%", mientras que Enrique Santiago, diputado de IU y representante del grupo en las negociaciones, aludía al 96%, tras la cuarta reunión de la ponencia, la semana pasada.

Santiago, que compareció para celebrar acuerdos como la reducción de los topes máximos de las multas o la obligatoriedad de que los policías avisen de forma audible antes de cargar contra una protesta, apuntaba a que los trabajos deberían concluir en lo que queda de mes. Su grupo responde a las críticas recordando que estas reuniones (dos de la ponencia y dos encuentros informales) sirvieron para concretar más de una treintena de enmiendas parciales al articulado, esgrimiendo que "se siguen produciendo avances". Esperan que algunas de las diferencias sobre los puntos más polémicos puedan concretarse en los próximos días, antes de la quinta reunión de la ponencia. En Unidas Podemos hay quienes defienden que parte de los puntos de desencuentro se solucionan dando una patada hacia adelante, aprobando el dictamen y dejando fuera de su redacción estas cuestiones, para después incluirlas en otras reformas legislativas. Es el caso de las devoluciones en caliente, que ya han planteado incluir en la ley de extranjería, o la prohibición de utilizar pelotas de goma, objetivo prioritario para ERC. Ya están prohibidas en Cataluña y consideran que deben mantener, al menos, este nivel de ambición.

El problema, según las fuerzas críticas con los planteamientos de UP, es la ausencia de "voluntad política" para acabar con las devoluciones en caliente. Tampoco los tiempos acompañan. En pleno año electoral, visto lo que queda de legislatura hasta la disolución de las Cortes, desconfían de que sea posible sacar adelante muchas más leyes. A eso se suma que, con las urnas tan cerca, interpretan que el Ministerio del Interior va a hacer lo posible por rebajar la conflictividad con la Policía Nacional, que también tiene elecciones sindicales a mediados de 2023. El contexto, afirman, no favorece que Interior vaya a moverse hacia posiciones que nunca ha querido asumir. Tras 34 reuniones informales, PNV y Podemos reclamaron reactivar la ponencia en diciembre. En dos sesiones, han pactado la redacción de cerca de 40 enmiendas al articulado de la ley de seguridad ciudadana, pero estos grupos se quejan de que lo mollar sigue enquistado, incluso "va a peor" cuando debaten algunos de estos puntos.

Un ejemplo es el artículo 37.4, que regula las faltas de respeto a la autoridad. Mientras estos partidos planteaban eliminarlo, UP hizo una propuesta para "objetivarlo" y que solo fueran sancionables los insultos e injurias, ante la oposición del PSOE. Los socialistas también rechazaron que el precepto que regula la desobediencia a la autoridad, el 36.6 de la norma, requiriera también de "oposición corporal" o "fuerza física" para ser sancionable. "El PSOE dijo que no", argumentan. Además de ser un compromiso del acuerdo de coalición, la derogación de la ley mordaza es un objetivo político de primer orden, en particular para Unidas Podemos. Ya intentó que el PSOE accediese a desbloquear esta reforma como paso previo a la negociación de los presupuestos para 2023, y de cara a la recta final de la legislatura se configura como una de sus grandes prioridades, como ocurre con el texto de vivienda. De cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, la formación morada requiere de estas bazas para rentabilizar su paso por el Gobierno y movilizar a su electorado. Necesitan convencer de que son útiles desde el Ejecutivo.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2579 en: 18 de Enero de 2023, 20:36:27 pm »

Ley mordaza: ¿a qué teme tanto el PSOE?


PATRICIA SIMÓN

18/01/2023

CRÓNICAEN RED
Pese a que fue una de las promesas electorales con las que Pedro Sánchez llegó a la presidencia, nadie en el Ejecutivo baraja ya la derogación de la ley mordaza. El Gobierno y los partidos que hicieron posible su investidura negocian la reforma de sus artículos más controvertidos, mientras los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han anunciado la creación de una plataforma conjunta para mostrar su rechazo a cualquier modificación de la norma sin su apoyo.


Antidisturbios en Burgos, en una manifestación en 2014 contra las obras de la plaza de toros. / Foto. J. Marcos

Quienes repiten que la ciudadanía está anestesiada, que ha perdido la empatía, que no se moviliza, o lo hace a sabiendas de que miente o no ha salido a la calle en los últimos 20 años. Por millones salió cuando el presidente José María Aznar decidió hacernos partícipes de la invasión ilegal y destrucción de Irak, cuando el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón intentó restringir el derecho al aborto, cuando Mariano Rajoy acabó con la minería sin dar una alternativa a las cuencas asturianas, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero claudicó ante la troika que formaban el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y antepuso, entre otras cosas, el pago de la deuda pública al Ministerio de Igualdad y a los derechos de las personas dependientes; también cuando M. Rajoy se convirtió en el pupilo austericida de Angela Merkel arrasando con la sanidad y la educación públicas y se le llenaron las plazas con el 15M, las avenidas con las mareas, las escaleras con las PAH y los locales autogestionados con las asamblea de los movimientos antirracistas y feministas.

Entre 2011 y 2014, las manifestaciones se sucedían casi a diario en todas las ciudades españolas. Y casi siempre, como toda respuesta, obtuvieron silencio y ninguneo. Una doctrina del shock dirigida a aplastar cualquier esperanza de que la movilización pudiera lograr cambios políticos. Y aun así, a sabiendas de que la violencia de dejar a cientos de miles de personas sin un techo y sin esperanza no se puede contener apostándolo todo a la resignación, en 2015 el Gobierno de Rajoy se propuso acabar con el clamor de las calles atacando el talón de Aquiles de las víctimas de sus políticas: sus castigados bolsillos.

Para ello, aprobaba la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que organizaciones como Jueces por la Democracia consideró que “lesiona las libertades” y que va contra los principios “de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar”. La norma incluyó multas de entre 600 y 600.000 euros por convocar o participar en movilizaciones no comunicadas a las autoridades previamente, por negarse a finalizarlas cuando lo ordenan los agentes, por participar en aquellas que se realizaran cerca del Congreso o el Senado, por alentar por las redes sociales a unirse a ellas, por grabar a policías o guardias civiles… Y todo ello, mediante procesos administrativos en los que el testimonio de un agente prevalece sobre el de la persona denunciada. Si se mantuviese la vía penal, el denunciante tendría que defender con hecho la culpabilidad de la persona acusada ante un juez o jueza, que escucharía a ambas partes antes de tomar una decisión. Con la ley mordaza, el agente se convierte en juez y parte, lesionando así la presunción de inocencia y el derecho a una legítima defensa.

Como periodista he asistido a decenas de movilizaciones en las que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado cargaban injustificadamente contra manifestantes y cuando se les preguntaba por qué no llevaban su número de identificación respondían pidiendo la documentación a quienes les interpelaban para multarles por resistencia, desobediencia o atentado contra la autoridad.

Ya años antes de esta reforma legislativa, era habitual que en territorios de no-derecho como Ceuta y Melilla, multaran a los periodistas que documentamos la violencia empleada contra las personas migrantes. Las fronteras europeas llevan décadas convertidas por los propios Estados en laboratorios en los que experimentar hasta dónde pueden las democracias violar sus propios derechos fundamentales. Por eso, cuando tras años de gobiernos socialistas y populares negando que las Fuerzas de Seguridad realizaran devoluciones en caliente pasaron a realizarlas a la luz del día ante las cámaras, resultó evidente que nos estaban instrumentalizando para difundir el mensaje de que debían legalizar lo ilegal para cumplir con su deber de proteger eso que llaman la soberanía y lo que entienden por la seguridad. Poco después, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, comunicaba que la ley de seguridad ciudadana incluiría la regulación de las devoluciones en caliente. De nuevo, representantes públicos presentaban las leyes que garantizan el Estado de Derecho como un obstáculo para hacer bien su trabajo. Después, vendrían los 15 hombres que murieron ahogados por las pelotas de goma lanzadas por la Guardia Civil en la playa ceutí de El Tarajal, los niños devueltos ilegalmente a través de la valla de Ceuta, las decenas de muertos y desaparecidos en las inmediaciones de la frontera de Melilla con Nador… Pero ahora quien ordena y defiende esas actuaciones condenadas por instituciones como el Defensor del Pueblo o la ONU es el ministro de Interior socialista, Fernando Grande-Marlaska. Y Pedro Sánchez, el presidente que desde hace cinco años no deroga esta ley.

Desde su aprobación en 2015, la ley mordaza ha conseguido su principal objetivo: un efecto disuasorio y desmovilizador.CLIC PARA TUITEAR
La ultraderecha no avanza tanto por su propio impulso sino por el denodado esfuerzo con el que el resto de fuerzas políticas le allanan el camino. 

Desde su aprobación en 2015, la ley mordaza ha conseguido su principal objetivo: un efecto disuasorio y desmovilizador. Según Amnistía Internacional, en este periodo se han interpuesto 321.100 multas por infracciones en materia de seguridad ciudadana –excluyendo las impuestas en marzo y abril de 2020 en relación al confinamiento por la Covid-19, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional–. Un dinero que ha salido de los bolsillos de quienes se dejan el pellejo por el bien de todos y todas, que no suelen ser precisamente los más pudientes precisamente, sino quienes celebran asambleas de barrio para organizar redes de apoyo, quienes reciben porrazos a las seis de la mañana para evitar que una familia sea arrastrada a la calle, quienes defienden sus puestos de trabajos y las condiciones laborales dignas, quienes denuncian el ecocidio… Quienes, en definitiva, no se resignan a que vivamos en un país lleno de colas de hambre. Y cualquiera que haya estado en estos espacios sabe que la mayoría de esos “quienes” son mujeres.

Así, la ley mordaza ha convertido el derecho a protestar en un lujo. Y el problema es que ya no es el Partido Popular el que la defiende, sino, de facto, el mismo Pedro Sánchez que llegó a la Moncloa prometiendo su derogación.

Casi cinco años después de su llegada al Ejecutivo, ya no contempla su derogación, como pide Unidas Podemos, y solo acepta la reforma de algunos de sus artículos. Según publicó en diciembre Infolibre, los partidos que hicieron posible la investidura del actual Gobierno –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu– han consensuado una treintena de enmiendas parciales. Entre las que se han hecho públicas desde entonces destacan la introducción de un criterio de proporcionalidad de las multas en función de la capacidad económica del infractor, así como una rebaja de la sanciones más leves a una horquilla de 500 a 100 euros. También se ha acordado que no se sancionará la toma y difusión de imágenes de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, salvo cuando generen “un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación”. En los que se considere que sí lo hacen, las multas irán desde los 601 y 30.000 euros. De nuevo, un marco de arbitrariedad que debilita el derecho a la información.

Sigue sin haber acuerdo en los artículos que castigan las “faltas de respeto” y la “desobediencia” a los agentes, en el terreno de la prevalencia de sus testimonios en los procesos penales, en la prohibición del uso de las pelotas de goma en las manifestaciones y en la cuestión de las “devoluciones en caliente”.

Parece evidente que el principal partido del Ejecutivo, el PSOE, no quiere enfadar al ala más reaccionaria de la Policía y la Guardia Civil. Desde la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy, las asociaciones más cercanas al partido ultraderechista Vox han organizado actos y difundido comunicados de tono amenazante contra cualquier tipo de reforma de la norma. Ahora que se ha hecho público que la Comisión de Interior del Congreso tiene previsto votar el texto con las enmiendas antes de febrero, han endurecido el tono.

Agustín Leal, portavoz de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), ha declarado en La Razón que “nos desarmarán legalmente ante los retos delincuenciales en disturbios y algaradas callejeras y JUCIL lo denunciará, con responsabilidad, la inacción de toda la administración que para nada se ha preocupado de la seguridad de los españoles”.

La también asociación ultraderechista JUPOL ha manifestado que “esta reforma no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”.

Además, estas organizaciones junto otras como el Sindicato Unificado de la Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Asociación Unificada de la Guardias Civiles y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil han anunciado la creación de la Plataforma por una España Segura para convocar manifestaciones contra una reforma de la ley mordaza que han exigido, incluso, el Consejo de Europa y la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea para acabar con la discrecionalidad policial, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad y las impuestas a organizadores de movilizaciones y protestas.

El PSOE debería dejar de preocuparse por enfadar a los sectores más antidemocráticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por adecuar nuestras leyes al cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Y debería ocuparse más, como hacen en Alemania o Francia, de la infiltración cada vez mayor de la ultraderecha entre los cuerpos a los que se les ha concedido el uso legítimo de la violencia para garantizar, entre otros, el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a protestar. Algo que algunos policías y guardias civiles solo tienen claro cuando se disculpan por las molestias ocasionadas a quienes, por ejemplo, intentaron impedir la exhumación de Franco o a quienes se manifiestan con símbolos franquistas.

Enfadar a los fascistas es condición sine quae non de ser decente y demócrata. De lo contrario, ya hemos visto qué facil les ponen algunos agentes asaltar a los fundamentalistas los Congresos cuando pierde la extrema derecha.