Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 313759 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2580 en: 18 de Enero de 2023, 23:13:26 pm »
Los socialistas son los mayores hipócritas de este país.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2581 en: 19 de Enero de 2023, 08:17:01 am »
División entre sindicatos de Policía y Guardia Civil sobre si salir a la calle por la ley mordaza


Asociaciones como Jupol y Jucil abogan por movilizarse antes de que se consume la reforma, mientras SUP y AUGC consideran prematuro manifestarse sin conocer el texto definitivo

FECHA
19/01/23access_time 1:00

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Iker Vega

La ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, ha vuelto a escena después de que los partidos del Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, hayan avanzado en su reforma con el resto de socios parlamentarios. Aunque su aprobación queda lejana, algunos sindicatos de Policía y Guardia Civil ya se han mostrado a favor de movilizarse contra el Gobierno antes de que se consumen los cambios. Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital, otros se muestran reticentes y consideran “precipitado” manifestarse contra el Ejecutivo cuando “aún ni se conoce” cuáles serás las modificaciones definitivas.

Las asociaciones mayoritarias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han unido en una plataforma para canalizar y unificar las protestas ante los cambios que se introduzcan en la ley. Sin embargo, no hay acuerdo en el seno de dicha organización. Agrupaciones como Justicia Policial (Jupol) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil) señalan a ECD la importancia de actuar antes de que termine el proceso legislativo: “Hay que tratar de frenar la reforma, no manifestarse cuando se apruebe”, afirman fuentes de Jupol.

En cambio, otro sector de la plataforma no ve con buenos ojos salir a las calles antes de que queden clara la nueva legislación. “Aún no sabemos en qué va a recoger la reforma”, apuntan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): “Esto se aprobará mínimo en febrero y aún se está trabajando en la ley”. “Sé que hay sindicatos que tienen mucha intención de salir a la calle, pero tenemos que ser realistas, y, de momento, no hay motivos”, apuntan fuentes de la plataforma en contra de movilizarse ya contra el Gobierno.

El interés político genera desconfianza entre las asociaciones

Además, hay sospechas cruzadas entre los conformantes de la plataforma de estar influidos por sus propias inclinaciones partidistas. “Hay ciertos sindicatos a los que solo les interesa mover el avispero por temas políticos. Quieren manifestarse contra el Gobierno por cualquier motivo”, señalan quienes abogan por retrasar las movilizaciones. Al otro lado del tablero, estas suposiciones se comparten: “Es sabido que algunas agrupaciones suelen evitar incordiar a los gobiernos socialistas”, responden desde sindicatos partidarios de protestar ya contra la modificación de la ley mordaza.

Varios sindicatos de la Policía y la Guardia Civil se manifestaron hace ya más de un año en contra las enmiendas que el Ejecutivo pretendía introducir, al considerar que restaban autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad y convertían España en un lugar “más inseguro”. Desde Jupol reiteran que “no se está consultando” a las asociaciones que representan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: “Antes de hacer nada, pregúntenos”.

Manifestaciones al margen de la nueva plataforma
Sobre el horizonte planea la posibilidad de que la plataforma, denominada Por una España Segura, no llegue a un acuerdo. Sin embargo, las asociaciones a favor de manifestarse se reafirman en su intención es hacerlo “a finales de este mes o principios del siguiente”. Un escenario que, de momento, no cuenta con la unanimidad de los principales actores de la recién nacida organización. Desde AUGC consideran un error que se planteen movilizaciones al margen del acuerdo: “Quienes las organicen tendrán que hacerse cargo. Pero no tiene sentido salir a la calle si estás solo”.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2582 en: 25 de Enero de 2023, 08:08:34 am »
Peligra la reforma de la Ley Mordaza: Bildu y ERC quieren castigar menos las ofensas a los policías


La propuesta del PNV y Unidas Podemos es que sólo se consideren faltas de respeto las "expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos".
25 enero, 2023 02:47
Luis Casal  @casalmajere

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, sigue fracturando al bloque de investidura. Después de un año de negociaciones y muchos más de conversaciones informales, la reforma de la norma –ya todos asumen que no habrá derogación– ha pegado un frenazo durante su recta final. Principalmente, debido a las reservas de ERC y EH Bildu sobre las faltas de respeto a los policías, la desobediencia a la autoridad, las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2583 en: 27 de Enero de 2023, 07:27:01 am »
El tiempo se agota...

EL 1 DE FEBRERO, FECHA LÍMITE
El PSOE alimenta el pulso con sus socios y les culpará si descarrila la ley mordaza


ERC y Bildu reprochan a los socialistas que no cedan en sus posiciones, mientras estos aluden a los acuerdos ya alcanzados. Los grupos se dan otro día, hasta el 1 de febrero, para intentar salvar la norma

Por Alejandro López de Miguel
27/01/2023 - 05:00
Los grupos que negocian la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, la conocida como ley mordaza, van camino del choque de trenes. Si no llegan a un acuerdo, están abocados a escribir el epitafio de la norma en menos de una semana. El PSOE, blanco de las críticas de ERC y EH Bildu, mueve ficha y desplaza el foco sobre ambos aliados parlamentarios, a los que atribuirá la responsabilidad de la ruptura si finalmente se produce. El año electoral marca los movimientos y ningún grupo está dispuesto a asumir esta factura. Fuentes del grupo parlamentario socialista reclaman a ambas fuerzas que "no rompan" lo "mucho" que han avanzado hasta ahora y advierten de que ese escenario supondría mantener en funcionamiento "la ley mordaza de Rajoy". Tras la reunión del grupo de trabajo del miércoles, en la que aseguran que hubo "entendimiento", hay otra prevista para el lunes. El PSOE asegura que se sentarán a negociar "las veces que haga falta". El 1 de febrero, salvo que los partidos vuelvan a retrasarlo por falta de acuerdo, votarán el informe de ponencia, el texto que después se plasmará en el dictamen que llegará al pleno. Inicialmente, estaba previsto que se votara esta semana, pero se aplazó para evitar que salte por los aires. Nadie se atreve a dar por muerta la norma aún, pero varias partes sostienen que el pacto se antoja difícil.

PSOE y Unidas Podemos presumen de los acuerdos logrados tras casi 40 sesiones del grupo de trabajo y media docena de reuniones de ponencia. Los socialistas señalan a los republicanos y los jetzales. Unidas Podemos empieza a recuperar los dardos contra el PSOE en esta materia, reprochándole que no dé "pasos valientes". La maraña de líneas rojas e intereses de cada una de las partes dificulta el entendimiento y, conforme crece la presión del reloj, todas ellas buscan culpables. La importancia de la norma es tal que, además de las conversaciones entre los grupos parlamentarios, hay abiertas vías de conversación entre la Moncloa y los ejecutivos de Cataluña y Euskadi, como aseguran distintas fuentes de la negociación. Es una de las grandes promesas del Gobierno, una de las claras prioridades de Unidas Podemos —junto con la ley de vivienda—, dotada de especial valor simbólico, y estas vías persiguen superar los callejones sin salida identificados en la Cámara Baja.

El PSOE insiste en que es posible culminar los trabajos en "escasas semanas" para convertir la polémica ley del PP, aprobada en 2015 y criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, en una "Ley de Seguridad Ciudadana del siglo XXI, que avance en derechos". Si sus aliados no quieren avalar la norma porque no están dispuestos a ceder en algunas cuestiones nucleares, a pesar de los avances en la mayoría de materias, serán estas fuerzas las que deban cargar con el peso de explicarlo, vienen a decir. Hasta ahora, los cambios pactados afectan a cuestiones como las identificaciones policiales, prohibiendo las basadas en elementos discriminatorios como el origen racial, limitando su duración a dos horas o acotando las condiciones de los registros corporales en la calle. También al derecho de manifestación, acabando con la necesidad de comunicación previa a las autoridades para permitir el desarrollo de determinadas protestas y eliminando la infracción grave por manifestarse ante los parlamentos. Además, introducen como infracción grave la tenencia de drogas que produzcan sumisión química. Esta última cuestión está entre las cuatro enmiendas incorporadas al texto el martes, rubricadas por el socio minoritario del Gobierno.

Se han rebajado las cuantías de las sanciones leves (de 600 a 500 euros) y de las graves (de 30.000 a 25.000 euros) y se ha acordado introducir el criterio de capacidad económica del infractor, para permitir reducir los importes hasta en un 50%. Desde Unidas Podemos, recuerdan también que ya se han modificado 35 de 54 artículos de la norma. El nudo sigue donde ha estado siempre: los delitos de desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad (36.6 y 37.4 de la norma), las devoluciones en caliente y la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios. El PSOE no contempla tocar la presunción de veracidad de los agentes, tampoco acotando estos cambios a sus actuaciones en protestas ciudadanas, mientras su socio en el Gobierno pide objetivar las faltas de respeto a los policías. También plantean obviar las devoluciones en caliente en el texto, para abordarlas en la ley de extranjería. Y, en lo que toca al material antidisturbios, ambos partidos proponen desarrollar protocolos específicos sobre su uso, potenciando el empleo de los medios "menos lesivos", para poner trabas a la utilización de los más cuestionados.

La maraña de intereses contrapuestos

Uno de los problemas es que ERC no puede permitirse una norma menos ambiciosa que la vigente en Cataluña, donde gobiernan y donde no pueden emplearse pelotas de goma —en su lugar, se emplean proyectiles de foam—. Fuentes de Esquerra, cuestionadas por la opción de poner trabas al uso de las pelotas de goma —como ocurre en Euskadi—, no quieren valorar opciones intermedias, porque insisten en que el PSOE está instalado en el rechazo constante a sus propuestas en esta materia. "Si hubiera voluntad, se podría sondear cómo. El objetivo es desactivar las pelotas de goma, si es fuera o dentro de la ley es secundario, pero no tienen voluntad", resume un parlamentario que participa en las negociaciones.

Es algo parecido, afirman, a lo que ocurre con la presunción de veracidad de los agentes. En un año electoral para los sindicatos policiales, interpretan que Interior quiere evitar movilizaciones de los agentes y más coincidiendo con las elecciones autonómicas, municipales y generales. "Es un problema de voluntad política", resumen. Por su autoría sobre la norma que pretende derogar parcialmente la ley mordaza, y por su enorme calado político, respectivamente, PNV y Unidas Podemos son las grandes interesadas en que vea la luz cuanto antes, y esto enlaza con otro de los problemas señalados por distintas fuentes de las negociaciones: que PNV y Bildu son rivales electorales, y que difícilmente los jeltzales pueden aprobar una norma propuesta por el grupo de Aitor Esteban. En Bildu, aseguran que su interés por derogar la ley mordaza está fuera de duda, si bien se niegan a alumbrar una reforma que no logre desactivar los aspectos más lesivos de la ley mordaza. Tienen seis días para corregir el rumbo.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2584 en: 05 de Febrero de 2023, 20:26:04 pm »


A un paso de acabar con la 'ley mordaza'


Ahora la seguridad ciudadana se entenderá “como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dando prioridad a la preservación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales

Enrique Santiago Romero
@EnriqueSantiago
Portavoz adjunto de Unidas Podemos

4 de febrero de 2023 06:02h

Actualizado el 04/02/2023 06:02h


En 2015, coincidiendo con la oleada de protestas sociales, el Gobierno de Rajoy modificó la ley de Seguridad Ciudadana restringiendo gravemente derechos y libertades públicas como el derecho de reunión, de manifestación o la libertad de expresión. Todo para impedir la protesta social. Con el cambio de Gobierno tras la moción de censura contra Rajoy en 2018, se reactivaron  los trabajos parlamentarios entre las fuerzas democráticas para reformar la ya denominada 'ley mordaza', pero la legislatura concluyó en 2019 sin haber conseguido aprobar una ley que recuperara derechos y libertades.


Desde la conformación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en enero del 2020, se retomaron los trabajos para aprobar una nueva ley, siendo uno de los contenidos del acuerdo programático de coalición. La 'ley mordaza' ha estado en vigor tres años durante un Gobierno del PP y cuatro años más desde que Sánchez llegó a la Moncloa. La estrategia de la derecha y la ultraderecha de impedir los avances en derechos ha utilizado la reforma de la 'ley mordaza' como excusa para agitar las calles y desestabilizar al Gobierno, utilizando a unos sindicatos policiales que desgraciadamente en su mayoría, desde que hay Gobierno de izquierdas y a pesar de haber visto incrementado sus salarios en más de un 35%, han abandonado la neutralidad política a la que están obligados. Recuérdese el bloqueo del Congreso de los Diputados por miles de policías enmascarados con grilletes y bengalas siguiendo una convocatoria de una de las asociaciones profesionales más ultraderechistas, posteriormente seguido de varias reuniones de dirigentes del PP con las asociaciones para organizar movilizaciones en contra de la reforma de la ley de seguridad ciudadana.

La ponencia legislativa aprobada ha modificado 35 artículos de un total de 54, y añadido tres disposiciones adicionales y una final de reforma de otras leyes gracias al acuerdo entre al menos seis grupos parlamentarios. Han variado al menos 22 sanciones de las más de 40 que contiene el texto ahora en vigor, pasando de graves a leves muchas de ellas y reduciéndose el importe de las sanciones. El trabajo realizado ha dado un enfoque claramente expansivo de derechos, ya desde el artículo 1. Ahora la seguridad ciudadana se entenderá “como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dando prioridad a la preservación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, protegiendo la integridad personal de los ciudadanos y obligando a indemnizarlos si la aplicación de la ley les pudiera causar un daño personal o material. Se adecua la norma para preservar también la integridad de los animales y se realizan cambios para dar un tratamiento educativo a las personas menores de edad. Para la mejor protección de las víctimas de la violencia sexual, se introduce una sanción grave para quienes porten sustancias psicoactivas utilizadas únicamente para provocar la sumisión química. También se han aprobado nuevas medidas para garantizar la coordinación y respeto de las competencias de las distintas policías autonómicas en materia de controles en vías públicas.


También se eliminan las restricciones introducidas por el PP al libre ejercicio de la actividad informativa por los medios de comunicación, que podrán registrar y difundir imágenes de intervenciones policiales, aunque siempre sin que pueda identificarse públicamente a los agentes actuantes o a sus familiares, garantizando la intimidad y seguridad de estos.

La nueva ley introduce mayores garantías frente a actuaciones arbitrarias de la administración, se amplían los supuestos en los que la actuación de la policía deberá ser comunicada al Ministerio Fiscal, se exige que las diligencias policiales sean motivadas y proporcionales y se modifica el criterio casi absoluto de veracidad de las declaraciones de los agentes, exigiéndose lógica, coherencia y razonabilidad en cualquier atestado.

Otros avances son la restricción de los registros corporales a casos excepcionales y siempre preservando la intimidad de los ciudadanos, así como la limitación a dos horas del plazo temporal permitido para que se realice la identificación de personas que no porten documentación, que siempre deberá estar basada en una sospecha razonable impidiéndose identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos.

En cuanto al ejercicio de derecho de reunión y manifestación, la modificación ha sido profunda, garantizando la nueva ley un enfoque de derechos humanos en la actuación de las autoridades, que deberá siempre realizarse en la forma que menos perjudique el ejercicio del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de comunicación previa impedirá el ejercicio del derecho, siempre que sea de forma pacífica, por lo que ya no será sancionable manifestarse sin comunicación previa ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata.

Se restringe la posibilidad de sancionar subsidiariamente a los organizadores de reuniones o manifestaciones, estipulando una cláusula de exención de responsabilidad si se han dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación y cumplido los requerimientos que les hubiera hecho la autoridad gubernativa. Todo ello recogiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. Se elimina la posibilidad de considerar como organizador o promotor de una reunión no comunicada por el mero hecho de portar banderas, lemas u otros signos, a la vez que se aprovecha la reforma para modificar también Ley Orgánica de Derecho de Reunión, introduciendo en esta ultima las limitaciones a la responsabilidad subsidiaria de los organizadores de reuniones o manifestaciones.

Respecto a la tenencia de cannabis y otras sustancias psicoactivas, la infracción se rebaja de grave a leve. La sanción habitual por tenencia, entre 601 y 1.000 euros, se reduce a un arco de entre 100 a 500 euros. Un paso más hacia un nuevo marco regulatorio que ponga menos el acento en la represión y más en la información y el libre desarrollo de las personas. Se modifica la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al público -ej. balcones y terrazas-. Con la nueva ley solo se sancionará cuando el cultivo sea accesible al público, y la infracción pasará también de grave a leve, con la importante reducción de las cuantías también acordada en el caso de la tenencia.

Uno de los avances más importante es la introducción de un nuevo modelo sancionador que cambia el paradigma que hasta ahora había en nuestra legislación, acercándonos a las más avanzadas del mundo, un modelo que debería ir extendiéndose al resto de normas sancionadoras que existen en nuestro país. En general, se eliminan sanciones no justificadas y otras se clarifican o matizan, todo ello buscando la máxima garantía para el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. La sanción a partir de ahora no tendrá un fin de mero castigo sino buscará la reparación del daño causado, la prevención de comportamientos que dañen la convivencia y la educación para la resocialización del comportamiento infractor, especialmente para los más jóvenes. Se reducen las cuantías de las sanciones en general y se introduce un criterio de ponderación del importe de la multa atendiendo a la capacidad económica e ingresos del infractor -ingresos inferiores a 2,5 SMI (reducción 25%) o 1,5 SMI (reducción del 50%)-, porque no tiene el mismo impacto sancionar con igual multa a quien tiene alto nivel económico que a quienes ingresan escasos recursos. También se contemplan mecanismos de acuerdos reparadores del daño causado entre el infractor y la víctima y supuestos de mediación para alcanzar tales acuerdos.

En dos de los aspectos aún no cerrados en la ponencia, concretamente respecto de la infracción de desobediencia y la de falta de respeto a la autoridad, se ha avanzado sobre textos que objetivan mucho más estos supuestos que la actual definición en vigor en la ley mordaza. No sé consideraran faltas de respeto las expresiones que no sean relevantes, sin que pueda considerase sancionable la sola expresión de disconformidad o el ejercicio de la libertad de expresión. La desobediencia se apreciará únicamente cuando se trate de una actitud manifiesta o exista oposición corporal.

A pesar de que la regulación de los medios antidisturbios nunca ha sido materia de esta ley, hay acuerdo para introducir la obligación de las autoridades de elaborar protocolos, de acuerdo a estándares internacionales garantistas, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones,  la adecuada identificación de los agentes, el uso de la fuerza y material antidisturbios, técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas, para así utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas, evitando los que causen lesiones irreparables. Por primera vez en la ley de seguridad ciudadana española se hace mención al material antidisturbios y al sistema de rendición de cuentas, a lo que debe seguir la introducción de los nuevos materiales antidisturbios que ya se utilizan en CC.AA. con competencias policiales. Este es uno de los aspectos que esperamos mejorar aún más antes de que finalice la tramitación de la ley.

Sobre las devoluciones en frontera, la opinión de Unidas Podemos es abordar los necesarios cambios legislativos para que en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos procedimientos cuenten con las debidas garantías para quienes pretenden llegar a nuestro país huyendo de persecución o negación de derechos en sus países de origen.

Tras dos años de intensos trabajos, el tiempo para aprobar la nueva ley se acaba. La legislatura está concluyendo. En breve estaremos en campaña electoral de elecciones municipales y autonómicas, por lo que será prácticamente imposible avanzar en lo que no hayamos podido hacer en los últimos años. Después de las elecciones de mayo nos encontraremos al final del periodo legislativo del primer semestre del año, y el margen de aprobación en el Congreso de la ley es escaso. Después del verano, en septiembre estaremos a las puertas de una nueva convocatoria de elecciones generales y probablemente las Cortes se hayan disuelto antes de acabar el último trimestre del año. La aprobación definitiva requiere de su pase por el Senado, lo que siempre demora semanas o meses, y se trata de otro escenario propicio para el retardo de su aprobación por la derecha y la ultraderecha. Mientras más tardemos en aprobar la nueva ley, más tiempo estará aplicándose la actual Ley mordaza. Siempre es bueno tener más tiempo para construir acuerdos en las materias de disenso. Pero en este momento los disensos en el bloque democrático y de progreso que está sacando adelante esta ley son exclusivamente los cuatro ya mencionados.

El grupo de Unidas Podemos seguirá trabajando hasta el último momento para garantizar una ley plenamente respetuosa con todos los derechos humanos. Por eso no estamos dispuestos a perder la oportunidad de convertir en ley todos los avances ya introducidos en la ponencia de esta nueva ley de seguridad ciudadana, que ya nunca más será ley mordaza. Agradecemos los esfuerzos de ERC, EH BILDU, JUNTS, PNV, PSOE y del resto de grupos parlamentarios que han permitido llegar hasta aquí, y ojalá que en interés de todos y todas y por la recuperación de los derechos cercenados durante tantos años, en breve tengamos una nueva ley que sea de convivencia ciudadanía y no una mordaza a la democracia.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2585 en: 05 de Febrero de 2023, 21:02:03 pm »
Dando jabón para justificar un incumplimiento electoral. . . dónde queda aquello de derogar la Ley Mordaza?. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2586 en: 06 de Febrero de 2023, 08:23:30 am »

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2587 en: 09 de Febrero de 2023, 11:57:04 am »

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía volverán a manifestarse contra la reforma de la 'Ley Mordaza' el 4 de marzo


Será una protesta unitaria con efectivos de todos los cuerpos en la que el reproche al Gobierno sigue intacto: no han contado con ellos


La reforma de la 'Ley Mordaza' permitirá las manifestaciones no comunicadas

Rodear el Congreso dejará de ser delito con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
GEMA PEÑALOSA | MADRID
09/02/2023 00:57
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Todos los cuerpos policiales sin excepción volverán a unirse en una macromanifestación en Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno, la conocida como 'Ley Mordaza', y lo harán el próximo 4 de marzo, según ha podido saber EL MUNDO.

De esta manera, agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las policías autonómicasrepetirán la movilización del 27 de noviembre de 2021, una protesta que hizo historia por multitudinaria y por agrupar por primera vez en una protesta a agentes de las policías nacional, local y autonómica y del Instituto Armado.

Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa. También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle.


El reproche de todos los representantes de la seguridad sigue intacto pues.

Jusapol - plataforma formada por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías- volverá a organizar las protestas. El ritmo que el Ejecutivo central ha imprimido a las bambalinas para el cambio, ha enervado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 21 de diciembre pasado, el Congreso convocó la primera ponencia encargada de esta ley. Que se hiciera en la última sesión ordinaria del año levantó ampollas. En ella se aprobó, entre otras cosas, que las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados dejaran de ser delito.

Además, las protestas no comunicadas en zonas de servicios básicos y sus inmediaciones dejarán de ser infracciones muy graves para quedarse en graves. Las enmiendas para modificar la normativa contempla, asimismo, no sancionar a quien cause desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada.

Hace un mes, se celebró la segunda jornada de la ponencia en la Cámara Baja. En una hora, se aprobaron 29 enmiendas, una velocidad que dejó clara la intención del Ejecutivo para zanjar este polémico asunto cuanto antes.

Entre las novedades más importantes aprobadas en la última ponencia destacan la anulación de sanciones administrativas anteriores a la modificación de la ley que están en trámite o no iniciadas, la formación a policías y a guardias civiles para mediar en las manifestaciones -que ya no tendrán que comunicarse- y la obligación de los agentes de avisar y dar un tiempo de manera audible a los manifestantes antes de disolver las concentraciones.

Los puntos que siguen suscitando el rechazo de los socios gubernamentales son los referidos a las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia a los miembros de las fuerzas de seguridad, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones de inmigrantes en caliente.

«Desde el movimiento Jusapol, tenemos claro que la seguridad de los españoles quedará comprometida y difícilmente se podrán garantizar unas calles pacíficas si cada vez se tara más la actuación preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", denunció el presidente de Jusapol Miguel Gómez.

Aarón Rivero, secretario general de Jupol, también cargó contra los planes del Ejecutivo central para reformar la normativa. "Nos afecta a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicos y locales, pero los grandes perjudicados serán los propios ciudadanos que verán coartada en gran medida su libertad y desde luego su derecho a la seguridad".

"Una vez más desde Jupol tenemos que dar voz a toda la policía en defensa de sus derechos, denunciando el abandono que sufrimos por parte de este Gobierno y la irresponsabilidad que está reforma conlleva más si cabe cuando no se ha tenido en cuenta nuestra opinión como profesionales garantes de la seguridad ciudadana".

Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil se pronunció en los mismos términos y subrayó la inquietud que el cambio suscita en el colectivo.

"Vemos la reforma con preocupación por las trabas que nos genera a los agentes, aunque en primera instancia seremos los perjudicados, los verdaderos rehenes de este despropósito serán los ciudadanos que tendrán unas calles menos seguras donde las fuerzas del orden estarán atadas de pies y manos para proteger nuestro Estado de Derecho y las libertades de los españoles". "Ante la inacción de este Gobierno nos vemos en la obligación una vez más de mostrar nuestro rechazo a esta reforma saliendo a la calle", añadió.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2588 en: 09 de Febrero de 2023, 11:58:42 am »
Miente que algo queda...


Rodear el Congreso dejará de ser delito con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Una ley administrativa no entra en el delito.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2589 en: 09 de Febrero de 2023, 15:36:09 pm »
Viendo cómo está el patio. . . veremos si al final, en lo que les queda de legislatura, llegan a tiempo con la reforma. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2590 en: 17 de Febrero de 2023, 08:21:20 am »

Feijóo promete a la Policía derogar la reforma de la Ley de Seguridad antes de 100 días si vence a Sánchez

La nueva ley que el Gobierno y sus socios quieren aprobar ha causado malestar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
17 febrero, 2023 02:26GUARDAR

Brais Cedeira  @BraisCedeira
Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con representantes del sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, a derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno. Así lo expresó en una reunión en la sede central del PP, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2591 en: 17 de Febrero de 2023, 09:02:46 am »
Pescando en su nicho electoral. . . nada nuevo. . .

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« Respuesta #2592 en: 17 de Febrero de 2023, 09:28:00 am »
Pescando en su nicho electoral. . . nada nuevo. . .

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Exactamente, Feijoo sabe que militares y policías van a votar mayoritariamente a Vox y trata de pillar en en ese nicho.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2593 en: 18 de Febrero de 2023, 07:42:39 am »

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« Respuesta #2594 en: 18 de Febrero de 2023, 07:55:16 am »

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2595 en: 20 de Febrero de 2023, 08:00:06 am »
El miedo a la nueva Ley de Seguridad reactiva la unidad de acción de todos los cuerpos policiales españoles


La tramitación continúa su camino en el Congreso, aunque sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y sus socios en los cuatro puntos clave.

J. Arias Borque
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17/2/2023 - 19:43
La tramitación continúa su camino en el Congreso, aunque sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y sus socios en los cuatro puntos clave.Manifestación de policías y guardias civiles en el centro de Madrid | Europa Press

La coalición de Gobierno que conforman PSOE y Podemos ha pisado el acelerador legislativo en el último trimestre para tratar de sacar adelante el mayor número posible de leyes antes de que la vorágine electoral se convierta en un impedimento. No en vano, este año cuenta con una cita electoral municipal y autonómica en mayo y una cita para dirimir el Palacio de la Moncloa a finales de año.

La Ley de Seguridad Ciudadana, apodada por los partidos de izquierda y de extrema izquierda como Ley Mordaza, es una de las que está en el ojo del huracán. Tanto el PSOE como Podemos prometieron su derogación o modificación sustancial durante la campaña electoral de 2019, pero la realidad es que tres años después todavía sigue vigente tal y como la aprobó el gobierno de Mariano Rajoy.

Una modificación, que desde las primeros cambios filtrados a los medios de comunicación en el otoño de 2021, ha puesto en alerta a los sindicatos y asociaciones profesionales de todos los cuerpos policiales que trabajan en España. Muestra de ello fue la gran manifestación que se celebró en las calles de Madrid en noviembre de 2021, un auténtico acontecimiento histórico porque nunca se habían manifestado juntos representantes de todos los cuerpos policiales.

El proyecto de cambio legal se encuentra ahora en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, después de que la ponencia para su reforma se haya eternizado durante más de un año en la Cámara Baja. Un paso al siguiente nivel legislativo que se ha producido pese a que todavía no hay acuerdo entre el Gobierno y sus socios en los cuatro puntos clave. El sendero que lleva, según los sindicatos policiales, es que se permitan sin apenas sanción las algaradas callejeras una vez la izquierda abandone el poder.

La consecuencia ante esta nueva situación ha sido la reactivación de la plataforma "No a la España insegura", que integra a una cuarentena de organizaciones, entre sindicatos y asociaciones, que representan mayoritariamente a los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y las policías locales. La única representación de los Mossos d´Esquadra sí es minoritaria.


En un comunicado hecho público en las últimas horas, han recordado que "la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 que está llevando a cabo el Gobierno y sus socios, resulta perjudicial para el conjunto de la ciudadanía, así como para el trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y se han mostrado a favor de "cualquier tipo de acción o iniciativa que sirva para frenar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana".

De momento, el único acto de protesta convocado en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana es una manifestación en Madrid organizada por el movimiento policial Jusapol, del que han nacido Jupol y Jucil, sindicato y asociación más apoyados ahora mismo en la Policía Nacional y Guardia Civil, que no forman parte de esta plataforma unitaria. Una manifestación que tendrá lugar el próximo 4 de marzo.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2596 en: 20 de Febrero de 2023, 15:19:05 pm »
Las antípodas..



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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2597 en: 27 de Febrero de 2023, 09:08:35 am »
Curioso que no pongan el foco en el cumpleaños de Aznar del otro día...donde se podía ver el despliegue.

https://twitter.com/VizcayaJucil/status/1629506978077630467


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2598 en: 02 de Marzo de 2023, 06:52:02 am »
La batalla de un jubilado para tumbar una multa por la 'ley mordaza': "Hay que derogarla porque es pura represión"

Historia de Oriol Solé Altimira • Ayer a las 22:36

Antonio Morillas lleva toda la vida luchando contra las injusticias. En su etapa de concejal del PSUC en Granollers (Barcelona) tras la dictadura, hizo retirar la cruz franquista de delante del Ayuntamiento. Hace dos años, presenció una actuación racista de la policía local del municipio con un menor de origen marroquí frente a la puerta del colegio de su nieta. Y protestó, lo que le valió una multa en base a la ‘ley mordaza’ que ahora ha logrado anular tras una batalla judicial que, reconoce, no todo el mundo tiene dinero o tiempo para asumir.

“Esta ley tiene que derogarse ya porque es pura represión y va contra la libertad de expresión de la gente”, defiende este jubilado. La ‘ley mordaza’ fue aprobada en 2015 por el PP y a día de hoy los trabajos para reformarla siguen encallados en el Congreso pese a que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a suprimirla si llegaban al Ejecutivo.

Detrás del caso individual de Morillas emergen varios problemas. Entre ellos, el margen de discrecionalidad que otorga a los agentes la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', y la dificultad del ciudadano multado para contradecir la palabra policial.

En 2021, último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, hubo 26.254 sanciones por “faltas de respeto” a agentes policiales, como la que le fue impuesta a Morillas. Este tipo de sanciones permitieron recaudar 5,1 millones de euros, y solo fueron superadas por las multas por consumo de droga. A ellas hay que sumar las sanciones realizadas por la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías locales.

22 de marzo de 2021. Sobre las 17.00 horas, Morillas, acompañado de su hija Maria José, acude a buscar a su nieta al colegio Ponent de Granollers, un centro considerado de alta complejidad, con muchos alumnos de familias humildes y de orígenes diversos.

“De repente”, rememora el jubilado, dos agentes de la policía local del municipio salieron del coche patrulla y dieron el alto a dos adolescentes de origen marroquí que iban a buscar a su hermano al colegio. Frente al centro escolar, les confiscaron el patinete eléctrico que llevaban (pese a que no iban montados en él), en una actuación que provocó el llanto de uno de los menores, según recuerda María José Morillas, hija de Antonio y que también presenció la escena.

“La policía fue totalmente racista, fue una actitud totalmente desproporcionada en un entorno escolar”, censura María José. Su padre sacó el teléfono móvil para hacer una foto a los agentes y presentar una queja al Ayuntamiento, a lo que los uniformados replicaron tomando sus datos ante un eventual uso indebido de las imágenes.

Finalmente la queja no la presentó Morillas, sino la Asociación de Familias del centro en pleno. Tras una reunión en el mes de mayo, a finales de agosto Morillas recibió en casa una sanción de 300 euros por “falta de respeto” a los agentes a los que reprochó la confiscación del patinete a unos menores. En el expediente, los agentes hicieron constar que Morillas les dijo que daban “asco” y que eran “votantes de los fascistas de Vox”. “Pero eso era y es mentira, yo nunca dije eso”, afirma el jubilado.

No tuvo éxito Morillas en sus alegaciones ante el Ayuntamiento de Granollers, que siguió dando veracidad a la palabra policial. Sin embargo, un juez de lo contencioso administrativo ha dado la razón al jubilado y ha anulado la multa al concluir que “puede ponerse en duda” que Morillas dijera los insultos que le atribuyeron los policías.

Morillas también llevó el caso a la Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, que en un contundente informe ha censurado la actuación del la policía local tanto con el menor como con el jubilado. “La presunción por parte de los agentes de un posible delito en la tenencia de un patinete eléctrico por parte del menor de origen marroquí puede tener que ver con factores relacionados con el carácter racial, aunque no se sea consciente de ello", reza la resolución de la Síndica.

La abogada de Morillas, Laura Medina, de Baula Advocacia, explica que casos como el de este jubilado no son habituales por la "carrera de obstáculos" que supone recurrir una infracción por la 'ley mordaza'. Al ser sanciones de cuantía moderada por la vía administrativa, lo usual es que se abonen las multas antes de enfrentarse a todo el proceso de recursos. "Es una norma que deja indefenso al ciudadano", lamenta la letrada, que cree conveniente la derogación de la ley o, al menos, sus artículos más polémicos como las sanciones por "faltas de respeto" a la policía, que su juicio colisionan con la libertad de expresión.

Medina explica que los que deciden recurrir solo pueden plantearse ganar una vez el caso llega a la vía judicial, porque las primeras alegaciones ante la propia administración suelen perderse al darse veracidad total al relato policial. "El margen de discrecionalidad que la 'ley mordaza' da a los agentes es tan alto que bordea la arbitrariedad", asevera la abogada, que recuerda que el efecto disuasorio de la protesta y la crítica "es el mismo" con multas administrativas que con casos que vayan por la vía penal.

Para tumbar su multa, Morillas tuvo que buscar abogada, recurrirla ante el juzgado y encontrar a testigos que pudieran contradecir el relato policial. Afortunadamente para él, los hechos ocurrieron en la puerta de un colegio lleno de familias que iban a buscar a sus hijos, y pudo llevar a la vista judicial a dos testigos que, según la sentencia, "permiten al menos poner en cuestión la veracidad" de lo escrito por los agentes en el acta de sanción.

"Yo estoy jubilado, y quería llegar hasta el final porque lo que viví fue un atropello. Luchar por mis derechos es lo que he hecho toda la vida, pero entiendo que la gente que trabaja y tiene niños pues pague y se olvide porque no tiene tiempo o dinero para gastar en abogados", reflexiona Morillas. Su hija le da la razón: "Es injusto, pero tienes que gastar dinero por defender tus derechos ante la palabra de un policía".

La familia Morillas se muestra especialmente satisfecha por el minucioso informe realizado sobre los hechos por la Sindicatura de Greuges. Además de amparar bajo la libertad de expresión las quejas de los padres a la actuación policial y de censurar la confiscación del patinete a los menores, la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, propone al Ayuntamiento de Granollers "revisar" la actuación de los agentes e incorporar en los protocolos policiales "acciones para evitar caer en cualquier forma de discriminación".

También solicita la defensora del pueblo catalán al consistorio "garantizar" una formación específica a los agentes sobre el trato con menores, y que la policía local trabaje con el AMPA del centro escolar de igual a igual para ahondar en su labor comunitaria y revertir la "imagen de desconfianza" creada por su actuación con los dos adolescentes. "Ahora ya solo falta que los políticos deroguen la 'ley mordaza'", concluye Antonio Morillas.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2599 en: 02 de Marzo de 2023, 13:17:39 pm »
“La policía fue totalmente racista, fue una actitud totalmente desproporcionada en un entorno escolar”, ésto se lo dice al periodista en la entrevista, sin embargo niega que le diera "asco" la intervención y que los policías actuantes fueran "votantes de VOX". . . venga, va, no tiene un pase su queja, le han denunciado por la falta de respeto a los agentes actuantes. . . y para mí que bien denunciado está. . . que presente el correspondiente recurso y poco más, si se lo admiten pues perfecto, sino que pague, y la próxima vez que vaya de abogado de pleitos pobres que se piense que expresiones va a utilizar ante una intervención policial. . . todo lo demás del artículo, pura demagogia, él es muy bueno, la policía muy mala . . . y la Ley Mordaza puro fascismo. . . pués muy bien, pues adiós. . .

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