Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 379380 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2740 en: 09 de Junio de 2025, 08:20:12 am »

Los Mossos, desmoralizados: el 80% de sus denuncias termina caducando por la inacción de Interior



Un sindicato del cuerpo critica que deficiencias en la tramitación de los expedientes dejan sin sanción infracciones graves como la tenencia ilícita de armas
Gorra de los Mossos d'Esquadra - Europa Press
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Óscar Benítez
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Cataluña
Publicado: 09/06/2025 ·04:45
Actualizado: 09/06/2025 · 04:45
 


La inseguridad sigue siendo un problema de primera magnitud en Cataluña. Y, en consecuencia, la principal inquietud de los catalanes según los sondeos —empatando, en los últimos meses, con la crisis de la vivienda—. Para revertir el problema y, sobre todo, la percepción que tienen de él los ciudadanos, la 'consellería' de Interior se ha volcado en difundir los logras de vistosos macrooperativos como el Plan Kanpai, que lucha contra la multirreincidencia, o el Plan Daga, enfocado en terminar con la proliferación de armas blancas. Pese a ello, las cifras son tozudas. Esta misma semana, hemos conocido que, según un Índice de Criminalidad elaborado por Numbeo, Barcelona es la ciudad más insegura de toda España. Y, según datos del Ministerio de Interior de este año, el 60% de los municipios españoles con más delitos se hallan en Cataluña.

 


Ante esta situación, lo Mossos d'Esquadra arrostran la complicada tarea de darle la vuelta a la tortilla. Una operación que se antoja imposible sí, como ha denunciado el sindicato SAP-SME-FEPOL la gran mayoría de sus denuncias quedan sin efecto. Así, según ha hecho este colectivo policial, el 81% de las actas de denuncia levantadas por los cuerpos policiales catalanes terminan caducando o prescribiendo sin que lleguen a ser tramitadas. Denuncias frustradas que, recuerda el sindicato, incluyen infracciones graves como la tenencia ilícita de armas, el consumo de drogas en la vía pública o faltas de respeto a los agentes de la autoridad. En este sentido, el sindicato critica la ausencia de explicaciones por parte de Interior, pese a que hace diez meses que las solicitaron.



 


Entonces, relatan, la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS) se comprometió a realizar un seguimiento sobre la cuestión. Sin embargo, recientemente, el colectivo volvió a demandar explicaciones en el último Consejo Policial, descubriendo que el problema no solo no había mejorado, sino que seguía exactamente en el mismo punto. Estas disfunciones, que se saldan con la ausencia de sanciones para los que delinquen, comenzaron cuando el 'exconseller' Joan Ignasi Elena cambió el sistema de gestión hace un par de años por un modelo que se quería más "neutro" y "garantista", haciéndolo depender de los Servicios Territoriales Interior y no de la Dirección General de Policía, como hasta ese momento.


 


Falta de recursos e informatica anticuada
Ello, sin embargo, ha redundado en una tramitación harto deficitaria, denuncian. ¿El motivo? La falta de recursos del departamento de Interior, que el sistema informático TDSAN se ha quedado anticuado y los fallos de conexión con el aplicativo PICA. Siendo así, reclaman retomar la interlocución con la dirección, que se les informe del estado de la cuestión y, de ser necesario, retornar al modelo anterior.

"El esfuerzo realizado por los cuerpos policiales para retirar armas blancas de la vía pública con operaciones como el Plan DAGA —además, con retribución de horas extraordinarias— no puede verse perjudicado gravemente por este sistema de tramitación", manifiestan. Además, desconocen cómo actuar con las armas ilícitas incautadas una vez el expediente ha caducado. "¿Se tienen que devolver sin nos las reclaman?", se preguntan. Finalmente, urgen a Interior a actuar porque, igual que sus denuncias, la "paciencia del cuerpo también tiene fecha de caducidad".


Desconectado carax

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2741 en: 09 de Junio de 2025, 18:34:15 pm »
El que no ha aprendido nada eres tú, claro que me acuerdo de la crisis bancaria, principalmente se Caja Madrid de la que estaba al frente Rodrigo Rato, del rescate de M. Rajoy, que no era un rescate , sino un préstamo que iban a pagar los bancos, de los recortes y los viernes de dolores, por supuesto, porque de esa crisis se salió con el sufrimiento de los trabajadores y como se que pasó entonces se como se salió de la Pandemia, la diferencia entre las soluciones que dió la derecha a una crisis y la que ha dado la izquierda a la otra, porque si hubiera gobernado la derecha en la Pandemia, sabiendo como son sus soluciones, ten por seguro que el sufrimiento hubiera sido mayor. . . así que parece que quién no ha aprendido nada ha sido tú. . .

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Bueno a otra cosa mariposa, ya no tiene más recorrido.
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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2742 en: 09 de Junio de 2025, 23:34:00 pm »
El PSOE es la misma mierda que el PP y viceversa. y el que no lo ve es porque es un hooligan, no hay más.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2744 en: 06 de Octubre de 2025, 14:42:14 pm »
Y dónde está el problema de una identificación en una manifestación, esté o no autorizada. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2745 en: 14 de Noviembre de 2025, 09:41:15 am »

La Delegación del Gobierno no sancionará a Rosalía por el evento sin autorización que colapsó la Gran Vía


El Ayuntamiento alertó de que el evento puesto en peligro a las personas que se encontraban en la zona


Europa PressMadrid
Madrid
Actualizado Viernes, 14 noviembre 2025 - 08:17

Cultura Rosalía monta el show en Madrid y colapsa Gran Vía para presentar su nuevo disco
Música Colaboraciones, temas exclusivos y temática mística: todos los detalles sobre Lux, el nuevo disco de Rosalía
La Delegación del Gobierno en Madrid no sancionará a Rosalía por el evento que realizó el pasado 20 de octubre para presentar su nuevo disco 'Lux' en la plaza de Callao sin autorización el Ayuntamiento. Así lo han confirmado fuentes de la institución, que "no considera que exista ningún elemento susceptible de sanción", al menos en el marco de sus competencias.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ya anunció a comienzos de mes en los Desayunos Madrid de Europa Press que su institución analizaría los informes de la Policía Municipal de Madrid sobre la 'performance' de Rosalía para comprobar si procedía sanción alguna.

Martín aprovechó la ocasión para cargar contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por descargar en la Delegación del Gobierno esta "responsabilidad".


Asimismo, ahora desde la Delegación tachan de "sorprendente" que el Ayuntamiento traslade ahora informes policiales sobre el evento de Rosalía, cuando "hace un año no hizo lo mismo" con el acto de David Bisbal que, organizado por la Comunidad de Madrid sin previo aviso, congregó a miles de personas en la Puerta del Sol.

La Delegación del Gobierno recuerda que lo sucedido aquel día motivó a la institución para emitir una comunicación dirigida al ayuntamiento y la Comunidad de Madrid abundando en la necesidad de informar previamente de este tipo de eventos.

El objetivo que perseguía la institución con esta solicitud era el de poder analizar la concurrencia con posibles concentraciones o manifestaciones y diseñar un dispositivo de seguridad y emergencia que garantizara el adecuado desarrollo de cada evento.

Rosalía proyectó la portada de su nuevo disco en las pantallas de Callao y de la Gran Vía de la capital el 20 de octubre por la noche, pocas horas después de movilizar a sus seguidores con un llamamiento en sus redes sociales en las que avisaba de "una sorpresa" en la ciudad.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2746 en: 14 de Enero de 2026, 09:17:28 am »

Una juez admite a trámite una querella contra la directora de la Guardia Civil por prevaricación


Un ciudadano madrileño acusa a cuatro cargos públicos de delitos administrativos
Mercedes González

Fernán González @fernangonzalezJefe de Investigación y Tribunales. En OKDIARIO desde 2015. Periodismo y Economía. (fernan.gonzalez@okdiario.com).
14/01/2026 05:46Actualizado: 14/01/2026 05:46
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por un ciudadano de Madrid contra la directora de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González Fernández, y otros tres altos cargos de la Delegación. La querella, presentada por delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, tiene su origen en una sanción de 600 euros que le fue impuesta en 2022 por la supuesta convocatoria de una manifestación y que posteriormente fue anulada por los tribunales.


La magistrada Lidia María Paloma Montaño ha dictado un auto fechado el 7 de marzo de 2025 en el que considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de los delitos mencionados.


Junto a la periodista de formación Mercedes González Fernández, también han sido señalados como querellados José Antonio Crespo López, segundo instructor del expediente sancionador; Pablo Izquierdo Ranea, secretario general de la Delegación del Gobierno; y María Elena Bernardo Llorente, quien firmó la resolución sancionadora definitiva.


Sentencia favorable previa
El caso tiene su origen en una manifestación celebrada el 18 de septiembre de 2021 en Madrid, entre la Plaza de Chueca y la Puerta del Sol. La marcha contra la Agenda 2030, comunicada formalmente por otro ciudadano, generó controversia por los cánticos homófobos proferidos por algunos asistentes.


La manifestación no se organizó con un carácter explícitamente homófobo. Se comunicó oficialmente con el lema «Di no a las Agendas 2030 y 2050», contra las políticas gubernamentales de Pedro Sánchez.

Las consignas homófobas las profirió un grupo minoritario de asistentes que, según el denunciante, reaccionaron ante provocaciones e incluso agresiones (lanzamiento de objetos y líquidos) por parte de contramanifestantes. Estas consignas violaban las propias normas de la organización, que prohibían responder a provocaciones.

La Delegación del Gobierno abrió un expediente sancionador contra el hoy denunciante, a quien consideró coorganizador del acto. El 5 de agosto de 2022 le impuso una multa de 600 euros, la máxima permitida para infracciones leves, por «incumplir lo preceptuado en cinco artículos de la Ley reguladora del derecho de reunión».

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid estimó en diciembre de 2025 el recurso presentado por el hoy denunciante. La sentencia de 2025 anuló completamente la sanción al apreciar «irregularidades procedimentales, causantes de indefensión».

Sanción irregular
El tribunal contencioso-administrativo ha sido especialmente contundente al analizar el procedimiento seguido por la Delegación del Gobierno. En su fallo considera probado que el hoy denunciante no firmó la comunicación de la manifestación, que fue enviada únicamente por el otro ciudadano desde su cuenta de correo personal.

La sentencia subraya que «en el Expediente Administrativo no existe ninguna respuesta de la Delegación del Gobierno dirigida» al hoy denunciante. Sólo se notificó la autorización de la marcha al verdadero convocante en su domicilio personal. Sin embargo, la multa, presumiblemente por motivos políticos, también le llegó al hoy denunciante. Su única relación era haber organizado manifestaciones vecinales previas por otros temas.

El magistrado critica además que el instructor del expediente solicitara un informe a la Brigada Provincial de Información que «pocos datos de interés podía arrojar para el esclarecimiento de los hechos». Según la resolución judicial, quien debía haber dado explicaciones era «aquel funcionario o negociado de la Delegación del Gobierno en Madrid que dio curso a la comunicación».

Anuncio anticipado de sanción
La querella presentada ahora va más allá y acusa a Mercedes González Fernández de haber anunciado públicamente la imposición de sanciones antes incluso de recibir el informe policial sobre los hechos. Según el escrito, la ex delegada y ex líder del PSOE en Madrid capital compareció ante los medios el 20 de septiembre de 2021 «pidiendo perdón al colectivo LGTBI» y anunciando multas.

El querellante sostiene que Mercedes González llegó a especificar en sus comparecencias públicas que las sanciones serían «de las máximas que permite la ley», anticipando los 600 euros que finalmente se impusieron.

Filtración de datos
Otro de los elementos centrales de la querella es la filtración de datos del expediente sancionador a diversos medios de comunicación. El querellante asegura que el mismo 22 de septiembre de 2021, día de la incoación del expediente, varios periódicos publicaron su nombre completo y datos personales.

«Esto ha supuesto un tormento indescriptible en mi vida: he tenido que dar explicaciones en mi trabajo, he perdido a mis seres queridos, he recibido amenazas en mi teléfono móvil», relata en su escrito. También afirma haber perdido clientes y oportunidades laborales por este motivo.

La juez ha acordado oficiar a los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno para que informen sobre los motivos y resolución del expediente.

Entre las irregularidades denunciadas figura el cambio inexplicado del instructor del expediente. Joaquín Pavía Cardell fue inicialmente designado para tramitar el caso, pero fue apartado sin motivación aparente mediante una resolución que, según el querellante, ni siquiera le fue notificada por la vía habitual.

En su lugar fue nombrado José Antonio Crespo López, uno de los ahora querellados, quien propuso la sanción máxima «sin motivación razonada y siguiendo las instrucciones políticas de la Sra. Delegada del Gobierno», según consta en la denuncia penal.

Esta resolución de cambio de instructor fue la única del procedimiento que no se remitió a la sede electrónica del afectado, pese a que todas las demás notificaciones sí utilizaron esta vía.

La parte querellante ha solicitado que se tome declaración como testigos al primer instructor apartado del caso y al propio Ayala de Cantalicio, quien efectivamente comunicó la manifestación. También ha pedido que comparezcan los miembros del gabinete de prensa de la Delegación entre el 18 y 21 de septiembre de 2021.

El procedimiento se encuentra ahora en fase de instrucción. Mercedes González Fernández cesó como delegada del Gobierno en Madrid en diciembre de 2023, siendo sustituida por Francisco Martín Aguirre. Ahora, la Justicia deberá determinar si su actuación administrativa constituyó un delito o si, por el contrario, se trató de errores procedimentales sin relevancia penal.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de Madrid que, por el momento, declina expresamente hacer comentarios sobre el caso.