Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 319553 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2520 en: 16 de Agosto de 2022, 08:52:45 am »

España impone el 43% de las sanciones que se aplican en Europa por uso de cannabis


La Ley Mordaza y la falta de una regulación propician que sea con diferencia el país con el mayor número de multas, pese a ser el tercero en consumo.

 
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Una planta de cannabis en una imagen de archivo. — Pixabay
Una planta de cannabis en una imagen de archivo. — Pixabay

SEVILLA, 15/08/2022 21:41 ACTUALIZADO: 16/08/2022 08:04 SANTIAGO F. REVIEJO
España es el país de Europa donde más se sanciona, y con diferencia, el uso del cannabis, pese a que ocupa el tercer puesto en consumo, según los datos del informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas. Tal es la diferencia que en España se han impuesto el 43% de las infracciones administrativas o penales -según sea la legislación del país- cometidas en Europa por consumo o tenencia de marihuana. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, tiene bastante que ver en ello.

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La estadística del Observatorio Europeo, que recoge datos de 2020 aportados por cada país, es demoledora. En ese año, se registraron en España 258.379 intervenciones por uso o tenencia de cannabis, 69.926 más que en Alemania -el segundo país donde más se castigó este consumo-, cinco veces más que en Turquía y casi ocho más que en Bélgica, tercero y cuarto, respectivamente, en el escalafón.

Con estos datos se concluye que de cada diez sanciones que ese año se impusieron en Europa por uso –no por tráfico- de cannabis, cuatro se instruyeron en España, es decir, una cantidad muy cercana a la mitad de las 600.802 que se registraron en los 17 países del entorno europeo que proporcionaron datos al Observatorio de las Drogas, órgano asesor de la UE en esta materia y con sede en Lisboa.

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De cada diez sanciones que ese año se impusieron en Europa por uso –no por tráfico- de cannabis, cuatro fueron en España

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Los efectos de la covid-19 también se dejan entrever en el número de intervenciones contra el consumo de marihuana en toda Europa, porque en 2020, cuando comenzó la pandemia, se redujeron un 12% con respecto al año anterior. En 2019, España había notificado al Observatorio 318.326 actuaciones por tenencia o uso de cannabis, una cifra que supuso el 46% de las sanciones administrativas o penales impuestas en el entorno europeo.

España encabeza las tablas de sanciones por uso o tenencia y, sin embargo, no es el país europeo donde se consume más cannabis. La prevalencia de consumo por países en 2020, según el portal de estadísticas Statista, refleja que Chequia, primero, y Francia, después, son los países que registran un mayor consumo de esta sustancia, con un índice de entorno al 11% de la población en el último año. A continuación se sitúan España, con un 10,5, Croacia e Italia, con un 10,2, y Países Bajos, con un 10,1.

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La República Checa, sin embargo, tan sólo notificó ese año 4.195 intervenciones contra el uso ilegal del cannabis, un número 62 veces inferior a las sanciones impuestas en España, mientras que Francia no aportó datos al Observatorio Europeo. Por su parte, Croacia informó de 4.810 intervenciones e Italia, de 24.785. Todos esos países ya cuentan con un programa que regula el uso medicinal del cannabis, del que aún España carece, aunque ha sido ya aprobado por el Congreso para ponerlo en marcha antes de que termine este año.

Más de 800.000 multas con la Ley Mordaza
Detrás del elevado número de sanciones que se imponen en España hay una ley que tiene en el consumo de drogas su mayor fuente recaudatoria

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Detrás del elevado número de sanciones que se imponen en España hay una ley que tiene en el consumo de drogas su mayor fuente recaudatoria: la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que establece multas de entre 601 y 30.000 euros por tenencia o consumo de drogas en lugares públicos, ya que se consideran como una infracción grave.

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El consumo o tenencia de drogas motivó más de 800.000 sanciones en sus seis primeros años de aplicación de la Ley Mordaza, hasta 2020, el último ejercicio del que el Ministerio de Interior ha publicado datos en sus anuarios estadísticos. Sólo en ese año, la recaudación por este tipo de multas alcanzó los 62,5 millones de euros. En 2019, un año antes del comienzo de la pandemia, las sanciones por drogas ascendieron a una cuantía de 115,7 millones, y en 2018, a 116,7.

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De acuerdo con estas cifras, en torno al 70% de todas las multas que se imponen por aplicación de la Ley Mordaza tienen su origen en el consumo de drogas en espacios públicos, sobre todo de cannabis, que es la sustancia más consumida en España.

Los grupos de gobierno presentaron en el último trimestre del año pasado unas enmiendas para reformar la ley

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Las organizaciones de usuarios de cannabis han denunciado en numerosas ocasiones la persecución que, a su entender, sufren los consumidores con la Ley Mordaza y han exigido su derogación. Los grupos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), presentaron en el último trimestre del año pasado unas enmiendas para reformar la ley, pero los trámites parlamentarios para su derogación o modificación parcial se siguen dilatando debido a las discrepancias sobre diferentes aspectos de la norma entre las formaciones políticas que propugnan su cambio.

El grupo socialista ha propuesto inicialmente rebajar de grave a leve la infracción por tenencia de droga en lugares públicos, lo que supondría reducir considerablemente la cuantía de las multas y dejarlas entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 600. Por su parte, UP ha propuesto que la sanción se aplique únicamente a las drogas que causen un grave daño a la salud, lo que dejaría fuera a sustancias como el cannabis, y también que se supriman las multas por tener plantas que sean visibles desde el exterior de un domicilio, debido a que no se puede determinar su uso ni su composición. Además, este grupo pide retirar la sanción a quienes acrediten un tratamiento de rehabilitación, especialmente a menores de edad, tal como se reconocía en la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, la del ministro José Luis Corcuera.

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Un "impuesto encubierto"
La Confederación española de Federaciones Cannábicas, Confac, es una de las más de cien organizaciones que forman parte de la plataforma No somos delito, desde la que se exige la derogación de la Ley Mordaza. Su portavoz, Ana Afuera, sostiene que las sanciones a usuarios de cannabis se han convertido en una especie de "impuesto encubierto" en un país como España, donde se dio el paso de no penalizar el consumo, pero se ha mantenido como infracción administrativa sin haber regulado el uso. "En lugar de regular y cobrar impuestos por una actividad o lo que toque, se han dedicado a poner multas a las personas usuarias, que son las que acaban pagando el pato", explica.

Son pocos los países europeos que utilizan la vía administrativa para sancionar el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos sin necesidad de abrir un procedimiento judicial

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Según Afuera, son pocos los países europeos que utilizan, como España, la vía administrativa para sancionar el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos sin necesidad de abrir un procedimiento judicial, ya que la mayoría ha optado por llevar estas infracciones al ámbito penal, lo que explicaría también, en parte, el alto número de multas que se imponen en nuestro país.

A juicio de la Confac, la marcha de las negociaciones entre las formaciones políticas para la reforma de la ley hace presumir que las sanciones por consumo en vía pública no se suprimirán, aunque sí se eliminarán las multas por tenencia y por plantas de marihuana cultivadas en el domicilio que se destinan al consumo propio.

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Queda por determinar todavía cómo afectará a la aplicación de la Ley Mordaza en este ámbito la regulación del cannabis medicinal que aprobó el Congreso el pasado mes de junio. El dictamen de la Cámara instó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, órgano del Ministerio de Sanidad, a aprobar en el plazo máximo de seis meses una normativa según la cual el cannabis deberá ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para este uso y dispensado en farmacias hospitalarias, con la posibilidad de que lo hagan también otros profesionales sanitarios y oficinas de farmacia comunitarias.

Según las organizaciones de pacientes, entre 200.000 y medio millón de personas utilizan en España el cannabis como medicina para el tratamiento de diversas dolencias y enfermedades, entre ellas el dolor crónico, la esclerosis múltiple, la fibromialgia o el cáncer. Todas esas personas pueden ser sancionadas actualmente por las fuerzas de seguridad con una multa si vulneran alguno de los preceptos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: estar en posesión de cannabis en espacios públicos o tener una planta de marihuana en el balcón de su casa que sea visible desde la calle, por ejemplo.

 

Desconectado Ragnar

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2521 en: 17 de Agosto de 2022, 01:47:11 am »
La Policía comprará cartuchos para pelotas de goma mientras el Congreso estudia prohibirlas

Va a adquirir 780.000 unidades que se entregarán a los antidisturbios de las UIP entre 2023 y 2025. Sirven también para lanzar botes de humo y de gas lacrimógeno

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/policia-comprara-cartuchos-pelotas-goma-mientras-congreso-estudia-prohibirlas/20220816170751438424.html



El Gobierno y sus socios avanzan en la reforma de la ley mordaza pero aplazan el debate sobre el uso de pelotas de goma


El grupo de trabajo creado en el Congreso ha pactado en sus últimas reuniones diez nuevos artículos referidos al derecho de manifestación que se suman a los otros 29 que se cerraron a principios de año
— La norma que derogará la ley mordaza avanza ajena a las protestas de los sindicatos policiales

Iñigo Aduriz

12 de agosto de 2022 22:47 h
Actualizado el 13/08/2022 05:30 h

PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. La derogación de parte de esa norma que vio la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta, fue además uno de los principales compromisos que el Ejecutivo progresista adquirió con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En los últimos tres años, la promesa se ha ido repitiendo cada vez que se lograba cualquier pacto con los aliados parlamentarios.


El Consejo de Europa alerta de carencias relativas a los derechos humanos en la reforma de la ley mordaza

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Prácticamente en cada intervención pública en el Congreso de los Diputados, esos mismos socios, ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT, han presionado en los últimos meses al Gobierno para que materialice cuanto antes la derogación de la polémica ley. Al mismo tiempo, todos ellos forman parte del grupo de trabajo creado en la Cámara Baja junto a PSOE y Unidas Podemos para ir avanzando en acuerdos que permitan la reforma en el próximo periodo de sesiones que se abre en septiembre, a un año de que concluya la legislatura. Con lentitud, esos trabajos están dando nuevos frutos.


Fuentes parlamentarias han confirmado a elDiario.es que, en las últimas reuniones del grupo –desde febrero calculan que se han celebrado en torno a una docena, muchas de ellas de forma telemática–, se ha pactado la redacción final de diez nuevos artículos que se suman a los 29 que ya se habían cerrado hasta el pasado mes de marzo. Las fuentes consultadas evitan entrar en la concreción de cada uno de los puntos, pero sí explican que los asuntos acordados tienen que ver con el modo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos a la manifestación y a la libre expresión, que se vieron cercenados por la normativa del PP.

La proposición para reformar la ley mordaza con la que se trabaja en el Parlamento es del PNV y el texto entró en la Comisión de Interior el pasado noviembre. Pero, como explican fuentes del Congreso, aún no se han abordado ni en las dos reuniones de la ponencia ni en los sucesivos encuentros del grupo de trabajo ninguno de los asuntos más polémicos, los que generan más diferencias entre los partidos del Gobierno y sus socios. Esas fuerzas, en especial Unidas Podemos –cuya negociación encabeza el líder del PCE, Enrique Santiago–, confían no obstante en lograr un acuerdo total en los próximos meses.


Evitar casos como el de Alberto Rodríguez
Uno de esos aspectos controvertidos tiene que ver con la regulación del material antidisturbios. Varios grupos, como ERC y EH Bildu, exigen la prohibición expresa de las pelotas de goma y de otros métodos de fuerza policial.

Otro aspecto que sigue sin debatirse entre los grupos negociadores es el referido a la presunción de veracidad de los agentes de los distintos cuerpos policiales cuyo único testimonio, sin otros testigos, es a raíz de la ley del PP válido para que se produzca una condena. Un ejemplo es el caso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un policía siendo el agente el único testigo que, durante el juicio, reconoció esa agresión. A raíz de la sentencia, a Rodríguez se le retiró en octubre el acta de parlamentario a través de una polémica decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ya desvinculado de Podemos y con la intención de crear un nuevo partido, Rodríguez sigue peleando por ese escaño ante los tribunales, ocho meses después.


La idea de los grupos es abordar los asuntos más complejos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en septiembre, con la intención de conseguir aprobar la nueva ley antes de las Navidades o en los primeros meses del próximo año. Las fuentes consultadas remarcan que ya se consiguieron sortear varios de los escollos entre el Ejecutivo y los socios cuando se decidió desvincular del texto los otros aspectos recogidos en la ley del PP que habían generado más fricciones durante las negociaciones, como las devoluciones en caliente o la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones. Ambos asuntos se abordarán en otras propuestas al margen de la reforma de la ley mordaza.

En lo que ya ha avanzado el grupo de trabajo es en el artículo referido a la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en los que se produzcan altercados o que no hayan sido comunicadas previamente a las respectivas delegaciones del gobierno. Además de desvincular al convocante de los disturbios cuando se demuestre que no ha tenido vinculación con los mismos, en el texto acordado por los grupos se establece que la falta de comunicación previa de una protesta no será castigada cuando responda a una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

Medidas para las personas con discapacidad
En estos meses los partidos del Gobierno y sus socios han acordado modificaciones al objeto de la ley, a los fines y a los principios rectores estableciendo la eliminación de la violencia en los espacios públicos y la garantía de convivencia como el objeto de la ley, introduciendo mayores garantía de derechos y libertades de la ciudadanía. Entre los principios rectores de la norma también se ha incluido uno de accesibilidad para garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.

También han visto luz verde algunas de las peticiones de los socios, como que se garantice la incorporación al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte las distintas lenguas cooficiales. O el establecimiento de mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de establecer las cuantías de las multas. Las fuentes consultadas añaden que también se han regulado de manera “más garantista” los aspectos relacionados con la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.


Asimismo, se ha acordado la modificación de las normas sobre identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, las diligencias en comisaría en ningún caso podrán superar las dos horas salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada. Otra de las novedades introducidas es el derecho de la persona conducida a identificación a ser devuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

La reforma de la ley mordaza sigue en marcha al margen de las protestas policiales de sindicatos como Jupol, que desde hace meses han salido a las calles y se han quejado de que el nuevo texto contemplara que se compensaran las multas en función de la renta o que se puedan emitir los DNI en lenguas cooficiales, entre otras objeciones.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2522 en: 17 de Agosto de 2022, 08:14:26 am »


Multa para la protesta en apoyo a María Salmerón a las puertas de la Delegación del Gobierno en Sevilla


Algunas de las asistentes han recibido una carta comunicándoles una pena de 100 euros por “una concentración no autorizada”, algo que ellas discuten porque “no éramos más de 20 y no hacía falta autorización” y califican la actuación policial de “desproporcionada”
— María Salmerón cumplirá su condena en libertad con un dispositivo telemático




María Salmerón en Sevilla ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
María Salmerón en Sevilla ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
elDiarioand

16 de agosto de 2022 21:08h

Actualizado el 17/08/2022 05:30h
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Era 28 de abril de este año. El día anterior, María Salmerón había sido condenada a nueve meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. Ese mismo día, la plataforma de apoyo que lleva el nombre de María convocaba una concentración ante la Delegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España, para protestar contra la decisión. En la sede, ese día, se estaba celebrando una Cumbre Iberoamericana con la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, y el dispositivo policial era extraordinario. Tres meses y medio después, algunas de las asistentes a la protesta han recibido una notificación por la que se les multa con 100 euros por participar en la convocatoria, y aquí empieza la controversia.


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La misiva explica que se juntaron “alrededor de 40 personas” que se “disgregaron al empezar la actuación policial”, pero que estaban en una concentración “no autorizada” y, argumenta en el escrito, “una actitud provocativa de los concentrados y diferentes muestras de desobediencia”. Charo Luque, que acudió allí a título personal (aunque forma parte de la Plataforma 8M) no está para nada de acuerdo con los argumentos para la multa: “¿40? Pero si estábamos muy pocas personas, menos de 20, así que no era necesario comunicar a la subdelegación la concentración”.

Asegura que “había más policías que manifestantes y la actuación de la Policía fue inaceptable”. Explica Luque: “Había un grupo, no sé si serían turistas o qué, en la plaza y eran bastantes más que nosotras”. Tampoco está de acuerdo con el asunto de la “desobediencia”. “Cuando los agentes se acercaron para avisarnos de que no estaba autorizada la concentración, les explicamos nuestros argumentos. Y nos pidieron a muchas los datos y el DNI, con el que se quedaron bastante rato”, explica Carmen, otra de las asistentes a la protesta. “Nadie puso resistencia, no obstante, les advertimos (a los policías) de lo sorprendente de su actuación, pues el grupo no constituía ni una reunión ni una manifestación, ya que éramos menos de 20 personas”, dice.


La versión de la Delegación del Gobierno
Desde la Delegación del Gobierno, en cambio, sostienen que “se ha acordado iniciar un expediente como consecuencia de un acta de denuncia que levantó la Policía Nacional por una concentración de más de 20 personas sin haberlo comunicado previamente”, tal como exige la Ley Orgánica de Derecho de Reunión. El expediente está en pleno proceso administrativo y la encargada de la tramitación es la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, ya que son los subdelegados de cada provincia los competentes para tramitar estos casos. Con respecto a las personas denunciadas, y una vez recibida la notificación, el único comentario es que “cuentan con un plazo para formular alegaciones”.


Las afectadas, por su parte, critican que en la carta aseguran que “intentamos saltarnos el cordón policial, pero nadie se acercó a ningún cordón porque no había un cordón como tal”. Testigos presenciales aseguran que las manifestantes (en su mayoría mujeres) estaban a una distancia “prudente” de la torre de la Delegación. El escrito afirma que tuvieron que “cambiar el horario de salida y el itinerario previsto de la ministra”, ante lo que las manifestantes se muestran más que asombradas. “¡Nos acusan de poner en peligro la seguridad de la ministra! ¡Es increíble!”, exclama Carmen.

Las asistentes afirman que “tal fue la actuación policial” que presentaron una carta de queja al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, el 12 de mayo, “después de la Feria de Sevilla, para dejar pasar el follón”. En dicha carta, hacen un relato de los hechos, expresando su “preocupación por las actitudes que los operativos de la Policía Nacional”. “Era tan hostil la actitud de los operativos policiales que, tras identificarnos a través de nuestros DNI y comprobar que no llegábamos a 20 personas, pudimos ver dispositivos policiales circulando por toda la plaza con motivo de sumar más identificaciones”, dicen.

Una “coartada falsa”
Así ocurrió, aseguran, con un grupo de cuatro personas que paseaba enfrente de la fuente, cuando fueron paradas por dos agentes que procedieron a pedirles la documentación sin dar ninguna explicación sobre el motivo, lamentan en el escrito. Acusan a la Policía de “preparar una coartada falsa” para poder plantear la sanción, y de “criminalizar la libertad de expresión, en particular la crítica feminista”. “Es alucinante”, se indigna Charo Luque.


Ahora, las multadas tienen un plazo para hacer las alegaciones que termina el 5 de septiembre. Si pagan la multa antes, se rebajaría a 50 euros. Aún no lo han decidido pero, aseguran, lo más probable es que “recurramos” porque esto es “la ley mordaza” y son “acciones contra la libertad de expresión” que no se pueden “tolerar”.

Desconectado Ragnar

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2523 en: 18 de Agosto de 2022, 02:51:22 am »
Sánchez fascista ¿no?

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2524 en: 19 de Septiembre de 2022, 09:17:20 am »


El uso de pelotas de goma: el principal escollo para reformar la 'ley mordaza'

Los partidos del Gobierno retoman el debate sobre eliminar este material de las unidades antidisturbio de la Policía

Europa Press

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Madrid
18 de septiembre del 2022. 17:49

El grupo de trabajo compuesto por los partidos del Gobierno y sus habituales socios parlamentarios han retomado los contactos para tratar de alcanzar un pacto sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', unas negociaciones que siguen presentando como principal escollo que se elimine el uso de las pelotas de goma dentro del material antidisturbio de la Policía.

Según informan a Europa Press fuentes parlamentarias, las negociaciones se limitan todavía al intercambio de propuestas entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus principales socios parlamentarios. La idea es intentar sellar un acuerdo en torno a las enmiendas primero entre socios para después volver a convocar la ponencia de la que forman parte todos los grupos con representación parlamentaria.

EN EL CONGRESO

El Gobierno logra un primer pacto con sus socios para acelerar la reforma de la ley mordaza
Los más optimistas hablan de la posibilidad de reunir la ponencia en las próximas semanas, quizá en octubre, pero hay formaciones que lo ven harto complicado y auguran que quizá no haya acuerdo, si finalmente se alcanza, hasta final de año.

Interior compra 60.000 pelotas

Entre los socios del Gobierno ha caído esta semana como un jarro de agua fría la decisión del Ministerio del Interior de comprar unas 60.000 pelotas de goma para reponer existencias en las unidades de intervención policial, conocidas como 'antidisturbios'.

Desde ERC, han remarcado que esto no ayuda a las negociaciones y, como EH Bildu y Más País, han cuestionado la decisión remitiéndose a informes de organizaciones de derechos humanos que reportan la "extrema gravedad" que comporta su uso por las lesiones que pueden originar.

UN TOTAL DE 154 INICIATIVAS YA EN VIGOR DESDE 2020

El Gobierno inicia la contrarreloj para aprobar sus leyes bandera

Los socios del Ejecutivo apremian para cerrar la reforma de la 'ley mordaza', un compromiso de legislatura sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Desde Unidas Podemos, el coportavoz Javier Sánchez Serna calificó hace un mes de "vergüenza" que la norma llevara más tiempo en vigor con el Gobierno socialista que con el PP, que sacó adelante la ley en 2015 gracias a su mayoría absoluta.

Sin avances desde antes de verano

Sobre el papel, la situación está como antes del verano debido a la falta de avances significativos durante el periodo de vacaciones. Los grupos ya cerraron en la ponencia el nuevo texto de 29 artículos --sobre 54-- de la futura Ley de Seguridad Ciudadana, a lo que se suman otros doce ya pactados. No obstante, en torno a la mitad de estos últimos no tienen aún cerrada la nueva redacción.

Los socios del Ejecutivo trabajan con el objetivo de que el nuevo texto de la ley se eleve a la ponencia y luego a la Comisión de Interior antes de Navidad. Fuentes de EH Bildu no descartan que se pueda convocar la comisión en octubre, aunque advierten de que eliminar las pelotas de goma es una "línea roja" para apoyar la reforma.

También insiste en este punto ERC, quien exige, asimismo, que se modifique el asunto relativo a las "falta de respeto" a agentes de las Fuerzas de Seguridad, el relativo a la desobediencia que, subrayan, ya está en el Código Penal y también el de la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en las que se produzcan altercados. A su juicio, habrá que castigar a quien, por ejemplo, queme contenedores, pero no a quien organiza la protesta.

Cabeza de una manifestación de la plataforma sindical policial Jusapol reclamando equiparación salarial Policía nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.
PROTESTAS ANTI REFORMA DE LA 'LEY MORDAZA'
Preocupación en el Ministerio de Interior por la "espiral de politización" de los policías
Desde Unidas Podemos reconocen que sigue habiendo escollos, principalmente en el uso del material antidisturbio que usa la Unidad de Intervención Policial (UIP), algo que en el pasado ya ha sido objeto de polémica: en 2014, por ejemplo, el Gobierno del PP sostuvo a raíz de las quejas del Defensor del Pueblo que las pelotas de goma se limitaban "sólo a casos extremos y debidamente justificados".

ERC y EH Bildu ejercen en este punto una mayor presión para la eliminación total e inmediata de las pelotas de goma, tomando como referencia que en Cataluña los Mossos d'Esquadra ya disponen de un material conocido como foam, considerado a priori menos lesivo, aunque también cuestionado por algunos colectivos sociales tras las lesiones en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel.

Unidas Podemos, por su parte, respalda que se dejen usar pelotas de goma, aunque entiende que se debe ser más flexible en los plazos y abrir un periodo de transición hasta su total eliminación. El partido morado también busca reformular el peso actual de la veracidad de los policías en las actas con propuestas de sanción, para lo que en la nueva norma se quiere exigir que el relato de hechos resulte "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario".

Otro escollo para Unidas Podemos es reformular el mecanismo actual que sirve para notificar las multas derivadas de la 'ley mordaza' al entender que existen vacíos legales por la falta de supervisión judicial.

Devoluciones o registros corporales
Otras cuestiones como eliminar por completo las devoluciones en caliente de migrantes se pactó que quedará regulado en la Ley de Extranjería, sacándolo de la 'ley mordaza'. También hay acuerdo mayoritario en modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para "reducir al mínimo" los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.

La intención de los partidos que gobiernan en coalición es "aumentar las garantías" en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones --por ejemplo en una manifestación que derive en altercados-- se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.

El Gobierno se volcará este otoño en derogar la ley mordaza y en aprobar la ley de vivienda
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Los sindicatos policiales se manifestaron en Madrid para expresar sus dudas --aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones-- sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.

El 19 de enero la ponencia cerró un acuerdo para regular los controles en vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.

Desconectado Ragnar

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2525 en: 21 de Septiembre de 2022, 02:59:34 am »
El PSOE ordena demorar la ley de Seguridad Ciudadana mientras Podemos exige ya su aprobación inmediata

La Ley de Seguridad Ciudadana se ha convertido en una incómoda compañera para el PSOE. Pedro Sánchez hizo su campaña bramando contra la mal llamada "ley mordaza". Más tarde se dio cuenta de que, con teniendo en cuenta la naturaleza de sus compañeros de Gobierno y hasta de viaje, esta reforma podría dinamitar la operatividad de la Policía. Y posteriormente, los socialistas se percataron, además, de que con la luz y la calefacción por las nubes, el invierno llamando a las puertas, y los alimentos básicos a precios insalvables para muchas familias, la Policía podía pasar a ser su único aliado real en caso de movilizaciones en las calles. Resultado: ahora es el PSOE el que quiere una verdadera ley mordaza, pero a favor suyo. Pero, claro, el texto ya está en tramitación en el Congreso de los Diputados y Podemos le ha comunicado que quiere el texto en el BOE sí o sí según de inicio el próximo año.

Pero esa tardanza no es casual. El PSOE la ha ordenado. Y el motivo es sencillo de entender. Hasta ahora, los socialistas pensaban que la presión en las calles sería favorable a ellos. Pero eso era antes de que las familias perdieran más de un 13% de poder adquisitivo, antes de que la luz costara el triple, el gas cuatro veces mas y los precios generales plasmado en el IPC subieran a ritmos de inflación superiores al 10%. Momento en el que el PSOE se ha percatado de que, a lo mejor, resulta que la Policía, como garante del orden público, puede ser su parapeto.



https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2022-09-20/el-psoe-ordena-demorar-la-ley-de-seguridad-ciudadana-mientras-podemos-exige-ya-su-aprobacion-inmediata-6934553/

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2526 en: 21 de Septiembre de 2022, 07:47:45 am »
La Policía ni lo ha sido, ni lo va a ser de futuro...ya que además vuelven a manifestarse el día 24, y el PSOE no ha ordenado absolutamente nada en este asunto.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2527 en: 21 de Septiembre de 2022, 14:34:05 pm »
La Policía ni lo ha sido, ni lo va a ser de futuro...ya que además vuelven a manifestarse el día 24, y el PSOE no ha ordenado absolutamente nada en este asunto.

Debería de saber que una cosa no tiene que ver con la otra, el 24 hay manifestación, eso que tanto defiende la izquierda..., y el 25 igual estamos quitándole las castañas del fuego en la calle...

Si se revuelve la calle, evidentemente la Policía será el principal aliado del Gobierno.

¿Puede usted asegurar que el Gobierno no retrasa su aprobación por ese motivo?

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2528 en: 21 de Septiembre de 2022, 15:18:14 pm »
La Policía ni lo ha sido, ni lo va a ser de futuro...ya que además vuelven a manifestarse el día 24, y el PSOE no ha ordenado absolutamente nada en este asunto.

Debería de saber que una cosa no tiene que ver con la otra, el 24 hay manifestación, eso que tanto defiende la izquierda..., y el 25 igual estamos quitándole las castañas del fuego en la calle...

Si se revuelve la calle, evidentemente la Policía será el principal aliado del Gobierno.

¿Puede usted asegurar que el Gobierno no retrasa su aprobación por ese motivo?

Ña calle no va resolverse...aún no....con lo cual ustedes son a los efectos políticos irrelevantes, como lo va a ser su manifestación.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2529 en: 21 de Septiembre de 2022, 15:21:17 pm »
La Policía ni lo ha sido, ni lo va a ser de futuro...ya que además vuelven a manifestarse el día 24, y el PSOE no ha ordenado absolutamente nada en este asunto.

Debería de saber que una cosa no tiene que ver con la otra, el 24 hay manifestación, eso que tanto defiende la izquierda..., y el 25 igual estamos quitándole las castañas del fuego en la calle...

Si se revuelve la calle, evidentemente la Policía será el principal aliado del Gobierno.

¿Puede usted asegurar que el Gobierno no retrasa su aprobación por ese motivo?

Ña calle no va resolverse...aún no....con lo cual ustedes son a los efectos políticos irrelevantes, como lo va a ser su manifestación.

Ya lo veremos, no vaya a ser que seamos igual de irrelevantes que en Ícaro...

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2530 en: 21 de Septiembre de 2022, 16:34:39 pm »
Lo.dijeven el tema de los animales y la futura Ley...el PSOE no es un partido valiente en algunas cuestiones.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2531 en: 21 de Septiembre de 2022, 18:01:50 pm »
A las Pls no se les ha perdido nada en un asunto de Jupol y Jucil



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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2532 en: 22 de Septiembre de 2022, 01:41:38 am »
Lo.dijeven el tema de los animales y la futura Ley...el PSOE no es un partido valiente en algunas cuestiones.

Vamos, que son unos auténticos hipócritas.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2533 en: 22 de Septiembre de 2022, 11:19:44 am »
Ya se lo dije, el PSOE no ha dado.orden de nada y se sigue trabajando.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2534 en: 22 de Septiembre de 2022, 17:59:10 pm »
Ya se lo dije, el PSOE no ha dado.orden de nada y se sigue trabajando.

Puede decir lo que quiera y eso usted no lo puede saber, el tiempo dirá si se retrasa, pero desde que empezó la legislatura ya han tenido tiempo...

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2535 en: 22 de Septiembre de 2022, 18:06:40 pm »
Ya se lo dije, el PSOE no ha dado.orden de nada y se sigue trabajando.

Puede decir lo que quiera y eso usted no lo puede saber, el tiempo dirá si se retrasa, pero desde que empezó la legislatura ya han tenido tiempo...

Y se aprobará...no le quede la menor duda de ello...esto si que es un 10 sobre 10.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2536 en: 22 de Septiembre de 2022, 18:19:07 pm »
Ya veremos..., y si se aprueba igual dura un año...

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2537 en: 22 de Septiembre de 2022, 18:20:41 pm »
Ya veremos..., y si se aprueba igual dura un año...

No me sea iluso...una ley no se tumba sin un trámite parlamentario que puede durar entre 2 a 3 años.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2538 en: 22 de Septiembre de 2022, 18:34:12 pm »
Ya veremos..., y si se aprueba igual dura un año...

No me sea iluso...una ley no se tumba sin un trámite parlamentario que puede durar entre 2 a 3 años.

Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2539 en: 22 de Septiembre de 2022, 18:36:23 pm »
Ya veremos..., y si se aprueba igual dura un año...

No me sea iluso...una ley no se tumba sin un trámite parlamentario que puede durar entre 2 a 3 años.

Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley.

No se crea todo lo que hay en la Red....y menos sobre esta ley en concreto.