http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/politica/noticias/5344389/11/13/Recurrir-la-Ley-mordaza-o-la-Ley-Anti-15M-costara-hasta-2750-euros-en-tasas.htmlRecurrir la 'Ley mordaza' costará hasta 2.750 euros en tasas
Cuando todavía la ley es un mero anteproyecto sin la luz verde aún del Consejo de Ministros, hoy un medio de comunicación asegura que los recursos contra el ejercicio de la Ley de Seguridad Ciudadana, acuñada por como 'Ley Mordaza' o 'Ley Anti 15-M', podrían costar entre 360 y 2.750 euros, solo en tasas; y eso sin contar los gastos en abogados y procuradores. El Gobierno pospone la Ley
Rajoy se obstina en defender que la Ley de Seguridad Ciudadana "no es una ley mordaza sino una norma para garantizar la seguridad y la libertad". El viernes pasado, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría matizaba por su parte, que "cualquier persona tiene derecho a manifestarse y expresarse libremente", justificando así la iniciativa del ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.
Pero Público no lo ve del mismo modo. Este martes, el digital asevera que en el caso de que un ciudadano sea multado con 600.000 -sanción establecida por la futura Ley de Seguridad Ciudadana-, la tasa del recurso pertinente se podría elevar a 950 euros -de los que 350 es la parte fija y 600, más del 0,1% de la cuantía de pleito-. En caso de apelar en primera instancia habrá que añadir otra tasa de 1.400 euros, y si se acude en casación al Supremo, 1.800 euros.
En la actualidad, la Ley de Tasas está recurrida ante el Tribunal Constitucional tanto por el PSOE como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La apodada 'Ley Mordaza' ha levantado desde su anuncio ampollas entre la izquierda política y sociológica. No ha mucho, Greenpeace colgaba un enorme cartel contra la ley en un emblemático edificio de Madrid. El dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, se sumaba a las críticas afirmando que "estamos en la antesala del fascismo y el horror".
En función del juez
En cualquier caso, los jueces son los que tendrán la última palabra de las sanciones. Los tribunales de lo Contencioso Administrativo son la última instancia a la que puede recurrir un ciudadano para evitar hacer frente a una sanción económica derivada de haber incumplido alguna de los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así pues, los jueces serán los que tienen la última palabra sobre la aplicación de esta Ley tras estudiar el expediente de la Policía y la Delegación de Gobierno frente a las alegaciones de los ciudadanos.
Una ley "que despenaliza delitos"
El Ejecutivo ha asegurado que la Ley de Seguridad Ciudadana despenaliza delitos tipificados por el Código Penal y los convierte en sanciones administrativas, aunque la cuantía de éstas supongan 600.000 euros.
En la rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró que el objetivo que persigue esta ley es "proteger la convivencia y delimitar las manifestaciones al marco legal para no sobrepasar el derecho del resto de ciudadanos".