La ley 4/2015 y su aplicación

[47ronin]

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Dónde quedó lo de "no legislar en caliente"?


Interior quiere amparar el fichero de pasajeros con la ‘ley mordaza’
El Gobierno prepara una enmienda en el Senado a la ley de seguridad ciudadana para ello
El PSOE, dispuesto a aceptar la medida si es aprobada en la Unión Europea
Fernando Garea Madrid 11 ENE 2015 - 18:17 CET29

El Gobierno tiene la intención de dar cobertura legal al fichero de pasajeros de líneas aéreas a través del proyecto de ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza,que en este momento se tramita en las Cortes, según fuentes de Interior. Ese fichero tiene por objeto hacer frente a la amenaza del terrorismo con un control de los desplazados, especialmente los que puedan viajar a países en los que se reclute o adiestre a terroristas.

 Interior ya trabaja en su puesta en marcha y la Unión Europea lo incluyó ayer entre las medidas a poner en marcha, aunque el Parlamento Europeo mostró recientemente sus reticencias por considerar que puede afectar al derecho a la intimidad. El ministro del Interior, Jorge Fernández, defendió ayer su puesta en marcha en una entrevista a EL PAÍS y, según fuentes de su departamento, la intención es darle cobertura legal inmediatamente.

Para eso, la vía elegida es la de la ley de seguridad ciudadana. Esta norma ya ha sido objeto de polémica porque, por ejemplo, establece sanciones administrativas para lo que antes eran faltas con intervención judicial. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados no tuvo más apoyo que el de los votos del PP. También es polémica porque en el trámite del Congreso Interior introdujo una enmienda como disposición final para dar cobertura de forma genérica a las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

Ahora Interior pretende hacer lo mismo para dar cobertura al fichero de pasajeros. Como la norma ya está en el Senado, lo haría con una enmienda del Grupo Popular que se aprobaría en en febrero en la Cámara alta y, a continuación, en el Congreso. El texto que prepara Interior se refiere a la obligación de las empresas de transportes a informar, sin especificar las líneas aéreas.

Esta forma de legislar con enmiendas con leyes en trámite es reiteradamente utilizada por el Gobierno y discutida por la oposición. Por un lado, permite una aprobación inmediata pero, por otro, impide que se sometan las normas a los informes preceptivos y se elude la reflexión técnica. Fue usada, por ejemplo, para acabar con la justicia universal, para aforar a la Familia Real y en la ya mencionada legalización de las entregas en caliente de inmigrantes, entre otras. También se utilizará esa forma de legislar para establecer controles a los indultos, con la obligatoriedad de comparecer en el Congreso cada seis meses para explicar los concedidos y los denegados, a través de una emienda del Grupo Popular al Código Penal.

El PSOE, aunque rechazó en el Parlamento Europeo la creación de ese fichero, admite su disposición a aceptar su puesta en marcha, con las necesarias cautelas y garantías.

En todo caso, el martes los socialistas mantendrán una reunión con el Gobierno para estudiar las medidas legislativas contra el terrorismo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, está citado por los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá, respectivamente, para intentar buscar un acuerdo.

La negociación se referirá, especialmente, a la reforma del Código Penal para hacer frente al yihadismo o terrorismo internacional

Los socialistas aseguran que no han recibido aún ningún papel concreto del Gobierno para abrir ese diálogo. Sí tienen las enmiendas que el PP presentó en el Congreso y que suponen un cambio radical en la concepcion legal del derecho penal contra el terrorismo. El PSOE acepta que se regule el control de yihadistas al margen de las organizaciones o bandas armadas, pero pone algunos reparos en asuntos concretos como la tipificación de la consulta de webs que recluten o adiestren futuros terroristas.

El Gobierno, por su parte, se ampara en las recomendaciones de organismos internacionales para hacer frente a la propagación de consignas y preparación de atentados terrortas.

En todo caso, esa negociación debe hacerse con especial celeridad porque el PP quiere que la reforma del Código Penal se apruebe entre el jueves y viernes próximo en la Comisión de Justicia del Congreso y el día 20 en el pleno de la Cámara baja. No obstante, según los precedentes citados, no es descartable que Interior pueda usar ese proyecto de ley para introducir nuevas medidas contra el terrorismo internacional.

[edua]

Dónde quedó lo de "no legislar en caliente"?


Interior quiere amparar el fichero de pasajeros con la ‘ley mordaza’
El Gobierno prepara una enmienda en el Senado a la ley de seguridad ciudadana para ello
El PSOE, dispuesto a aceptar la medida si es aprobada en la Unión Europea
Fernando Garea Madrid 11 ENE 2015 - 18:17 CET29

El Gobierno tiene la intención de dar cobertura legal al fichero de pasajeros de líneas aéreas a través del proyecto de ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza,que en este momento se tramita en las Cortes, según fuentes de Interior. Ese fichero tiene por objeto hacer frente a la amenaza del terrorismo con un control de los desplazados, especialmente los que puedan viajar a países en los que se reclute o adiestre a terroristas.

 Interior ya trabaja en su puesta en marcha y la Unión Europea lo incluyó ayer entre las medidas a poner en marcha, aunque el Parlamento Europeo mostró recientemente sus reticencias por considerar que puede afectar al derecho a la intimidad. El ministro del Interior, Jorge Fernández, defendió ayer su puesta en marcha en una entrevista a EL PAÍS y, según fuentes de su departamento, la intención es darle cobertura legal inmediatamente.

Para eso, la vía elegida es la de la ley de seguridad ciudadana. Esta norma ya ha sido objeto de polémica porque, por ejemplo, establece sanciones administrativas para lo que antes eran faltas con intervención judicial. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados no tuvo más apoyo que el de los votos del PP. También es polémica porque en el trámite del Congreso Interior introdujo una enmienda como disposición final para dar cobertura de forma genérica a las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

Ahora Interior pretende hacer lo mismo para dar cobertura al fichero de pasajeros. Como la norma ya está en el Senado, lo haría con una enmienda del Grupo Popular que se aprobaría en en febrero en la Cámara alta y, a continuación, en el Congreso. El texto que prepara Interior se refiere a la obligación de las empresas de transportes a informar, sin especificar las líneas aéreas.

Esta forma de legislar con enmiendas con leyes en trámite es reiteradamente utilizada por el Gobierno y discutida por la oposición. Por un lado, permite una aprobación inmediata pero, por otro, impide que se sometan las normas a los informes preceptivos y se elude la reflexión técnica. Fue usada, por ejemplo, para acabar con la justicia universal, para aforar a la Familia Real y en la ya mencionada legalización de las entregas en caliente de inmigrantes, entre otras. También se utilizará esa forma de legislar para establecer controles a los indultos, con la obligatoriedad de comparecer en el Congreso cada seis meses para explicar los concedidos y los denegados, a través de una emienda del Grupo Popular al Código Penal.

El PSOE, aunque rechazó en el Parlamento Europeo la creación de ese fichero, admite su disposición a aceptar su puesta en marcha, con las necesarias cautelas y garantías.

En todo caso, el martes los socialistas mantendrán una reunión con el Gobierno para estudiar las medidas legislativas contra el terrorismo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, está citado por los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá, respectivamente, para intentar buscar un acuerdo.

La negociación se referirá, especialmente, a la reforma del Código Penal para hacer frente al yihadismo o terrorismo internacional

Los socialistas aseguran que no han recibido aún ningún papel concreto del Gobierno para abrir ese diálogo. Sí tienen las enmiendas que el PP presentó en el Congreso y que suponen un cambio radical en la concepcion legal del derecho penal contra el terrorismo. El PSOE acepta que se regule el control de yihadistas al margen de las organizaciones o bandas armadas, pero pone algunos reparos en asuntos concretos como la tipificación de la consulta de webs que recluten o adiestren futuros terroristas.

El Gobierno, por su parte, se ampara en las recomendaciones de organismos internacionales para hacer frente a la propagación de consignas y preparación de atentados terrortas.

En todo caso, esa negociación debe hacerse con especial celeridad porque el PP quiere que la reforma del Código Penal se apruebe entre el jueves y viernes próximo en la Comisión de Justicia del Congreso y el día 20 en el pleno de la Cámara baja. No obstante, según los precedentes citados, no es descartable que Interior pueda usar ese proyecto de ley para introducir nuevas medidas contra el terrorismo internacional.

lo más curioso es que cualquier compañia aerea o agencia de contratación de viajes on line, tipo vueling,dreams,rumbo, etc, tiene más información guardada sobre esto que el gobierno de un pais, usted va a cojer un vuelo y directamente le sale los anteriores vuelos que ha realizado

[tixe]

Pues cuando transfieren los ficheros de unas empresas a otras para "sus negocios", nadie pide el borrado de sus datos por la LPD

[47ronin]

Lo que diga el Juez.... 


Sostener en alto el DNI si lo pide un policía fomenta el desorden grave
Un juez deniega anular una sanción de 300 euros por este motivo . La multa fue impuesta en una cacerolada contra Bankia en Zaragoza

F. M. H. 13/01/2015

Sostener en alto un DNI cuando un agente de la autoridad les pida identificarse es "sintomático" de la "producción de una actitud hostil hacia la Policía". Así lo sostiene el magistrado Luis Carlos Martín, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, en una sentencia por la que desestima el recurso de un zaragozano contra una sanción de 302 euros, impuesta por desórdenes públicos.

No solo no le devolverán este dinero sino tampoco los alrededor de 150 que gastó en las costas del recurso, por "honor", según dijo. Al menos no le imponen las costas del proceso, al considerar el juez que el asunto merecía el "análisis jurídico" que le ha dedicado desde septiembre, cuando se celebró la vista.

La multa, notificada por la Delegación del Gobierno en Aragón, deriva de una protesta contra Bankia, celebrada el 7 de junio del 2012 por la tarde. La concentración, no comunicada, consistió en una cacerolada en la que, según el parte policial, el multado, José Manuel Juan Vitoria, alteró gravemente el orden público. Concretamente al intentar producir daños en la fachada de una entidad bancaria y negarse a identificarse, "provocando una actitud hostil del resto de los manifestantes".

Los daños, según se concretó en la vista, consistían en la colocación de unas pegatinas en un cajero. Pero los manifestantes aseguraron que no eran pegatinas, sino octavillas que iban a dejar encima. El juez no entra en este apartado en su resolución.

Sí lo hace en el hecho de generar la actitud hostil y alterar el orden. Y en este punto, toma como referente la declaración de unos testigos, que al relatar lo ocurrido levantó el brazo, imitando el ademán que recordaba que hizo el multado cuando le pidieron el carnet.

Para el juez, "lo más relevante de la denuncia es la negativa del recurrente a identificarse generando una actitud hostil del resto de congregados", y en este sentido le resulta "sintomático" que el gesto se correspondiera con las manifestaciones de los policías "y con la producción de la actitud hostil" hacia ellos.

El magistrado recuerda que el parte policial, ratificado por otro informe de los agentes, goza de presunción de veracidad. Y expone que, aunque las manifestaciones de los policías no son "elemento suficiente para dar por probado un determinado hecho", tampoco la existencia de "testigos que discrepen" basta para sostener un recuso contencioso-administrativo.

PARCIALIDAD Más aún, aclara, cuando los testigos "formaban parte de la protesta que se convocó". "No se trata por ello de testigos objetivos que fueran ajenos a la situación creada". La abogada del recurrente, Paula Hormigón, lamentó la resolución en este último sentido porque, como apuntó, difícilmente pueden conseguirse testigos de los hechos en una manifestación que no fuesen participantes en la misma.

En cualquier caso, no podrá recurrir la decisión ante una instancia superior porque, según marca la legislación, no es posible en procedimientos inferiores a 30.000 euros de cuantía. La rudeza a la hora de mostrar el DNI le costará pues 450 euros.

[47ronin]

 

[Epi44]

nada nuevo bajo el sol.... ..a los buenos dias!!!..

[47ronin]

Dónde quedó lo de "no legislar en caliente"?


Interior quiere amparar el fichero de pasajeros con la ‘ley mordaza’
El Gobierno prepara una enmienda en el Senado a la ley de seguridad ciudadana para ello
El PSOE, dispuesto a aceptar la medida si es aprobada en la Unión Europea
Fernando Garea Madrid 11 ENE 2015 - 18:17 CET29

UPyD pide que no se aproveche la lucha contra el yihadismo para crear un “Gran Hermano policial”

Irene Lozano dice que su partido está dispuesto a negociar pero con la línea roja de “no convertir en sospechosos a todos los ciudadanos”.

E.B. / 14-01-2015 • 09:57
 
La diputada de UPyD Irene Lozano ha afirmado hoy que su partido está dispuesto a negociar con el Gobierno nuevas medidas contra el yihadismo que concilien “seguridad y libertad” y no supongan crear un “Gran Hermano Policial”.

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Lozano ha precisado que para su partido la línea roja es no convertir en sospechosos a todos los ciudadanos, de manera que “no se puede lanzar grandes operaciones de recopilación de información”, a modo de “Gran Hermano”.

Además, ha adelantado que UPyD pondrá especial énfasis en medidas de protección de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) y de las Fuerzas Armadas, que combaten el yihadismo “en primera línea”.

Un día después de que Gobierno y PSOE hayan acordado pactar las medidas contra el yihadismo, Lozano ha expresado la disposición de su partido para negociar pero ha recordado que para hacer frente a esta amenaza no basta con alcanzar un acuerdo en el ámbito nacional, sino que hay que buscar la coordinación en el ámbito europeo.

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 Rueda de prensa de Nils Muiznieks
 
El Consejo de Europa dice a España que 'no se pueden legalizar las devoluciones en caliente'
 
El comisario de Derechos Humanos critica la enmienda de la Ley de Seguridad Ciudadana


Cree que 'no se ajusta a la legislación ni de la UE, ni del Consejo de Europa, ni de la ONU'


Considera que 'sería el principio del fin del sistema de asilo'


OLGA R. SANMARTIN Madrid 
Actualizado: 16/01/2015 13:31 horas 

El Consejo de Europa ha dado un fuerte rapapolvo a España por su intención de legalizar, en la Ley de Seguridad Ciudadana, las llamadas 'devoluciones en caliente' de personas inmigrantes que lleva a cabo con frecuencia la Guardia Civil en Ceuta y Melilla.

El comisario de Derechos Humanos de este organismo, Nils Muiznieks, ha expresado esta mañana en rueda de prensa en Madrid que este cambio legislativo que ahora se encuentra en el Senado "no se ajusta a la legislación ni de la UE, ni del Consejo de Europa, ni de la ONU". En otras palabras, "no se ajusta a las obligaciones internacionales asumidas por España"

Ante el inminente cambio legal, que han denunciado todas las ONG, la Iglesia católica o los más destacados juristas, el comisario decidió venir a España para enterarse de primera mano de lo que estaba pasando. El martes estuvo en la valla de Melilla, donde se están produciendo las 'devoluciones en caliente' así como agresiones a los inmigrantes por parte de las Fuerzas de Seguridad. Ayer jueves se reunió con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y con la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

La defensora, precisamente, le ha prestado hoy su sede oficial para denunciar que, de seguir adelante el actual redactado de la ley, "sería el principio del fin del sistema de asilo".

"He visto devoluciones en caliente en varios países pero nunca plasmadas en la legislación. Sería un precedente muy negativo", ha lamentado.

Muiznieks ha confiado, no obstante, en que tal enmienda no salga adelante en su actual redactado y para ello se reunirá con los parlamentarios españoles a finales de mes. "Estamos trabajando en ello, es posible que se introduzcan salvaguardas, como mantener el principio de no devolución", que conlleva no repatriar a las personas a países en los que puede peligrar su vida.

En el caso de que el texto sea aprobado en las Cortes tal y como esta ahora, el comisario actuará conforme al procedimiento. Es decir, se personará como parte ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando algún inmigrante presente una denuncia.

El Consejo de Europa ve "un paso sumamente positivo" que Interior haya establecido oficinas para solicitantes de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, pero considera que los inmigrantes que saltan la valla, y entran por tanto por puestos fronterizos ni habilitados, deberían tener también la posibilidad de pedir asilo y disponer de intérprete y abogado.

"Hasta la fecha, sólo los sirios son los que tienen la posibilidad de pedir asilo. Otros, como los africanos, se ven obligados a usar unos zapatos especiales para usar la valla", ha dicho.

Lo más impactante de la rueda de prensa ha sido cuando el comisario ha mostrado una sandalia con clavos y un garfio de los que los inmigrantes utilizan para saltar la valla. "Esto demuestra hasta que punto son ingeniosas las personas desesperadas", ha dicho. "No por tener una valla más alta de va a resolver el problema. Si pones un muro de 20 pies, una persona desesperada va a encontrar una escalera de 30 pies para saltarlo".

Se ha mostrado convencido de que "se puede establecer un equilibro entre la seguridad de las fronteras y los derechos humanos" y ha recordado que, en realidad, el reto es "manejable" porque las cifras no son muy altas. Ha dicho que en 2014 España recibió 5.200 solicitudes de asilo, lo que apenas representa el 1% del total europeo.

Ha añadido que, durante el año pasado, Melilla recibió 5.500 entradas de indocumentados. 3.000 de ellos fueron sirios y el resto subsaharianos. "2.000 entraron por encima de la valla".

Por ultimo, el comisario ha desmentido al Ministerio del Interior, que asegura, en contra de toda la legislación internacional, que el inmigrante pisa suelo español cuando salta la última de las vallas. Ha dicho que su opinión es la misma de la defensora del Pueblo, que cree que una vez que sale salta la primera verja fronteriza ya se está en España.

[tixe]

Bueno bueno.... esto lo importamos a la de ya.

http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/13/54de2a6fe2704e72668b457a.html

La policía británica pide a los manifestantes que asuman los costes de su seguridad

[flip]

Pues teniendo en cuenta que tienen 2.500 voluntarios ( que provienen de empresas privadas que les pagan el sueldo) a tiempo parcial, no me extraña la medida.

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Ley Seguridad Ciudadana
Activistas de Femen protestan a pecho descubierto en los alrededores del Congreso contra la ‘ley mordaza’

Dos integrantes de la organización intentan saltar el cordón policial situado en la entrada del Congreso con lemas escritos en tinta negra de "FEMEN for freedom" y "España sin mordaza"
Una de las dos jóvenes critica que con "esta acción" ha intentado demostrar que con esta ley se "criminaliza a la ciudadanía"

Un par de activistas de Femen han protestado este martes a pecho descubierto en los alrededores del Congreso de los Diputados en señal de protesta contra le Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo con el inicio del Debate del Estado de la Nación.

 Se trata de la segunda protesta que estas jóvenes realizan en el Congreso de los Diputados. La primera de ellas se produjo en octubre de 2013, en el propio Salón de Plenos, contra la reforma de la ley del aborto presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

 Poco antes de las 12.00 horas de este martes, hora de inicio del debate, un par de jóvenes han intentado saltarse el cordón policial situado en la entrada del Congreso de la calle Cedaceros. Rosa y Begoña, como así se llaman, han realizado "esta acción" con el torso descubierto y con lemas escritos en tinta negra de "FEMEN for freedom" y "España sin mordaza"

 Una de ellas ha sido retenida a los pocos segundos de bajar corriendo por la Carrera de San Jerónimo, mientras que la otra ha conseguido llegar casi a la Puerta de los Leones. Ambas han sido finalmente retenidas por los agentes de la Policía Nacional durante unos minutos, para después dejarlas en libertad.

 En declaraciones a Europa Press, Begoña, una de las dos jóvenes, ha criticado que con "esta acción" ha intentado demostrar que con esta ley se "criminaliza a la ciudadanía" porque todos los ciudadanos "tienen derecho" a ir a la Puerta de los Leones a decir que no le parece bien una ley.

Protestar no es ilegal

 Según ha insistido, la idea de la "acción" era demostrar que, a pesar de que haya "murallas y leyes dictatoriales", toda persona que quiera protestar puede cruzar "esa línea" y demostrar que puede ser una activista. "Hemos cruzado la muralla policial y gritado nuestros eslóganes. Protestar no es ilegal", ha sentenciado.

 Mientras, la fundadora de Femen España, Lara Alcázar, que no ha participado personalmente de la acción pero sí ha dado apoyo a las jóvenes en las inmediaciones del Congreso, ha insistido en que esta protesta se ha centrado contra la ley mordaza. "Un día como hoy no sólo se debe hablar de corrupción sino de cómo se están recortando las libertades de la ciudadanía en España. Esta ley restringe el derecho de manifestación, de reunión, de protesta, de asamblea y nos reduce a decir que la protesta va a ser ilegal y criminal, y se va a penalizar con multas de hasta 600.000 euros", ha criticado.

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"La ’Ley Mordaza’ debe ir a la basura"


La Federación de Sindicatos de Periodistas ha hecho público este comunicado en el que muestra su solidaridad con Jaime Alekos, detenido mientras cubría un desahucio, y con Alicia Armesto, que será juzgada por difundir la foto de un policía riéndose en otro desalojo



España | Tercera Información/FeSP | 05-03-2015 |
 
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza con la máxima contundencia la detención del periodista Jaime Alekos. mientras cubría un desahucio en Madrid el pasado 27 de febrero, y la citación a juicio de la reportera Alicia Armesto, acusada de «vejación injusta» a un policía por difundir una fotografía en la que el agente se reía mientras desalojaban a otra familia de su vivienda. Estos hechos confirman, una vez más, las críticas de muchas organizaciones –incluida la FeSP– a varias reformas legislativas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular en cuestiones fundamentales en una sociedad democrática.

Lo que ha ocurrido con Alekos, que trabaja para Periodismo Humano, y con Armesto, de la televisión Tele K, es un anticipo de lo que podrá generalizarse si son aprobadas la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida ya como Ley Mordaza– y la reforma del Código Penal.

El pasado 3 de diciembre de 2014, la FeSP pidió públicamente la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su empecinamiento «en mantener y defender el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, a pesar de las críticas generalizadas de todos los partidos de la oposición –que han votado unánimemente contra ese texto en sus primeros trámites en el Congreso– y de numerosos colectivos sociales y ciudadanos». «El gran incremento que prevé del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación permite concluir que, con esta ley, el ministro y el Gobierno pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional», añadía el comunicado. Lo que ha sucedido con Jaime Alekos y Alicia Armesto –y también en otros casos– demuestra que estábamos en lo cierto y que estas leyes suponen una grave involución democrática.

El director de Periodismo Humano ha denunciado el trato que ha recibido Alekos, quien permaneció incomunicado mientras estuvo detenido, sin poder telefonear a su familia o al trabajo. El Gobierno debe depurar las responsabilidades que se deriven de estas actuaciones y destituir al ministro del Interior.

La FeSP pide al Gobierno y al Grupo Popular del Senado –cuya Comisión de Interior va a debatir el miércoles día 4 el dictamen sobre la llamada Ley Mordaza– que retiren este proyecto de ley innecesario y represor. En vez de hacer oídos sordos, como hasta ahora, deberían tener en cuenta las graves acusaciones que la ONU ha realizado respecto a éste y otros proyectos legislativos, para evitar que España se coloque en la cola del mundo en el respeto a los derechos y libertades civiles esenciales en democracia. Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

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El Senado aprueba la 'Ley Mordaza', que da luz verde a las devoluciones en caliente

Han sido cinco largas horas de debate, en las que la oposición ha mostrado su rechazo porque "recorta" derechos, "amordaza" la protesta y recuerda a "tiempos pasados".  Con 134 votos a favor, 84 en contra y ninguna abstención, la Cámara alta ha sacado adelante el 'proyecto estrella' del Ministerio del Interior.



El Pleno del Senado ha aprobado este jueves, con los votos del PP, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, en un largo debate de más de cinco horas en el que toda la oposición ha mostrado su rechazo porque "recorta" derechos, "amordaza" la protesta y recuerda a "tiempos pasados". Con 134 votos a favor, 84 en contra y ninguna abstención, la Cámara alta ha sacado adelante el 'proyecto estrella' del Ministerio del Interior en esta legislatura, si bien tendrá que regresar al Congreso para su aprobación definitiva tras haber sido enmendado en el Senado.

    Los portavoces de los grupos de la oposición han vertido fuertes críticas al proyecto de ley al defender los vetos presentados por Amaiur, ERC, Izquierda Unida, Entesa (2), PNV, CiU y PSOE

Los portavoces de los grupos de la oposición han vertido fuertes críticas al proyecto de ley al defender los vetos presentados por Amaiur, ERC, Izquierda Unida, Entesa (2), PNV, CiU y PSOE, y que ha rebatido el senador del PP Luis Aznar, quien ha reiterado que se trata de un texto "garantista". "El PP y el Gobierno sabemos de qué lado estamos. Al lado de las víctimas, de los ciudadanos que respetan la ley y la convivencia y de los que pacíficamente se quieran reunir y manifestar", ha zanjado Aznar.

Durante el trámite del Senado, el texto, que ha sido notablemente suavizado con respecto al primer anteproyecto que presentó Interior en 2013, los diferentes grupos han presentado 225 enmiendas, aunque sólo unas pocas se han aprobado. Entre ellas, una enmienda del PP a uno de los aspectos más polémicos del texto: la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las entregas en frontera de inmigrantes, las denominadas "devoluciones en caliente".

    Los diferentes grupos han presentado 225 enmiendas, aunque sólo unas pocas se han aprobado

Ya enmendada en el Congreso, la Cámara alta ha introducido en la disposición nuevos párrafos para señalar que el rechazo en frontera se realizará "respetando" la normativa de derechos humanos y para indicar que las solicitudes de asilo se formalizarán en la oficinas habilitadas para ello. Otra de las enmiendas aprobadas en el trámite del Senado rebaja los plazos de prescripción de las infracciones y los establece en seis meses, un año y dos años según sean, respectivamente, leves, graves o muy graves.

También se aprobó otra modificación para sancionar a las prostitutas si no observan el requerimiento de los agentes para que se abstengan de ofrecer sus servicios en zonas próximas a lugares destinados al uso por menores. En el debate, el senador socialista Enrique Cascallana, que ha echado de menos, como otros portavoces, la presencia en la Cámara del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado que la ley es "innecesaria", recorta las libertades, ignora la situación de corrupción y retorna al modelo pasado de orden público. "Vuelven ustedes a querer controlar las calles", ha subrayado Cascallana, quien ha censurado la "discrecionalidad" que la ley concede las fuerzas de seguridad "sin mecanismo de control alguno" y ha augurado problemas de constitucionalidad cuando entre en vigor.

Desde CiU, Jordi Miquel Sendra ha asegurado que si una ley concita tanto consenso en su contra es porque el Gobierno "alguna cosa está haciendo mal", aunque al PP su "prepotencia" le impide verlo, a la vez que ha calificado de "patada en el trasero" la legalización de las "devoluciones en caliente". Por la Entesa, Joan Saura ha visto en la ley una "criminalización de la protesta" enmarcada en la política "autoritaria" del PP, mientras que Rafael Bruguera la ha asimilado a la de orden público de 1959 y ha dicho que se trata de una reforma ideológica para "disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades".

Ester Capella, de ERC, ha indicado que se trata del "último eslabón de una trilogía represiva en manos del PP" que "culmina su gran obra recortadora de derechos", y Jesús Iglesias, de Izquierda Unida, ha considerado que se trata de dejar a la sociedad "inerme, sin capacidad de reacción limitando sus posibilidades de rechazo" a las políticas de "recortes".

Iñaki Anasagasti, del PNV, entiende que el texto es una "perversión de la noción de orden público", en tanto que la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios cree que con él "se tiran por la borda en un abrir y cerrar de ojos los derechos conseguidos". En opinión de Amalur Mendizabal, senadora de Amaiur, la ley busca "disuadir la protesta criminalizando a organizadores y participantes porque el Gobierno quiere blindar el espacio publico" y se "vale de la razón de la fuerza y no de la fuerza de la razón".

[47ronin]

Detenidos siete «taxistas de la droga» que trasladaban a toxicómanos por cinco euros


s.l. @ABC_Madrid  / madrid 

Día 16/03/2015 - 11.42h
 
Estas «cundas» llevaban a los drogadictos hasta los principales puntos de compra-venta de sustancias estupefacientes de la capital, principalmente a la Cañada Real Galiana

La Policía Nacional ha detenido a siete «taxistas de la droga» que, supuestamente, actuaban en las inmediaciones de la glorieta de Embajadores de Madrid y se ofrecían a los toxicómanos para trasladarlos hasta distintos poblados para comprar droga.

Según la Jefatura Superior de Policía, estas «cundas» llevaban a los toxicómanos hasta los principales puntos de compra-venta de sustancias estupefacientes de la capital, principalmente a la zona de la Cañada Real Galiana, en Valdemingómez.

Tras diversas pesquisas, los agentes pudieron identificar, localizar y detener a los responsables del negocio de las «cundas» o «taxis de la droga» cuando conducían sus respectivos vehículos.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaria de Arganzuela y de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía.

[tixe]

¿de que se les acusa?

[Heracles_Pontor]

Pues esta claro . . . de cunderos.

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[tixe]

Pues esta claro . . . de cunderos.

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aaahhh cagón tó que verde estoy

[Heracles_Pontor]

Je je . . .

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Un juez anula la multa impuesta por Cifuentes a una activista de la PAH por el 14-D

    Invalida la multa de 1.500 euros que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso a la abogada Doris Benegas por la concentración del 14 de diciembre de 2013 bajo el lema 'No pasarán, no a la ley mordaza, rodea el Congreso'
    Considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque no existen pruebas suficientes para acreditar que Doris Benegas tuviera relación con la convocatoria de la concentración del 14-D

 Un juzgado de Vallodolid ha anulado la multa de 1.500 euros que la Delegación del Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes impuso a la abogada de la PAH Doris Benegas por la concentración que tuvo lugar en la capital el 14 de diciembre de 2013 bajo el lema No pasarán, no a la ley mordaza, rodea el Congreso.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valladolid ha admitido así a trámite el recurso presentado por la defensa de Doris Benegas contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid dictada el 8 de julio de 2014 que le imponía una sanción de 1.500 euros por infracción grave recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana.

En una resolución dictada el pasado día 13, a la que tuvo acceso Europa Press, el juzgado considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque no existen pruebas suficientes para acreditar que Doris Benegas tuviera relación con la convocatoria de la concentración del 14-D, en el marco de la cual se registraron incidentes como lanzamiento de objetos contundentes contra la policía, quema de contenedores, levantamiento de barricadas, y desperfectos en mobiliario urbano.

El titular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valladolid señala que no hay boletín de denuncia y la prueba principal contra Doris Benegas es un acta de reconocimiento de la Brigada Provincial de Información. En dos actas policiales se identifica a la abogada de la PAH como participante en la rueda de prensa que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2013 para presentar esta concentración de protesta.

En la primera acta, el agente de la Policía alude a imágenes visionadas "aparecidas en Internet" de la rueda de prensa y admite que "no tiene conocimiento de la rueda de prensa". "Posteriormente, aparece otra acta", según recoge la resolución, "remitida junto a un informe de 28 de enero de 2014 ampliatorio suscrito por el Comisario de la brigada provincial de Información, realizada el mismo día 17 de diciembre de 2013, a la misma hora, y por el mismo agente con el mismo contenido excepto que se ha suprimido la mención a que 'no tiene conocimiento de la rueda de prensa".

En base a estos datos, el juez determina que estas pruebas "no tienen entidad suficiente para destruir la presunción de inocencia y fundar una sanción" teniendo en cuenta que "no se ha acreditado" que Doris Benegas "sea la promotora del acto con pruebas directas e incuestionables".

"Hay que partir del dato fundamental de que las informaciones de los agentes no se basan en hechos directamente constatados por los mismos, pues de ser así debería constar una denuncia previa el día que se convocó la rueda de prensa y en la que se identificaran a los intervinientes", añade.

El juez concede quince días a la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Delegación del Gobierno en Madrid, para presentar un recurso de apelación en un solo efecto para impugnar esta decisión judicial.