Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 305801 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2020 en: 04 de Marzo de 2016, 23:51:13 pm »
clase de penal en Avila: el ponente les dice a sus alumnos que si son agredidos en la calle con un puñetazo que no detengan, que mejor denuncien por la 4/2015.
Yo creo que mejor mediar no? que es lo que se lleva ahora.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2021 en: 05 de Marzo de 2016, 08:33:40 am »
clase de penal en Avila: el ponente les dice a sus alumnos que si son agredidos en la calle con un puñetazo que no detengan, que mejor denuncien por la 4/2015.
Yo creo que mejor mediar no? que es lo que se lleva ahora.

 La virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos.

Aristóteles.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2022 en: 05 de Marzo de 2016, 10:05:03 am »
clase de penal en Avila: el ponente les dice a sus alumnos que si son agredidos en la calle con un puñetazo que no detengan, que mejor denuncien por la 4/2015.
Yo creo que mejor mediar no? que es lo que se lleva ahora.

 La virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos.

Aristóteles.
Todo eso partiendo desde el respeto y la educación,  sino la ecuación deja de tener sentido. Y en España aparte del déficit económico también tenemos déficit de esos valores.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2023 en: 14 de Marzo de 2016, 08:49:52 am »
Rechazo al 'cundabús' municipal

El Ayuntamiento de Madrid quiere crear una línea que traslade a toxicómanos hasta la Cañada Real para evitar las molestias a los vecinos de Embajadores

    DANIEL MARTÍNMadrid

14/03/2016 02:14

Glorieta de Embajadores rechaza que la línea de autobús que pretende crear el Ayuntamiento de Madrid para trasladar a drogodependientes hasta la Cañada Real parta desde la glorieta que divide al distrito Centro con Arganzuela.

Tras 12 años sufriendo la suciedad y la inseguridad producida por la presencia de los toxicómanos y de las 'cunda's -los conocidos como taxis de la droga-, los habitantes de la zona creen que ya ha llegado la hora de que el problema se traslade a otro lugar y critican que lo que no han tardado en denominar como «'cundabús'» no sea más que «un brindis al sol».

El Consistorio aprobó en el pleno municipal del pasado 27 de enero la creación de una línea de EMT para tratar de sustituir el negocio ilegal de las 'cundas' y a la vez proporcionar un servicio de transporte demandado por los vecinos de la Cañada Real desde hace tiempo. La propuesta, presentada por Ciudadanos, obtuvo el voto a favor del Gobierno municipal de Ahora Madrid y el del Partido Socialista, pero no el del Partido Popular, que consideró que no se debía mezclar la movilidad de los habitantes de la Cañada Real con el transporte de los drogodependientes.

La propuesta del partido naranja se comenzó a fraguar el 21 de octubre del año pasado, cuando se pusieron en contacto con Madrid Salud para que estudiase este modo de captación activa de drogodependientes. El objetivo es poder abordar por un lado el problema socio-sanitario y por otro tratar de que no sea rentable el negocio de las 'cundas'. Para ello se les ofrecerá a los toxicómanos billetes de Metrobús de manera gratuita.

En principio la nueva línea de autobús iba a partir del Paseo de la Chopera, junto al Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) de Arganzuela, hasta la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, pasando por Vallecas. Sin embargo, en el pleno, la concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez, firmante de la propuesta, sólo reseñó que el 'cundabús' saldría desde algún punto de Arganzuela. Ello se debió a que Madrid Salud desestimó en un informe datado el 26 de octubre el punto inicial del recorrido para no «provocar situaciones de riesgo de consumo» en pacientes en tratamiento de deshabituación.

El organismo también instó a dotar a cada vehículo con personal de seguridad, como Policía Municipal «u otro personal debidamente formado» para evitar incidentes entre los drogodependientes y con el resto de pasajeros. Asimismo, quedó fijado que el proyecto contará con un equipo de entre cinco y siete educadores sociales y un coordinador, que trabajarán tanto en los autobuses de la EMT -donde siempre habrá un educador-, como en el CAD de Arganzuela, un Centro de Día proyectado en Puente de Vallecas y la última parada del autobús, junto a la parroquia.

Los vecinos de Embajadores dicen que ningún político se ha reunido con ellos

Desde el Consistorio explican que todavía no se sabe cuándo se implantará la línea ni el recorrido final que tendrá. En todo caso, admiten que «llevará tiempo». Desde la EMT arrojan todavía más dudas al respecto y aseveran que a día de hoy no se ha especificado si será una línea regular o abierta a todo el público y que ahora todo está en manos del órgano competente, o sea el Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Comunidad, que lo analizará y después tendrá que denegarla o aprobarla.

Esta indefinición en la propuesta es la que ha puesto en alerta a los vecinos de Embajadores, que, si bien, no ven con malos ojos la creación de la línea de autobús en sí misma, dudan de que pueda implantarse. De finalmente hacerse, rechazan rotundamente que la zona donde viven siga siendo la partida del viaje hasta los puntos de droga en la Cañada.

«¿Dónde está la partida presupuestaria?», pregunta retóricamente el presidente de la Asociación de Afectados de la Glorieta de Embajadores, Santiago Alonso, que lamenta que ningún grupo político se haya reunido con los vecinos para preguntarles.

«Suena todo muy bonito, pero ellos -los toxicómanos- no quieren que se les controle. Quieren vivir su vida», continúa Alonso, que explica que en los últimos meses, con las medidas disuasorias de la Policía y la incautación de cundas el problema se ha trasladado a calles cercanas a la glorieta de la parte perteneciente al distrito de Arganzuela, aunque reconoce que la situación, en general, ha mejorado en los últimos meses.

Entretanto, los toxicómanos seguirán buscándose la vida para conseguir su dosis diaria, ya sea usando servicios públicos que intenten mitigar el problema a los vecinos o por sus propios medios.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2024 en: 14 de Marzo de 2016, 12:38:30 pm »
Me parece vergonzoso la solución propuesta, pagado con el dinero de esas personas q lo sufren.
Y Quien va a querer conducir ese autobús?  me parto.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2025 en: 14 de Marzo de 2016, 13:01:53 pm »
Me parece vergonzoso la solución propuesta, pagado con el dinero de esas personas q lo sufren.
Y Quien va a querer conducir ese autobús?  me parto.

Calla no des ideas que lo mismo es el de la banda de música de PMM y con su conductor habitual...


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2026 en: 08 de Abril de 2016, 08:27:02 am »
El periodista multado por la 'Ley Mordaza' no pagará la multa

Axier López ha sido sancionado con 601 euros por el Gobierno central por publicar una foto de una operación policial sin autorización

Eduardo Azumendi

07/04/2016 - 18:58

El equipo de la   revista Argia, publicación en euskera, no pagará la multa impuesta por el Gobierno central al periodista de su redacción Axier López, quien  ha sido sancionado con 601 euros de multa por publicar una foto de una operación policial "sin autorización". Se trata de la primera multa a un periodista en el ejercicio de su profesión en aplicación de la Ley de Protección Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza'. A López se le acusa de difundir a través de su cuenta de Twitter fotografías hechas durante una operación policial. Las imágenes en cuestión reflejan el momento en el que Naroa Ariznabarreta es detenida en la localidad de Eibar (Gipuzkoa) el 3 de marzo. Un juzgado de San Sebastián había ordenado la detención e ingreso en prisión de  Ariznabarreta por no presentarse en el juicio por "la acción de bloqueo mediante encadenamiento de la autopista A-8" protagonizada por ella y otros jóvenes en 2007 para denunciar la ilegalización de Segi.

Argia, que tacha a la 'Ley Mordaza' de "injusta y contraria al derecho de informar", anuncia que presentará un recurso a la medida adoptada por el Gobierno. "Consideramos que esta sanción por publicar en Twitter un suceso que estaba ocurriendo es un ataque contra Argia y contra todos los que sustentan el proyecto", han afirmado desde la revista en un comunicado titulado No pagamos la multa, lucharemos contra la Ley Mordaza, tras celebrar una asamblea en su sede de Lasarte-Oria. Para el colectivo, la 'Ley Mordaza' "convierte en delito el hacer periodismo y la libertad de expresión".
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Mientras, la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea (AVP-EKE) y el Colegio Vasco de Periodistas también han condenado la sanción. Para la AVP y el CVP, esta ley es un " ataque directo al derecho de información y, por lo tanto, a la labor que desarrollan los profesionales de los medios de comunicación".

La Asociación recuerda que los profesionales de la información ya cuentan con medidas de autorregulación, a través de normas y códigos deontológicos, por lo que exige la retirada inmediata de la 'Ley Mordaza'.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2027 en: 28 de Abril de 2016, 14:43:55 pm »
Apliquen, aqliquen la ley...


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2028 en: 28 de Abril de 2016, 14:54:00 pm »
Ese culo necesita unas buenas sesiones de sentadillas para estar apetecible . . . y el tanga tampoco ayuda mucho . . . aunque entiendo que alguno necesite una motivación externa para venirse arriba y echar una partidita en ese culo . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2029 en: 03 de Mayo de 2016, 04:40:06 am »
Barbero y Mayer, los concejales que dirigían a los okupas
Los ediles Javier Barbero y Celia Mayer. JAVI MARTÍNEZ / E.M.

La Policía identificó y abrió expediente sancionador en enero de 2015 al ahora responsable de seguridad Javier Barbero y a la jefa del área de cultura Celia Mayer.

    FERNANDO LÁZAROMadrid

02/05/2016 21:20

Allí estaban. El actual concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, y la edil de Cultura, Sandra Mayer. Y ambos se erigieron en los portavoces/dirigentes de una protesta de okupas en la capital. Así se los transmitieron a los representantes de la Policía Nacional. Y por ello, el actual responsable de la seguridad de Madrid, Barbero, fue denunciado por la Brigada de Seguridad Ciudadana, por la Primera Unidad de Intervención, "por erigirse como organizador, participante e interlocutor entre las personas que habían ocupado un inmueble de Madrid, según consta en la documentación policial a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Esta documentación narra el "intento de ocupación de un inmueble de la calle Hermanos Alvarez Quintero, de Madrid".

Eran vísperas del día de reyes de 2015. Pasadas las 20.05 horas "se recibe comunicación del jefe de sala del 091 comunicando que un grupo de unas 200 personas se encontraba en manifestación en la calle de la Beneficencia y que al parecer pretendían ocupar un inmueble en esa zona. En previsión de incidentes se procede a situar en la zona a un subgrupo de la plaza de Alonso Martínez y otro en la de Bilbao".

A las 20.30, los agentes de la Policía constatan que se ha procedido a la entrada en el inmueble sito en la calle Hermanos Álvarez Quintero "y que en el exterior se encuentra un número importante de personas en apoyo de dicha ocupación".

La Policía, viendo la importante concentración de personas, opta por reforzar el dispositivo policial. Cuando el despliegue policial queda completo, en la zona ya se han concentrado más de 300 personas en apoyo de la ocupación. Es apenas pasadas las 20.45 cuando se dispone que los agentes despejen la calle.

En esos momento se acerca al mando policial José Javier Barbero Gutiérrez y Celia Mayer Duque, los cuales "dicen ser portavoces y se erigen como interlocutores de las personas encerradas en el interior del inmueble. Durante la intervención se puede observar que la mediación realizada por esta persona y los acuerdos alcanzados por ella son seguidos por los encerrados, demostrando con ello un papel dirigente y principal en dicha movilización", relatan los documentos policiales que obran en poder de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Dichas personas negocian con el mando policial de forma insistente, con el fin principal de ganar tiempo sin asegurar ningún resultado. Durante la negociación llegan a decir que el diputado en el Congreso de los Diputados, el señor Alberto Garzón, y la diputada de la Asamblea de Madrid Tania Sánchez se encuentran en el interior y que están en conversaciones con distintas autoridades del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid, relata la Policía.

Los agentes, a través de estos "interlocutores" hacen saber a las personas encerradas "que se va a proceder a la entrada y filiación de las personas que allí se encuentran y a la consiguiente instrucción de expediente sancionador por parte de la autoridad administrativa, en este caso la delegación del Gobierno de Madrid.

En ese momento, de nuevo, los ahora concejales, entablaron nuevamente una negociación con la Policía "con el fin de ganar tiempo. Al serle negado, ofrecen como salida al conflicto la posibilidad de abandonar el inmueble por sus propios medios si por parte de la Policía había compromiso de que no se va a identificar para sanción a ninguno de ellos".

Ante esta posibilidad de solucionar el conflicto sin necesidad de utilizar la fuerza, y "obrando ya en poder de los mandos policiales la identificación de las personas responsables de la movilización, se accede a lo solicitado, permitiendo la salida del inmueble en número de unas 150 personas y su dislocación sin mayores incidentes".

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2030 en: 03 de Mayo de 2016, 18:47:43 pm »

Hagas lo que hagas, la policía no puede mirarte el móvil


Por Eduardo Gómez Cuadrado
 

El año pasado, mientras iba caminado por la calle, me encontré con una escena cuanto menos curiosa. Junto al Congreso de los Diputados había estacionada una furgoneta de antidisturbios y un par de fornidos policías estaban apoyados sobre ella. En un momento dado una chica se les acercó sonriente y se pusieron a hablar.

Tras unos momentos de conversación, que parecía muy distendida a juzgar por las amplias sonrisas que los interlocutoras mostraban en todo momento (si, los antidisturbios también sonríen), uno de los agentes abrió la puerta de la furgoneta, rebuscó en su interior y sacó un escudo de esos transparentes que usan para esquivar piedras.

A lo mejor los actores de la escena se conocían previamente, no lo sé, pero el caso es que la chica se subió a la furgoneta, el agente le tendió el escudo, esta se sentó en uno de los asientos mientras lo sostenía frente a ella y con posado sonriente se dejó retratar por uno de los agentes con un teléfono móvil que ella previamente le había dado.

Yo, que llevaba un rato observando la escena desde cierta distancia, y previendo el curioso desenlace, decidí inmortalizar el momento police-photocall con la cámara de mi propio teléfono. Craso error.

El agente que no estaba realizando la foto me vio e inmediatamente se dirigió a mí, ya sin sonrisa, y me exigió que le entregara el móvil. Obviamente le dije que no me podía pedir eso y que no lo iba a hacer, así que me guardé el teléfono en uno de los bolsillos laterales del pantalón y lo cerré con el botón. El agente montó en cólera, raro en un UIP (léase con ironía) y me ordenó que le acompañara hasta la furgoneta, cosa que hice sin rechistar dado que el tipo me sacaba tres cabezas y su brazo era como mi pierna.

Una vez en la furgoneta y junto al otro compañero, me pidió la documentación y mientras sacaba el DNI, les dije que era abogado, lo cual me aseguraron empeoraba las cosas. Llamaron al "jefe de equipo", otro fornido policía pero que ya peinaba canas, y le explicaron lo ocurrido. El jefe de equipo me volvió a pedir que le entregara el móvil. Les volví a repetir que no. Me pidieron que al menos les mostrara la foto que había tomado. Les reiteré que no iba a sacar el móvil del bolsillo bajo ningún concepto. 

“La Constitución es de 1978 y entonces no había teléfonos móviles, es por ello que han sido los jueces los que, a través de sus resoluciones han fijado la protección de la intimidad también en el llamado ámbito virtual
 ”
El tono de la conversación iba subiendo por momentos. Me aseguraron que iban a multarme por desobediencia y que pondrían una queja en el Colegio de Abogados por mi actitud, además de prometerme todos los males del infierno (lo normal en estos casos). Les animé a ello: "tengo curiosidad por saber qué es lo que vais a contar", les dije.

En realidad la foto era de lo más inocente, curiosa sí, pero hasta entrañable si me apuran, por lo que no entendía tanto revuelo. El caso es que tras constatar que no iba a dejarles ni acercarse a mi móvil, me tomaron los datos del DNI y me dejaron marchar, no sin antes advertirme que como publicara la foto en algún sitio "iban a ir a por mi" (literal). Pues bien la foto en cuestión es esta: 
 
La Constitución española blinda la protección de la intimidad en su artículo 18, y establece la inviolabilidad del propio domicilio o de las comunicaciones si no media una resolución judicial motivada para ello. Pero la Constitución es de 1978 y entonces no había teléfonos móviles en los que uno lleva toda su vida dentro, es por ello que han sido los jueces los que, a través de sus resoluciones han fijado la protección de la intimidad también en el llamado "ámbito virtual" ya sea este ordenadores, teléfonos móviles, tabletas o cualquier otra herramienta de almacenamiento de datos, puesto que sin duda hoy en día existen dos ámbitos bien diferenciados en los que se desarrolla nuestra intimidad: uno es nuestro propio domicilio físico y el otro, el que podríamos denominar "morada virtual".

Consecuencia, entre otras cosas, de las interpretaciones que los jueces hacían de la protección de ese "ámbito virtual", en octubre del año pasado se llevó a cabo una amplia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y se procedió a regular exhaustivamente (puede que el artículo 588 de la LECrim sea el más largo de nuestra historia codificadora) cual debía ser el tratamiento de las herramientas de comunicación y almacenamiento de datos en el marco de una investigación criminal. 

En resumen, lo que dicho artículo dice es que el acceso a los contenidos de cualquier teléfono móvil o similares, por parte de los agentes de policía, ha de contar con una autorización previa por parte de un juez, puesto que el ámbito de lo íntimo sigue preservado en el momento de la detención y la injerencia en él necesita de un presupuesto habilitante como es el auto de un juez que lo autorice.

Es importante señalar que la autorización judicial para el acceso al contenido de un teléfono móvil, ha de englobar todos los datos contenidos en él. Es decir, no basta con que el juez autorice solo el acceso a la "lista de contactos", por ejemplo, pues resulta muy difícil asegurar que una vez permitido el acceso a esa "lista de contactos" los policías no van a acceder a otro tipo de datos como fotos o aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, etc.). Es por ello que el legislador otorga un tratamiento unitario a los datos contenidos en los ordenadores y teléfonos móviles, reveladores del perfil personal del investigado, configurando un derecho constitucional de nueva generación que es el derecho a la protección del propio "entorno virtual". 

También es cierto que, como cualquier derecho, no cuenta con una protección absoluta. La ley autoriza excepcionalmente el acceso directo a los datos contenidos en las herramientas de almacenamiento de datos por parte de los policías, en "casos de urgencia en los que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida. La Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de 24 horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar la razones que justificaron el acceso al contenido del móvil, las actuaciones realizadas, la forma en que se accedió al contenido y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que se accedió a los datos".

En conclusión, si alguna vez un policía os pide que le entreguéis el móvil, por el motivo que sea, debéis actuar como si os estuviera pidiendo entrar hasta la cocina de casa, y en tal sentido preguntarle: "¿tiene usted autorización judicial para ello?" o parafrasear a Def con Dos y decirle, "hagas lo que hagas, no me toques el móvil" 

Por cierto, respecto al incidente narrado al principio, he de decir que nunca me llegó ninguna multa ni nada que se le parezca. Tampoco había publicado la foto en ningún sitio, ya veremos ahora...

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2031 en: 03 de Mayo de 2016, 21:47:15 pm »
varias conclusiones sobre esta reflexión...describe un estereotipo sobre la UIP, deja claro que es abogado y "sabe un montón ", que hay que retar siempre que se pueda a la autoridad, que no tienen autoridad ninguna y que sabe como eludir la justicia, que tipo de música le gusta...eso sí la actuación correcta por su parte y con chulería claro!
Que le den una palmadita en la espalda por favor!

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2032 en: 03 de Mayo de 2016, 23:44:07 pm »
varias conclusiones sobre esta reflexión...describe un estereotipo sobre la UIP, deja claro que es abogado y "sabe un montón ", que hay que retar siempre que se pueda a la autoridad, que no tienen autoridad ninguna y que sabe como eludir la justicia, que tipo de música le gusta...eso sí la actuación correcta por su parte y con chulería claro!
Que le den una palmadita en la espalda por favor!
será abogado pero no se ha reciclado ni actualizado desde que acabo la carrera.  Es muy importante que conozcamos nuestros derechos, te invitamos a que leas esta información elaborada por Legal Sol y a que lo difundas entre tus contactos.

Cuando se considera la legalidad de hacer fotos a policías en lugares públicos, con ocasión de actos públicos y cuando están ejerciendo sus funciones entran en conflicto derechos distintos: el derecho del policía a la intimidad personal y la propia imagen y el derecho del ciudadano a la información. No hay acuerdo entre los jueces sobre cuál es el punto de equilibrio y existen sentencias opuestas al respecto.

La policía, de acuerdo con la legislación vigente, podrá intervenir la cámara o medio por el que se haya captado la imagen, es decir quitársela al ciudadano o incluso periodista, cuando tenga indicios de que las fotografías puedan ser utilizadas para la comisión de actos delictivos o que ponen en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus instalaciones. Para hacerlo, deberá levantar un acta y, posteriormente, comunicárselo al Juzgado de Instrucción y entregarle la cámara al juez. En ningún caso podría la policía borrar las fotografías.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2033 en: 04 de Mayo de 2016, 13:28:18 pm »
Otro analfabeto más de la izquierda radical que cuenta lo que entiende de lo que le escuchó decir a otro que un día leyó en wikipedia la definición de Derecho...

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2034 en: 05 de Mayo de 2016, 16:12:33 pm »

•Intervención contra la venta ambulante
Malestar en la Policía Local por la falta de respaldo de Kichi a la denuncia contra un 'youtuber'


Imágenes del vídeo tomado durante la actuación de los agentes contra un vendedor ilegal. |YOUTUBE
•Los agentes denunciaron la difusión de unas imágenes con una intervención en el barrio de La Viña


LAURA GARÓFANO
Cádiz
@lauragarofanoes

05/05/2016 09:30

José Manuel Rodríguez, un vecino de Cádiz en paro y sin ayudas, subió a sus redes sociales una actuación policial en la que tres agentes de la Policía Local realizaban una incautación de pescado a un vendedor sin licencia en la calle Rosa, en el corazón de la capital gaditana. En las imágenes se recogen las protestas del vendedor, que en plena calle del Barrio de la Viña protesta por la actuación policial y advierte que ese pescado, y lo que saque de él, es lo único que tiene para dar de comer a sus hijos.

A José Manuel Rodríguez le pasaron el video pero al intuir que podría volverse viral, lo subió a su canal de Youtube, aunque no fuera grabado por él mismo. A resultas de haberlo subido, ahora le ha llegado la notificación de la Subdelegación de Gobierno de que se le abre un expediente sancionador con multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. El motivo: la denuncia efectuada por la Policía Local de Cádiz, tanto por el alcance viral del vídeo como por los comentarios despectivos que se realizaron sobre él.

Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Cádiz se apresuró a emitir un comunicado en el que el alcalde, José María González, 'Kichi', mostró su total rechazo "a la Ley Mordaza", y negó "que la Jefatura de la Policía Local o el propio ayuntamiento esté detrás de la sanción impuesta". El alcalde explicaba que la denuncia "partió de dos de los tres agentes de la Policía Local" que actuaron en la incautación. "Están en toda su potestad de interponer si entienden que se han vulnerado sus derechos", pero mostró su "total rechazo a la Ley Mordaza así como a sus subterfugios". El Ayuntamiento ultimaba además que esta ley "no tiene cabida en el ordenamiento jurídico" y que aun más "en situaciones como la aparecida en el vídeo donde se confronta la necesidad con la aplicación de la ordenanza municipal".

Malestar en los sindicatos de la Policía Local por las declaraciones del alcalde

Las palabras del alcalde han causado profundo malestar en el sindicato CSIF de la Policía Local, que no ha dudado en mostrar su rechazo a la falta de apoyo del alcalde y el equipo de gobierno. Porque con su actuación, los agentes de la Policía Local "cumplieron con su obligación" de controlar y evitar la venta ambulante ilegal, "que no cuenta con licencia alguna, de un producto perecedero como es el pescado, que tampoco contaba con ningún tipo de garantía sanitaria". Destaca que el consumo de pescado sin ningún tipo de control sanitario "es lo más peligroso que hay, al romperse la cadena de frío, y de darse intoxicaciones, podría incurrirse un delito contra la salud pública". No entienden los motivos por los que se confronta su actuación "con asuntos de necesidad social y la aplicación de las ordenanzas municipales, que están para ser cumplidas". "Parece que lo que el alcalde y el Ayuntamiento están diciendo es que no se paguen los impuestos municipales que sí paga el resto de personas que venden productos con licencia", y que lo justifican "amparándose en una necesidad social, con ese derecho a buscarse la vida que defienden".

Para el sindicato policial, en cuanto a las alusiones a la Ley Mordaza, "entendemos que ni el alcalde ni el equipo de gobierno saben que no hay diferencia entre policía y funcionario: los policías locales tienen, como funcionarios, el mismo derecho a la intimidad de cualquier otro funcionario en su trabajo".

"El Ayuntamiento ha dicho que no ha iniciado nada y es falso"

Pero la polémica no ha acabado aquí. El Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha desmentido al alcalde en cuanto al origen de la denuncia. "La denuncia es a petición del Intendente", es decir, de la Jefatura de Policía local. "El Ayuntamiento ha dicho que no ha iniciado nada y esto es rotundamente falso", ha abundado, para subrayar que la Subdelegación de Gobierno sólo actúa cuando se recibe cuando fuerzas de seguridad del Estado o Policía Local ponen en conocimiento de la Subdelegación presuntas infracciones administrativas, para que se abra expediente si fuera preciso. La denuncia, según De Torre, tiene su origen en la Jefatura de la Policía Local, que es la que puso en conocimiento de la Subdelegación los hechos, tras la notificación de los mismos por parte de los policías actuantes. "La Subdelegación de Gobierno no ha abierto de oficio nada: lo ha hecho a petición del intendente de la Policía Local de Cádiz", ultimó el Subdelegado.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2035 en: 05 de Mayo de 2016, 16:19:42 pm »
A Kichi, como a Barbero, hay que recordarles que no son ellos los que fijan el marco jurídico por el que se rige nuestra  sociedad, sino que emana del legislativo y por lo tanto ellos, como representantes públicos, están en la obligación, como cualquier otro ciudadano, de acatar a la legalidad vigente y de ella no se pueden salir sin asumir las consecuencias de hacerlo.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2036 en: 07 de Mayo de 2016, 08:52:02 am »
Multado por colgar un vídeo de unos policías requisando pescado: "Estoy en paro y no puedo pagar"

A José Manuel Rodríguez le han aplicado la Ley Mordaza por subir a su canal de YouTube un vídeo que afirma no haber grabado y que muestra a la Policía Municipal de Cádiz incautando a un hombre sin recursos una caja de pescado

Debe hacer frente al pago de 601 euros –o 300 si lo hace antes de dos semanas– por usar "sin autorización imágenes de dos miembros de la Policía [...] poniendo en peligro su integridad física"

La abogada especializada en Derecho Penal Isabel Elbal asegura que es una sanción "desproporcionada" porque la Policía "no puede esgrimir genéricamente 'peligro para su integridad' y debe concretar"

Marta Borraz

06/05/2016 - 20:33h

José Manuel ha sido multado con la 'Ley Mordaza' por difundir un vídeo de una actuación policial

Una semana después José Manuel Rodríguez no sale de su asombro. El pasado viernes 29 de abril recibió una notificación de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz en la que le comunicaban la apertura de un procedimiento sancionador por la multa de 601 euros que el 24 de octubre de 2015 le puso la Policía Local por subir a su canal de YouTube un vídeo que afirma no haber grabado. Las imágenes muestran a los agentes incautándose de una caja de pescado a un hombre que quería venderlo y protesta por la actuación policial mientras grita que es lo único que tiene para dar de comer a su hijo.

La denuncia especifica que se ha interpuesto en aplicación de  la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana , vigente dese el pasado 1 de julio. Concretamente en su artículo 36.23, la conocida como Ley Mordaza contempla como infracción grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental de información".
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La multa contemplada es de entre 601 y 30.000 euros. El escrito determina que "el denunciado usa sin autorización imágenes de dos miembros de la Policía Local de Cádiz perfectamente identificables en las mismas [...] poniendo en peligro la integridad física de dichos funcionarios. A las imágenes acompaña el denunciado comentarios contrarios a la actuación policial, de evidente desprecio". El vídeo muestra a varias personas protestando y esgrimiendo quejas como "¡Qué vergüenza!" o "Que no se lo quiten".

"Salió en todas las televisiones"

José Manuel insiste en que él no estaba allí a pesar de que es vecino de la gaditana Calle La Rosa, donde ocurrieron los hechos, y conoce al afectado. Asegura que el vídeo lo tomó de un portal de noticias para subirlo a su canal de YouTube denominado Filmaciones Aéreas J. Molina, en el que, entre otras cosas, cuelga vídeos con vistas áreas de Cádiz. "Decidí subirlo porque es una noticia de la ciudad que afecta a un ciudadano. Es una historia, un hecho que ha sucedido, que además salió en todas las televisiones", afirma a eldiario.es. "¿Qué pasa, que si subo uno de un agente bajando a un gato de un árbol no pasaría nada?", se pregunta irónicamente.

En el momento en que recibió la comunicación, José Manuel comenzó a rastrear cuántos de estos vídeos seguían por la web. "Solo he encontrado el que publicó el Periódico El Fenicio en su canal, que me han comentado que no ha sido denunciado", afirma este gaditano de 37 años. El hombre, que tiene 15 días para presentar alegaciones, sostiene que no puede hacer frente al pago de los 601 euros ni a los 300 que debería pagar si lo hace antes de dos semanas: "Estoy desempleado y sin ayudas. No puedo llegar a fin de mes, como para afrontar el pago de una injusticia así", dice.

Sobre la Ley Mordaza, aprobada por el PP en solitario en medio de numerosas protestas y que ha supuesto que cada día la Policía multe a 30 personas por "faltas de respeto" a la autoridad, José Manuel afirma que "estamos retrocediendo 40 años, parecía que vivíamos en un país con libertad de expresión, pero lo están vulnerando". La abogada especializada en Derecho Penal Isabel Elbal califica la sanción de "arbitraria, desproporcionada e innecesaria" porque la Policía, dice, "no puede esgrimir genéricamente 'peligro para su integridad', sino que debe concretar y explicar en qué consiste y no limitarse a reproducir la literalidad del precepto que invoca".
Enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Gobierno

A José Manuel, que trabajó durante muchos años en el sector de la construcción y hasta hace poco tiempo en una empresa de desatascos, le indigna que "hasta el viernes pasado, a pesar de que los hechos ocurrieron en octubre, yo no haya sabido de la existencia de esta multa". Sostiene que le gustaría recurrirla pero "es una trampa", dice. "Hacerlo me cuesta 400 euros y si pago ahora son 300; lo que quieren es que lo afronte aceptando que estoy conforme y que he cometido el delito".

El gaditano denuncia además que está siendo "una marioneta de un juego político" en referencia al enfrentamiento que ha desatado la polémica multa entre el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por José María González, 'Kichi', y la Subdelegación del Gobierno. El consistorio ha emitido un comunicado en el que asegura que ni "la Jefatura de la Policía Local ni el Ayuntamiento están detrás de la sanción impuesta" y muestra su "total rechazo" a la Ley Mordaza.

La Subdelegación ha respondido acusando al consistorio de mentir al afirmar que la denuncia "es a petición" de la Jefatura de Policía Local. "El Ayuntamiento ha dicho que no ha iniciado nada y es falso", ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre. José Manuel sostiene que se ha sentido defraudado por la Alcaldía: "Se están peleando entre ellos en vez de prestar atención a lo realmente importante, que hay un gaditano injustamente multado".

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2037 en: 21 de Mayo de 2016, 14:56:45 pm »
Multan con 601 euros a una periodista por la 'ley Mordaza' en la Audiencia Nacional mientras cubría la declaración de Jordi Pujol

La periodista de Cataluña Radio Mercè Alcocer ha sido amonestada en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por una falta grave por desobediencia a un agente de la autoridad mientras cubría la declaración en la Audiencia Nacional del matrimonio catalán el pasado 10 de febrero.

La periodista de Cataluña Radio Mercè Alcocer ha sido multada con 601 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley Mordaza', por una falta grave por desobediencia a un agente de la autoridad mientras cubría la declaración en la Audiencia Nacional de Jordi Pujol y Marta Ferrusola el pasado 10 de febrero.

La denuncia fue formulada por la comisaría del tribunal central después de que la periodista "hiciera caso omiso en reiteradas ocasiones para que permaneciera en la zona habilitada para los medios de comunicación", según el atestado al que ha tenido acceso este periódico.

"No sé en qué momento desobedecí", apunta la periodista de Cataluña Radio

En concreto, los hechos se produjeron al concluir la declaración el matrimonio Pujol Ferrusola, cuando al salir del tribunal y dirigirse a un vehículo próximo la periodista y otros compañeros abordaron a los investigados para preguntarles por el interrogatorio en el ejercicio de su función informativa y el derecho a la información, circunstancia que motivó la intervención policial y la consecuente denuncia.

Por su parte, la periodista de Catalunya Ràdio ha expresado su "impotencia" tras conocer el expediente sancionador que le ha impuesto la Delegación del Gobierno en Madrid y ha denunciado los "excesos" contemplados en la ley de Seguridad Ciudadana. En declaraciones a Europa Press, Alcocer ha mostrado su indignación al ser expedientada cuando cubría una información sobre el caso Pujol como enviada especial ante la sede de la Audiencia Nacional (AN). Y ha negado rotundamente las acusaciones de "desobediencia a unos agentes de la autoridad": "No sé en qué momento desobedecí", ha apuntado.

La desobediencia a la autoridad es una infracción grave, según establece la nueva norma de seguridad ciudadana. La multa que ha recibido la periodista asciende a 601 euros, aunque ha confirmado su intención de recurrirla. Con el objetivo de conseguir unas declaraciones del abogado de Pujol a su entrada en la Audiencia Nacional, Alcocer cruzó "sin darse cuenta" una "línea roja imaginaria" y traspasó una zona vallada a la que, en ningún caso, los periodistas pueden acceder.

"Al decirme 'alto' me paré"

Fue entonces cuando dos agentes la "engancharon" para retirarla de ese camino y, ante esa llamada de atención policial, ella, según ha relatado a Europa Press, se dio "media vuelta". La periodista achaca su "error" al desconocimiento de que hubiera un camino específico habilitado para la prensa. Después de este incidente -al que la periodista no dio más importancia-, procedió a coger unas declaraciones del abogado en una zona permitida. Sin embargo, en el momento en el que se dispuso a cruzar la calle, los agentes no la dejaron: "Estás fichada", afirma Alcocer que alegó la Policía, tras lo que le pidieron el DNI.

Concretamente, ha lamentado los impedimentos de los profesionales de los medios de comunicación al libre ejercicio de la profesión

Una vez recibida la notificación del expediente, Alcocer se queja de "impotencia": "En la multa pone que desobedecí a la autoridad, pero al decirme 'alto' me paré", puntualiza. Y asegura que salió "disparada" para conseguir un corte de voz porque es su trabajo: "No me doy ni cuenta de que pasé la valla", añade, remachando: "Una cosa es un error, y otra es una desobediencia". La periodista ha rechazado de pleno la ley mordaza y su "excesos" al mismo tiempo que ha dicho tener la sensación de que "cada vez lo ponen todo mucho más difícil".

Concretamente, ha lamentado los impedimentos de los profesionales de los medios de comunicación al libre ejercicio de la profesión. "Una cosa es pedir y establecer colaboración para que no haya tumultos y otra cosas son las prohibiciones extremas", ha agregado. En cualquier caso, ha agradecido la reacciones de su medio de comunicación y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que han manifestado su apoyo a la trabajadora a la hora de ejercer "sus derechos de defensa" y profesionales.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2038 en: 23 de Mayo de 2016, 14:25:18 pm »

Multada por la Ley Mordaza por llevar un bolso con la cara de un gato y unas siglas


Una mujer ha sido sancionada por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B., como siglas de "all cats are beautiful" (todos los gatos son hermosos). Este acrónimo también hace referencia a la frase "all cops are bastards" (todos los policías son unos bastardos)·
 
    Jaime Rubio Hancock  - 23 MAY 2016 - 11:12 CEST
 
La usuaria de Twitter y Facebook Belén Lobeto volvía este domingo a su casa, cerca del Calderón, cuando dos policías la pararon y la sancionaron por su bolso. Como se puede ver en la fotografía que compartió tanto en Twitter como en Facebook, el bolso lucía las siglas A.C.A.B., con el mensaje "all cats are beautiful" (todos los gatos son hermosos).

El tuit en el que Lobeto muestra tanto la prenda como la denuncia se había compartido 10.000 veces a la hora de publicar este artículo y ha estado en la portada del agregador de noticias Menéame.



Este acrónimo no suele gustar a la policía. Se usa a menudo para referirse a la frase "all cops are bastards" (todos los policías son unos bastardos). Aunque esta frase se conoce desde los años 20 y el uso de las siglas está documentado desde los años 70, son especialmente conocidas tras la canción de 1980 de la banda de punk británica 4 Skins.

En su publicación de Facebook, Lobeto explica con más detalle lo ocurrido.


Lobeto Von Katzen ha añadido 2 fotos nuevas — me siento en shock.

18 h · Madrid ·

..
Vivo al lado del Calderón y hoy se juega la final de la copa del rey. Entre el dispositivo policial para la ocasión debe de haber muy poco que hacer, porque pasando tranquilamente hacia mi casa, de repente dos agentes de la ley y el orden echan a correr detrás de mi para pedirme la documentación e informarme de que van a proceder a sancionarme por llevar este bolso. Les pido explicaciones y les digo que dudo mucho que esté llamando la atención ni cometiendo ningún delito, a lo que me remiten a dar explicaciones al señor juez. Me dan la notificación, que por supuesto no firmé, y veo que el motivo de la sanción es algo que mi bolso no pone por ningún lado, y cuando les digo que eso que pone ahí ES MENTIRA y que como puedo demostrarlo ante el juez, me vuelven a remitir a mi delegación de gobierno, dándome como unica explicación que ellos lo que están sancionando son las siglas y que eso si lo pone mi bolso. Intento dialogar tranquilamente con ellos para hacerles entrar en razón, pero para variar, es imposible y me tengo que callar si no quiero que me emplumen más. También les digo que hay muchas cosas más importantes de las que ocuparse. Puto asco de país. Pues si, ALL CATS ARE BEAUTIFUL. Y el que diga lo contrario, miente.

https://www.facebook.com/lobeto.vonkatzen/posts/1148473328498707

Los agentes han propuesto una sanción por una infracción que recoge la ley y ahora la Delegación del Gobierno tendrá que valorar si está sanción procede o no. Lobeto tendrá derecho a recurrirla ante la autoridad judicial, según explican a Verne fuentes policiales, que ni confirman ni desmienten esta sanción en concreto.

Según la fotografía de la denuncia, se trata de una infracción del apartado 4 del artículo 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana”, más conocida como Ley Mordaza, y viene impuesta por la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocida como antidisturbios). Este artículo se refiere a "faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal". Para estas infracciones están previstas multas de entre 100 y 600 euros.

"El bolso me lo regaló una amiga y me gustó el gato"

"Me pareció sorprendente -explica Lobeto a Verne vía Facebook-, teniendo en cuenta la de gente que había con motivo del partido, y que yo estaba yendo tranquilamente hacia mi casa. No estaba llamando la atención ni nada por el estilo, y cuando estaba a punto de doblar la esquina, dos agentes corrieron hacia mi para pedirme la documentación y retenerme mientras me registraban. Les pregunté cual era el problema porque y fue cuando me dijeron que procedían a denunciarme por el bolso, a lo cual no podía dar crédito".

En cuanto a si alguna vez se había planteado esta posibilidad dada la doble lectura de las siglas, Lobeto es tajante: "La verdad es que no. Si pienso que algo me puede traer problemas, no lo hago, no voy provocando ni buscando problemas, el bolso me lo regaló una amiga y me gustó el gato y por eso me lo ponía".

La denuncia también ha llegado a la página de Facebook Policias.es, que no está afiliada de ningún modo con ningún cuerpo de la policía, aunque al menos uno de sus administradores afirma formar parte de ellos. En una actualización, se anima a dejar "un comentario a la lista esta. No seáis muy crueles, o bueno, sí, que ahora está muy de moda eso de la libertad de expresión a cualquier precio".

Fuentes policiales nos apuntan que no hay mucho que se pueda hacer al respecto de un perfil con ese nombre: aunque esta persona diga ser policía, no está ejerciendo como tal, y tampoco está especificando a qué cuerpo pertenece. Además, agregan que los contenidos de la página son muy amplios.

No se trataría de la primera sanción por la aplicación de esta ley. Este viernes una periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Alcocer, fue sancionada con una multa de 601 euros por "desobediencia a agentes de la autoridad". El pasado 20 de febrero y durante la cobertura informativa de la declaración de Jordi Pujol, en la Audiencia Nacional, Alcocer se saltó la zona acotada para la prensa para hacerle una pregunta al expresidente.

En abril, un periodista de la revista vasca Argia fue también multado con 601 euros por colgar en su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial. En la sanción se especifica que publicó la imagen “sin autorización” y que se puede identificar a los agentes.

Ya el año pasado, un cerrajero fue denunciado por "realizar comentarios faltando al respeto y consideración al colectivo de la Policía Local de Pizarra a través de las redes sociales", tras quejarse en Facebook de que nadie respondió a una llamada que hizo después de encontrarse con que un coche bloqueaba la salida de su garaje.

Tampoco es algo exclusivo de España: en 2011 tres seguidores del Ajax de Ámsterdam fueron multados con 330 euros por llevar camisetas con los números 1312. Se trata de una referencia a la primera letra del alfabeto (A), la tercera (C), la primera otra vez (A) y la segunda (B). Los amantes de los gatos lo tienen cada vez más difícil para hacer llegar sus mensajes.


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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2039 en: 23 de Mayo de 2016, 14:28:06 pm »
Pues para odiar a los gatos, curioso es esto en su facebook:

" MALASAÑA. Gatina perdida por Madrid centro, ayer nos dijeron que podían haberla visto en los tejados de la plaza del 2 de mayo. Si pasáis cerca andad con los ojos bien abiertos please! 679476086/696563647 "

https://www.facebook.com/lobeto.vonkatzen?fref=ts



Pero en fin... que si hay que creerselo, pues me lo creo, como no !!!

 .ca;
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