Autor Tema: La ley 4/2015 y su aplicación  (Leído 259575 veces)

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2500 en: 15 de Mayo de 2022, 08:50:00 am »

El Gobierno asume que la crisis con ERC deja en el aire las leyes de vivienda, memoria y seguridad ciudadana


El PSOE da por hecho que la agenda de estas normas prioritarias para la coalición se retrasará en el Congreso al menos hasta después del verano por el escándalo del espionaje

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2501 en: 15 de Mayo de 2022, 16:59:04 pm »
ERC no es un partido de Estado, no se puede confiar en ellos para la gobernabilidad de España porque sus intereses son otros y están muy alejados de la Carrera de San Jerónimo, para ellos el Congreso de los Diputados es un medio para obtener beneficios para su proyecto político en Cataluña, única y exclusivamente. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2502 en: 06 de Junio de 2022, 18:09:36 pm »

Más de un tercio de las sanciones por la 'ley mordaza' fueron por desobediencia y faltas de respeto a policías


En los cinco primeros años de la aplicación de la ley, las sanciones por estos dos motivos ascendieron a 397.083 de un total de 1.155.727 multas interpuestas al calor de la norma. Organizaciones sociales y el Consejo de Europa han instado a derogar ambos preceptos al entender que "permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

 
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Imagen de archivo de una manifestación contra la 'ley mordaza' en Madrid. — Sergio Pérez / Reuters
Imagen de archivo de una manifestación contra la 'ley mordaza' en Madrid. — Sergio Pérez / Reuters

MADRID, 05/06/2022 21:07 ACTUALIZADO: 06/06/2022 07:15 PILAR ARAQUE CONDE
Más de un tercio de las sanciones interpuestas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, desde su entrada en vigor el 1 julio de 2015 hasta 2020 (la última cifra disponible) fueron por resistencia o desobediencia a los agentes de policía (artículo 36.6) y faltas de respeto o consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad (artículo 37.4).

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Según los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, que no incluyen los datos de los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, desde la puesta en marcha de la polémica norma aprobada con el único apoyo del PP se ha impuesto un elevado número de sanciones por estos dos motivos, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas.


En los cinco primeros años de la aplicación de la ley, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad ascendieron a 397.083 de un total de 1.155.727 multas interpuestas al calor de la norma. Cabe destacar que su modificación sigue siendo todavía una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a poner coto a estos dos artículos, entre otros puntos, según han señalado a este medio varias fuentes cercanas al diálogo iniciado en el seno de la ponencia de la Comisión de Interior.

Las negociaciones de la 'ley mordaza' chocan con las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial
Las negociaciones de la 'ley mordaza' chocan con las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial
El consumo de drogas en la vía pública fue el motivo de infracción más habitual a excepción de 2020, cuando las sanciones por desobediencia se multiplicaron por 20, pasando de 12.645 sanciones a 243.001 con respecto al año anterior, por el estado de alarma decretado tras la irrupción de la covid-19. En este sentido, las multas durante este periodo han quedado sin efecto por la declaración de inconstitucionalidad de esta medida excepcional. No en vano, la cifra total de las infracciones por este motivo es de 298.497.

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En cuanto a las interpuestas por faltas de respeto o consideración a policías, el número total de sanciones desde 2015 a 2020 ascendió hasta 98.586 por un importe de 12.115.337 euros, siendo este otro de los motivos más empleados bajo el amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), en su resumen anual sobre el estado de la libertad de prensa en España publicado el pasado 3 de mayo, volvió a poner el acento en estos dos preceptos de la ley "al tratarse de los aplicados con mayor frecuencia contra periodistas (sobre todo fotógrafos) con un claro impacto negativo en la libertad de prensa".

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Así se usan en España los tribunales para amedrentar a los periodistas
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Coincidiendo con los trabajos para la modificación de la ley en la Cámara Baja, el pasado 13 de febrero, más de cien colectivos sociales reclamaron en una veintena de ciudades del Estado español la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada", ya que las propuestas presentadas por el Gobierno no contemplan la derogación de sendos artículos, entre otros "elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza", tal como aseguró la plataforma que aglutina estas entidades en un comunicado.

Asimismo, sobre estos dos apartados, entre otros, hizo referencia la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en una misiva enviada a primeros de febrero al Congreso y al Senado. En dicha carta lamentaba la actual tramitación de la reforma en la Cámara Baja porque "no aborda plenamente las preocupaciones" expresadas en 2018 sobre "la amplia e imprecisa redacción de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

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Antes, con el fin del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno en octubre de 2020, que se prolongó hasta junio del pasado año, Amnistía Internacional denunció que algunas de las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de la salud "vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía", poniendo nuevamente sobre la mesa la "urgencia" de reformar la norma al ser "utilizada como base legal para la mayor parte de las sanciones" durante este periodo excepcional.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2503 en: 08 de Junio de 2022, 20:57:48 pm »


Las negociaciones de la 'ley mordaza' chocan con las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial


La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo todavía una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes, lo que complica la previsión de que el texto esté aprobado en la Comisión de Interior antes del verano.

 
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Manifestación contra la reforma "maquillada" de la 'ley mordaza' ante la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia. — Marcial Guillén / EFE
Manifestación contra la reforma "maquillada" de la 'ley mordaza' ante la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia. — Marcial Guillén / EFE

MADRID, 05/06/2022 21:06 ACTUALIZADO: 06/06/2022 07:49 PILAR ARAQUE CONDE
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, sigue siendo todavía una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial, según han informado a este medio varias fuentes de la negociación, lo que podría retrasar la previsión de que el texto definitivo reciba luz verde en la Comisión de Interior antes de que finalice este periodo de sesiones, en junio.

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La norma, aprobada con el único apoyo del PP en marzo de 2015 y duramente criticada por organizaciones sociales y organismos internacionales, está pendiente de enmendarse (incluso derogarse) desde hace cuatro años a propuesta del PNV, que lo ha intentado hasta en tres ocasiones, pero las sucesivas repeticiones electorales han retrasado esta meta.

En esta legislatura, los trabajos en esta dirección han funcionado al ralentí a lo largo de los últimos 17 meses después de que una amplia mayoría diera luz verde a finales de septiembre de 2020 a tramitar nuevamente la iniciativa del grupo jeltzale. Y es que, tras dormir en el sueño de los justos durante poco más de un año ante la continua ampliación del plazo de enmiendas parciales, la norma se encuentra de nuevo encallada en el seno de la ponencia (encargada de elaborar un dictamen).

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Los dos primeros encuentros celebrados en enero y febrero entre los ponentes designados por los grupos finalizaron con la revisión de una treintena de artículos, esto es, gran parte de la reforma, dejando para una sesión definitiva la discusión de los puntos donde existe mayor fricción entre la propuesta de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios.

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No obstante, las formaciones favorables a la reforma de la ley (PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts) —las derechas se oponen frontalmente a modificarla— decidieron posponer esa última reunión prevista el pasado 1 de marzo para precisamente encontrar un mayor consenso antes de retomar este debate definitivo, que después tendrá que ser ratificado en la comisión y más tarde en el Pleno.

Los principales escollos
Tras varias reuniones, fuentes de la negociación señalan que se han constatado "avances en artículos salteados" relacionados con la organización de las manifestaciones, el derecho de manifestación y la responsabilidad de los convocantes en caso de que haya altercados, aunque sigue habiendo discrepancias en la redacción de estos preceptos, tal como añaden fuentes de ERC, EH Bildu y Junts.

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En este sentido, y especialmente en lo relativo a las repercusiones que puedan recaer sobre los organizadores de manifestaciones cuyos eventos se vean alterados, estas fuerzas critican que los socialistas rechazan incluir en la reforma un "cambio conceptual" con respecto al texto vigente impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de que se habían acercado posturas en la línea de lo propuesto conjuntamente por los partidos del Gobierno, esto es, exonerar de responsabilidad a los organizadores en los casos en los que no se produzcan hechos violentos, "hay tendencia a mantener una objetivación de la responsabilidad, es decir, atribuirla de forma automática a los responsables de manifestaciones", señalan estas fuentes.

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Asimismo, desde estos grupos cuestionan las reticencias del PSOE a derogar las disposiciones que regulan las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse (Artículo 36.6), además del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías (Artículo 37.4), dos de los motivos principales que se esconden detrás del elevado número de sanciones interpuestas desde la aprobación de la ley hace siete años, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas.

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A estos últimos tres apartados, entre otros, hizo referencia la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en una misiva enviada a primeros de febrero al Congreso y al Senado. En dicha carta lamentaba la actual tramitación de la reforma en la Cámara Baja porque "no aborda plenamente las preocupaciones" expresadas en 2018 sobre "la amplia e imprecisa redacción de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

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También, estos grupos insisten en la prohibición del material antidisturbios, más concretamente el uso de las pelotas de goma (en Catalunya fueron sustituidas por proyectiles de foam), mientras que el PSOE aboga por su utilización bajo un protocolo que lo regule. Y algo similar ocurre con la presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores (no penales), ya que los socialistas solo se abren a matizarlo "siempre que resulte coherente, lógica y razonable".

Estas reticencias a acometer dichos cambios chocan con las aspiraciones de estas formaciones, que ya tildaron de "insuficiente" y "maquillaje" las propuestas planteadas por el Gobierno a esta reforma a través de las enmiendas presentadas por los grupos de la coalición, y complican su aprobación toda vez que los de Pedro Sánchez insisten en la "necesidad de tramitar ya" la reforma, según fuentes de este grupo.

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Desde el PNV reconocen que la andadura de la norma en la Cámara Baja "no está siendo sencilla". Por su parte, Unidas Podemos sigue confiando en que en las próximas reuniones (la siguiente está prevista para este martes 7 de junio) "se pueda alcanzar un grado de acuerdo suficiente para que se logren solventar los escollos que han surgido y los puntos que queden por tratar".

La propuesta del Gobierno no gusta ni a unos ni a otros
Esta propuesta de reforma, en los términos en los que está planteada por los partidos que sostienen el Gobierno, ha sido objeto de controversia también fuera del Congreso. Primero fueron los sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles que, aupadas por los partidos de la derecha y ultraderecha mentiras y medias verdades mediante, salieron a la calle para protestar contra las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos por "imponer" una "reforma grillete".

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Por otro lado, coincidiendo con los trabajos de la ponencia, el pasado 13 de febrero, más de cien colectivos sociales reclamaron en una veintena de ciudades del Estado español la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada", ya que "el acuerdo de Gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza", tal como aseguró la plataforma que aglutina estas entidades en un comunicado.

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Asimismo, cabe destacar que el estallido del caso Pegasus tampoco ha pasado desapercibido en lo relativo a las negociaciones sobre esta norma, pues ERC motivó la suspensión de una de las reuniones convocadas en el seno del grupo de trabajo, según avanzó El País y reconocen a Público fuentes cercanas al diálogo emprendido entre los partidos favorables a la aprobación de la reforma.

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Transcurridas varias semanas, y toda vez que los republicanos bajaron el diapasón (aunque las relaciones con el Gobierno siguen estando en la cuerda floja), la responsable de ERC en esta materia, Maria Carvalho Dantas, volvió a asistir al siguiente encuentro convocado el pasado 12 de mayo, "lo que refleja que la situación no era irresoluble", afirman esta fuentes, que acusan a los republicanos de "no ceder" en las negociaciones sobre la ley mordaza por cuestiones "ajenas al contenido", en referencia al caso Pegasus. Por su parte, desde ERC alegan que, a la espera de que se solucione esta crisis abierta con el Ejecutivo, "seguirán sentados en la mesa" para tratar de avanzar en dicha norma, así como en otras iniciativas legislativas para las que sus votos serán relevantes.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2504 en: 08 de Junio de 2022, 21:00:20 pm »
A Marlaska le han tomado la medida los sindicatos  asociaciones policiales.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2505 en: 09 de Junio de 2022, 03:32:51 am »
A Marlaska le han tomado la medida los sindicatos  asociaciones policiales.

Más bien no es normal lo que piden los otros partidos.

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2507 en: 14 de Junio de 2022, 11:55:44 am »
Fácil, uno, no le contestes al policía que te requiere para que te retires del lugar, dos, identifícate a la primera. . . sino lo lo haces así, pues sanción, no hay más. . .

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Re: La ley 4/2015 y su aplicación
« Respuesta #2509 en: 23 de Junio de 2022, 07:55:46 am »

Organizaciones internacionales exigen reformar la 'ley mordaza' tras la multa al periodista Javier Bauluz


El premio Pulitzer fue interrumpido por dos policías en 2020 durante el ejercicio de su trabajo para documentar la llegada de personas migrantes y refugiadas a Gran Canaria. El encontronazo terminó con una sanción de casi 1.000 euros.

 


MADRID, 22/06/2022 15:19 ACTUALIZADO: 22/06/2022 15:30 ADHIK ARRILUCEA
Varias plataformas europeas en defensa de la libertad de expresión exigen a España en un comunicado conjunto reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza ante la multa de casi 1.000 euros impuesta al fotoperiodista y primer premio Pullitzer español, Javier Bauluz.

Bauluz se trasladó en diciembre de 2020 al campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde llegaron a hacinarse hasta 2.500 personas migrantes y refugiadas. El periodista iba a documentar la llegada de un bote de rescate, cuando dos policías se le acercaron. Los agentes le multaron por "negarse a identificarse" y "faltar el respeto" a uno de ellos. Un año y medio más tarde, la sanción asciende a 960 euros.

Los delitos se corresponden, respectivamente, con el artículo 36.6 (relativo a las infracciones graves) y al 37.4 (infracciones leves) de la ley mordaza. La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) lamenta que son estos dos cargos los que más se aplican contra los periodistas.

Javier Bauluz: "Si a la 'ley mordaza' le basta con el testimonio de un policía, ¿la Justicia dónde está?"
Me aplican #LeyMordaza sin derecho a juez, testigos, pruebas


"La multa representa otro ejemplo de la necesidad del Gobierno español de reformar urgentemente los elementos más problemáticos de la ley de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos para proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa", denuncian las organizaciones.

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El Parlamento español comenzó el debate sobre la reforma de la ley en diciembre de 2020, pero por ahora no se ha alcanzado "ningún resultado tangible", lamentan las plataformas en el comunicado. También recuerdan que la aprobación de una nueva norma forma parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

El documento lo firman la PLI; el Instituto Internacional de Prensa; ARTÍCULO 19 Europa; el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios; la Federación Europea de Periodistas; la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España); Prensa gratuita ilimitada y OBC Transeuropa.