Autor Tema: La calle 30  (Leído 31001 veces)

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Re:La calle 30
« Respuesta #280 en: 01 de Julio de 2016, 15:59:02 pm »

Operación Calderón›

Carmena renuncia a soterrar la M-30 a su paso por el Calderón
 
Una cubierta sustituirá al túnel de la autovía en un proyecto que reduce la edificabilidad y aumenta las zonas verdes

 Madrid    -    1 JUL 2016 - 13:47 CEST    

El nuevo proyecto de la Operación Calderón aboga por no soterrar la M-30. En lugar de continuar el túnel que discurre por los márgenes del río Manzanares, la autovía será cubierta. Para ello se aprovechará una estructura ya existente: la grada del estadio del Atlético de Madrid. La actuación costará entre 50 y 60 millones de euros y será asumida al completo por el Ayuntamiento, algo que han criticado Ciudadanos y PP.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha sostenido este viernes, en la presentación del nuevo diseño, que cubrir la vía es “mucho más sostenible”, pero también más económico que el soterramiento. El diseño presentado también contempla una reducción de la edificabilidad y de las alturas de las construcciones. Las zonas verdes y la cesión de terreno al Ayuntamiento, sin embargo, aumentan respecto al plan anterior, el de 2014. Ahora, los promotores tendrán que desarrollar la documentación técnica. El Ayuntamiento espera que en octubre ya se pueda realizar una aprobación inicial del proyecto, una vez que haya superado el correspondiente periodo de información pública.

“Se han valorado cuestiones técnicas y medioambientales, aunque también económicas [para cubrir el último tramo de la M-30]”, ha explicado Calvo durante la presentación del nuevo diseño. Ha estado flanqueado por la alcaldesa, Manuela Carmena; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y Paloma Boceta, directiva de Mahou. “Es mucho más sostenible cubrir, y más teniendo en cuenta que hay una estructura preexistente perfectamente válida que se puede seguir utilizando”. El titular de Urbanismo ha narrado que para decantarse por cubrir la autovía se han tenido en cuenta el medioambiente y el transporte. “Necesitamos soluciones blandas, (y estas) pasan por cubrir, lo que genera un menor impacto en el territorio. Si fuese estrictamente necesario soterrar, apostaríamos por ello”. En una valoración inicial, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha señalado que el nuevo proyecto es “positivo” porque “va por el buen camino”.

Sin embargo, Causapié ha admitido albergar “algunas incógnitas” que deberán de ser analizadas por su grupo. “¿Cuánto le cuesta al Ayuntamiento este proyecto?”, se ha preguntado. Más críticos han sido los representantes de Ciudadanos y PP. Bosco Labrado, de la formación naranja, ha admitido tener “dudas” en el aspecto económico y, sobre todo, con que se cubra la M-30, lo que le parece “una barbaridad”. “No sabemos muy bien qué encaje va a tener esta cubierta que van a pagar todos los madrileños”. Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP, ha reprochado que no se mantenga el soterramiento de la M-30 (un proyecto que inició el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, de su partido) y que se sustituya por “una solución técnica más barata”. “Creemos que el soterramiento debería continuar para favorecer ese parque lineal (Madrid Río) que es un orgullo y un emblema para la ciudad”.

Menor edificabilidad

El nuevo proyecto anunciado este viernes (el acuerdo iba a anunciarse el 22 de junio, pero el PP denunció el acto ante la Junta Electoral y esta lo suspendió) reduce la edificabilidad del ámbito, una de las cuestiones que más críticas había suscitado. De los 175.000 metros cuadrados que preveía el plan anterior se pasan a los 147.000 (un 16,15% menos), de los cuales 129.000 serán para la construcción de viviendas. El Ayuntamiento no desea monetizar el 10% del terreno que le corresponde por ley, por lo que con el nuevo diseño recibirá una mayor cesión de edificabilidad (13.000 metros cuadrados) que destinará, principalmente, a la construcción de vivienda protegida.

 

 
Propuesta de Ordenación.  ampliar foto
Propuesta de Ordenación. /Ayuntamiento de Madrid



Con el nuevo diseño también se incrementan las zonas verdes: desde los 54.600 metros cuadrados que preveía el plan parcial de 2014 a los 79.900 que tendrá con el nuevo. Además, se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para ampliar el colegio Tomás Bretón y el instituto Gran Capitán. Queda, sin embargo, por despejar una variante: el número de viviendas que se van a construir y que en el plan anterior superaba las 2.000. Para el concejal de Urbanismo, la cifra se conocerá cuando se desarrolle el proyecto y dependerá de los promotores.





Calvo también ha subrayado que la parcela de dotación municipal se definirá “con la participación de los vecinos” del distrito de Arganzuela, y que se podría convertir en un centro de día para personas mayores. “Estamos ante un nuevo modelo de hacer ciudad”, ha destacado. En ese nuevo planteamiento, que el PP considera “legítimo”, cambia la altura de los edificios construidos. El plan anterior proyectaba dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de siete a 22 plantas. Ahora, esas alturas se rebajan a entre ocho y diez plantas, tal y como ha sido consensuado con los propietarios de los terrenos: Mahou y Atlético de Madrid. Ambas entidades iniciaron en 2008 un proyecto para urbanizar la zona cercana al Vicente Calderón, donde la empresa cervecera tiene un solar, que será donde se levantarán el grueso de las viviendas. Con el dinero de la operación, el Atlético plantea mudarse al Estadio La Peineta, de titularidad municipal. Pero ese asunto, asegura el presidente del club, Enrique Cerezo, aún no se ha resuelto.

 


Ocho años de vicisitudes


El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) convenció al Atlético de Madrid en 2008 para que se mudara a La Peineta. Firmó un convenio con el club, que se comprometió a comprar la parcela (en el distrito de San Blas) y a construir un nuevo estadio en ella (con un presupuesto de 195 millones). Para pagarlo, el club se alió con Mahou y firmó en 2010 un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se encargaría de hacer La Peineta. A cambio, se quedaba con el terreno del Vicente Calderón y la antigua fábrica de cerveza para levantar allí unas 2.000 viviendas.

Con el dinero aportado por las ventas de las casas, sufragaría La Peineta y costearía parte del soterramiento del último tramo de la M-30 (170 millones en total, de los que el Ayuntamiento pagaría el 43%). En febrero, sin embargo, el Atlético recuperó la obra del nuevo estadio. FCC abandonó la operación (sin indemnización) porque no le resultaba beneficiosa.

De forma paralela, Gallardón aprobó en 2009 un plan urbanístico para construir las viviendas. Logró la aprobación de la Comunidad (PP), pero fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que lo invalidó al incumplir el límite de tres alturas. El Gobierno regional cambió entonces la Ley del Suelo para eliminar la limitación, y el Ayuntamiento, ya en manos de Ana Botella (PP), aprobó en 2014 otro plan urbanístico. El proyecto volvió a ser invalidado por el TSJM.

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Re:La calle 30
« Respuesta #281 en: 22 de Noviembre de 2016, 07:45:39 am »
El Ayuntamiento abre seis expedientes a Madrid Calle 30 por malversar 22 millones
Gonzalo Arroyo.

La empresa que gestiona los túneles de la carretera de circunvalación podría haber incumplido obligaciones contractuales en materia de mantenimiento

    MARTA BELVERMadrid

21/11/2016 15:25

El Ayuntamiento de la capital ha impulsado la apertura de seis expedientes de penalidades a Madrid Calle 30, la empresa mixta encargada del mantenimiento de los túneles de la carretera de circunvalación, por malvesar 22 millones de euros municipales. El Consejo de Administración de la compañía aprobó el viernes pasado con el voto en contra del PP y la abastención de Ciudadanos la investigación del presunto incumplimiento de una serie de obligaciones constractuales en materia de conservación de la infraestructura 10 años después de su construcción.

Según ha detallado este lunes el delegado de Economía y Hacienda del Consistorio, Carlos Sánchez Mato, entre las irregularidades detectadas se encuentra la supuesta colocación y conservación del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, por el que se pagaron 2,3 millones de euros de las arcas locales, y que aún no ha sido instalado. También ha destacado las carencias en el sistema de protección contra incendios en los cuartos técnicos del 'bypass', "evidenciadas en los informes de Bomberos y la Policía a raíz del accidente de 2012 en el que fallecieron dos trabajadores".

Otras razones que han propiciado la apertura de estos expedientes sancionadores, que podrían acarrear multas de hasta 750.000 euros, han sido la inexistencia del número de operarios previstos para la atención de incidencias y emergencias, la falta de mejora de las comunicaciones para la gestión del tráfico y la ausencia de una red wifi para permitir los contactos con el centro de control en los puntos donde la señal telefónica es deficiente.

"El Ayuntamiento hace su parte, que es pagar religiosamente una cantidad absolutamente elevada de dinero. Lo que tenemos que garantizar es que esas dotaciones económicas vayan acompañadas de la adecuada prestación del servicio por parte del concesionario", ha asegurado el edil.
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Madrid Calle 30 está participada desde 2005 por el Consistorio, que tiene un 80% del capital, mientras el 20% restante corresponde a un socio privado, Emsa, participado a su vez por Ferrovial, Dragados y API. El Gobierno de Manuela Carmena está revisando su modelo de gestión que, asegura, ha costado 554 millones de euros a los presupuestos municipales hasta 2015.

En el Área de Economía y Hacienda apuntan que la dirección de la sociedad mixta "ha sido incluso cuestionada por la propia Cámara de Cuentas" y califican esta situación de "gravosa e irresponsable". Sus cálculos son que si se mantiene así hasta 2040, fecha en la que concluye la adjudicación, el desembolso de las arcas públicas rondaría 2.550 millones de euros.

Tras la incoación de los expedientes, Emsa podrá realizar ahora las alegaciones que estime oportunas al respecto.

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Re:La calle 30
« Respuesta #282 en: 28 de Noviembre de 2016, 16:51:35 pm »
tiene acceso a ellas y con qué fin se han realizado

El PP y C's denunciarán al concejal por sus grabaciones

SEGUIRIGNACIO S. CALLEJA
21/11/2016 12:53h - Actualizado: 21/11/2016 20:13h
Las portavoces del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre y Begoña Villacís, han avanzado esta mañana que denunciarán al edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por grabar sin consentimiento las reuniones del consejo de administración de Madrid Calle 30. En ambos consideran que debe explicarse quién custodia esas grabaciones, quién tiene acceso a ellas y con qué fin se han realiza

Aguirre, que ha explicado que desde el grupo popular estudian la ilegalidad de esta práctica, ha declarado que si se confirma «lo llevarán a los tribunales sin ninguna duda». El edil popular José Luis Martínez Almeida ha reforzado el anuncio de su portavoz y, como abogado del Estado, ha explicado que uno de las premisas fundamentales de estas reuniones es «salvaguardar la confidencialidad de lo dicho por los consejeros». «Parece una violación clara», ha dicho Martínez Almeida.
COMENTARIOS

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El grupo municipal popular, que formulará una pregunta en el Pleno de la próxima semana, ha exigido que se preserve la garantía de la custodia de las grabaciones, el acceso a estas y su objetivo. Como ha publicado ABC, el edil de Economía y Hacienda grabó la última reunión del consejo de Calle 30 sin el consentimiento de los miembros de este órgano directivo. En el encuentro estuvieron representantes del PP y Ciudadanos, de la cobstructora Ferrovial y de Iridium, una filial de ACS.
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Villacís, por su parte, ha señalado que «eso no es transparencia» y es un «juego muy peligroso». La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que su grupo denunciará a Sánchez Mato ante la Agencia de Protección de Datos con varios argumentos: dónde están los consentimientos de los consejeros, el fichero de las grabaciones y si este está inscrito como requiere la ley. Begoña Villacís ha recordado que estas prácticas, de confirmarse la ilegalidad, suponen una sanción de entre 300.000 y 600.000 euros que «pagarán los madrileños».

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Re:La calle 30
« Respuesta #283 en: 28 de Noviembre de 2016, 16:52:37 pm »
Que estudien, que estudien..Ya verán que las grabaciones en las que somos participes son perfectamente legales.

Lucaspoli

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Re:La calle 30
« Respuesta #284 en: 28 de Noviembre de 2016, 18:39:49 pm »
De todas maneras que salgan a la luz, porque es de amagar y no dar.........



Un saludo

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Re:La calle 30
« Respuesta #285 en: 05 de Enero de 2017, 06:35:23 am »
La Cámara de Cuentas denuncia la gestión "claramente lesiva" de Gallardón en la M-30


•La creación de una sociedad pública-privada para la conservación de los túneles genera "elevados gastos" para Ayuntamiento de Madrid

•Apertura de seis expedientes por la presunta malversación de 22 millones


MARTA BELVER

03/01/2017 12:57

La Cámara de Cuentas pone en entredicho la gestión de Madrid Calle 30, la empresa público-privada que se encarga desde 2004 de la conservación de los túneles de la carretera de circunvalación. Según un informe del organismo fiscalizador ratificado por su consejo de administración, la fórmula elegida para esta compañía mixta creada en tiempos del alcalde 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón es "claramente lesiva para las arcas municipales".

Así consta en un comunicado difundido este martes por el Ayuntamiento de la capital, en el que se explica que, "para mantener la rentabilidad del socio privado y el correspondiente reparto de dividendos, la sociedad debe soportar unos gastos derivados de los impuestos que debe asumir". "Estos impuestos no se corresponden con el importe destinado realmente a la explotación y mantenimiento de la vía, sino como resultado del modelo económico-financiero", apuntan desde el Área de Economía y Hacienda.

Tras la ratificación del informe preliminar del pasado mes de marzo, la Cámara de Cuentas ha verificado las conclusiones y recomendaciones más importantes sobre Madrid Calle 30 difundidas inicialmente. El Gobierno de Manuela Carmena tendrá en cuenta el contenido del informe en la comisión de investigación sobre este particular en concreto que previsiblemente se creará en el Pleno municipal de este mes, después de que la Justicia tumbara el organismo creado para fiscalizar toda la gestión municipal entre 2003 y 2015.


La compañía que gestiona los túneles de la M-30 está participada por el Ayuntamiento -que tiene el 80% del capital- y por el socio privado Emesa -que cuenta con el 20% restante-, formado por Ferrovial Servicios S.A., Dragados S.A. y API Conservación S.A. Tras la concesión a finales de 2004, quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta 2040.

"Una de las conclusiones más sustanciales del informe de la Cámara de Cuentas señala que la transformación de una empresa local en mixta (que implica un cambio de modelo de gestión directa a indirecta) debe fundamentarse en una memoria comprensiva. Y dicha memoria debe incluir estudios técnicos, jurídicos y financieros, que no constan entre la documentación facilitada y analizada en el expediente", explican en el Consistorio de la capital.

De este cambio de modelo de gestión, señalan en el Área de Economía y Hacienda, "derivan los elevados gastos que el Ayuntamiento de Madrid debe asumir mientras se mantenga el vigente". Desde la constitución de la empresa hasta la actualidad, calculan que su importe asciende a 554 millones de euros.

Asimismo, el organismo fiscalizador señala que en el diseño de la prestación de los servicios el equipo de Gallardón "no trasladó riesgos a la sociedad mixta". "Así, el riesgo de construcción se trasladó al contratista final de las obras, mientras que el riesgo de disponibilidad de la remuneración es muy limitado debido a que el modelo económico se basa en garantizar unos ingresos que cubran todos los costes y que permitan obtener unos beneficios suficientes para distribuir dividendos, que aseguren la rentabilidad de los servicios del socio", argumenta.

Además, la Cámara de Cuentas indica en el dictamen que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 "no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad que el socio privado debe obtener del contrato".

Tal y como explican en el Gobierno local, el Consistorio destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), "de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura". "El resto, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento, se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades. Una gran parte de estos gastos podría eliminarse si se optara por otro modelo de gestión más eficiente", aseguran.

Otra de las resoluciones resalta una discrepancia importante respecto a quién debe costear el suministro eléctrico del funcionamiento de los túneles de la autopista municipal. "Según el pliego de cláusulas administrativas, debería asumirlo exclusivamente el socio privado, pero según el pliego de condiciones técnicas quien debe abonar el pago es la empresa mixta. Hasta la fecha ha sido Madrid Calle 30 quién ha estado soportando dicho gasto: cerca de 55 millones de euros", subrayan en el Palacio de Cibeles.

El consejo de administración de la compañía mixta ya impulsó el pasado mes de noviembre la apertura de "seis expedientes de penalidades" por la presunta malversación de 22 millones de euros municipales. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la supuesta colocación y conservación del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, por el que se pagaron 2,3 millones de euros de las arcas locales, y que aún no ha sido instalado.

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Re:La calle 30
« Respuesta #286 en: 05 de Enero de 2017, 15:20:32 pm »
La cámara de cuentas, los fenicios, los cartagineses y cualquier civilización antigua también lo vería


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Re:La calle 30
« Respuesta #287 en: 05 de Enero de 2017, 15:54:26 pm »
El dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo.

quinquigesimo 1er principio de la termoviota

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Re:La calle 30
« Respuesta #288 en: 23 de Enero de 2017, 09:09:43 am »

El Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones en luz y agua de la M-30 que correspondían a las adjudicatarias


Las empresas recogieron en su oferta para ganar el concurso público que eran "responsables del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la vía"

Un informe de la Intervención General del Consistorio de hace unos meses menciona como irregularidad que el ayuntamiento esté soportando el gasto de la luz

El Gobierno de Manuela Carmena calcula que el modelo de gestión de la M30 dilapidará 2.500 millones de euros si se mantiene hasta 2040
Fátima Caballero / Rodrigo Ponce de León


22/01/2017 - 19:13h



El Ayuntamiento de Madrid lleva años pagando millones de euros por las facturas de agua y luz de la M-30 que tendrían que haber sido abonadas por las empresas adjudicatarias: Dragados, API (ambas filiales de ACS) y Ferrovial. Desde el inicio de las obras para la puesta en marcha de esta vía en 2005, el Consistorio madrileño ha asumido el abono de casi 58 millones de euros de unos costes que contractualmente no le correspondían.

Las obras de la M-30, que gestiona una sociedad mixta, denominada Madrid Calle 30, formada por el propio Ayuntamiento y Emesa, la unión de empresas que construyó y mantiene la circunvalación, se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en  una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid.

Los dos primeros años el gasto de electricidad supera los 600.000 euros y los de agua no llega a 2.000 euros, pero desde 2007 el Ayuntamiento madrileño ha desembolsado una media de 5 millones de euros anuales de factura eléctrica y 350.000 de costes de agua. Unos emolumentos que tendrían que haber sido asumidos por las empresas.
Tabla con los importes que ha abonado el Ayuntamiento de Madrid en euros

Tabla con los importes que ha abonado el Ayuntamiento de Madrid en euros

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, comparece este lunes ante la comisión de Economía para explicar el informe de la Cámara de Cuentas que certifica que el sistema de gestión del PP en la M30 perjudica a las finanzas de Madrid, como publicó en exclusiva eldiario.es.

En ese mismo informe, la Cámara de Cuentas recoge "una discrepancia importante" por la asunción del Ayuntamiento de los gastos de luz. Además, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid de hace unos meses menciona como irregularidad que el Consistorio este soportando el gasto de la luz.   

El texto del pliego de cláusulas administrativas del concurso público que ganaron Dragados y Ferrovial es muy claro a la hora de establecer el sujeto que debe pagar estas facturas. El punto 14.3 señala que "todos los suministros, consumos de materiales, costes fijos atribuibles a los servicios a prestar, la maquinaria, los medios auxiliares, los repuestos y cualesquiera otros medios necesarios para la ejecución de las obligaciones asumidas en virtud del presente Pliego, estarán incluidos en los precios ofertados por el licitador".

No es el único documento que atribuye a las empresas su obligación de pago. En el pliego de cláusulas técnicas, que regula las prestaciones a las que están obligadas las adjudicatarias, se recoge en el punto 2.6.2.3 de Operaciones de conservación ordinaria que "la Sociedad Adjudicataria será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30". 

En el mismo documento, en el apartado Recursos materiales, punto 3.4.1, se establece que en los Centros de Operaciones y la oficina para uso del personal "correrá de su cuenta [adjudicatario] la limpieza y el suministro de luz, agua, calefacción, etc.", aunque las empresas han pasado dichos gastos de agua y luz al Ayuntamiento.

Las compañías se escudan en que en el pliego de prescripciones técnicas, el apartado de Operaciones de Conservación Ordinaria establece que "Madrid Calle 30 será responsable del abono de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento aseguran que ese precepto solo supone asumir el traslado del pago a los responsables.

Pero además, la propia Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Ferrovial, Dragados y API recogió en su documentación de la oferta para ganar el concurso que "la UTE será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la vía” en el apartado Operaciones de mantenimiento: Instalaciones eléctricas.
Comisión de investigación

El juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretó  la nulidad del acuerdo plenario que creó -con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE- la comisión de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal estimó así el recurso interpuesto por el PP contra esa comisión, en la que se negó a participar desde el principio. Ante esta decisión judicial, el consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.

Tras la comisión de investigación sobre la  venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella, que concluyó que fue ilegal, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. La comisión, que el consistorio espera que comience en las próximas semanas, todavía no tiene fecha a la espera de que se decida en Junta de Portavoces.
Cambio en el modelo de gestión

La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incuso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.

El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal. "De mantener ese modelo el exceso supondría 2.500 millones de euros hasta la finalización del modelo de gestión del PP", denunció el delegado de Economía y Hacienda en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre.

La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento -Madrid Calle 30- es el Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.

El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado sanciones contra la empresa adjudicataria por pagos por duplicado a las constructoras y facturas por servicios que no se han realizado, tal y como  adelantó este medio.

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Re:La calle 30
« Respuesta #289 en: 23 de Enero de 2017, 10:49:12 am »
Vaya agujero para los madrileños ha sido la M-30 y vaya chollo para los amiguetes del PP, esto es el paradigma del capitalismo de amiguetes que tanto les gusta . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:La calle 30
« Respuesta #290 en: 24 de Enero de 2017, 07:11:36 am »
Ahora Madrid quiere investigar la gestión de Gallardón en Calle 30

El PP afea a Sánchez Mato su «papel de Torquemada» por «escarbar en el pasado»

M. R. DOMINGO - @abc_madrid Madrid24/01/2017 00:37h - Actualizado: 24/01/2017 00:37h. Guardado en: España Madrid

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), negociará con los grupos de la oposición PSOE y Ciudadanos para que le respalden en su intención de celebrar una comisión de investigación sobre el cambio del modelo de gestión de Madrid Calle 30. Su pretensión es elevar este asunto al Pleno «lo antes posible», porque «las decisiones que se puedan tomar pueden ahorrar mucho dinero a los madrileños», además de «poner medios para que este drenaje de tesorería del Ayuntamiento no se siga produciendo». Cambiar el modelo de gestión de la sociedad es, según su criterio, «técnicamente posible».

El edil Sánchez Mato se expresó en estos términos en una comparecencia a petición propia en la comisión de Economía y Hacienda después de que la Cámara de Cuentas emitiese su informe definitivo sobre Madrid Calle 30 el pasado 29 de diciembre. En las conclusiones, el órgano fiscalizador señala omisiones en el proceso de constitución de la empresa o posibles deficiencias detectadas de su actividad y ámbito contractual.

Calle 30 se creó en 2004, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) al frente del Ayuntamiento. Meses después, el Pleno aprobó el cambio de gestión, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad mixta. En 2005 se adjudicó el concurso a EMESA, que operara como socio privado, con un 20% del capital, hasta la extinción del contrato, en 2040. Desde entonces, el Ayuntamiento destina 140 millones al año a Madrid Calle 30. Del total, 28 millones se destinan al mantenimiento de la infraestructura; el resto, al pago de intereses de deuda, reparto de dividendos, pago de IVA e impuestos de sociedades. Por ello, Sánchez Mato defendió que una gran parte de estos gastos se podrían eliminar si se optara por otro modelo de gestión.

El edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo se sumó a las críticas del concejal de Ahora Madrid y censuró que el modelo diseñado por el PP sea un «sablazo para el bolsillo de los madrileños». La socialista Erika Rodríguez también insistió en la necesidad de investigar lo sucedido en Calle 30.

Íñigo Henríquez de Luna, sin embargo, afeó a Sánchez Mato llevar a la comisión municipal ese informe para «escarbar en la gestión anterior». Reivindicó que «el PP está orgulloso de haber hecho la M-30» al margen de que en el contrato de gestión «haya algunas cosas discutibles». «Deje ese papel de Torquemada. Si consideran que es ilegal, les está faltando el tiempo para ir a los tribunales», zanjó.

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Re:La calle 30
« Respuesta #291 en: 30 de Enero de 2017, 08:26:00 am »
Un informe previo de M-30 advirtió de que el modelo elegido por Gallardón tenía "razones legales" para impugnarse

El Observatorio de los Servicios Públicos (OdSP) de la Universidad Complutense de Madrid, en un informe de 2005, cuestionó la elección del Ayuntamiento para gestionar las obras de la M-30

El modelo de gestión mixto de Madrid Calle 30 ha sido objetado también por la Cámara de Cuentas y por el actual equipo de gobierno del consistorio que quiere buscar la fórmula para revertirlo
Fátima Caballero / Rodrigo Ponce de León
29/01/2017 - 19:33h

El Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones en luz y agua de la M-30 que correspondían a las adjudicatarias

El Observatorio de los Servicios Públicos (OdSP) de la Universidad Complutense de Madrid concluyó, en un informe de 2005, que había "razones legales y procedimentales suficientes" para la "impugnación" de la constitución de la sociedad Madrid Calle 30.

La institución académica advirtió de que "cualquier persona física o jurídica" estaría "legitimada" para interponer un recurso en contra de este modelo. El observatorio analiza, en un informe fechado el 1 de diciembre de 2005, los pasos dados por el Gobierno municipal de Alberto Ruiz Gallardón para la creación y el funcionamiento de Madrid Calle 30, la sociedad de gestión mixta participada por el Ayuntamiento de Madrid que cuenta con el 80% de las acciones y EMESA -formada por las empresas Dragados, Ferrovial y API a las que se les adjudicó la obras y el mantenimiento de la circunvalación-, con el 20% restante.

El 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz Gallardón al frente, firmaron un convenio para que la titularidad de la circunvalación M-30 y una serie de tramos de funcionalidad ligada a esta vía pasaran a ser de la administración local. En ese momento, las competencias de gestión las asumió de manera directa el consistorio. El Pleno del Ayuntamiento del 23 de diciembre de 2004 -con la mayoría absoluta del PP- acordó que la prestación de dicho servicio público pasara a gestionarse de manera indirecta mediante la sociedad Madrid Calle 30 S.A, en la que entraría un socio privado. La gestión pasó a ser indirecta.

El OdSP reprochó que en este pleno optara por esta opción al no existir "fundamentación legal en la que basar esta decisión". El Ayuntamiento se apoyó en una serie de documentos en los que se aseguraba que la gestión indirecta era la mejor opción, pero dicha recomendación no estaba "avalada por ningún informe técnico", criticó el Observatorio.

La institución también señaló que el proceso de creación de la sociedad Madrid Calle 30 bordeaba la legislación vigente y aconsejó incluso "un explícito pronunciamiento de los Tribunales sobre estas prácticas". Para el Observatorio "la práctica de Madrid Calle 30 vacía de contenido su propia actividad, transfiriéndola a entidades privadas, afectando tanto a la ejecución de las obras, como a la redacción de los correspondientes proyectos y al control y vigilancia de la ejecución".

La entidad académica cuestiona la rapidez en la que el Gobierno municipal creó la sociedad, desde la firma de cesión por parte del Fomento hasta que se constituye Madrid Calle 30 S.A. Para el Observatorio, no se dio por cumplido el plazo para el trámite según exige la ley, en concreto, el artículo 97 del Real Decreto 781/1986.

Finalmente, el Observatorio de los Servicios Públicos de la Universidad Complutense estimó que "tratandose de una actividad municipal gestionada en régimen de monopolio" el expediente que la acredita debería haberse remitido a la Comunidad de Madrid para "la emisión del correspondiente informe". Este hecho tampoco se produjo.
Un modelo de gestión cuestionado reiteradamente

El Gobierno de Manuela Carmena ha cuestionado en numerosas ocasiones el modelo de gestión escogido por Gallardón, que ha costado ya a los madrileños 554 millones entre 2005 y 2015. El pasado lunes volvió a hacerlo al tacharlo de "sangrante para las arcas públicas". De mantenerse hasta 2040, el montante podría ascender a 2.550 millones de euros, según sus cálculos. Solo en electricidad y agua  el Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones de euros entre 2005 y 2016, un gasto que deberían haber asumido las empresas adjudicatarias (Dragados, Ferrovial y API).

La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella también ha sido cuestionada por la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador estimó que era onerosa para las arcas municipales. La única fuente de ingresos de esta sociedad, entre EMESA y el Ayuntamiento, es el Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía, según recoge la web de la administración local. Esto supone para las armas municipales más de 140 millones de euros anuales.

La Cámara de Cuentas advirtió además de que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7,05% a las empresas constructoras. El organismo proponía incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.

También los demás grupos municipales (PSOE, PP y Ciudadanos) criticaron este modelo de gestión el pasado lunes en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. "El modelo de gestión no lo voy a defender. Personalmente no es el que más me habría gustado", aseguró el portavoz del PP Íñigo Henríquez de Luna.

El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado ya sanciones contra la empresa adjudicataria por pagos por duplicado y facturas por servicios que no se han realizado, tal y como  adelantó este medio. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid tiene pendiente aprobar la comisión de investigación sobre el contrato de adjudicación y mantenimiento de M30. Después de algún desencuentro sobre la fecha para votar la comisión entre PSOE y Ahora Madrid, será en febrero cuando finalmente salga adelante.

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Re:La calle 30
« Respuesta #292 en: 30 de Enero de 2017, 08:59:32 am »
Pero nadie lo hizo . . .

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Re:La calle 30
« Respuesta #293 en: 06 de Febrero de 2017, 17:43:43 pm »
Ver "2017 02 03 Control Nocturno Calle30

<a href="http://youtube.com/v/KR5GBbprsuA&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">http://youtube.com/v/KR5GBbprsuA&amp;feature=youtu.be</a>

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Re:La calle 30
« Respuesta #294 en: 21 de Febrero de 2017, 07:40:52 am »
Contratos inflados y a la carta: el último agujero de Gallardón y Botella en Madrid

La empresa pública Madridec perdió 100 millones entre 2012 y 2013 y dejó una deuda que la Cámara de Cuentas cifra en 431 millones.

Javier G. Jorrín @jgjorrin
21.02.2017 03:12 h.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha sacado a la luz el último agujero de las gestiones de los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el Ayuntamiento: Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Esta empresa municipal creada en 1998 se convirtió a partir de 2006 en la inmobiliaria del Consistorio, con la que conseguían financiar obras y proyectos y que creó finalmente un agujero total de 431 millones de euros.

Además de las obras a medio realizar, la depreciación de sus inmuebles y la gestión económica deficiente, la Cámara de Cuentas ha sacado a la luz los contratos inflados y entregados a la carta que realizó la empresa pública en su último año y medio de vida, antes de liquidarse en 2013. En ese periodo, que coincide con el mandato de Botella, la empresa acumuló pérdidas cercanas a los 100 millones (74 millones en 2013 y 24 en 2012). La fiscalización de sus operaciones pone de manifiesto que Madridec realizaba una contratación que “se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos”, denuncia la Cámara de Cuentas.
El resultado es evidente: “Provoca que sólo algunas grandes empresas puedan acceder a la licitación”, señala el organismo. Esto es, los contratos se acotaban para que sólo grandes empresas pudiesen cumplir los requisitos de la oferta, lo que “contraviene lo establecido en el artículo 22,2 TRLCSP [Ley de Contratos del Sector Público]”, que determina que los organismos públicos deben promover la participación de las pymes en los contratos públicos.

    Se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos

Además, la Cámara de Cuentas denuncia que el mismo técnico realizaba la valoración de las ofertas económicas y de los criterios de adjudicación, lo que “contradice los principios de transparencia y objetividad”. En otras palabras, contratos que se elaboraban a la carta para algunas pocas grandes empresas

Por último, la Cámara de Cuentas detectó durante la fiscalización dos contratos que la empresa pública no había comunicado. Uno para la instalación y explotación de un centro deportivo en la Caja Mágica y otro para la instalación y explotación de quioscos con terraza en la Casa de Campo.
El ‘dedazo’

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado los 38 contratos realizados en este periodo, que incluyen los dos que la empresa no incluyó entre su documentación. El estudio en detalle de estas operaciones pone blanco sobre negro la denuncia del organismo: las operaciones se hacen sin permitir la libre concurrencia y con contratos inflados sin justificación.

Un buen ejemplo es un contrato de asesoría fiscal que “se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación”, señala la Cámara de Cuentas. Los responsables de Madridec justificaron este dedazo argumentando que ese mismo despacho de abogados ya estaba realizando otras operaciones con el ente público, que además conocía las actividades fiscales que realizaba y que tenía una conocida reputación. Con estas razones sobre la mesa, la empresa pública adjudicó el contrato por 45.000 euros (53.100 con IVA). “La adjudicación directa del contrato supone una vulneración del principio de concurrencia”, remarca la Cámara de Cuentas.

    Se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación

Otro ejemplo es el contrato de explotación de la cafetería-restaurante del Palacio Municipal de Congresos, así como servicios de catering y restauración de eventos realizados en otras instalaciones propiedad de Madridec. Para este contrato, la compañía establece que cualquier empresa que quiera acceder a la licitación tiene que acreditar una cifra de negocio que alcance los 1,2 millones de euros durante los tres años anteriores y un patrimonio neto mínimo de 10 millones de euros. Unas condiciones que sólo están al alcance de una gran empresa. El resultado fue que sólo una compañía se presentó a la licitación y ganó el concurso.

Posteriormente, la actividad económica derivada de este contrato fue inferior a la que la empresa adjudicataria estimaba y consiguió que Madridec modificara las condiciones del contrato para hacerlo más ventajoso para la empresa privada. Esta modificación es irregular, según denuncia la Cámara de Cuentas, ya que “el no cumplimiento de las previsiones de facturación que hizo el adjudicatario no se encuentra en los supuestos contemplados”.

Además de atentar contra la libre competencia, otros contratos están inflados sin justificación. Un ejemplo son las tres licitaciones de la seguridad de tres de sus propiedades, la Caja Mágica, el Recinto Ferial de la Casa de Campo y Montera 25-27; el Palacio de Congresos y el edificio Apot. Todos ellos se adjudicaron elevando un 20% las horas ejecutadas en 2010 y 2011 “sin que se justifique adecuadamente las razones de dicho incremento”.

Además, hay otros tres contratos en estos mismos recintos en los que se encarga su limpieza y adecuación en los que el precio se calcula a partir del coste de 2011. En 2012 la empresa pública decide aumentar los servicios a contratar y, por consiguiente, el precio de la operación, pero sin ninguna justificación que argumente este incremento.

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Re:La calle 30
« Respuesta #295 en: 21 de Febrero de 2017, 08:36:17 am »
Poco están mirando debajo de las alfombras . . . o lo están dejando guardado para otro momento más oportuno.

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Re:La calle 30
« Respuesta #296 en: 28 de Febrero de 2017, 07:48:33 am »

Las empresas adjudicatarias de M-30 exprimieron la ley para conseguir sobrecostes de más del 60%



Las constructoras adjudicatarias de las obras y el mantenimiento de M30 consiguieron que se aprobaran una serie de modificaciones que encarecieron el proyecto en 1.632 millones

El encarecimiento se aprobó sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y en una reunión de 25 minutos

Fátima Caballero   / Rodrigo Ponce de León   
27/02/2017 -  20:18h  

El grupo de constructoras a las que se les adjudicó las obras de la vía M30 -Dragados, Ferrovial,  Sacyr, OHL y Acciona, entre otras- exprimieron la legislación para conseguir unos sobrecostes de las obras que en algunos casos llegaron hasta el 63% del precio inicialmente presupuestado.

Este incremento en el precio de las obras supuso pasar de una cuentas de licitación de 2.508 millones a 3.702 millones de euros. Ni ACS ni Ferrovial, el consorcio de empresas que actualmente gestionan el mantenimiento de la infraestructura a través de Emesa, han querido hacer declaraciones sobre la información a este medio.

Las obras de la M-30 se encarecieron 1.632 millones en total, incluido el mantenimiento, mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en  una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid, según publicó en exclusiva eldiario.es.

Las empresas que llevaron a cabo la ejecución de las obras consiguieron la adjudicación concursando con unos presupuestos de licitación un 10% más baratos de los que se calcularon por parte de la Administración. Sin embargo, una vez ganada la construcción de la infraestructura, utilizaron varios mecanismos que recogía la ley de Contratos del Sector Público para incrementar el coste de la obra.

Las adjudicatarias llevaron hasta el límite el sobrecoste que les permitía la normativa, en cuatro aspectos: modificados del contrato, proyectos complementarios, liquidación tanto del proyecto original como del modificado y revisión de previos.
 
Los sobrecostes de las obras de la M30
   
Si en el caso de los modificados del contrato el incremento máximo es de un 20%, la conexión entre la calle Embajadores con M-40 tuvo un modificado que supuso una subida del 19,994% o en el soterramiento entre Puente de Praga y Nudo Sur se aprobó un modificado que incrementó el presupuesto en un 19,998%. Otro tanto ocurrió con la liquidación del proyecto original, con una subida máxima del 10%, así como el proyecto complementario, con un tope de de incremento del 20%, y la liquidación del proyecto complementario, con un crecimiento máximo del 10%.

En el caso de la revisión de precios la normativa lo contemplaba como una fórmula para mantener la vigencia del equilibrio económico del contrato con dos exigencias: que el plazo de ejecución del contrato fuera superior a un año y que se hubiera ejecutados, al menos, un 20% del precio del contrato.

De esta manera, el coste de la conexión de la calle Embajadores con M-40 subió un 63%, la construcción del acceso de la M-607 se incremento en un 62% o el Bypass Sur de la calzada izquierda se encareció en un 59%, entre otros. Finalmente, la obra pasó de costar 2.508 millones a 3.700 millones de euros,  a los que habría que sumar los costes de seguridad y salud que llevan la cantidad hasta los 3.702 millones.

La Comisión Europea lanzó una serie de avisos y apercibimientos para que el Gobierno español modificara la ley de Contratos del Sector Público ya que permitía que se desvirtuara el carácter competitivo de las adjudicaciones y generaba problemas de riesgo moral, debido a que mediante las modificaciones se buscaba rentabilizar un contrato por el que se había pujado excesivamente a la baja. Al considerarse contrario al Derecho de la Unión el régimen de modificación de los contratos públicos, en 2011 el Ejecutivo cambió la normativa con el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible.

Con esta nueva normativa, la mayoría de las modificaciones de la M-30 no se podrían haber hecho. La nueva Ley no permitía "modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan en más de un 10% el precio inicial del contrato".

Comisión de investigación

El Ayuntamiento de Madrid aprobará en el Pleno de martes la comisión de investigación por las obras y el modelo de gestión de la M-30. Después de que el juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretara  la nulidad del acuerdo plenario que creó –con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE– la comisión no permanente de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.

Antes de que la justicia paralizara la comisión de investigación sobre el incremento de deuda en general, que se encuentra recurrida por el Gobierno de Ahora Madrid, el Ayuntamiento fiscalizó la  venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella y concluyó que la venta fue ilegal. Tras la decisión judicial avalando la demanda del Partido Popular, el consistorio aprobó una comisión específica sobre venta de pisos sociales a fondos de inversión en el Pleno del pasado mes de enero.

La obra de la M-30 y el modelo de gestión mixta a través de Madrid Calle 30 es lo próximo que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid, aunque se desconoce cuando comenzará puesto que es una decisión debe aprobarse en Junta de Portavoces, que se encuentra a la espera de determinar el próximo 7 de marzo si la de la enajenación de viviendas sociales se repite por completo, parcialmente o se convalida la que ya se hizo.

La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato de M30 es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incLuso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.

El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal.

La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de Madrid Calle 30 la sociedad entre EMESA con el 20% de las acciones y el Ayuntamiento de Madrid con el 80% es el propio Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.

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Re:La calle 30
« Respuesta #297 en: 01 de Marzo de 2017, 07:09:01 am »

La empresa de mantenimiento de la M-30 "incumplió gravemente" las medidas de seguridad del contrato hasta 2012



Emesa ocultó información del deficiente estado de los sistemas de protección contra incendios hasta el accidente donde fallecieron dos trabajadores, según las conclusiones del expediente administrativo abierto por Madrid Calle 30

El incidente provocó daños en las infraestructuras por valor de 600.000 euros, según la valoración de la compañía

Fátima Caballero   / Rodrigo Ponce de León   
28/02/2017 -  20:14h  

Emesa, la empresa adjudicataria del mantenimiento de la M-30, "incumplió gravemente" el contrato sobre mantenimiento de los sistemas de seguridad en un cuarto técnico donde ocurrió un incendio el 26 de octubre de 2012: el sistema antifuego estaba desconectado. En el incidente del pozo número 4 fallecieron dos trabajadores. La compañía, formada por Ferrovial y dos firmas de ACS, "ocultó la deficiente situación de las medidas contra incendios con grave riesgo para la infraestructura", según las conclusiones del expediente administrativo abierto por Madrid Calle 30, la sociedad mixta entre el Ayuntamiento de Madrid y Emesa.

A pesar de que Madrid Calle 30 constata el incumplimiento contractual por parte de Emesa respecto a las medidas de seguridad, la empresa mixta no podrá multar a la firma de Ferrovial y ACS ya que han pasado más de tres años desde dicho quebranto del contrato, con lo que los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se han superado. Los responsables de ACS y Ferrovial no quisieron hacer declaraciones a las preguntas de eldiario.es.
 
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en la sesión plenaria de este martes la  creación de una comisión de investigación por Madrid Calle 30. La comisión no permanente fiscalizará la gestión, explotación y mantenimiento de las infraestructuras así como  las obras de reforma y mejora de la vía de circunvalación M30. La fórmula utilizada por el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón –sociedad mixta– para levantar su obra estrella ha sido cuestionada por el Gobierno de Ahora Madrid y por la Cámara de Cuentas. El Ayuntamiento de Madrid asume "en exclusiva" los costes de mantenimiento de la vía, el pago de tasas y dividendos, que suponen para la administración local más de 140 millones de euros anuales.

Deficiencias

La resolución de Calle Madrid 30 recalca "el deficiente mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aspersión de agua nebulizada, el sistema de detección lineal de incendios y las baterías del sistema SAI". Además, insiste en que "no se habían realizado los mantenimientos correctivos precisos para arreglar las deficiencias" ni en el día del accidente "pero tampoco en los meses anteriores". Para acreditar estas acusaciones, en la resolución se recogen los atestados de la Policía Judicial, de los bomberos y de los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud a través de una inspección de trabajo.   

El informe pericial de los bomberos, fechado el 13 de noviembre de 2012, recoge que "se corrobora la desconexión de los botellones de nitrógenos (previstos para la presurización) del sistema de extinción por agua nebulizada (HiFog) así como la falta de revisión del sistema en los últimos dos años".

En el caso de la Policía, su diligencia atestigua que "está constatado que en enero de 2012 y en junio del mismo año, el sistema no estaba operativo, y que EMESA lo conocía, ya que recibieron dos presupuestos para corregir dicha deficiencia... el sistema como se ha dicho anteriormente nunca podría funcionar, toda vez que las bombonas de nitrógeno estaban vacías y faltaba el compresor".

El informe policial, del 31 de enero de 2013, también incluye que "el sistema de protección contra incendios del citado pozo nº 4  estaba inoperativo tanto en enero como en junio de 2012". "En este caso sí se aprecia por parte de este equipo instructor una relación de causalidad entre que el sistema no estuviese operativo y los daños materiales causados a la instalación. Si hubiere estado el sistema de protección contra incendios operativo los daños se hubiesen minimizado", concluye la Policía.

 Los daños del incendio originado en un cuarto del Centro de Transformación número 4 del Bypass Sur de M30 fueron, sobre todo, humanos. El incidente provocó la muerte de dos trabajadores de Emesa: Sergio Martínez Pérez, responsable del área de mantenimiento, y Gregorio Camacho Díaz, encargado de mantenimiento de las instalaciones. Respecto a los materiales, se originaron unos daños en las infraestructuras por valor de 599.927,77 euros, según la propia compañía.

No se activó la alarma

La policía recuerda que los sistemas de detección de incendios no funcionaron: "En la sala de control de túneles de Calle 30 no reconocían al principio como suyo el siniestro, ya que no se activó en su centro de control ninguna alarma contra incendios". Además, el informe policial detalla estas deficiencias en otros lugares de Calle 30. El máximo responsable en esos momentos de Emesa reconoció ante la policía este hecho.

"En el pozo 3 (similar al siniestrado) las bombonas de gas, que se utilizan para el sistema de protección contra incendios mediante agua nebulizada, se encontraban vacías (aunque conectadas) por lo que el día de la visita no estaba operativo, y el día del siniestro tampoco. Al ser preguntado por este extremo Héctor Barbero (director gerente de EMESA) manifiesta que ya se encuentra operativo después del siniestro", asegura el informe de la Policía.

Por su parte, en el documento realizado por la Inspección de Trabajo, del 23 de mayo de 2013, se apunta que "lo que sí pudo ser verificado es que no llegó a funcionar el sistema de extinción por agua nebulizada, ubicado en la misma planta para rebajar el calor, ahogar y extinguir el incendio en la planta y específicamente en la bancada de baterías".

Según el contrato firmado por Ferrovial y las empresas de ACS, las instalaciones dedicadas a la seguridad pueden estar un máximo de "dos horas" sin funcionar al mes pero las compañías permitieron que transcurriera "casi un año", lo que dejó en "situación de práctico abandono las tareas de mantenimiento" de los sistemas de seguridad.

Sin información

"Esta clara y continuada en el tiempo la dejación" de las labores de mantenimiento de los sistemas de seguridad fue ocultada por Emesa. Dicha empresa "se guardó para sí la información del estado de los sistemas durante meses, y no informó a Madrid Calle 30 de dicha situación ni en los informes diarios, ni en los trimestrales de estado, ni semestrales generales". La ocultación de la información "fue intencionada para que no se detectara en la auditoría semestral a efectos de pago", añade el expediente.   

En la resolución de Madrid Calle 30 se recalca que cuando se le pide justificación por las "graves y reiteradas deficiencias" de mantenimiento y gestión la "única e inverosímil" respuesta de los directivos de Emesa fue que también desconocían esos defectos y se había gestionado "de manera deficiente" por su departamento.

Sanciones del Ayuntamiento a Emesa

 El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30, como adelantó en exclusiva eldiario.es.

Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una  modificación suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados y por duplicado alguna de las partidas.

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Re:La calle 30
« Respuesta #298 en: 01 de Marzo de 2017, 10:07:05 am »
. . . poco ha buscado estos podemitas debajo de las alfombras del Palacio de Cibeles . . . porque ahí hay mierda para aburrir, esto es el chocolate del loro de todo lo que pueden encontrar . . . o quizás lo han encontrado y están administrando los tiempos, de ser así, la campaña electoral se va a poner interesante . . . .

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Re:La calle 30
« Respuesta #299 en: 14 de Abril de 2017, 13:41:52 pm »
No lo verán mis ojos...

Denuncia a Gallardón por el "sobrecoste" en el mantenimiento de los túneles de la M-30

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Denuncia a Gallardón por el "sobrecoste" en el mantenimiento de los túneles de la M-30

El partido Contrapoder, al que piden 12.000 euros de fianza para aceptarle como acusación particular, pide que se investigue al ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas por el coste de mantenimiento de los túneles de la M-30.


Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo EFE
 ÁNGELA MARTIALAY
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14.04.2017 - 08:29
La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha solicitado una fianza de 12.000 euros al partido Contrapoder como paso previo para que pueda ejercer de acusación contra el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por los supuestos sobrecostes en el mantenimiento de los túneles de la M-30 de la capital.

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En la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el citado partido sostuvo que uninforme de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A, prestadora del servicio de  mantenimiento de los túneles de la M30, puso de relieve la comisión de múltiples irregularidades que podrían ser delictivas siendo Ruiz Gallardón  "alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos".

Los denunciantes explican que en dicho documento de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto que no se cumplió con la ley de contratos del sector público cuando se contrató a la mercantil Madrid Calle 30 S.A para las obras de los túneles de la M-30 existiendo "indicios de apropiación indebida de fondos públicos bajo el manto de sobre precio y de falseamiento de cuentas públicas". 

En su informe, la Cámara de Control de Cuentas de Madrid ponía de relieve que Madrid Calle 30 S.A, es una sociedad que forma parte del sector publico municipal del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área de Medio Ambiente y Movilidad. Dicha sociedad mixta está participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid, "lo que indica la capacidad de control e intervención por parte de éste".

Hasta ahí todo sería normal sino fuera porque la Cámara de Cuentas madrileña observó que “en la consolidación de las cuentas de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. de 2013 no habían sido eliminados todos los saldos acreedores y deudores mutuos de 1.694.377,58 euros que mantienen entre si la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid, por lo que el total del activo y el total del pasivo del Balance consolidado estarían sobrevalorados en el citado importe”, subrayaba el organismo regulador. Las fuentes consultadas explican que el perjudicado directo del presunto fraude sería el Consistorio que actualmente capitanea Manuela Carmena, a quien se le ha ofrecido personase en este procedimiento.

Falseamiento de cuentas
Asimismo, en el mencionado informe de la Cámara de Control de Cuentas se sostenía que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30, S.A. no había sido calculada "en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio previo” y que "en el cálculo de la rentabilidad de los servicios del socio-colaborador no se tiene en cuenta la retribución que éste percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 S.A. por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación".

Los denunciantes sostienen que tras estos hechos pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas y que el ex alcalde Ruiz Gallardón debe rendir cuentas ante la Justicia por estos hechos. De momento, antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia de Contrapoder, la juez ha impuesto una fianza de 12.000 euros a este partido político para poder ejercer de acusación.

"Para fijar la cuantía de la fianza debe tenerse en cuenta que la parte denunciante es un partido, no un particular, lo que implica una capacidad económica superior por la aportación de sus afiliados, que un particular o que otra persona jurídica que tuviera una naturaleza semejante. La suma de la fianza se fija en 12.000 €, una suma que no se considera excesiva objetivamente hablando, e incluso puede considerarse pequeña para las resultas del juicio, habida cuenta del importe medio de unas costas procesales que se impusieran hipotéticamente hablando, a un querellante que obrará con mala fe o temeridad", sostiene la instructora en un auto. Dicha cuantía será recurrida por Contrapoder ante la Audiencia Provincial de Madrid por "desorbitada