Autor Tema: La calle 30  (Leído 31008 veces)

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Re:La calle 30
« Respuesta #300 en: 15 de Abril de 2017, 08:03:56 am »


 Obras de la M-30 

Denuncia a Gallardón por el "sobrecoste" en el mantenimiento de los túneles de la M-30


El partido Contrapoder, al que piden 12.000 euros de fianza para aceptarle como acusación particular, pide que se investigue al ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas por el coste de mantenimiento de los túneles de la M-30.
 b  Ángela Martialay   

 
14.04.2017 - 08:29
 
La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha solicitado una fianza de 12.000 euros al partido Contrapoder como paso previo para que pueda ejercer de acusación contra el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por los supuestos sobrecostes en el mantenimiento de los túneles de la M-30 de la capital.


 
En la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el citado partido sostuvo que uninforme de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A, prestadora del servicio de  mantenimiento de los túneles de la M30, puso de relieve la comisión de múltiples irregularidades que podrían ser delictivas siendo Ruiz Gallardón  "alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos".

Los denunciantes explican que en dicho documento de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto que no se cumplió con la ley de contratos del sector público cuando se contrató a la mercantil Madrid Calle 30 S.A para las obras de los túneles de la M-30 existiendo "indicios de apropiación indebida de fondos públicos bajo el manto de sobre precio y de falseamiento de cuentas públicas". 

En su informe, la Cámara de Control de Cuentas de Madrid ponía de relieve que Madrid Calle 30 S.A, es una sociedad que forma parte del sector publico municipal del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área de Medio Ambiente y Movilidad. Dicha sociedad mixta está participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid, "lo que indica la capacidad de control e intervención por parte de éste".

Hasta ahí todo sería normal sino fuera porque la Cámara de Cuentas madrileña observó que “en la consolidación de las cuentas de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. de 2013 no habían sido eliminados todos los saldos acreedores y deudores mutuos de 1.694.377,58 euros que mantienen entre si la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid, por lo que el total del activo y el total del pasivo del Balance consolidado estarían sobrevalorados en el citado importe”, subrayaba el organismo regulador. Las fuentes consultadas explican que el perjudicado directo del presunto fraude sería el Consistorio que actualmente capitanea Manuela Carmena, a quien se le ha ofrecido personase en este procedimiento.

Falseamiento de cuentas

Asimismo, en el mencionado informe de la Cámara de Control de Cuentas se sostenía que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30, S.A. no había sido calculada "en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio previo” y que "en el cálculo de la rentabilidad de los servicios del socio-colaborador no se tiene en cuenta la retribución que éste percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 S.A. por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación".

Los denunciantes sostienen que tras estos hechos pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas y que el ex alcalde Ruiz Gallardón debe rendir cuentas ante la Justicia por estos hechos. De momento, antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia de Contrapoder, la juez ha impuesto una fianza de 12.000 euros a este partido político para poder ejercer de acusación.

"Para fijar la cuantía de la fianza debe tenerse en cuenta que la parte denunciante es un partido, no un particular, lo que implica una capacidad económica superior por la aportación de sus afiliados, que un particular o que otra persona jurídica que tuviera una naturaleza semejante. La suma de la fianza se fija en 12.000 €, una suma que no se considera excesiva objetivamente hablando, e incluso puede considerarse pequeña para las resultas del juicio, habida cuenta del importe medio de unas costas procesales que se impusieran hipotéticamente hablando, a un querellante que obrará con mala fe o temeridad", sostiene la instructora en un auto. Dicha cuantía será recurrida por Contrapoder ante la Audiencia Provincial de Madrid por "desorbitada".

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Re:La calle 30
« Respuesta #301 en: 15 de Abril de 2017, 14:36:08 pm »
Empieza a salir la mierda de debajo las alfombras del Palacio de Cibeles?

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Re:La calle 30
« Respuesta #302 en: 25 de Abril de 2017, 09:42:27 am »
Gallardón, Cobo y Bravo, citados a declarar en la comisión de Calle 30

        ROBERTO BÉCARES
   
    24 abr. 2017 14:04

El ex alcalde Alberto Ruiz Gallardón, el ex vicealcalde Manuel Cobo, el ex delegado de Hacienda Juan Bravo, y el presidente de Madrid Calle 30 Pedro Calvo serán citados a declarar en la comisión de investigación de Madrid Calle 30, que arrancó hoy en la Plaza de la Villa y en la que se investigarán las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

La asistencia de los citados a la comisión, aprobada en el último pleno de febrero, no es obligatoria. De hecho, en su día la ex alcaldesa Ana Botella no acudió a declarar cuando fue citada en la comisión que estudiaba las irregularidades en la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

El concejal socialista Ramón Silva ha subrayado que quedan por desvelar muchos "interrogantes" de por qué la obra tuvo un sobrecoste enorme que hizo que finalmente la obra "costará casi 7.000 millones de euros, que deberán ser pagados hasta 2040 con altos intereses de financiación, la obra civil más grande de América en los últimos años". "Es el doble de lo que Panamá pagó a Sacyr por Canal de Panamá", incidió el edil, que añadió que es la "mayor operación de endeudamiento" de ninguna entidad local.

"En un primer momento, la forma de gestión elegida por el entonces mago de las finanzas, como se conocía peyorativamente a Juan Bravo, el hombre de confianza de Gallardón, fue la de crear una sociedad íntegramente municipal y así se constituyó Madrid Calle 30 S.A. el 21 de mayo de 2004 para a mantener y gestionar la carretera de circunvalación M30, pero el objetivo era otro, beneficiar de las arcas municipales a los empresarios más influyentes y afines al PP en esos momentos sin importar nada la gestión del dinero público ", recordó el edil socialista, cuyo "sobrecoste", precisó, "hizo que se hurtara a los madrileños servicios por la ambición de un político".

"El Ayuntamiento presentó una primera cifra, 2.000 millones de euros pero en junio de 2005 el coste había ascendido a 3.500 millones", señaló Silva, que añadió que "el Ayuntamiento decidió modificar la forma de gestión, a través de una empresa de economía mixta, transformando la sociedad anónima en una de economía mixta", ha señalado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, tildó la comisión de "cacería política" y pidió que se aporte "toda" la documentación que acredita esas supuestas irregularidades para que haya primero una comisión "técnica" y luego "haber discutido los responsables políticos que tenían que venir". "Lo único que importa en esta sesión son los comparecientes", subrayó el edil popular, que precisó que el informe definitivo de la Cámara "son tres recomendaciones" para la mejor gestión de la infraestructrura.

"Estamos a favor de la transparencia y vamos a trabajar para que se aporte toda la verdad, pero no que se utilice ni manipule políticamente el trabajo de esta comisión", añadió el portavoz adjunto, que subrayó que se "sienten" "orgullosos" de la obra realizada.

El edil de Hacienda y Economía, Carlos Sánchez Mato, respondió que la documentación ya fue aportada hace seis meses "a todos los grupos municipales" y afirmó que "el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas" referenciaba "ámbitos contables, pero hay más cosas cuando se habla de la gestión directa o indifrecta".

"Hay aspectos políticos, que también se tienen que sustanciar; no somos jueces ni pretendemos serlo. La transformación de una empresa local en mixta debe incluir estudios técnicos y financieros", ha criticado el delegado, quien ha añadido que "no está en el expediente, y es un incumplimiento flagrante".

Sánchez Mato ha subrayado que se "produce una sangría de recursos públicos" cuando se decide que la gestión de Calle 30 "no sea directa" y entra un socio privado, incumpliendo los cumplimientos de la contratación del sector público, entre otras cosas.

El edil puso también sobre la mesa la "ineficiencia económica" y "financiación excesiva" que tuvo la transformación de una empresa municipal en mixta.

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Re:La calle 30
« Respuesta #303 en: 31 de Mayo de 2017, 07:44:43 am »

Archivada la denuncia contra Gallardón por el mantenimiento de M-30


        EUROPA PRESS
 
    30 may. 2017 18:23

El juez de Instrucción número 44 de Madrid ha acordado archivar la denuncia que presentó el partido Contrapoder a través del abogado José Luis Mazón contra el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por supuestas irregularidades en el mantenimiento de la M-30.

Tras recibir la denuncia, el magistrado acordó abrir unas diligencias previas para conocer los hechos de la denuncia. Sin embargo, ésta no ha prosperado.

En el auto, se afirma que de la instrucción "no queda debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna". El letrado Mazón ha anunciado a Europa Press que ha recurrido la desestimación ante la Audiencia de Madrid, ya que entiende que el archivo ha tenido lugar sin que se haya practicado ninguna diligencia de investigación.

La denuncia se basaba en la comisión de delitos de malversación, prevaricación y falseamiento de cuentas públicas. El letrado explicó entonces que un informe de la Cámara de Control de Cuentas detectó "graves irregularidades" en la constitución de la sociedad mixta que iba a llevar el mantenimiento, ya que se saltaron "todo el procedimiento" de contratación y contrataron a socios de la propia sociedad.

El documento recogía que los citados delitos son imputables a Alberto Ruiz Gallardon en cuanto alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos (hasta 2011), sin perjuicio de la responsabilidad de otros copartícipes en los hechos, puestos de relieve por "el informe de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A. prestadora del servicio de mantenimiento de los túneles de la M-30.

Contrapoder es un partido fundado por abogados para impugnar los avales del PP, pactados por PSOE y los populares, para las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

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Re:La calle 30
« Respuesta #304 en: 03 de Junio de 2017, 18:05:06 pm »
El Ayuntamiento multa con 375.000 euros a constructoras de la M-30  por cobrar por trabajos no realizados

 EMESA –que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados y lleva el mantenimiento de la M30– tendrá que pagar 375.000 euros por el incumplimiento de uno de los contratos de la iluminación
 Las constructoras habían cobrado 2,7 millones por este trabajo, que solo se puso en marcha cuando el actual equipo municipal constató que estaba pendiente
 Hay varios expedientes más por trabajos cobrados y no realizados por parte de esta misma empresa

Trazado de la M-30. EFE
Por eldiario.es Madrid
03 jun 201712:41
Los responsables del Ayuntamiento de Madrid en el consejo de administración de la empresa mixta que gestiona la M-30 han aprobado la cuarta sanción a las constructoras que se ocupan del mantenimiento de esta infraestructura. EMESA, la empresa encargada del mantenimiento de la M30  propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) tendrá que pagar 375.000 euros por el incumplimiento del contrato de instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, informa una nota de prensa difundida por el propio Ayuntamiento. Según el equipo municipal, la empresa adjudicataria del mantenimiento de M30 recibió 2,7 millones de euros por este trabajo, que no ha realizado.

OCULTAR PUBLI X
El propio contrato suscrito entre Madrid Calle 30, la sociedad municipal, y sus concesionaria EMESA prevé multas por incumplimientos. Las graves oscilan entre 50.000 y 750.000 euros. Las sanciones leves van de 3.000 a 50.000. Madrid Calle 30 tiene capacidad para imponer además multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persisten los incumplimientos contractuales.

En su último informe, la Cámara de Cuentas de Madrid ya recomendaba revertir la gestión de la M30 para hacerla pública y recordaba que el contrato sellado por el Gobierno de Gallardón  "no se basó en informes de viabilidad" sino que sirvió para garantizar a las constructoras "unos beneficios del 7%".

La actual dirección de la empresa mixta abrió un expediente sancionador por esta infracción el pasado mes de noviembre. Gracias a la puesta en marcha de este expediente, al fin comenzaron los trabajos para la colocación del telecontrol del alumbrado que estaba pendiente desde hace años. Sin embargo, la empresa privada ha realizado unas obras que no se corresponden exactamente con el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007. Madrid Calle 30 tiene abiertos otros cinco expedientes, abiertos a finales de 2016, por detectarse irregularidades similares en materia de incumplimientos del contrato.

OCULTAR PUBLI X
La propia Cámara de Cuentas de Madrid ha calificado el modelo de gestión mixto –que ha costado a las arcas municipales 612 millones entre 2005 y 2016– como lesivo para las arcas municipales. El órgano fiscalizador subraya que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad para el socio privado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva meses analizando las posibles alternativas, sus ventajas e inconvenientes a dicho modelo de gestión que, si se mantiene así hasta 2040, fecha en la que finaliza la concesión, supondría un desembolso de unos 2.550 millones de euros.

Comisión de investigación
OCULTAR PUBLI X
El próximo martes 6 de junio tendrá lugar la primera sesión de la Comisión no permanente de Investigación creada por acuerdo plenario en febrero de este año para aclarar su situación económica financiera y la incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento. Cuenta con la participación de los cuatro grupos municipales.

La sesión del día 6 de junio estará centrada en la ejecución de las obras: proyectos, impacto ambiental, afección a los vecinos durante los trabajos, plazos de ejecución y presupuestos, deficiencias, constitución inicial de la sociedad y justificación económica del modelo elegido. 

También es importante transmitir imagen de unidad. Recordemos que los PePeros votan siempre, no así el resto.
12:50
#1 | hommer2284
Jajajaja..cobran millones..y la multa es de miles..en fin...que barato sale hacer las cosa mal, total, si lo haces mal, cobras una millonada y la multa es menor...puessale a cuenta pagar esa multa con la pasta q has sacado.
14:28
#6 | Sasio
Gestión PPera y olé, estaban tan ocupados trincando...
14:32
#7 | Mesidor
Una multa de 370.000 euros a estas empresas constructoras es como si nos ponen a uno de nosotros (personas humanas de a pie) una multa de 4 céntimos de euro. Algo es algo, pero esto más que sanción es anécdota con la que estos pavos tengan algo de qué hablar en sus comilonas de negocios. Y descojonarse, otra vez de nosotros, los de a pie.
16:18
#13 | CarlesF
Con razón no gusta nada el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid a corruptos y corruptores. Se les ha acabado el chollo a las constructoras que robaban descaradamente el dinero público, cobrando por trabajos que no hacían. También se les ha acabado el chollo a los políticos del PP que recibían de las constructoras el soborno correspondiente​ por la adjudicación de obra.
No hay cosa que les cabree más a esas empresas y políticos que el que se les impida seguir lucrándose a manos llenas con el dinero de los ciudadanos. ¡Bravo, Ahora Madrid!


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Re:La calle 30
« Respuesta #305 en: 07 de Junio de 2017, 13:42:46 pm »

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Re:La calle 30
« Respuesta #306 en: 12 de Septiembre de 2017, 08:24:53 am »

Gallardón pagó por 112 cámaras de seguridad de la M-30 que no llegaron a instalarse


        MARTA BELVER

    12 sep. 2017 03:03

El Ayuntamiento de Ahora Madrid estima en 1,3 millones de euros el importe abonado de forma "totalmente injustificada" por los dispositivos inexistentes

Abiertos seis expedientes a Madrid Calle 30 por malversar 22 millones

La circulación en los túneles de la M-30 debería estar supervisada por un circuito cerrado de televisión compuesto por 1.090 cámaras de seguridad. Ése fue, al menos, el número de unidades que se presupuestó y abonó a la empresa adjudicataria de las obras.

Sin embargo, en el inventario de la infraestructura planificada bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) figuran sólo 978 de los citados dispositivos. Según los cálculos del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, el importe que se pagó «de manera totalmente injustificada» por la instalación de unos equipos que no llegó a llevarse a cabo ascendería a 1,3 millones de euros.

Ésta es una de las cuestiones que se tratará hoy en la comisión de investigación para aclarar la situación financiera de Madrid Calle 30, la sociedad de gestión mixta -el 80% del capital es del Consistorio y el 20% de la empresa privada Emesa- encargada del mantenimiento de los túneles de la carretera de circunvalación. La tercera sesión de este organismo fiscalizador se centrará en el análisis del contrato de las obras y sus sucesivas modificaciones «con un presupuesto muy superior al inicial».

Entre los cambios realizados en dicho contrato figura el tema de las cámaras. Aunque en un primer momento se planificó la instalación de 591 tanto en el interior de los túneles como a las entradas y salidas, la cifra se fue incrementado.

En la tercera modificación del plan de obras es donde se producen las «actuaciones más sospechosas» y que «pudieran ser objeto de irregularidades», según fuentes municipales. Por un lado, la instalación de los dispositivos de seguridad «se elimina de muchos proyectos» de los nueve tramos en los que se dividieron los trabajos pero sin que se redujeran los presupuestos de los mismos.

«La mayoría de las cámaras se certificaron de manera conjunta en el proyecto complementario de soterramiento entre Marqués de Monistrol y el Puente de Segovia», señalan en el Área de Economía y Hacienda, que dirige Carlos Sánchez Mato. «La ejecución de las cámaras de la M-30, ya contempladas en su proyecto original, no podría constituir en ningún caso un elemento de los proyectos complementarios de obra y, mucho menos, que el proyecto complementario de una obra certifique las cámaras de los otros tramos de obra», añaden.

Según las mismas fuentes, con esta operación presuntamente se incumplió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se produjo «lo que en lenguaje coloquial sería un 'blanqueo de dinero'»: se presupuestó la instalación de los equipos en varias partidas, finalmente la mayoría se costeó con otra partida adicional y el presupuesto previsto inicialmente se utilizó para otros fines, pagando así presuntamente dos veces por las cámaras, a efectos de las cuentas.

Respecto a la diferencia entre el total de las cámaras que se pagaron y las que se instalaron en realidad, 112 menos de las previstas, en el Ayuntamiento señalan que la cuantificación es «realmente compleja» (hay que sumar el coste del equipo, carcasa, cableados...) con un importe medio estimado por unidad de 11.000 euros. «Se puede hablar del abono de 1.342.000 euros de manera totalmente injustificada», concluyen.

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« Respuesta #307 en: 12 de Septiembre de 2017, 08:47:54 am »
Y esto, desde el punto de vista penal . . . cómo se llama?

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Re:La calle 30
« Respuesta #308 en: 13 de Septiembre de 2017, 09:23:59 am »
Anticorrupción pidió investigar a Gallardón por “depredar” el dinero de Madrid
Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales públicos”.
13 septiembre, 2017 08:35

La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar al exministro de Justicia Alberto Ruiz- Gallardón por “depredar” el patrimonio de la Comunidad de Madrid al autorizar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el Ministerio Público ya pidió en noviembre de 2016 a la Audiencia Nacional que se abriera un procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo el Consejo de Gobierno que aprobó la compra por un importe muy superior al real en detrimento de los fondos públicos. La sospecha de los investigadores del caso Lezo es que de esa operación se pudieron obtener hasta 25 millones de euros en comisiones, tal y como aseguró uno de los investigados en una conversación interceptada por la Guardia Civil.

Según recoge el informe que consta en el sumario del caso que instruye el magistrado Manuel García Castellón, fue el expresidente del conglomerado societario del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino -actualmente en prisión junto a Ignacio González- quien relató en una de las conversaciones captadas el “robo” de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de dólares. “Datos que encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001”, recoge el escrito de los fiscales.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos apuntan a la existencia de “indicios de criminalidad contra determinadas personas”. “En este momento procesal las diligencias permiten una mayor individualización subjetiva de los hechos, lo que impone que se dicte una resolución judicial por la que se dirija el procedimiento contra todos aquellos que directa o indirectamente han participado en los hechos, sin perjuicio de realizar una concreción más detallada una vez que se ejecuten las diligencias de investigación pendientes. Esta resolución se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”, subraya Anticorrupción.
 

    Irene Montero asegura que los Mossos deben evitar y garantizar "a la vez" el 1-O Irene Montero asegura que los Mossos deben evitar y garantizar "a la vez" el 1-O EFE "No hay una respuesta judicial a la crisis catalana. Hay una respuesta que debe ser democrática" en forma de referéndum pactado y con garantías, dice.

recomendado por
Recuperar el dinero de Madrid

Para la Fiscalía, ya en noviembre era necesario abrir procedimiento contra estas personas “para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados”.

El Ministerio Público considera que los indicios de criminalidad de la operación de compra de Inassa se refuerzan con la “pasividad institucional de la Comunidad de Madrid en el control de las operaciones del grupo Canal Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años”. Es reseñable que “nadie dentro de la administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa”.

Además, se añade que esta sociedad panameña que se utilizó para vehiculizar la compra de la colombiana se disolvió inmediatamente después de la operación “y nuevamente nadie lo cuestionó”. En la misma línea -añade la Fiscalía-, nadie se cuestionó que la autorización conferida por el Consejo de Gobierno fue para la adquisición de Inassa y sin embargo se adquirió junto con ésta una sociedad denominada Watco Dominicana SA, sin ningún tipo de autorización para ello”.
Endeudó a Madrid con 51 millones

La compra, según al Fiscalía, se llevó a cabo sin los informes y trámites preceptivos. “De haber existido, con toda seguridad no se habría realizado la compra o se hubiese realizado en otros términos. Cabe preguntarse en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares”, subraya el escrito.

Las investigaciones apuntan indiciariamente que el soporte documental fue cuanto menos “insuficiente”, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o “por su gente”.

Con todos los datos que constan en la causa, para la Fiscalía existen indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del consejero de Hacienda entonces, Juan Bravo, “fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos”.

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Re:La calle 30
« Respuesta #309 en: 13 de Septiembre de 2017, 14:46:49 pm »
Gallardón es pieza de caza mayor . . . hay que tener todo muy bien atado para ir a por él . . .

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« Respuesta #310 en: 14 de Septiembre de 2017, 15:12:14 pm »

La Fiscalía planea pedir la citación de Gallardón como investigado en el caso Lezo


14.09.2017 - 13:30h • EFE
El Ministerio Público solicitó al juez en noviembre investigar al expresidente madrileño por un presunto desfalco en la compra de Inassa por parte del Canal.
No pedirá su citación como investigado hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados.
Las acusaciones contra el también exministro de Justicia se basan en una conversación pinchada de Ignacio González con Eduardo Zaplana.

La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en el caso Lezo del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El Ministerio Público reclamó al magistrado del caso investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la citada compra, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente".

El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la expansión del Canal en Latinoamérica.


Anticorrupción tiene previsto ahora solicitar al juez Manuel García Castellón la citación como imputado del también exministro de Justicia, pero no lo hará hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados, según han informado fuentes de la Fiscalía.

Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la conversación.

Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos.

En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos [opciones]: o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...".

De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el mismo [González] tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también que ocultó el fraude "en beneficio de la organización".

Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".

Dentro de esta causa han declarado este jueves cuatro personas como imputadas sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a González cobraron cuatro millones de euros.

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« Respuesta #311 en: 14 de Septiembre de 2017, 20:35:49 pm »
A ver si es verdad que hace lo que dice . . . pero hasta que no vea a Gallardón procesado . . . no me creo nada . . .

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« Respuesta #312 en: 19 de Octubre de 2017, 15:43:13 pm »

EL CASO ESTÁ EN EL JUZGADO NÚMERO 46 DE MADRID

La nueva batalla judicial de la M-30: ACS y Ferrovial reclaman 3,5 millones a Carmena


DAVID FERNÁNDEZ

19.10.2017 – 05:00 H.
Una nueva batalla judicial se dirime en los juzgados madrileños sobre el escenario de la M-30. Ferrovial y Dragados (del Grupo ACS), las dos firmas encargadas de explotar, conservar y mantener esta importante vía de comunicaciones de la capital, han demandado al Ayuntamiento de Madrid y le reclaman 3,5 millones de euros por los gastos de cancelación de un préstamo que en su día estas dos constructoras concedieron a Madrid Calle 30, la empresa mixta que se constituyó en el año 2004 para ejecutar las faraónicas obras de soterramiento de la carretera. El caso ha caído en el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid.


Ferrovial y ACS crearon juntas la sociedad Emesa para explotar los túneles de la M-30 una vez construidos. Emesa tiene el 20% de Madrid Calle 30 (el otro 80% lo tiene el consistorio que ahora gobierna Manuela Carmena), la empresa creada entonces por el regidor madrileño Alberto Ruiz-Gallardón para construir la red de túneles. La historia de este conflicto judicial surge en septiembre de 2005, cuando Emesa concede a Madrid Calle 30 un préstamo de 113,9 millones de euros, que en 2007 se amplió en 11 millones más hasta llegar a los 125 millones. Un préstamo que sirvió para que el ayuntamiento no pusiera un euro en la andadura inicial de esta empresa mixta. El plazo de amortización concluía en 2025.


Pero "Emesa no es una entidad de crédito, por ello debió financiar el préstamo, es decir, debió a su vez pedir prestado el dinero que prestó a Madrid Calle 30”, según reza la demanda. El 27 de julio de 2006, Emesa firmó un contrato con el Banco Español de Crédito y con The Royal Bank of Scotland Plc por 113.980.000 euros que también vencía en 2025, crédito que luego fue ampliado a 125 millones cuando Madrid Calle 30 solicitó a su vez en 2007 los 11 millones extra a Emesa.


El problema surge con la aplicación de la cláusula 6.5 del préstamo, que regula la "liquidación de las coberturas existentes". Con esta cláusula, las dos partes pactaron que en caso de que Madrid Calle 30 realizase una amortización total o parcial, voluntaria u obligatoria, debería asumir los costes de esa decisión. Es decir, que si Madrid Calle 30 decidiera amortizar anticipadamente el préstamo, debería abonar a Emesa los costes generados por esa amortización. Las constructoras esgrimen además otro argumento en su demanda, la cláusula 9.2.2, que señala que Emesa deberá amortizar obligatoriamente de forma anticipada el crédito que pidió a esos dos bancos "en el supuesto de que se produzca cualquier amortización anticipada del préstamo que mantiene con Madrid Calle 30".

El exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
El exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
El supuesto previsto en la cláusula 6.5 se produjo. El 31 de diciembre de 2013, con Ana Botella ya en la alcaldía, Madrid Calle 30 realizó una transferencia bancaria a Emesa por importe de 13.440.000 euros que implicaba una amortización anticipada parcial del préstamo. Según la demanda, "Madrid Calle 30 no niega la existencia de esa amortización anticipada. Tampoco niega que para Emesa esa amortización haya supuesto algún coste, ni niega la cuantía del mismo. Sin embargo, Madrid Calle 30 no quiere hacerse cargo de ese coste por considerar que no nos encontramos ante un supuesto de amortización voluntaria, al haber impuesto el Ayuntamiento de Madrid la citada amortización, y que, por tanto, no resultaba aplicable la cláusula 6.5 del préstamo".

Según Ferrovial y ACS, "tal alegación carece de fundamento, ya que Madrid Calle 30 obvia de forma intencionada que la cláusula 6.5 resulta de aplicación tanto en los supuestos de amortización anticipada voluntaria total o parcial (cláusula 6.2), como en los de amortización anticipada obligatoria (cláusula 6.4)". Las dos constructoras reclaman ahora 3.356.324 euros por los costes de amortización del préstamo y 207.210,49 euros en intereses de demora. Igual que los dividendos que genera la empresa mixta se reparten al 80% para el consistorio y al 20% para Emesa, esta última cree que los gastos de cancelación del préstamo los debe asumir Madrid Calle 30, no solo Emesa, que está planteando una reclamación contra una empresa de la que es accionista.

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"De la lectura de las citadas cláusulas, cabe deducir que el préstamo permitía la amortización parcial o total anticipada del mismo en determinadas circunstancias por parte del prestatario (Madrid Calle 30), y, en todo caso, compensando a Emesa por el coste de ruptura del derivado. Esta regla no conoce excepción alguna en el propio contrato, por tanto, es de aplicación en todo caso", concluyen las constructoras de la familia Del Pino y de Florentino Pérez. "Es una cuestión de estricta justicia: quien decide qué se amortiza y cuándo se amortiza es Madrid Calle 30, por tanto, es Madrid Calle 30 quien debe asumir las consecuencias (en este caso, los costes de esta decisión) y no tiene justificación alguna que sea Emesa, que es completamente ajena a esta decisión, quien deba asumir el citado coste".

El litigio salpica ahora al Gobierno que dirige Ahora Madrid, que es a quien se reclaman los gastos de compensación por una cancelación parcial de préstamo que decidió el Ejecutivo que dirigía Ana Botella. Un portavoz municipal asegura que "no se trata de una amortización voluntaria, ya que tuvo lugar con motivo de la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 que fue traspasada al ayuntamiento. En ese marco se llevó a cabo la modificación que conllevaba el pago anticipado parcial de 13,4 millones para mantener la rentabilidad de la inversión del socio privado y, por tanto, no se puede hacer recaer sobre el ayuntamiento ese coste".

El actual Gobierno local señala que no se trata de una amortización, sino de la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 por el ayuntamiento"

Según el actual Gobierno local, "este argumento no es nuevo. Ya se justificó por parte del ayuntamiento en una carta remitida a Emesa en 2014. Entonces Emesa reclamaba una cantidad inferior, de 1,9 millones, y no acudió a los juzgados ante la negativa del ayuntamiento. Curiosamente, ahora sí lo ha hecho. Emesa era conocedora de la subrogación de la deuda, y sus representantes en el consejo de Madrid Calle 30 aprueban las cuentas anuales que no han incluido nunca esos costes de cancelación que ahora reclaman".

Una imagen de archivo de las obras de la M-30. (Reuters)
Una imagen de archivo de las obras de la M-30. (Reuters)
Sanciones del ayuntamiento

ACS y Ferrovial ya se querellaron en julio de este año contra el Ayuntamiento de Madrid por las tres multas que les ha impuesto el nuevo Gobierno local de Ahora Madrid por "incumplimientos contractuales". Las sanciones ascienden a 995.000 euros. El caso está en el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid. Según el Gobierno local, los incumplimientos de Emesa incluyen el desabastecimiento de los "apoyos de neopreno" de los túneles, la no instalación de la red wifi ni de la red de comunicación PDH, "que mejoraría sustancialmente el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control".

El ayuntamiento también ha puesto en marcha este año una comisión de investigación, promovida por Ahora Madrid, para analizar los sobrecostes de esta obra, las deficiencias detectadas, el desarrollo societario de Madrid Calle 30 y los reequilibrios económicos, así como los trabajos de mantenimiento y explotación llevados a cabo en los últimos años. La comisión está redactando ahora las conclusiones finales.

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CURSOWEB
2017-10-19 10:34:44
ACS+gobierno de PP= corrupción segura, sobrecostes, y por supuesto un sablazo a los contribuyentes.

Por otro lado, ¿amortizar 13 millones de un préstamo conlleva un coste de más de 3 millones? ¿cómo pueden pretender colar ese golazo al ayuntamiento?

MAZINGERZ0629
2017-10-19 07:29:47
Y porque no se los reclaman al patrimonio personal de Gallardon que es que impulsó tanto desmán y corrupción con esa obra faraónica que estaremos pagando años y que hay servicios que nunca tendremos y gastos triplicados?

y luego dirán que no hay "herencia envenenada " en el auto de madrid. Eso sí lo importante de verdad son dos titiriteros y los trajes de la cabalgata de reyes.

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19.10.2017 – 13:28 H.
La Policía detuvo en Alicante a nueve menores por, presuntamente, acosar y humillar a una compañera de clase, de la que cinco de ellos, además, supuestamente abusaron sexualmente durante las fiestas de las Hogueras de San Juan. Según informa la Policía, la víctima, una estudiante de segundo de Bachillerato, de 16 años, denunció a mediados de junio pasado ser objeto de burlas y de insultos por parte de compañeros de instituto.


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FLORENTINO ENSEÑA SUS CARTAS
ACS promete a Criteria un dividendo anual de 350 millones por apoyarle en Abertis
CARLOS HERNANZ
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19.10.2017 – 05:00 H.
Empieza el baile. ACS enseñó ayer sus cartas para quedarse con Abertis. Uno de los números más determinantes tiene que ver con la política de dividendo prometida a Criteria, primer accionista de la opada con un 22,5%, para que vaya a la oferta. Por ese apoyo, Hochtief promete al holding de participaciones de La Caixa (fundación bancaria) el cobro de un dividendo anual próximo a 350 millones de euros, según fuentes vinculadas a la operación.



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Re:La calle 30
« Respuesta #313 en: 24 de Noviembre de 2017, 16:10:22 pm »

La comisión de investigación de la M30 de Madrid concluye que las obras de Gallardón fueron "ilegales"



El dictamen concluye que el modelo de gestión escogido por Gallardón, una sociedad mixta, fue ruinoso para las arcas municipales y plantea volver a un modelo de gestión público

Las obras fueron "totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental" 

Fátima Caballero     
24/11/2017 -  11:00h  

Las cuentas de Madrid están a día de hoy intervenidas por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha reducido en 2.000 millones la estratorférica deuda heredada por la mala gestión de su antecesor en el cargo: Alberto Ruiz Galardón, y cierra las cuentas cada año con 1.000 millones de superávit. Aún así Hacienda, que nunca cuestionó lo que hoy la comisión de investigación de la deuda por M30 ha dictaminado como "ruinoso" e "ilegal", ha decidido ir contra la política de inversión de este equipo de Gobierno.

"Las obras fueron totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental".  Esta es la primera conclusión que recoge la comisión de investigación respecto a la sociedad Madrid Calle 30, pero hay más.

La comisión en la que han estado Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y por donde han pasado Ecologistas en Acción, el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y numerosos funcionarios y vecinos determina que obviar la preparación del estudio ambiental "fue totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007".

 Como adelantó eldiario.es, Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos  un año antes. Una auditoría interna de la empresa encargada del mantenimiento de la circunvalación (EMESA), cinco días antes de la última presentación, revela que gran parte de los sistemas de control y seguridad de los túneles ya abiertos seguían sin funcionar o no estaban instalados.

Este punto también se recoge en las conclusiones del dictamen que determina que "las obras fueron inauguradas con importantes carencias y deficiencias que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio".

Además, señala como responsable directo "por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid", al  equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón por "un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos lleno de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control".

El dictamen recoge una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la de elaborar "una auditoría ambiental que esclarezca el nivel de contaminación en el interior del túnel, en sus bocas de salida y en los pozos de extracción del túnel en los que el aire es filtrado únicamente cuando la ventilación forzada se activa y, además, parece que no todos los pozos cuentan con sistema de filtrado".

Pasar a un modelo de gestión 100% público

Alberto Ruiz Galardón eligió un modelo de gestión semipúblico a través de una sociedad mixta, Madrid Calle 30, en la que el Ayuntamiento posee el 80% de las acciones y las constructoras (Ferrovial, ACS) el 20% pero son las encargadas de la gestión y el mantenimiento de la M30. El dictamen de la comisión de investigación considera que "el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales; garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040".

La primera recomendación del dictamen va en esa dirección y plantea la remunicipalización para que la sociedad vuelva a ser completamente pública. La trampas para ocultar así la deuda no sirvieron, por eso la comisión ha llegado a la conclusión de que debe revertirse "el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura".

Para ello, el dictamen recomienda "solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la Sociedad Privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30".

Otro dictamen, esta vez de la Camara de Cuentas de Madrid, apuntó en el mismo sentido. El organismo fiscalizador concluyó que aquel megacontrato para el mantenimiento de una obra que consumió 5.000 millones de euros en su día se ha convertido en otro pozo sin fondo para las arcas municipales.

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Re:La calle 30
« Respuesta #314 en: 26 de Noviembre de 2017, 11:31:38 am »

Así endeudó Gallardón a Madrid con la M30: sobrecostes, pago de trabajos no realizados y modelo de gestión "ruinoso"


 La comisión de investigación de la M30 de Madrid ha concluido que las obras bajo la alcaldía de Alberto Ruiz- Gallardón fueron "ilegales"
 El modelo de gestión semipúblico escogido para que la deuda no computase en el Ayuntamiento ha resultado ruinoso. Gallardón dejó el Ayuntamiento con un agujero de más de 7.000 millones para ser ministro
 Hasta los gastos de la luz y el agua de los que debía hacerse cargo la empresa adjudicataria de mantenimiento EMESA los ha asumido la corporación local


El entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la apertura del by-pass de la M-30, en mayo de 2007. / madrid.es
Por Fátima Caballero
24 nov 201721:28
Las obras de la M30 fueron "ilegales" y el modelo escogido para su gestión fue "ruinoso" para las arcas de la ciudad de Madrid. Estas son las dos principales conclusiones del dictamen de la comisión de investigación de la deuda de Madrid que se ha centrado en la M30. El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón dejó un agujero de miles de millones que los madrileños aún están pagando por unas obras que no contaron en su inauguración con los mínimos sistemas de seguridad, según se desprende del informe que se ha hecho público este viernes.

OCULTAR PUBLI X

Gallardón inauguró el último tramo de la M30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid y así la vendió: el macroproyecto para Madrid. Entonces no se sabía aún lo que supondría años después esta infraestructura para las cuentas madrileñas. Tampoco se conocía que una auditoría interna de la empresa encargada del mantenimiento de la circunvalación (EMESA) revelaba que gran parte de los sistemas de control y seguridad de los túneles ya abiertos seguían sin funcionar o no estaban instalados.

Las conclusiones que arroja el dictamen de la comisión de investigación no son una novedad. A través de los medios de comunicación se ha ido conociendo el despilfarro que supusieron estas obras y también el modelo de gestión, una sociedad mixta con la que Gallardón pretendió tapar con un dedo el endeudamiento que supuso la macroinfraestructura. Pero además, ese modelo de gestión ha dilapidado ya más de 600 millones, un contrato que se firmó con las constructoras hasta 2040: el Ayuntamiento de Ahora Madrid calcula que el coste para el Consistorio ascendería a 2.550 millones de euros si la gestión se mantiene los próximos 23 años.

Sobrecoste de 1.600 millones en 25 minutos
La cifra inicial de las obras de soterramiento en Madrid de la M30 era de 1.700 millones de euros en 2004. Sin embargo, el proyecto estrella de Gallardón pronto comenzó a aumentar. Un año más tarde, la adjudicación del contrato a ACS y Ferrovial fue por 2.500 millones, aunque posteriormente se dijo que finalmente fueron 3.500 millones porque había que sumar el IVA. La escalada no terminó ahí: el Gobierno local aseguró que el gasto había sido de 5.600 millones.

Desde la oposición en el Consistorio apuntaban que a este dato habría que sumar los intereses, por lo que estiman el desembolso total en 10.406 millones de euros. El grupo de constructoras a las que se les adjudicó las obras de la vía M30 —Dragados, Ferrovial, Sacyr, OHL y Acciona, entre otras— exprimieron la legislación para conseguir unos sobrecostes de las obras que en algunos casos llegaron hasta el 63% del precio inicialmente presupuestado.

Las obras de la M30 se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el consistorio que gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón. Solo dos años después del concurso público que adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE de Ferrovial, Dragados y Api, el Gobierno municipal autorizó un modificado del presupuesto para hacer frente a los imprevistos que aparecieron durante las obras –de una extrema complejidad – y ampliar el mantenimiento de la infraestructura de Ferrovial y Dragados por separado, que también participaron en la construcción junto a otras empresas.

El sobrecoste que el Gobierno municipal autorizó a Calle 30 suma 1.632.642.000 euros, a pagar hasta 2040 en anualidades idénticas de 49.474.000 euros. Solo en mantenimiento supone pagar 330 millones más durante 33 años. Esa primera revisión de los costes de conservación de la vía (un capítulo que ingresa el socio privado) encareció la factura en 10,5 millones de euros cada año: pasó de 12,2 millones en 2005 a a 23 millones en 2007.

Revertir un modelo de gestión ruinoso
OCULTAR PUBLI X
Para que el coste de las obras de la operación –incluida la construcción–, 6.000 millones de euros, no computase como deuda del Ayuntamiento, el Gobierno municipal liderado por Gallardón ideó una empresa mixta, Calle 30, donde el Consistorio de la capital tiene el 80% de la sociedad y la UTE el 20% restante.

Tanto el dictamen como un informe de la Cámara de Cuentas han determinado que el modelo escogido ha sido ruinoso para la capital. El órgano fiscalizador advirtió en varias ocasiones que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propuso incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra. Esta recomendación también se recoge en el dictamen que se ha conocido este viernes. El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de remunicipalizar la empresa.

Este modelo de gestión escogido por Gallardón, para que la deuda no computase en el Ayuntamiento, ha costado ya a los madrileños 612 millones de euros entre 2005 y 2016 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó el excalcalde y exministro de Justicia, esta cifra puede ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal.

La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento —Madrid Calle 30— es el Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid. Hasta los gastos de la luz y el agua de los que debía hacerse cargo EMESA los ha asumido la corporación local. En el dictamen también se hace referencia a estos últimos gastos y se plantea pedir a las empresas que además de asumirlos, reembolsen los más de 60 millones que ha pagado el Ayuntamiento.

Las obras fueron "ilegales": lo dice la justicia
"Las obras fueron totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental", concluye en uno de sus puntos el dictamen. El informe se refiere a varias sentencias judiciales. El primero vino de la mano de la Comisión Europea, que abrió en 2006 un expediente sancionador contra España por las obras de soterramiento de la M30 al considerar que vulneraban la legislación medioambiental comunitaria.

Para Bruselas, era "irrelevante" que las autoridades españolas calificasen la M30 como una vía urbana y consideró que las obras deberían haberse sometido a una evaluación global de impacto medioambiental al tratarse de un proyecto de "grandísima envergadura". El tribunal europeo sentenció que la evaluación de impacto "no podía eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto".

Finalmente, en 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió no sancionar a España después de que el Ejecutivo comunitario llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para realizar una evaluación de impacto 'a posteriori'. Además, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.

OCULTAR PUBLI X
Este juzgado declaró un año después ilegales las obras respondiendo a la denuncia de Ecologistas en Acción, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM, como ya hizo antes el Juzgado de lo Contencioso nº 22, concluyó que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, y que "trocear" la obra en diversos proyectos y el hecho de que sea una vía urbana era "irrelevante".

Pago por trabajos que nunca se realizaron y sobrecostes
El mantenimiento de la M30, se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales. El Gobierno municipal que preside Manuela Carmena ya ha sancionado  a las empresas por haber cobrado cantidades millonarias por varios trabajos que no ha realizado. Las empresas pagaron hace unas semanas 100 millones de euros de esas sanciones.

Un ejemplo de estos trabajos que no se realizaron tiene que ver con el alumbrado público y a un sistema de control que Madrid Calle 30 decidió poner en marcha en 2007 para vigilar el estado de las luminarias, dados los robos de cables que se venían produciendo en aquellos años. Emesa, que ya cobraba por el mantenimiento de la red de alumbrado público de la M30, se comprometió entonces a realizar una inversión que, "no se ha llevado a cabo", determinó el Consistorio. Por ese concepto, las empresas que mantienen la vía cobraron 2.484.485 euros hasta 2015.

El Ayuntamiento tampoco tiene noticias de que las concesionarias del mantenimiento de la M30 estén cumpliendo sus obligaciones de "mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass". Este encargo se derivó de un cambio estructural en la construcción de la obra que precisaba de un mayor número de apoyos. Según la documentación que maneja el Gobierno de Carmena, "la empresa mantenedora de la infraestructura, EMESA, no había realizado ni tan siquiera una inspección detallada de los apoyos para determinar si era necesaria su recolocación o su sustitución. Según las cuentas municipales, el Ayuntamiento ha pagado a EMESA 3,2 millones de euros por este concepto "sin que, a día de hoy, Madrid Calle 30 sea conocedora de la finalización del primer proceso de recolocación o sustitución".

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Re:La calle 30
« Respuesta #315 en: 27 de Noviembre de 2017, 12:15:36 pm »

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« Respuesta #316 en: 27 de Noviembre de 2017, 12:34:05 pm »
Y los jueces no tienen nada que decir de este asunto?

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Re:La calle 30
« Respuesta #317 en: 01 de Diciembre de 2017, 08:32:08 am »
La Fiscalía sigue sin pedir que Gallardón declare como imputado en 'Lezo' 10 meses después de que la Audiencia diese vía libre

    Anticorrupción aguarda informes sobre la eventual responsabilidad de Gallardón antes de tomar una decisión
    La Audiencia Nacional dio la razón en enero a los fiscales del caso, que pidieron dirigir el procedimiento también contra los miembros del Gobierno de Madrid que aprobaron en 2001 el acuerdo para la compra de Inassa

Alicia Gutiérrez
Publicada 29/11/2017 a las 06:00 Actualizada 29/11/2017 a las 11:37
 
 

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Re:La calle 30
« Respuesta #318 en: 01 de Diciembre de 2017, 11:02:09 am »
Gallardón es una pieza de caza mayor . . . hasta que no tengan bien montados los puestos . . . no soltarán la jauría . . .

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Re:La calle 30
« Respuesta #319 en: 27 de Diciembre de 2017, 14:15:19 pm »

El juez imputa a toda la cúpula de Gallardón en el Canal por el primer pelotazo de 2001


JOSÉ MARÍA OLMOTWITTERCONTACT
BEATRIZ PARERATWITTERCONTACT
DAVID FERNÁNDEZTWITTERCONTACT
27.12.201713:28 H.
El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001. Entre los citados no está de momento el ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, que presidía el Consejo de Gobierno que autorizó esta adquisición. Entre los citados sí está el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda; y el ex consejero madrileño Pedro Calvo. La Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación de todos la semana pasada.


Tendrán que declarar todos los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho. También aparece en el listado Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación.

Juan Bravo, exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en 2001 y hoy presidente de Adif. EFE

Entre los investigados también figuran Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia en el momento de los hechos (esta empresa se creó expresamente para servir de vehículo para comprar Inassa), Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera Sánchez (director económico del Canal), Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez. Las declaraciones se producirán entre el 9 y el 15 de enero.

De momento el juzgado no ha citado a Gallardón. La Fiscalía ha dejado abierta su futura imputación y la de todo su consejo de Gobierno porque falta por analizar documentación. "Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo". señaló en su escrito el ministerio público.

Ruiz-Gallardón, "orgulloso" del primer pelotazo del Canal en Colombia
David Fernández

En un auto fechado el 26 de diciembre, el juzgado solicita nuevas diligencias relacionadas con esta pieza del caso Lezo. Entre ellas todo el expediente que llegó al Consejo de Gobierno en noviembre de 2001 por el que los consejeros aprobaron la compra de Inassa. También solicita a la Comunidad de Madrid "la identificación completa de todos los miembros del Gobierno que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta que, en su caso, se redactó de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo".

El juzgado pide al Canal "la certificación o documentación que acredite la totalidad de documentación remitida al Consejo de Gobierno tras la celebración del Consejo de Administración de CYII de fecha 14 de noviembre de 2001, debiendo detallar toda la información que obre en su poder sobre dicha remisión y personas que gestionaron la misma". La Consejería de Hacienda, por su parte, deberá aportar "testimonio de los informes o documentos que hubiera elaborado valorando la forma en que Canal Extensia adquirió las acciones de Inassa y la incidencia que tuvo la utilización de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América SA incluyendo toda la información que acredite las personas a las que dirigieron sus informes y las consecuencias que el mismo tuvo".