La izquierda inicia una guerra de desgaste contra Almeida por la investigación del espionaje
El alcalde censura que conviertan la comisión en un «circo» y pedirá que los grupos municipales argumenten por escrito por qué citan a 67 personas
Marta R. Domingo
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MADRID Actualizado:11/03/2022 00:41h
La comisión de investigación sobre la presunta implicación del Ayuntamiento de Madrid en el intento de espionaje al hermano de Isabel Díaz Ayuso no puede durar más de tres meses, pero la lista de peticiones de comparecientes que han registrado los grupos municipales de la oposición es tan extensa que parece ‘a priori’ imposible de encajar en ese espacio temporal. Hasta que termine el plazo, que culmina esta mañana, en el registro del palacio de Cibeles ya han inscrito sus solicitudes el PSOE, Más Madrid y Vox, que solo ellas alcanzan 34, 22 y 11 nombres, respectivamente. El hermano de la presidenta de la Comunidad, Tomás Díaz Ayuso; el exmandatario popular, Ignacio González o la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, son algunas de las peticiones que han crispado al PP.
Consideran que esta no es más que una estrategia para desgastar al equipo de José Luis Martínez-Almeida. «¿Qué sentido tiene citar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid; a Ignacio González, que no tiene ninguna relación con los hechos; o a Andrea Levy como presidenta del Comité de Garantías del PP?», cuestionó ayer el regidor, que aseguró que le «van a encontrar en buscar lo que ha pasado, en exigir responsabilidades», pero no le «van a encontrar en el circo ni en llamar a todas aquellas personas que nada tienen que ver con el objeto de la investigación».
El Grupo Municipal Popular llamará, sostuvo, a «todos los cargos municipales que han tenido relación con las averiguaciones y todos aquellos que tienen que dar explicaciones». Entre ellos, aunque no esté ya en el PP –dimitió de todos sus cargos en el consistorio y en el partido–, será citado el que fuera director general de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero. No obstante, ningún citado tiene la obligación legal de hacerlo. Y, en este caso, ahora ya sin responsabilidades en la formación política se antoja poco probable que vaya a acudir a la comisión.
La lista del PP apenas incluye tres nombres más: el del propio regidor, el del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (que fue a quien Almeida encomendó el escrutinio de la documentación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) cuando le advirtieron de la presunta trama) y el del concejal delegado de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González (quien se encargó de llamar al jefe de la empresa de detectives privados para contrastar si alguien de la entidad trató de contratar sus servicios).
Supervisión jurídica
Para evitar que la comisión se convierta en un «circo basado en el cotilleo que nada tiene que ver con el objeto de la misma», exigirán que cada grupo municipal presente un escrito en el que justifique el motivo de la petición de comparecencia de cada persona que sea llamada a intervenir. «Creo que cuando hablamos de sesiones que pueden afectar a la honorabilidad de las personas lo mínimo que tiene que hacer cada grupo municipal en la Junta de Portavoces es presentar la motivación de por qué piden la comparecencia de esas personas por escrito. Si no tienen nada que ocultar, si piensan de verdad que tiene relación con el objeto de la investigación no tendrán ningún problema en poner por escrito por qué están llamando a declarar a esas personas y cuál es la relación con el objeto de la comisión», reclamó el primer edil.
Asimismo, los populares solicitarán la asistencia del secretario general del Pleno para que, desde el punto de vista jurídico, «avale en su caso la legalidad o no de las acciones que se están llevando a cabo por los grupos municipales de la izquierda en el ayuntamiento».
Causa general
Ciudadanos tampoco quiere convertir la comisión en «una causa general» para investigar la corrupción en España. «No podemos utilizar la comisión del ayuntamiento para sustituir la comisión de investigación que no sale en la Asamblea. Ese es un problema de la Asamblea», subrayó la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, cuya declaración ha sido solicitada por el PSOE.
En este sentido, la coordinadora del PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González, anunció ayer varios nombres entre los que están los consejeros Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y Enrique López. En el consistorio coinciden en solicitar la de Carromero y Carabante, pero añaden también a la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, y la de Obras, Paloma García Romero, así como la de la coordinadora de Alcaldía, Matilde García.
Los socialistas también han pedido que acudan la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes, así como el director de Comunicación del ayuntamiento, de la EMT, y el que ejercía este cargo en la EMVS hasta su salida la semana pasada. El PSOE también incluye en su listado al hermano de la presidenta y al alcalde del municipio abulense de Higuera de Dueñas, además de a representantes de la agencia de detectives contactada y de todas las empresas vinculadas a la adjudicación de la compra de mascarillas.
Coincide en gran medida con los solicitados por Más Madrid, como la propia Ayuso, Almeida, Carromero o el actual jefe de prensa de la EMT, Joaquín Vidal. Añaden también al investigador privado Julio Gútiez; el consejero delegado de EMVS Diego Lozano; el empresario Daniel Alcázar; el alcalde de Higueruela, Juan Díaz Alonso, y el senador del PP Juan Pablo Martín. «Lo fundamental que tiene que hacer la comisión es llegar a la verdad de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, si se han utilizado recursos públicos, y también humanos, para esa presunta trama de espionaje y de guerra interna del PP», reclamó su portavoz, Rita Maestre.
La pelea por confeccionar la lista final que ahora se debate es el primer escenario de la batalla mediática que ya ha empezado sin que la comisión apenas se haya iniciado.
