El PSOE pide reforzar las competencias de Madrid como una capital federal
Causapié negocia con Carmena para instar cambios leyes estatales, asegurarse materias del ámbito regional y lograr una mejor financiación municipal
Bruno García Gallo
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Madrid 23 MAY 2016 - 07:04 CEST
El Partido Socialista está negociando con el resto de partidos una proposición para que el Ayuntamiento de la capital pueda blindar y reforzar sus competencias (tanto aquellas reconocidas por la ley como las que presta desde hace años sin sostén normativo) y su financiación. El objetivo último es dotar a la ciudad de “una posición más firme” tanto en su relación con el Gobierno como con la Comunidad de Madrid, explica a EL PAÍS la portavoz municipal socialista, Purificación Causapié, y que goce así de “un estatus más importante como la capital de un Estado que debe evolucionar hacia un modelo federal”.
Causapié (izquierda) y Carmena, en una rueda conjunta en marzo. Ampliar foto
Causapié (izquierda) y Carmena, en una rueda conjunta en marzo. EFE
Causapié evita las comparaciones con, por ejemplo, la capital de México o con Washington DC en Estados Unidos. En este último caso, su singularidad está recogida en la Constitución; alberga en su corona metropolitana, como Madrid, a seis millones de habitantes, además de las sedes parlamentaria, judicial y gubernamental, y no opera como un Estado sino que depende fundamentalmente del Congreso.
Madrid no se mira en ese espejo, al menos aún no, pero sí aspira, según el PSOE, a reforzar sus competencias por encima de las del resto de Ayuntamientos, a un nivel inferior a las autonomías, pero con capacidad de interlocución directa con estas y con el Gobierno.
Causapié quiere reforzar a la ciudad frente al Estado
La portavoz municipal socialista, Purificación Causapié, cree que “Madrid debe tener un estatus mejor en su capacidad de interlocución con el Estado”, en temas que abarcan desde la financiación y las infraestructuras previstas en los Presupuestos Generales, como la seguridad o el protocolo (“aquí pasan determinadas cosas porque somos la capital y eso debe reconocerse”, señala). “Se trata de desarrollar y modificar si es necesario la Ley de Capitalidad”, añade Causapié, que negociará esta proposición directamente con la alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid).
Además de “reforzar la capacidad competencial y dotar de una posición más firme” a la ciudad frente a los gobiernos regional y autonómico, el PSOE quiere “trabajar con los Ayuntamientos de los alrededores” para “establecer un sistema de coordinación” en materias como la ordenación del tráfico, la calidad del aire, el medio ambiente, etcétera.
Y, al mismo tiempo, aspira a tejer una red de acuerdos con los municipios de su entorno para construir un área metropolitana que gestione en común competencias ahora desperdigadas o en manos del Gobierno regional (medio ambiente, movilidad, tráfico, etcétera).
“No se trata de exigir privilegios”, explica el PSOE en su proposición, sino de reconocer que Madrid “es un municipio muy diferente de los demás del Estado y de la Comunidad”. Es capital autonómica y nacional, y “articula un área metropolitana de más de seis millones de habitantes”, añade. Por ello, pide para la ciudad “competencias propias y exclusivas” y “un nuevo régimen fiscal que garantice su pleno desarrollo y modernización al nivel de las grandes capitales europeas”.
Negociación con el resto de partidos
El PSOE está negociando con todos los partidos (PP, Ahora Madrid y Ciudadanos) para intentar aprobar la proposición por unanimidad. Ahora Madrid también abogó en su programa por reformar la Ley de Capitalidad, mejorar la financiación estatal y regional, y derogar los límites a sus competencias que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.
El PSOE considera que la Ley de Capitalidad, aprobada hace 10 años, tiene “limitaciones que le han pedido cumplir sus fines”, y además no se ha desarrollado mediante una comisión entre las tres Administraciones pese a que la norma preveía crearla en el plazo máximo de seis meses.
Echa en falta además una norma de capitalidad regional, como tienen otras ciudades dentro de sus propias autonomías, “en la que se reconozca su singular especialidad”. Esa carencia provoca en su opinión “dificultades” en sus relaciones con la Comunidad y con el resto de municipios de la región.
Área metropolitana con la competencia sobre el metro
El PSOE no solo quiere una carta municipal que blinde sus competencias como la que tiene Barcelona, sino que aspira además a constituir una red de consorcios para la prestación de servicios públicos junto a otros municipios de su entorno, conformando de esta forma un área metropolitana como la que opera en la capital catalana.
Las áreas metropolitanas son “entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras”, según recoge la Ley estatal Reguladora de las Bases del Régimen Local. Su creación depende de las autonomías, “previa audiencia” con el Gobierno estatal y con los municipios afectados.
En Barcelona, el área metropolitana agrupa a 3,2 millones de personas repartidas en 36 municipios (además de la capital catalana, tan solo Badalona y L’Hospitalet de Llobregat sobrepasan los 100.000 habitantes).
La creó el Parlamento catalán en 2010 mediante una ley autonómica que le otorga competencias de urbanismo, transporte público (incluido el metro, que en Madrid es autonómico precisamente porque rebasa el límite municipal), taxi (en Madrid también es regional), aguas (en Madrid lo gestiona el Canal de Isabel II), infraestructuras, desarrollo económico y social y cohesión territorial.
Para remediar todo ello, la proposición socialista insta al Ayuntamiento a dirigirse al Gobierno y a la Comunidad de Madrid para constituir la citada comisión de la Ley de Capitalidad.
Además, apuesta por constituir un grupo de trabajo con partidos políticos y expertos para redactar una norma similar a nivel regional, al estilo de la carta municipal de Barcelona.
Su objetivo es blindar las competencias propias del Ayuntamiento y reconocer además aquellas que la Ley de Sostenibilidad —aprobada por el Gobierno (PP) en 2013— permite a las autonomías delegar en los Ayuntamientos. En esencia, las competencias locales son urbanismo y vivienda, medio ambiente, tráfico, policía y bomberos, información turística, salud pública, cementerios, promoción de la cultura y el deporte, recogida de basura, alumbrado, limpieza viaria, alcantarillado, bibliotecas y transporte público.
Pero el PSOE quiere “mantener” además las competencias que se consideran impropias dentro del marco normativo, pero que el Ayuntamiento lleva años desarrollando merced a su población (3,2 millones, más que Galicia, Castilla y León o País Vasco) y su presupuesto (4.488 millones, al nivel de Aragón, Navarra o Murcia). Entre ellas figuran, por ejemplo, los servicios de emergencia sanitaria, los museos y teatros, la atención a drogodependientes, la agencia para el empleo, la promoción turística, los centros educativos (escuelas infantiles, de música, etcétera) y la extensísima red de servicios sociales.
Mayor financiación
Además, el PSOE quiere que el Ayuntamiento asuma otras competencias que la Comunidad considere transferibles. Se ampara para ello en la Ley autonómica para el Desarrollo del Pacto Local, aprobada en 2003, que habilita al Gobierno regional para transferir o delegar competencias de consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, política de la mujer, urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda.
La mayoría de estas ya la desarrolla, de forma propia o impropia, el Ayuntamiento, pero podría ser la vía para ahondar en materia de empleo, educación y sanidad, y para obtener la última palabra, por ejemplo, en el planeamiento urbanístico o la defensa del patrimonio histórico, que ahora pertenece a la Comunidad.
Para desarrollar este marco competencial, el Ayuntamiento debería participar de los tributos recaudados por la Comunidad de Madrid, además de mejorar su participación en la financiación del Estado.
El PSOE requirió en su programa para las elecciones municipales de 2015 “un canon para cubrir los costes de capitalidad, que compense a Madrid”, por los gastos que su condición conlleva. La Ley de Sostenibilidad prevé que las autonomías doten financieramente aquellas competencias que deleguen en los Ayuntamientos. Y el Gobierno (en manos del PP aunque ahora en funciones) ha prometido revisar la financiación local la próxima legislatura.
