La ruinosa operación financiera de Gallardón que costó 6,3 millones en dos años
Un informe pericial sobreestimó los beneficios futuros de Madridec para permitir al alcalde obtener financiación
Madrid 13 JUN 2016 - 20:40 CEST
Año 2010. El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Alberto Ruiz-Gallardón, se ha quedado sin liquidez para pagar las facturas. Está tan endeudado que no puede sacar adelante sus proyectos. Es entonces cuando orquesta una operación de ingeniería financiera que resulta absolutamente ruinosa para las arcas municipales: en menos de dos años, la empresa pública Madridec (Madrid Espacios y Congresos) pierde 10,8 millones de euros e ingresa únicamente 4,5. Es decir, un saldo negativo de 6,3 millones.
Abrumado por las deudas, el Consistorio decidió en diciembre de 2010 transmitir el usufructo de sus acciones en Mercamadrid (empresa pública participada al 51% por el Ayuntamiento) a Madridec (Madrid Espacios y Congresos). A cambio, esta última pagaba 187,7 millones de euros por un periodo de 21 años y el alcalde conseguía el dinero para ir abonando las facturas. El resultado de aquella operación fue desastroso, tal y como demuestra un informe municipal interno al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El informe detalla cómo se gestó la operación. El equipo de Gobierno la justificó asegurando que Madridec tenía que buscar ingresos más estables y seguros a partir de la diversificación de sus inversiones. La crisis económica de 2008 había perjudicado las cuentas de la sociedad, orientada básicamente a los sectores inmobiliario y turístico, cultural y deportivo. Mercamadrid, en cambio, era menos dependiente del ciclo económico porque su negocio es la distribución alimentaria al por mayor.
Para calcular el precio del usufructo de esas acciones (los 187,7 millones) se estimaron los futuros beneficios de Mercamadrid. El problema es que el informe pericial en el que se basó la valoración calculó que Mercamadrid incrementaría sus beneficios a una tasa anual del 8,3%. ¿Cómo se llegó a ese porcentaje? Haciendo la media de los cinco ejercicios anteriores, lo que a juicio del informe interno consultado por EL PAÍS “fue un absoluto disparate” porque ponderaba ejercicios muy heterogéneos. En 2006, por ejemplo, año de crecimiento económico, la tasa de crecimiento anual fue del 25,7%. En 2010, año de crisis, solo del 0,7%.
Suscribir créditos
Investigar la herencia recibida
La comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que durará dos años y medio, se divide en cuatro bloques. El primero estudiará empresas y consorcios municipales (Mercamadrid e Ifema entre ellos); a partir de marzo de 2017 se abordará la política fiscal y financiera y la gestión de la deuda (intereses de demora, pago a proveedores, impuestos y tasas...); entre julio de 2017 y mayo de 2018 será el turno de la contratación pública, obras y sobrecostes (Caja Mágica o Palacio de Cibeles, por ejemplo), y finalmente se verán las actuaciones patrimoniales y grandes operaciones urbanísticas como la Operación Calderón.
“Se trató de una estimación muy alejada de la realidad que sobredimensionaba los beneficios futuros, y el tiempo lo acabó demostrando”, señala el texto. Para hacer frente al pago, Madridec tuvo que suscribir créditos con entidades financieras. El primer pago al Ayuntamiento, el 21 de diciembre de 2010, fue de 125 millones de euros. El segundo, de 62,7 millones, tenía que entregarse antes del 31 de diciembre, pero no llegó a realizarse.
Ya en 2011, Madridec tuvo que saldar la deuda pendiente a través de la dación en pago de tres inmuebles que tenía en propiedad. Los intereses de penalización por aplazar el pago ya eran monstruosos: 2,3 millones de euros.
¿Cómo quedó la situación a finales de 2012? La inversión financiera apenas había producido unos “exiguos ingresos” de 4,5 millones de euros, que ni siquiera cubrieron el coste financiero de haberse endeudado (7,2 millones) y fueron apenas superiores a lo que dejó de ingresar Madridec por haber cedido los tres edificios (3,5 millones). “Se trató sin ningún género de dudas de una inversión absolutamente nefasta y lesiva para los intereses de la empresa pública Madridec, que lleva a pensar que el motivo de la operación fue uno diferente del oficial, tal y como en su día denunció la oposición del gobierno”.
Fuentes del antiguo gobierno de Gallardón subrayan que todas las operaciones fueron avaladas y fiscalizadas por los servicios jurídicos y por la intervención.
Madridec es una de las empresas públicas municipales que están bajo la lupa de la comisión de investigación que esta semana empieza a auditar la gestión de los anteriores alcaldes (Alberto Ruiz-Gallardón, entre 2003 y 2011, y Ana Botella, de 2011 a 2015). Finalmente, la empresa quebró.
La capital aún debe a los bancos 144,8 millones de Madridec
E. G. S. / J. A. H.
La quiebra de Madridec dejó al Ayuntamiento de Madrid un agujero de 283 millones de euros en deudas. Cuando en 2013 la empresa pública fue disuelta, las arcas municipales heredaron la deuda, y el Ayuntamiento asumió asimismo las facturas impagadas, el centro acuático (un equipamiento a medio construir) y cuatro edificios del recinto ferial de la Casa de Campo que necesitaban una costosa reforma para poder ser de utilidad. Actualmente los 11 préstamos activos suman 144,8 millones de euros de deuda viva a 31 de marzo, según la información financiera que facilita el Ayuntamiento en su página web.
La deuda del Consistorio madrileño pasó de 990 millones de euros a finales de 2000 a 7.733 millones en 2012, según han denunciado repetidamente el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la portavoz socialista, Purificación Causapié. La comisión de investigación sobre la deuda municipal se constituyó a propuesta conjunta de los grupos de Ahora Madrid y PSOE, con el voto a favor de Ciudadanos.
Cuando Madridec fue disuelta el Ayuntamiento se quedó solo las propiedades no rentables. Los edificios que sí lo eran pasaron a otra empresa municipal, Madrid Destino. También el personal.
El primer bloque de la comisión de investigación analizará entre junio de 2016 y febrero de 2017 a cuatro sociedades y consorcios municipales: la Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid (Ifema). El Ayuntamiento ha detectado irregularidades en Calle 30, entre ellas el pago de 1,5 millones por una red meteorológica inexistente. La Funeraria será municipalizada este año para ahorrar gastos millonarios derivados de la participación privada y en Mercamadrid, el Consistorio ha denunciado ante la Fiscalía un presunto delito de malversación en la época en que la presidía Concepción Dancausa, ahora delegada del Gobierno.
