empujón durante una protesta
El primer fallo fijó seis meses de cárcel pero la fiscalía pidió que se elevase
La sentencia aplica un controvertido artículo del Código Penal
Víctor Honorato Pontevedra 30 MAY 2014 - 00:25 CET307
Ana Outerelo y Tamara Vidal en Pontevedra / LALO R. VILLAR
El 21 de abril Tamara Vidal, de 29 años y embarazada de tres meses, oyó el teléfono cuando volvía del hospital después de que le hiciesen la primera ecografía. Era Ana Outerelo, compañera de trabajo en las piscinas públicas de Campolongo, en Pontevedra, donde ambas son profesoras de gimnasia. La llamada era para avisar de que acababa de salir la sentencia de apelación contra ellas por una protesta sindical de 2010. Las condenaban a tres años por estar en un grupo en el que alguien dio un empujón y tiró pintura a una piscina. Ellos no dan crédito y tampoco la ciudad, que en el mes que ha pasado desde entonces se ha movilizado para recoger más de 12.000 firmas contra su entrada en prisión en todas partes, de colegios a hospitales.
Hasta el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y el presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, se han puesto de parte de las mujeres, condenadas por un episodio apenas trascedente de un conflicto sindical que difícilmente es de los más cruentos que se recuerdan en Pontevedra. Los trabajadores del sector de las piscinas, también en A Coruña, Ferrol y Vilagarcía, aspiraban a principios de 2010 a un convenio colectivo conjunto y a sueldos mileuristas. La protesta duró poco más de un mes. Hubo algún encierro en consistorios, algún cristal roto y durante unos días se temió que la selección española de waterpolo quizás no pudiese jugar un partido. El 8 de febrero unas 50 personas entraron en la piscina de Pontemuíños. Hubo cierto follón. Alguien tiró pintura y jabón al agua y se habló de “empujones”. Ni Ana ni Tamara, que negaron haber hecho lo uno o lo otro, tuvieron problema en admitir que acompañaron la protesta. ¿Para qué negarlo?
“Esto se tiene que resolver, tienen que primar la cordura”, dicen las afectadas
La consecuencia de su sinceridad fue que en primera instancia les cayesen seis meses de cárcel. El gerente conocía a Tamara, que había trabajado antes allí, y el coche de Ana estaba en el aparcamiento. Y en la vista la juez les endosó toda la responsabilidad a pesar de que el gerente admitió que no recordaba haberlas visto hacer nada especial —solo identificó a Tamara y culpó a otro hombre de haberle empujado— y que el guardia de seguridad no las reconoció. La supuesta contradicción delatora es, según la sentencia, que Ana y Tamara dijeron que había dos grupos y que el suyo no pasó de la recepción durante la protesta, pero que sin embargo salieron por la puerta trasera, más alejada y a la que solo se llega a través de la zona de la piscina. “Si te dicen 'corre', tú corres”, oponen ellas. Una tercera imputada se libró, sin embargo, alegando que había llegado más tarde.
La sentencia podría haber quedado allí. Seis meses de pena y ausencia de antecedentes suelen servir para evitar la prisión. Ellas recurrieron para pedir la absolución, pero en un movimiento poco frecuente la fiscalía lo hizo en sentido contrario. Estimaba que el artículo 315.3 del Código Penal que aplicaba la juez marcaba una pena mayor a la impuesta, de entre tres y cuatro años y medio, a los “grupos” que coaccionen a empezar o continuar una huelga. La redacción es una de las innovaciones del código penal de 1995 contra las “coacciones en grupo” en los piquetes, que fiscales y jueces suelen tener cuidado en invocar para evitar desproporciones como esta. No fue el caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra no cuestiona los hechos de la primera, pero sube la pena porque es la que marca tal artículo. Guillermo Presa, abogado de Tamara, opina que “aparte de la desproporción, la cuestión está en el tipo penal que se aplica. Puede haber otra forma de interpretar los hechos y meterlos en otro artículo con otra pena”.
Cuentan con el apoyo del alcalde, la Diputación y 66.000 firmas
Un mes después de la sentencia Tamara y Ana, que llevan desde entonces tratando de encontrar una solución que evite su entrada en prisión, se sientan a tomar un café y explican que no van a las concentraciones de apoyo a su causa que se vienen sucediendo en la ciudad porque no son capaces de soportar la emoción. “Es tan irreal que parece que todo el mundo se siente sensibilizado”, dice Ana, que lleva 15 trabajando de monitora en el mismo centro —sin relación con el de la protesta— y cuyos responsables han escrito una carta de recomendación ensalzando a ambas empleadas, a las que han puesto facilidades para la excedencia en caso de que tengan que dejar el trabajo para ir a la cárcel. “Me siento como una delincuente, y no lo soy”, añade. Una y otra creen que la movilización social tiene que ver con que la gente puede imaginarse en su situación. “Te puede pasar el día de mañana”. Ahora ambas agotan recursos, Tamara un incidente de nulidad, Ana un recurso de amparo. Ya han preparado el expediente para pedir el indulto. “No te puedes permitir el lujo de estar triste. Esto se tiene que resolver, tienen que primar la cordura”. La campaña de apoyo en Change.org ha reunido 66.000 firmas.
