Tres sindicatos policiales contra el cambio que quiere el Gobierno en la Ley de Seguridad
25 junio, 2014
Tres sindicatos se han unido contra los objetivos del Gobierno de cambiar la Ley de Seguridad. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) rechazan, en una declaración conjunta, las modificaciones normativas de seguridad del Gobierno por no responder a una demanda de interés general para los cuerpos de seguridad, ni satisfacen necesidades de la ciudadanía en esta materia.
Desde hace varios meses, SUP, AUGC y CCOO vienen realizando un análisis social y laboral sobre la situación de la seguridad pública en España, tanto en lo referido a las modificaciones legislativas de marcado carácter privatizador y desregulador que el Gobierno ha puesto en marcha, como en todo lo referido a los recortes de las libertades democráticas y sobre la reducción drástica de derechos laborales que están soportando las trabajadoras y trabajadores de la seguridad pública, que las citadas estructuras cuestionan y rechazan.
En ese ambiente de debate e intercambio de ideas y propuestas, las tres organizaciones han llegado a un punto de encuentro con la signación de una declaración, fruto de las coincidencias en el análisis y objetivos comunes a abordar para el fortalecimiento de un espacio público e indiscutible, con clara identidad propia de la seguridad pública en un Estado social.
Para SUP, AUGC y CCOO “es evidente, que los cambios de estas leyes, sólo van dirigidos a favorecer la proliferación de negocios de carácter privado, respaldado por leyes que permiten traspasar el bien tutelado por el Estado, a manos privadas, satisfaciendo así las exigencias de los importantes grupos de presión empresarial que hacen de la seguridad privada un pingüe beneficio, basado en la precariedad de los colectivos laborales que los integran”.
Consideran que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana supone un recorte de las libertades sin precedentes que, de concluirse la hoja de ruta prevista por el Gobierno, “crearía un escenario idóneo para una permanente confrontación entre ciudadanía y cuerpos policiales, que como organizaciones democráticas rechazamos. En nuestra opinión estamos ante otra reforma innecesaria”, aseguran en su declaración.
“Consideramos que las garantías jurídicas con las que se pueda dotar a los agentes de la autoridad no deben invalidar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que conforman el tejido social, porque como parte de esa sociedad, los policías también seremos víctimas de cualquier exceso o abuso legal”, termina la declaración.
Este es el texto completo de la declaración:
DECLARACIÓN POR UNA SEGURIDAD PÚBLICA EN UN ESTADO SOCIAL
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), firmamos y publicamos las conclusiones sobre la Seguridad Pública en un Estado Social, derivadas de las jornadas que sobre la Seguridad Publica en un Estado Social, hemos llevado a cabo las organizaciones reseñadas y exponemos que: ante las modificaciones normativas llevadas a cabo en materia de seguridad, por el Gobierno de la Nación, que las tres organizaciones rechazamos de forma contundente pues se entiende que no responden a una demanda de interés general para los cuerpos de seguridad, ni satisfacen necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad.
Es nuestra obligación velar por los derechos y deberes de los policías, en general y especialmente de nuestra afiliación, así como garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía de este país. Por ello, queremos manifestar que en España existe un modelo público de seguridad que está funcionando con un alto nivel de eficiencia y profesionalidad, siendo por ello, pese a la gravedad de la crisis social que nos afecta, que la percepción ciudadana sobre seguridad no genera un alto nivel de preocupación, ya que la sociedad no considera la delincuencia como uno de los problemas más prioritarios en sus vidas y convivencia.
El Gobierno plantea dos reformas de gran calado en el ámbito de la seguridad, la reforma de la Ley de seguridad privada ya en vigor, y la Ley de Seguridad Ciudadana, aún en trámite.
Estas normativas, proyectan la prestación de nuevos servicios no demandados por la sociedad actual, con el único objetivo de privatizar una gran parte de la seguridad pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en una especie de ‘Policía Privada’, que unido a la privatización de otros servicios básicos, sólo podrá quedar al alcance de quienes tengan un alto nivel adquisitivo.
Somos conscientes de que la ciudadanía da mucha importancia a la sanidad y a la educación, y le preocupa su privatización, pero no tienen la misma conciencia reivindicativa respecto de la seguridad; y debe formar parte de nuestro compromiso conseguir sensibilizar a la opinión pública de la importancia de sentirse y estar eficazmente protegido y seguro, sin que ello suponga un coste económico en el patrimonio particular. La seguridad pública es un derecho que el estado debe garantizar, y que unido a otros derechos básicos, como la educación o la sanidad públicas, es un pilar más para garantizar el estado de bienestar.
Es evidente, que los cambios de estas leyes, sólo van dirigidos a favorecer la proliferación de negocios de carácter privado, respaldado por leyes que permiten traspasar el bien tutelado por el Estado, a manos privadas, satisfaciendo así las exigencias de los importantes grupos de presión empresarial que hacen de la seguridad privada un pingüe beneficio, basado en la precariedad de los colectivos laborales que los integran.
Recientemente, importantes empresas de seguridad privada han anunciado que se descuelgan del convenio sectorial, limitando derechos salariales y laborales de las personas que prestan sus servicios profesionales en ese ámbito, manifestación clara de que el intento de reforma no responde a intereses colectivos y demandas ciudadanas, debilitando el concepto de seguridad pública dentro del marco de actuaciones laborales democráticas.
Por otro lado, la reforma de la Ley de seguridad ciudadana, supone un recorte de las libertades sin precedentes en nuestra reciente Historia. Si consideramos que la seguridad ciudadana es una acción, que tutelada por el Estado, está destinada a asegurar la convivencia pacífica y evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes, resulta controvertido introducir novedades que, lejos de aminorar la tensión social, se interpreten como un estímulo más de esa conflictividad.
Hoy con el endurecimiento previsto en la citada Ley, de concluirse la hoja de ruta prevista por el Gobierno, se crearía un escenario idóneo para una permanente confrontación entre ciudadanía y cuerpos policiales, que como organizaciones democráticas rechazamos. En nuestra opinión estamos ante otra reforma innecesaria.
Consideramos que las garantías jurídicas con las que se pueda dotar a los agentes de la autoridad no deben invalidar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que conforman el tejido social, porque como parte de esa sociedad, los policías también seremos víctimas de cualquier exceso o abuso legal.
Por todo ello, firmamos y publicamos las conclusiones del encuentro entre las organizaciones referenciadas, en defensa de los trabajadores de la seguridad pública y de los ciudadanos, con el objetivo de expresar libremente nuestra opinión y defender de esta forma la convivencia social, desde el compromiso de construir una alternativa conjunta sobre seguridad pública que refuerce su carácter público.
