Así pues, ya tenemos el segundo paso para hacer más eficaz el sistema público de seguridad, que consistiría en ampliar las Unidades Adscritas ya existentes y crearlas en todas las Comunidades Autónomas, lo que ya plantea un amplio y controvertido debate, pero aún hay que dar un paso más para equilibrar el modelo, compartir el peso de coste económico y cerrar definitivamente el sistema público de seguridad: ceder la competencia de seguridad ciudadana, la policía preventiva y asistencial, las patrullas uniformadas, a las Unidades Adscritas de las comunidades autónomas.
Estas Unidades tendrían dependencia orgánica del Ministerio del Interior y una dependencia funcional mixta, del Delegado del Gobierno y del Consejero del ramo de la CCAA, para el cumplimiento de sus tareas de seguridad ciudadana, y una dependencia funcional exclusiva del Consejero del ramo en la comunidad autónoma para el desempe?o de las competencias del referido ente territorial.
Esta fórmula parece adecuada para implicar en la gestión de la seguridad pública a las CCAA sin que opten, las que pueden más pronto y las que no más tarde, reformando sus Estatutos, por crear cuerpos de policía propios, lo que supondría un grave problema de coordinación y a medio y largo plazo, un problema de ineficacia y crecimiento de la inseguridad.
Desde el punto de vista sindical, como esta reforma llevaría aparejada la asunción de las CCAA de una parte del coste en gastos de personal y medios materiales de los policías sobre los que ejerce una dirección funcional, esto supondría aligerar el peso del presupuesto del Estado y poder abordar una justa equiparación salarial.
Esta es la mejor forma en que las CCAA pueden implicarse y asumir competencias en materia de seguridad pública, pues al mantenerse el servicio con miembros de un mismo Cuerpo se consigue una coordinación muy sólida, y la dependencia funcional compartida es en sí misma una forma de coordinación, siendo una salida viable al reparto de competencias entre el Estado central y las CCAA en materia de seguridad pública sin fraccionar el sistema, perder eficacia y convertir a Espa?a en un paraíso de la criminalidad en Europa.
Resumiendo este segundo apartado, se mantendrían las policías propias de comunidades autónomas en País Vasco, Catalu?a y Navarra, se dotarían de personal suficiente las unidades adscritas existentes y se crearían estas unidades en las restantes CCAA, y se les transferiría a todas la competencia en materia de seguridad publica preventiva, el servicio uniformado de prevención y asistencia al ciudadano en todo el ámbito, urbano y rural, de cada comunidad autónoma. Estas Unidades adscritas llevarían todas la misma uniformidad que las unidades uniformadas de la Policía del Estado, pudiendo llevar un distintivo con la bandera de la comunidad autónoma respectiva. Tendrían todas dependencia orgánica del ministerio del Interior del Gobierno estatal, y funcional de la Consejería respectiva, y la dirección en materia de seguridad ciudadana sería compartida por el delegado del Gobierno y el consejero correspondiente de la comunidad. De otras formas de coordinación, en la dirección y en medios materiales se hablará posteriormente.
La tercera medida correspondería adoptarse respecto a las policías locales, que deberían dirigir sus tareas, además de a la protección de edificios y autoridades municipales y a la vigilancia sobre el cumplimiento de las ordenanzas, se implicarían en el sistema público de seguridad asumiendo el papel, muy importante, de policía de barrio, volcando sus actuaciones en un sistema informático que revierta sobre una Base de datos estatal.
Elemento esencial para coordinar mejor el sistema público de seguridad sería disponer de herramientas tecnológicas que permitan un sistema informático unificado, donde trabajen todas las policías locales, las unidades adscritas, las policías autonómicas y la policía del Estado. Todas las diligencias y datos revertirían al mismo sistema y todas, cada una en su ámbito territorial y de competencias, tendrían libre acceso al mismo.
En estos momentos en el sistema público de seguridad en Espa?a hay implicadas muchas administraciones y muchos Cuerpos, muy mal coordinados, a veces incluso muy enfrentados, y si la eficacia es mejorable, el coste de la misma, sumando todas las policías es manifiestamente mejorable.
Los actores implicados hoy (abril de 2009) en el sistema público de seguridad son el Gobierno, las 17 Comunidades Autónomas, y unos 2.000 ayuntamientos, de los 8.112 municipios, que disponen de policía local, municipal o guardia urbana. De estas administraciones dependen el Cuerpo Nacional de Policía, con 65.000 efectivos; la Guardia Civil, 82.000; La ertzaintza, 7.500; los Mossos D`Escuadra, 15.300; la Policía Foral de Navarra, 1.000; 553 en la Unidad Adscrita a Andalucía; 397 a Galicia; 388 a la C. Valenciana; 104 a Aragón, 71 a Asturias y pronto, 80 en Madrid. Los policías locales, municipales o guardias urbanas son aproximadamente 62.000, y esto da una media de 4,90 policías por cada mil habitantes, (46 millones) la segunda más alta de Europa tras Italia, y sin contar los más de 5.000 efectivos del CNI, ni el Servicio de Vigilancia Aduanera, ni la Policía Portuaria, ni los Agentes de Movilidad, ni los 185.000 miembros de la seguridad privada.
La ley orgánica 2/86 está superada por los acontecimientos y en materia de Coordinación nunca ha llegado a aplicarse.
Si el Consejo de Política de Seguridad, presidido por el ministro del Interior con los consejeros del ramo de las CCAA no se ha reunido nunca, y su función es la de coordinación de las políticas de seguridad pública del Estado y las CCAA ?Quién ha realizado esa función de coordinación? Nadie, no hay coordinación. Tampoco se ha creado el Comité de expertos dependiente del Consejo de Política de Seguridad.
En el escalón siguiente, las Juntas de Seguridad en las CCAA con cuerpos de Policía propio, Catalu?a y el País Vasco, el resultado no ha sido mejor. Ha habido más reuniones pero más que para coordinar han servido para trasladar una permanente demanda de ampliación de competencias, territorios, información, financiación y crecimiento de efectivos de las policías autonómicas, demandas que nunca han ido acompa?adas de una propuesta de leal colaboración con las fuerzas de Seguridad del Estado, sino más bien de una pretensión de suplantación y posterior expulsión del territorio alegando que sus competencias ya están cubiertas por el cuerpo ?propio?.
En cuanto a las Juntas Locales de Seguridad, sin un patrón que guié sus funciones han tenido un funcionamiento irregular e irrelevante en la determinación de las políticas públicas de seguridad.
Todo este proceso se enmarcaría en un Plan Estratégico Estatal de Seguridad que debería contemplar, entre otros, los siguientes planes específicos:
Plan de dotación de recursos humanos y medios materiales, que debe como elementos principales:
1. Garantizar una dotación permanente de la Policía del Estado (Policía y Guardia Civil) de 150.000 efectivos (incluyendo a las Unidades Adscritas).
2.Una inversión que contemple la equiparación salarial, la formación y especialización que corresponde al cuerpo del Estado, la dotación de medios materiales y las mejoras tecnológicas.
Plan de Cooperación política y profesional entre las diferentes policías del Estado, que incluya
1.Utilizar los recursos de la ley orgánica 2/86 como el Consejo de Política de Seguridad, las Juntas de Seguridad de CCAA y las Juntas Locales de seguridad, con directrices uniformes y protocolos de cooperación.
2.Crear una red de infraestructuras tecnológicas que permita conectar a todas las policías, (estatal, autonómicas y locales) a través del Sistema Estatal de Bases de datos Policiales, con acceso por niveles en función de las competencias y el territorio.
3.Dise?ar el Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica aplicado a la seguridad, en colaboración con la universidad y sectores públicos y privados de I+D+i.
4.Implantar el Servicio Nacional de Policía Científica agrupando las tareas, funciones y medios actuales de Policía y Guardia Civil.
Plan de reformas legislativas, focalizadas preferentemente en:
1.Reforma de la ley orgánica, fusionando los cuerpos estatales, fijando el territorio y el ámbito de competencias de las policías autonómicas y de las Unidades Adscritas, y ampliando el trabajo de policías locales a materias propias de seguridad ciudadana en colaboración con las policías autonómicas y la estatal.
2.Establecimiento de un sistema informático operativo conjunto de las policías autonómicas, adscritas y locales con la Policía del Estado, que garantice la gestión de toda la información policial operativa. El sistema operativo de denuncias y diligencias será centralizado.
Siendo consciente de que la unificación es muy difícil de digerir a corto plazo, al menos se puede cambiar una orden ministerial y establecer la creación de las 17 comisarías locales del CNP aprobadas en el Plan de expansión territorial del a?o 2004, prestar servicio de seguridad en las zonas rurales, y unificar la formación básica de todas las policías (Alemania). Las comisarias pendientes de creación son: en Madrid, Las Rozas, Majadahonda, Collado ? Villalba, Arganda del Rey y Rivas vaciamadrid; en Sevilla, Utrera y Los Palacios ? Villafranca; en Alicante, Torrevieja y San Vicente del Raspeig; en Málaga, Mijas; en Almería, Roquetas; en Cádiz, Chiclana; en Valencia, Cullera; en Castellón, Vinaroz ? Benicarló; en Baleares, Calviá; en Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana y Arucas.
Resumo este primer punto de modernización de las Fuerzas de Seguridad del Estado:
1.Unificación de CNP y Guardia Civil en un único cuerpo civil.
2.Adscripción de Unidades Adscritas a todas las CCAA, cesión de competencias de seguridad ciudadana a las mismas, y asunción por las CCAA de parte del coste del servicio policial, en salarios y/o medios materiales.
3.Plan Estratégico de dotación de personal, medios materiales, de coordinación política y profesional y de avances tecnológicos y científicos.
Policía del Estado: investigación, Coordinación, Policía Científica, Bases de datos, Delincuencia organizada; terrorismo, corrupción, seguridad edificios y autoridades estatales, en todo el territorio del Estado.
Policías autonómicas adscritas: seguridad de edificios y autoridades de su ámbito, competencias de la comunidad y seguridad ciudadana (patrullas de uniforme como policía asistencia y preventiva). Sistema operativo de trabajo informático enlazado con la red estatal.
Policías autonómicas propias: mantendrán todas sus competencias actuales, sólo actuarán en el territorio de su CCAA y estarán obligadas legalmente a cooperar con el Estado facilitando datos e información. Su sistema operativo informático estará enlazado con la red estatal.
Policías locales: seguridad edificios y autoridades locales, ordenanzas municipales y policía de barrio, con sistema operativo de trabajo informático enlazado con una base de datos estatal.
Este modelo es más racional, está mejor coordinado, debe ser más eficaz y con un coste financiero sobre el Estado repartido con más justicia. El mandato constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos, su seguridad y las libertades públicas demandan de los poderes públicos la adopción de medidas que permitan alcanzar ese objetivo. El sistema actual no vale. El debate no es si se cambiará o no, porque se cambiará, sino cuándo se cambiará y en qué situación estará la seguridad de los ciudadanos espa?oles cuando se haga.
MODERNIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD
?El nivel de criminalidad de nuestro país, se puede reducir? ?Es alto o bajo en relación con el de otros países? ?Las políticas aplicadas son eficaces? ?Consiguen reducir la criminalidad? ?Y el consumo de drogas? El SUP mantiene que el nivel de criminalidad espa?ol es muy elevado, que se puede reducir, que no es inferior al de otros países sino al revés, y que algunas de las políticas de seguridad aplicadas no se orientan a mejorar la seguridad o reducir el consumo de drogas como objetivo finalista sino a justificar estadísticamente el trabajo policial con independencia de su efecto sobre la ciudadanía.
Un cambio esencial para entender que son necesarias nuevas políticas de seguridad pública es asumir el nivel de criminalidad de nuestro país, que según Interior es uno de los más seguros de Europa y según el SUP es uno de los más inseguros. Si se parte del principio de que no hay un problema de seguridad pública nunca se abordarán las medidas necesarias para resolverlo, sobre todo si es un problema que se puede enmascarar, como ocurre con la criminalidad.
El barómetro Eurostat de la Unión Europea, que se utiliza como argumento para contrarrestar la opinión del SUP se nutre de los datos que facilitan los países que forman parte del mismo, así que de Espa?a figuran los datos que facilita Espa?a, que para nosotros no son fiables.
Mantenemos que Espa?a es un país inseguro y violento que necesita más eficacia, más coordinación, y saber cuántos homicidios se producen en nuestro país, en el territorio del conjunto del Estado, sin que nos falten los datos de una u otra CCAA, o sin que haya diferencias de varios cientos de muertos entre los datos del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado. Necesitamos más políticas inteligentes y no el uso abusivo de la intervención policial a ciegas, en la calle, para justificar estadísticamente nuestro trabajo. Necesitamos un organismo que nos diga que el a?o 2008 en Espa?a hubo 800 o 1.200 personas que fallecieron por homicidio o asesinato, con independencia de la calificación jurídica que corresponda al hecho delictivo. Personas que murieron por la acción de otra persona.
Como discrepamos con Interior en este asunto siempre intentamos buscar datos que no sean discutibles, que sean la consecuencia de un elevado nivel de criminalidad, para lo que es necesario, además de conseguir los datos, cosa casi imposible en este país, (lo que también es un índice del nivel de calidad de nuestra democracia) comparar esos datos con los de otros países.
Por ello, el Observatorio de la Seguridad Pública, boletín del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía del Sindicato está elaborando su número 19, del que podemos aportar algunos datos sobre la población reclusa espa?ola y francesa, dato este que es indicativo del nivel de criminalidad de un país, y que son muy significativos.
Espa?a tiene 46 millones de habitantes y Francia 64, 18 millones más. Espa?a recibe 58 millones de turistas y Francia 80, es decir, 22 millones más. En la vertiente penal, aunque con distinta nomenclatura, se castigan prácticamente los mismos hechos y los requisitos de ingreso en prisión también son similares, y las fuentes de datos de reclusos son las Instituciones penitenciarias de Espa?a y Francia, y son dichas instituciones las que dicen que a mediados de abril pasado, en los centros penitenciarios espa?oles había 75.459 internos, 58.128 condenados (77,03%) y 17.331 preventivos (el 22.97%), y en esas mismas fechas la población reclusa en Francia era de 67.253 internos, con un 73,9 de personas condenadas y un 26,1% en situación de prisión preventiva. En Espa?a había 8.206 presos más, con 18 millones menos de habitantes y 22 millones menos de turistas. En los últimos 16 a?os la población reclusa en Francia ha aumentado en 33.873 personas y en Espa?a en 41.537. Y aunque no tengan relación directa con el asunto que nos ocupa, pero por dejar aquí el dato, diré que en Francia el porcentaje de mujeres encarceladas es bastante menor que en Espa?a, el 3,5% sobre el total (2.334) y en Espa?a es del 8,04% (6.066), y los extranjeros han ido disminuyendo en las prisiones francesas y aumentando en las espa?olas. En Francia se ha reducido en los últimos 15 a?os en 13 puntos porcentuales (del 31 al 18%) y en Espa?a, en el mismo periodo, el porcentaje de extranjeros ha aumentado en 22 puntos (del 13 al 35%). La procedencia de los extranjeros encarcelados se concentra en muy pocos países, y mientras en Francia son de países del Magreb y Rumanía casi el 50% del total, en Espa?a son ciudadanos de países del Magreb, Rumanía, Colombia y Ecuador más del 75% de los encarcelados. El porcentaje de residentes extranjeros es similar, en torno al 12%, en Francia y Espa?a.