Esta población reclusa solo puede obedecer a un nivel elevado de criminalidad, porque la otra razón, que sería que la policía espa?ola es mucho más eficaz que la francesa, no podemos aseverarlo, aunque estamos recogiendo datos para hacer las comparaciones oportunas. Mientras tanto, conviene ver los datos que aportan dos organismos oficiales del estado espa?ol.
Datos a?o 2007
Ministerio del Interior - Fiscalía General del Estado
Infracciones penales
Ministerio del Interior
Fiscalía General del Estado
Delitos contra la vida, integridad y libertad
101.437
968.897
Delitos contra el patrimonio
664.458
2.200.702
Faltas de lesiones y hurtos
652.208
780.052
Resto faltas y delitos
464.539
1.496.545
TOTAL
1.882.642
5.446.196
Sostenemos que Espa?a es un país violento en los datos de la FGE, según la cual en 2007 hubo 2.134 asesinatos, homicidios dolosos y homicidios negligentes (5,8 diarios), 907.220 delitos de lesiones y 250.000 faltas de lesiones
La errónea percepción o el enmascaramiento de la realidad nos lleva a políticas de seguridad que se basan en la justificación estadística, vulneran las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos, no son eficaces, y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías.
La actuación de las fuerzas de Seguridad en el Estado espa?ol, de todas y cada una de ellas, tiene su origen legal en la Constitución espa?ola, debiendo garantizar la seguridad de los ciudadanos respetando sus derechos y libertades.
Es un lugar común en cualquier análisis o debate sobre seguridad pública y derechos ciudadanos que la libertad y la seguridad son dos caras de la misma moneda, y que no es posible la una sin la otra.
Esta aseveración teórica está siendo destruida en la práctica de los últimos a?os, imponiéndose el valor seguridad sobre el de la libertad, y no tanto porque sea imprescindible renunciar a espacios de libertad para garantizar mayor seguridad sino por la práctica rutinaria de actuaciones policiales, impulsadas por los responsables políticos y por algunos mandos, que acaban siendo aceptadas por la ciudadanía pero que vulneran, a nuestro entender, los derechos y libertades cívicas de la ciudadanía.
Es una política errónea utilizar como prueba de eficacia el dato estadístico de identificados (más de 200.000 anuales), o el de actas de incautación de drogas. El primero es una actuación justificativa sin resultado operativo alguno, y el segundo supone sacar un cubo de agua del mar, y si se interviene a un toxicómano, obligarle a cometer un delito para proveerse de droga, porque no va a dejar de consumirla. Y digno de estudio sería, si se conociera, el número de detenciones de inmigrantes irregulares, cuántos quedan en libertad, cuántos ingresan en un CIE y cuántos son expulsados, pues solo con este dato se puede valorar el derroche de trabajo estéril y la inutilidad de algunas de las actuales políticas de seguridad. Se puede a?adir a lo anterior el tiempo que se dedica por miembros de las fuerzas de seguridad en acudir a falsas alarmas instaladas por la seguridad privada, que se beneficia del trabajo público (son más de 300.000 falsas alarmas el pasado a?o 2008 a las que acudieron las fuerzas de seguridad). Se trata en definitiva de comprender que identificando a sudamericanos, jóvenes o negros indiscriminadamente, sin justificación alguna porque no recae sobre ellos ninguna presunción de comisión de un delito basada en un hecho racional y objetivo, trasladando a inmigrantes a comisarías ?a veces al mismo reiteradamente-, incautando peque?as dosis de droga para consumo propio o acudiendo a falsas alarmas como auxiliares de empresa privadas que obtienen cuantiosos beneficios se consume una parte muy importante de la actividad policial de seguridad ciudadana preventiva. Esto se plasma después en datos estadísticos justificativos de nuestra actividad, pero esto no es un trabajo eficaz porque en nada mejoran la seguridad de los ciudadanos.
Estas prácticas o procedimientos policiales, que se llevan a cabo por todos los cuerpos, estatales, autonómicos y locales, son atentados al ejercicio de las libertades públicas consagradas en la Constitución, lo que desde el punto de vista cívico supone una rebaja considerable de la calidad de nuestro sistema democrático por vulnerar los derechos de los ciudadanos, y desde un punto de vista policial además supone poner en riesgo la protección jurídica de los policías ante actuaciones profesionales.
Por aquí debe empezar cualquier cambio en las políticas de seguridad pública: detener el deterioro de los derechos civiles por la actuación policial y garantizar a los profesionales de la seguridad pública unos procedimientos legales y protocolizados.
En el a?o 1992, siendo ministro José Luís Corcuera, se aprobó la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Corcuera o Ley de ?patada en la puerta?, que provocó un intenso debate político y mediático. Dicho ley pretendía ?legalizar? determinado tipo de prácticas policiales que no tenían cobertura legal alguna, y entre ellas, la de la identificación en la vía pública, pues el eufemismo con el que veníamos trabajando de la ?retención?, que se practicaba durante un tiempo indeterminado para identificar a alguien o realizar gestiones policiales de esclarecimiento de algún hecho fue desmontada por la judicatura con aquella famosa sentencia (al menos para los policías), que decía que no había espacio intermedio entre la detención y la libertad, y que o se estaba detenido o se estaba en libertad, pero una figura intermedia no era posible.
Sobre aquella ley hubo sesudos debates políticos intentando determinar cuándo se podía identificar a un ciudadano en la vía pública, llegándose a la conclusión de que siempre que una persona resultase sospechosa de un hecho delictivo o infracción, podría ser identificado policialmente.
Así lo establecen distintas sentencias del TC y alguna del Tribunal Supremo, (Sentencia Sala Segunda TS 879/1993, de 15 de abril, los policías pueden identificar y cachear cuando ?existan sospechas que no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias?.)
La falta de control político, la presión sobre los mandos policiales, y la incentivación de la ?política del palote?, de justificación estadística, ha derivado en rutina burocrática y hoy, en nuestro país, hay cientos de miles identificaciones arbitrarias, sin ninguna justificación, en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana o en aplicación de la ley de extranjería, simplemente porque el aspecto externo del ?candidato? a ser identificado reúne una serie de características étnicas, de edad, actitud o indumentaria que se consideran indicios suficientes para su identificación y cacheo, no fuera a suceder que se tratara de autores de una ?gravísima infracción? administrativa como es fumar tabaco mezclado con otra droga. Así, si hay droga hay multa o sanción, y si no la hay no pasa nada; el ciudadano está obligado en este país democrático, si es joven, negro o sudamericano, a dejarse identificar y cachear en la vía pública sin ninguna razón justificativa para ello.
Esta práctica habitual viene fomentada por una política falsa de seguridad basada en la justificación estadística, a la que lo que menos importa es la eficacia del trabajo que se realiza, sino el número de personas identificadas, cuántas de ellas tienen reclamaciones judiciales y cuántas pueden ser detenidas en aplicación de la ley de extranjería. Una ley de extranjería, por cierto, para la que debería revisarse la casuística de la detención policial y buscar otros mecanismos más eficaces y menos arbitrarios, porque el espectáculo de hace dos semanas en Las Palmas, con unos policías rodeando un comedor de Caritas para hacer 12 detenidos entre personas que van allí porque no tienen que comer es de esos que nos producen repugnancia a muchos ciudadanos incluidos quienes tenemos como profesión ser policías.
Por lo dicho hasta ahora, el primer cambio en las políticas públicas de seguridad debería consistir en garantizar el equilibrio entre libertad y seguridad, fortaleciendo los mecanismos de la libertad para que no sucumba a manos de su hermana gemela, la seguridad, que es una voraz depredadora de los derechos por lo que es exigible una permanente alerta sobre sus procedimientos.
Otra política que debería someterse a revisión de manera inmediata es la estrategia represiva contra las drogas, para lo que basta con evaluar sus resultados, que han sido un absoluto fracaso. El objetivo de las políticas contra las drogas era que hubiese menos personas afectadas por ellas, no que creciera en cientos de toneladas las incautaciones policiales. Si hay más incautación de droga y hay mayor consumo, algo se estará haciendo mal pero no se puede mantener una misma estrategia contra las drogas durante 20 a?os con estos resultados. El fracaso no es policial, es de la estrategia acordada hace 20 a?os por Estados Unidos, Espa?a e Italia como punta de lanza de las políticas más duras. ?Ha crecido más el consumo de drogas en este tiempo en Espa?a, en Italia o en Holanda, que aplica una política distinta?
No es casualidad que en fechas recientes la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), la institución más prestigiosa en Espa?a en esta materia, cuya presidencia de honor ostenta la Reina Sofía, haya pedido reformular la estrategia contra las drogas alegando que no se pueden aplicar fórmulas anticuadas para atajar problemas nuevos. Según la FAD, en su informe ?la visión de la FAD? del pasado mes de mayo las actuales políticas de enfrentamiento ideadas en la década de los 80 y 90 no tienen validez hoy, y se?ala que es necesario pensar en nuevas estrategias para nuevos problemas.
No aboga la FAD por la legalización pero quiere reabrir este debate, dice que el Plan Nacional sobre Drogas debe cambiarse y pone como ejemplo que, estando prohibida la venta y consumo de alcohol por los jóvenes, el 84% alcanza la mayoría de edad habiendo consumido alcohol, y no poco. La pretensión de consumo cero de drogas es una utopía y hay que revisar todos los planteamientos.
Estas nuevas políticas de seguridad pública deben hacer compatible un mayor respeto a los derechos de los ciudadanos, con una mayor eficacia policial tanto en delincuencia común como en delitos más graves de terrorismo o delincuencia organizada.
Porque el reto de la policía espa?ola debe ser garantizar más seguridad pero no a cualquier precio, sino respetando nuestra constitución, una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos y libertades individuales; esto es, obtener la máxima eficacia contra los delincuentes con un escrupuloso respeto a los derechos y la libertad de la ciudadanía. No vale eficacia a cualquier precio, y si eso se produce es únicamente y exclusivamente por responsabilidad política, ya cavarán siendo más eficaces no los mandos mejor preparados profesionalmente sino los menos respetuosos con los derechos de los ciudadanos y las libertades públicas. ?Está pasando eso ya en Espa?a?
Vale el mismo ejemplo para el servicio de seguridad durante las elecciones. Se estableció un dispositivo con la llegada de la democracia, razonable entonces pues era posible que grupos ultras que se oponían intentaran boicotearlas incluso atacando los colegios electorales, pero transcurridos más de 30 a?os no puede mantenerse el mismo dispositivo con un policía en cada colegio. Es un dispositivo excesivo, con mucha policía y desigual retribución, estando muy mal pagados los policías y guardias civiles en comparación con los policías locales, que duplican o triplican el salario extra que perciben por ese servicio. La mitad de efectivos, el doble de gratificación, más eficacia y menos coste para las arcas públicas.
Resumiendo este apartado, Espa?a precisa políticas de seguridad públicas coordinadas, que consigan la mayor eficacia posible para rebajar los índices de criminalidad, con escrupuloso respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, porque hoy las prácticas rutinarias y la presión por la justificación estadística han producido una realidad virtual que en nada se corresponde con la verdad, que es que hay políticas poco respetuosas con los derechos y libertades ciudadanas y poco eficaces en la lucha contra la delincuencia.
LA POLÍTICA SINDICAL
La política sindical de esta organización de hace partiendo de premisas como:
1?. El SUP es un sindicato corporativo por imperativo legal. Exigimos plenos derechos sindicales y entre ellos, que los policías puedan afiliarse a sindicatos de clase.
2?. La Policía y los policías no son el centro del Universo. Existe vida fuera del uniforme y de nuestra profesión. Defendemos a la Policía como Institución siempre que se rija por principios de respeto a los valores democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que consagra nuestra Constitución.
3?.- Lo mismo vale decir de los policías. En la Declaración de Principios de los Estatutos del Sindicato y en el Código Ético de Conducta para sus responsables se manifiesta nuestra solidaridad con los sindicatos de clase, se exige a los afiliados no respeto, protección y defensa activa de los Derechos Humanos, así como oponerse a cualquier acto de discriminación por motivos de raza, sexo religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, así como a cualquier acto de corrupción o ilegalidad.
Desde esos principios intervenimos en la defensa de los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y pedimos mejoras corporativas, pero hacemos otros planteamientos como los antes citados de modificación del modelo policial o de cambio en las políticas de seguridad públicas que mejoren la eficacia y calidad del servicio público esencial que prestamos a la ciudadanía.
Este punto precisaría un amplio desarrollo, pero como este es un documento para el debate no parece adecuado hacerlo excesivamente extenso. Como muestras se?alaremos que pronto, por fin una inspectora o una comisaria de Policía serán una inspectora y una comisaria, y no un inspector y un comisario que son mujeres, que es lo que son ahora. Se aprobará en el Consejo de Policía la norma que pasa a denominarlas como son, mujeres con la categoría profesional que ostentan.
Este es un primer paso para modificar algunos planteamientos inaceptables llevados a cabo por algunos mandos, con el apoyo de la dirección general, contra los que el sindicato trabaja cada día.
Esperamos por ejemplo que la próxima vez que una compa?era separada y con tres hijos pida una reducción de jornada con su correspondiente reducción económica, el jefe de turno no se pase por el arco del triunfo la ley de igualdad y el Plan Concilia y decida que esta compa?era haga menos horas pero en el turno de noche. Ese jefe no ha sido sancionado, ni amonestado. En su comisaría él es el Rey, Taifas, el se?orito, manda sobre vida, hacienda, derechos y leyes. Nadie le dice nada porque no hay mecanismos para impedir o rectificar estas cosas.
Otro jefe de una comisaría más peque?a, haciendo una aplicación estricta del Plan Concilia cambia de puesto de trabajo y horario 3 veces en seis meses, de un día para otro, a una compa?era con un hijo peque?o. Este jefe sigue creyendo que hizo bien porque nadie le ha dicho lo contrario.
Está regulado para todos los funcionarios que si contraes matrimonio tienes derecho a 15 días de licencia, y lo mismo es de aplicación si el vínculo familiar se establece al registrarse como pareja de hecho?salvo en la Policía, donde si es matrimonio tienes el permiso y si te registras como pareja en tu ayuntamiento, no. Y lo mismo cabe aplicar si la suegra de uno de los miembros de la pareja de hecho es intervenida quirúrgicamente, en este caso no tiene permiso y si es por matrimonio oficial, sí. Este jefe tampoco ha recibido ninguna aclaración a su libre interpretación de la norma, y no sabemos, porque es muy reciente, pero el responsable de mandar a detener a doce personas hambrientas en un comedor de Cáritas en Las Palmas tal vez todavía hoy crea que hizo bien. Esto es lo insoportable, que el Gobierno diga lo que dice de la solidaridad, que envíe cientos de millones de euros a países cuyos ciudadanos no suelen ver porque acaban en las grandes fortunas de sus corruptos dirigentes, y aquí, la policía que manda ese mismo Gobierno vaya a un comedor social a detener a personas que pasan hambre.
Sirvan estos ejemplos para se?alar que aquí no se aplican ninguna de las resoluciones del MAP, que el observatorio de la Mujer en la Policía y la Guardia Civil, las valoraciones de impacto de género o la unidad de igualdad que según el organigrama existe en la División de Personal no son más que un rótulo o un texto en un papel, pero que no hay ni una sola actuación por trasladar a la Policía las políticas de igualdad y los derechos del Plan Concilia. Algunos mandos policiales, con apoyo de los dirigentes políticos, han convertido a la Policía en el Cuerpo estatal más inmovilista, muy por detrás del ejército y la Guardia Civil. Para desgracia de otros muchos mandos que no piensan como estos.
Otros asuntos que ocupan la política sindical versan sobre problemas más cotidianos, y entre ellos se pueden citar:
El agravio salarial con otras policías,
La falta de garantías jurídicas por la reforma del Código Penal de 1995;
Una jornada laboral sin regular, caprichosa e incompatible con las disposiciones del Plan Concilia, de la prevención de riesgos laborales o de la OMS;
A la situación de segunda actividad sin destino, una prejubilación de castigo;
Al recorte de derechos sindicales; (no poder afiliarse a sindicatos de clase, no regulación del conflicto colectivo, sistema electoral, reglamento del Consejo de Policía provisional desde 1987??)
El Catálogo de Puestos de Trabajo, (que el SUP no firmó, el único sindicato que no lo hizo), que amplía hasta límites imposibles de comprender la libre designación, entre otros elementos sin resolver.
La actuación de los servicios médicos contra policías con lesiones en acto de servicio, (y lo de ?contra? no es un error);
El régimen disciplinario, arbitrario e injusto en su texto y en su aplicación;
La actuación de la unidad de Asuntos Internos que debía ser ejemplar y apoyada por todos y es un foco de conflictos.
La política de recompensas profesionales, cuyos porcentajes de medallas rojas los miembros de unas y otras escalas y categorías hace enrojecer a cualquiera;
Las distintas formas de conseguir que un Puesto de Trabajo sea concedido a un amigo, con nombramiento provisional previo;
La ausencia de protocolos de actuación, para detener, colocar los grilletes o disolver una manifestación, o para tantas actuaciones que sería necesario;
Y para concluir hay que decir que este Gobierno socialista, tan progresista en tantas cosas (matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de dependencia, ley de plazos del aborto o ley de violencia de género) es en la Policía el gobierno más inmovilista conocido desde la llegada de la democracia, mucho más que Jaime Mayor Oreja. Ni ha mejorado la seguridad pública, ni la calidad del servicio que prestamos, ni las condiciones de trabajo de los policías. Un suspenso rotundo, y además ha habido retrocesos en materia de derechos sindicales, con suspensión de actos sindicales y exptes. Disciplinarios, y los pocos avances han sido impulsados más por los sindicatos que por la Administración.
La unidad de acción sindical se muestra como el principal instrumento para conseguir que la Policía espa?ola pase del siglo XX en que se encuentra al siglo 21, del que ya vamos a llevar cumplida una década.
Madrid, agosto de 2009.
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Secretaría General