Autor Tema: Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...  (Leído 87344 veces)

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1020 en: 12 de Julio de 2019, 18:29:12 pm »

El SUP ve "inadmisible" la ley navarra de víctimas de extrema derecha: un intento de blanquear la historia de ETA


https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10183

« Última modificación: 13 de Julio de 2019, 07:40:59 am por 47ronin »

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1021 en: 30 de Diciembre de 2019, 19:11:00 pm »



El Comité contra la Tortura de la ONU condena a España por malos tratos a una mujer durante su detención



El órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura señala que la detenida sufrió "tratos crueles, inhumanos o degradantes" en CórdobaLa mujer sufrió una fractura de nariz después de ser detenida, en enero de 2013, por presunto roboEl caso fue archivado por la Audiencia Provincia y el Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por la víctima


E.L.G. | APDHA
Por Néstor Cenizo
30 dic 2019 17:03

El Comité contra la Tortura, el órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura, ha condenado a España por el trato cruel sufrido por E.L.G., una cordobesa detenida en enero de 2013 por cuatro policías nacionales y trasladada a Comisaría, de donde salió con la nariz rota. La mujer denunció su caso ante los tribunales, pero fue archivado por un juzgado de instrucción y luego por la Audiencia Provincial. El Tribunal Constitucional también rechazó un recurso de amparo. Sin embargo, el Comité concluye que los hechos acreditados demuestran que E.L.G. sufrió, al menos, "tratos crueles, inhumanos o degradantes" durante su estancia en la comisaría de Lonja, en la capital cordobesa.


El Comité insta a España a que repare a la mujer de manera "plena y adecuada por los sufrimientos", lo que incluye posibles indemnizaciones, y que adopte medidas disciplinarias contra los responsables. También exige que imparta "instrucciones precisas" a los agentes "para evitar que se cometan infracciones semejantes en el futuro". España deberá informar dentro de tres meses sobre qué medidas ha adoptado para dar cumplimiento a esta resolución. El caso fue llevado ante el organismo internacional por la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha informado de la resolución este lunes.


Todo sucedió en Córdoba hace siete años
E.L.G. caminaba por la estación de trenes de Córdoba el 23 de enero de 2013 cuando fue detenida por cuatro agentes de la Policía Nacional (tres hombres y una mujer) vestidos de paisano. Según su relato, los agentes revisaron su bolso y encontraron una cartera que no era suya, así que le preguntaron dónde estaba lo que supuestamente había robado, mientras la golpeaban. Siempre según sus explicaciones, la esposaron sin notificarle el motivo de la detención, le tiraron del pelo, la metieron en el coche y una vez dentro, la llevaron a Comisaría. En el camino, aceleraban y frenaban para que se golpeara contra la mampara, según la versión de la mujer, que aparece en la resolución del Comité contra la Tortura.

Una vez en comisaría, la desvistieron, se llevaron su dinero y media hora después le dijeron que podía irse, según contó ella al órgano de la ONU. Aunque pidió asistencia médica, nadie le hizo caso, así que ella misma llamó a una ambulancia, que le recogió a la puerta de la comisaría. En el hospital comprobaron que tenía rota la nariz y hematomas en sus muñecas. Fue operada de la fractura siete días después.

Un caso archivado por los tribunales
El caso nunca llegó a juicio. La mujer denunció a los cuatro policías solo cinco días después de su detención, pero el juzgado archivó su denuncia en mayo de 2014, argumentando que concedía más credibilidad al testimonio de los cuatro policías que al de E.L.G.. La Audiencia Provincial de Córdoba confirmó el archivo, basándose en las declaraciones de otros policías y en las cámaras de seguridad, que constataban, según los magistrados, que no tenía "lesiones visibles a la entrada y a la salida de la comisaría". Por último, el Tribunal Constitucional rechazó su recurso de amparo. Fue entonces cuando decidió acudir al Comité contra la Tortura.


Han tenido que pasar siete años para que una instancia oficial dé credibilidad a E.L.G., que ha mantenido su relato basado en un hecho incuestionable: cuando la detuvieron no sufría lesión alguna, y la ambulancia la recogió de Comisaría con la nariz rota. "El Comité considera que los hechos acreditados configuran, como mínimo, tratos crueles, inhumanos o degradantes", señala ahora la resolución, fechada el pasado 27 de diciembre.

En sus alegaciones, España insistió en que los fotogramas de las cámaras de seguridad no muestran signos de violencia, ni antes ni después de ingresar en la comisaría. Sin embargo, el Comité afirma que los fotogramas tienen una calidad tan baja que no permiten llegar a ninguna conclusión, y concluye que España "no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones a la autora no fueron causadas durante su detención". Además, el parte médico que se emitió aquel mismo día ya destacaba que el edema era "discreto", lo que explicaría que no se apreciase en las grabaciones.

El Comité también afea a la Policía española que no atendiera la petición de E.L.G. para que la viera un médico, y recuerda que la Convención recoge el derecho de los detenidos a recibir sin demora asistencia letrada y médica independientes. La preocupación por el cumplimiento de este derecho ya dio lugar a que el Comité incluyera una observación en su sexto informe periódico sobre España.

Cuarta condena por tortura o malos tratos
Para Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA y abogado que ha representado a la mujer, la resolución del comité confirma el "déficit para abordar estas denuncias, que son archivadas sistemáticamente". "Desde organizaciones internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahora Naciones Unidas, nos tiran de la oreja", lamenta Aguilar.

Según APDHA, las torturas y los malos tratos no son "algo esporádico o incidental en nuestro país": "En el año 2014 el Estado reconoció al Comité, organismo que ha dictado la actual condena, que entre 2009 y 2012 se habían abierto 4211 procedimientos penales a funcionarios por torturas, de los que solo 29 fueron condenados".


La asociación resalta que esta es la cuarta condena a España por un caso de tortura o malos tratos. En dos de las ocasiones (Encarnación Blanco -1996- y Orkatz Gallastegi -2011-), los individuos alegaron haber sido víctimas de tortura durante una detención incomunicada. En el tercer caso, el Comité condenó a España en 2008 porque varios agentes de la Guardia Civil pincharon el flotador de Lauding Sonko, un inmigrante que falleció tratando de llegar a nado a Ceuta.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1022 en: 01 de Enero de 2020, 07:04:33 am »

La mujer víctima de malos tratos durante una detención: "Mi mayor terror fue cuando me montaron en el coche. Pensaba que me iban a matar"

El Comité contra la Tortura acaba de condenar a España porque una mujer cordobesa sufrió, al menos, "tratos crueles, inhumanos o degradantes" de la Policía

La mujer cuenta su historia a eldiario.es/Andalucía: "Me pegan una paliza a muerte y a la media hora me dicen que me vaya a mi casa"

Tuvo que operarse de una fractura nasal y aún hoy toma pastillas contra la ansiedad: "Perdí la confianza hacia quienes se suponen que están para protegernos"
El Comité contra la Tortura de la ONU condena a España por malos tratos a una mujer durante su detención
Néstor Cenizo
31/12/2019 - 12:05h

E.L.G. | APDHA


"Mi mayor terror fue cuando me montaron en el coche, después de hartarme de hostias, cogerme de los pelos y golpearme contra la puerta… Yo pensaba que me iban a matar. Me dije: "A estos tíos se les ha ido la olla". No me explicaron nada". Ana (nombre ficticio) cuenta así lo que le ocurrió hace casi siete años. Aquella medianoche varios policías le dieron el alto muy cerca de la estación de Córdoba. Media hora después tenía la nariz rota. Ella misma pidió una ambulancia, que la trasladó desde la misma puerta de la comisaría al hospital.

El Comité contra la Tortura de la ONU acaba de condenar a España porque cree que Ana sufrió, al menos, "tratos crueles, inhumanos o degradantes" por parte de los agentes, que tampoco cumplieron con su deber de solicitar asistencia médica.

Su historia comienza la tarde del domingo 27 de enero de 2013, cuando tenía 34 años. Ese día, salió. Comió y tomó algunas cervezas y un vino en un mercado medieval, y decidió acabar el día en una discoteca, la Posada de Babylonia. Alrededor de la medianoche emprendió el camino de regreso a su casa, a unos diez minutos del local. Al pasar cerca de la estación de trenes, junto al parque, cuatro agentes de paisano la interceptaron y comenzó su pesadilla de golpes, burlas y menosprecio.

"No me esperaba que me preguntaran dándome guantazos"

Según declaró ella en la denuncia que puso sólo dos días después, una agente la abofeteó mientras la interrogaban por unos hurtos cometidos en la discoteca. "Me pidieron mi bolso, se lo di y no me esperaba que me preguntaran dándome guantazos en la calle", recuerda la mujer. Los agentes encontraron en el bolso un monedero que no era suyo: "¿Cómo le explicas eso a cuatro policías?". Ana se quedó paralizada.

Así que deciden seguir adelante: la esposan, la golpean contra el canto de la puerta del coche policial, le tiran muy fuerte del pelo y la meten en el coche. En el trayecto hacia comisaría, aceleran y frenan para que se golpee contra la mampara separadora. Se ríen.

En comisaría comprueban su identidad y en quince minutos (según la declaración de un policía que ha podido consultar este medio) la ponen en la calle: "Me pegan una paliza a muerte y a la media hora de estar en comisaría me dicen que me vaya a mi casa". Ella pide asistencia médica. "Me cogieron como con unas pinzas de ropa. El jefe a voces me dijo que iba a pasar toda la noche, que ni ambulancia ni mi puta madre. Desde la puerta, sentada en el suelo, llamé a la ambulancia". Tampoco tuvo asistencia de un abogado, aunque por cuestiones técnicas el Comité ha pasado por alto esta cuestión en su resolución.

Ana insiste: la dejaron hecha un trapo. Y aclara que no robó nada. Esa noche hubo varios hurtos en la discoteca. Cuando los agentes la detuvieron ella no llevaba su propia documentación, que apareció después en la discoteca. Nunca fue condenada por el supuesto hurto. Ese procedimiento se acumuló al caso de las presuntas torturas y ambos fueron archivados por los jueces sin llegar ni siquiera a juicio.

Ella salió de la comisaría con una nariz rota, que necesitó de intervención quirúrgica y siete días de ingreso hospitalario. Tenía una "fractura de los huesos propios" y en el Hospital Reina Sofía llegaron a practicarle un TAC craneal urgente para descartar lesiones neurológicas. "Hay una declaración del médico de urgencias, un ingreso y una operación, es una evidencia".

Una pregunta sin responder por los tribunales

A pesar de que Ana interpuso la denuncia apenas dos días después, las grabaciones de la comisaría se borraron y al juzgado sólo llegaron unos fotogramas insuficientes para apreciar nada. Un agente y el portero de la discoteca declararon ante la jueza que oyeron a Ana amenazar con autolesionarse para involucrar a los policías. De ser cierto, el portero habría escuchado esta amenaza antes de que se produjera cualquier incidente.

Siete años después, el Comité contra la Tortura para hacer hincapié en la pregunta que los tribunales ordinarios españoles dejaron en el aire: ¿cómo se rompió la nariz? Según consta en las declaraciones judiciales, un agente le dijo a la juez: "No se puede explicar las lesiones que esta señora presenta". Sin embargo, el juzgado y la Audiencia Provincial de Córdoba archivaron la investigación sin dar respuesta. Prefirieron creer a los agentes a costa de ignorar la pregunta.

El Comité condena a España porque entiende que "no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones a la autora no fueron causadas durante su detención". Sin embargo, en España nadie la creyó. Ni la jueza de instrucción, ni los magistrados de la Audiencia Provincial, ni la fiscal, que llegó a pedir que se la imputara por un delito de falso testimonio. Para ella, eso fue lo peor. "Yo lo que quería es que me escucharan. Ni siquiera tuve un juicio para defenderme…", lamenta.
"Perdí la confianza"

Este episodio le creó un terrible "miedo interior", y aún hoy toma pastillas contra la ansiedad. "Perdí la confianza hacia quienes se suponen que están para protegernos", cuenta a eldiario.es/Andalucía. "Yo no sabía ni qué me estaba pasando. El que no te crean… Puse la denuncia y la jueza la archivó porque sólo creyó las declaraciones de la policía". La mujer siente que la trataron como a una delincuente. "Yo no tengo antecedentes, ni soy una delincuente, y en todo caso, nadie se merece ese trato. Soy una ciudadana normal y corriente".

Durante este tiempo ha batallado para que su caso no se cerrase. Como no tenía dinero para elevar el caso hasta el Tribunal Constitucional (que rechazó el recurso de amparo) y las instancias internacionales, acudió a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Para Valentín Aguilar, el abogado de APDHA que ha llevado el asunto, el caso demuestra que existe un problema: "En España siempre se ha negado que exista, pero los organismos internacionales sí denuncian que esto ocurre". Según APDHA, España reconoció al comité que entre 2009 y 2012 se habían abierto 4211 procedimientos penales a funcionarios por torturas, de los que solo 29 fueron condenados. Menos del 1%. "Ese dato indica que algo ocurre: los ciudadanos no se ponen a denunciar porque sí", apunta Aguilar.

Ante las dificultades para probar estos supuestos, los jueces optan por creer a los agentes, que alegan recurrentemente la voluntad de la víctima para autolesionarse. "Es la tendencia natural, pero los organismos internacionales dicen que en estas circunstancias hay que utilizar algo distinto que los principios habituales y tener en cuenta a la víctima", explica el abogado.

Para Ana, la resolución del Comité contra la Tortura ha sido un alivio, aunque no le quita el "trauma" que le provocó aquella actuación policial y que nadie se sentara en el banquillo de acusados. "Estoy contenta porque alguien me ha escuchado. Hasta que no te pasan estas cosas no te puedes imaginar la cantidad de sinvergüenzas que llevan uniforme. Yo tengo familia que se dedica a esto y no quiero mirar a todos por igual, pero a algunos habría que quitarlos de ahí. Esto lo ha hecho mala gente".


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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1023 en: 01 de Enero de 2020, 08:21:46 am »
Creo que esa historia está coja.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1026 en: 12 de Febrero de 2020, 23:20:50 pm »
https://twitter.com/APROGC/status/1227555969598709761?s=19

Que vamos a esperar de un hijo de puta etarra. Pero lo peor es que son colegas del Gobierno comunista.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1027 en: 13 de Febrero de 2020, 15:12:43 pm »


Lorena Ruiz Huerta, durante su juicio por supuestas injurias a la Policía, se ampara en el derecho a la libertad de expresión



La Fiscalía solicita una multa de 4.700 euros y que se haga cargo de las costas de la publicación de la sentencia.
Iglesias formará parte de la mesa de negociación del Gobierno con Torra.
10.02.2020 - 17:50h

La exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz Huerta ha amparado este lunes ante el juez sus críticas a la Policía durante su participación como abogada en un programa de televisión en su derecho a la libertad de expresión, criticando que no se haya tenido en cuente la atenuante de dilaciones indebidas en la causa.


Los comentarios fueron hechos durante su participación como abogada en el programa 'Salvados' de Jordi Évole sobre "la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos". En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha modificado su petición y además de una multa de 4.700 euros por calumnias, ha incluido las costas que se deriven de la publicación de la sentencia en medios de comunicación.



Su letrado se ha quejado de que no se haya respetado el derecho a la libertad de expresión de su defendida y ha criticado que no se hayan tenido en cuenta las dilaciones indebidas, dado que los hechos se produjeron hace seis años. "Espero que no tengamos que estar igual dentro de otros 6 años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha señalado.

Ruiz-Huerta, que opinaba y trasladaba sus experiencias como letrada de turno de oficio, realizó distintas intervenciones atribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos".


Se basaba en su "experiencia profesional"
Por su parte, la asociación ALA, de la que Lorena forma parte, asegura en un comunicado que las afirmaciones de Ruiz-Huerta están basadas en su "experiencia profesional, y se corresponden con los informes de los organismos internacionales en los que participa España, creadas para prevenir prácticas de tortura y malos tratos, tanto del Consejo de Europa, como de Naciones Unidas".

"Las expresiones de nuestra compañera coinciden con las preocupaciones recogidas por las comisiones de los Comités contra la Tortura, tanto de la ONU como del Consejo de Europa", remarca este colectivo para afirmar a continuación que España ha sido condenada en "reiteradas ocasiones" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por "no investigar la tortura".

En consecuencia, cree que este proceso "versa sobre la libertad de expresión y el derecho de participación en asuntos públicos mediante la descripción y la crítica de situaciones injustas que deben ser modificadas". "Esperamos que la exculpación de cualquier responsabilidad para la señora Ruiz-Huerta ponga de manifiesto que nuestro país goza de buena salud democrática y que el derecho a la crítica pueda contribuir a corregir los excesos del poder", zanja.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1028 en: 10 de Mayo de 2020, 07:19:51 am »
El manual de torturas que utilizaba Billy el Niño y la Policía franquista
viernes, mayo 08, 2020


El manual de torturas que utilizaba Billy el Niño y la Policía franquista

Luis Suárez, víctima de Billy el Niño, muestra a Equipo de Investigación un documento en el que se refleja los métodos de tortura que utilizaba González Pacheco.

https://www.youtube.com/watch?v=wUg4Q3Amdzc&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=YAO58b-k80g&feature=emb_title

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1029 en: 01 de Junio de 2020, 07:09:25 am »
https://twitter.com/UnionOficiales/status/1267067571183943680

Estudiaremos QUERELLA PENAL contra Jaume Roures (propietario de Mediapro) por decir que la Guardia Civil practica la tortura y tiene por costumbre elaborar informes falsos.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1030 en: 04 de Junio de 2020, 06:48:40 am »

Mandos de la Guardia Civil se querellan contra Roures tras acusar al cuerpo de "torturar" y "manipular informes"

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil emprende acciones legales contra el empresario de los medios de comunicación por sus declaraciones en un programa de TV3

Gonzalo Araluce
Publicado3.6.2020 - 13:45

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que aglutina a buena parte de los mandos del cuerpo, ha presentado una querella contra el empresario Jaume Roures por unas declaraciones que vertió en TV3, afirmando que los miembros del cuerpo "torturar" y de "manipular informes". Desde la asociación consideran que estas afirmaciones pueden representar un delito de injurias y calumnias, y por eso han interpuesto la querella ante el juzgado de instrucción de Barcelona.

Jaume Roures se expresó en los siguientes términos en su entrevista en el programa Preguntes Frequënts de TV3, donde analizaba la destitución del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil y la crisis que se ha vivido en el cuerpo: "Si uno es capaz de torturar, que es la cosa más abyecta que se puede hacer sobre otro ser humano, pues lógicamente manipular informes, decir mentiras, intoxicar, es lo que antes se diría un pecado venial comparado con la tortura".
"Nos vemos obligados a actuar"

El comandante Javier Montes, vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, considera que Jaume Roures ha realizado unas "durísimas declaraciones" contra el cuerpo: "Nos vemos obligados a actuar contra aquellos que tratan de ensuciar la imagen de la Guardia Civil y de todos aquellos que la componemos". "No vamos a permanecer impasibles", señala el vicepresidente de la asociación.

Este miércoles, 3 de junio, Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha interpuesto la querella criminal contra el empresario de los medios de comunicación ante el juzgado de instrucción de Barcelona que corresponda por turno. El escrito ha sido presentado por el abogado Jorge Belsa Colina.




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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1031 en: 13 de Junio de 2020, 06:55:00 am »

La policía ha recibido una media de 10 denuncias a al año por torturas en las comisarías en la última década
Asociaciones pro derechos humanos afirman que son más los casos pero no se notifican por miedo a represalias y por falta de investigación judicial. La mayoría de los procedimientos son archivados
Fecha
13/06/20access_time 1:05

La Policía Nacional ha recibido una media anual de 10 denuncias por torturas en comisarías de toda España en la última década. Una cifra relativamente baja si se compara con otros países como Estados Unidos en el que estas últimas semanas están viviendo una auténtica revolución por cómo las Autoridades del Estado actúan a raíz de la muerte de George Floyd.

Sin embargo, asociaciones pro derechos humanos argumentan que en España estos casos son solamente “la punta del iceberg” porque la mayoría de los incidentes no llegan a denunciarse.

Un total de 118 denuncias por torturas en jefaturas, comisarías provinciales, locales y de distrito se han interpuesto desde 2009, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno. La Comunidad Autónoma con más denuncias es Andalucía, con un total de 31; seguida de Castilla-La Mancha con 21; Comunidad Valenciana con 15; Canarias con 12 y Madrid con 10.

Hay algunas autonomías que no registran ninguna denuncia, como Cantabria, Navarra, La Rioja, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla. 

Por provincias destacan en la comunidad andaluza Sevilla (con 12) y Cádiz (con 11). Llama especialmente la atención que en Castilla-La Mancha, la segunda autonomía con más casos, todas las denuncias se han producido en Albacete, las 21.

“Solo la punta del iceberg”

Estos datos proporcionados por el Gobierno muestran grandes diferencias según los años. En 2009 se presentaron 25, mientras que en 2019 solo 1, es decir, ha habido una disminución del 96%.

No se explica, en este documento, si las denuncias presentadas terminaron siendo tramitadas o archivadas, ni si los policías implicados resultaron condenados.

Fuentes policiales niegan que se practiquen torturas en las comisarías: “Puede haber algún caso aislado, pero no hay malos tratos. La mayoría de estas denuncias son injustificadas”. Es más, “la mayoría no llegan ni a juicio”.

En el otro lado de la balanza se encuentran las asociaciones de derechos humanos, que insisten en que esos datos “son solo la punta del iceberg”.

“En el momento en que se presenta una denuncia contra un funcionario, el Estado tiene el especial deber de investigar qué ha pasado, y, con bastante frecuencia, se tiende a archivar”, dice Francisco Fernández, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Según estas entidades, las torturas y los malos tratos policiales apenas terminan en los juzgados porque no se investiga lo suficiente. “Hay un efecto de desaliento”, afirma Fernández.

Las causas por las que no se llega a denunciar son diversas. “Tenemos clientes que han sufrido malos tratos y no han querido denunciar porque piensan que puede tener poco recorrido. Otros no denuncian porque piensan que les puede aumentar sus gastos. Y otros que directamente quieren olvidarse de todo y que termine cuanto antes”, explica Daniel Amelang, abogado penal de Red Jurídica.

En este sentido, su percepción sobre la tortura policial es que sucede ocasionalmente. “No son sistemáticas. Aunque sí que una parte importante de los detenidos considera haber sufrido malos tratos”, dice Amelang.
La última sentencia de Naciones Unidas

Los defensores de los derechos humanos insisten en que no se investiga lo suficiente. “Hay una cadena de errores, por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el más garantista en esta materia, ha llamado la atención a nuestro país por falta de investigación”, explica Fernández.

El pasado mes de diciembre, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas condenó a España por no garantizar el proceso judicial de una mujer que denunció por tortura a cuatro agentes en Córdoba. 

Los policías le pidieron que abriera su bolso por “unas cosas supuestamente robadas en una discoteca”. Le golpearon en reiteradas ocasiones, según la resolución, la redujeron, le tiraron del pelo y la golpearon contra el borde de la puerta del coche.

Después de salir de comisaría, la mujer acudió a un hospital, donde tuvieron que practicarle una cirugía porque tenía la nariz rota. La autora denunció a los cuatro policías alegando que la torturaron y no cumplieron con su deber cuando solicitó asistencia médica.

El Juzgado de Instrucción de Córdoba determinó que concedía “mayor credibilidad a la versión de los agentes que a la de la autora”. El auto pasó por diferentes instancias hasta el Tribunal Constitucional, que también rechazó el recurso de amparo.

El Comité dictaminó que España debía proporcionar a la autora “una reparación plena y adecuada por el sufrimiento causado y medidas de rehabilitación”, además de tomar medidas administrativas “contra los responsables e impartir instrucciones precisas a agentes de policía en las comisarías para evitar que se cometan infracciones semejantes en el  futuro”.
El Defensor del Menor pidió un “protocolo claro”

Profesionales del derecho reconocen que también influye lo que se considere o no como malos tratos o tortura. “Una cosa son los malos tratos físicos, otra cosa los malos tratos verbales… y luego también muchas personas que perciben como malos tratos simplemente el ambiente”, explica Amelang.

“Por ejemplo me acuerdo de un cliente que detuvieron y lo metieron en una celda con paredes manchadas de heces, le dieron una manta mojada y que olía fatal de orina y de otro preso, y enfrente tenía a un detenido que era toxicómano y que estaba vomitando al que nadie asistía… A él nadie le insultó, nadie le hizo nada físicamente, pero las condiciones de esa detención ya le parecían un maltrato”, cuenta el abogado.

En su informe anual el Defensor del Pueblo en 2019 explicó que hay “un debate social” sobre lo que se considera correcto en cuanto a la “proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de quienes están autorizados a usarla”.

En ese momento, reclamó al Ministerio del Interior que diseñara un protocolo con instrucciones “claras y precisas” sobre este uso.

Durante el estado de alarma se ha reavivado en cierta manera este debate. Algunas actuaciones policiales dieron lugar a que las asociaciones pro derechos humanos pusieran el foco en abusos policiales por hecho concretos.