Autor Tema: Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...  (Leído 83565 veces)

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1020 en: 10 de Agosto de 2018, 08:12:11 am »


Los sindicatos se levantan contra Sánchez por avalar la ley vasca de abusos policiales


Los principales sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil prevén reunirse en septiembre para estudiar medidas contra la retirada del recurso por parte del Gobierno


Policía Nacional antidisturbios Javier Martínez
 DIEGO MOLPECERES
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10.08.2018 - 05:15
En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales. 


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La pugna entre Policía y Guardia Civil originó el cese del jefe de la UCO
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Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se reunirán en septiembre para marcar una nueva hoja de ruta y estudiar posibles medidas contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se lo advertimos públicamente y no descartamos que podamos tomar alguna acción judicial en contra de esa decisión que, a todas luces, nos parece una prevaricación", afirma en declaraciones a VozpópuliLuis Mariano Rodado, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Euskadi. Tampoco descartan posibles movilizaciones.

El PSOE acordó hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes llega sin que esas modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con indemnizaciones. Según explicó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, afirmó el pasado viernes que "en ningún momento se pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales".

El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la conservadora UGC (Unión de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una manipulación de lo que ha sucedido", apostilla. 

Carta a los ministerios
Hace dos semanas hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interior como al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de "violencia de motivación política". 

Además de recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo "sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en la moción de censura contra Rajoy. "Es una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo recibido para llegar al Gobierno. Pero a los guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata Rodríguez Prendes. 

Hay un recurso contra la ya creada comisión de expertos para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la ya creada comisión de expertos (que contemplaba la propia ley) para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera, podría paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo. El Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial porque preveía investigar y esclarecer los casos. Un informe del Instituto Vasco de Criminología cifra en 4.113 el número de torturas y abusos llevados a cabo por agentes de policía, de los que sólo 202 han sido investigados.

La llegada del nuevo Ejecutivo socialista ha generado tensiones con los mandos de ambos cuerpos. Hace una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió destituir al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida de confianza", después de que se filtrase una orden de Manuel Sánchez Corbí que mandaba paralizar investigaciones ante la falta de fondos reservados.

En la mesa de trabajo que se reunirá tras el verano se encuentran el SUP, CEP, UFP y SPP, además de AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC. También está la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) y Covite.

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1021 en: 10 de Agosto de 2018, 09:04:55 am »
Esa ley regional es bolivariana, ridícula, lo dicho en breve se condenará por torturas y abusos sexuales según  el número de seguidores de instagram o likes de facebook...de verdad menos cultura chorra de películas de Almodóvar y más conocimiento de los cimientos de un Estado de Derecho.
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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1022 en: 26 de Agosto de 2018, 07:53:04 am »

Sindicatos policiales piden al Defensor del Pueblo que se persone contra la Ley de abusos policiales


El Sindicato Unificado de Policía y la Unión de Guardias Civiles insisten en la inconstitucionalidad de la Ley al considerar que la 'comisión de valoración sobre torturas' no cuenta con las necesarias garantías constitucionales. El Gobierno central pactó con el Ejecutivo vasco la retirada del recurso existente contra la normativa. 


Sindicatos policiales y de Guardia Civil se unen contra la ley vasca de 'abusos policiales' EFE
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26.08.2018 - 05:15
La asociación profesional Unión de Guardias Civiles (Unión-GC) se ha sumado al requerimiento del Sindicato Unificado de Policía (SUP) al Defensor del Pueblo para que se persone en el procedimiento de inconstitucionalidad contra la denominada Ley vasca de víctimas policiales para impedir que se archive el recurso del Gobierno contra esta norma.


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Los sindicatos se levantan contra Sánchez por avalar la ley vasca de abusos policiales
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Los gobiernos central y vasco llegaron a un acuerdo el pasado 23 de julio en la comisión bilateral entre ambas administraciones mediante el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy había interpuesto contra varios artículos de la citada norma.

La denominación exacta de la Ley es 'de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999'. Fue aprobada en 2016 por el Parlamento de Vitoria y contempla, entre otras medidas, reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales. 

El anterior Gobierno del PP recurrió ante el TC algunos artículos porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.

Tras el acuerdo entre los gobiernos que presiden Sánchez e Iñigo Urkullu en la comisión bilateral, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto retirar el recurso, una decisión a la que se oponen sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y asociaciones de víctimas.

Una "justicia paralela" en el País Vasco
En el escrito remitido por el SUP al Defensor del Pueblo el pasado día 21, al que a finales de esta semana se ha adherido la Unión de Guardias Civiles, se pide a esta institución que se persone de manera urgente en el recurso de inconstitucionalidad con el fin de oponerse a su archivo.

En la misiva se critica la retirada del recurso por parte del Gobierno porque según el SUP y la asociación de guardias civiles, esta se debe "a los acuerdos políticos" entre el PSOE y el PNV. También aseguran que el precio que ha admitido pagar el Ejecutivo de Sánchez con esta decisión "ha consistido en el sacrificio de la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la dignidad de las víctimas del terrorismo".

El SUP argumenta ante el Defensor del Pueblo que el acuerdo entre ambos gobiernos en la comisión bilateral carece de validez jurídica, ente otras razones porque no puede sustentar una decisión de desestimiento de un recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia fue avalada en su día por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

El sindicato de policía y ahora también la asociación de guardias civiles, informa EFE, opinan que la comisión bilateral no puede adoptar acuerdos con eficacia jurídica "bajo ningún concepto" con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucional y añade que de archivarse el recurso "se habrá permitido que en el País Vasco, a diferencia del resto del territorio español, pueda existir una justicia paralela".

"Los miembros integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afectados por las declaraciones" de la comisión de valoración sobre torturas "se verán sujetos a una doble justicia" , asegura el SUP, que denuncia que la citada comisión no tendría las necesarias garantías constitucionales y legales.

Por ello, se pide al Defensor del Pueblo que se persone en el recurso y que no se convierta "en cómplice de un acuerdo político" adoptado por ambos ejecutivos cuya consumación provocará "una indecente vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley de todos los españoles, al honor, y a la presunción de inocencia".


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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1023 en: 26 de Agosto de 2018, 11:23:16 am »
Esa comisión es una aberración jurídica mas ropia de una República Bolivariana que de un país medio normal.
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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1024 en: 26 de Agosto de 2018, 14:30:39 pm »
Esa comisión es una aberración jurídica mas ropia de una República Bolivariana que de un país medio normal.

Pues dado que la ley arranca en el 78,y en ese año todavía existía la DGS como tal, con sus personajes hasta hoy cuestionados, no deja de ser acertado conocer si esos elementos pudieron.cometer algún acto "poco edificante"

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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1025 en: 26 de Agosto de 2018, 14:33:46 pm »
Esa comisión no tiene las mínimas garantías, esas cosas las dictamina un juez legal ordinario predeterminado por ley en un proceso  con contradicción, defensa, inmediatez etc etc
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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1026 en: 28 de Octubre de 2018, 08:01:19 am »



Escuchas telefónicas: la sentencia que puede marcar el caso Brugal

La Audiencia declara nulas todas las grabaciones y no se cree la versión de los dos denunciantes



La sección VII de la Audiencia ha dado carpetazo a uno de los asuntos que más ríos de tinta hizo correr contra la Policía Local de Torrevieja en 2006, cuando el juzgado 1 abrió diligencias contra agentes y mandos por supuestas torturas a dos detenidos. Al cabo de doce años, el principal argumento para la absolución pasa por la declaración de nulidad de los autos de intervención telefónica y porque los magistrados no se creen la denuncia. «La sentencia es contundente y no deja lugar a duda sobre la legalidad de la actuación del entonces intendente jefe de la Policía Alejandro Morer Bielsa, los inspectores Manuel Antonio López Vera y Carlos Illán Ferrández, así como del resto de los agentes intervinientes y critica duramente la fase de la instrucción judicial del procedimiento en el que se han vulnerado derechos fundamentales de los afectados», explicaba el abogado José Pedro González Rubio.

El fallo tiene un interés para otros asuntos que tienen que pasar por la sección VII de la Audiencia, como las dos principales piezas del caso Brugal, que investigan la adjudicación de las basuras en Orihuela y el plan zonal de la Vega Baja, con decenas de acusados entre empresarios, funcionarios y políticos. Y tiene interés porque esta investigación se basa, fundamentalmente, en escuchas telefónicas, como este caso de supuestas torturas a detenidos, y conocer el criterio de los magistrados vale y mucho para saber por dónde funcionará el Brugal. A la vista queda en esta sentencia, que la sección VII será muy garante con la motivación de los autos que dieron origen a los pinchazos.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2006 cond. pamies m. alarcón 23.10.2018 | 22:39

Una imagen de archivo del juicio contr la detención de Luis Carlos Carrillo y Villa Liliana por una tentativa de robo en una vivienda que era de uno de los agentes. Pero la investigación no nació de la declaración de estos detenidos denunciando las torturas, sino de una investigación previa con escuchas telefónicas contra un policía por tráfico de droga. Este agente terminó viéndose implicado en los supuestos malos tratos y siendo acusado de ellos junto a ocho personas más (una ya fallecida) mientras el asunto de drogas se archivaba. Al cabo de doce años se sentó para responder por torturas, encubrimiento, falsificación de documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y contra la administración pública.

La sentencia se centra en desmontar la validez de esas escuchas que habrían incriminado a todos los policías, pinchazos telefónicos que se ampliaron el 26 de junio de 2006 para centrarse en estos hechos y no en el tráfico de drogas. La Audiencia declara hechos probados la detención de los dos ladrones por los policías y su entrega a la Guardia Civil junto a los partes de asistencia sanitaria, aunque cuando fueron llevados al juzgado nada dijeron de lo ocurrido y pese a que él presentaba fractura de arco costal izquierdo y erosión en el tobillo derecho. Ahora bien, no ha quedado probado cómo se produjeron esas lesiones que, según los denunciantes, fueron el resultado patadas y puñetazos por parte de agentes (un policía declaró que él se cayó por unas escaleras). Tampoco ha quedado probado que les amenazaran si contaban algo o que se borrara manualmente las grabaciones de las cámaras de las dependencias policiales el día de los hechos para encubrir la agresión o que el atestado fuese modificado.
Justificación

La sala invalida la grabación atendiendo a que no cumplía la necesidad de justificación, proporcionalidad, motivación, idoneidad y especialidad, todo ello con base en jurisprudencia del Supremo y del Constitucional. Y con frases como «con estos escasos ingredientes, la primera de las resoluciones judiciales acordando la intervención del teléfono (...) difícilmente podría cumplir con las exigencias que se extraen de la doctrina jurisprudencial, en tanto no se ofrecían a la consideración de la juez elementos suficientes de análisis en la valoración de si los datos justificaban o no el sacrificio del derecho fundamental. Tanto la falta de trabajo de investigación de la fuerza policial, como el escaso rigor judicial en la ponderación exigible a la hora de acordar una medida como la solicitada, ha de llevar a la inevitable conclusión de nulidad de la intervención telefónica acordada por el juez».

El fallo se detiene a declarar como «irregularidades difícilmente explicables» la primera de las intervenciones. La resolución también admite «las alegaciones efectuadas en relación a que no hay control judicial» de las grabaciones y también establece que el hecho de que gracias a los pinchazos se conocieran otros supuestos hechos delictivos sin conexión no tienen más validez que su estimación como «notitia criminis» y que la instructora, tras tener conocimiento de ello, debió cumplir las normas de reparto y no continuar con esa nueva investigación. La sentencia recuerda que no existe otra prueba directa porque los dos denunciantes no fueron al juicio, pese a que desde 2014 tuvieron constancia de los distintos señalamientos que se suspendieron por su incomparecencia. Y concluye: «existen dudas más que razonables de que los hechos ocurrieran tal y como sostienen las acusaciones, tanto por cuanto los presuntos perjudicados no quisieron declarar ante la Guardia Civil como nada manifestaron ante la juez».
   




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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1027 en: 17 de Noviembre de 2018, 11:48:11 am »
Interior expulsa de la policía a un agente condenado por torturas

La Secretaria de Estado de Seguridad retira la condición de funcionario a un policía.

Por E.B.
Viernes 16 de noviembre de 2018, 12:13h

La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, ha decidido retirar la condición de funcionario del policía a Airam Pérez González por la pena de inhabilitación absoluta a la que ha sido condenado tras delitos de torturas.

El Boletín Oficial del Estado del viernes 16 de noviembre de 2018 declara la pérdida de la condición de funcionario del agente anteriormente mencionado por ser el autor de un delito de tortura en concurso real con un delito de lesiones.

Los hechos se produjeron el 28 de abril de 2010, cuando el policía Pérez González y el subinspector Juan Carlos Gutiérrez Corella, ambos de la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, cometieron el delito de torturas contra los hermanos Yari y Nelson Lemes, según relata la prensa local de Lanzarote.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó hace unos meses la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que condenó a cuatro años y medio de prisión y a nueve años de inhabilitación a ambos policías.


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« Respuesta #1028 en: 17 de Abril de 2019, 09:52:35 am »
Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.


https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5738


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« Respuesta #1029 en: 17 de Abril de 2019, 09:53:52 am »

El SUP ve "inadmisible" la ley navarra de víctimas de extrema derecha: un intento de blanquear la historia de ETA

El SUP considera "inadmisible" la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada por el Parlamento de Navarra, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia" porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".
Redacción
16/04/2019 14:57

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

El SUP considera "inadmisible" la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada por el Parlamento de Navarra, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia" porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".

"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, una banda terrorista derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha sostenido el sindicato.

Para el SUP, la ley aprobada por el cuatripartito "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".

"Ya sólo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato", ha expuesto el SUP, para criticar que la norma "criminaliza a la Policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial".

Según ha indicado, "aunque el carácter de esta norma es sólo administrativo y no punitivo, la comisión de expertos basará sus pronunciamientos en la recopilación de hechos, sin poder entrar en investigaciones". Y ha considerado "insultante" que "en el título de la norma funcionarios públicos vaya detrás de grupos de extrema derecha, como si fueran a correlación los unos con los otros".

Además, el SUP ha cuestionado que la ley hable de "sensibilización" poniendo en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para "la reflexión de las vulneraciones de derechos humanos producidos de la violencia de motivación política", cuando EH Bildu "no ha condenado el terrorismo de la banda armada ETA o Podemos-Orain Bai no han condenado la agresión a los compañeros de la guardia civil y sus parejas en Alsasua".

También ha criticado el sindicato a Geroa Bai y "su pasividad con las víctimas del terrorismo etarra" y a un Gobierno foral que "en cuatro años no ha dado muestras de apoyo ni a las víctimas, ni a los funcionarios públicos destinados en esta comunidad".

"Estaría bien que tuvieran la misma iniciativa para la sensibilización con las víctimas de ETA, esa sensibilización que no tuvo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, que intentó por todos los medios impedir la celebración en la Sala de Armas de la Ciudadela de la exposición 'La victoria de la libertad', que recordaba a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas de ETA", ha indicado el SUP.


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Re:Las FFCCSS españolas entre las que mas torturan...
« Respuesta #1030 en: 30 de Mayo de 2019, 07:58:41 am »

Una jueza ve indicios de delito de tortura por parte de policías contra inmigrantes del CIE de Madrid

Tras la denuncia de 69 internos sobre las condiciones en las que fueron cacheados en el patio del CIE de Aluche mientras llovía, el juzgado de control ha concluido que los agentes "violaron el respeto a la dignidad" de los inmigrantes

La jueza de control del CIE de Madrid ha remitido el caso al Juzgado Decano de Madrid para "investigar estos hechos y las personas responsables" pues ve indicios de un posible delito de tortura
"Se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas", reza el auto al que ha accedido eldiario.es
Gabriela Sánchez
29/05/2019 - 21:06h

El pasado 18 de abril, agentes de la Policía Nacional forzaron a los internos del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche a salir al patio, repleto de agua a causa de la lluvia, para ser cacheados uno a uno durante más de media hora, según denunciaron los inmigrantes encerrados a través de una carta remitida a una de las juezas encargadas del control del centro. Tras estudiar el caso y observar los vídeos de las cámaras de seguridad, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha confirmado que aquel día los agentes violaron "el respeto a la dignidad" de las personas encerradas al tomar "medidas de seguridad desproporcionadas". La magistrada concluye identificar "indicios de delito de tortura" en la actuación de los agentes, reza el auto al que ha accedido eldiario.es.

Por esta razón, la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez ha decidido remitir el caso al Juzgado Decano de Madrid para su derivación al tribunal que corresponda "con el fin de investigar estos hechos y las personas responsables". La jueza de control, encargada de velar por la garantía de los derechos fundamentales en el interior del CIE de Aluche, sostiene que en el centro "se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas".

Iglesias Sánchez llega a esta conclusión después de observar las imágenes de lo ocurrido en el patio de hombres del CIE de Aluche el día 18 de abril, cuando, según un carta escrita por 69 internos, estos fueron forzados a salir al patio de forma intimidatoria y cacheados bajo la lluvia durante más de 30 minutos. Los denunciantes aseguraban que los agentes les gritaban insultos "vais a ir a tu puto país" o "moros de mierda". La denuncia fue registrada en los juzgados el pasado 30 de abril por la ONG Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine.

La magistrada Iglesias Sánchez comprueba que los agentes lleveron a cabo "un cacheo de los internos en el patio un día de lluvia" pues pudo observar en las grabaciones "charcos enormes de agua". Aunque la mayor parte del espacio "estaba techada", matiza, "se observa a los internos en determinados momentos de la intervención policial bajo la lluvia".

El dispositivo policial denunciado se realizó por parte de un "elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas", algo que llama la atención de la magistrada. "Generaba un evidente clima intimidatorio sin que haya apreciado causa para justificar la medida", indica.

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid también muestra su incomprensión sobre las razones que empujaron a los agentes a "hacer un cacheo en el patio, un día lluvioso con bajas temperaturas". Además, los inmigrantes encerrados en el CIE, continúa el auto, "se ven obligados a quedarse en dicho lugar hasta el final de la intervención, permaneciendo todos más de media hora en dicho lugar". La magistrada también aprecia que los inmigrantes se ven forzados a "pasar por charcos de agua y son colocados formando líneas" mientras son observados por los agentes.
Los internos hacían gestos indicando que "tenían frío"

"Se ha podido observar que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo sus custodia, lejos de respetar su honor y dignidad, han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones". Asimismo, la Iglesias Sánchez sostiene que la Policía sometió a los internos a "condiciones y procedimientos" que "atentan contra su integridad moral"

En el desarrollo del dispositivo policial, los internos "muestran una actitud obediente" y, a su vez, "alguno de ellos realizan gestos y movimientos que parecen indicar que, como exponen en la queja, pasaron frío por las bajas temperaturas y la lluvia". Algunas de las personas encerradas expusieron en la carta remitida al juzgado de control por el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine haberse resfriado después del cacheo.
La Policía dice que reaccionaron a un "intento de fuga"

Por su parte, en respuesta al requerimiento de información por parte del juzgado, el director del CIE -también miembro de la Policía Nacional- ha asegurado que el operativo investigado se produjo después de que los funcionarios se percatasen de que "algunos internos se encontraban manipulando la puerta situada en el comedor" y, posteriormente, "los agentes sorprendieron a tres internos intentando abrir el cerrojo de la puerta deslizando un cinturón por la parte interior".

En esta línea, el director del centro defiende como finalidad del cuestionado cacheo la localización de "otros posibles elementos que pudieran posibilitar una fuga". Por esta causa, la Policía asegura haber trasladado a todos los internos al patio "por razones puramente operativas" para realizar "un cacheo de cada uno de ellos".

El control se efectuó, apunta el responsable del CIE de Aluche, "siempre respetando la dignidad de las personas". Algo en lo que la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez, tras visionar las imágenes de los hechos, discrepa.