Registran la sede y detienen a su presidente, Teddy Bautista
La mala fama de la SGAE
Darío Prieto | Sergio Rodríguez | Madrid
Actualizado viernes 01/07/2011
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y su presidente, Teddy Bautista, están desde hace años entre lo más odiado en Internet, además de haber acumulado una mala reputación que precede a la mayoría de sus actos. Su papel como 'lobby' de la industria cultural o sus recibos a festivales y organizaciones benéficas han contribuido, entre otros, a crear la mala fama de la organización.
Una simple búsqueda de noticias sobre la entidad de gestión de derechos de autor muestra que son muchos más los titulares negativos que los positivos. En enero de 2006, por ejemplo, la SGAE tuvo que pedir disculpas de forma pública por cobrar 518 euros al Taller Cultural de Fuentepelayo (Segovia), que había organizado un festival en el que compañías compuestas por discapacitados psíquicos interpretaban obras de teatro de autores españoles. Después de que la noticia trascendiese, la SGAE anunció que devolvería la citada cantidad. Además, uno de los autores cuyas obras fueron representadas, José Cañas, denunció que nunca había recibido un euro de la Sociedad de Autores.
Igualmente polémica fue la decisión de cobrar el 10% de la recaudación del festival benéfico Entresures de Málaga, que organiza la fundación Paz y Solidaridad del sindicato Comisiones Obreras, y cuya recaudación va destinada a diversos proyectos de cooperación, como la construcción de escuelas para los niños saharauis refugiados. Tras dejar de percibir 3.268 y 4.200 euros en la primera y segunda edición del festival, Comisiones Obreras de Málaga puso en marcha una manifestación contra la SGAE. Según el sindicato, la organización del festival propuso a la entidad de gestión que siguiese cobrando el 10% de la recaudación, pero que luego lo reintegrase como una donación de la Fundación Autor. La SGAE no aceptó la propuesta.
También han salido a la luz diversos casos relacionados con fiestas populares. Así, el Festival Folclórico de los Pirineos, en Jaca (Huesca), pagó, en 2008, 4.013 euros a la SGAE. La mayoría de las piezas que se interpretan en el festival son composiciones anónimas o populares. La SGAE justificó su acción a través de un comunicado en el que recordaba que muchas de estas obras populares "son adaptaciones registradas y, según lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual, también generan derechos". Para la SGAE, estas adaptaciones "sirven para recuperar obras antiguas y, en muchos casos, son más conocidas que la obra original". Algo parecido sucede en la Feria de Abril de Sevilla, donde se cobra por sevillanas populares o cuyos derechos de autor han prescrito, y en los carnavales de Cádiz, donde la SGAE ha estado cobrando por obras que no habían sido registradas por sus autores, lo cual dio pie a que otras personas se aprovechasen de la situación y las registrasen a su nombre.
Y hay casos aún más llamativos. La Agencia de Protección de Datos sancionó a la SGAE por grabar una boda para demostrar que en el salón donde se celebraba la unión se estaban violando los derechos de autor. Además, se declararon en rebeldía recaudatoria las peluquerías. Ni siquiera la enfermedad de un niño de cinco años con Síndrome de Alexander enterneció a los inspectores de la institución, que se llevaron el 10% de la recaudación de un concierto que hizo David Bisbal para él, aunque luego lo devolvieron.
Del canon a la 'Ley Sinde'
Pero si estas son las actividades que han granjeado una mala reputación a la SGAE ante la opinión pública, su papel como 'lobby' de la industria cultural la ha llevado a ser, probablemente, la entidad que más rechazo provoca en Internet. Su afán recaudatorio llevó al organismo a impulsar, primero, el canon de los CD y, después, el digital. Dos medidas que provocaron un amplio rechazo y cuyo cambio, en octubre de 2010, solicitó el Tribunal de Justicia de la UE.
La entidad, además, ha participado en la mayor parte de las demandas contra páginas de enlaces hacia descargas de contenido -rechazadas de forma sistemática por los jueces- e incluso contra usuarios particulares. Y ha llegado a recurrir a métodos dudosos para lograr sus objetivos, desde la intimidación hasta recurrir al Ministerio de Industria para obtener datos sobre páginas web de enlaces sin pasar por un juez.
Una lucha furibunda contra las descargas a través de Internet pero también estéril. Prácticamente todas las páginas web de enlaces que se han decidido a litigar contra la entidad han quedado absueltas de sus demandas porque no ofrecen contenido para descargar, sino simplemente indican dónde se puede descargar. Y cuando la SGAE ha intentado ir contra los usuarios, el derecho a la copia privada les ha proporcionado un paraguas prácticamente intocable. Pero ha sido tal la intensidad de las actividades de la SGAE en este sentido que llegó a ganarse el apelativo de 'putaSGAE' que, aunque se quitó en parte de encima en los tribunales, nunca se ha eliminado del todo.
Tras años de peleas, la 'ley Sinde' supuso una gran victoria para la entidad. Gracias a la normativa impulsada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la SGAE podrá finalmente persegir a las páginas web de enlaces y actuar contra ellas de forma administrativa aunque con un claro control judicial. Cualquier página susceptible de vulnerar derechos de autor podría ser clausurada, o al menos amenazada de forma muy seria, en cuestión de días, si bien un juez tendría que garantizar el proceso. Probablemente después del verano, cuando se apruebe su reglamento, la norma estará en vigor y una comisión administrativa podrá emprender acciones contra cualquier sitio web que considere que vulnera los derechos de autor.
También ha contribuido a la mala imagen de la SGAE que la gestión de los cientos de millones de euros que ingresa no sea precisamente transparente. Aunque la entidad presenta sus cuentas, muchos autores afiliados critican el reparto que se hace de los beneficios y han llegado a cuestionar públicamente a la organización. Son demasiados motivos al que ahora se une una investigación judicial para poder lavar la imagen de la SGAE con un simple decálogo como el presentado el pasado mes de enero, donde se prometen transparencia y buenas prácticas pero sin ningún ejemplo concreto.
