Autor Tema: Huelgas: derechos y deberes  (Leído 73131 veces)

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #660 en: 12 de Junio de 2014, 13:56:18 pm »

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #661 en: 12 de Junio de 2014, 14:17:21 pm »
Las togas y el polvo del camino.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #662 en: 12 de Junio de 2014, 18:52:57 pm »
Declaraciones policiales por las cargas de la huelga del 14N en Murcia



Imagen de la protesta. / NACHO GARCÍA / AGM

Miembros de la coordinadora Anti-represión llevan a cabo una protesta coincidiendo con la comparecencia en sede judicial del jefe superior de Policía, como testigo, y de cuatro agentes, como imputados, por las heridas causadas a un manifestante durante dicha movilización


LA VERDAD 
 
 
12 junio 2014
16:36
 
Lo hizo en el marco de la instrucción abierta por las presuntas lesiones que varios agentes habrían causado a un manifestante en la huelga general de noviembre de 2012. Cuatro agentes imputados en la causa también prestaron declaración.

En la concentración, celebrada tras una pancarta con el lema 'Si Tocan a un@, tocan a tod@s', participó la propia víctima, Carlos Gorairis, miembro de la Coordinadora Anti-Represión de la Región de Murcia.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #663 en: 13 de Junio de 2014, 01:49:24 am »
 . . . y los de los sobres en la calle y Blesa en casa del Cónsul en Londres . . . y luego se extrañan del fenómeno PODEMOS . . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #664 en: 13 de Junio de 2014, 10:59:56 am »
Son sobres democráticos...

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #666 en: 20 de Junio de 2014, 20:38:09 pm »
Pedro Jiménez: “No debe haber dinero público para empresas turísticas con salarios míseros”

junio 18, 2014 |  El coordinador provincial de IULV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, ha respaldado la huelga convocada en el sector turístico para los próximos 4 y 5 de julio y ha pedido a la Junta, Patronato Provincial de Turismo y Ayuntamiento que “no apoyen” a las empresas turísticas que “imponen salarios míseros”.

Según ha informado la formación en una nota, Jiménez ha reprochado a la patronal del turismo que exija AVE, aeropuerto, más y mejores infraestructuras mientras “pretende pagar 645 euros al mes por diez horas de trabajo diarias a los empleados”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Huelva, Pedro Jiménez, respalda las acciones reivindicativas y la huelga planteada por los sindicatos CCOO y UGT y los trabajadores del sector de hostelería para conseguir un convenio y unas condiciones de trabajo “dignas”.

El dirigente provincial de IU considera que mientras los empresarios del sector reclaman “más y mejores infraestructuras, como el AVE, aeropuerto y mejor servicio de trenes y piden más promoción con dinero público sin poner un euro de su bolsillo pretenden al mismo tiempo dejar a los 12.000 trabajadores que emplea sin convenio y les ofrecen unas condiciones de trabajo en precario, con sueldos que no superan ni el Salario Mínimo de 645 euros por diez horas de trabajo al día”.

Así, el coordinador provincial de Izquierda Unida se dirigirá por escrito a la delegación territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía para que no preste ayuda a los empresarios, incluidas grandes cadenas hoteleras, que “se empeñen en imponer unas condiciones de trabajo indignas” y llevará iniciativas en este sentido a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Huelva.

Pedro Jiménez recuerda que el Patronato de Turismo de Huelva tiene previsto destinar en 2014 la cantidad de 1.600.000 euros para promoción turística, un dinero público que sale de los presupuestos de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía por lo que dice que “estos fondos públicos no pueden beneficiar a empresarios y empresas que mantengan comportamientos contrarios a los intereses de los trabajadores”.

“No puede ser que sigan pidiendo dinero y aprovechándose de fondos públicos mientras imponen salarios de miseria. El turismo de calidad no puede llegar acompañado de salarios de 645 euros al mes”, ha subrayado.

JUNTA, “NO PUEDE SER NEUTRAL”

Jiménez insiste en que la “Junta de Andalucía no puede ser neutral ante este tipo de planteamientos” y exige una posición clara a todas las administraciones en defensa de los trabajadores ante la situación de indefensión creada por la patronal para desregular el sector turístico.

En concreto, se muestra partidario de que “los presupuestos destinados a promoción turística tengan en cuenta, a través de criterios baremables, a las empresas y establecimientos que prioricen el empleo digno y de calidad como política empresarial”.

HOTEL DE MATALASCAÑAS

Además, Pedro Jiménez se ha solidarizado con los trabajadores del Hotel Tierra Mar de Matalascañas y ha apoyado la iniciativa del Ayuntamiento de Almonte que, a instancias de Izquierda Unida, ha reprobado el comportamiento de los propietarios del establecimiento hotelero.

El convenio de hostelería afecta a unos 12.000 trabajadores y 4.000 empresas en la provincia de Huelva y el sector está llamado a secundar una huelga fijada para los próximos días 4 y 5 de julio. Los empresarios mantienen “bloqueado” el convenio colectivo desde 2011.

Las negociaciones para el nuevo convenio se iniciaron en septiembre de 2012 y a lo largo de todas las reuniones, recuerda Izquierda Unida, la patronal, amparándose en la Reforma Laboral y en el conocimiento de que de no llegarse a un acuerdo el convenio decaía, “mantiene su pretensión de dejar sin contenido el marco regulador con reducciones salariales que oscilan entre el diez por ciento y el 20 por ciento”. Las grandes cadenas hoteleras que operan en la provincia de Huelva “ya han dejado de aplicar el convenio”.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #667 en: 26 de Junio de 2014, 16:30:18 pm »
CC OO y UGT denuncian que 260 sindicalistas son objeto de sanciones


Toxo y Méndez se quejan de un cambio en la interpretación del derecho a huelga

Agencias   Madrid  26 JUN 2014 - 13:39 CET

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han denunciado este jueves que hay al menos 260 sindicalistas que están siendo objeto de procedimientos sancionadores o penales en los 81 expedientes abiertos contra ellos por ejercer el derecho de huelga.

Asimismo, el secretario general de UGT ha indicado que esta cifra "no es definitiva y podría incrementarse, ya que faltan algunos expedientes". También ha destacado que hay expedientes abiertos en 13 de las 17 comunidades autónomas.
 

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La indignación como excusa
 
Durante la presentación del manifiesto en defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical, los líderes sindicales han afirmado que se ha producido un cambio de criterio "inducido" en la interpretación del derecho de huelga y del delito de coacciones desde el paro general de marzo de 2012.

Así, Méndez ha afirmado que "durante 35 años se ha producido una interpretación correcta, constitucional del derecho de huelga" y ahora se ha producido un desequilibrio "a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho a la huelga".

Según indicaron los representantes de las organizaciones, hay expedientes que han concluido con sanciones de carácter administrativo y hay procedimientos abiertos por delitos de coacciones que afectan a 40 trabajadores y representantes sindicales. En estos casos, se piden por parte de la Fiscalía penas mínimas de 3 años y un día, lo que lleva como consecuencia el ingreso en prisión de manera "inexorable".

Una ofensiva planificada

"Esto es una ofensiva con toda la pinta de ser planificada, aunque no estoy en condiciones de aportar las pruebas que lo demuestren. Parece que tiene una orientación muy clara, se usa un artículo del Código Penal que nunca se había usado en democracia para agravar las peticiones", ha indicado Toxo.
 

Hay una doble vara de medir que tiene como objetivo impedir el derecho normal a la huelga en España

Secretario general de CC OO
 
El líder de CC OO ha denunciado que hay "una doble vara de medir que tiene como objetivo impedir el derecho normal a la huelga en España", dado que no hay "sanciones económicas, ni propuestas de sanciones penales para los empresarios que vulneran constantemente el derecho al trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores".

Movilizaciones en julio

Los líderes sindicales han anunciado la convocatoria de un acto central el 9 de julio en la madrileña Plaza de Callao para "denunciar la situación actual" y reivindicar el derecho a la huelga, aunque se celebrarán actos en casi todas las capitales de España. La movilización contará con la presencia del secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y algunos de los sindicalistas que están siendo objetos de procedimientos sancionadores penales o administrativos.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #668 en: 08 de Julio de 2014, 10:41:27 am »
Comisiones Obreras convoca una huelga en la Administración de Justicia el 8 de octubre

El sindicato protesta contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que consideran que se desmantela la Administración de Justicia y podría costar el puesto a cerca de 4.000 empleados públicos.



CCOO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha anunciado en rueda de prensa una convocatoria de huelga el 8 de octubre contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, en respuesta a la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El sindicato ha indicado además, que el día de inauguración del año judicial, a mediados de septiembre, se realizará un gran acto de protesta unitario, de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos, según informa Europa Press.

En la Administración de Justicia trabajan cerca de 45.000 personas, y según CCOO esta medida por parte del ejecutivo podría costar el puesto a cerca de 4.000 empleados públicos. Denuncian que los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que tendrán que pagar por la tramitación, considerando que la privatización de los registros civiles por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio ha sido un durísimo golpe a los derechos de los ciudadanos y al personal de la Administración.

Para Comisiones Obreras, las medidas del Gobierno “solo persiguen los objetivos de recortar este servicio público y de ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia”.

Frente a las medidas, el sindicato propone una reforma en profundidad de la Administración de Justicia  cercana a la ciudadanía y que garantice el acceso a la tutela judicial efectiva, "en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad, dotando para ello a este servicio de los medios materiales, tecnológicos y de personal que sean necesarios".

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #669 en: 16 de Julio de 2014, 08:21:50 am »

UN AÑO DE PRISION Y MULTA DE 180 EUROS POR ATENTADO Y LESIONES
Condenado un miembro del PCA por agredir a un policía el 14N


R. DE LA HABA 16/07/2014

El titular del juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ha condenado a un año de prisión y 180 euros de multa por un delito de atentado y una falta de lesiones a José Manuel Rincón, miembro del comité provincial del PCA, al considerarlo autor de una agresión a un policía durante la jornada de la huelga general del 14 de noviembre del 2012.

La sentencia considera probado que sobre las 11.30 horas de aquel día, cuando la Policía Nacional se disponía a controlar en la calle Concepción los accesos a la manifestación que se estaba celebrando en el Paseo de la Victoria, varios agentes observaron que un grupo de personas mantenía una discusión con el conductor de un vehículo al que, al parecer, no dejaban pasar. Al ver que el conductor se bajaba del vehículo, y para evitar altercados mayores, los agentes decidieron intervenir para poner fin a la disputa y que el vehículo pudiese marcharse de la zona.

Una vez que se acercaron los policías, según prosigue la sentencia, viandantes que se dirigían a la manifestación comenzaron a increpar e insultar a los agentes, además de a lanzarles pasquines y otros objetos. "En ese contexto, el acusado, sin razón alguna, lanzó contra un agente un objeto que le impactó en la cabeza, a la vez que le dio una patada en la pierna". Tras pedir refuerzos, el agente agredido señaló al acusado como autor de los hechos, pero durante la detención aún apartó con la mano al policía, que cayó al suelo. Rincón "fue detenido sin ofrecer resistencia".

Aunque las versiones dadas en el juicio por el acusado --lo negó todo-- y el policía fueron "contradictorias" y ningún testigo vio la agresión, según reconoce la sentencia, esto "no significa que el hecho no ocurriera", ya que existen un parte de lesiones y un informe médico forense que "objetivan las lesiones que sufrió el agente y que son compatibles con lo denunciado y los hechos declarados probados", señala el magistrado. "Por tanto --concluye--, resulta más creíble la versión del agente que la versión del acusado".

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #670 en: 29 de Julio de 2014, 16:19:49 pm »

El TSJA contra las condenas “ejemplarizantes”

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido una “reflexión” sobre el artículo 315 del Código Penal, por el que Carmen y Carlos fueron condenados tres años y un día de prisión por su participación en la huelga general de 2012, al entender que los tribunales “deberían tener mayor margen de maniobra para imponer una condena menor”. Igualmente ha opinado que la Justicia no debe dictar sentencias “ejemplarizantes”, sino “justas y razonables”.

En un entrevista con la agencia Europa Press, Del Río, ha señalado que el problema de la condena reside en la redacción del artículo 135 y que debería ser “el legislador” -es decir, quien redacta y aprueba las leyes, en este caso el Parlamento- quien reflexionase sobre la “excesiva” pena que puede suponer tres años de prisión ante la preservación de un derecho fundamental como es el de huelga.

Panadería Las Niñas, delicias en el centro de Granada

En dicha entrevista, Del Río aclara que los tribunales que aplican dicha pena tienen la capacidad, según el artículo 4 del Código Penal, de solicitar al Gobierno que disminuya la pena antes de aplicarla por entender que el delito se castiga de manera excesiva, algo que los juzgados granadinos no han hecho en el caso de Carlos y Carmen.

La reflexión de Del Río llega, eso sí, casi una semana después del ingreso en prisión voluntario de Carlos y a 10 días de que se cumpla el plazo dado por el juez a Carmen para el suyo, puesto que recibió un mes más de prórroga para resolver asuntos familiares. La condena de Carlos y Carmen a tres años y un día dictada por el juez de lo Penal 1 de Granada, por un delito contra los derechos de los trabajadores, se produjo en 2013.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #671 en: 29 de Julio de 2014, 22:56:48 pm »
 :pen: . . . quien impulsa el procedimiento? ? ? . . .  .ca;

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #672 en: 01 de Septiembre de 2014, 07:32:47 am »
EL INFORME DOMÉNECH

Un magistrado del TSJ reprocha al Gobierno “penas manifiestamente desproporcionadas” a sindicalistas

El autor del "informe Doménech" reprocha al Ejecutivo las penas superiores a los 3 años de cárcel para los huelguistas, lo "que impone su ingreso en prisión aunque sea  el primer delito que comete en toda su vida”. Los huelguistas están recibendo más condenas que los homicidas imprudentes, los agresores sexuales o los pederastas.

Economía | 04:00

Las penas a los sindicalistas que han participado en huelgas son “manifiestamente desproporcionadas”. Es la denuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado Doménech, quien ha redactado un duro análisis en el que reprocha al Ejecutivo que se estén imponiendo “penas desproporcionadas que van desde los 3 años y un día a los 4 años y medio (...) que impone su ingreso en prisión aunque sea  el primer delito que comete en toda su vida”.

    Las penas a huelguistas, de más de 3 años de prisión, son "manifiestamente desproporcionadas" y obligan al "ingreso en prisión", denuncia el informe Doménech

El documento de 6 folios que los sindicatos han bautizado ya como el “Informe Doménech” y que han remitido al Ejecutivo insta al Gobierno a interpretar de forma “ultra restrictiva” las normas que se están aplicando contra los sindicalistas y pide al Ministerio de Justicia que considere “el indulto” para los manifestantes condenados con el argumento de que “el ingreso en prisión de estas personas tiene efectos devastadores en su vida personal, familiar y laboral que no son tolerables en un Estado Social y Democrático”.

El Informe Doménech advierte al gobierno de Rajoy de que “aunque goza de un amplio margen para definir delitos y asignar penas (...) este margen no es ilimitado y el principio de proporcionalidad ha de ser respetado, incluso por el legislador”. 

Dos propuestas comenzando por la derogación de la ley

La imposición de penas que el magistrado define como "desorbitadas" basándose en el artículo 315 del Código Penal es tal que, según sus cálculos, los huelguistas reciben una sanción mayor que el homicida imprudente o el agresor sexual o el pederasta. "En España, con esta legislación, no hay segunda oportunidad para los huelguistas" que participan en piquetes.

Ante esa situación, el magistrado plantea la derogación del delito de coacciones a la huelga  que --según afirma-- es heredero del Código Penal franquista y que podría quedar englobado dentro del delito genérico de coacciones ya contemplado por el Código Penal. "No significa que la coacción y, por tanto, la injerencia en la libertad ajena no deba ser objeto de sanción, pero desde luego no debe serlo de una sanción tan desproporcionada", remacha el juez que asegura que "estamos ante una legislación penal claramente desproporcionada de origen tardo franquista utilizada para reprimir conductas realizadas en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de huelga".

    Un piquete tiene penas más altas que el homicida imprudente o el agresor sexual o el pederasta, denuncia Doménech

Por ello, el magistrado del TSJ plantea englobar el delito de coacciones a la huelga en la figura de coacciones general con el argumento de que “no existe razón alguna para que se castigue más gravemente el ejercicio abusivo del derecho de huelga que las coacciones que tengan por finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental.

Pide indultar a los condenados

Unas 300 personas han sido acusadas por una figura delictiva que no se había utilizado en los últimos 20 años pero que el nuevo Ejecutivo ha aplicado ya en 12 comunidades autónomas hasta el momento.

Ante el resurgir de ese tipo delictivo, el “informe Doménech” concluye: “las situaciones ya existentes de imposición de penas de prisión manifiestamente desproporcionadas a sindicalistas por hechos cometidos con ocasión de su participación en huelgas deberían ser consideradas en el ámbito del indulto”.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #673 en: 19 de Septiembre de 2014, 18:20:47 pm »
jueves 18 de septiembre de 2014


CCOO convoca huelga en la Administración de Justicia

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO hace un llamamiento a todo el personal de esta administración, para que secunde la huelga convocada para, el 8 de octubre, contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra la privatización del Registro Civil y, en definitiva, contra el desmantelamiento de la Justicia y en defensa de los servicios públicos.
 
El Gobierno continúa con la decisión de desmantelar otro de los pilares de los servicios públicos indispensables para garantizar los derechos de la ciudadanía: La Administración de Justicia; por lo que CCOO convoca huelga de ámbito nacional, el 8 de octubre, contra la reforma de la LOPJ y contra la privatización de los registros civiles, y hace un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de esta administración, y/o asociaciones afectadas a formar un “frente común”.

Para el Sector de Administración de Justicia de CCOO, estas reformas del Gobierno, suponen la pérdida de miles de puestos de trabajo, la desaparición de cientos de partidos judiciales, el cierre de juzgados en toda España, y de juzgados o agrupaciones de paz; medidas que alejarán la Justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso universal a la misma.

Hay que recordar que respecto a la privatización de los registros, CCOO presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que la actuación que ambos han tenido por la decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, presuntamente, podría ser constitutiva de un delito.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #674 en: 30 de Septiembre de 2014, 17:21:59 pm »
Aplazada la huelga convocada por CCOO en Justicia

La huelga convocada por el sindicato para el 8 de octubre en la Administración de Justicia, queda aplazada en espera de la respuesta del nuevo ministro, a quien CCOO le ha ofrecido la posibilidad de rectificar las agresiones de Gallardón, porque CCOO continúa la lucha contra la privatización del Registro Civil y la reforma de la LOPJ, y exige la retirada de ambos proyectos.
   
Comisiones Obreras ha celebrado, junto con la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras y la sociedad, la dimisión del ministro Gallardón al que considera el peor ministro de la historia, y espera del nuevo ministro un perfil completamente contrario que cambie radicalmente la política que en estos últimos tres años ha llevado el Ministerio de Justicia.

Con el fin de que se asegure que estos cambios se van a producir, CCOO se ha dirigido ya al que será el próximo ministro de Justicia para que convoque con carácter inmediato a su toma de posesión la mesa sectorial de la Administración de Justicia, a la que tendrá que acudir en persona y en la que le exigirá que retire la reforma de la LOPJ que se está tramitando, así como la privatización del Registro Civil.

Ambos proyectos (el actual borrador de LOPJ y la privatización del Registro Civil) son para CCOO una agresión sin precedentes a los derechos de los miles de funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como a la sociedad, ante la que ni nos hemos quedado ni nos vamos a quedar en absoluto impasibles, como ya se ha demostrado hasta ahora siendo el único sindicato en convocar una huelga en toda España en la Administración de Justicia para el 8 de octubre.

En el caso de que el Ministro no convoque con carácter urgente una mesa sectorial para tratar estos dos aspectos, o se manifestase partidario de seguir con la privatización del Registro Civil y con la reforma de la LOPJ que suprimía miles de puestos de trabajo, miles de centros de destino, cientos de partidos judiciales y de Juzgados de Paz y de agrupaciones de Juzgados de Paz, privatización de los actos de comunicación… CCOO retomará de forma inmediata la convocatoria de huelga en la Administración de Justicia.

Sin perjuicio de ello, CCOO continuará  manteniendo la presión frente a estas agresiones con cuantos actos sean necesarios, como los que convocará la próxima semana coincidiendo con  la votación final en el Senado de la privatización del Registro Civil.

Desde Comisiones Obreras celebramos que la dimisión de Gallardón haya sido aprovechada por CSIF, STAJ y UGT, firmantes del preacuerdo para pedir la retirada del anteproyecto de LOPJ que ellos mismos avalaron.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #675 en: 09 de Diciembre de 2014, 08:54:59 am »

Los jardineros de Madrid Río convocan una huelga indefinida

Los trabajadores protestan contra el ERE anunciado por la nueva empresa concesionaria
María Lillo Madrid 8 DIC 2014 - 00:05 CET2

Solo hicieron falta 24 horas para que los rumores de despido dejaran de ser rumores. Raga, la empresa que ha sustituido a Urbaser en el mantenimiento de los parques singulares de Madrid, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) el pasado 2 de diciembre, un día después de hacerse cargo de la concesión municipal de Madrid Río. De momento, la empresa se ha negado a subrogar los contratos de 12 de los 254 jardineros que componen la plantilla, lo que, según el responsable de jardinería de CC OO, Cándido Rodríguez, “es peor que el despido”. “Se quedan en un limbo jurídico, sin cobrar el paro porque legalmente la antigua compañía no los ha echado”. Por ello, el comité de empresa, integrado por CC OO y UGT, ha convocado una huelga indefinida partir del próximo día 15.

Los trabajadores de Madrid Río, que el pasado 1 de diciembre empezó a formar parte del contrato integral de parques históricos, temían por sus puestos desde que Raga se adjudicó el concurso de mantenimiento con una rebaja del 27% sobre el precio de licitación, que el Ayuntamiento ya había reducido un 9% respecto a la cantidad que pagaba a la anterior concesionaria. Raga aceptó un contrato de 111 millones de euros repartidos en ocho años, “a sabiendas de de que las cuentas no les iban a cuadrar”, opina el responsable de jardinería de CC OO. Y los empleados eran conscientes de que si la empresa tenía que recortar gastos, empezarían ellos.

La concesionaria, Raga, aceptó
una rebaja del contrato del 36%

Los directivos de la concesionaria han avanzado que les sobran unos 100 jardineros, el 40% de la plantilla, compuesta por 254 trabajadores. En las dos reuniones que han mantenido con los delegados sindicales han puesto sobre la mesa las alternativas al despido que barajan. Todavía no hay una propuesta en firme, pero se habla de convertir los contratos fijos en discontinuos, de forma que estarían un tiempo en paro al año. Se plantearon además otras opciones como prejubilaciones, que se dieran de alta como autónomos y dejaran la plantilla o formar una bolsa de empleo para ayudar a que encontraran un nuevo trabajo los que finalmente fueran despedidos.

Si se cumplen los plazos, la mesa de negociación se constituirá el martes. Y desde entonces, los sindicatos tendrán un mes para llegar a un acuerdo. Si no lo logran antes del día 15, los trabajadores comenzarán una huelga indefinida como la que emprendieron los barrenderos hace un año contra el despido de 1.134 empleados anunciado por las concesionarias que habían obtenido el contrato con una rebaja de precio superior al 30%. Los paros se zanjaron con dos semanas sin servicio de barrenderos y la ciudad cubierta por toneladas de residuos, que forzaron un acuerdo que incluía una bajada de salario y expedientes de regulación de empleo de 45 días anuales, pero ningún despido.

Es difícil que la huelga prevista por los jardineros de Madrid Río logre el impacto que consiguieron los barrenderos. Los sindicatos lo saben, pero esperan que el resto de jardineros de la capital se solidaricen con ellos. El responsable de CC OO de este sector cree que “al ser un parque con tanta afluencia de gente, los paros se notarán sobre todo en la limpieza” de los 30 kilómetros de sendas de la ribera del Manzanares. Porque los llamados jardineros, no solo se ocupan del mantenimiento del arbolado, sino del cuidado integral del parque, “desde las tareas de fontanería a la recogida de residuos”.

Raquel López, de IU, califica la actuación de la concesionaria de “miserable”

“Espero que los trabajadores hagan todo lo posible para que se noten los paros”, ha manifestado por teléfono la concejal de Izquierda Unida, Raquel López, quien ha calificado la actuación de la empresa concesionaria de “miserable” y ha transmitido su apoyo a la convocatoria de huelga indefinida. “Raga aceptó el contrato porque calculó que le saldría rentable la rebaja del 36% -respecto a lo que cobraba Urbaser- si despedía a un porcentaje alto de la plantilla”.

López ha asegurado que su formación llevará este asunto al próximo pleno para exigir responsabilidades al Ayuntamiento, a quien considera responsable de esta situación porque “sabía perfectamente que con las condiciones del contrato, la empresa iba a despedir a gente”. En la última comisión de Medio Ambiente, el 25 de noviembre, reclamó la subrogación de toda la plantilla y que la empresa no despidiese a los trabajadores. La directora general de Áreas Verdes del Consistorio, Marta Alonso (PP), dijo que “la empresa adjudicataria tiene la obligación de subrogar a los empleados” y que el Ayuntamiento iba a “ser muy exigente con la calidad que preste el parque”, aunque “no se exija un número mínimo ni máximo de trabajadores”. A lo que la concejal de IU responde: “Con un 40% menos de trabajadores ya me dirás cómo se va a prestar el servicio”.

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« Respuesta #676 en: 29 de Diciembre de 2014, 15:40:54 pm »

reforma del código penal »


El Gobierno suprime la prisión agravada a los piquetes que coaccionen

Los sindicalistas son ahora quienes pagan más cara la intimidación

Peticiones de 120 años de cárcel

Anabel Díez   Madrid  29 DIC 2014 - 09:53 CET110

La pena de prisión por coacciones de sindicalistas sobre otros trabajadores en jornadas de huelga, con violencia o sin ella, como ahora establece el Código Penal, va a suavizarse notablemente, para que las penas de cárcel sean excepcionales y siempre vinculadas a episodios de violencia. Esta es la intención del Gobierno, que se va a plasmar en la reforma del Código Penal. El objetivo es poner fin a sentencias desproporcionadas como las repetidas tras las protestas de los últimos meses y que han supuesto penas de cárcel, por ejemplo, tres años para dos sindicalistas de Pontevedra por tirar pintura a la piscina de un hotel. Unos 300 trabajadores de toda España afrontan, además de multas, peticiones de penas de cárcel que suman cerca de 120 años.

En la legislación actual, la coacción en el ámbito laboral y sindical tiene mayor penalización que si se produce en cualquier otra esfera. Las penas van de prisión de 6 meses a tres años y multa de 6 a 12 meses. El Gobierno “va a asimilar las penas por coacciones que puedan producirse en una huelga con las de otro ámbito que limite también derechos fundamentales”, que se sustancian con penas de multa y “privación de libertad limitada”, informan a EL PAÍS, fuentes gubernamentales. “Se trata de mantener la coherencia entre tipos penales equivalentes”, recalcan.

El criterio es del nuevo ministro, Rafael Catalá, y viene precedido de una intensa presión de los sindicatos y partidos de la oposición, singularmente de Izquierda Plural y el PSOE. Asimismo, “la desproporción” de la pena con la conducta fue reconocida por el anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, poco antes de de presentar su dimisión. Este consideró en sesión parlamentaria, lo “extraordinariamente duro” del artículo 315 del Código Penal, unas de las bestias negras del sindicalismo.
 

Peticiones de 120 años de cárcel
◾Cerca de 300 trabajadores se enfrentan a peticiones de penas de 120 años prisión y a multas tras participar en protestas en 13 comunidades autónomas.
◾Dos trabajadoras de piscinas públicas de Pontevedra que participaron en una protesta para reclamar un convenio del sector fueron condenadas a tres años de cárcel por la Audiencia Provincial. Se les acusa de formar parte de un grupo que entró a empujones en un recinto deportivo y arrojó pintura a las bañeras.
◾Ocho empleados del grupo Airbus se enfrentan a la petición del fiscal de 64 años de cárcel por participar en un piquete durante la protesta contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero, que concluyó con una carga policial que derivó en enfrentamiento con los trabajadores.
◾Para Katia Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras en Baleares, el ministerio público solicita cuatro años y medio de cárcel, por participar en un piquete que acabó con la rotura de una luna de un autobús.
 
La dureza y la “desproporción” también la ve el Gobierno, por lo que el nuevo titular de Justicia trasladará la modificación en una enmienda del Grupo Popular que solo dejaría al juez elegir entre multa y cárcel, cuando mediasen hechos violentos.

El artículo que Justicia pretende modificar dice que “serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses los que actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Esta es la redacción denostada por sindicatos y oposicíón, el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. Las críticas se acentúan porque el apartado 1 se refiere a los empresarios, con las mismas penas, que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. En primer lugar, los detractores señalan que, en la práctica, a los empresarios no les ocurre nada, como han denunciado solo hace dos meses en sesión parlamentaria, Joan Coscubiela de Izquierda Plural, y Joan Saura, en el Senado, del grupo de la Entessa. La discusión jurídica viene porque el Gobierno no quiere eliminar del todo la posibilidad de pena de prisión aunque pretenda limitarla al máximo.

Hasta el 8 de enero, día en el que se reunirá en el Congreso la ponencia que estudia la reforma del Código Penal, el Ministerio tiene plazo para presentar su propuesta pero ya hay líneas rojas de la oposición, que comparten los sindicatos mayoritarios, CC. OO y UGT. El ponente socialista de la ley, Manuel de la Rocha, jurista y especialista en Derecho Laboral, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual “cuando se está ejerciendo un derecho fundamental como el de huelga, si hubiera un exceso punible por parte de los piquetes informativos, la pena a aplicar debería ser siempre más suave que a quien ejerce una coacción sin estar ejerciendo un derecho fundamental. Es decir, más suave que la del tipo básico de coacciones del Art. 172.1 CO. Y nunca igual o más grave”. Estas consideraciones van en línea de considerar que un miembro de un piquete aunque sea de manera inapropiada defiende un derecho constitucional como es el de huelga.

El cambio está pendiente de redacción por parte del Gobierno pero una pista la da el Grupo Popular que pretende suavizar el apartado 3 del artículo 315, de manera que se sustituya la prisión y multa que hoy impera, por una cosa u otra y el criterio general será siempre el de multa. También hay discrepancia sobre dejar al mismo nivel al empresario que “con coacciones” impide el derecho de huelga que al sindicalista que lo propicia, también con coacciones, ya que los primeros no se basan en ningún derecho constitucional y los segundos, sí.

A los sindicalistas se les aplica ahora la máxima pena como ha ocurrido hace una semana en Gijón. Una sentencia del Juzgado de lo penal número uno de la ciudad asturiana condena a cinco sindicalistas de UGT a penas de hasta cinco años por coaccionar a trabajadores de la empresa Arcelor, en la huelga general de marzo de 2012, para que participaran en la protesta. Algunos de estos sindicalistas lanzaron petardos contra trabajadores que no querían participar en esa jornada general de paro. Los afectados sufrieron daños leves y, sobre todo, estuvieron aquejados de episodios de ansiedad y depresión.

Muchos de los casos actuales de condena a sindicalistas, todos en proceso de recurso, proceden de esa huelga general como ocurrió con la secretaria general de CC OO de Baleares. No obstante, en muchos no hubo violencia. “Y basta que el fiscal determine que ha existido coacción para que pida duras penas de cárcel por participar en un piquete de huelga”, señala Javier López, dirigente de CC OO.

 

 

Torres-Dulce, incómodo

Dos semanas antes de dimitir el anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestó en el Congreso su “preocupación” por el artículo 315 del Código Penal.

El pasado 26 de noviembre, y a instancias de Joan Coscubiela de Izquierda Plural y Rosa Aguilar del PSOE, mostró su voluntad de “estudiar” un cambio ante “la desproporción de la pena”. “Creo que sería bueno que opinemos sobre la reforma de este delito que reconozco es extraordinariamente duro”. Le recordaron que la fiscalía condenaba siempre. “No excuso la actuación de la Fiscalía sino que constato la existencia de un problema de desvalor de la conducta y de desproporción, sobre el bien protegido”. Su propuesta fue establecer cuál es la pena de lesiones, de daños y buscar la proporcionalidad. “Me brindo a ello porque nosotros no estamos cómodos”, dijo. No le dio tiempo pero el Gobierno parece que ha cogido el guante.

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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #677 en: 29 de Diciembre de 2014, 16:08:07 pm »
Ale, así podrán coaccionar, amenazar y agredir mas tranquilos a trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo.


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Re:Huelgas: derechos y deberes
« Respuesta #679 en: 06 de Febrero de 2015, 13:54:24 pm »
La Ley "Mordaza", otro ataque del PP a la libertad en el mundo del trabajo

“El derecho de manifestación se defiende haciendo manifestaciones. El derecho de reunión se defiende haciendo reuniones. El derecho de huelga se defiende haciendo huelga.”
(Marcelino Camacho, dirigente de CCOO).


En un Estado Social los sindicatos tienen como misión constitucional defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras (art.7 CE), y para ello disponen de libertad sindical (art.28.1 CE), apoyada en la negociación colectiva (art.37.1 CE), el conflicto colectivo (art.37.2 CE) y la huelga (art. 28.2 CE).

En primer lugar, la Reforma Laboral ha supuesto un enorme retroceso de nuestros derechos y libertades. Los datos hablan por sí solos: en 2012 los empresarios inaplicaron 748 convenios (momento en el Botella nos violentó nuestro Convenio); en 2013 fueron 2.512. Ante la rotundidad de los datos, es lógico que hayan aumentado los conflictos y las huelgas. A menos negociación, más conflicto. Por esta razón se ha incrementado la conflictividad laboral: en 2011 fueron 485.054 jornadas no trabajadas por huelga; en 2012 saltaron a 1.290.114 (cifras del Gobierno)
Ante este estado de cosas, es un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado sea la represión penal, de forma que cerca de 300 sindicalistas estén siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales, imponiendo penas de prisión a personas que carecen de antecedentes penales.

 En un primer momento, el Gobierno ha echado mano del delito de coacciones a la huelga del artículo 315.3 del Código Penal, con penas desorbitadas que van desde los 3 a los 4 años y medio de prisión y multas que ascienden a 60.000 euros. La aplicación de este artículo del Código Penal impide la posibilidad de poder evitar la cárcel, como ocurre en delitos tales como el homicidio imprudente, la agresión sexual, los abusos sexuales a menores, el robo con violencia o intimidación… Tamaña desproporción tiene una explicación: el citado artículo es heredero del art.496.2. del Código Penal franquista, traspuesto en 1976 en un intento agónico del régimen franquista por reprimir las huelgas entonces existentes.
A esta situación el PP suma ahora la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”, que incorpora una tipificación de infracciones que al ignorar las circunstancias del libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de huelga violentará la Constitución, convirtiendo el conflicto laboral en un conflicto de orden público. Veamos algunos ejemplos:

Art.35.1: el ejercicio de huelga, incluso las reuniones de carácter sindical, en las instalaciones donde se prestan servicios básicos o en sus inmediaciones puede generar, como es consustancial al derecho de huelga, un perjuicio para su funcionamiento. La aplicación directa de la Ley implicaría sanciones que oscilan entre 30.001 y 600.000 euros.
Art.36.9: la mera intrusión en instalaciones de servicios básicos para la comunidad, aunque no represente afectación al funcionamiento de la instalación, conllevaría una multa de 601 a 30.000 euros.
Art.: 36.4: se contempla la sanción de cualquier acto de obstrucción en el desarrollo de sus funciones o cometidos de cualquier empleado público, lo que permite incluir la labor informativa de los piquetes que se limiten a trasladar a los empleados públicos los objetivos y fines de la huelga.
Art.: 37.1: se configuran como sancionables las concentraciones de trabajadores, práctica consustancial al ejercicio de la libertad sindical o de huelga.
Como vemos, los supuestos de la “Ley Mordaza” afectan fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y básicos para la ciudadanía.
Bajo el lema #HuelgaNoEsDelito, CCOO y UGT han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical, y en apoyo de las trabajadoras, trabajadores y sindicalistas encausados con peticiones de prisión. Ahora preparamos para la semana que viene movilizaciones en toda España.
Mientras centenares de trabajadores y trabajadoras son amenazados con el ingreso en prisión por ejercer el derecho constitucional a la libertad sindical y a la huelga, ni un solo empresario o responsable político de ninguna administración ha sido condenado por impedir el ejercicio de la huelga o imponer servicios mínimos tan elevados que la hacen imposible. Sin derecho de huelga, sin libertades sindicales, metiendo en la cárcel a sindicalistas por huelgas, podemos acabar por hacer desaparecer la democracia que tanto costó construir en España. Como ayer, ahí están las Comisiones Obreras, comprometidas en la defensa de los intereses de la población trabajadora y la Libertad.

Fuente: “Represión penal y derecho de huelga”, Carlos Preciado, TSJ de Cataluña. “Sobre los procesados por acciones sindicales en España”, Pablo García-Cano, Federación Industria CCOO. Otros documentos de Confederación Sindical de CCOO.

Actualizado (Viernes, 06 de Febrero de 2015 09:39)
http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/la-ley-qmordazaq-otro-ataque-del-pp-a-la-libertad-en-el-mundo-del-trabajo.html