Así utiliza el SAT a las temporeras esclavizadas de HuelvaTras denunciar acoso sexual en Huelva, dicen ahora haber sido utilizadas y timadas por el sindicato de Diego Cañamero
F. Del Valle
Málaga
Actualizado:
07/10/2018 15:31h
De Huelva a Málaga. De Málaga a Murcia y de Murcia a Albacete. Sin papeles. Sin poder trabajar. Pero sin poder tampoco volver a su país, donde no se perdonaría su «mancha». Es el peculiar calvario que no cesa de las diez temporeras marroquíes que el pasado mes de mayo denunciaron haber sido objeto de abusos sexuales en una finca agrícola de Huelva.
Un via crucis que se ha acrecentado esta misma semana, cuando la Audiencia Nacional ha desestimado su demanda. Y al que ahora se le suma, aseguran, el haber sido víctimas de estafa y utilización propagandística por parte de aquellos que se erigieron en sus presuntos «salvadores», el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Albacete, donde ahora residen, dinamita el supuesto afán altruista de la organización de Diego Cañamero, famosa por su radicalidad y sus «espectaculares» acciones directas en su atribuida defensa de los más débiles.
Según esta denuncia, en todo el desarrollo del proceso a los miembros del SAT sólo les ha precoupado «su propia promoción». Y para ello, se cuenta, no han tenido reparo en montar ruedas de prensa e incluso intentar concertar entrevistas con algunas de las temporeras cuando no era su deseo ni querían ver sus rostros en los medios de comunicación. Se trataba, se afirma, de «convertir (a las trabajadoras) en objetos de publicidad para su mayor gloria».
Pero el de la utilización propagandística es quizás el más amable de los cargos que se le imputan en el relato de la última denuncia presentada en Albacete. Para conocer el resto, hay que remontarse al mes de junio. Entonces comienza el penúltimo episodio de las «temporeras contra la esclavitud», como se ha bautizado a este grupo de trabajadoras venidas de África. Y ha tenido lugar en Cuevas de San Marcos, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga que linda con Córdoba.
Como quiera que tienen que permanecer en España mientras se dilucidan los dos procedimientos que siguen vivos en juzgados onubenses por los posibles abusos recibidos, fue en ese municipio donde fueron alojadas por el SAT, que también se había comprometido a mantenerlas tras salir de Huelva. El delegado de este sindicato en Málaga, José Blanco Burgos, se ofreció a gestionarles el alojamiento.
¿Quién es José Blanco, principal acusado por estas mujeres? Natural de esta localidad y educador social en una asociación de ayuda a personas en riesgo de adicciones o de exclusión social, en sus redes sociales abundan fotos de ikurriñas y esteladas, amén de mensajes en favor de otras causas como la palestina o cualquiera que sea la del actor y provocador Willy Toledo. Un clásico. Su activismo en el seno del SAT encontró su cénit cuando, en 2012 y en plena oleada de asaltos a supermercados y tomas de sucursales bancarias, fue detenido por unas horas por la Policía en la capital malagueña.
Calvario malagueño
Blanco, al que también se acusa de haber intentado provocar apariciones de las denunciantes en prensa en contra de su voluntad, se encargó entonces de alquilar dos viviendas. Y fue a partir de ahí que comenzó el nuevo calvario de las marroquíes.
«Cuando llegaron aquí ya vimos que la solución estaba mal enfocada y que éste era un problema que en cualquier momento se podía ir de las manos». Así lo expresa la alcaldesa de Cuevas, Lourdes Gutiérrez (IU). En un pueblo que vive de la aceituna, llegar cuando comienza el verano es sinónimo de no tener trabajo. Sin entender una palabra de español, la cuestión se complica.
Así que su estancia en Málaga fue de todo menos bucólica. Siguiendo el relato de la denuncia, presentada en su nombre por los abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que vienen representándolas desde el principio, pronto se encontraron con que «por indicaciones del denunciado» sobre su vida se ejercía un «férreo control». Tenían que cumplir horarios y dar explicaciones constantes de sus actos, siendo sometidas a innumerables reproches. Con una asistencia médica defectuosa, también se les restringió la comida, «sometiéndolas a pasar hambre» y contándoles los huevos, patatas o plátanos que se les suministraban.
Trabajo «en negro»
Para sufragar los gastos que el SAT se había comprometido a abonar, a las mujeres se les obligó a trabajar, sin ningún tipo de alta laboral, en la casa de la dueña de una de las viviendas, Carmen Benítez, que también ha sido denunciada. En el pueblo se habla de que le pintaron varias habitaciones, lo que ella niega.También trabajaron en el huerto del propio delegado del SAT. Esta vez, se asevera, para recuperar el importe de un teléfono viejo que éste había prestado a una de las marroquíes. «Es para que aprendas el valor del dinero», le dijo.
Pero la acusación más importante contra Blanco es la de haber dispuesto indebidamente de 1.380 euros del dinero captado a través de una campaña de crowfunding puesta en marcha para ayudar a las jornaleras. Para ello, se habría puesto como autorizado en la cuenta a la que iban a parar esas cantidades sin que lo supieran sus legítimas titulares. Una campaña que lleva ya recaudados más de 21.000 euros y que en su mayoría sirven para que las mujeres envíen dinero a su familia en Marruecos.
El líder del SAT ha declinado hablar con ABC, remitiéndose únicamente a un comunicado publicado esta semana por su organización en el que niegan ningún trato irregular a las mujeres ni estafa y arremeten contra Ausaj por usar torticeramente la causa de las jornaleras para arremeter «contra el sindicalismo andaluz de clase».
«Todo es mentira». Lo dice también Carmen Benítez, la «hostelera» denunciada por las marroquíes. «Aquí han estado como reinas», asegura a ABC por teléfono mientras de fondo se escucha la misa en un televisor. «Es que yo soy muy cristiana y muy católica y sólo quiero ayudar». Ellas dejaron Cuevas en septiembre, después de muchos episodios de ansiedad por todo lo narrado. Ahora, tendrá que ser la Justicia la que dilucide por qué no han encontrado aquí ningún tipo de paraíso.
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