Autor Tema: Sindicatos, Plataformas y Afiliados  (Leído 834793 veces)

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9540 en: 28 de Abril de 2020, 06:32:55 am »
El Director no tiene capacidad para abrir ninguna línea de nueva ayudas, en todo caso quien la tiene es Almeida a través de la Mesa General.


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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9541 en: 28 de Abril de 2020, 17:06:12 pm »
« Última modificación: 29 de Abril de 2020, 07:41:18 am por 47ronin »

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9542 en: 28 de Abril de 2020, 17:12:26 pm »
Bueno a mi no me parecería mal si la cantidad para ayudas sociales se incrementase en digamos 50€ multiplicados por los 25000 trabajadores y otros 25000 jubilados, digamos entonces un aumento en el presupuesto de 2,5 millones de euros...por que si de lo que se trata es de que al.estar pasando el río ppr Valladolid te meto, en la misma cantidad que dedico sin incrementarla, la prueba entonces es un engaño.

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9543 en: 29 de Abril de 2020, 17:02:10 pm »
Menos de seisseses para las elecciones sindicales.....claaroooo, la voz de la PMM en la Mesa General, claaaroooo.

Pues fíjense que yo me acuerdo que está "voz" firmó un acuerdo de absoluta mierda en 2004.

« Última modificación: 01 de Mayo de 2020, 06:29:23 am por 47ronin »

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9544 en: 29 de Abril de 2020, 17:12:54 pm »
Y respecto a permitir la entrada de miembros de sindicatos que no pertenecen a esa mesa, a mi parecer, no encaja en el supuesto del asesor, figura permitida.

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9545 en: 30 de Abril de 2020, 07:29:59 am »


El caso de las facturas falsas de UGT-A
El juez impone a UGT-A una fianza de 40,7 millones como responsable civil subsidiario por el escándalo de las facturas falsas

    Advierte a la organización sindical de que procederá al embargo de los bienes en caso de no prestar dicha fianza

    La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta siete años de cárcel para la antigua cúpula del sindicato


Jorge Muñoz
29 Abril, 2020 - 12:30h

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A, a la que ha impuesto en concepto de responsable civil subsidiario una fianza de 40,7 millones de euros, en el caso de que los procesados vinculados a la organización sindical no presten la fianza que se les ha exigido.

El auto del instructor fija precisamente esa fianza de 40.750.047 euros para el que fuera ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que deberá responder de la misma de forma conjunta y solidaria con el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de Soralpe y Mas P Asociados Enrique Emilio Gocicoechea Salazar.  A María Dolores Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras de UGT-A, le impone una fianza de 4.288.707,74 euros.
Más información

    El juez procesa a la ex cúpula de UGT-A por un fraude de 40 millones en facturas falsas

En la causa, que será enjuiciada en la Audiencia de Sevilla, hay 15 acusados, cinco de ellos vinculados a la organización sindical y los otros diez entre proveedores del sindicato. El juez requiere a UGT-A para que como responsable civil subsidiario preste la fianza de 40,7 millones en el supuesto de que los cinco procesados "no presten la fianza exigida" para asegurar la "responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa, con apercibimiento del embargo de sus bienes en cantidad suficiente caso de no prestarse". El juez ha abierto juicio oral por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

El magistrado ha citado entre los días 15 y 17 de junio a los 15 acusados para notificarles el auto de apertura de juicio oral y, a continuación, los autos se enviarán a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses, aunque el juicio podría retrasarse debido al colapso de la Audiencia, que se ha visto agravado con el parón provocado por la crisis del coronavirus, con lo que es previsible que el juicio no se celebre, en principio, hasta el año que viene.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula de la UGT-A por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con el escándalo de las facturas falsas y un fraude que asciende a 40,7 millones.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar,  mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto considera además responsable civil subsidiario al sindicato UGT-A por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas, esos 40,7 millones de euros, y también lo hace responsable solidario de las multas que solicita para la antigua cúpula de la organización sindical ahora procesada, tal y como ha aceptado ahora el juez en el auto de apertura de juicio oral, que tiene fecha del 13 de marzo pasado.

En cuanto a los proveedores, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 euros y el millón de euros, y también considera responsable civil subsidiario de determinadas cuantías a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Badía.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y  Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.
El fraude del rápel y el bote

El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".

Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado -que no ha sido enjuiciado por sus problemas de salud-, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.

Fresneda "exigió que estos descuentos no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta manera, prosigue el fiscal, se materializaba mediante una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez, la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la administración concedente, la Dirección General de Formación, se presentaba "la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato, se incluía el monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas Uniones Provinciales. La gestión contable de este rápel se realizó en origen a través de hojas de cálculo excell, sin embargoante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa de gestión Spyro.

En cuanto al denominado bote, el fiscal señala que con esta figura, el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y Dolores Montaño, se encargaba la elaboración de "facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas". De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, "se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa".

Esto permitía que el sindicato "sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

De la misma manera que con el rápel, esto se realizaba sólo con proveedores de confianza seleccionados por Federico Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, programa informático que contaba "con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".

Según el Ministerio Público, fue María Charpín, quien en las sesiones de trabajo con los responsables de la implantación del programa Spyro, "exigió que este programa informático contemplara estos apartados, y exigió a sus creadores que lo incluyeran. A tal extremo llegó, que incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de cómo manejar y contabilizar las facturas de bote y rápel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente: Lienzo Gráfico", sostiene.
Financiar la acción sindical con el fraude

Añade el fiscal que los saldos favorables al sindicato obtenidos con esta defraudación se destinaban a financiar la acción sindical, y así destaca alguna de las descripciones referentes a los albaranes: "1000 Pay Pay orgullo al  50% CC.OO.", "Globoso rojos con lomo UGTA", "Set de bolígrafos SA organización" (Publicar DM); "5.000 carteles Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "10.000 pegatinas superagarre Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "Revista digital Cutural-Alb.Ajuste"; "Diseño bandera Andalucía Movilizaciones 15 de septiembre a Madrid" (Lienzo Gráfico); y "1PC TONI, c/Goles", "PC ́S Prensa", "2 PC ́S Paco Mateos y Nieves" (SIOSA).

En cuanto al rápel, el sindicato UGT-A habría recibido en los ejercicios 2005 a 2013la cantidad total de 3.440.765 euros, importe que en su mayor parte se abonó en efectivo. El descuento generado seria de 1.024.052,51 euros en la empresa Karonte Nuevos Desarrollos, de 788.813,38 en Siosa, de 707.982,94 a través de la sociedad Publicar D&M, 515.216,66 de Chavsa, y 105.900,19 euros de Lienzo Gráfico.


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« Respuesta #9546 en: 30 de Abril de 2020, 07:31:11 am »
Y UGT qué dice de ésto?

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« Respuesta #9547 en: 30 de Abril de 2020, 19:16:13 pm »
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« Respuesta #9549 en: 05 de Mayo de 2020, 14:17:51 pm »
Ni caso harán. :fumon

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« Respuesta #9550 en: 09 de Mayo de 2020, 06:17:33 am »


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« Respuesta #9552 en: 13 de Mayo de 2020, 08:56:12 am »
Bueno pero está desinfectado, no?

 :carcaj



Desinfección U.I.D VICÁLVARO.


COMPAÑEROS DE DICHA UNIDAD NOS TRASLADAN que desde el 9 de mayo 2020 se vienen realizando tareas desinfección de la unidad, cuál es nuestra sorpresa cuando lejos de estar contentos están teniendo problemas respiratorios e incluso en la piel.

La Intendente de la  unidad a través de nota servicio interior, ordena y manda a los auxiliares de dicha unidad a rociar por todos los habitáculos de la unidad, menos en su despacho , productos químicos y tóxicos, con un pulverizador a presión, ( dudamos de su procedencia y homologación), cuando estás tareas las están realizando una dotación de bomberos expertos y cualificados para estas misiones.

    Los auxiliares de policía, carecen de capacitación para realizar tratamientos biocidas ( RD. 830/2020, 25 de junio ).
    No disponen de los equipos de protección individual para realizar dichas tareas,, acorde con la legislación vigente, normativa de protección contra agentes químicos y biológicos.

Para evitar riesgos laborales que perjudiquen la salud de los trabajadores, se solicita, el cese inmediato de esa actividad, y se tomen las medidas oportunas.

De igual manera se da traslado al departamento de Madrid Salud y a la Dirección General de Policía.

adjuntamos fotos de esta estremecedora acción…







https://sindicatoupm.es/?p=29016

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9553 en: 13 de Mayo de 2020, 11:53:56 am »
Para evitar eso lo mejor es estar de baja en casita con cualquier escusa peregrina como el intendente de mi unidad.

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9554 en: 15 de Mayo de 2020, 13:26:52 pm »

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« Respuesta #9555 en: 21 de Mayo de 2020, 13:51:37 pm »
« Última modificación: 22 de Mayo de 2020, 09:40:23 am por 47ronin »

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9556 en: 21 de Mayo de 2020, 13:53:56 pm »
 Cierto, PMM es un Reino de Taifas donde cada señor ha hecho de su capa un sayo, por otra parte nada nuevo, esto lleva siendo así desde que la PMM es PMM.

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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9557 en: 25 de Mayo de 2020, 06:21:04 am »

De denunciar las facturas de UGT-A, a ser el primer condenado: "Es esperpéntico"

Una jueza de Sevilla ha condenado por revelación de secretos al trabajador del sindicato que filtró a la prensa las presuntas facturas falsas que ahora sientan en el banquillo a la excúpula directiva

Diego Molpeceres

Roberto Macías, extrabajador de UGT-Andalucía, destapó el caso de las presuntas facturas falsas con el que el sindicato podría haberse financiado durante años de manera irregular a través subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la formación de parados y trabajadores. Mientras la antigua cúpula del sindicato aún está a la espera de juicio, Macías se ha convertido en el primer condenado del caso; dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La sentencia dictada por la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla le impone esta pena por "filtrar" a varios medios de comunicación “información reservada y sensible” sobre la presunta trama ilegal en 2013. Macías -que evitará su ingreso en prisión por falta de antecedentes- trabajaba desde 2008 como administrativo del denominado departamento de Compras del sindicato. Según los hechos probados, guardó durante horario de trabajo en una memoria USB miles de archivos extraídos del servidor del sindicato, que posteriormente almacenó en el ordenador personal de su domicilio y que fueron apareciendo en la prensa tras ser despedido.

"Sabía que era una información sensible de la organización, pero tuve miedo de acudir a los cauces normales, porque es público que no hay una independencia judicial y que, en este caso, hablamos de una íntima relación del PSOE con UGT. Tenía miedo de sufrir represalias y de que esa información se pudiese destruir o manipular. Por eso me vi obligado a elegir a los medios para entregarla", expone en conversación con Vozpópuli.
"No era la vía correcta"

La sentencia contra la que prepara un recurso señala que "en ningún momento se ha servido de los canales de denuncia que se prevén" por parte de las instituciones. "Sabía que no era la vía correcta, pero preferí el sacrificio, porque entiendo que debe primar más el interés general que una acusación formulada contra una persona por revelar estos secretos. Es fuerte que se utilicen los tecnicismos legales para amparar conductas indecentes", esgrime Macías.

Asegura haber recibido el fallo como "una gran decepción", pues tenía la "esperanza" de que se aplicase la reciente directiva europea UE 1937/2019-A que establece canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes decidan sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

Sin embargo, el texto comunitario aún no ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español. La jueza reconoce que esta norma "prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes", es decir que "busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos".

    Si no lo hubiese denunciado, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema"

Macías dice no estar arrepentido de haber denunciado aunque asegura que le parece "una situación esperpéntica, un absurdo y una aberración judicial que condenen al alertador del caso antes que a la cúpula". Si no lo hubiese hecho, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema". "Cuando yo lo dejé en 2012, el sistema funcionaba perfectamente y, lo que es más grave, que se fue perfeccionando con el tiempo con una sensación de impunidad dentro del sindicato", remata.

Macías pide una ley anticorrupción que garantice y proteja lo que ve como una "figura esencial en un estado democrático". "La primera voz de alerta que puede realizar una persona es fundamental para prevenir y luchar contra el fraude", concluye. Por eso, reclama que los poderes públicos "se vuelquen en la protección del alertador" y solicita al Gobierno que incluya como una prioridad en su agenda la transposición de la directiva.

Así lo han pedido también veinte denunciantes de corrupción y diez asociaciones. "Lo que se tiene que perseguir es el fraude y la corrupción y nunca reprimir la denuncia. Si reprimimos la denuncia, lo que estamos provocando es el efecto contrario; que las personas tengan miedo a denunciar. Estamos lanzando una señal de amedrentamiento social", concluye.
UGT-A se felicita de haber "ganado el juicio"

El sindicato solicitaba cuatro años de cárcel para Macías y una indemnización de 60.000 euros por "daño moral" que ha sido rechazada. Ahora, la organización se felicita de haber "ganado el juicio contra el falso alertador de corrupción".

Asegura que utilizará "todos los medios legales" a su disposición "para defender la honorabilidad de la organización, así como la de sus afiliados y afiliadas, delegados y delegadas". "Nos reservamos del mismo modo el derecho a ir contra aquellas personas y medios de comunicación que difundan información de procedencia ilegal o que no se atenga a datos reales", añade en un comunicado de prensa.

Asimismo, cree necesario hacer pública la sentencia para "desmentir muchas de las afirmaciones que se han realizado en ciertos medios de comunicación contra la organización, e injustamente de manera implícita contra sus delegados y afiliados durante todos estos años".

   

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« Respuesta #9558 en: 25 de Mayo de 2020, 07:08:32 am »

La crítica de ELA a una actuación policial se salda con más de cien bajas de afiliación
Policías municipales recalan en ESAN tras la denuncia de dos arrestos en Bilbao
c. c. borra / bilbao 24.05.2020 | 00:59


Captura del vídeo con la detención de dos personas el 29 de marzo en San Francisco. Foto: DEIA

La sección de ELA en la Policía Municipal de Bilbao ha sufrido un aluvión de bajas a raíz del apoyo que este sindicato brindó a un comunicado de SOS Racismo Bizkaia que denunciaba la "represión y brutalidad policial que se está ejerciendo en el barrio de San Francisco". Desde que se difundió esa nota, el pasado 15 de abril, el número de bajas de afiliados en la central abertzale habría superado los 130, lo que incluye a todo el espectro del cuerpo, desde agentes rasos a cuadros intermedios y mandos, e incluso delegados sindicales. La mayoría de ellos habría recalado en el sindicato ESAN, según fuentes de esta central consultadas por DEIA.

El comunicado de SOS Racismo Bizkaia hacía referencia a la "agresión policial del pasado 29 de marzo" en el barrio bilbaino, cuando agentes de la Ertzaintza detuvieron a un hombre y su madre por atentado contra la autoridad en pleno confinamiento por el coronavirus. Esa actuación provocó un gran revuelo tras ser grabada por los vecinos desde sus ventanas, imágenes que se difundieron por las redes sociales, y desembocó en una investigación interna del Departamento de Seguridad. SOS Racismo denunció que "se están produciendo a diario agresiones policiales a personas migrantes y racializadas con total impunidad". "Lo seguiremos denunciando pese a las amenazas, las multas y el acoso", añadió en su nota.

Entre los 46 colectivos que suscribieron el comunicado se encontraban asociaciones feministas y de inmigrantes, además de los sindicatos ELA y LAB. El primero de ellos salió pocos días después a matizar dicho respaldo y alegó que, como consecuencia de la situación de confinamiento, "no se dieron los oportunos y necesarios contrastes internos que suelen darse siempre". En una carta remitida a sus afiliados, añadió que del texto suscrito "podría concluirse que se está describiendo el proceder habitual y generalizado de la policía", lo que aseguró que "no es una conclusión correcta".

Pese a este desmarque, el incendio en el seno de la Policía Municipal de Bilbao ya era imparable, lo que ha derivado en la catarata de bajas de afiliados de ELA, hasta un 16% de la plantilla de 750 agentes en la capital vizcaina. Desde ESAN, central en la que han recalado de forma mayoritaria, aseguraron a este medio que estos policías "están indignados con ELA y LAB por su respuesta a ese incidente y pidieron explicaciones por sumarse a un manifiesto que atacaba a la policía".

Las fuentes del segundo sindicato en tamaño de la Ertzaintza añadieron que "si el propio sindicato no confía en el duro trabajo de la policía, debería retractarse". Concluyeron que la "deriva de ELA y la alineación de los sindicatos en temas políticos ha causado desafección" en el seno de los cuerpos policiales, aunque "la gota que ha rebasado el vaso" ha sido la respuesta a la actuación en San Francisco.
Bajas en la Ertzaintza
 

Fuentes de la sección de ELA en la Ertzaintza admitieron que, a raíz de la detención de dos personas en el barrio bilbaino, el sindicato "ha tenido problemas en la sección de la Policía Municipal de Bilbao, fuera no". Añadieron que este malestar también ha alcanzado a la Ertzaintza, donde ELA, la tercera en representación y número de afiliados, ha sufrido una decena de bajas. "No es una gran afectación", aseguraron, dado su millar de afiliados.

Respecto al hecho de que la gran mayoría de bajas se hayan dado en la Policía Local y no en la Ertzain-tza, afirmaron que "seguramente nuestra gente ya está acostumbrada a que se cuestionen sus actuaciones y por eso la afectación es pequeña". Desde ELA insistieron en que no hubo un "análisis en profundidad" de la nota de SOS Racismo y que la misma no se refería en concreto a la actuación en San Francisco. Criticar la labor policial "de forma genérica es inadmisible", concluyeron.


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Re: Sindicatos, Plataformas y Afiliados
« Respuesta #9559 en: 06 de Junio de 2020, 17:54:40 pm »
 Cinco personas procesadas

La juez impone una fianza de 1,6 millones a la UGT de Asturias por saquear los cursos de formación


La magistrada abre juicio oral y señala al sindicato como responsable subsidiario del desvío de casi 1,5 millones de euros


Agentes de la UCO de la Guardia Civil registran la sede de la UGT de Asturias, en 2017, en Oviedo.
Detenido el ex secretario general de UGT en Asturias
Un decreto de Zapatero permitió al líder de la UGT en Asturias enriquecerse
El fiscal Anticorrupción investiga al Gobierno de Zapatero por ayudas a ex líderes de UGT
ESTEBAN URREIZTIETA | MADRID
06/06/2020 13:30
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha abierto juicio oral por un delito de fraude de subvenciones a la UGT de Asturias y le impone una fianza de 1,6 millones de euros. La decisión la acaba de adoptar después de que la Audiencia Provincial de Oviedo haya rechazado todos los recursos de la organización sindical y de cinco ex dirigentes, entre ellos el ex secretario general, Justo Rodríguez Braga, a los que la Fiscalía atribuye el desvío de 1,4 millones entre los años 2010 y 2014 procedentes de cursos de formación.

El auto de la juez María Luisa Llaneza, al que ha tenido acceso EL MUNDO, contra el que no cabe recurso, ha fijado la citada fianza para todos los acusados, considerando a la UGT como responsable subsidiario. La instructora advierte a todos ellos de que si no depositan esa cantidad, embargará automáticamente todos sus bienes.

La investigación sobre el desvío de fondos de los cursos de formación por parte de la UGT asturiana comenzó en 2014 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras descubrir una operativa similar en la delegación de Andalucía de la organización sindical.


El Ministerio Público ha pedido que Rodríguez Braga sea condenado a una pena de 10 años de prisión por haber acometido un "desvío sistemático" de fondos a través de un entramado societario vinculado a él con el que teóricamente se dedicada a organizar cursos formativos.

DINERO DEFRAUDADO, 1,2 MILLONES DE EUROS
A juicio de la Fiscalía, "se llevó a cabo una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical".

El dinero distraído fue empleado, según ha acreditado la investigación, al pago de gastos estructurales de la UGT asturiana, fundamentalmente para cubrir los costes de su personal laboral. Pero también para capitalizar una sociedad denominada Infastur, con la que se cubrieron las pérdidas de una promoción inmobiliaria desarrollada por la cooperativa de vivienda del sindicato.

El Ministerio Público estableció que la distracción de fondos se instrumentó "mediante diversos subterfugios con lo que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoge en que incurrían".

La Intervención General del Estado cuantificó en 1.462.666 euros el dinero desviado durante cuatro años, ocasionando un fraude que eleva a 1.176.443,41 euros.