Autor Tema: La señora Presidenta de la CAM  (Leído 588347 veces)

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8380 en: 26 de Abril de 2025, 18:49:03 pm »

Un juzgado avala las obras del piso que comparten Ayuso y su pareja y condena en costas al Ayuntamiento


La sentencia firme establece que la reforma integral se encontraba “amparada” por una licencia “debidamente presentada” y que el Consistorio ignoró “completamente” cuando le abrió un expediente de infracción urbanística
— Los dos pisos donde viven Ayuso y su pareja costaron 1,8 millones de euros
Ático de Ayuso
Elena Herrera

25 de abril de 2025 12:29 h
0

El empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha ganado el litigio que mantenía abierto con el Ayuntamiento de Madrid por los permisos para hacer obras en el piso del centro de la capital en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha fallado que la reforma integral de la vivienda se encontraba “amparada” por una declaración responsable que fue “debidamente presentada” y que el Consistorio ignoró “completamente” cuando le abrió un expediente de restauración de legalidad urbanística, según figura en la documentación examinada por elDiario.es. La sentencia es firme y condena en costas al Ayuntamiento sin especificar la cantidad.

La declaración de la pareja de Ayuso abre nuevas incógnitas sobre el ático de lujo

La vivienda, a nombre de González Amador, fue adquirida por el empresario y comisionista por 850.000 euros en julio de 2022, después de su negocio millonario con las mascarillas, según reveló esta semana este periódico. Dio de entrada 350.000 euros, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda por los dos ejercicios anteriores y que motiva su imputación por fraude fiscal en otro juzgado de la capital. Los 500.000 restantes responden a una hipoteca.

Además, en fechas próximas a ocuparlo junto a Ayuso, un año después de la compra y tras la reforma integral, la sociedad Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior. Esta empresa, de la que es administrador el fiscalista e González Amador, Javier Gómez Fidalgo, pagó 950.000 euros por él. En su última comparecencia ante la jueza que lo investiga penalmente, González Amador declaró que Fidalgo se lo alquila por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El fiscalista también está imputado en esa causa.

Los hechos sentenciados se refieren a los trabajos de reforma del primero de esos inmuebles. El litigio se inició cuando González Amador presentó un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Ayuntamiento de Madrid, fechada el 27 de mayo de 2024, que le daba dos meses para solicitar una licencia que amparara la reforma integral de la vivienda. El Consistorio sostenía que las obras se habían efectuado sin el preceptivo título habilitante y que, en consecuencia, debían legalizarse en ese plazo. La realidad, dice el fallo, es que esas obras ya contaban con la preceptiva licencia.

La pareja de Ayuso, a través de la empresa de interiorismo y reformas MadIn, pidió al Ayuntamiento de Madrid el primer permiso para hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. El día 4 de ese mes, González Amador presentó una declaración responsable relativa, principalmente, a los trabajos de demolición.

Dos meses después, el 14 de octubre de 2022, amplió esa declaración con el detalle de la “totalidad” de las obras a realizar (instalaciones de saneamiento, fontanería, calefacción, electricidad, gas, aire acondicionado, nuevo mobiliario de cocina, nuevos falsos techos, nuevos sanitarios, solados, pintura, calentador de gas y sustitución de carpintería…). También aportó planos y el justificante de abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) complementario, entre otra documentación.

Una declaración ignorada “completamente”
Sin embargo, la sentencia explica que el Ayuntamiento ignoró “completamente” esa segunda declaración responsable cuando le abrió un expediente de restauración de legalidad urbanística. Así, el 13 de diciembre de 2022, los técnicos municipales expusieron que la primera de esas declaraciones responsables era ineficaz. Después, pasaron un año y tres meses para que esa actuación derivara en la apertura de un expediente. Eso ocurrió el 20 de marzo de 2024, cuando Más Madrid presentó una denuncia por “infracción urbanística” ante la Junta de Chamberí, distrito en el que está situado el inmueble, ante la sospecha de irregularidades. La formación quería comprobar si la reforma que necesitaba el piso se efectuó finalmente y si esta se ejecutó con la licencia pertinente.

El 20 de mayo de 2024, dos meses después, la Junta de Chamberí envió una inspección al inmueble. Y, una semana más tarde, el 27 de mayo de 2024, se le notificó a través de un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística que tenía dos meses para legalizar las obras. Pero la sentencia del juzgado de lo Contencioso dice que el Consistorio llevó a cabo esa reclamación obviando que González Amador había presentado una segunda declaración responsable que amparaba la totalidad de las obras. En consecuencia, acuerda estimar íntegramente el recurso presentado por el empresario y anular el acto administrativo impugnado por ser contrario a derecho.

Los dos pisos donde viven Ayuso y su pareja costaron 1,8 millones de euros

La sentencia subraya que el expediente administrativo constata que la instancia presentada por la pareja de Ayuso el 14 de octubre de 2022 —esto es, la segunda de ellas— englobaba la totalidad de las obras a realizar no había sido objeto de ninguna declaración de ineficacia. Y que, por lo tanto, al no haberse dictado una resolución expresa de ineficacia “no cabe dictar requerimiento de legalización”.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8382 en: 27 de Abril de 2025, 15:38:51 pm »
Son los discursos de MAR, que al final se le va tanto la mano que ni leyendo. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8383 en: 27 de Abril de 2025, 16:23:40 pm »
:carcaj

https://x.com/MalaMalamente/status/1916036543250055593?t=Z8Jr2Tfg9b6Aon1SO3KgkQ&s=19

¿Qué problema hay por estar un poco "contenta" en un acto de su partido, otra cosa es que vaya así a la Asamblea o a actos oficiales de la CAM.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8384 en: 01 de Mayo de 2025, 08:18:09 am »

El Constitucional admite a trámite el recurso de Madrid contra el decreto de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias


No es la única comunidad que ha impugnado esta norma ante el Tribunal; este mismo martes lo ha hecho, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, aunque lo anunció ya el mes pasado
— “Día histórico”: la política canaria celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería pese al rechazo del PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Efe / Canarias Ahora

29 de abril de 2025 15:29 h
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el real decreto ley que aprobó el Gobierno -y refrendó el Congreso con todos los grupos a favor excepto el PP y Vox- para reubicar a los menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Canarias o Ceuta, a otras regiones.


El Congreso da luz verde a la ley para la distribución obligatoria de menores migrantes con el rechazo de PP y Vox

El pleno de la Corte de Garantías estudiará el recurso que presentó el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP) por considerar inconstitucional el real decreto de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.


No es la única comunidad que ha impugnado esta norma ante el Constitucional; este mismo martes lo ha hecho, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, aunque lo anunció ya el mes pasado.

En el caso del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, la demanda considera “inconstitucional” el real decreto al infringir varios preceptos de la Carta Magna e invadir las competencias “exclusivas” del Gobierno regional, en su opinión.

También entiende que se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los menores, “desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia”, y que entraría en conflicto con los artículos de la Constitución que regulan el derecho de los menores extranjeros no acompañados a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional.

El real decreto, que fue convalidado por el Congreso el pasado 1 de abril, modifica la Ley de Extranjería y supone el traslado de unos 4.400 niños y adolescentes, la mayor parte de ellos desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano. Esta modificación fue solicitada por el Gobierno canario, donde cogobierna el PP junto a Coalición Canaria. De hecho, el PP de Canarias sí respaldó el texto del decreto, aunque luego el partido haya actuado en sentido contrario tanto en el Congreso como en las comunidades donde gobierna.

“Día histórico”: la política canaria celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería pese al rechazo del PP

El Ministerio de Juventud e Infancia citó el lunes a las comunidades autónomas para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación, si bien el apagón eléctrico que afectó a toda la Península obligó a suspender la reunión.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8385 en: 02 de Mayo de 2025, 09:44:26 am »
Un "blufff"...


El juez agota las diligencias sin hallar ninguna prueba de que el fiscal general filtrase los mensajes de la pareja de Ayuso


El fracaso de las comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos para intentar recuperar los mensajes de Álvaro García Ortiz dejan la testifical del propio Alberto González Amador como única diligencia pendiente en el caso
— El juez del Supremo reconoce que ni Google ni WhatsApp han recuperado los mensajes borrados del fiscal general





El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo el 29 de enero
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo el 29 de enero EFE/ Daniel González
Alberto Pozas

30 de abril de 2025 22:03 h
Actualizado el 01/05/2025 05:30 h
123

El juez Ángel Hurtado no ha tenido suerte en Irlanda y tampoco en Estados Unidos. Las comisiones rogatorias que el magistrado del Tribunal Supremo envió para que Google y WhatsApp revelaran los mensajes del teléfono del fiscal general no han tenido éxito y la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso sigue igual que estaba hace varios meses: con los dos acusados negando haber filtrado ningún email de Alberto González Amador y con el juez y la Guardia Civil convencidos de que sí lo hicieron. Por ahora ninguna de las pruebas recabadas por el juez ha demostrado, ni siquiera indiciariamente, que Álvaro García Ortiz o sus subordinados participaran de alguna manera en esa filtración.


Todo lo que la pareja de Ayuso tendrá que explicar en el Supremo sobre la filtración de su correo

La diligencia fallida tenía mucha importancia para el instructor. El fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil poco después de que el Supremo hiciera pública la apertura de la causa contra él. Un movimiento que justifican desde Fiscalía en una medida habitual de protección de datos y que para el juez es un “indicio” de que intentó borrar pruebas que le pudieran incriminar en la filtración. El objetivo de Hurtado era recuperar esos mensajes, donde esperaba encontrar pruebas que demostraran que él y Pilar Rodríguez habían difundido el correo o, al menos, participado en la maniobra.

La negativa de Google y WhatsApp deja al Tribunal Supremo solo con los testimonios como elemento para decidir. La versión del fiscal general, la fiscal provincial de Madrid y varios testigos es que en marzo de 2024 recabaron la información del caso tras descubrir que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y que esa dación de cuentas se aceleró vertiginosamente cuando, en la noche del día 13 de ese mes, Miguel Ángel Rodríguez y algunos medios empezaron a difundir versiones falsas sobre las negociaciones del empresario para reconocer sus delitos y evitar la cárcel.

Tanto García Ortiz como los fiscales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe han explicado ante el juez que el objetivo nunca fue filtrar esa información para perjudicar, en última instancia, a la presidenta madrileña, sino recabar la información del caso por los cauces establecidos y, en última instancia, emitir el comunicado del 14 de marzo para desmentir esas informaciones falsas. La segunda versión es la de Alberto González Amador, las acusaciones y el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes que sí pudieron ser intervenidos en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid y también imputada.

Ese informe llegó a la mesa del juez un mes después de arrancar las diligencias. Los agentes otorgaban un papel “preeminente” al fiscal general en la operación para recabar información que acabó en la filtración y afirmaban que esa fuga de datos “debe iniciarse” en el Ministerio Público. La Unidad Central Operativa llegó a esta conclusión después de analizar los mensajes que Pilar Rodríguez mandó a otros fiscales en esos días de marzo: mensajes con detalles sobre cómo la Fiscalía General se movilizó para obtener toda la información del caso y, a última hora de la noche, la confesión de González Amador, pero ninguna orden directa o indirecta sobre filtrar el documento. Ninguna prueba de que alguno de los fiscales filtrasen la información.

Los dos imputados y los Abogados del Estado que ejercen su defensa han expuesto, en sus escritos y declaraciones, que la Guardia Civil ha tergiversado sus mensajes y sus palabras para formar un relato en el que el objetivo de los fiscales no era emitir un comunicado sino filtrar la información a la prensa. La fiscal provincial de Madrid llegó a definir como “humillante” que la UCO, por ejemplo, deslizara en un informe que participó en la filtración para ganarse un ascenso.

Los testimonios de otros fiscales y de varios periodistas tampoco han servido para demostrar que existiese algún tipo de maniobra desde la cúpula de la Fiscalía en ese sentido. La testifical de Almudena Lastra, considerada un testigo clave por las acusaciones, dejó clara la mala relación entre el Ministerio Público madrileño y el central, y las sospechas que expresó sobre cómo la filtración tenía que venir de la Fiscalía, pero sin aportar pruebas al respecto.

Todos los periodistas que publicaron informaciones sobre la confesión de González Amador se negaron a revelar sus fuentes y algunos negaron de forma tajante que su fuente fuera la Fiscalía. Solo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció haber difundido otros correos del empresario y, en la práctica, haber engañado a diversos periodistas esa tarde, dejando varias mentiras por el camino en su declaración. Ninguna diligencia ha dejado, por el momento, constancia verbal o escrita de la filtración que investiga el juez.

Los últimos testigos pendientes
El caso todavía tiene varias semanas por delante y hay dos viernes de mayo marcados en rojo en el calendario del juez Hurtado: los días 16 y 23 de ese mes. Los días en que comparecerán los peritos de la Guardia Civil cuyos informes y atestados sostienen la acusación, así como el propio González Amador, que acude como testigo obligado a decir verdad. Las piezas clave en las que se asienta la causa contra el fiscal general.

Los peritos son los que analizaron los mensajes y correos de Pilar Rodríguez, comunicaciones que han permitido al juez reconstruir la inquietud que dominó la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Ante el juez tendrán que explicar en qué se han basado para atribuir la filtración al fiscal general.

También comparecerá el propio Alberto González Amador después de que la Sala de Apelaciones haya obligado a Hurtado a llamarle a declarar. La intención de las defensas es que explique si ha estado ocultando un dato clave a todos los jueces ante los que ha denunciado esta supuesta revelación de secretos: que su propio abogado remitió su confesión a más gente de la que ha reconocido. Ese 2 de febrero de 2024 la propuesta de pacto no solo llegó al correo del fiscal Salto: también al de un Abogado del Estado, representantes de Hacienda en pleitos por fraude fiscal y pieza fundamental en una futura conformidad.

Son las dos diligencias pendientes antes de que el juez instructor, si no considera necesario poner más pruebas en marcha, decida si el caso llega a juicio o se archiva. Sin que, por el momento, seis meses de investigación hayan revelado algún detalle sobre esa filtración que permita inculpar al fiscal general o sus colaboradores.

Varios periodistas han reconocido, incluso, que para cuando esa información llegó a manos del fiscal general ellos ya tenían conocimiento de la existencia de las negociaciones entre el empresario y el Ministerio Público. El propio González Amador compartió algunos detalles de esas conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez. La fiscal provincial de Madrid ha detallado que medio millar de personas tuvieron acceso al caso del empresario en esos días y que el correo con la confesión también estuvo a disposición de más gente.

El juez del Supremo reconoce que ni Google ni WhatsApp han recuperado los mensajes borrados del fiscal general

El juez, hasta ahora, ha quitado relevancia o credibilidad a esas testificales, a los bulos del jefe de gabinete de Ayuso y ha defendido que si González Amador quería difundir esos documentos estaba en su derecho sin que eso afecte a la imputación de Álvaro García Ortiz.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8386 en: 02 de Mayo de 2025, 11:05:02 am »
La lluvia es "asin"...eso sí, ss lluvia de España dentro de España.

 :paz

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8387 en: 02 de Mayo de 2025, 16:09:53 pm »
Qué te den cita para el médico de cabecera a 27 días vista, debe ser algo muy normal.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8388 en: 04 de Mayo de 2025, 09:11:31 am »
Menuda mafia el PSOE.


Un "blufff"...


El juez agota las diligencias sin hallar ninguna prueba de que el fiscal general filtrase los mensajes de la pareja de Ayuso


El fracaso de las comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos para intentar recuperar los mensajes de Álvaro García Ortiz dejan la testifical del propio Alberto González Amador como única diligencia pendiente en el caso
— El juez del Supremo reconoce que ni Google ni WhatsApp han recuperado los mensajes borrados del fiscal general





El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo el 29 de enero
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo el 29 de enero EFE/ Daniel González
Alberto Pozas

30 de abril de 2025 22:03 h
Actualizado el 01/05/2025 05:30 h
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El juez Ángel Hurtado no ha tenido suerte en Irlanda y tampoco en Estados Unidos. Las comisiones rogatorias que el magistrado del Tribunal Supremo envió para que Google y WhatsApp revelaran los mensajes del teléfono del fiscal general no han tenido éxito y la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso sigue igual que estaba hace varios meses: con los dos acusados negando haber filtrado ningún email de Alberto González Amador y con el juez y la Guardia Civil convencidos de que sí lo hicieron. Por ahora ninguna de las pruebas recabadas por el juez ha demostrado, ni siquiera indiciariamente, que Álvaro García Ortiz o sus subordinados participaran de alguna manera en esa filtración.


Todo lo que la pareja de Ayuso tendrá que explicar en el Supremo sobre la filtración de su correo

La diligencia fallida tenía mucha importancia para el instructor. El fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil poco después de que el Supremo hiciera pública la apertura de la causa contra él. Un movimiento que justifican desde Fiscalía en una medida habitual de protección de datos y que para el juez es un “indicio” de que intentó borrar pruebas que le pudieran incriminar en la filtración. El objetivo de Hurtado era recuperar esos mensajes, donde esperaba encontrar pruebas que demostraran que él y Pilar Rodríguez habían difundido el correo o, al menos, participado en la maniobra.

La negativa de Google y WhatsApp deja al Tribunal Supremo solo con los testimonios como elemento para decidir. La versión del fiscal general, la fiscal provincial de Madrid y varios testigos es que en marzo de 2024 recabaron la información del caso tras descubrir que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y que esa dación de cuentas se aceleró vertiginosamente cuando, en la noche del día 13 de ese mes, Miguel Ángel Rodríguez y algunos medios empezaron a difundir versiones falsas sobre las negociaciones del empresario para reconocer sus delitos y evitar la cárcel.

Tanto García Ortiz como los fiscales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe han explicado ante el juez que el objetivo nunca fue filtrar esa información para perjudicar, en última instancia, a la presidenta madrileña, sino recabar la información del caso por los cauces establecidos y, en última instancia, emitir el comunicado del 14 de marzo para desmentir esas informaciones falsas. La segunda versión es la de Alberto González Amador, las acusaciones y el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes que sí pudieron ser intervenidos en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid y también imputada.

Ese informe llegó a la mesa del juez un mes después de arrancar las diligencias. Los agentes otorgaban un papel “preeminente” al fiscal general en la operación para recabar información que acabó en la filtración y afirmaban que esa fuga de datos “debe iniciarse” en el Ministerio Público. La Unidad Central Operativa llegó a esta conclusión después de analizar los mensajes que Pilar Rodríguez mandó a otros fiscales en esos días de marzo: mensajes con detalles sobre cómo la Fiscalía General se movilizó para obtener toda la información del caso y, a última hora de la noche, la confesión de González Amador, pero ninguna orden directa o indirecta sobre filtrar el documento. Ninguna prueba de que alguno de los fiscales filtrasen la información.

Los dos imputados y los Abogados del Estado que ejercen su defensa han expuesto, en sus escritos y declaraciones, que la Guardia Civil ha tergiversado sus mensajes y sus palabras para formar un relato en el que el objetivo de los fiscales no era emitir un comunicado sino filtrar la información a la prensa. La fiscal provincial de Madrid llegó a definir como “humillante” que la UCO, por ejemplo, deslizara en un informe que participó en la filtración para ganarse un ascenso.

Los testimonios de otros fiscales y de varios periodistas tampoco han servido para demostrar que existiese algún tipo de maniobra desde la cúpula de la Fiscalía en ese sentido. La testifical de Almudena Lastra, considerada un testigo clave por las acusaciones, dejó clara la mala relación entre el Ministerio Público madrileño y el central, y las sospechas que expresó sobre cómo la filtración tenía que venir de la Fiscalía, pero sin aportar pruebas al respecto.

Todos los periodistas que publicaron informaciones sobre la confesión de González Amador se negaron a revelar sus fuentes y algunos negaron de forma tajante que su fuente fuera la Fiscalía. Solo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció haber difundido otros correos del empresario y, en la práctica, haber engañado a diversos periodistas esa tarde, dejando varias mentiras por el camino en su declaración. Ninguna diligencia ha dejado, por el momento, constancia verbal o escrita de la filtración que investiga el juez.

Los últimos testigos pendientes
El caso todavía tiene varias semanas por delante y hay dos viernes de mayo marcados en rojo en el calendario del juez Hurtado: los días 16 y 23 de ese mes. Los días en que comparecerán los peritos de la Guardia Civil cuyos informes y atestados sostienen la acusación, así como el propio González Amador, que acude como testigo obligado a decir verdad. Las piezas clave en las que se asienta la causa contra el fiscal general.

Los peritos son los que analizaron los mensajes y correos de Pilar Rodríguez, comunicaciones que han permitido al juez reconstruir la inquietud que dominó la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Ante el juez tendrán que explicar en qué se han basado para atribuir la filtración al fiscal general.

También comparecerá el propio Alberto González Amador después de que la Sala de Apelaciones haya obligado a Hurtado a llamarle a declarar. La intención de las defensas es que explique si ha estado ocultando un dato clave a todos los jueces ante los que ha denunciado esta supuesta revelación de secretos: que su propio abogado remitió su confesión a más gente de la que ha reconocido. Ese 2 de febrero de 2024 la propuesta de pacto no solo llegó al correo del fiscal Salto: también al de un Abogado del Estado, representantes de Hacienda en pleitos por fraude fiscal y pieza fundamental en una futura conformidad.

Son las dos diligencias pendientes antes de que el juez instructor, si no considera necesario poner más pruebas en marcha, decida si el caso llega a juicio o se archiva. Sin que, por el momento, seis meses de investigación hayan revelado algún detalle sobre esa filtración que permita inculpar al fiscal general o sus colaboradores.

Varios periodistas han reconocido, incluso, que para cuando esa información llegó a manos del fiscal general ellos ya tenían conocimiento de la existencia de las negociaciones entre el empresario y el Ministerio Público. El propio González Amador compartió algunos detalles de esas conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez. La fiscal provincial de Madrid ha detallado que medio millar de personas tuvieron acceso al caso del empresario en esos días y que el correo con la confesión también estuvo a disposición de más gente.

El juez del Supremo reconoce que ni Google ni WhatsApp han recuperado los mensajes borrados del fiscal general

El juez, hasta ahora, ha quitado relevancia o credibilidad a esas testificales, a los bulos del jefe de gabinete de Ayuso y ha defendido que si González Amador quería difundir esos documentos estaba en su derecho sin que eso afecte a la imputación de Álvaro García Ortiz.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8389 en: 04 de Mayo de 2025, 11:00:09 am »
Las coincidencias temporales no constituyen prueba de cargo, máxime cuando una instrucción les obliga al borrado.

La causa se cae.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8390 en: 05 de Mayo de 2025, 00:32:27 am »
Mafia socialista.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8392 en: Hoy a las 08:49:46 »
Desde luego todo lo que toca Ayuso... Nacho Cano, Frank de la Jungla, Milei. Se junta con lo mejorcito del panorama

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8393 en: Hoy a las 15:26:44 »
 

Lesly, denunciante de Nacho Cano, responde al archivo de la causa: "Tiene las amistades necesarias y los medios justos para manipularlo todo a su favor"


EXCLUSIVA | Lesly, denunciante de Nacho Cano, responde al archivo de la causa: "Tiene las amistades necesarias y los medios justos para manipularlo todo a su favor"
La bailarina mexicana reacciona por primera vez públicamente a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que dictaba en abril sobreseimiento provisional
Pablo Casal
Pablo Casal
Coordinador digital de Lecturas

Actualizado a 14 de mayo de 2025, 13:40

Lesly Ochoa y Nacho Cano
GTRES

Archivo provisional y no libre. Nacho Cano (62 años) recibía una gran noticia el 25 de abril cuando la Audiencia Provincial de Madrid dictaba sobreseimiento temporal y tumbaba los razonamientos de la jueza de instrucción María Inmaculada Iglesias.

Pueden llegar nuevas pruebas y no se ha dado un carpetazo definitivo a la cuestión, pero no se perciben indicios de que hubiera alguna irregularidad en el programa formativo de los becarios mexicanos del musical 'Malinche', con lo que el productor y los responsables del espectáculo quedan, por el momento, libres de cargos.

Cabe recordar que no había una imputación formal como tal y permanecían en calidad de investigados. Sí ha llamado la atención el presunto baile de fechas para cerrar el caso, dado que las conclusiones del segundo informe de Inspección de Trabajo habría llegado, presuntamente, después de que se firmara el auto.

La trama comenzaba tras la denuncia a Nacho de Lesly Guadalupe Ochoa (28 años), una de las bailarinas que viajó desde México para entrar en el espectáculo y realizar unas prácticas que terminaron mal, así que denunció su salida del espectáculo. En la revista Lecturas hemos hablado con ella tras el giro y el sobreseimiento de la causa.

Lesly Ochoa reacciona en Lecturas
"Estoy bien y no me sorprende, en verdad, porque el rumbo que tomó Nacho era predecible", reacciona Lesly Ochoa al archivo provisional de la causa contra el compositor. Considera que, para empezar", hay "muchos años de ventaja" y cree que "tiene las amistades necesarias y los medios justos para manipularlo todo a su favor".

"Metió presión por todos lados para que se archivara o yo misma retirara la denuncia, créeme no fue ninguna casualidad que mi abogada dejara al poco rato el caso tirado, durante el procedimiento, porque en 2 ocasiones me propusieron retirar la denuncia y quisieron comprar mi silencio desde el día que me ofrecieron los 3000 euros", responde tajante la bailarina.

Nacho Cano
Gtres
Justifica los mensajes que salieron a la luz, en los que ella misma hablaría de dinero y asegura que "después de consultarlo con un abogado en México" fue cuando "sí", reconoce, "pidió el doble". "Aunque me ofrecieron más de esos 6000 euros al final, no accedí".


El presunto beso en la discoteca
Lesly siente que le han hecho "mucho daño" y asegura que dejó de confiar en Nacho Cano y el equipo de producción del musical antes de la denuncia: "Si de algo estoy segura es de que nos coaccionaron y aleccionaron para burlar la frontera española. Nos daban 300€ al mes por ensayar, dar funciones, animar y ser camarerxs en el templo canalla, cuando ni siquiera era el sueldo mínimo".

Nacho Cano en los Juzgados de Plaza de Castilla
GTRES
"Su asistente Christina tuvo la osadía de bajarme del autobús, donde venían los otros compañeros de México y el elenco de España, probablemente porque estaba borracha o porque abusó de su autoridad", narra sobre la noche en la que supuestamente habría presenciado el beso de Nacho Cano en una discoteca de Madrid.

"No fue imprudencia mía y en dado caso fue de su asistente por ponerme en una situación bastante incómoda. Todavía se dieron el lujo de echarme y de las peores formas, primero encerrándome en el hostal donde residimos y luego dejándome dos días en la calle", denuncia sobre ese presunto trato recibido.

Borrón y cuenta nueva
Esto no le "define cómo artista, ni como persona", añade la bailarina. "Nacho Cano no es importante en mi vida, nunca lo fue, ni lo será. Nunca estuve esperanzada a las migajas que quisiera darme ese señor, tal  y como hacen mis compañeros", continúa en nuestra conversación, donde también agradece poder "continuar en este hermoso país" y hacerlo por sus "propios méritos".

Lesly, denunciante de Nacho Cano
Telecinco
"Esto solo fue un lastre, irónicamente fortuito para saber lo inquebrantable que soy, incluso teniendo una condición física en mi mano izquierda diferente a la mayoría del mundo, le pese a quien le pese, nunca ha sido un límite en mi vida, ni me siento discapacitada para desempeñarme como la artista multidisciplinaria que soy. Sé luchar y dar lo mejor de mi para trabajar y conseguir mis sueños", reivindica.

Pide justicia y mantiene la esperanza
La bailarina mexicana no se rinde y cree que todavía no está todo dicho en lo que respecta a la causa contra Nacho Cano, ahora archivada. "A donde quiera que vamos transmitimos lo que somos y aunque lo niegue, el mismo Nacho Cano me eligió precisamente por mí talento", subraya Lesly.

Sigue sosteniendo que "su intención e iniciativa real fue engañar y coaccionar para traer mano de obra barata, porque así le convenía", aunque esa sea, zanja el tema, "otra historia, pero no menos importante".

Lesly, denunciante de Nacho Cano, junto a su abogado Alfredo Arrién
GTRES
Sobre su estado de ánimo y cómo afronta esta decisión, también responde con absoluta claridad: "Estoy aún más orgullosa de mí y con la frente en alto, porque quiero justicia y me enfrenté contra Nacho Cano sin tener todas las ventajas sociales y económicas que él tiene, soy valiente y lo seguiré siendo".

"Él cree que ya ganó, pero no se ha archivado definitivamente y sí tengo esperanza, porque además creo firmemente que la justicia divina existe y esa no la manipula nadie, ni con todo el dinero del mundo", concluye la denunciante del compositor.