Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 194584 veces)

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #2720 en: 11 de Junio de 2019, 15:59:17 pm »



Un tribunal archiva la querella contra el 'Billy el Niño' de Valencia al no haber ratificado España una convención de la ONU de 1968


El querellante, un estudiante antifranquista detenido en la Jefatura Superior de Policía de Valencia y torturado por la Brigada Político Social, recurre la decisión ante el Tribunal ConstitucionalEspaña ha firmado diversos tratados internacionales que prevén que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, "cosa que todavía no se ha producido", recuerda la Audiencia de Valencia  El comisario Benjamín Solsona, legendario agente de la Brigada Político Social en Valencia, fue nombrado por el Gobierno socialista Jefe Superior de Policía en Palma


Miembros de la plataforma valenciana en el acto de presentación de la querella
Por Lucas Marco
11 jun 201914:17

La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de archivar la querella que presentó un estudiante universitario antifranquista por torturas contra el antiguo agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés. La Audiencia provincial considera que los hechos, sucedidos hace 48 años, están prescritos.


El querellante, representado por la cooperativa de abogados El Rogle, consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de tortura y de lesa humanidad. Por el contrario, los magistrados arguyen, en un auto del pasado 21 de marzo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para la aplicación de las resoluciones internacionales es necesario su "transposición al derecho interno" ya que, de lo contrario, "los tribunales españoles excederían con creces su jurisdicción al actuar como tribunales internacionales y no sujetos, por ello, a la ley española".


España, recuerda la Audiencia de Valencia, ha firmado diversos tratados internacionales que prevén que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, "cosa que todavía no se ha producido" en el caso español. Los magistrados recuerdan que España tampoco ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968. "Ello impide la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificados como tal delito, cuya comisión es anterior al 1 de octubre del 2004", señala el auto.


El pasado 25 de abril, el militante antifranquista recurrió al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia, explican a eldiario.es fuentes jurídicas, que no descartan llegar a los tribunales internacionales. Hasta 12 antiguos militantes antifranquistas, bajo el paraguas de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, pusieron sendas querellas por torturas producidas a manos de la Brigada Político Social en las postrimerías de la dictadura. Las querellas cayeron en juzgados distintos pero el de Instrucción número siete fue el primero en archivar la causa. El resto de querellas se han agrupado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. 

El ex agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés, fue uno de los represores más legendarios del antifranquismo en la capital del Turia, según los numerosos testimonios de la época. Solsona, siendo ya comisario tras la muerte del dictador, fue jefe superior de policía en Bilbao entre 1980 y 1982 y en Palma hasta 1988.

Cuando ejerció de jefe de policía en las Islas Baleares tuvo un reencuentro con un antiguo detenido, el entonces ministro Ernest Lluch, que no había olvidado el papel de Solsona en la policía política franquista. Lluch, asesinado por ETA hace casi dos décadas, lamentó el reciclaje que los primeros gobiernos socialistas hicieron de los antiguos torturadores de la Brigada Político Social para destinarlos a la lucha antiterrorista o a otros destinos, aún a sabiendas de su turbio papel durante la dictadura franquista.


El comisario Benjamín Solsona fue también administrador único de una empresa de seguridad privada -un camino que recorrieron numeroso ex agentes de la Brigada Político Social- entre 1990 y 1993. Solsona ya fue imputado y más tarde desimputado en el marco de la denominada querella argentina contra los crímenes del franquismo.

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #2721 en: 15 de Junio de 2019, 07:35:09 am »

Cuando la memoria de un crimen fascista acaba en el respiradero de un garaje
La familia de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977, logra por fin que el Ayuntamiento de Madrid le ponga una placa, el último día de legislatura y después de la negativa de dos comunidades de vecinos

Iñigo Domínguez
Madrid 14 JUN 2019 - 17:51 CEST   


Acto de presentación de la placa en recuerdo del asesinato de Arturo Ruiz, en la plaza Santa María de Soledad Torres Acosta de Madrid. Claudio Álvarez

La muerte de Arturo Ruiz, un estudiante granadino de 19 años, asesinado por un pistolero fascista el 23 de enero de 1977 en el centro de Madrid, siempre ha tenido problemas de visibilidad. Fue el día antes de la matanza de los abogados de Atocha y quedó eclipsada por la noticia, también en la memoria de las décadas siguientes; el autor huyó con ayuda de miembros de fuerzas de seguridad y nunca ha sido localizado; la justicia declaró el caso prescrito en 2003. Ya lo último que esperaba su familia es que al menos le colocaran una placa de recuerdo, pero también ha sido un problema. Los dos edificios del lugar exacto del crimen, la esquina entre las calles Silva y Estrella, en Madrid, no han colaborado. El Ayuntamiento ha logrado esta mañana, in extremis, en el último día de la legislatura, colocar la placa en la plaza contigua, Santa María de Soledad Torres Acosta, en el único lugar en alto y visible: el respiradero del aparcamiento público subterráneo. “No hay mal que por bien no venga, la verdad es que al final queda mejor aquí”, ha dicho su hermano Manuel en un acto al que han asistido medio centenar de personas y representantes de todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid.

Es verdad que al final puede tratarse del lugar más idóneo, esos tres conceptos simbolizan perfectamente la memoria histórica en España: aparcada, pública y subterránea. En ese gran tubo negro por donde el aire viciado sale al exterior ahora se lee un recordatorio que acaba con otros tres conceptos, pero de limpieza moral: “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García el día 23 de enero de 1977. Verdad, memoria y justicia”. ¿Cómo se ha llegado a esto, al tubo del garaje? Para empezar, de milagro, en el último día de la legislatura. La familia de Arturo Ruiz hubiera querido que fuera el día del aniversario, pero todos los obstáculos lo fueron posponiendo hasta hoy, y era hoy, último día de la corporación de Manuela Carmena, o quién sabe ya cuándo, con la que parece que viene. “Esta placa se coloca en los minutos de descuento. Y están entrando grupos políticos en las instituciones que lo primero que quieren hacer es eliminar la memoria histórica”, advirtió Manuel Ruiz en su breve discurso. Recordó que el único detenido por la muerte de su hermano quedó en libertad gracias a la ley de amnistía que él reclamaba el día que se manifestaba y lo mataron. Concluyó que aún no se ha hecho justicia y que "no deberían prescribir los crímenes de lesa humanidad".

La primera comunidad de vecinos, calle Silva 23, se dividió en la votación y al final denegó el permiso porque tenían miedo a actos vandálicos. Que les pintaran la fachada, tener que limpiar. El Ayuntamiento garantizó luego que correría con los gastos de posibles reparaciones, pero ya no se volvió a votar. Al final no quisieron líos. “Es triste, sí, pero al final fue lo que se decidió. Yo voté que sí. Soy de Logroño, mi padre trabajaba en la torre donde ETA hizo un atentado en 2001, soy consciente de lo que significa la memoria de las víctimas. Pero aquí no hubo una discusión ideológica, los que votaron [en contra] era más bien porque no querían problemas”, cuenta Jaime, de 30 años, que era entonces presidente de la junta. Ningún vecino vivía allí cuando ocurrió, llegaron luego.

En el edificio de enfrente, calle Silva 25, la presidenta se remitió al administrador. Por correo electrónico, según fuentes municipales, respondió escuetamente de forma burocrática: que tendrían que convocar una junta, y que no iban a celebrar una solo para eso, sino que la harían cuando tocara, y no sabían cuándo sería. Pero Javier, vicepresidente de la comunidad, confiesa que se entera ahora de la cuestión por el periodista: "Pero no me extraña que pasara eso. Es un edificio donde la mayoría son alquileres, y es complicado hacer reuniones, muchos propietarios viven fuera, es más por la complejidad de tomar decisiones que por otra cosa, no hay nada de ideas políticas, para nada, y yo creo que la mayoría estaría a favor".

El escrúpulo en no tomar partido, el desinterés, las molestias de orden práctico, o que en ese momento viene mal, componen una buena muestra a pequeña escala de cómo contempla el pasado esa comunidad de vecinos más grande, el propio país. No meterse en política, como Franco. Sería interesante, como radiografía sociológica, indagar por qué cada vecindario que dice que no a una placa dice que no, como cuando decide si pone o no el ascensor. "No es un caso aislado, no es la primera vez, probablemente es independiente del contenido de la placa, aunque en general ha habido más negativas a las placas de la memoria histórica que, por ejemplo, a las de víctimas del terrorismo", explica Txema Urkijo, responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. Otros casos: las negativas de vecinos de Madrid a las placas propuestas en memoria del general republicano Vicente Rojo; de Rafael Henche de la Plata, último alcalde socialista del Madrid republicano; y Julián Grimau, dirigente comunista fusilado durante la dictadura en 1963. En el caso de Arturo Ruiz, de 19 años, estudiante, también anónimos vecinos se han negado. “Sí, esto es síntoma de algo, incomoda de alguna manera”, admite Urkijo. Pero al menos esta vez la memoria oculta y estancada, ese aire de habitación cerrada, ha encontrado una salida por la placa del respiradero.





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Re:Memoria histórica
« Respuesta #2722 en: 22 de Junio de 2019, 07:43:50 am »

La justicia rechaza apartar al juez que suspendió las obras para exhumar a Franco del Valle de los Caídos


Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega la petición del Gobierno de recusar a Yusty Bastarreche por sus opiniones sobre la ley de memoria histórica
El juez usó un informe técnico realizado para la fundación Francisco Franco para sustentar que los trabajos entrañan peligro físico y paralizar el proceso de licencia
Yusty escribió que el presidente Zapatero revivía con "oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles"
eldiario.es - Madrid
21/06/2019 - 16:10h

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la recusación formulada por la Abogacía del Estado contra el juez José Yusty, que tramita el procedimiento en el marco del cual paralizó de forma cautelar la autorización municipal para ejecutar las obras para la exhumación del dictador Francisco Franco, según Efe.

Así lo acuerda el Tribunal en un auto en el que rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado y devuelve el procedimiento a José Yusty, juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Yusty había atacado mediante un artículo público la ley de memoria histórica.

El magistrado se basó en un informe técnico elaborado para la fundación Francisco Franco para paralizar el proceso de licencia municipal de los trabajos de exhumación. El autor del documento, Enrique Porto, fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 a 2006 durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Dimitió al ser imputado por corrupción aunque su caso fue, finalmente, archivado.

La Abogacía del Estado recusó a este magistrado al entender que no podía resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo titulado "Gobierno y armada española en la monarquía absoluta".

En dicho artículo sobre la ley de memoria histórica José Yusty acusaba al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de revivir con "oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles".
Más información en eldiario.es

Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación

El Gobierno pide apartar al juez que paralizó la licencia de obra para exhumar a Franco por sus críticas a la Memoria

El juez que ha suspendido el acto por el derecho a decidir en Madrid también criticó la ley de Memoria Histórica
Ahora más que nunca, frente a quienes se toman a la ligera la Historia, nuestra labor de servicio público es mirar hacia atrás y preservar la memoria también de los tiempos más oscuros para que no se vuelvan a repetir. Es parte de nuestra labor de servicio público. Ayúdanos a cumplirla.




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Re:Memoria histórica
« Respuesta #2723 en: Hoy a las 11:53:42 »

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #2724 en: Hoy a las 12:36:00 »


Almeida sólo recuperará los nombres de las calles que ordene la Justicia


El Ayuntamiento de Madrid acumula ocho sentencias desfavorables y otras dos demandas pendientes de resolución

Marta R. Domingo
@MartaRDomingo
Madrid
Actualizado:
25/06/2019 11:37h

La decisión de revisar el callejero madrileño para eliminar los vestigios franquistas la emprendió el gobierno de Manuela Carmena, pero será el del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), el que tendrá que asumir las consecuencias económicas y judiciales de aquella determinación que suscitó una oleada de recursos administrativos y en los tribunales. El Consistorio acumula hasta la fecha ocho sentencias en su contra, recurridas ante el TSJM, que obligan a restaurar los nombres originales de nueve de los 52 viales y todavía tiene otras dos demandas pendientes en primera instancia. En el pleno de marzo de 2017, cuando se aprobó la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica, los populares se abstuvieron por considerar que clasificaba a vivos y muertos con «maniqueísmo». Ahora que el gobierno lo encabeza la coalición de PP-Ciudadanos, el regidor, en la línea con lo votado entonces, tomará una decisión salomónica: «El gobierno cambiará las calles que dicte la Justicia», indicaron a ABC fuentes municipales.


A pesar de las demandas pendientes, Ahora Madrid decidió emprender el cambio de las placas en abril del año pasado. Sólo en dos enclaves no pudieron desatornillarlas, puesto que los autos judiciales llegaron antes que los operarios. El Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia logró su objetivo y todavía lucen en Chamartín los distintivos de Caídos de la División Azul, y en Chamberí se mantienen las del General Asensio Cabanillas. En el primer caso, el juez argumentó que «la División Azul se formó en 1942, tres años de finalizar la Guerra Civil» y que su actuación se realizó fuera de España. En el segundo, la magistrada consideró que «no existe dato, ni prueba que dé razón concreta y motivada a la retirada de la calle amparándose en la Ley de Memoria Histórica».

En general, la «falta de motivación» fue la razón de peso que empujó a los jueces a sentenciar a favor de restaurar el nombre original, como en el de la calle de los Hermanos García Noblejas, situada en Ciudad Lineal, donde el magistrado afirma en el fallo que «los juicios de valor» que el Comisionado realiza no están «justificados». En otros casos, aceptaron el recurso simplemente porque al afectado se le concedió la calle por los méritos profesionales logrados antes de la contienda, como la del alcalde Cirilo Martín Martín (en Moncloa-Aravaca) o la del fundador de la Legión, el general Millán Astray –cuya calle está en el distrito de Latina–, a quien se le otorgó el homenaje en 1924. «Fue doloroso ver que quitaban la placa apenas unos días antes de que saliera la sentencia», expresa a este diario el portavoz de la Plataforma Patriótica Millán Astray, Guillermo Rocafort. «En 2020 se celebra el 140 aniversario de su nacimiento y recuperar antes su placa sería una forma de desagraviarnos después de todo», reclama Rocafort, cuya asociación ya ha pedido una cita con el alcalde para insistir en este aspecto.



El caso de El Algabeño
Incluso hubo ejemplos más disparatados como el de El Algabeño, situado en Hortaleza, que el juez anuló porque consideró que hubo una confusión entre personajes históricos. En el informe del Comisionado se argumentó la eliminación de la distinción al torero señalando que «José García Carranza (1902-1936), apodado Pepe El Algabeño, torero y terrateniente andaluz, en julio de 1931 estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración a la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano al inicio de la Guerra Civil». Sin embargo, en señalar este nombre estribaba, precisamente, el error: la calle no estaba dedicada a la persona que cita el Comisionado, sino a su padre, José García Rodríguez (1875-1947), que también fue torero y usaba el mismo apodo. «Aun admitiendo que se tratara del hijo, tampoco estaría justificado el cambio de calle», puesto que, como indica el fallo, la Ley de Memoria Histórica pone como excepción que el nombre del espacio se haya adoptado por «razones artísticas».

Impugnación total
Frente a los recursos de calles concretas, la Fundación Nacional Francisco Franco optó por reclamar la impugnación de los 52 cambios. La sentencia, rubricada el pasado 30 de julio, estimó parcialmente su demanda y ordenó la restitución de seis nombres del callejero sobre las que otros magistrados ya se habían pronunciado anteriormente y las de otras dos más que no estaban argumentadas de forma solvente. El juez arguyó que el criterio seguido para valorar las denominaciones exige demostrar «un plus adicional de participación o significación» con la Guerra Civil o la Dictadura franquista, que no se cumple tampoco en los casos del Comandante Zorita (Tetuán); y el en el del paseo del Doctor Vallejo Nájera (Arganzuela).


Los descendientes del capitán Carlos Haya también recibieron un espaldarazo de la Justicia en enero, cuando el magistrado de lo Contencioso-Administrativo número 15 consideró que la familia demostró con documentos que su padre, «con anterioridad a la Contienda Civil», había acumulado «méritos propios suficientes» que sirvieron para que el Ayuntamiento en 1954 le dedicara una calle. Según consta en la resolución judicial, se reconoció que «en 1931 voló de Sevilla a Bata (Guinea) sin escalas» y que fue «uno de los primeros aviadores que hizo uso de la radio-ayuda a la navegación en vuelos sin visibilidad».

A esta batería de resoluciones judiciales se sumarán en las próximas semanas otras dos, que también podrían ser desfavorables para el Ayuntamiento: la del Crucero Baleares (Puente de Vallecas); y la del paseo de Muñoz Grandes (Carabanchel). «Hay dos demandas para defender que se recupere el nombre del Crucero Baleares. No exalta la Guerra Civil ni la represión. Al contrario, murieron personas de los dos bandos», defiende en declaraciones a ABC el presidente de Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, José Luis Marín, que esta semana enviará un escrito al Consistorio para que «desmantelen» la Oficina de Derechos Humanos y Memoria por «su coste» y por su «incompetencia e imparcialidad».


Salvo estas dos últimas causas que están por resolverse, el Ayuntamiento recurrió todos los fallos ante el TSJM, que será el órgano que fije el criterio final. Fuentes municipales explican que «dejarán en manos de los servicios jurídicos la decisión de mantener o retirar los recursos en cada caso». Mientras, las antiguas placas descansan en un almacén municipal hasta que el Consistorio las restituya, ya con las sentencias en la mano.