La policía francesa se rebela contra su trabajo extenuante y mal pagadoLos sindicatos policiales organizan acciones de protesta y el cierre de comisarías
La ola de malestar social no da tregua al Gobierno francés. Ahora le toca el turno a la policía, que se rebela contra unas condiciones de trabajo que considera extenuantes, la falta de medios y una remuneración insuficiente. Los sindicatos policiales promueven diversas acciones –cercanas a la huelga– que implican la negativa a realizar misiones no imprescindibles y hasta el posible cierre, hoy, de comisarías.
El descontento entre las fuerzas del orden es enorme. La gota que ha colmado el vaso ha sido su movilización masiva, durante el último mes –incluidos cinco fines de semana consecutivos– para hacer frente a la revuelta de los chalecos amarillos. Los despliegues en París y en las principales ciudades han obligado a efectuar turnos de hasta 16 horas seguidas, sin apenas descanso ni tiempo para comer, arriesgando su físico en los choques contra los alborotadores.
El Gobierno se toma en serio las reclamaciones de los policías, un sector fuertemente sindicado. Ayer por la tarde hubo una reunión con el ministro del Interior, Christophe Castaner. Se ha ofrecido el pago de una prima de 300 euros a un total de 110.000 agentes y funcionarios policiales por la sobrecarga que supuso lidiar con la crisis de los chalecos amarillos.
Son múltiples las causas del malestar policial. Se quejan de que se les debe 275 millones de euros por horas extraordinarias nunca pagadas, desde hace años. También se lamentan de que sus equipos no son adecuados. Algunos agentes antidisturbios han salido en televisión, ocultando el rostro, para denunciar que se han pagado de su bolsillo cascos, chalecos y otras protecciones para sentirse más seguros.
El recurso a la policía sigue siendo necesario para afrontar los coletazos de la insurrección de los chalecos amarillos. Cumpliendo la advertencia de Castaner, fueron desmanteladas las cabañas y tiendas montadas por los activistas en las rotondas de Normandía, Bretaña y Borgoña. Fue un nuevo intento para disuadir a los activistas de seguir entorpeciendo el tráfico. En la mayoría de casos, el desalojo se produjo de manera pacífica. Castaner había advertido el lunes de que la tolerancia del Gobierno se estaba agotando. “Ya basta”, repitió el ministro en varias ocasiones. La frase no gustó a los irreductibles. La interpretaron como una muestra más de la arrogancia que atribuyen a Macron y a sus colaboradores.
El peaje de Bandol, en la autopista A-50, cerca de Marsella, fue incendiado durante la noche del lunes al martes. La policía practicó 17 detenciones.
La compañía Vinci, concesionaria de las autopistas, estimó en “varias decenas de millones de euros” las pérdidas sufridas por daños a instalaciones y el no cobro de peajes en el mes de protestas. Vinci quería contactar a los automovilistas que se saltaron los peajes –porque los chalecos amarillos los habían levantado– para hacerles pagar, pero ayer anunció que renunciaba a hacerlo. El Gobierno lo veía con malos ojos y temía el clamor social. También lo criticaron los partidos de oposición. Está por ver, sin embargo, cómo se resarcirán a la larga de los daños. Un aumento previsto de los peajes quedó congelado, debido a la situación general, pero tarde o temprano los daños serán repercutidos o los habrá de asumir el Estado, es decir, los contribuyentes.
El presidente Emmanuel Macron anuló ayer una visita a Biarritz, donde debía explicar los objetivos de la presidencia francesa del G-7, para reunirse en el Elíseo con varios ministros y preparar la estrategia del gran diálogo nacional para aplacar a largo plazo el malestar social. El objetivo es que haya discusiones, durante tres meses, y se implique mucho a los alcaldes, en todo el territorio. Se debe hablar sobre transición ecológica, fiscalidad, inmigración y participación ciudadana a través de un mayor uso del instrumento del referéndum para decidir leyes relevantes. Es probable que el asunto de las pensiones se cuele. Centenares de pensionistas protestaron ayer por su pérdida de poder adquisitivo ante el Ministerio de Finanzas.La prevista reforma de las pensiones se anuncia muy problemática para el Gobierno. Tendría que abordarse el próximo año.
Un sondeo del instituto demoscópico Odoxa revela que la popularidad de Macron ha caído cinco puntos en un mes y se sitúa en el 27%. La líder ultraderechista, Marine Le Pen, aparece como la mayor beneficiada de la última crisis. Su popularidad está en el 29%, seis puntos más que el mes anterior.
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