Graves incidentes en la "Marcha de la Dignidad"

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Un joven que fue a una Marcha de la Dignidad en 2014 se enfrenta a casi 6 años de cárcel

    Emilio Cao defiende que se vio "envuelto" en los disturbios y le detuvieron "sin justificación", y confía en su absolución por "falta de pruebas" como otros casos ya juzgados

infoLibre Publicada 23/02/2018 a las 18:27 Actualizada 23/02/2018 a las 18:37

Emilio Cao, un joven gallego de 22 años que participó en 2014 en una Marcha de la Dignidad que concentró a alrededor de un millón de personas en la capital española, será juzgado el próximo 19 de marzo en un juzgado de lo Penal en Madrid. Piden para él cinco años y ocho meses de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, informa Europa Press.

Aquel día, el joven de O Carballiño (Ourense) que actualmente estudia Filosofía en la Universida de de Santiago de Compostela (USC), fue detenido por un policía que, según la versión que ha explicado este viernes en rueda de prensa, no estaba identificado como tal cuando le arrestó, en las proximidades de la calle Génova.

"Me vi envuelto en los disturbios y me detuvieron sin justificación", ha explicado el joven, en una comparecencia en la que ha salido apoyado por el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quien ha mostrado "toda su solidaridad" a este chico que entonces tenía 18 años y estaba en el instituto.

Emilio Cao ha defendido que él no participó en ningún disturbio y que incluso trató de marcharse ante lo que estaba ocurriendo, pero no lo consiguió y acabó detenido.

El diputado Antón Sánchez ha asegurado que ese mismo día se encontraba en esa zona y se tuvo que refugiar en un bar, que bajó las persianas por lo que estaba sucediendo. "Yo estaba allí ejerciendo el derecho a manifestarme y me llevaron a comisaría", ha relatado el joven gallego.

Absolución

El estudiante gallego ha explicado que hubo 24 detenidos y que algunos ya fueron juzgados y "absueltos por falta de pruebas", lo que, en su opinión, "certifica" que "no hubo delito por manifestarse" y le da esperanzas. "Me tocó a mí", ha lamentado.

Estos últimos cuatro años los ha vivido con "incertidumbre y miedo" estudiando en Compostela hasta que le llegó la citación, hace aproximadamente tres semanas.

En Madrid está previsto que cuente con el apoyo de decenas de personas y de la Plataforma Absolución Emilio Cao, que ya ha recibido apoyos de políticos de la órbita nacionalista y de la izquierda, así como del mundo sindical —como CIG o SLG—.

"Deriva autoritaria"

Para el viceportavoz de En Marea, este caso es un "ejemplo" de la "deriva autoritaria" de este país y ha citado el caso del "secuestro" judicial pedido para el libro Fariña o las críticas al pregón de Carnaval de Santiago, que llegaron incluso desde Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Antón Sánchez ha lamentado que le pueden "romper" la vida a este joven y ha considerado que Emilio Cao precisa de "todo el amparo de quienes defienden la democracia".

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El fiscal pide 10 años de cárcel para uno de los procesados por las 'Marchas de la Dignidad'

El ministerio público reclama un total de 70 años de prisión para 12 personas a las que acusa de los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones por los disturbios del 22 de marzo de 2014 en el centro de Madrid



Incidentes en la Marcha de la Dignidad de 2014 EFE
Tono Calleja


14.10.2018 - 05:15

La Fiscalía de Madrid ha acusado a 12 jóvenes que fueron detenidos durante los disturbios de la madrileña Plaza de Colón, que tuvieron lugar al finalizar las denominadas 'Marchas de la Dignidad' del 22 de marzo de 2014, de haber cometido los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El ministerio público especifica que la manifestación, en la que participaron unas 20.000 personas, fue convocada ese 22 de marzo de 2014 a las 18 horas por asociaciones y colectivos que habían recabado la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid.

Las penas asociadas a los delitos van de los 10 años de cárcel para el principal activista detenido, al que se le imputan cuatro delitos, (ya que se le atribuyen dos de lesiones, uno de desórdenes públicos y otro de atentado contra la autoridad); hasta un año y seis meses por desórdenes públicos.

El ministerio público destaca que hacia las 23:00 horas, un grupo indeterminado de personas trató de provocar altercados con las fuerzas policiales, colocando barricadas y arrojando contra los agentes objetos contundentes.

Piedra de granito

Entre ellos se encontraba el procesado M.M.S., que con la cara tapada lanzó una piedra de granito de grandes dimensiones a un policía que se encontraba en el suelo sin su casco protector. La piedra impactó en la cabeza del agente.

La acusación de la Fiscalía de Madrid sostiene que cuando el policía se encontraba en el suelo el acusado y un grupo de manifestantes decían "ahora sin casco vamos a matarle". Y momentos después M.M.S. golpeó con un palo a otros dos policías en un brazo, para después, con un instrumento punzante, pinchar a otro agente por la espalda.

Cuando el acusado huía del lugar perseguido por varios agentes, prosigue el relato de la acusación, el sospechoso gritó: "Tened cuidado porque los maderos quieren disolver la manifestación, van a causar bajas, tened cuidado, van a cuchillo, voy todo de subido porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía, y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo, mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrado".
Barricadas y una señal

La Fiscalía también acusa a M.M.S. lanzar piedras a vehículos desde una barricada instalada en las calles madrileñas de Delicias y Ciudad de Barcelona.

A otro de los detenidos el Ministerio Fiscal le acusa de realizar un "placaje" a un policía al que golpeó con un palo y con una piedra en la cabeza. Fue arrestado al día siguiente en una concentración en la Puerta del Sol, en la que sostuvo un casco de los antidisturbios entre los "vítores" de los presentes. Al resto de procesados se les acusa de lanzar señales de tráfico, piedras, bengalas y petardos.

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Los acusados del 15-M aceptan las multas de la Fiscalía

Ocho años después los manifestantes de los altercados cometidos en 2011 asumen las penas ante el juez
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Aurora Intxausti
Madrid 11 FEB 2019 - 16:17 CET   


Los juzgados de Julián Camarillo de Madrid han sido  lugar de encuentro, ocho años después,  para al menos  13 de personas que participaron en los altercados que se registraron  tras la manifestación del 15-M que dio origen al movimiento social del mismo nombre, que sacó a las calles de España a decenas de miles de personas en 2011. Al menos 13 de ellos aceptaban a media mañana las peticiones de fiscal que sustitía las penas de prisión por los delitos  de desórdenes públicos, daños y resistencia a la autoridad por multas de hasta 180 euros por cada uno de ellos. Según el escrito inicial de acusación  de la Fiscalía, cuando acababa la manifestación convocada aquel 15 de mayo, los  procesados se enfrentaron a la policía y participaron en el "lanzamiento de botellas”, “destrozo de escaparates y mobiliario público”, “incendio de papeleras”, “colocación de barricadas” e, incluso, “puñetazos” y “patadas” a agentes. Ahora tendrán que abonar 4.516 euros entre todos ellos. "La petición inicial de la Fiscalía era exacerbada y el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, ocho años, ha posibilitado aplicar la atenuante por dilación indebida de la causa", indicó el letrado de uno de los acusados, Jaime Sanz de Bremond.

Los abogados de dos de los acusados en declaraciones a los medios a la salida de la vista oral, que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, y a la que han acudido trece de los acusados indicaban que cada uno de ellos ha sido llamado ante el juez a mostrar su conformidad con los diversos acuerdos a los que había llegado la fiscal con cada una de las defensas. Una conformidad que solo implica el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados "formalmente", según el abogado Jaime Sanz de Bremond. "Se han registrado una serie de circunstancias que han posibilitado llegar a acuerdos entre la fiscal y los acusados. Algunos hubiesen querido celebrar el juicio para demostrar su inocencia  pero han preferido, por el bien común, llegar a un acuerdo general de la acusación pública con todas las defensas", puntualizaba Sanz de Bremond. Al menos uno de los condenados tendrá que pagar una multa de 360 euros y 3.639,71 en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados en los establecimientos Fnac y Candy Queen de Madrid.

A pesar de la generalidad del acuerdo, cada caso era distinto ya que los acusados no se enfrentaban al mismo número de delitos. Cada uno de ellos ha sido condenado a diferentes multas como autor de uno o varios delitos de desórdenes públicos, daños y resistencia contra la autoridad, tal y como ha indicado el letrado Sanz de Bremond, para señalar que "todos ellos han sido condenados a penas que aunque fueran privativas de libertad se han sustituido por penas de multa, con la mínima cuota diaria establecida en el Código Civil (2 euros al día)". Las penas oscilaban entre los 45 y los 75 días privados de libertad que han sido sustituidas por multas de 90 a 180 euros dependiendo de los delitos de los que eran responsables.

Otro de los abogados, José Luis León, ha explicado que cada pena por atentado y desórdenes públicos ha sido fijada en mes y medio de cárcel sustituible por multa de 3 meses a dos euros diarios, en total 180 euros, la mínima que se puede imponer. Esto ha sido posible gracias al reconocimiento de una atenuante "muy cualificada" por dilación del procedimiento, debido a que los hechos que se juzgan son del año 2011.

"Jurídicamente, es un éxito", ha afirmado León, para señalar luego que los clientes no tendrán que pasar por semanas de juicio, tal y como estaba programado, sino que "hoy se soluciona todo". "Ellos personalmente no están muy contentos porque les han condenado por algo que no han hecho", ha agregado. Según León, no se tenía que haber condenado a nadie por estos hechos "porque estaban provocados por la misma Policía".

La Fiscalía de Madrid había solicitado penas de entre 18 meses y seis años de prisión para un total de 14 jóvenes. La suma total de las penas solicitadas alcanzaba los 74 años de cárcel.

 

 

 

 


 

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El juez condena a entre tres y cinco meses de cárcel a seis acusados por los disturbios del Rodea el Congreso de 2013
El titular del juzgado de lo Penal 11 de Madrid acuerda absolver a los otros seis procesados. Para cuatro de ellos la Fiscalía había retirado su acusación en el juicio
Elena Herrera
05/02/2020 - 14:49h

El titular del juzgado de lo Penal número 11 de Madrid ha condenado a entre tres y cinco meses de prisión a seis de los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados en 2013, según la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es. El magistrado ha acordado absolver a los otros seis procesados. Para cuatro de ellos, la Fiscalía había retirado la acusación durante el juicio.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2013, cuando la Coordinadora 25-S promovió una protesta contra la llamada ley Mordaza bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La convocatoria no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, no estaba autorizada. Al término de la movilización en la Puerta del Sol un grupo de manifestantes continuó por la calle Carretas. El juez considera probado que en la intersección entre la calle Atocha y la calle San Sebastián, el grupo se topó con un coche de la Policía Municipal, que fue golpeado. Cuando miembros de la Policía Nacional acudieron en su auxilio, parte de los encausados les arrojaron "botellas". Durante los hechos, 14 policías resultaron lesionados.

El juez da credibilidad al testimonio de varios policías nacionales que declararon como testigos en el juicio y considera acreditado que una de las manifestantes -Bárbara L.-  "agredió" a un antidisturbios que "quiso dialogar con los manifestantes" en la Puerta del Sol. Le impone por ello una pena de cinco meses de prisión por un delito de atentado.

La misma condena, aunque en este caso por un delito de desórdenes públicos, impone a otros cuatro jóvenes -Daniel M.. Roberto G., Álvaro J. y Raúl R.- sobre los que considera probado que participaron en el lanzamiento de botellas a los agentes en la calle San Sebastián y que también golpearon el vehículo de los agentes municipales. También por desórdenes públicos, aunque en este caso a tres meses de cárcel, condena a Carlos P., que durante la vista reconoció haber lanzado "objetos" contra los agentes aunque se justificó en que lo hizo después de que le impactara una pelota de goma.

En su informe final durante el juicio, la fiscal rebajó la petición de cárcel para ocho de los encausados para los que pedía en un principio seis años de prisión. Pidió que a todos ellos se les aplicara la atenuante de dilaciones indebidas porque el procedimiento estuvo paralizado durante dos años y medio por causas no imputables a los acusados.

Para cinco de ellos solicitó tres años y un mes de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Aunque les imputó los mismos delitos, rebajó la petición de cárcel a dos años y medio para otros tres al aplicarles una atenuante de reparación del daño al haberse adelantado el pago de la responsabilidad civil. Además, retiró la acusación sobre cuatro para los que inicialmente pedía tres años de prisión por obstaculizar la labor policial durante esos incidentes.