“Yo mismo he pasado por situaciones en las que colegas tuvieron acceso a ‘huellas’ de policías. Incluso uno que me dijo: ‘Dame dos minutos con ese abogado y te enseño cómo son las cosas’”, nos cuenta Semedo. “Es diferente ser amenazado por un policía o un bombero. La amenaza se vuelve mucho más real cuando proviene de las fuerzas policiales, ya que tienen herramientas que les permiten saber dónde vivimos, cuál es nuestro auto, qué decimos por teléfono”, señala el abogado. “Y tienen armas”.
El nombre completo del agente que esposó e inmovilizó a Cláudia Simões, una mujer negra, en una parada de autobús en Casal de São Brás, Amadora, en 2020, es Carlos Humberto Nascimento Canha. Este agente de la PSP recordó a los internautas, en Facebook, lo que más teme José Semedo, meses después del ataque a Cláudia Simões: que tenía un arma. Cuando le enseñamos a Canha la publicación de su muro en Facebook, de acceso público, nos dijo que iba a hacer “un reportaje” sobre la base de datos a la que teníamos acceso.
Posteriormente, el Ministerio Público imputó a Carlos Canha por los delitos de atentado a la integridad física calificada, secuestro agravado, abuso de poder y lesiones agravadas contra Cláudia Simões. La presunta víctima acusa a este policía de haber lanzado puñetazos y patadas, dentro del vehículo policial, que se dirigía hacia la comisaría, mientras la insultaba: “Ustedes hijos de puta, negros, monos, ustedes son basura, mierda”. Las acciones de Canha, sin embargo, fueron ampliamente defendidas en los grupos que visitaron nuestros investigadores.
La página oficial del Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, un día después del ataque, publicó una fotografía de las manos de Canha [Cláudia Simões mordió al agente mientras era atacada], aludiendo a la posibilidad de que Cláudia Simões tuviera enfermedades. “La defensa del ciudadano empieza a ser orquestada por el principal odio a los blancos”, se lee en la publicación, que ya ha sido borrada.
Esta publicación fue objeto de una investigación por parte de la IGAI, que, sin embargo fue archivada, nos reveló la institución. En el escrito se concluyó que no puede “alegarse que la publicación realizada” tenga como objetivo “difamar a determinada persona o grupo de personas por razón de su raza, color u origen étnico”. Y que “no fue posible determinar el autor de la publicación”.
En su momento, el presidente del gremio, Peixoto Rodrigues, por un momento nos reconoció que él era el autor de la publicación. “Recuerdo haber hecho [estas declaraciones]. Ahora, es necesario quitar el contexto de esta declaración mía. Como todos sabemos, una mordedura de un ser humano puede causar serios problemas de salud. Esto fue sacado de contexto y creó un gran revuelo”. Y entonces recordó. “En su momento, si mal no recuerdo, cuando presté declaraciones en la IGAI, nos habían hackeado la web”, dijo. “Todavía estamos tratando de averiguar quién puso esa imagen allí con esas declaraciones”.
La actuación de Canha fue defendida por la propia dirección nacional del PSP. Incluso fue una de las primeras posiciones que asumió Manuel Magina da Silva, quien defendió a Carlos Canha el día que asumió el cargo de director. “Lo que vi en el video, veo a un policía cumpliendo con sus obligaciones y las normas que están vigentes en la PSP. No veo ninguna infracción, es una acción legal y legítima de un agente de la autoridad”, dijo el director nacional de la PSP. “Hay resistencia a una identificación y efectivamente hay una acción de resistencia activa contra el agente que decide proceder a la detención, que es lo que sucedió”.
En la entrevista que nos concedió para esta investigación, Ferreira, inspectora general del IGAI, confesó que no entendía el comportamiento del director nacional. “La PSP entiende, en el caso de Cláudia Simões, que el agente involucrado actuó de acuerdo con los deberes a los que estaba obligado”, dice Ferreira. “Confieso que nunca verás ninguna comunicación de la IGAI antes de que se complete un proceso. Es importante en aras de la transparencia”.
La inspectora general de la IGAI no se anda con rodeos cuando critica a la dirección nacional del PSP por “seguir emitiendo comunicados” inmediatamente después del “hecho”. “No creo que sea una buena práctica, sin importar qué fuerza o servicio de seguridad sea”.
La jornada de presentación del Plan de Prevención de Prácticas Discriminatorias en las Fuerzas de Seguridad tuvo lugar en julio de 2020. Magina da Silva fue una de las ponentes de la jornada. Culpando a las “discusiones sobre la identidad racial y de género” por la “expansión mediática” del escrutinio de las fuerzas policiales, colocó a la policía en la parte superior de la jerarquía de víctimas de discriminación: “Nos negamos a ser los chivos expiatorios”.
Un análisis que realizamos muestra que la PSP inició casi 29.000 procesos disciplinarios contra sus profesionales entre 2006 y 2021. El 77,8% de estos procesos fueron archivados, el 2,9% resultaron en suspensión y el 0,8% resultaron en despido. De los 296 policías de la PSP identificados en la base de datos proporcionada por los investigadores digitales, identificamos a 212 que reproducen discursos de odio.
El expresidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías tuvo una vez mejor opinión sobre la policía. Para Pedro Bacelar Vasconcelos, la injusticia no justifica la ignominia. “El hecho de que existan innumerables razones sindicales y económicas no excusa el comportamiento que hemos presenciado, ya sea por parte de los agentes o por parte de las jerarquías”.
Cuando era gobernador civil de Braga, Bacelar Vasconcelos lidió con un feroz caso de racismo contra la comunidad gitana de Vila Verde. Elogia lo que dice fue el comportamiento ejemplar que tuvo la GNR en su momento en defensa de la comunidad. Hoy piensa que la policía, al menos parte de ella, se ha desviado del camino y ha tomado caminos que no son parte de su trabajo. “La propia disciplina inherente al funcionamiento de estos órganos acaba asumiendo una solidaridad corporativa, lo que hace que, desde lo más alto de la jerarquía, se pretenda ocultar flagrantes violaciones a lo que es su misión cívica”, reitera.
Entre los escombros de los comentarios de odio, encontramos declaraciones violentas, calumnias, amenazas. Cuando este tipo de declaraciones se unen contra las minorías, el tenor de las palabras de los policías se vuelve aún más feroz. La comunidad gitana es, a su vez, una de las mayores víctimas de los comentarios de odio de los profesionales de las bases de datos.
Bairro das Pedreiras bien puede servir como metáfora de la condición histórica de la comunidad gitana en Portugal: una historia de exclusión, opresión, miseria y vulnerabilidad. Aquí dominan las tiendas de campaña, los escombros, las moscas. Cuando se construyó este barrio, la Cámara de Beja levantó un muro —ya derribado— para separar la comunidad del resto del municipio: se creó un auténtico gueto. Mostramos algunos comentarios de los policías a los vecinos. “Racistas”, comentan varios, indignados.
Cláudio, de 25 años, es uno de los dos gitanos que tienen trabajo en el barrio. Empujado a la pobreza por su condición étnica, hace lo que puede para ayudar a la comunidad. Mientras nos muestra el barrio, aprovecha para repartir botes de pintura a los habitantes.
Ana Rita Alves traza el año 2006 como fundamental en la institucionalización de las representaciones antinegras y antigitanas y su vínculo con la criminalidad. Y esta institucionalización tiene un territorio, las denominadas Zonas Urbanas Sensibles. “La Directiva Estratégica 16/2006 establecerá un barómetro de clasificación de cuáles serían estas zonas sensibles, de modo que se puedan ajustar los medios de actuación policial”, explica la investigadora del Centro de Estudios Sociales de Coimbra. “Hay aproximadamente diez criterios para saber si el área es sensible”, nos dice Ana Rita Alves. “Uno de los criterios que se utilizan para ello es la composición étnico-racial de un determinado tipo de barrio, que entonces puede ser considerado como estable, inestable, muy inestable o poco estable”.
La investigadora sostiene que este dato, por sí solo, es muy revelador. “En un país que insiste estructuralmente en negar su racismo sistémico e institucional, me parece que esto es una prueba inequívoca”, dice. “Esta segunda generación de inmigrantes, esta nueva juventud negra, será etiquetada como culturalmente inadaptada”, continúa Ana Rita Alves. “Y, como tal, por tener un comportamiento desviado y criminal”.
Los sucesivos gobiernos tienen la culpa de ello, al asociar etnicidad y criminalidad, según la investigadora del CES. “Los Informes de Seguridad Nacional, cuando hablan de aumentos en el crimen, atribuirán los aumentos en el crimen a ‘olas de inmigrantes’ provenientes de países africanos y Europa del Este”.
Diana Andringa fue una de las periodistas que realizó el documental Era uma Vez um Arrastão, un caso en el que la policía perseguía a jóvenes negros en la playa de Carcavelos por delitos que no existían. Una mentira ampliamente reproducida por los medios. Andringa nos recibe en su casa, en un largo jardín. Para ella, es frustrante que estemos regresando a una época en la que la afinidad por los ideales de extrema derecha vuelve a estar de moda. Después de todo, luchó contra el Estado Novo.
“El hecho de que tengamos la extrema derecha institucionalizada, con diputados electos en el parlamento, permite que se manifieste más la derecha que hay en la policía”, dice la periodista. “Ahora tienen a alguien que hable por ellos y alguien que diga cosas que, dictadas por las buenas maneras, se esperaba que no se dijeran en la Asamblea de la República”, agrega Andringa. “Y eso les da fuerza”.
No es solo en Portugal donde las fuerzas policiales portuguesas acumulan críticas: desde 1997, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa, cita en sus informes problemas de racismo en las fuerzas de seguridad. Pero en el último informe de la ECRI, publicado en 2022, hay una advertencia: el peligro de que los movimientos supremacistas blancos se infiltren en las instituciones policiales.
“Hemos visto, en varios Estados miembros, ideas nazis reflejadas en la policía. Se ha utilizado lenguaje racista entre varios miembros de la policía en las redes sociales”, dice Maria Marouda, delegada del Consejo de Europa, en una entrevista con el Consorcio de Periodistas de Investigación.
Encontramos policías de la PSP que saludaban a los nazis y difundían propaganda abiertamente fascista en sus perfiles personales de Facebook de acceso público. Algunos van más allá. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que iba a dar “baños” a los ciudadanos rumanos y al “pueblo gitano”. “Era un balde de Sonasol Verde junto con Neoblanc Bleach por el cuerpo… ¡¡era una joya!!”, se lee en la publicación. “Ya empapé cuatro ‘cerdos’”, agregó luego en un comentario a su publicación.
Mamadou Ba es la segunda persona más mencionado en las 3.090 publicacioes que analizamos, después de André Ventura. El sistema inmunológico del activista de SOS Racismo, sin embargo, ya está vacunado contra los comentarios y mensajes de odio de los que es blanco en las redes sociales, pues ha sido el epicentro de muchas amenazas racistas desde 2012. “Nadie debería acostumbrarse a la indignidad, pero estoy acostumbrado”, admite. “Si no me acostumbro a la indignidad del racismo, no tendré la fuerza para luchar contra el racismo. Es un juego un poco triste, pero así es el juego”.
A pesar de todo, Mamadou Ba está menos preocupado por el lado personal. “Tiene un impacto, obviamente, porque soy una persona y tengo una familia”, dice. “Pero desde el momento en que personas con visibilidad, como es mi caso, son blanco de este tipo de ataques, significa que la expresión del odio dentro de las fuerzas de seguridad ha tomado una dimensión institucional”.
La estructura del racismo en el país es, para Mamadou Ba, lo que permite que este atolladero de insultos prospere en el baúl de los grupos cerrados de las fuerzas de seguridad en Facebook. “La expresión del racismo en las relaciones institucionales es real y existe”, comenta. “Hay una sensación de impunidad porque los agentes —ya sean de la PSP, de la GNR o incluso militares— se sienten mucho más cómodos detrás de una pantalla, ya que hay una despersonalización del espacio público en el que se encuentran”.
El tono de los comentarios de los policías no es, para Joacine Katar Moreira, ninguna sorpresa, pues carga sobre sus hombros una doble condición que aviva aún más el odio: es mujer y es negra. “Es algo que no me sorprende porque, a lo largo de mi legislatura, fui sistemáticamente blanco de discursos de odio”, confiesa.
A la exdiputada Joacine Katar Moreira le dijeron que la iban a “fusilar”. “Que me metieran la pistola en los genitales, que me metieran la pistola en la boca”, recuerda
Joacine Katar Moreira no tardó mucho en darse cuenta de que muchas de las rondas de odio que recibió también provenían de la policía. “Algunos elementos [contenidos en las amenazas] me remitieron a las fuerzas de seguridad, a saber, la alusión a las armas”, nos cuenta. A la exdiputada le dijeron que la iban a “fusilar”. “Que me metieran la pistola en los genitales, que me metieran la pistola en la boca”, nos dice.
Mamadou Ba y Joacine Katar Moreira coinciden en que este odio puede tener repercusiones reales, más allá de los confines de la pantalla. “Lo que le hace pensar a un agente que puede sentarse frente a la computadora y lanzar todos los insultos posibles e imaginables —comienza diciendo el líder de SOS Racismo— es a lo que lo llevará, cuando encuentre a un joven menos preparado y con menos conocimientos jurídicos, a abusar de él. Y entonces ten por seguro que nadie sabrá lo que ha pasado”, nos dice.
“Si me pasa algo, si me amenazan, voy a necesitar seguridad y solo el Estado me la puede dar. Pero al mismo tiempo estoy siendo amenazado por miembros de la seguridad de este mismo Estado. Esto es muy serio”, denuncia Joacine Katar
Para la exdiputada, en el fondo es el Estado quien la amenaza. “Las fuerzas de seguridad, como elementos del Estado, son para mí su cara más visible, la de la fuerza”, explica. “Si me pasa algo, si me amenazan, voy a necesitar seguridad y solo el Estado me la puede dar. Pero al mismo tiempo estoy siendo amenazado por miembros de la seguridad de este mismo Estado. Esto es muy serio”.
Periodistas y medios de comunicación, por su parte, tampoco se quedan atrás como objeto de los comentarios de odio reproducidos por la base de datos policial. El nombre de António de Oliveira Salazar, en las 3.090 publicaciones que recolectamos, es el tercero más citado. El tono de los policías salazaristas es de nostalgia por el Estado Novo: piden el regreso del dictador, ensalzan el Portugal colonial, aplauden el manejo de las finanzas públicas de Salazar, ensalzan el supuesto país sereno y seguro que fue Portugal durante el Estado Novo.
Algunos profesionales de las fuerzas de seguridad incluso piden el regreso de la policía política.
Las conductas de estos policías “enmarcan varios delitos”
Puedes oler el pescado rociado con aceite de palma en el aire, un plato preparado por Olga, ahora cocinera en Reino Unido. La sonrisa de oreja a oreja y la simpatía con la que nos recibe en su casa es contagiosa, a pesar de que el tema que nos lleva a su hogar es todo menos una ocasión feliz. Recuerda con cariño a Bruno Candé. “Era un joven normal, que luchaba por hacer realidad sus sueños. Alegre, muy buena amiga”, recuerda Olga.
Bruno era un hombre realizado, hasta que algo interrumpió su exitoso viaje. “Un accidente que hasta hoy no se ha esclarecido”, nos cuenta Olga. “Iba a su casa en su bicicleta, entonces nos dicen que fue una caída. Pero la bicicleta estaba intacta y no tenía rasguños”.
La vida de Bruno, a partir de ese momento, dio un vuelco. “Prácticamente perdió toda la memoria”, dice su hermana. Poco a poco, Candé se recuperó. Caminaba mucho, sobre todo después de que un amigo le regalara a Pepa, una perrita, para llenar su soledad. “Cuando estaba cansado, se sentaba mucho ahí en ese lugar, donde hay muchos cafés, mucha gente caminando”, recuerda Olga, refiriéndose a la banca donde estaba Candé cuando un excombatiente colonial le disparó cinco veces, Evaristo Marinho.
Días antes del asesinato, Bruno Candé y su asesino habían discutido por Pepa. Evaristo Marinho, de 77 años, llamó “negro de mierda” al actor y lo mandó a su “tierra”, a pesar de que Bruno Candé nació en Portugal. “Tu madre debería estar en una casa de esclavos”, también dijo Marinho, quien admitió los hechos y fue condenado a 22 años y nueve meses de prisión.
El comportamiento de estos militares en Facebook, por lo tanto, entristece a Andreia, la sobrina de Candé. “Estoy triste porque nací y crecí en Portugal. Estoy orgullosa de ser portuguesa y es muy feo y triste ver a personas de la misma nación agredirse así, sin conocerse”, dice Andreia.
El hecho de que fueran miembros de las fuerzas de seguridad quienes atacaron a su tío empeora el dolor de Andreia. “Porque los policías están para defendernos”, reitera. “Es muy doloroso”.
A Magina da Silva, director general de la Policía portuguesa, se le hizo una pregunta muy clara en una entrevista publicada por Renascença y Público el 27 de octubre de este año. ¿Cómo se evita que elementos con ideales extremistas se unan a la policía? ¿Qué filtro hay? “En Facebook, en las redes sociales. Aquí se ve”, respondió el director nacional del PSP.
De los 591 profesionales de las fuerzas de seguridad que identificamos en Facebook, de la GNR y de la PSP, 420 (71,91%) expresan discurso de odio; 246 llaman a la violencia o lanzan amenazas contra políticos, mujeres y minorías. Entre 2020 y 2022, nos dijo PSP, se presentaron 15 demandas por el comportamiento de elementos de la fuerza pública en las redes sociales. Resultado: ningún despido y sólo seis profesionales fueron multados o suspendidos.
Hay, sin embargo, leyes para evitar que estos discursos, de odio y violencia, proliferen en el espacio público. “Por lo que me estás contando [sobre el comportamiento de la policía], esto configura varios delitos: incitación al odio, xenofobia, conducta coercitiva hacia la mujer. Todo eso tiene un entramado penal”, dice Bacelar Gouveia, constitucionalista. “Hay pocas diferencias entre las palabras y los hechos”. En el caso de Bruno Candé, se rompió la delgada línea que separa las palabras de las acciones. Y fue fatal.
La dirección nacional del PSP, la Comandancia General de la GNR y el Ministerio de Gobernación Interna se negaron hablar con nosotros.